Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00610-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00610-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00610-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
14 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 14 de marzo de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00610-00
Demandante: Germán Vargas Lleras
Demandado: Presidente de la República
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA | Derechos a la honra y
buen nombre – ampara
Síntesis del caso: El actor reclamó la protección de sus derechos fundamentales, los cuales
consideró vulnerados por una declaración realizada por el presidente de la República a
través de la red social “X”.
De acuerdo con la competencia asignada1, la Sala procederá a resolver,
en primera instancia, la acción de tutela presentada por Germán Vargas
Lleras contra el presidente de la República.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada. 1.3.
Actuación posterior a la admisión.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 5 de febrero de 2025, Germán Vargas Lleras, mediante apoderado
judicial, presentó una acción de tutela contra el presidente de la República,
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la honra y
buen nombre, con ocasión de un mensaje publicado el 5 de diciembre de
2024 por la autoridad accionada, mediante la red social “X”.
2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):
“1. SOLICITO SE PROTEJA EL DERECHO FUNDAMENTAL AL BUEN NOMBRE DEL
SUSCRITO, consagrado en el artículo 15 de la Constitución Política, conforme a
los argumentos expuestos en el cuerpo de este documento.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00610-00
Demandante: Germán Vargas Lleras
Demandado: Presidente de la República
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Amparar
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2. SOLICITO SE PROTEJA EL DERECHO A LA HONRA DEL SUSCRITO, consagrado
en el artículo 21 de la Constitución Política, conforme los argumentos esgrimidos
en el presente documento.
3. Como consecuencia de la prosperidad de todas o alguna de las anteriores
pretensiones, solicito se ORDENE al señor Gustavo Francisco Petro Urrego,
Presidente de la República, retractarse de las afirmaciones efectuadas en
contra del suscrito, en las mismas condiciones y a través de los mismos medios
en las que las efectuó.”
3. Como hechos relevantes a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) El 5 de diciembre de 2024, a las 5:39 a.m., el presidente de la
República publicó un mensaje a través de la red social “X”2 en el que afirmó
lo siguiente (se trascribe):
“Lo que hubo en el CNE fue una jugadita. Si la renuncia de Lorduy hubiera sido
seria, como la hizo Ricardo Bonilla para que su defensa no se manche con el
poder, el CNE no hubiera escogido como presidente otro sindicado. Pero lo que
demuestra la mayoría del CNE, incluido el postulado por el partido verde, es que
solo buscan taparse mutuamente, porque saben que cometieron un
prevaricato al violar la constitución y la convención de América de Derechos
Humanos. Es una mayoría también "Sub judice", solo la protege desde su
influencia en el poder judicial el señor Vargas Lleras.”
5. 2) El 10 de diciembre de 2024, el señor Vargas Lleras, mediante Oficio
con radicado No. EXT24-00195145, presentó una solicitud de retractación al
presidente de la República, por las declaraciones realizadas en su contra.
6. 3) Por medio de Oficio No. OFI25-00000251 / GFPU 13150001 de 2 de
enero de 2025, Carlos Arturo Remolina Gómez, Asesor del Grupo de
Atención a la Ciudadanía de la Presidencia de la República, le comunicó al
señor Vargas Lleras que, con fundamento en lo previsto en el parágrafo del
artículo 14 del CPACA, su petición sería resuelta el 24 de enero de 2025.
7. 4) El 23 de enero de 2025, Carlos Arturo Remolina Gómez, Asesor del
Grupo de Atención a la Ciudadanía de la Presidencia de la República,
mediante Oficio No. OFI24-00250781 /GFPU 13150001, dio respuesta a la
petición presentada por Germán Vargas Lleras.
8. En ese oficio manifestó que la publicación hecha el 5 de diciembre
de 2024 simplemente reiteró la postura del presidente de la República sobre
la incompatibilidad existente entre un tratado internacional como la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, CADH) y la
investigación que adelantaba el Consejo Nacional Electoral en su contra.
Además, dio a conocer su opinión sobre el papel de Germán Vargas Lleras,
2 En el siguiente enlace adjuntado por la parte actora puede visualizarse el mensaje publicado:
https://x.com/petrogustavo/status/1864620643158724785?t=zb_-vp7JhJRmioR8JIy1ow&s=19
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como jefe de un partido político, en el proceso de elección de los
magistrados del Consejo Nacional Electoral, por lo que no había
conculcado ninguno de sus derechos fundamentales.
