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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-02507-01

Fecha
27 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
11 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-02507-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Confirmar la sentencia del 13 de junio de 2024, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, de acuerdo con las razones anotadas. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-02507-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

27 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02507-01
Demandante: ALEJANDRO GAVIRIA URIBE
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala1 decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
del 13 de junio de 2024, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que
negó el amparo solicitado.

I. A N T E C E D E N T E S

Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 29 de mayo de la presente anualidad, el señor Alejandro Gaviria Uribe
interpuso acción de tutela contra el presidente de la República Gustavo Petro
Urrego, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la dignidad y al
buen nombre y honra, «con ocasión de las manifestaciones y falsas acusaciones
que hizo públicamente durante los días 21 y 25 de marzo de 2024». Formuló las
siguientes pretensiones:

PRIMERO: Con fundamento en los hechos relacionados, la jurisprudencia y la
normativa aplicable, muy respetuosamente solicito al despacho tutelar mis
derechos fundamentales a la dignidad, buen nombre y honra previstos en la
Constitución Nacional, en razón a que han sido VULNERADOS por parte del
Presidente de la República Gustavo Petro.

SEGUNDO: Ordenar al Presidente de la República Gustavo Petro rectificar
públicamente y por los mismos medios en que se hizo la divulgación inicial, la
información difundida los días 21 y 25 de marzo de la presente anualidad
respecto de mi persona y mi gestión como Ministro de Educación Nacional.

1 Se advierte que, el 22 de agosto de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada

ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02507-01
Demandante: Alejandro Gaviria Uribe
Demandado: Presidencia de la República
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

2. Las pretensiones formuladas por la parte demandante se sustentan en los
siguientes hechos jurídicamente relevantes:

3. Mediante Resolución 1666 del 7 de agosto de 2022, el presidente de la República
designó como ministro de Educación Nacional al señor Alejandro Gaviria Uribe,
cargo que desempeñó hasta el 1º de marzo de 2023, cuando, en Resolución 247,
se aceptó su renuncia.

4. El 21 de marzo del año en curso, en el marco de un discurso público que
pronunció en la ciudad de Montería, el presidente de la República declaró lo
siguiente:

Alejandro Gaviria... en el primer año dejó perder un billón y medio de pesos que
iba a las universidades y lo dejó trasladar al FOMAG donde hay una olla de
corrupción, donde la politiquería se come la plata. Por estar cuidándole el
negocio a las EPS, que no era su competencia, por eso se fue de mi gobierno.

5. Narra la demanda que, el 25 de marzo siguiente, a través de su cuenta de la red
social X, el presidente de la República publicó el siguiente mensaje (trascripción
literal):

5. Informan que Alejandro Gaviria pide rectificación y les informo que a
Alejandro Gaviria se le responderá que (sic) pasó con el billón trescientos mil
millones de pesos que puse en el presupuesto para financiar la infraestructura
de la educación superior y que desapareció. Presupuesto del 2023 aprobado
en el 2022.

6. Inconforme con las anteriores declaraciones, el 11 de abril de 2024, el señor
Alejandro Gaviria Uribe solicitó al presidente de la República que rectificara la
información allí contenida.

7. Según el demandante, tal petición fue resuelta por la jefe (e) del despacho
presidencial, mediante comunicación OFI24 000 84938/ GFPU12.000.000 del 3 de
mayo siguiente, en la que calificó lo dicho por el presidente como una manifestación
de su derecho a la libertad de expresión, sin tener en cuenta la entidad de las
conductas endilgadas y la calidad de los sujetos involucrados.

8. En cuanto a los fundamentos de la solicitud de amparo, el señor Alejandro Gaviria
Uribe expuso que:

2

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Demandado: Presidencia de la República
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

9. Las declaraciones del presidente de la República carecen de veracidad, no tienen
sustento probatorio y no obedecen a un fin constitucional legítimo. Se trata, más
bien, de juicios de valor que escapan al ámbito de protección de la libertad de
expresión en el debate público, en tanto evidencian la intención «dañina,
desproporcionada e insultante» del primer mandatario de afectar sus derechos
fundamentales al buen nombre y la honra.

10. Las afirmaciones divulgadas en medios de comunicación y a través de la cuenta
del presidente en la red social X sugieren una malversación de recursos públicos y
el apoyo a la corrupción, acusaciones que, incluso, podrían tener consecuencias
penales y disciplinarias.

11. Se vulneraron sus derechos fundamentales, al ser presentado «ante la
colectividad como alguien que actúa de manera deshonesta y poco ética en el
manejo de los recursos públicos».

Trámite impartido en primera instancia e intervenciones

12. Mediante auto del 22 de mayo de 20242, el despacho sustanciador del proceso
en primera instancia admitió la solicitud de amparo y vinculó al presidente de la
República y a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República.

13. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República3 solicitó
que se negara la solicitud de amparo, por considerar que las declaraciones del
presidente se enmarcan en el derecho fundamental a la libertad de expresión, pues
estaban orientadas a cuestionar la falta de priorización de las inversiones de
infraestructura educativa, la distribución del presupuesto asignado a la cartera
ministerial que el ahora accionante entonces dirigía y la ordenación del gasto de
dichos rubros presupuestales.

14. De ahí que lo dicho por el primer mandatario no tenía el carácter ofensivo que
pretende atribuirle el demandante y, menos aún, buscaba endilgarle la comisión de
conductas delictivas o de responsabilizarlo de actos de corrupción, como se indicó
en la solicitud de amparo. En todo caso, existe una protección especial del discurso

2 SAMAI, índice 4.
3 SAMAI, índice 9.

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Demandante: Alejandro Gaviria Uribe
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político, sobre todo cuando los servidores estatales debaten asuntos de interés
público.

