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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03529-01

Fecha
10 de octubre de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03529-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 22 de agosto de 2024, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03529-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

10 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2024-03529-01
Accionante: PARTIDO CAMBIO RADICAL
Accionado: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Tema: TUTELA LIBERTAD DE EXPRESIÓN - Se confirma el fallo
impugnado. Se niega la vulneración de los derechos fundamentales.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de
22 de agosto de 2024, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El Partido Cambio Radical solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la
dignidad humana, al buen nombre, a la honra y a la oposición política, cuya
vulneración le atribuyó a las afirmaciones realizadas por el Presidente de la
República el 4 de junio de 2024, a través de la red social X.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Informó que el 4 de junio de 2024 a las 4:44 p.m. el Presidente de la República
publicó, a través de su cuenta en la red social X, el siguiente mensaje:

“[…] La nueva EPS era la caja de financiación de los dirigentes de Cambio
Radical. Usaron la fiscalía y la Nueva EPS como constructoras de un proyecto
de aspiración presidencial al usar la libertad, la cárcel y los recursos públicos
de la salud como medios para enriquecerse y ganar elecciones.” […]”.

2.2. Señaló que “[…] [e]l señor Presidente de la República vulneró gravemente la
honra y el buen nombre del Partido Cambio Radical dado que la publicación que
difundió contiene acusaciones infundadas. En ella, se le imputa al Partido Cambio

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Accionante: Partido Cambio Radical

Radical una serie de afirmaciones injuriosas y calumniosas, al asegurar que esta
organización política usó a la Fiscalía General de la Nación para aspiraciones
presidenciales y además utilizar recursos públicos de la salud en aras de
enriquecerse y ganar elecciones […]”. [Negrilla original del texto].

2.3. Indicóque el 14 de junio de 2024, en ejercicio del derecho de petición, le
solicitaron al Presidente de la República que se retractara de las afirmaciones
realizadas “[…] con el mismo alcance frente a la publicación emitida por la red social
X al vulnerar la honra y el buen nombre de esta organización política y la eliminación
de esta […]”.

2.4. Precisó que el 28 del mismo mes y año la Presidencia de la República emitió un
oficio, a través del cual enviaron una respuesta que contenía, entre otras, esta
afirmación:

“[…] “De acuerdo con las anteriores consideraciones, se reitera que las
declaraciones del señor Presidente de la República fueron una manifestación
de su derecho a la libertad de expresión, en el marco de la protección especial
del discurso político y sobre asuntos de interés público que otorga nuestra
Constitución y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos […]”.

2.5. Sostuvo que la respuesta remitida por la Presidencia de la República a nombre
del señor Presidente, “[…] configura una VULNERACIÓN ABSOLUTA […]” a sus
derechos fundamentales a la dignidad, honra, buen nombre y a ejercer oposición
política, y que además “[…] no sigue los parámetros que fijó la Honorable Corte
Constitucional al delimitar la libertad de expresión en relación con la protección del
derecho al buen nombre […]”. [Negrilla original del texto].

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: TUTÉLESE los derechos fundamentales a la dignidad, honra
y el buen nombre del Partido Cambio Radical y sus militantes, al perjudicar
gravemente nuestro ejercicio político.

SEGUNDA: ORDÉNESE la retractación, con el mismo alcance, respecto a las
acusaciones que el señor presidente Gustavo Francisco Petro Urrego hizo
contra el Partido Cambio Radical y sus militantes, misma que deberá
permanecer bajo el mismo tiempo de la publicación que vulneró la honra y el
buen nombre en las redes sociales del señor presidente Gustavo Francisco
Petro Urrego, bajo el usuario @petrogustavo La eliminación de la publicación
injuriosa y calumniosa del cuatro (4) de junio de 2024 a las 4:44 p.m. […]”.
[Negrilla, subrayado y mayúscula original del texto]

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 11 de julio de 2024, el magistrado a cargo de la sustanciación
del proceso de la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la presente acción

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Accionante: Partido Cambio Radical

de tutela contra el Presidente de la República – Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República – Secretaría Jurídica.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuada la notificación a la autoridad accionada, se allegó el siguiente
informe:

6. El Presidente de la República solicitó, a través de apoderada judicial, declarar
improcedente la presente acción de tutela por las siguientes razones:

i) “[…] El Presidente de la República también cuenta con el derecho a la
libertad de expresión […]”, frente a lo cual resaltó que si bien la opinión del
Presidente puede ser considerada incomoda para algunas personas, en este
caso se señalaron investigaciones en curso en las que se encuentran
involucradas personas afines a un partido político, más no a sus miembros;

ii) “[…] Carácter no ofensivo de las declaraciones […]”, aclaró que no utilizó
términos que se puedan catalogar como ofensivos o difamatorios, y que por
esa razón no se traspasaron los límites del derecho fundamental a la libertad
de expresión;

iii) “[…] Protección especial del discurso político, la alteridad y los asuntos de
interés público […]”, señaló que “[…] en nuestro sistema constitucional, como
en el sistema interamericano de derechos humanos, se reconoce la protección
especial del discurso político y sobre asuntos de interés público. Basado en
que, "el adecuado desenvolvimiento de la democracia requiere la mayor
circulación de informes, opiniones e ideas sobre asuntos de interés público"
[…]”;

iv) “[…] Protección especial del discurso de servidores públicos de elección
popular en ejercicio de sus funciones […]”, aseguró que “[…] se busca un
equilibrio entre la protección del honor y la reputación de los funcionarios
públicos y la necesidad de garantizar un espacio amplio para la crítica y el
debate sobre su desempeño y acciones en el ámbito público, lo que protege
las opiniones del señor Presidente en el presente caso […]”; y

v) “[…] [L]a judicialización de la política y la responsabilidad ciudadana para
con la acción de tutela […]”, resaltó la importancia de diferenciar entre los
reales perjuicios a los derechos fundamentales y el derecho a la libertad de
expresión, del artículo 20 de la Constitución, para evitar que la acción de tutela
sea utilizada para judicializar la política en contra de la libre circulación de
ideas, y agregó que es importante “[…] promover el uso responsable y
moderado de la acción de tutela en cuanto a las declaraciones de los
servidores públicos de elección popular […]”.

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Accionante: Partido Cambio Radical

VI. EL FALLO IMPUGNADO

7. Mediante fallo de tutela de 22 de agosto de 2024, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado negó el amparo solicitado por la parte accionante, al considerar que “[…]
no se vulneró el derecho fundamental a la oposición política, en tanto la publicación
efectuada en la red social X obedece a afirmaciones realizadas por el primer
mandatario en el contexto del discurso político o debate público, a lo que se agrega
que la parte actora no demostró la vulneración iusfundamental alegada. Por el
contrario, se trata de un escenario en el que cobra especial realce la razón de ser
de la oposición política de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley
Estatutaria 1909 de 2018, toda vez que su rol es de la mayor importancia en una
sociedad democrática que se sustenta en el pluralismo político, por cuanto su
finalidad es proponer alternativas políticas, disentir, criticar, fiscalizar y ejercer
libremente el control político a la gestión del Gobierno, a través de los mecanismos
previstos en el ordenamiento jurídico […]”.

8. Agregó que “[…] el artículo 11 de ese mismo marco normativo consagra el
derecho de réplica1, como uno de los derechos y manifestación de la libertad de
expresión de las organizaciones políticas declaradas en oposición, cuya concreción
se alcanzó con la respuesta a la publicación realizada por el partido Cambio Radical
en la red social X, el mismo día, a lo que se puede agregar el comunicado a la
opinión pública suscrito por un ex miembro de la Junta Directiva de la Nueva EPS
[…]”.

9. Por lo que no consideró que se hubieran vulnerado los derechos fundamentales
del Partido Cambio Radical.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

10. La sentencia de primera instancia fue impugnada por la parte accionante, al
considerar que la publicación realizada por el Presidente de la República “[…]
contiene acusaciones graves e infundadas contra el Partido Cambio Radical, que a
diferencia a [sic] cualquier otra persona jurídica en el caso de las organizaciones
políticas destruye su reputación lo cual incide clara y manifiestamente en una falta
de credibilidad de la ciudadanía, una sólida difamación, que trae como
consecuencia una disminución de afiliados, un aumento de desafiliados y por
supuesto lo más grave una disminución en el electorado, no hay nada más grave
para un partido político que el desprestigio que afecta contundemente [sic] sus
intereses electorales […]”.

11. Agregóque era “[…] ilógico […]” que el fallo de primera instancia haya
considerado que el partido tuvo la oportunidad de contestar a las afirmaciones del
señor Presidente, y que por eso se considere que estuvieron en igualdad de

1
El artículo 2 de la Ley 1909 de 2018 lo define como el derecho que les asiste a las organizaciones políticas declaradas en
oposición a responder y controvertir declaraciones que sean susceptibles de afectarlas por tergiversaciones graves y
evidentes.