9. Como fundamento de la vulneración, la parte actora alegó que el
presidente de la República realizó una declaración en su contra sin contar
con los elementos que le permitieran soportarla, por lo que se trató
realmente de una afirmación alejada de la realidad con base en la cual
pretendió atribuirle determinada injerencia en las decisiones del poder
judicial a fin de evitar investigaciones o proteger a servidores públicos,
específicamente a magistrados que, en criterio del jefe de Estado,
cometieron presuntamente el delito de prevaricato por contravenir la
Constitución y la CADH.
10. Agregó que el propósito del presidente de la República con el
mensaje publicado en la red social “X”, contrario a lo señalado en la
respuesta de 23 de enero de 2025, no era exponer su posición acerca de la
compatibilidad o incompatibilidad entre un tratado internacional, como la
CADH, y la investigación adelantada por el Consejo Nacional Electoral, sino
divulgar una afirmación maliciosa en su contra, con la cual se veían
afectados su honor, intimidad y buen nombre.
11. Por último, señaló que debía tenerse en consideración que quien
determinó que el Consejo Nacional Electoral era competente para
adelantar la investigación a la campaña presidencial de 2022 fue la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante Concepto de 6 de
agosto de 2024.
1.2. Posición de la parte accionada3
12. La Presidencia de la República presentó un informe en el que solicitó
que se negara el amparo, puesto que la parte actora había fundamentado
su solicitud en una lectura fragmentada, descontextualizada, sesgada y
estrictamente personal de las palabras utilizadas por el presidente de la
República en el mensaje que publicó a través de la red social “X”.
13. Precisó que la publicación realizada no tuvo por objeto atribuir al
señor Vargas Lleras una injerencia directa sobre el Consejo Nacional
Electoral o la Rama Judicial, sino que la mención que se hizo de él estaba
encaminada a cuestionar su posición como líder del partido Cambio
Radical y la elección que su bancada dentro del Congreso de la República
debía hacer de un magistrado de la aludida autoridad administrativa.
3 Mediante Auto de 11 de febrero de 2025, el despacho ponente resolvió (1) admitir la acción de tutela de la
referencia, (2) tener como demandado al presidente de la República y (3) vincular al Departamento Administrativo
de la Presidencia (DAPRE), como tercero con interés en el asunto.
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14. Indicó que las declaraciones del presidente de la República estaban
enmarcadas dentro de una postura política abstracta que había adoptado
tanto él como su partido acerca de la interpretación del artículo 23.2 de la
CADH y la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral adelantara una
investigación contra su campaña.
15. Agregó que, en todo caso, las referencias hechas respecto de la parte
actora en el mensaje de 5 de diciembre de 2024 debían ser analizadas con
base en la simetría entre interlocutores, toda vez que el presidente de la
República y el señor Vargas Lleras eran personas de renombre, cuya
influencia y liderazgo eran notorias en la política nacional.
1.3. Actuación posterior a la admisión
16. El 12 de marzo de 2024, la parte actora presentó un memorial en el
que manifestó que, independientemente de su condición de dirigente
político o figura pública, no podía ignorarse que era titular de los derechos
fundamentales cuya protección solicitó por medio de la acción de tutela.
De ahí que, insistió en que se accediera al amparo puesto que el presidente
de la República había lanzado diversas acusaciones en su contra a través
de redes sociales y que, a pesar de haberle presentado solicitudes de
retractación, estas fueron resueltas de manera negativa.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela. 2.2. Fijación de la controversia. 2.3.
Verificación de la vulneración alegada. 2.4. Conclusión.
2.1. Procedencia de la acción de tutela
17. En el presente caso, se cumplieron los requisitos de procedibilidad de
la acción de tutela porque esta se orientó a obtener la protección de los
derechos fundamentales4 a la honra y buen nombre. Germán Vargas Lleras
es el titular de los derechos invocados como violados, por lo cual, se tiene
por acreditada la legitimación activa en la causa5.
18. De igual forma, el presidente de la República cuenta con legitimación
pasiva en la causa6, porque de este se predica la presunta vulneración.
19. Respecto del requisito de subsidiariedad7, la Sala considera que fue
superado por no existir recurso judicial idóneo y eficaz que permitiera al
4 Decreto 2591 de 1991. Artículo 2, en concordancia con el artículo 5 y los numerales 2 y 3 del artículo 6 ibidem.
5 Decreto 2591 de 1991. Artículos 10 y 13, en concordancia con el artículo 1 ibidem.
6 Ídem.
7 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 1)
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accionante alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa
de los derechos presuntamente vulnerados.
