Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05736-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2024 › Radicado 11001-03-15-000-2024-05736-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05736-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05736-00
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
26 de noviembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05736-00
Accionante: Germán Vargas Lleras
Se niega el amparo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05736-00
Accionante: Germán Vargas Lleras
Accionado: Presidente de la República - Gustavo Petro Urrego
Temas: Acción de tutela por acción u omisión de autoridad pública / Honra y buen nombre /
Libertad de expresión / Se niega el amparo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La sala resuelve la acción de tutela presentada por Germán Vargas Lleras contra el
señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, para obtener el amparo de
sus derechos fundamentales a la honra y el buen nombre.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta corporación.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 23 de octubre de 2024 Germán Vargas Lleras, obrando mediante apoderado
judicial, interpuso acción de tutela contra el presidente de la República. El accionante
consideró vulnerados sus derechos fundamentales a la honra y el buen nombre por
los pronunciamientos del señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego,
hechos en San Basilio de Palenque (Bolívar) el 23 de agosto de 2024.
2.- En la acción de tutela se formularon las pretensiones que se transcriben a
continuación:
1
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05736-00
Accionante: Germán Vargas Lleras
Se niega el amparo
<<3.1. TUTÉLESE mis derechos fundamentales a la HONRA Y BUEN NOMBRE.
3.2. ORDÉNESE la retractación, con el mismo alcance, respecto a las acusaciones
que el señor presidente Gustavo Francisco Petro Urrego hizo en mi contra, es decir,
a través del mismo medio utilizado por el Presidente de la República y todo aquel por
el cual se ha divulgado>>.
B. Hechos
3.- El 23 de agosto de 2024, durante una ceremonia con el Consejo Comunitario Ma-
Kankamaná en la plaza del municipio de San Basilio de Palenque, el señor presidente
de la República manifestó lo siguiente:
<<[…] El inmenso robo que existió en Colombia ¿puedo decirlo? ¿sí? 9.1 billones –
con B larga– de pesos hemos encontrado robados en los Ocad Paz y en el Sistema
de Regalías en Colombia. Y apenas hemos analizado el veinte por ciento del sistema.
Por eso no hay acueducto en San Basilio. No hay P.T.A.R. para limpiar el río. No hay
alcantarillado. Si hacemos el listado, prácticamente todo el caribe y buena parte de
la Colombia pobre no tiene los recursos existenciales para vivir, que es lo mínimo. El
agua potable. Carreteras sí pasan por ahí. Cuatro calzadas llenas de peajes a la lata,
porque es un negocio de los banqueros. Esas obras van rápido. Las paga la Nación.
Y, entonces, como la Nación no tiene plata para todo, por estar pagando las
carreteras del negocio de Vargas Lleras y otros, no está pagando los acueductos y
los alcantarillados de la gente humilde de Colombia, cuando esa debería ser la
prioridad. Entonces, ministros, gobernador, aquí hay un orden de prioridades […]>>.
3.1.- El 27 de agosto de 2024 el accionante elevó una petición ante la Presidencia
de la República en la que solicitó la retractación de las anteriores afirmaciones por
considerar que son falsas y perjudican su reputación.
3.2.- El 8 de octubre de 2024 la Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República respondió la petición.
Señaló que las opiniones del Presidente están amparadas por las garantías
constitucionales e interamericanas a la libre expresión y que están respaldadas por
información de dominio público acerca del actor cuando ocupó la Vicepresidencia de
la República. Puntualmente, mencionó algunas notas publicadas entre 2015 y 2016
en las páginas web del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de
Infraestructura, que dan cuenta de que el accionante impulsó la inversión en
infraestructura vial durante ese periodo. Agregó que en ningún momento acusó a
Germán Vargas Lleras de malversar recursos públicos ni se le atribuyó la comisión
de un delito. En este escrito se lee:
<<La opinión esgrimida por el señor presidente de la República en dicho evento, tiene
como punto de partida información de dominio público y de carácter oficial acerca de
la gestión realizada por usted cuando ostentó el cargo de vicepresidente de la
República en el período comprendido entre el 7 de agosto de 2014 al 21 de marzo de
2
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05736-00
Accionante: Germán Vargas Lleras
Se niega el amparo
2017, término en el cual impulsó la suscripción de contratos e inauguró las obras de
distintos proyectos de infraestructura vial en varios departamentos del país, entre los
que se encontraba el departamento de Bolívar.