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Accionante: Partido Cambio Radical

condiciones, porque se comparó “[…] de manera desproporcionada el impacto de
la cuenta de X del señor presidente, la cual cuenta con 7.6 millones de seguidores,
frente a la cuenta del Partido Cambio Radical, que tiene 49,000 seguidores. En
términos porcentuales, esto representa solo el 0,645% del total de seguidores de la
cuenta del presidente. Esta desproporción en el alcance y la visibilidad de las
cuentas involucradas debe ser considerada, ya que subestima la magnitud del daño
causado a la reputación del Partido Cambio Radical y la relevancia de la respuesta
de la organización política en el contexto de la publicación, además por supuesto
la credibilidad que tiene como máxima autoridad del Estado […]”.

12. Por otro lado, señaló que el derecho a la libertad de expresión no es absoluto,
que tiene unos límites, que en este caso fueron desconocidos por el Presidente de
la República al hacer graves acusaciones que afectan el buen nombre y reputación
de una organización política, y la ausencia de pruebas que soporten esas
acusaciones hacen mucho más gravosa la situación, por lo tanto lo catalogaron
como un “[…] discurso de odio […]”.

13. Finalmente,sostuvo que era notable el perjuicio que el Presidente le había
causado al partido con la publicación en la red social X, lo cual se hizo evidente con
la cantidad de mensajes negativos recibidos en su contra, y con los resultados de
las encuestas de favorabilidad, por lo que “[…] las afirmaciones realizadas por el
señor Presidente en ejercicio del cargo en lugar de estar dotadas de mayor libertad,
deben a su vez ser más rigurosas y exhaustivamente soportadas […]”.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

14. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20214, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20195.

VIII.2. Problemas jurídicos

15. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado6, la Sala debe establecer:

2
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
4
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
“Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado”.
6
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

6

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Accionante: Partido Cambio Radical

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos de procedencia de la
acción de tutela y si ello es así, determinar:

b) Si el Presidente de la República de Colombia vulneró los derechos
fundamentales invocados por el accionante, por no acceder a la solicitud de
rectificación de la publicación realizada en su cuenta de X el 4 de junio de
2024.

16. Con el fin de resolver el problema jurídico, se harán previamente algunos
planteamientos respecto: (i) requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela; (ii) el derecho a la rectificación de la información; y (iii) resolver el caso
concreto.

VIII.3. Requisitos de procedencia de la acción de tutela

17. De acuerdo con el artículo 5°del Decreto Ley 2591 de 1991, la acción de tutela
procede:

“[…] [C]ontra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya
violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este
Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción
de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito
[…]”.

18. A su vez, el artículo 6° del mismo Decreto Ley señala que la acción de amparo
deviene en improcedente en las siguientes circunstancias:

“[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.

2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas
corpus.

3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los
demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no
obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o
violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.

4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño
consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto […]”.

19. En ese sentido, esta Sala de Decisión ha señalado que, de acuerdo con las
normas citadas, cualquier ciudadano que considere amenazado o vulnerado un

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Accionante: Partido Cambio Radical

derecho fundamental puede acudir ante un juez de la República para obtener la
protección judicial de las garantías constitucionales conculcadas o amenazadas.
Así las cosas, se han establecido como requisitos de procedencia de la acción de
tutela: la legitimación en la causa por activa, la inmediatez y la subsidiaridad.

VIII.4. El derecho a la rectificación de la información en condiciones de
equidad

20. La Corte Constitucional, en sentencia T-121 de 20187, señaló que: “[…] el
derecho de rectificación es fundamental. El artículo 20 de la Constitución Política
prescribe, en su último inciso, que “se garantiza el derecho a la rectificación en
condiciones de equidad”. Según la Corte, el ejercicio de este derecho “conlleva la
obligación de quien haya difundido información inexacta o errónea de corregir la
falta con un despliegue equitativo” y “busca reparar tanto el derecho individual
transgredido como el derecho colectivo a ser informado de forma veraz e imparcial”
[…]”.

21. En la citada providencia, se precisó que previo a la interposición de la acción de
tutela, a efectos de lograr la rectificación de una información, el accionante tiene la
obligación de solicitar dicha rectificación ante la autoridad o particular que la emitió;
para que ésta la corrija de forma oportuna y en las mismas condiciones de
publicidad y oportunidad en que fue divulgada inicialmente.

