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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02284-01

Fecha
2 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02284-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 12 de junio de 2025, mediante la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado negó el amparo solicitado por Enrique Peñalosa Londoño, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra la misma deberá dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin12. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02284-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

2 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 2 de septiembre de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02284-01
Demandante: Enrique Peñalosa Londoño
Demandado: Presidente de la República
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA | Derechos a la honra y
buen nombre| Confirma - niega

Síntesis del caso: El actor reclamó la protección de sus derechos fundamentales, los cuales
consideró vulnerados por una declaración realizada por el presidente de la República a
través de un consejo de ministros transmitido el 5 de febrero de 2025.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 12 de
junio de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
mediante la cual se negó el amparo solicitado2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 22 de abril de 2025, Enrique Peñalosa Londoño, mediante
apoderado judicial, presentó una acción de tutela contra el presidente de
la República, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a
la honra y buen nombre, con ocasión de la manifestación que el accionado
formuló durante el consejo de ministros transmitido el 4 de febrero de 2025
por los canales institucionales.

2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):

“En mérito de lo expuesto, y con fundamento en el artículo 86 de la Constitución
Política, el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
y los artículos 13 y 21 de la Constitución, respetuosamente solicito (…):

1 Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015 y 1983 de 2017 y el

Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “PRIMERO. Negar la solicitud de tutela presentada por el Señor Enrique Peñalosa Londoño contra el presidente

de la República Gustavo Petro Urrego, por la supuesta vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad,
el buen nombre y la honra.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02284-01
Demandante: Enrique Peñalosa Londoño
Demandado: Presidente de la República
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
______________________________________________________________________________________________________________

4.1. Tutelar mis derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, los cuales
fueron vulnerados por las manifestaciones proferidas por el señor Presidente de
la República, Gustavo Petro Urrego, durante la sesión del Consejo de Ministros
del 4 de febrero de 2025, transmitida públicamente a través de canales
oficiales del Gobierno Nacional.

4.2. Ordenar al señor Presidente de la República que rectifique, en condiciones
de equidad y por los mismos medios en que se difundió la información lesiva, la
afirmación según la cual el suscrito tiene un “negocio de buses en Bogotá”, por
tratarse de una imputación de hecho carente de sustento, que no responde a
criterios de veracidad, y que vulnera de forma directa mis derechos
fundamentales.

4.3. Disponer que dicha rectificación se realice de manera clara, completa,
precisa y visible, a través de los canales institucionales utilizados para la difusión
de la intervención del 4 de febrero de 2025, incluyendo el portal oficial de la
Presidencia de la República, el canal de YouTube institucional y las cuentas
oficiales del despacho presidencial en redes sociales.

4.4 Advertir como medida de no repetición que, en adelante, el señor
Presidente de la República deberá abstenerse de formular afirmaciones en mi
contra sin respaldo verificable, en el ejercicio de su libertad de información.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:

4. 1) El 4 de febrero de 2025, en el minuto 44:37 de una trasmisión en vivo
de un consejo de ministros, disponible en YouTube.com, el presidente de la
República, Gustavo Petro Urrego, realizó la siguiente afirmación (se
trascribe):

“Lo que hicimos en Bogotá Humana que fue hacer los estudios de los tranvías
en Bogotá porque las empresas que se le midieron en las APPS querían hacerlos,
pero Peñalosa no quiere trenes, quiere buses Diesel porque es su negocio, él
dice que no es su negocio, pero es el negocio que montó en Bogotá que tiene
atrasada a la ciudad y no la deja avanzar.”

5. 2) El 25 de febrero de 2025, el señor Peñalosa Londoño, mediante
Oficio con radicado No. EXT25 00027328, presentó una solicitud de
retractación y rectificación al presidente de la República, por las
declaraciones realizadas en su contra.