<<Así, este acto de comunicación se ha dado con un ánimo constructivo, en relación
a la no priorización de los recursos en agua y saneamiento básico para la población
en algunos municipios del departamento de Bolívar, en contraste con la priorización
de inversión que se dio en infraestructura vial, específicamente a proyectos que,
como usted reconoce en su comunicación, fueron impulsados en el período
mencionado y como se constata en las notas oficiales de la Agencia Nacional de
Infraestructura y el Ministerio de Transporte; en ese entendido, en ningún momento
se le acusó de la malversación de recursos públicos, lo que se puso de presente
fue un enfoque distinto de priorización de los recursos públicos que debieron
ser asignados a proyectos que contribuyeran a la satisfacción de las
necesidades básicas de los habitantes de algunos municipios en el
departamento de Bolívar>>.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- El accionante alega que las palabras del señor presidente de la República,
Gustavo Petro Urrego, vulneraron sus derechos fundamentales a la honra y el buen
nombre porque constituyen afirmaciones calumniosas que no están soportadas en
una mínima justificación fáctica.
4.1.- Señala que no intervino en los procesos de selección de la Agencia Nacional
de Infraestructura cuando ejerció la Vicepresidencia de la República, que no es
accionista, funcionario o beneficiario de los proyectos de concesión vial y que los
organismos de control no han determinado que sostenga participación alguna en las
empresas concesionarias. Por lo tanto, asegura que las afirmaciones del señor
presidente son falsas. Agrega que:
<<el alcance de sus comentarios es incalculable, puesto que, puede generar pánico
o tranquilidad, odio o confianza, y con las referencias que realiza sobre alguna
persona puede generar un grave perjuicio, considerando la imputación de actos
delictivos como si la construcción de carreteras fuera parte de algún negocio
personal, lo cual rechazo contundentemente al no ser parte de ningún proceso de
concesión y mucho menos al no existir ninguna investigación en mi contra>>.
4.2.- Expone que la honra y el buen nombre son derechos fundamentales que se
enmarcan en la dignidad humana, de manera que cualquier ataque contra aquellos
implica una afectación en la percepción pública de la persona, su valor intrínseco y
su identidad social. Sostiene que, según pronunciamientos recientes del Consejo de
3
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05736-00
Accionante: Germán Vargas Lleras
Se niega el amparo
Estado1 y la Corte Constitucional2, el fuero presidencial no lo exime de la
responsabilidad por atentar contra la honra y el buen nombre ni lo exceptúa de la
obligación de justificar razonablemente sus declaraciones. En concordancia, indica
que el Consejo de Estado3 ha precisado que el presidente de la República dispone
de un poder-deber de comunicación con la Nación que cualifica su libre expresión y
le impone una carga de veracidad e imparcialidad.
4.3.- Afirma que las opiniones emitidas por el accionado no se enmarcan en un
debate político ni se dirigen a cuestionar un asunto de interés general, pues se trata
de imputaciones concretas y específicas a una persona determinada. Sostiene que
la Presidencia de la República no logró acreditar que la información divulgada por el
señor presidente fuese verificada previamente, ni aportó prueba alguna que soporte
sus afirmaciones y dé cuenta de un mínimo de justificación fáctica. Finalmente,
concluye que es importante mantener un equilibrio entre la libertad de expresión y el
respeto a la integridad personal, y que incluso las figuras públicas merecen
protección ante las expresiones infundadas de otros.