15. El 4 de junio de 2024, el señor Alejandro Gaviria Uribe presentó memorial
contentivo de «algunas consideraciones y precisiones de orden jurídico y fáctico»
frente a la contestación de la demanda, tales como:

16. (i) El juez constitucional es competente para determinar qué conductas son
violatorias de los derechos fundamentales, incluidas aquellas desplegadas por el
presidente de la República, cuyo fuero constitucional no escapa al juicio de tutela;
(ii) la entonces jefe (e) del despacho presidencial, Laura Sarabia, carecía de
legitimación para responder por los actos del primer mandatario, dado que las
aclaraciones, rectificaciones o ratificaciones deben provenir del propio autor; (iii) las
declaraciones del presidente sugieren la comisión de conductas con consecuencias
penales y disciplinarias, por lo que el juicio de reproche en su contra debe ser mayor
y (iv) no se puede desconocer el papel del juez constitucional en el control de los
abusos de poder del presidente, como cuando vulnera derechos fundamentales
«bajo la excusa de un debate político inexistente y un derecho a la libre expresión
sin límites».

Fallo impugnado

17. Previa verificación del cumplimiento de los requisitos generales de inmediatez
y subsidiariedad, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 13 de
junio de 2024, negó el amparo de los derechos fundamentales a la dignidad, al buen
nombre y a la honra del señor Alejandro Gaviria Uribe.

18. Consideró, como hecho notorio, que el señor Gaviria Uribe es un personaje
público, ampliamente reconocido, que ha participado en el debate político, por lo
que no es un ciudadano particular en condición de indefensión o vulnerabilidad o
debilidad manifiesta respecto del accionado. Al contrario, dadas sus calidades de
ex alto funcionario y personaje público, cuando personas como el aquí demandante
ejercen la acción de tutela para reclamar la protección de los derechos
fundamentales al buen nombre y a la honra, deben asumir una carga argumentativa
y probatoria mayor que la de quienes están en situación de indefensión.

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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

19. Las declaraciones del presidente de la República se dieron en el marco de un
discurso político que goza de protección constitucional y, por ende, era al señor
Alejandro Gaviria Uribe, como figura pública, a quien le correspondía asumir una
mayor carga argumentativa y probatoria para desvirtuar la presunción de primacía
de la libertad de expresión frente a la presunta afectación de sus derechos
fundamentales al buen nombre y a la honra, carga que, para el juez de tutela de
primera instancia, no se cumplió, entre otras cosas, porque el actor no precisó «cuál
fue el papel del presidente de la República y de él como ministro de Educación en
la asignación de los recursos a que se refiere este debate».

Impugnación

20. El señor Alejandro Gaviria Uribe insistió en que en las declaraciones dadas en
Montería y en la red social X el presidente de la República lo acusó de ser autor de
varias conductas punibles y que, contrario a lo afirmado por el juez a quo, no son
apreciaciones personales y subjetivas desprovistas de la intención de atentar contra
su honra y buen nombre.

21. A juicio del demandante, en el fallo impugnado se omitió realizar un juicio de
ponderación de derechos fundamentales, reconociendo los límites del derecho a la
libertad de expresión del presidente con el fin de evitar que se le atribuya una
inmunidad inquebrantable que le permita realizar señalamientos y acusaciones sin
fundamento que menoscaben sus derechos al buen nombre y a la honra.

22. Precisó que, ciertamente, fue precandidato presidencial, ministro de Salud y
ministro de Educación, lo cual le ha dado reconocimiento público; sin embargo, ello
no implica que se encuentre en igualdad de condiciones frente a las declaraciones
calumniosas e injuriosas del presidente de la República, quien además ostenta el
poder de «masificación» de sus mensajes en redes sociales y en medios de
comunicación. En su criterio, la tensión entre sus derechos fundamentales y la
libertad de expresión del primer mandatario debió resolverse mediante un adecuado
juicio de ponderación, criterio que se desdibujó cuando el juez constitucional de
primer grado concluyó que la relación entre los sujetos en contienda era simétrica.

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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

23. Argumentó que la decisión impugnada desconoció pronunciamientos de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) relevantes 4 , en los que se
reconoce el alcance y límites del derecho a la libertad de expresión de los
funcionarios públicos, imponiéndoles la exigencia de «constatar de forma razonable,
aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus
opiniones y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por los
particulares».

24. Finalmente, sostuvo que la Sección Quinta de esta Corporación omitió valorar
algunas pruebas e interpretó erróneamente otras. En ese sentido, consideró que un
análisis adecuado del caso exigía estudiar el contenido de las declaraciones del
primer mandatario, con el fin de determinar su veracidad y también si se enmarcan
en el ámbito de la libertad de expresión. Agregó que su salida del ministerio de
Educación Nacional se produjo casi cinco meses antes de la expedición del Decreto
1234 de 2023, que efectuó unas modificaciones al Presupuesto General de la
Nación, entre otras, la de adicionar recursos a aquella cartera, lo cual constituye
«prueba suficiente e irrefutable de la falsedad y ausencia de mínima veracidad de
las expresiones del señor Gustavo Petro».