20. En relación con el requisito de inmediatez8, la Sala estima que se
cumple en la medida que la afectación de derechos alegada por la parte
actora comenzó con la publicación realizada el 5 de diciembre de 2024 y
desde entonces no ha cesado ante la falta de una retractación por parte
del presidente de la República. Adicionalmente, entre la fecha de la
respuesta a la solicitud de retractación y la presentación de la acción de
tutela no transcurrió un tiempo extenso, lo que demuestra diligencia del
accionante.
2.2. Fijación de la controversia
21. Corresponde a la Sala determinar si el presidente de la República
vulneró los derechos fundamentales a la honra y buen nombre de Germán
Vargas Lleras con ocasión de la publicación realizada mediante la red social
“X”, el 5 de diciembre de 2024.
2.3. Verificación de la vulneración alegada
22. La Sala amparará los derechos fundamentales a la honra y buen
nombre de Germán Vargas Lleras, por las razones que pasan a explicarse:
23. La parte actora en su escrito de tutela solicitó que se ampararan sus
derechos fundamentales a la honra y buen nombre, los cuales consideró
transgredidos con la declaración realizada por el Presidente de la República
por medio de la red social “X”, el 5 de diciembre de 2024. Para fundamentar
su solicitud, mencionó que el jefe de Estado había lanzado una acusación
en su contra sin contar con un respaldo probatorio para sustentarla.
24. Bajo ese panorama, es preciso señalar que esta corporación ha
establecido que el núcleo esencial de los derechos cuya afectación alega
la parte actora se vulnera cuando se divulgan afirmaciones con una
evidente connotación difamatoria9. En sentido similar, ha señalado que la
libertad de expresión no es un derecho ilimitado y que, en el caso de los
servidores públicos, en general, y del presidente de la República, en
particular, esta garantía constitucional tiene particularidades derivadas de
la autoridad del cargo, del impacto de sus declaraciones y de la capacidad
8 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 4)
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 10 de octubre de
2024, radicado No. 11001-03-15-000-2024-03529-01.
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de difusión que tienen sus expresiones y, por lo tanto, su ejercicio conlleva
deberes reforzados en función de los derechos de terceros10.
25. En esa línea, la Corte Constitucional en la Sentencia T-155 de 2019
estableció unos criterios claros para delimitar el alcance del derecho a la
libertad de expresión cuando se ejerce en el contexto de funciones oficiales
y fijó algunos términos para establecer el grado de protección que debe
recibir en el contexto de declaraciones realizadas en redes sociales, así (se
trascribe):
“6.1. Quién comunica: debe tenerse en cuenta quién es la persona que emite
la opinión y si esta es la autora del mensaje que se comunica. Deben valorarse
sus cualidades y el rol que ejerce en la sociedad. En concreto, debe apreciarse,
entre otras situaciones, si quien se expresa es un funcionario público.
6.1.1. Particular o funcionario público: la jurisprudencia constitucional e
interamericana han coincidido en señalar que el derecho a la libertad de
expresión, cuando es ejercido por funcionarios públicos en ejercicio de sus
funciones, tiene limitaciones mayores a las que ostenta cuando lo ejerce un
ciudadano del común.
(...).
En suma, dado que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión por parte
de funcionarios públicos tiene un impacto mucho mayor en el imaginario
colectivo, dado el grado de confianza y credibilidad que las personas suelen
tener en las afirmaciones de quienes ocupan estos cargos, se justifica que
tengan una diligencia mayor a la que debería tener un particular al momento
de expresar sus opiniones.
(...).
6.2. De qué o de quién se comunica: el mensaje que se comunica puede ser
preciso y detallado o general y ambiguo, dependiendo, entre otros factores, de
la forma en que este se transmite, (...) En todo caso, el juez debe interpretar y
valorar no sólo el contenido del mensaje para determinar si la opinión que se
emite respeta los límites constitucionales del derecho a la libertad de expresión,
sino también, de ser el caso, la forma en que se obtuvo la información que se
publica.
6.2.1. Es preciso determinar si el discurso es uno de aquellos sobre los cuales se
ha desvirtuado la presunción de cobertura constitucional de la libertad de
expresión, a saber: (a) la propaganda en favor de la guerra; (b) la apología del
odio nacional, racial, religioso o de otro tipo de odio que constituya incitación
a la discriminación, la hostilidad, la violencia contra cualquier persona o grupo
de personas por cualquier motivo; (c) la pornografía infantil; y (d) la incitación
directa y pública a cometer genocidio.