D. Oposiciones e intervenciones
5.- El presidente de la República (accionado), a través de su apoderada, solicitó
declarar la improcedencia de la acción o negar sus pretensiones. Lo anterior, en
virtud de que sus opiniones fueron contextualizadas con claridad en el oficio de
respuesta al accionante, por lo que no vulneraron sus derechos fundamentales.
5.1.- Indicó que es esencial determinar el contexto de las declaraciones que son
objeto de cuestionamiento para precisar los límites en el ejercicio de la libertad de
expresión. Sobre el particular, afirmó que:
<<Las declaraciones objeto de cuestionamiento fueron realizadas durante la
intervención del Primer Mandatario en el evento de reconocimiento al Consejo
Comunitario Ma-Kankamaná en San Basilio de Palenque, el 23 de agosto de 2024.
Estas se enmarcaron en su opinión acerca de lo que debe ser prioridad para la
administración de recursos públicos y su impacto en las comunidades más
vulnerables. Aunque al hacer referencia a otras obras, como los OCAD Paz y el
Sistema de Regalías, sí hizo señaló la existencia de denuncias que estaría
presentando el Director del DPS por posible desviación de recursos, al momento de
referirse a las obras viales emprendidas mientras el accionante fue
Vicepresidente no se formuló ninguna acusación de corrupción, señalando que
estas inversiones representaban una diferencia de enfoque en el uso del gasto
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 13 de junio de 2024,
radicado 11001-03-15-000-2024-02507-00; sentencia del 17 de octubre de 2024, radicado 11001-03-15-000-
2024-03889-02.
2 Corte Constitucional, sentencia T-145 de 2019.
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 27
de agosto de 2024, radicado 11001-03-15-000-2024-03889-00.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05736-00
Accionante: Germán Vargas Lleras
Se niega el amparo
público, como fue aclarado en el pronunciamiento posterior emitido por el
DAPRE. […]
Al analizar las declaraciones en su contexto, se evidencia que el apartado que es
cuestionado por el accionante no indicó que las obras viales desarrolladas
durante el proyecto político donde este fungió como Vicepresidente estuviesen
vinculadas a prácticas corruptas. Lo que se indicó fue la diferencia en las
prioridades de inversión pública, este enfoque no implica un juicio sobre sus
acciones, sino que se busca ilustrar las distintas visiones sobre el desarrollo del país.
Por lo tanto, no se puede interpretar que las expresiones del Presidente conllevaran
una carga peyorativa o malintencionada, como se pretende argumentar en su
solicitud>>.
5.2.- Argumentó que los pronunciamientos del señor presidente se enmarcan en el
ejercicio de la libertad de opinión, lo que varía el estándar de responsabilidad.
Recalcó que en ningún momento estigmatizó o acusó al accionante de la comisión
de un delito, sino que las afirmaciones se enfocaron en la necesidad de abordar
diferentes visiones en la priorización del gasto público y su impacto en el acceso a
servicios básicos. Así mismo, mencionó que el significado de la palabra
<<negocio>>, según el diccionario de la Real Academia Española, es de una
ocupación, quehacer o trabajo, o de aquello que es objeto o materia de una
ocupación lucrativa de interés.
5.3.- Señaló que el presidente de la República también es titular del derecho a la libre
expresión y difusión de opiniones, pues el artículo 20 de la Constitución Política lo
garantiza a todas las personas. Indicó que el Consejo de Estado4 ha entendido que
los discursos deben interpretarse en su totalidad y no de manera segmentada o
aislada. Por lo tanto, sostuvo que sus opiniones podían interpretarse como
polémicas, incómodas o molestas, pero de todos modos conservaron el respeto, la
ética pública y el diálogo abierto sobre los desafíos que enfrenta el país.