Trámite en segunda instancia

25. En consideración a que la ponencia inicial fue derrotada en sala del 13 de agosto
de 2024, por auto del 14 del mismo mes y año, el magistrado José Roberto Sáchica
Méndez dispuso que se remitiera el expediente al despacho de la magistrada María
Adriana Marín, para que elaborara la nueva ponencia. Finalmente, el expediente
ingresó al despacho el 24 de agosto de 2024.

II. CONSIDERACIONES

Precisión preliminar

26. La Sala se ocupará de analizar los argumentos de inconformidad expuestos en
el escrito de impugnación, los cuales se limitan a establecer si existe una verdadera
colisión entre el derecho a la libertad de expresión del presidente de la República y
los derechos a la honra y el buen nombre del accionante, por las declaraciones que

4 El accionante no identificó las providencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a las

que aludió.

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se reprochan en la demanda, que amerite un juicio de ponderación entre esos
bienes jurídicos. El análisis deberá concluir si existe o no mérito para ordenar la
protección de los derechos que el impugnante estima vulnerados.

27. En el escrito que radicó el demandante para refutar los argumentos de defensa
expuestos en la contestación a la demanda, mencionó que el fuero del presidente
de la República no escapa al juicio de tutela; además, la jefe encargada del
despacho presidencial no tenía legitimación para dar respuesta al requerimiento del
demandante. Estos asuntos no serán abordados en esta providencia, por cuanto no
hacen parte de la controversia planteada en la demanda ni tienen el propósito de
develar la vulneración de los derechos cuya protección se pretende.

Problema Jurídico

28. En los términos de la impugnación, corresponde a la Sala determinar si hay lugar
a confirmar, revocar o modificar el fallo del 13 de junio de 2024, proferido por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante el cual se negó la solicitud de
amparo.

Análisis de la Sala

Derechos fundamentales al buen nombre y a la honra frente al ejercicio de la
libertad de expresión en el discurso político

29. El derecho a la libre expresión5 se encuentra consagrado en el artículo 2 de la
Constitución Política y abarca la libertad de: (i) expresar y difundir el pensamiento y
opiniones; (ii) informar y recibir información veraz e imparcial, y (iii) fundar medios
de comunicación masiva, libres y con responsabilidad social. Tal prerrogativa trae

5
La Corte Constitucional ha explicado que la libertad de expresión posee un doble sentido: «la
libertad de expresión en sentido genérico consiste en el derecho general a comunicar cualquier tipo
de contenido a otras personas e incluye no sólo la libertad de expresión en sentido estricto sino
también las libertades de opinión, información y prensa previstas en el artículo 20 de la
Constitución. Entre tanto, la libertad de expresión en sentido estricto se define como el derecho de
las personas a expresar y difundir libremente el propio pensamiento, opiniones e ideas, sin
limitación, a través del medio y la forma escogidos por quien se expresa. Conlleva el derecho de su
titular a no ser molestado por expresar su pensamiento, opiniones (sic) o ideas y cuenta además
con una dimensión individual y una colectiva».
Sentencia T-007 de 20 de enero de 2020, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
Ha expuesto, igualmente, que la libertad de expresión presenta dos componentes: la libertad de
expresión en sentido estricto o de opinión y la libertad de información. La primera «abarca todos los
enunciados que pretenden difundir ideas, pensamientos, opiniones, entre otros, mientras que la
segunda se refiere a la capacidad y la posibilidad de transmitir noticias sobre, o dar a conocer,
sucesos determinados».
Sentencia T-203 de 9 de junio de 2022. M.P. Diana Fajardo Rivera.

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aparejados el derecho a la rectificación en condiciones de equidad y la garantía de
no censura.

30. En su dimensión política, la libre expresión tiene la finalidad principal de
profundizar la democracia, en tanto contribuye a la construcción de mejores y más
informadas políticas públicas, mantiene abiertos los canales para el cambio político,
previene los abusos gubernamentales de poder, protege a las minorías políticas
activas y contribuye a la formación de la opinión pública 6 . En palabras de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)7:
Dentro de una sociedad democrática [es necesario que] se garanticen las
mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas, opiniones, así como el
más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto
[…]Tal como está concebido en la Convención Americana, [es necesario] que
se respete escrupulosamente el derecho de cada ser humano de expresarse
libremente y el de la sociedad en su conjunto de recibir información.

31. La libre expresión, como cualquier otro derecho fundamental, no es absoluto;
encuentra sus límites en el respeto y protección del interés general, los derechos
individuales, la convivencia pacífica y el orden social. En ese sentido, podrá ser
restringido o castigado cuando afecta la honra, la dignidad y la privacidad de otros.

32. El concepto de honra se refiere a la valoración que los demás tienen de una
persona; está, así, directamente relacionada con la reputación y el reconocimiento
social. El buen nombre, por su parte, se corresponde con la «buena imagen», es
decir, parte de una valoración individual y colectiva que tiene origen en todos los
actos y hechos que una persona realiza, a partir de los cuales la comunidad efectúa
un juicio de valor sobre su comportamiento8.

33. La honra y el buen nombre hacen parte del conjunto de privilegios que gozan de
protección en los instrumentos internacionales vinculantes para Colombia y en la
legislación nacional.