6. 3) Por medio de Oficio No. OFI25-00049400 / GFPU 12000000 de 17 de
marzo de 2025, Andrea Esther Castro Latorre, asesora del Grupo de Atención
a la Ciudadanía de la Presidencia de la República, le comunicó al señor
Peñalosa Londoño, que en el consejo de ministros transmitido el 4 de febrero
de 2025 y que tuvo una duración de más de 5 horas, se trataron diversos
temas sobre “la administración pública”, así como de “los retos en la
implementación de proyectos de gobierno”. A juicio del DAPRE, las
afirmaciones ventiladas por el presidente no faltaron a la verdad y se
basaron en hechos notorios sobre su simpatía con el sistema de transporte
público de Bogotá.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02284-01
Demandante: Enrique Peñalosa Londoño
Demandado: Presidente de la República
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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7. Aunado a lo anterior, advirtió que, con la afirmación realizada por el
presidente, no se le atribuyó una participación directa en las empresas que
operan el sistema de transporte público de la ciudad de Bogotá, toda vez
que, era de público conocimiento, que el accionante promovía el mismo.
En esa medida, le indicó al accionante lo siguiente, (se trascribe) “Para
evidenciar los hechos notorios en los que se basó la referencia del presidente
de la República, del 04 de febrero de 2025, se encuentra que desde su
cuenta personal de la red social Facebook, usted ha hecho publicaciones
y ha cargado videos donde dice responder preguntas como ¿por qué cree
Transmilenio? (…) También se pueden encontrar publicaciones desde sus
cuentas personales en otras redes sociales, donde resalta lo que considera
son los beneficios de dicho sistema de transporte público e incluso lo
contrasta con el que promueve el primer mandatario, evidenciando que se
trata de un disenso reconocido, que ha tenido varios episodios”.

8. Como fundamento de la vulneración, la parte actora alegó que el
presidente de la República realizó una declaración en su contra sin contar
con los elementos que le permitieran soportarla, por lo que se trató
realmente de una afirmación alejada de la realidad con base en la cual
pretendió atribuirle un interés patrimonial privado sobre un asunto de política
pública como lo era la implementación de un sistema de transporte público
en la ciudad de Bogotá durante su periodo como alcalde de dicha ciudad.

9. Agregó que, contrario a lo señalado en la respuesta de 17 de marzo
de 2025, las afirmaciones emitidas por el presidente de la República en el
consejo de ministros transmitido el 4 de febrero de 2025, no estaban
sustentadas en hechos notorios respecto de la simpatía que guarda el
accionante sobre el sistema de transporte público Transmilenio, sino que, en
su lugar, divulgó una afirmación maliciosa sin sustento fáctico ni probatorio
en su contra, con la cual se veían afectados su honor, intimidad y buen
nombre.

1.2. Sentencia de primera instancia3 e impugnación

10. Mediante Sentencia de 12 de junio de 2025, la Sección Quinta del
Consejo de Estado negó la solicitud de amparo. Para ello, consideró que las
declaraciones realizadas por el presidente se dieron en el marco de una
discusión respecto de los modelos de transporte que se han implementado
en Bogotá y, a juicio del despacho, se basaron en hechos difundidos por el
accionante en su activa promoción del sistema de transporte público
Transmilenio, tanto en su rol como alcalde de Bogotá, como en su calidad
de consultor y conferencista internacional.

3 Mediante Auto de 29 de abril de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela de

la referencia en contra del presidente de la República.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02284-01
Demandante: Enrique Peñalosa Londoño
Demandado: Presidente de la República
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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11. Aunado a lo anterior, indicó que, de la afirmación objeto de
controversia4, no era dable concluir que hubo una vulneración a los
derechos fundamentales del accionante, toda vez que no correspondía
con una acusación sobre alguna clase de ilícitos cometidos durante su
periodo como alcalde de Bogotá, sino una “crítica política sustentada en
hechos verificables, como lo es su reiterada defensa del modelo
Transmilenio”. Adicionalmente, indicó que (se trascribe) “No puede
considerarse, como lo solicita el accionado, como un «precedente»
aplicable a este caso, la Sentencia de la Corte Constitucional T-244 de 2018,
pero es innegable que en esa decisión se encuentran elementos de juicio
que permiten concluir que las afirmaciones del [accionado], objeto de
controversia, no resultan totalmente infundada[s]”. En consecuencia, no se
configuró una afectación a su honra ni a su buen nombre.

12. La parte demandante impugnó la anterior decisión. Para ello, expuso
que el argumento utilizado por el juez de primera instancia carecía de
precisión, toda vez que reducía la controversia de la presente acción de
tutela a una mera discrepancia ideológica sobre los modelos de transporte
adoptado en Bogotá, y pasaba por alto que, con las afirmaciones emitidas
por el presidente de la República, se sugería que el accionante tenía un
“interés económico personal en decisiones públicas” que adoptó en su
periodo como alcalde de Bogotá.