5.4.- Manifestó que el accionante interpretó erróneamente las declaraciones del
señor presidente y que no alegó ni probó un daño concreto. Agregó que, en un caso
similar, el Consejo de Estado5 consideró que las personas de amplio reconocimiento
público o que ejercen altos cargos en el Estado no están en una relación de asimetría
a la hora de enfrentar el debate público.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 19 de septiembre de
2024, radicado 11001-03-15-000-2024-04386-00.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 13 de junio de 2024.
Radicado 11001-03-15-000-2024-02507-00.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05736-00
Accionante: Germán Vargas Lleras
Se niega el amparo
II. CONSIDERACIONES
E. Se cumplen los requisitos de procedencia de la acción de tutela para el
amparo a la honra y el buen nombre
6.- La Corte Constitucional ha definido que la procedibilidad de la acción de tutela
para el amparo a la honra y el buen nombre está sujeta a la previa solicitud de
rectificación, siempre que se trate de expresiones difundidas por medios de
comunicación6. La presente acción de tutela se dirigió contra el señor presidente de
la República por afirmaciones pronunciadas durante una alocución pública y
televisada. El 27 de agosto de 2024 el accionante presentó una petición ante la
Presidencia de la República en la que solicitó la rectificación de la información, que
fue negada el 8 de octubre de 2024 por la Oficina de Relacionamiento con el
Ciudadano del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Por
consiguiente, la sala evidencia que la solicitud de amparo es procedente
F.- No está acreditada la vulneración del derecho fundamental invocado por el
accionante
7.- La sala negará la solicitud de amparo porque no encuentra acreditada una
vulneración a un derecho fundamental del accionante que deba ser garantizado a
través de la acción de tutela. Esta acción constitucional no está prevista para
determinar la existencia de conductas constitutivas de injuria o calumnia, ni para
determinar las consecuencias jurídicas que acarrea hacer expresiones públicas que
estructuren tales conductas. De ahí que, en virtud de la naturaleza residual y
subsidiaria de la acción de tutela, la decisión del juez constitucional se circunscribe
a constatar una lesión a un derecho fundamental, en este caso, la honra y el buen
nombre.
8. - La jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que el núcleo esencial de los
derechos fundamentales a la honra y el buen nombre se vulnera cuando se divulgan
afirmaciones con una evidente significancia difamatoria. Así mismo, se ha dicho que
la libertad de expresión no es un derecho ilimitado: en el caso del primer mandatario,
esta es cualificada y su ejercicio conlleva deberes en función de los derechos de
terceros. En relación con las afirmaciones públicas del señor presidente de la
República, se deben destacar las siguientes consideraciones de las acciones de
tutela adelantadas recientemente en el Consejo de Estado:
8.1.- El señor presidente dispone de un poder-deber de comunicación con la Nación
que cualifica su libre expresión y le impone una carga de veracidad e imparcialidad.
6 Corte Constitucional, sentencia T-244 de 2018.
6
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05736-00
Accionante: Germán Vargas Lleras
Se niega el amparo
La Corte Constitucional ha señalado que <<esta comunicación entre el primer
mandatario y los ciudadanos, no sólo es una herramienta de gobierno que permite
informar asuntos de interés general, comunicar políticas, e incluso impartir órdenes,
sino que constituye un mecanismo que facilita la conformación de una opinión pública
libre e informada, presupuesto para la participación de los ciudadanos en la toma de
las decisiones que los afectan y en el control del poder público>>7.
8.2.- Ese poder-deber de comunicación está limitado por la veracidad e imparcialidad
cuando transmita informaciones, y por la mínima justificación fáctica y la
razonabilidad de sus opiniones8. Es decir, que <<el derecho a la libertad de
expresión, cuando es ejercido por funcionarios públicos en uso de sus funciones,
tiene limitaciones mayores frente a un particular>>, toda vez que las personas
tienden a apreciar con confianza y credibilidad las afirmaciones de quienes ocupan
estos cargos, lo que –a su turno– justifica exigirles una mayor diligencia en sus
comunicaciones públicas9.