22. Sobre el particular, la Corte Constitucional indicó que la rectificación previa, como
requisito de procedencia de la acción de tutela, es exigible en los siguientes casos:

“[…] (i) cuando la información circula a través de los medios masivos de
comunicación;

(ii) cuando es difundida por comunicadores sociales, sin consideración de que
estos tengan o no vínculos con un medio de comunicación;

(iii) cuando el emisor no es comunicador social o periodista, pero se dedica
habitualmente a la difusión de información; y

(iv) cuando la persona que realiza la publicación, primero, no tiene la condición
de comunicador social y, segundo, no cumple ese rol dentro del grupo social.
Este último evento, en el que la jurisprudencia constitucional no había exigido
la obligación de pedir la rectificación antes de acudir ante el juez de amparo,
cobra especial importancia en aquellos casos, como el presente, en los que la
difusión de la información es masiva, precisamente, por el volumen de
receptores de la misma8 […]”.

23. En la sentencia T-007 de 20209 la Corte precisó que en aquellos casos en los
que se encuentra acreditado un perjuicio irremediable con ocasión de la publicación

7
Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión de Tutelas. Expedientes T-6.510.527 y T-6.519.920 (acumulados), M.P.
Carlos Bernal Pulido; 9 de abril de 2018.
8
Ibidem.
9
Corte Constitucional. Sala Octava de Revisión de Tutelas. Expediente T-6.711.632, M.P. José Fernando Reyes Cuartas;
20 de enero de 2020.

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de una información falsa, no es necesario que el accionante haya solicitado la
rectificación previa de la información. Al respecto se indicó:

“[…] Toda persona tiene la posibilidad de solicitar la rectificación de
informaciones inexactas o erróneas que atenten contra sus derechos, para lo
cual deberá presentar la solicitud correspondiente ante el medio de
comunicación o el particular que hizo la publicación, esto, como requisito previo
para acudir a la acción de tutela en caso de no se acceda a esa rectificación o
la misma no se efectúe en condiciones de equidad. Sin embargo, existen
eventos en que la información no es susceptible de rectificación, como
sucede con aquel contenido que lesiona el núcleo de la vida privada y que
es difundido sin consentimiento de su titular; en tales casos, la lesión
generada a la persona o a su familia no puede ser subsanada a través de
la rectificación, razón por la cual la acción de tutela procede sin que
aquella sea exigible […]”. [Negrilla fuera del texto].

24. En síntesis, el derecho a la rectificación de la información en condiciones de
equidad es la garantía fundamental con la que cuentan las personas para conminar
a quienes hayan difundido información inexacta o errónea sobre ellas, a que
rectifiquen sus declaraciones con un despliegue equitativo o igual al que fue
utilizado para difundir la información inicialmente.

25. Para la interposición de la acción de tutela, cuando se estime transgredido el
derecho fundamental de rectificación, es necesario que el accionante haya
solicitado previamente la rectificación de la información a la autoridad o particular
que la emitió. Esta regla tiene una excepción en aquellos casos en los que se
acredite la configuración de un perjuicio irremediable.

VIII.5. Caso concreto

26. El Partido Cambio Radical solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a
la dignidad humana, al buen nombre, a la honra y a la oposición política, cuya
vulneración le atribuyó a las afirmaciones realizadas por el Presidente de la
República el 4 de junio de 2024, a través de la red social X.

VIII.5.1. Resolución del caso

27. En el presente caso se encuentran acreditados los requisitos de procedencia de
la acción de tutela, en tanto que: (i) el Partido Cambio Radical está legitimado en la
causa por activa; (ii) la acción de amparo fue promovida dentro de un término
razonable; y (iii) el accionante no cuenta con otro medio judicial expedito y eficaz
que garantice la protección de sus derechos fundamentales.

28. En el fallo impugnado se negaron las pretensiones de la demanda, en razón a
que “[…] la publicación realizada por el primer mandatario en la red social X y la
respuesta a la solicitud de rectificación elevada por el partido Cambio Radical […]

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se enmarca en el ámbito de protección de la libertad de expresión10, en el contexto
del discurso político, a lo que se agrega que sus contenidos no constituyen un
discurso de odio, ni están expresamente prohibidos o excluidos, ni carecen de
respaldo constitucional […]”.

29. Aunado a lo anterior, en el fallo de primera instancia se señaló lo siguiente:

“[…] [L]o indicado en la publicación efectuada por el Presidente de la República
en la red social X el 4 de junio de 2024 a las 4:44 pm y en la respuesta a la
solicitud de rectificación formulada por el partido Cambio Radical, no se
observa que se pretenda presentar como información auténtica, a lo que se
debe agregar que no se hacen individualizaciones ni calificaciones que puedan
afectar los derechos a la dignidad humana, honra y buen nombre de sus
militantes, ni a la oposición política de la colectividad, lo que denota, como lo
ha señalado la jurisprudencia constitucional y esta corporación11, que se hizo
bajo criterios de razonabilidad, lo que no debe ser entendido necesariamente
como exhaustividad, como lo ha precisado también la Corte Interamericana de
Derechos Humanos12. Dicho en otros términos, las afirmaciones realizadas por
el primer mandatario están relacionadas con la política oficial en asuntos
relacionados con el sistema de salud del país y lo relativo a las denuncias e
investigaciones por presuntas irregularidades que involucran a quienes hacían
parte de la administración de la Nueva EPS. […]”.