6 Consultar, por ejemplo, Corte Constitucional, sentencia T-391 de 22 de mayo de 2007, M.P. Manuel

José Cepeda Espinosa.
7 Antecedentes e Interpretación de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión,

párrafo 10.
8 La Corte Constitucional se refirió a la noción de honra y buen nombre, entre otras, en las sentencias

T-110 de 25 de marzo de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y T-007 de 20 de enero de 2020,
M.P. José Fernando Reyes Cuartas. La Corte interamericana de Derechos Humanos, aunque no
presenta definiciones taxativas de los conceptos, abordó la interpretación y alcance de los derechos
a la honra y el buen nombre, cuando entran en conflicto con el derecho a la libertad de expresión,
por ejemplo, en el caso Kimel vs. Argentina (2008)

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34. La Declaración Universal de Derechos Humanos9 y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos10 establecen que nadie será objeto de ataques a su
honra o reputación, y toda persona tendrá derecho a la protección del Estado contra
esas conductas.

35. La Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José-
reiteró la misma regla contenida en los instrumentos anteriores (art. 13) y añadió
que «toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en
su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se
dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de
difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley» (art.
14).

36. La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, por su parte,
prescribe que «toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión
y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio».

Caso concreto y solución del problema jurídico

37. La Sala confirmará el fallo impugnado, por las razones que pasan a exponerse:

38. La providencia de primera instancia consideró que existía simetría entre los
actores políticos involucrados en la colisión de derechos que es materia de análisis,
dado su reconocimiento público. En concreto, señaló que el accionante no se
encuentra en condición de indefensión o vulnerabilidad manifiesta porque es un
personaje público, ampliamente reconocido en el ámbito político nacional, de ahí
que deba soportar una mayor carga para demostrar la vulneración de sus derechos
a la honra y el buen nombre. Agregó que el demandante no dejó claro su papel y el
del presidente de la República en la asignación de los recursos en cuestión.

39. El impugnante, por su parte, considera que las acusaciones del presidente de la
República se relacionan con hechos punibles y tuvieron la intención de afectar sus

9 Artículo 12. «Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio

o su correspondencia, ni de ataques a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra tales injerencias o ataques».
10 Artículo 17.

“1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio
o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.

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derechos a la honra y el buen nombre; por consiguiente, en su criterio, debió
realizarse un juicio de ponderación, en el que debió tenerse en cuenta la
desigualdad de condiciones en la que se halla frente al ofensor, quien tiene el poder
de masificación de sus mensajes en redes sociales y medios de comunicación.

40. Para desatar la discusión, conviene hacer alusión a ciertos pronunciamientos
jurisprudenciales que se han referido a los conflictos suscitados entre los derechos
a la libertad de expresión y el buen nombre y la honra.

41. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuya jurisdicción
fue reconocida por Colombia11, se ha referido, por vía jurisprudencial, a los derechos
a la libertad de expresión, el buen nombre y la honra en el contexto político, entre
otros, en los casos «Ricardo Canese vs. Paraguay»; «Mémoli vs. Argentina»; «Ríos
y otros vs. Venezuela» y «Kimel vs. Argentina», de los que vale la pena resaltar las
siguientes consideraciones:

41.1. En el caso «Ricardo Canese vs. Paraguay»12 la Corte IDH refirió que en el
contexto político debe haber un margen más amplio para el debate público, por la
exposición voluntaria al escrutinio público de quienes deciden participar de la
contienda. Así se refirió en esa ocasión:

El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública,
fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la
responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la cual
debe existir un mayor margen de tolerancia frente a afirmaciones y
apreciaciones vertidas en el curso de los debates políticos o sobre
cuestiones de interés público.
(…)

Las anteriores consideraciones no significan, de modo alguno, que el honor de
los funcionarios públicos o de las personas públicas no deba ser jurídicamente
protegido, sino que éste debe serlo de manera acorde con los principios del
pluralismo democrático 13 . Asimismo, la protección de la reputación de
particulares que se encuentran inmiscuidos en actividades de interés público
también se deberá realizar de conformidad con los principios del pluralismo
democrático.
(…)

11 Colombia aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de

Costa Rica-, mediante la Ley 16 de 1972. Los órganos competentes para conocer de los asuntos
relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Parte en esa
Convención son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. El gobierno de Colombia reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte el
21 de junio de 1985.
12 Sentencia de 31 de agosto de 2004. El mismo razonamiento fue reiterado en el caso Herrera Ulloa

vs. Costa Rica, en sentencia del 2 de julio de 2004.
13 Cita original: Cfr. Caso Herrera Ulloa, supra nota 15, párr. 128.

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Es así que tratándose de funcionarios públicos, de personas que ejercen
funciones de una naturaleza pública y de políticos, se debe aplicar un umbral
diferente de protección, el cual no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el
carácter de interés público que conllevan las actividades o actuaciones de una
persona determinada. Aquellas personas que influyen en cuestiones de
interés público se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público
más exigente y, consecuentemente, en ese ámbito se ven sometidos a un
mayor riesgo de sufrir críticas, ya que sus actividades salen del dominio
de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público14. En
este sentido, en el marco del debate público, el margen de aceptación y
tolerancia a las críticas por parte del propio Estado, de los funcionarios públicos,
de los políticos e inclusive de los particulares que desarrollan actividades
sometidas al escrutinio público debe ser mucho mayor que el de los
particulares. (se resalta)

41.2. En el caso «Ríos y otros vs. Venezuela»15 se discurrió sobre la importancia de
la participación de las ideas plurales y diversas en el debate político, en una
sociedad democrática, y la responsabilidad de garantizar la libertad de difundirlas.
La Corte IDH precisó:
Dada la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática y
la responsabilidad que entraña para los medios de comunicación social y para
quienes ejercen profesionalmente estas labores, el Estado debe minimizar
las restricciones a la información y equilibrar, en la mayor medida posible,
la participación de las distintas corrientes en el debate público,
impulsando el pluralismo informativo. En estos términos se puede explicar
la protección de los derechos humanos de quien enfrenta el poder de los
medios, que deben ejercer con responsabilidad la función social que
desarrollan, y el esfuerzo por asegurar condiciones estructurales que
permitan la expresión equitativa de las ideas. (se resalta)