8.3.- En ejercicio del citado poder-deber no resulta adecuado hacer <<imputaciones
genéricas, ambiguas o imprecisas para eludir posteriormente responsabilidades10>>.
Hacer afirmaciones con dicho contenido para precisarlas o corregirlas cuando se
contesta de manera privada la petición de retractación o cuando se interviene
judicialmente, no se adecua al cumplimiento de los parámetros establecidos para el
ejercicio del poder-deber de información al que antes se hizo referencia.
8.4.- En la estructuración de una conducta violatoria de un derecho fundamental
amparable mediante la acción de tutela, es relevante considerar si las afirmaciones
se hacen contra un particular, o en el contexto de un debate público en el cual el
destinatario tiene la condición de actor político y la posibilidad de responderlas
públicamente y realizar directamente las precisiones que estime necesarias para
explicar su conducta.
9.- En el caso planteado por el accionante, la sala verifica que la alocución del señor
presidente de la República está enmarcada en un debate que involucra comparar las
prioridades de inversión y los resultados de una administración con los de otra, sin
que los jueces estén llamados a emitir ningún tipo de opinión acerca del estilo de
quienes legítimamente pueden intervenir en dicho debate.
7 Corte Constitucional, sentencia T-1191 de 2004. Reiterado en sentencias T-263 de 2010 y T-627 de 2012.
8 Corte Constitucional, sentencia T-627 de 2012. Reiterado en sentencia T-446 de 2020.
9 Corte Constitucional, sentencia SU-420 de 2019. Reiterado en sentencias T-203 de 2022, T-446 de 2020 y T356
de 2021.
10 Auto del 18 de septiembre de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-03889-01
7
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05736-00
Accionante: Germán Vargas Lleras
Se niega el amparo
10.- Tal y como lo indicó la Presidencia de la República al contestar la petición de
retracto y la intervención del accionado en este proceso, las alocuciones del señor
presidente no contienen ninguna expresión en la que se le impute al accionante haber
cometido algún tipo de irregularidad o delito para atribuirle la carga de veracidad o
de verificación que comporta este tipo de afirmaciones.
11.- Al adoptar esta decisión, la sala sigue el precedente fijado en la sentencia del 13
de junio de 2024, en la tutela promovida por el exministro Alejandro Gaviria, quien
solicitó la rectificación <<de la declaración pública que el señor Presidente hizo en
Montería el 21 de marzo de 2024 y/o en la publicación en la red social «X» 25 de
marzo de 2024>>. En la primera, el señor presidente afirmó <<Alejandro Gaviria (...)
en el primer año dejó perder un billón y medio de pesos que iba a las universidades
y lo dejó trasladar al FOMAG donde hay una olla de corrupción, donde la politiquería
se come la plata. Por estar cuidándole el negocio a las EPS, que no era su
competencia, por eso se fue de mi gobierno>>.
12.- En dicha sentencia, además de relevarse la condición personal del accionante,
se indicó que no se advertía una afectación a los derechos invocados porque, según
lo manifestado por el señor Presidente, en la respuesta a la solicitud de rectificación
<<al accionante nunca se le acusó de malversación de recursos públicos y que lo
que se señaló fue que estos no se priorizaron en la construcción de infraestructura
educativa>>. Por lo tanto, esta corporación consideró que
<<mientras el accionante ve en las manifestaciones presidenciales una acusación
sobre malversación de fondos públicos, la parte accionada explica que el entonces
ministro de Educación, dentro del ámbito de sus competencias en el proceso
(gubernamental) de preparación y de liquidación del presupuesto, tuvo un criterio
distinto del que tuvo o habría tenido el presidente de la República, un enfoque distinto
en la priorización de los recursos públicos que habían sido asignados para el sector
educativo>>.