30. La parte accionante en su impugnación indicó, en síntesis, que la publicación del
Presidente de la República “[…] contiene acusaciones graves e infundadas contra
el Partido Cambio Radical, que a diferencia a [sic] cualquier otra persona jurídica
en el caso de las organizaciones políticas destruye su reputación lo cual incide clara
y manifiestamente en una falta de credibilidad de la ciudadanía […]”. También
señaló que la libertad de expresión no era un derecho absoluto, que la publicación
del Presidente “[…] CONSTITUYE UN DISCURSO DE ODIO […]”, que carece de
“[…] elemento probatorios que la respalden […]” y que causó un daño a la
colectividad.

31. Descendiendo al caso objeto de análisis, se encuentra acreditado que el
Presidente de la República realizó la siguiente publicación en su cuenta de X:

“[…] La nueva EPS era la caja de financiación de los dirigentes de Cambio
Radical.

Usaron la fiscalía y la Nueva EPS como constructoras de un proyecto de
aspiración presidencial al usar la libertad, la cárcel y los recursos públicos de
la salud como medios para enriquecerse y ganar elecciones. […]”.

10
La Corte Constitucional en la sentencia T-031 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, se refirió a las tres
presunciones de hecho que protegen el derecho a libertad de expresión, a saber: “(i) presunción de cobertura de una
expresión por el ámbito de protección del derecho constitucional; (ii) presunción de primacía de la libertad de expresión frente
a otros derechos, valores y principios constitucionales en casos de conflicto; y (iii) sospecha de inconstitucionalidad de las
limitaciones sobre la libertad de expresión y aplicación de un control de constitucionalidad estricto”.
11
Sentencia de 18 de enero de 2024, expedientes 11001-03-15-000-2023-06196-01 y 11001-03- 15-000-2023-06338-01
(acumulados), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
12
Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela Sentencia de 5 de agosto de
2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)

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32. Igualmente, está probado que el Partido Cambio Radical, mediante derecho de
petición de 14 de junio de 2024, le solicitó al accionado que se retractara de la
información divulgada, en los siguientes términos:

“[…] En este sentido Señor Presidente, en mi calidad de Director Nacional del
Partido Cambio Radical, y en viva voz de miles de lideres que murieron por
pensar diferente, en miles de ciudadanos que confían en el proyecto político
del Partido Cambio Radical, pero principalmente como defensor de la
Constitución de 1991 y de la defensa de sus derechos fundamentales, le solicito
respetuosamente, pero con total exhorto que Inmediatamente se RETRACTE
de sus afirmaciones puesto que, desde su cuenta se nos ha atribuido sin
fundamento y justificación alguna delitos contra la administración pública y
enriquecimiento ilícito, además de atentar contra la honra y buen nombre del
Partido Cambio Radical y sus militantes, perjudicando gravemente nuestro
ejercicio político.

En mérito de lo expuesto, le solicito:

PRIMERO. Realizar una retractación, con el mismo alcance, respecto a las
acusaciones que el señor presidente Gustavo Francisco Petro Urrego hizo
contra el Partido Cambio Radical y sus militantes, misma que deberá
permanecer bajo el mismo tiempo de la publicación injuriosa y calumniosa en
las redes sociales del señor presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, bajo
el usuario @petrogustavo.

SEGUNDO. La eliminación de la publicación Injuriosa y calumniosa del cuatro
(4) de junio de 2024 a las 4:44 p.m. […]”. [Negrilla y mayúscula original del
texto].

33. Mediante el Oficio núm. OFI24-00129686 / GFPU 13000000 de 28 de junio de
2024, el Presidente de la República, a través del Director del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República - DAPRE, respondió la solicitud de
retractación:

“[…] La opinión esgrimida por el señor Presidente de la República en la
publicación aludida en su comunicación, tiene como punto de partida
información de dominio público, es decir, notas de prensa en las cuales se ha
compartido información por parte de diferentes medios de comunicación, así
como el ente de inspección, vigilancia y control en temas de salud, información
que se encuentra a disposición de los ciudadanos, sobre denuncias e
investigaciones en curso acerca de la Nueva EPS.