6.2.2. Así mismo, el juez deberá analizar, en el contexto de cada caso, si las
opiniones que se profieren en uso de la libertad de expresión resultan
irrazonablemente desproporcionadas o tienen una intención dañina o se
evidencia una negligencia al presentar hechos parciales incompletos o
inexactos (...).
6.2.3. También resulta esencial que el juez identifique si se trata de un discurso
especialmente protegido. (...) si bien en principio todo tipo de discursos o
expresiones están protegidas por la libertad de expresión, existen algunos que
reciben una protección acentuada:
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 26 de
noviembre de 2024, radicado No. 11001-03-15-000-2024-05736-00.
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(i) El discurso político y sobre asuntos de interés público (...)
6.3. A quién se comunica: en la ponderación que realice el juez para solucionar
el conflicto entre los derechos a la libertad de expresión y los derechos de
terceras personas, es importante fijar quién es el receptor del mensaje, para lo
cual debe tenerse en cuenta tanto sus cualidades y características como su
cantidad o número.
6.3.1. Sobre lo primero (sus cualidades) debe considerarse si el mensaje fue
comunicado a una audiencia indeterminada o si se pretende transmitir a un
público particular, lo que puede implicar considerar algunas limitaciones a la
libertad de expresión. (...)”
26. En virtud de lo anterior, la Sala advierte que el presidente de la
República, en consideración a su rol como jefe de Estado, jefe de gobierno
y suprema autoridad administrativa, tiene un poder-deber de comunicación
con la Nación que le impone unas cargas especiales de veracidad e
imparcialidad, cuando realiza afirmaciones públicas.
27. Sobre ese punto, la Corte Constitucional ha indicado que la
comunicación existente entre el primer mandatario y los ciudadanos no solo
es una herramienta de gobierno que permite informar asuntos de interés
general, comunicar políticas, e incluso impartir órdenes, sino que constituye
un mecanismo que facilita la conformación de una opinión pública libre e
informada, presupuesto para la participación de la ciudadanía en la toma
de las decisiones que la pueden perjudicar y en el control del poder
público11.
28. Se resalta que en el ejercicio del poder-deber que tiene el presidente
de la República de mantener un contacto permanente con los ciudadanos,
a través de sus discursos, declaraciones o intervenciones públicas, es posible
distinguir dos escenarios: i) las manifestaciones que pretenden transmitir
información objetiva a los ciudadanos sobre asuntos de interés general y ii)
las declaraciones en las que, más allá de la transmisión objetiva de
información, se indican cuestiones acerca de la política oficial, defienden
su gestión, responden a sus críticos o expresan su opinión acerca de algún
asunto, casos estos últimos en los cuales caben apreciaciones subjetivas
formuladas a partir de criterios personales12.
29. En el primero de los escenarios, en el que el presidente de la República
tiene la intención de presentar una información como auténtica, son
exigibles las cargas de veracidad e imparcialidad13, de acuerdo con el
artículo 20 de la Constitución, para así evitar cualquier tipo de manipulación
en la construcción de la opinión pública.
11 Corte Constitucional, Sentencias T-1191 de 2004, T-263 de 2010 y T-627 de 2012.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 1 de
octubre de 2021, radicado No. 11001-03-15-000-2021-04934-00(AC).
13 Corte Constitucional, Sentencia T-391 de 2007.
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30. En el segundo, no existe el propósito de trasmitir una información, sino
de exponer una apreciación personal y subjetiva sobre un determinado
asunto; por lo que no es exigible la estricta objetividad14. Sin embargo, en
este último evento, las opiniones deben ser formuladas a partir de un mínimo
de justificación fáctica real y de criterios de razonabilidad; lo que, de
acuerdo con la Corte Constitucional, conduce a la (se trascribe)
“verificación del sustento de estas para evaluar si resultan totalmente
infundadas o si, por el contrario, ofrecen un sustento razonable que las haga
dignas de la protección a la libre expresión establecida en la
Constitución”15.
31. En este contexto y revisado el expediente digital, la Sala observa que
el propósito del presidente de la República con el mensaje publicado el 5
de diciembre de 2024, a través de la red social “X”, no fue simplemente dar
a conocer su opinión acerca de la supuesta incompatibilidad entre la CADH
y la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral adelantara una
investigación en su contra, como lo indicó la Presidencia de la República en
el Oficio No. OFI24-00250781 /GFPU 13150001 de 23 de enero de 2025 y en el
memorial de contestación de la acción de tutela; sino que dicho mensaje
tuvo también por objeto, en lo que corresponde al señor Vargas Lleras,
atribuirle algún tipo de injerencia en el (se trascribe) “poder judicial”.