41.3. En el caso «Mémoli vs. Argentina» 16 , se explicó que la tensión entre los
derechos a la libertad de expresión y la honra debe resolverse mediante un juicio
de ponderación:

Tanto la libertad de expresión como el derecho a la honra, derechos ambos
protegidos por la Convención, revisten suma importancia, por lo cual es
necesario garantizar ambos derechos, de forma que coexistan de manera
armoniosa17. El ejercicio de cada derecho fundamental tiene que hacerse con
respeto y salvaguarda de los demás derechos fundamentales. En ese proceso
de armonización le cabe un papel medular al Estado buscando establecer las
responsabilidades y sanciones que fueren necesarias para obtener tal
propósito18. La necesidad de proteger los derechos que pudieran verse
afectados por un ejercicio abusivo de la libertad de expresión, requiere la
debida observancia de los límites fijados a este respecto por la propia

14 Cita original: Cfr. Caso Herrera Ulloa, supra nota 15, párr. 129.
15 Sentencia de 28 de enero de 2009.
16 Sentencia de 22 de agosto de 2013.
17 Cita original: Cfr. Caso Kimel Vs. Argentina, supra, párr. 51, y Caso Fontevecchia y D’Amico Vs.

Argentina, supra, párr. 50.
18 Cita original: Cfr. Caso Kimel Vs. Argentina, supra, párr. 75, y Caso Fontevecchia y D’Amico Vs.

Argentina, supra, párr. 50.

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Convención 19 . La solución del conflicto que se presenta entre ambos
derechos requiere de una ponderación entre los mismos, a través de un
juicio de proporcionalidad, para lo cual deberá examinarse cada caso, conforme
a sus características y circunstancias, a fin de apreciar la existencia e
intensidad de los elementos en que se sustenta dicho juicio20. (se resalta)

41.4. En el caso «Kimel vs. Argentina»21 se indicó que ante el conflicto entre los
derechos a la libertad de expresión y la honra, el análisis de ponderación debe
definir si la restricción de uno resulta estrictamente proporcional y justifica la
limitación del otro. Se señaló, además, que el funcionario público se encuentra
expuesto a un escrutinio más exigente, de ahí que la libertad de expresión goce de
una mayor protección. Expuso la Corte IDH al respecto:

83. En este último paso del análisis se considera si la restricción resulta
estrictamente proporcional, de tal forma que el sacrificio inherente a aquella no
resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante
tal limitación.
(…)

84. Para el caso que nos ocupa, la restricción tendría que lograr una importante
satisfacción del derecho a la reputación sin hacer nugatorio el derecho a la libre
crítica contra la actuación de los funcionarios públicos. Para efectuar esta
ponderación se debe analizar i) el grado de afectación de uno de los
bienes en juego, determinando si la intensidad de dicha afectación fue
grave, intermedia o moderada; ii) la importancia de la satisfacción del bien
contrario, y iii) si la satisfacción de éste justifica la restricción del otro. En
algunos casos la balanza se inclinará hacia la libertad de expresión y en otros
a la salvaguarda del derecho a la honra.
(…)

86. Respecto al derecho a la honra, las expresiones concernientes a la
idoneidad de una persona para el desempeño de un cargo público o a los
actos realizados por funcionarios públicos en el desempeño de sus
labores gozan de mayor protección, de manera tal que se propicie el
debate democrático. La Corte ha señalado que en una sociedad
democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio
y la crítica del público. Este diferente umbral de protección se explica porque
se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus actividades
salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate
público. Este umbral no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés
público de las actividades que realiza. (se resalta)

42. La Corte Constitucional, en la misma línea trazada por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, ha considerado que en los casos de conflicto entre la
libertad de expresión y los derechos a la honra y el buen nombre debe aplicarse el
método de la ponderación, sobre la base inicial de: (i) la presunción de la primacía

19 Cita original: Cfr. Caso Kimel Vs. Argentina, supra, párr. 56, y Caso Fontevecchia y D’Amico Vs.

Argentina, supra, párr. 50.
20 Cita original: Cfr. Caso Kimel Vs. Argentina, supra, párr. 51.
21 Sentencia de 2 de mayo de 2008.

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de la libertad de expresión sobre los demás derechos y (ii) una menor limitación en
el discurso político, concretamente frente a figuras públicas, quienes deben soportar
una carga superior en el ámbito de sus derechos a la honra, intimidad y buen
nombre, por la exposición voluntaria al escrutinio público que asumieron22.

43. En sentencia SU-420 de 12 de septiembre de 2019 23 , al estudiar un caso
relacionado con la publicación de información a través de canales digitales, la Corte
mencionó que la libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a
todos los medios de comunicación, por lo que sus limitaciones son excepcionales y
«la presunción de este derecho tiene plena vigencia en el entorno digital». Agregó
que las expresiones cuestionadas, para vulnerar la honra y el buen nombre, deben
tener la capacidad de denigrar a una persona, a la vez que confirmó que las
autoridades tienen una mayor carga frente al ejercicio de la libertad de expresión de
terceros. En esa oportunidad, se hicieron las siguientes precisiones:

En la divulgación de ciertas opiniones o pensamientos pueden identificarse
expresiones desproporcionadas en relación con los hechos que se quieren
comunicar o cierto grado de insulto que denotan la intención injustificada de
dañar, perseguir u ofender a la persona, lo que deriva en una vulneración de
los derechos al buen nombre, honra e intimidad, entre otros relacionados.