El señor Presidente de la República se refiere a las investigaciones
adelantadas por la Superintendencia Nacional de Salud que involucran a la
pasada administración de la NUEVA EPS, de la cual hicieron parte personas
presuntamente cercanas al partido Cambio Radical.

De acuerdo con el informe presentado por el agente interventor de la NUEVA
EPS, se encontraron irregularidades en los estados financieros de la referida
EPS, lo que podría haber afectado no solo la transparencia de sus operaciones,
sino también la calidad del servicio ofrecido a los afiliados, de acuerdo con las
investigaciones en curso.

El ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información de los
diferentes puntos de vista de los emisores por parte de la sociedad, para

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expresar sus propias ideas y opiniones sobre los asuntos públicos, de acuerdo
con la información disponible, son especialmente protegidos por su importancia
para la democracia. […]

[…]

Ahora, si bien la protección reforzada del discurso sobre personajes públicos
no implica que sus reputaciones no deban ser jurídicamente protegidas; lo
cierto es que, dicha protección debe ser acorde con los principios de la
democracia, evitando mecanismos que generen inhibición o autocensura. Es
decir, se busca un equilibrio entre la protección de la reputación de personajes
públicos y la necesidad de garantizar un espacio amplio para la crítica y el
debate sobre su desempeño y acciones en el ámbito público. […]”.

34. Resumidas las pruebas aportadas al proceso de tutela, la Sala considera que en
el presente caso no se encuentra acreditado que el accionado vulneró los derechos
fundamentales citados supra, con ocasión de las afirmaciones que realizó en su
cuenta de X.

35. La Sala comparte la afirmación del accionante relacionada con que el derecho a
la libertad de expresión no es absoluto. En efecto, y conforme a la jurisprudencia
constitucional, el ejercicio de esta garantía tiene límites legítimos y precisos. Al
respecto ha señalado la Corte Constitucional:

“[…] 96. En sentido estricto, la libertad de expresión o de opinión, protege la
trasmisión de pensamientos, ideas u opiniones propias de quien se expresa.
En estos casos, a diferencia de lo que ocurre con el derecho a la información,
predomina la subjetividad del emisor, incluyendo sus sentimientos,
apreciaciones y valoraciones. Dada su evidente carga subjetiva, goza de una
amplia protección y en consecuencia, está sujeta a menos límites que aquellos
que se exigen de otras formas de expresión13, por lo que goza de la presunción
de prevalencia, es decir, que en el ejercicio de ponderación que adelante el
juez tras advertir una tensión entre la libertad de expresión con otros derechos,
esta primera tendrá una prevalencia prima facie14.

97. Pese a su mayor ámbito de protección, la libertad de opinión tampoco es
un derecho absoluto. La jurisprudencia constitucional ha identificado cinco
discursos prohibidos, debido a su intensa capacidad lesiva frente a los
derechos humanos, a saber: la incitación a cometer genocidio, los discursos de
odio, la propaganda a favor de la guerra, la apología al delito y la pornografía
infantil15.

98. Aunado a lo anterior, la libertad de expresión tampoco protege discursos
discriminatorios o que fomenten la violencia contra las mujeres, incluidos los
estereotipos, esto es, “una visión generalizada o una preconcepción sobre los
atributos o características de los miembros de un grupo en particular o sobre
los roles que tales miembros deben cumplir”16. Los estereotipos de géneros
pueden reforzar construcciones sociales y culturales de hombres y mujeres que
predeterminan roles e impiden elecciones de vida libres y no condicionadas por

13
Sentencias T-391 de 2007, T-040 de 2013, T-244 de 2018, T-275 de 2021, entre otras.
14
Sentencias SU-274 de 2019, C-135 de 2021 y T-452 de 2022.
15
Sentencias T-391 de 2007 y T-203 de 2022.
16
Sentencias T-087 de 2023 y T-212 de 2021.

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Accionante: Partido Cambio Radical

preconcepciones sociales. […]17”. [Cursiva original del texto y subrayado fuera
del texto].

36. De lo transcrito, se observa que el ejercicio de la libertad de expresión tiene
límites precisos y específicos, que son: “[…] la incitación a cometer genocidio, los
discursos de odio, la propaganda a favor de la guerra, la apología al delito y la
pornografía infantil […]”. Esta limitación también fue señalada en la sentencia T-
031 de 202018, en la cual se indicó:

“[…] [S]i bien es cierto, en principio, todo tipo de discursos están amparados
por la libertad de expresión, existen algunos que por su especial connotación
reciben una protección acentuada y otros que, en contraste, se encuentran
excluidos de dicha protección por prohibición expresa en normas internas e
instrumentos internacionales de protección de derechos humanos que integran
el bloque de constitucionalidad. Estos últimos son aquellos relacionados con:
(i) la propaganda de la guerra; (ii) la apología del odio que constituya iniciación
a la violencia; (iii) la pornografía infantil y (iv) la incitación directa y pública al
genocidio. […]”.