32. La imputación hecha al señor Vargas Lleras, por parte del presidente
de la República admite dos interpretaciones, las cuales atentan contra las
garantías fundamentales del actor: una primera, significaría que el
accionante influye indebida e ilícitamente en las investigaciones que
adelanta el Consejo Nacional Electoral, en el ejercicio de sus competencias.
Esta interpretación de la publicación en la red social resulta posible porque,
aunque el Consejo Nacional Electoral es una autoridad administrativa
independiente, ajena a la Rama Ejecutiva del poder público, cuyas
competencias para investigar las infracciones a las normas electorales son
de naturaleza administrativa y que goza de garantías de independencia
propias de la organización electoral, es un error común considerar que se
trata de una autoridad judicial, lo que se refuerza por la indebida y
antitécnica calificación de sus miembros, como “magistrados”, realizada
por la legislación nacional16. En realidad, los miembros del Consejo Nacional
Electoral no son funcionarios judiciales, en los términos de la Ley Estatutaria
de la Administración de Justicia, sino servidores públicos administrativos de
período fijo, tal como lo establece el artículo 264 de la Constitución, el que
dispone:
14 Corte Constitucional, Sentencias T-1191 de 2004 y T-276 de 2015.
15 Corte Constitucional, Sentencia T-466 de 2016.
16
Por ejemplo, entre otras normas, la expresión “magistrados del Consejo Nacional Electoral” es utilizada por la Ley
Estatutaria 1475 de 2011, Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y
movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones.
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“El Consejo Nacional Electoral se compondrá de nueve (9) miembros elegidos
por el Congreso de la República en pleno, para un período institucional de
cuatro (4) años, mediante el Sistema de Cifra Repartidora, previa postulación
de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica o por coaliciones
entre ellos. Sus miembros serán servidores públicos de dedicación exclusiva,
tendrán las mismas calidades, inhabilidades, incompatibilidades y derechos de
los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”.
33. Es posible que la errónea denominación de magistrados a este tipo de
servidores públicos administrativos se derive de que la Constitución exija
requisitos equivalentes para su elección, a los de los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, lo que no significa que tal remisión implique que tengan
la misma naturaleza, que ejerzan la función pública jurisdiccional o que,
incluso, dispongan de las misma garantías propias de los jueces y
magistrados de la Rama Judicial. Por el contrario, estos servidores públicos
administrativos adoptan decisiones en el ejercicio de la función
administrativa que les fue confiada y sus decisiones son susceptibles de ser
controladas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, debido a
su naturaleza de actos administrativos.
34. Ahora bien, la publicación del presidente de la República admite una
segunda interpretación que también atenta contra los derechos
fundamentales del señor Vargas Lleras: se trata de entender que él influye
en el ejercicio de las competencias de la Rama o “poder judicial”17,
interpretación esta que contiene una afirmación calumniosa y que atenta,
no solamente contra la honra y el buen nombre del actor, sino que, además,
cuestiona abiertamente la independencia y autonomía judicial, que es un
pilar del Estado Constitucional de Derecho. Dicha afirmación constituye una
apreciación subjetiva forjada a partir de criterios personales, carente de una
justificación fáctica real, razonable y verificable, por lo que atenta contra la
honra y el buen nombre de la parte actora.
35. Así las cosas, resulta claro que el presidente de la República vulneró los
derechos fundamentales cuyo amparo se solicitó con la acción de tutela y,
por tanto, se le ordenará que se retracte por la afirmación que hizo sobre
una supuesta injerencia del señor Vargas Lleras en el (se trascribe) “poder
judicial”.
36. Para el cumplimiento de la orden, el pronunciamiento emitido deberá
publicarse en las cuentas de las redes sociales de la Presidencia de la
República y la cuenta personal de la red social "X" del presidente de la
República, Gustavo Petro Urrego.
17 La Sala ha de precisar que, en la publicación de 5 de diciembre de 2024, no se mencionó al Consejo de Estado
frente a la expresión “poder judicial”.
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2.4. Conclusión
37. La Sala amparará los derechos fundamentales a la honra y buen
nombre de Germán Vargas Lleras, tras acreditar que fueron vulnerados por
el presidente de la República.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la honra y buen
nombre de Germán Vargas Lleras, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego,
que, en un término de 48 horas, contadas a partir de la notificación de esta
providencia, se retracte de la declaración hecha en contra de Germán
Vargas Lleras por medio de la red social “X”, el 5 de diciembre de 2024, de
conformidad con las razones expuestas.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 18.
CUARTO: En caso de no ser impugnada esta decisión, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE,
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
18 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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