Por tanto, conforme a la jurisprudencia, la intención dañina,
desproporcionada o insultante no va a depender de la valoración
subjetiva que de la manifestación realice el afectado, sino de un análisis
objetivo y neutral que de la misma se haga y que arroje como resultado la
vulneración del núcleo esencial de los derechos al buen nombre y a la
honra.
(…)

La jurisprudencia ha indicado que las autoridades públicas tienen un deber de
soportar mayores cargas en el ejercicio democrático que comporta la libertad
de expresión. Con base en los pronunciamientos de la Corte IDH, ha
manifestado que se requiere una «mayor laxitud en el debate sobre asuntos de
interés público y en las expresiones respecto de las personas que ejercen
funciones públicas, pues de esa manera se previenen los sistemas de gobierno
autoritarios»24.

Así las cosas, los funcionarios del Estado «voluntariamente se sometieron al
escrutinio de su vida pública y de aquellos aspectos de su fuero privado sobre
los cuales le asiste a la ciudadanía un legítimo derecho a conocer y debatir, por
estar referidos: (i) a las funciones que esa persona ejecuta; (ii) al
incumplimiento de un deber legal como ciudadano; (iii) a aspectos de la vida
privada relevantes para evaluar la confianza depositada en las personas a las
que se confía el manejo de lo público; (iv) a la competencia y capacidades
requeridas para ejercer sus funciones.
(…)

22 Sentencia T-391 de 22 de mayo de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
23 M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
24 Cita original: Sentencia T-244 de 2018.

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El fallador de instancia debe realizar «un delicado y complejo balance» entre
la protección extensa que se confiere a la libertad de expresión y la garantía de
los derechos al buen nombre, honra o intimidad, «apuntando siempre a buscar
la medida menos lesiva para la libertad de expresión», de manera que se
garantice que ello no funja como un mecanismo de difamación y
desinformación «en tiempos en donde las ‘noticias falsas’ se apoderan de la
opinión pública y se propagan rápidamente a través de los distintos escenarios
digitales».
(…)

El derecho al buen nombre ha sido entendido como la reputación o la imagen
que de una persona tienen los demás miembros de la comunidad (…) y guarda
una relación de interdependencia material con el derecho a la honra, de manera
que la afectación de uno de ellos, generalmente concibe vulneración del otro.

Su desconocimiento se presenta cuando se difunde información falsa o
errónea, o se afecta la reputación o el concepto de una persona como
consecuencia de expresiones ofensivas o injuriosas, lo que conlleva
adicionalmente la transgresión de su dignidad humana.
(…)

Es indispensable establecer si, con fundamento en el principio de
proporcionalidad, las razones invocadas en un caso concreto tienen el peso
suficiente para justificar una interferencia en el ámbito de protección de la
libertad de expresión.

La Corte Constitucional ha referido que los intermediaros de Internet no son
responsables por el contenido que publican sus usuarios. (…) A pesar de que
estas plataformas no son las llamadas a responder por el contenido que
publican sus usuarios, en caso de que una autoridad judicial encuentre que un
contenido atenta contra los derechos fundamentales de una persona, puede
ordenar su remoción directamente a los intermediaros de Internet, en orden a
generar una garantía efectiva de las prerrogativas de la persona afectada,
porque el infractor no quiere o no puede cumplir con lo ordenado por un juez.
(se resalta)

44. En esa ocasión, la Corte sugirió una metodología para abordar los presupuestos
de subsidiariedad y relevancia constitucional de la acción de tutela, en
consideración a los criterios de: (i) calidad del accionante; (ii) quién comunica; (iii)
respecto de quién se comunica y, (iv) cómo se comunica.

45. En sentencia T-446 de 15 de octubre de 202025, la Corte expuso que la libertad
de expresión de los funcionarios públicos ostenta una mayor limitación que cuando
lo ejerce un ciudadano del común, porque aquellos desempeñan una actividad
reglada con alto compromiso social, de suerte que sus afirmaciones envuelven un
deber correlativo de respeto por la objetividad y veracidad. Se precisó, sin embargo,
que:

25 M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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Si el pronunciamiento no tiene la intención de transmitir información sino
criterios personales sobre la política oficial del respectivo servidor,
defiende su gestión, responde críticas, o expresa juicios sobre algún
asunto, cabe la apreciación personal y subjetiva, no siendo exigible la
estricta objetividad. No obstante, «para garantizar la formación de una
opinión pública verdaderamente libre, estas opiniones no pueden ser
formuladas sino a partir de mínimo de justificación fáctica real y de
criterios de razonabilidad».
(…)

Otro de los criterios que rige los pronunciamientos de los agentes estatales,
en particular los pertenecientes al poder ejecutivo, lo constituye la máxima
prudencia, parámetro que adquiere mayor trascendencia cuando las
afirmaciones cuestionan la rectitud pública de un ciudadano. (se resalta)

46. Por último, en sentencia T-203 de 202226, la Corte corroboró que la libertad de
expresión, en especial, cuando se trata del discurso político y el que recae sobre
funcionarios públicos o candidatos a ocupar cargos públicos, tiene una prevalencia
prima facie en caso de colisión normativa con otros principios; sin embargo, se
puede ver limitado ante discursos que incitan a cometer genocidio, de odio,
propaganda a favor de la guerra, apología al delito y pornografía infantil. Se sostuvo
en esa decisión que:

Es válido exigir a un ex funcionario o servidor público prudencia en la difusión
de información directamente relacionada con el cargo que ocupó y las
funciones que desempeñó, en especial, en atención al acceso a información
privilegiada o a la posibilidad de que la comunicación se refiera directamente a
su gestión, sin perjuicio de que su derecho a la libertad de expresión se
manifieste de manera plena en otros ámbitos.