37. El accionante manifestó en su impugnación que la publicación del Presidente de
la República encaja dentro de la categoría de “[…] discursos de odio […]”. Sin
embargo, la Corte Constitucional19 ha precisado, respecto de dicha categoría, lo
siguiente:

“[…] 5.6.3. En lo que concierne a la apología o discurso de odio, es menester
resaltar que, aunque su definición no es clara en el derecho internacional20,
según un informe emitido por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) basado en el estudio de las
distintas definiciones de discurso de odio en el derecho internacional, este
concepto con frecuencia se refiere a “expresiones a favor de la incitación a
hacer daño (particularmente a la discriminación, hostilidad o violencia) con base
en la identificación de la víctima como perteneciente a determinado grupo social
o demográfico. Puede incluir, entre otros, discursos que incitan, amenazan o
motivan a cometer actos de violencia”21.

5.6.4. Sin perjuicio de lo anterior, se aclaró en aquel informe que la noción
de discurso de odio no abarca ideas abstractas, como ideologías políticas,
creencias religiosas u opiniones personales relacionadas con grupos
específicos22. Tampoco están comprendidos en este concepto el insulto o la
simple expresión injuriosa o provocadora dirigida a una persona, pues, de
admitirse esta posibilidad, cualquier comentario intolerable podría terminar
siendo calificado como discurso de odio y, por contera, resultar sancionable23.

17
Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, Sentencia T-063 de 28 de febrero de 2024. M.P.: Antonio José Lizarazo
Ocampo.
18
Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-031 de 30 de enero de 2020. M.P.: Luis Guillermo Guerrero
Pérez.
19 Ibidem.
20
Discurso del odio y la incitación a la violencia contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en América.
2015. Edison Lanza. RELE, CIDH, OEA. Disponible en:
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/odio/Discurso_de_odio_incitacion_violencia_LGTBI.pdf
21
UNESCO. Combatiendo el Discurso de Odio en Línea [Countering Online Hate Speech], 2015, págs. 10-11. Disponible en:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233231
22
El texto en su idioma original es el siguiente: “[…] It recognises that, however defined, the notion of hate speech is not
about abstract ideas, such as political ideologies, faiths or beliefs – which ideas should not be conflated with specific groups
that may subscribe to them. Hate speech concerns antagonism towards people”.
23
Ibid., 57.

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Accionante: Partido Cambio Radical

5.6.5. Por su parte, en armonía con lo dispuesto en el artículo 13.5 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, esta Corporación ha precisado
que, “para que el contenido de un mensaje pueda considerarse un discurso que
incita al odio no es suficiente con que el mensaje emita un reproche sobre una
conducta, o que resulte ofensivo para el sujeto reprochado. Es necesario
también que el contenido del mensaje incite al odio o a la violencia, o a cometer
algún hecho ilícito en contra del sujeto [pasivo de la acción]”24. […]”. [Negrilla y
cursiva del texto original y subrayado fuera del texto]

38. En consideración con la caracterización realizada por la Corte Constitucional
sobre los discursos de odio, esta Sección considera que la publicación realizada
por el Presidente de la República no encaja dentro dicha categoría, en razón a que
no está incitando a la violencia contra el accionante o los miembros de dicha
colectividad.

39. Igualmente, la Sala comparte la conclusión a la que arribó el a quo, relacionada
con que la publicación realizada por el accionado tampoco encaja dentro de los
discursos no protegidos por el ejercicio de la libertad de expresión, como lo son
“[…] la incitación a cometer genocidio, la propaganda a favor de la guerra, la
apología al delito y la pornografía infantil […]”.

40. Encuanto al ejercicio del derecho a la libertad de expresión por servidores
públicos, la jurisprudencia constitucional ha precisado lo siguiente:

“[…] 18. Sobre esa base, la jurisprudencia constitucional ha expuesto que
cuando las personas vinculadas al servicio público actúan en ejercicio de sus
funciones “tienen un rango muy limitado de autonomía y deben orientarse a la
defensa de (…) los derechos fundamentales de todas las personas habitantes
del territorio”25. Así pues, toda vez que ostentan una posición de garante frente
a las prerrogativas de los asociados26, es necesario que se guíen bajo el criterio
de máxima prudencia al momento de emitir manifestaciones que pongan en
riesgo o constituyan injerencias lesivas sobre tales derechos27, obligación que
adquiere mayor relevancia tratándose de sujetos de especial protección
constitucional, tales como los defensores de derechos humanos, los
desplazados por la violencia o los miembros de comunidades de paz, entre
otros, quienes debido al estado de vulnerabilidad en el que se encuentran
merecen un tratamiento especial y la adopción de medidas reforzadas de
protección28.