En la sentencia del 13 de junio de 2024 proferida por la Sección Quinta, expediente
11001-03-15-000-202402507-00, textualmente se indicó lo siguiente:
<<La Sala considera, como un hecho notorio, que el accionante es un personaje
público ampliamente reconocido quien por varios años ha participado en la discusión
política y el debate público e incluso ha sido candidato presidencial, ministro de salud
y ministro de educación. Incluso el debate se refiere a sus decisiones mientras
ocupaba el cargo de ministro de salud durante los primeros meses del actual
gobierno. En fin, es alguien de quien no resultaría adecuado decir que se encuentra
en una relación asimétrica con el accionado, así este sea el presidente de la
República, y menos en una situación de indefensión. Es cierto que los altos
funcionarios públicos los personajes públicos [sic] también gozan de protección de
sus derechos a la honra y al buen nombre, pero cuando (i) ellos mismos gozan y
8
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05736-00
Accionante: Germán Vargas Lleras
Se niega el amparo
deben tolerar un margen más amplio en el ejercicio de la libertad de expresión; (ii)
cuando ejercen la acción de tutela para la protección de sus derechos a la honra y al
buen nombre tienen una mayor carga argumentativa y probatoria que quienes se
encuentran en condiciones de indefensión>>.
<<La parte accionada ha expresado en su respuesta a la solicitud de rectificación y
en la contestación de la demanda de tutela, que al accionante nunca se le acusó de
malversación de recursos públicos y que lo que se señaló fue que estos no se
priorizaron en la construcción de infraestructura educativa.
4.6.3. La afirmación del presidente de la República en el sentido de que los recursos
a que se refiere este debate, terminaron siendo asignados al FOMAG, una entidad
que califica de corrupta, y que allí habrían «desaparecido» podría eventualmente
interpretarse, como lo plantea el accionante, como una acusación en su contra de
malversación de recursos públicos o, como lo plantea la parte accionada, como una
decisión equivocada de política pública. En todo caso, en la respuesta a la solicitud
de rectificación se explica que no se trataba de una acusación por la comisión de un
delito, sino que se trata de un debate sobre las prioridades en la asignación de los
recursos:
«las declaraciones del presidente de la República fueron contextualizadas y
aclaradas a través del OFI24-00084938 / GFPU 12000000 del 2 de mayo de 2024,
manifestándole al accionante que estas se centraron en la falta de priorización de las
inversiones en infraestructura educativa en la distribución del presupuesto por parte
del ciudadano tutelante cuando ejerció sus funciones como ministro de Educación
Nacional del actual gobierno»>>.
13.- En esta decisión la sala recuerda que en las sentencias del 22 de agosto de
202411, 27 de septiembre de 202412 y 10 de octubre de 202413, esta corporación
determinó que las interpretaciones subjetivas e individuales sobre un discurso del
primer mandatario no revelan una única e inequívoca comprensión de sus
declaraciones ni conllevan ipso iure una vulneración a la honra y el buen nombre. Al
contrario, para constatar una vulneración al núcleo esencial de los derechos
fundamentales a la honra y el buen nombre en un discurso político es necesario
demostrar que se realizaron <<imputaciones jurídicas concretas>>14, más allá de las
apreciaciones subjetivas de los accionantes y la incomodidad o descontento que
pudieron haber percibido por las declaraciones de la Presidencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta, sentencia del 22 de agosto de
2024, radicado 11001-03-15-000-2024-03529-00.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27
de septiembre de 2024, radicado 11001-03-15-000-2024-02507-01.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, sentencia del 10 de octubre de
2024, radicado 11001-03-15-000-2024-03529-01.
14
Ibid.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05736-00
Accionante: Germán Vargas Lleras
Se niega el amparo
RESUELVE
PRIMERO: NIÉGASE el amparo a los derechos fundamentales a la honra y el buen
nombre del accionante Germán Vargas Lleras.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: Si la sentencia no fuera impugnada una vez ejecutoriado el fallo, por
Secretaría ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada a la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
10
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.