Inversamente, la expresión crítica al poder tiene un margen
particularmente amplio. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
recordando a su vez la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos tiene establecido que los límites a la crítica aceptable son más
amplios frente a un político que frente a un particular, pues el primero
conscientemente está abierto a un riguroso escrutinio de sus palabras y
hechos por parte de los periodistas y la opinión pública en general, de
manera que debe demostrar mayor tolerancia. (se resalta)

47. Una conclusión breve de lo expuesto por la jurisprudencia es que la libertad de
expresión tiene una protección especial frente a otros derechos como la honra y el
buen nombre, especialmente en la esfera política, por la función que desempeña en
la consecución de los principios de la democracia; no obstante, cuando es ejercida
por una autoridad se exige un mayor grado de compromiso debido al impacto que
puede generar. La censura que formula un político, basada en un juicio personal,
sobre la gestión de otro funcionario público tiene un amplio espectro de aceptación

26 M.P. Diana Fajardo Rivera.

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y, a su vez, el destinatario de la crítica, cuando a su vez es un actor político, exige
una mayor tolerancia por la exposición al escrutinio público al que está sometido.

48. De acuerdo con lo señalado, como primera medida, resulta necesario establecer
si el contenido de las afirmaciones efectuadas por el presidente de la República, en
relación con las funciones desarrolladas por el accionante, tuvieron el alcance de
cercenar sus derechos a la honra y el buen nombre, por el contenido de las
manifestaciones y la desigualdad de condiciones entre el transmisor y el receptor
de la información, como se alegó en la impugnación. Sólo en caso de que se
advierta una afectación en los derechos involucrados y, por ende, una colisión con
el derecho a la libertad de expresión, se procederá con el análisis de ponderación,
a fin de determinar la necesidad o no de ordenar medidas de protección.

49. Los pronunciamientos del primer mandatario que se cuestionan son los
siguientes:

➢ Alejandro Gaviria... en el primer año dejó perder un billón y medio de
pesos que iba a las universidades y lo dejó trasladar al FOMAG donde
hay una olla de corrupción, donde la politiquería se come la plata. Por
estar cuidándole el negocio a las EPS, que no era su competencia, por
eso se fue de mi gobierno.

➢ 5. Informan que Alejandro Gaviria pide rectificación y les informo que a
Alejandro Gaviria se le responderá que (sic) pasó con el billón
trescientos mil millones de pesos que puse en el presupuesto para
financiar la infraestructura de la educación superior y que desapareció.
Presupuesto del 2023 aprobado en el 2022.

50. La Sala establece, en atención a las pautas fijadas por la Corte Constitucional
en la sentencia SU-420 de 2019, que las dos personas naturales involucradas en la
controversia ostentan la calidad de figuras públicas, siendo el emisor de los
mensajes el presidente de la República y el receptor del mismo un ex ministro de
Estado, lo que implica una reducción en la esfera de protección de sus derechos,
por el rol que desempeñan y el interés de la ciudadanía en conocer y debatir acerca
de las funciones que ejecutan o ejecutaron e incluso sobre aspectos de su vida
privada. Se advierte, así mismo, que el accionante solicitó al presidente la
rectificación de la información difundida.

51. En cuanto a la forma que se empleó para difundir la información, se observa que
uno de los mensajes se dio, de forma verbal, durante un discurso público en la

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ciudad de Montería, y el otro a través de la cuenta del presidente de la República,
en la red social X. De los medios empleados, el segundo podría tener mayor poder
de difusión, en consideración al número de personas que pueden acceder a su
contenido alojado en internet.

52. En este punto y, sin perjuicio de las consideraciones que hizo la Corte
Constitucional al analizar la relevancia constitucional en la providencia aludida, en
la que refirió, a manera de ejemplo, que un aspecto para determinar el impacto de
la publicación podría ser los «retweets» que recibió, la Sala establece que, en el
caso concreto, el número de seguidores que tiene el presidente de la República en
la red social X no necesariamente demuestra la vulneración aducida en la demanda
ni la desventaja de condiciones que afirma el accionante, dado el acceso equitativo
a los medios de comunicación de los personajes implicados y, en todo caso, por la
falta de constatación de la afectación de derechos fundamentales, tal como se pasa
a explicar.

53. Una lectura objetiva lleva a la Sala a considerar que las afirmaciones realizadas
por el presidente de la República corresponden a asuntos eminentemente políticos,
sobre la supuesta permisividad en la transferencia de ciertos recursos públicos al
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, por parte del entonces
ministro de Educación, que debieron ser destinados al fortalecimiento de la
infraestructura de las universidades públicas, discusión frente a la cual esta Sala no
tiene conocimiento para determinar si corresponden o no a la verdad y, en todo
caso, no constituyen una acusación de la comisión de delitos ni se advierte que
estén dirigidas a denigrar o vulnerar los derechos a la honra y el buen nombre del
accionante.