[…]

25. Pues bien, en relación con el poder-deber de comunicación mediante
discursos o intervenciones, ha entendido la jurisprudencia29 que los servidores
públicos, en particular, los altos funcionarios estatales, tienen la facultad y, a su
vez, la obligación de (a) informar sobre asuntos de su competencia, (b) fijar la
posición de la entidad frente a los mismos; (c) dar a conocer las políticas
oficiales; (d) analizar, comentar, opinar y, defender el programa gubernamental

24
Sentencia T-500 de 2016, reiterada en la sentencia C-091 de 2017.
25
Sentencia T-1037 del 2008.
26
Cfr. T-1191 del 2004, T-1062 del 2005, T-1037 del 2008, T-263 del 2010 y T-627 del 2012, entre otras.
27
Sentencias T-1037 del 2008 y T-276 de 2015.
28
Cfr. sentencias T-1191 del 2004, T-1062 del 2005, T-1037 del 2008, T-263 del 2010 y T-627 del 2012.
29
Cfr. Sentencias T-1191 del 2004, T-1062 del 2005, T-1037 del 2008, T-263 del 2010, T-949 del 2011, T-627 del 2012 y T-
466 del 2016.

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Accionante: Partido Cambio Radical

que desarrolla, (e) responder a las críticas; y (f) fomentar el ejercicio de una
participación ciudadana responsable, entre otros30.

[…]

31. En definitiva, la Sala concluye que los servidores públicos, al tomar
posesión de su cargo, juran cumplir y defender la Constitución y las leyes, de
manera que su conducta tiene que precaver eventuales abusos a los derechos
de la población y contribuir a la vigencia del ordenamiento jurídico. Por ello, en
el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, en general, se encuentran
sometidos a cargas especiales y mayores restricciones que los demás
ciudadanos. Asimismo, las declaraciones de los altos funcionarios del Estado
no son absolutamente libres, pues es necesario que en virtud de su poder-
deber de comunicación: (i) se ciñan a estrictos parámetros de objetividad y
veracidad cuando se trata de transmitir información; (ii) expresen sus opiniones
a partir de mínimo de justificación fáctica real y de criterios de razonabilidad31;
(iii) actúen con máxima prudencia y cuidado, con mayor razón cuando
cuestionan la rectitud de un ciudadano, y (iv) respeten, protejan y garanticen
las prerrogativas de los asociados […]”. [Negrilla del texto original y cursiva
fuera del texto].

41. A pesar de los límites que ha identificado la jurisprudencia de la Corte
Constitucional al ejercicio del derecho a la libertad de expresión por parte de
funcionarios públicos; la Sala considera, al igual que el juez de primera instancia,
que en el caso sub examine el accionado no desconoció los derechos
fundamentales del accionante, porque la publicación se hizo en el ejercicio del
derecho a la libertad de expresión, sin realizar imputaciones jurídicas concretas y,
además, en el marco de un debate público con uno de los actores políticos del país.

42. En consecuencia, la Sala comparte la conclusión del a quo, según la cual no
existe vulneración de los derechos fundamentales porque: (i) el accionado no
realizó imputaciones jurídicas concretas contra el accionante; (ii) la publicación se
hizo en ejercicio del derecho a la libertad de expresión; (iii) no transgredió los límites
de dicho derecho, en razón a que dicha publicación no constituye un discurso de
odio; y (iv) se hizo en el marco de un debate público con uno de los actores políticos
del país.

43. Por todo lo anterior, esta Sala de Decisión confirmará la sentencia de primera
instancia, que negó las pretensiones de la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

30
Ib.
31
Cfr. sentencias T-1191 del 2004, T-1062 del 2005, T-1037 del 2008, T-263 del 2010, T-949 del 2011, T-627 del 2012 y T-
466 del 2016. En sentido similar se pronunció la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, en la publicación del informe “Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la
libertad de expresión”, efectuada el 30 de diciembre del 2009 (páginas 74 a 79).

15

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03529-01
Accionante: Partido Cambio Radical

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 22 de agosto de 2024, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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