13. Además, puso de presente que se omitió valorar el escenario en el que
se difundió el mensaje, el cual fue un consejo de ministros, es decir, un
escenario institucional cuyo propósito era informar a la ciudadanía de las
gestiones realizadas por su gabinete en pro de la transparencia, con lo cual,
(se trascribe) “demuestra que la expresión en cuestión no fue emitida como
parte de un discurso político informal o espontáneo, sino en un contexto
institucional con pretensión explícita de veracidad, lo que excluye su
tratamiento como mera opinión subjetiva”

14. Agregó que, si bien, dichas afirmaciones no constituían conducta
penal alguna, se vulneró su derecho fundamental a la honra y buen nombre,
toda vez que se trataban de (se trascribe) “una imputación de hecho
específica, carente de justificación fáctica y con efectos reputacionales
directos” y, en consecuencia, (se trascribe) “la afirmación reprochada no
puede ser considerada una opinión política inocua, sino un señalamiento
específico con pretensión de verdad, sin soporte y con capacidad efectiva
de lesionar el buen nombre del exalcalde”. En esa medida, solicitó que se
revocara la sentencia de primera instancia en el sentido de amparar sus
derechos fundamentales.

4 Ver párrafo No. 4 de la presente providencia

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02284-01
Demandante: Enrique Peñalosa Londoño
Demandado: Presidente de la República
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
______________________________________________________________________________________________________________

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela. 2.2. Fijación de la controversia. 2.3.
Verificación de la vulneración alegada. 2.4. Conclusión.

2.1. Procedencia de la acción de tutela

15. En el presente caso, se cumplieron los requisitos de procedibilidad de
la acción de tutela porque esta se orientó a obtener la protección de los
derechos fundamentales5 a la honra y buen nombre. Enrique Peñalosa
Londoño es el titular de los derechos invocados como violados, por lo cual,
se tiene por acreditada la legitimación activa en la causa6.

16. De igual forma, el presidente de la República cuenta con legitimación
pasiva en la causa7, porque de este se predica la presunta vulneración.

17. Respecto del requisito de subsidiariedad8, la Sala considera que fue
superado por no existir recurso judicial idóneo y eficaz que permitiera al
accionante alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa
de los derechos presuntamente vulnerados.

18. En relación con el requisito de inmediatez9, la Sala estima que se
cumple en la medida que la aparente afectación de derechos alegada por
la parte actora comenzó con las afirmaciones realizada durante la
transmisión del consejo de ministros de 4 de febrero de 2025 y desde
entonces no ha cesado ante la falta de una retractación por parte del
presidente de la República. Adicionalmente, entre la fecha de la respuesta
a la solicitud de retractación y la presentación de la acción de tutela no
transcurrió un tiempo extenso, lo que demuestra diligencia del accionante.

2.2. Fijación de la controversia

19. Corresponde a la Sala determinar si el presidente de la República
vulneró los derechos fundamentales a la honra y buen nombre de Enrique
Peñalosa Londoño con ocasión de lo que afirmó respecto de él durante la
transmisión del consejo de ministros de 4 de febrero de 2025. Como
consecuencia de lo anterior, se confirmará, modificará o revocará la
decisión de primer grado.

2.3. Verificación de la vulneración alegada

5 Decreto 2591 de 1991. Artículo 2, en concordancia con el artículo 5 y los numerales 2 y 3 del artículo 6 ibidem.
6 Decreto 2591 de 1991. Artículos 10 y 13, en concordancia con el artículo 1 ibidem.
7 Ídem.
8 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 1)
9 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 4)

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02284-01
Demandante: Enrique Peñalosa Londoño
Demandado: Presidente de la República
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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20. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, mediante la cual
se negó el amparo solicitado por Enrique Peñalosa Londoño, por las razones
que pasan a explicarse:

21. El accionante, en su escrito de tutela, solicitó que se ampararan sus
derechos fundamentales a la honra y buen nombre, los cuales consideró
transgredidos con la declaración realizada por el presidente de la
República, en el marco de un consejo de ministros trasmitido el 4 de febrero
de 2025. Para fundamentar su solicitud, mencionó que el jefe de Estado
había lanzado una acusación en su contra sin contar con un respaldo
probatorio para sustentarla.

22. Habida cuenta lo anterior, la Sala considera pertinente aclarar que, de
acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional10 y el Consejo de
Estado11, las opiniones emitidas por funcionarios públicos, bajo el ejercicio
del derecho a la libertad de expresión, requieren cumplir con un estándar
mínimo de razonabilidad, verificación y suficiencia, con el objetivo de evitar
manifestaciones basadas en hechos infundados o falsos.