54. En efecto, las manifestaciones aludidas demuestran una crítica por parte del
presidente de la República a la gestión del accionante mientras hizo parte de su
gabinete, pero no expresan contundentemente que hubiera estado involucrado en
conductas punibles. Como bien señaló el juez de tutela de primer grado, el
entendimiento que expone el accionante al respecto hace parte de su apreciación e
interpretación personal, pero no revela una única e inequívoca comprensión de las
declaraciones realizadas.

55. Al igual que el a quo, la Sala considera que en el proceso no hay elementos
suficientes para establecer, cuando menos, la veracidad o falsedad de los

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comentarios que se cuestionan, pues más allá de la mención que se hizo al
«Presupuesto del 2023 aprobado en el 2022», no se conoce con certeza a cuáles
partidas presupuestales se refirió el comentario ni las circunstancias particulares
que causaron el descontento del presidente.

56. En la impugnación se refirió que la información era falsa porque el accionante
dejó su cargo antes de que se expidiera el Decreto 1234 de 2023. Tal argumento
no permite corroborar la supuesta inexactitud o mentira que se achaca, pues lo
cierto es que el acto jurídico aludido modificó el Presupuesto de Rentas y Recursos
de Capital del Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2023, el
cual se aprobó mediante la Ley 2276 de 2022 y empezó a surtir efectos fiscales a
partir del 1º de enero de 2023, es decir, cuando el accionante aún ocupaba el cargo
de Ministro de Educación.

57. Lo anterior no obsta para que el actor ponga en conocimiento del juez
competente las conductas de injuria y calumnia que pone de presente en este
asunto.

58. Además de que no se aprecia la vulneración de los derechos a la honra y el
buen nombre, tampoco se da la asimetría que propone el impugnante por el poder
de «masificación» que tiene el presidente de la República en los medios de
comunicación, pues, tal como precisó el a quo, es un hecho notorio que el
accionante Alejandro Gaviria Uribe es un reconocido actor político de la esfera
nacional, con una trayectoria notable, al punto que ha ocupado importantes cargos
públicos, como ministro de salud y de educación, e incluso fue precandidato a la
presidencia de la República.

59. Aún más, el número de seguidores en una red social no es un indicativo de la
superioridad de una persona en la difusión o manipulación de la información, ni da
lugar a entender la desigualdad de condiciones que pone de presente el accionante.
Un razonamiento de ese tipo llevaría a concluir que ciertas personalidades ostentan
un poder en el manejo de la información, incluso mayor al de las instituciones, sólo
por sus niveles de popularidad en las redes sociales, cuyo rol en la sociedad
moderna todavía no alcanza a tener ese carácter decisivo e influyente que suelen
atribuirle sus más asiduos usuarios.

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60. Lo realmente importante en este asunto, a la luz de lo establecido por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional, es la garantía de
acceso al debate democrático, que se materializa cuando las partes involucradas
en una disputa cuentan con la posibilidad de expresar su criterio de forma equitativa.
Tal escenario se presenta en el caso concreto, toda vez que, en contraposición a lo
expresado en una intervención pública en Córdoba y en la red social X por el primer
mandatario, el señor Alejandro Gaviria Uribe accionante ha tenido la posibilidad de
exponer sus opiniones en medios de comunicación de amplia difusión; prueba de
ello son los espacios que le brindaron en algunos de estos medios con alcance
nacional para referirse y desmentir las afirmaciones que se estudian en este
proceso, como, por ejemplo, en Caracol Radio, La FM y Cambio27.

61. El hecho de que en esta discusión tanto el supuesto ofensor como el accionante
ostenten la condición de actores políticos, conlleva, de un lado, una aceptación
mayor del discurso político y una protección especial del derecho de libertad de
expresión y, de otro, exige una carga superior frente a las críticas y comentarios
sobre la gestión del exministro.

62. Se concluye, así, que las expresiones efectuadas por el presidente de la
República, en este concreto caso, se ubican dentro del margen de tolerancia
aceptable, en tanto se relacionan con cuestiones de interés común y recaen sobre
un ex alto dignatario del Estado, quien además es una figura política relevante y,
por ende, está llamado a soportar, en mayor medida, el escrutinio y crítica por su
labor.

63. Entonces, dado que no se advirtió una afectación de los derechos a la honra y
el buen nombre del demandante ni una asimetría entre los derechos de expresión y
difusión de la información, no se necesita de un análisis de ponderación para
establecer si algún derecho en conflicto debe ser restringido, lo que impone
confirmar el fallo impugnado.

64. Finalmente, es preciso indicar que no es labor del juez constitucional inmiscuirse
en discusiones de índole político, como la que suscita en este caso. Su función

27 Se pueden consultar en los siguientes enlaces:

https://caracol.com.co/2024/03/22/acusaciones-de-petro-contra-gaviria-exministro-de-educacion-
verdaderas-o-infundadas/
https://www.lafm.com.co/politica/gaviria-pide-a-petro-retractarse-de-falsas-acusaciones-sobre-
perdida-de-recursos-en
https://cambiocolombia.com/poder/alejandro-gaviria-entre-la-politica-y-la-ficcion

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como guardián de la Constitución es verificar si existió una vulneración de derechos
fundamentales, al punto que amerite impartir una orden de protección, situación
que, se insiste, en el caso examinado no se presentó.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 13 de junio de 2024, proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, de acuerdo con las razones anotadas.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento de voto
VF

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