23. Aunado a lo anterior, es importante, como lo hizo el juz de tutela de
primera instancia, traer a colación la Sentencia T – 244 de 2018, toda vez
que, producto del debate suscitado en dicho precedente, se logró
corroborar que:

24. 1) El accionante “prestó sus servicios profesionales a una empresa
dedicada a la promoción de sistemas de movilidad, entre los cuales se
cuentan los que funcionan a partir de buses rápidos”, específicamente ITDP,
2) “en cumplimiento de las misiones del ITDP, fungió como experto en
diferentes espacios, asimismo, explicó, respecto del comercial aportado al
expediente, que su representado participó con otros exalcaldes informando
el éxito de los sistemas de buses de tránsito rápido”, 3) se aportó
“ publicación del ITDP del 8 de septiembre de 2009, a través de la cual se da
a conocer que Enrique Peñalosa Londoño fue nombrado como presidente
de esa institución”, y 4) por declaraciones del Exdirector Ejecutivo del ITDP
se corroboró que el señor Peñalosa Londoño “tenía la misión de reunirse con
alcaldes y gobernantes alrededor del mundo, así como hablar en muchos
eventos para mostrar lo que se había hecho en la ciudad de Bogotá.

25. Bajo ese panorama, se considera que las afirmaciones realizadas por el
presidente de la República, en el marco de la trasmisión del consejo de
ministros de 4 de febrero de 2025, estaban respaldadas con información

10 Sentencias T-244, T-695 y T-117 de 2018.
11 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 27 de

septiembre de 2024, radicación no. 11001-03-15-000-2024-02507-01
Consejo de estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de noviembre de 2024, radicación no. 11001-
03-15-000-2024-05736-00 (AC)

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02284-01
Demandante: Enrique Peñalosa Londoño
Demandado: Presidente de la República
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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pública que permitía superar el estándar mínimo de razonabilidad,
verificación y suficiencia. En consecuencia, tal y como lo indicó el juez de
tutela de primera instancia, puede sostenerse que dichas afirmaciones
constituyen una crítica a las políticas públicas de transporte urbano sobre los
alcances e impactos del modelo Transmilenio implementado en la ciudad
de Bogotá D.C.

26. Aunado a lo anterior y respecto del reparo frente al uso de la palabra
“negocio”, contenida en la declaración cuestionada por el accionante,
quien indicó que con ella se pretendió atribuirle un interés patrimonial
privado sobre un asunto de política pública como lo era la implementación
de un sistema de transporte público en la ciudad de Bogotá durante su
periodo como alcalde de dicha ciudad, es importante poner de presente
que la palabra “negocio” proviene del latín “negotium”, la cual se forma al
combinar “nec” (no) y “otium” (ocio), lo que significa literalmente “lo que
no es ocio”, es decir, se puede entender como negocio cualquier actividad,
gestión o asunto que exige dedicación y que puede tener, o no,
implicaciones económicas. De manera que no se le puede dar una
connotación netamente patrimonial, ni mucho menos de ilicitud.

27. En esa medida, no es posible concluir que el uso de dicha expresión
afectó los derechos fundamentales a la honra y buen nombre del
accionante, toda vez que el término no posee o denota alguna
connotación negativa, así como tampoco constituye una imputación de
alguna conducta ilícita o irregular en contra del señor Peñalosa Londoño por
parte del presidente de la República. En consecuencia, la manifestación
cuestionada debe entenderse como una crítica a un modelo de gestión
relacionado con el transporte público y que se enmarca en los límites
legítimos de la libertad de expresión.

28. Así las cosas, resulta claro que el presidente de la República no vulneró
los derechos fundamentales del señor Peñalosa, pues lo alegado no
trasciende de una mera inconformidad frente a las declaraciones dadas por
el presidente de la República, y tal disenso no configura, por sí mismo, una
afectación a las garantías constitucionales invocadas.

2.4. Conclusión

29. La Sala confirmará la sentencia de tutela de primera instancia,
mediante la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado negó el amparo
de los derechos fundamentales solicitado por el accionante.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02284-01
Demandante: Enrique Peñalosa Londoño
Demandado: Presidente de la República
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 12 de junio de 2025, mediante la
cual la Sección Quinta del Consejo de Estado negó el amparo solicitado por
Enrique Peñalosa Londoño, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberá dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin12.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE,
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

12 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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