RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-03569-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03569-00

Fecha
11 de julio de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03569-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al buen nombre y honra de David Isaac Valencia Villadiego por las razones indicadas en la providencia. SEGUNDO: En consecuencia, ORDENAR a Gustavo Francisco Petro Urrego, presidente de la República, que, en el plazo de 5 días contados a partir de la notificación de esta providencia, elimine el mensaje publicado en la red social “x.com”, y rectifique la información allí contenida respecto del tutelante. TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio más expedito. CUARTO: En caso de no ser impugnada, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03569-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

11 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Once (11) de julio de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03569-00
Accionante: DAVID ISAAC VALENCIA VILLADIEGO
Accionado: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra el Presidente de la República por mensaje en la red
social “x”. Se ampara el derecho al buen nombre y honra pues, se verifica que el
actor es un particular que no ejerce o ejerció cargos públicos, además que el
mensaje del primer mandatario presenta de manera categórica e inequívoca al actor
como miembro de una red delincuencial. El mensaje del Jefe de Estado no está
cubierto por la libertad de expresión.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Antecedentes
Escrito de tutela

1. En ejercicio de la acción de amparo, en nombre propio, David Isaac Valencia
Villadiego acudió al juez de tutela con el fin de solicitar la protección de sus derechos
constitucionales a la honra y buen nombre. En particular indicó que, en su cuenta
de la red social “x” (antes Twitter), Gustavo Petro Urrego, presidente de la república,
realizó afirmaciones en las que lo señaló de ser miembro de una organización
criminal. Lo anterior sin sustento alguno.

2. En efecto, el 20 de abril de 2025, en la red social indicada, en el perfil
@petrogustavo afirmó: “le solicito a @Fiscalia y a @PoliciaColombia abrir
investigación judicial sobre la red dirigida por el asesino @Leykanista, construida
para amenazar de muerte a progresistas en la red, incluido al presidente de la
República. // La red está vinculada a la senadora Cabal”. El mensaje del presidente
de la república se acompaña de una imagen en la que aparecen varios perfiles de
la red social “x”, entre ellas la del tutelante.

3. El actor sostuvo que este señalamiento carece de respaldo judicial, motivo por el
cual, el 20 de abril de 2025, solicitó la rectificación pública y la eliminación del
mensaje. El 12 de mayo de 2025, recibió respuesta vía correo electrónico en la que,
se informó que se negó la retractación.

4. El actor afirmó que el mensaje del presidente de la república lo vinculó “sin
ninguna justificación con una presunta red criminal. No existe, a la fecha, prueba
alguna que sustente tal afirmación, ni fundamento judicial que respalde semejante
acusación”. Señaló que su nombre fue expuesto de manera directa ante millones
de personas, lo que afecta su reputación y entorno profesional y personal.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03569-00
Accionante: David Isaac Valencia Villadiego
Accionado: Presidencia de la República
Referencia: Primera instancia acción de tutela

5. Recordó que, en reciente sentencia de tutela, esta Corporación, dentro del
radicado 11001-03-15-000-2025-02583-00 amparó los derechos fundamentales de
otra persona que también fue señalada falsamente de pertenecer a una red criminal.

6. Solicitó que se ampararan sus derechos y por lo tanto se ordene al accionado
retractarse públicamente en su red social X, desvinculándolo del delito que se
imputa.

Trámite de la acción de tutela

7. En auto de 13 de junio de 2025, el despacho sustanciador admitió la tutela,
notificó al jefe de Estado y a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, así como
vinculó al Departamento Administrativo de la Presidencia.

8. Dentro del término indicado, la apoderada del presidente de la República intervino
con el fin de solicitar que sea negada la acción constitucional, pues en su criterio, el
mensaje no vulneró de manera alguna los derechos fundamentales al buen nombre
y honra del accionante, puesto que la acción de tutela se fundamenta en una lectura
fragmentada, descontextualizada y subjetiva del tutelante. Recordó que, en la
respuesta a la petición de retractación, presidencia de la república sostuvo que, la
publicación cuestionada es un uso legítimo de la libertad de expresión del jefe de
Estado. Además, las declaraciones no perseguían el propósito de atribuirle al
accionante un hecho ilícito, pues solo “realizó una solicitud para que las autoridades
competentes realizaran las indagaciones correspondientes”.

9. Indicó que en el mensaje que se cuestiona, el presidente de la República cumplió
el deber de todos los ciudadanos de dar a conocer a las autoridades hechos de
posibles delitos. En el mensaje, solo se requirió a las autoridades para que
investigaran a un grupo de personas, entre los que se encuentra el actor, para que
aquellas autoridades indaguen si se cometió una posible conducta punible. Sin
embargo, el presidente de la República no emitió un juicio de responsabilidad penal
concreto respecto al tutelante. De hecho, precisó que, el mensaje del presidente fue
un “reposteo” de una denuncia de un tercero, pues el mensaje del jefe de Estado se
limitó a compartir la denuncia realizada por @Aquellarre118, por lo que no se trata
de una publicación propia del presidente.

10. Solicitó aplicar un precedente judicial del Consejo de Estado radicado con el
número 110001031500020230488500/01 en el que se indicó que solicitar
investigaciones de conductas se encuentra protegida por la libertad de expresión.
La representante señaló que la democracia constitucional exige tolerar las
denuncias que se presentan ante autoridades competentes. Reiteró que el mensaje
del presidente de la república no buscaba atribuir responsabilidad al accionante,
sino solicitar que las autoridades competentes realicen las indagaciones
correspondientes.

CONSIDERACIONES
Competencia

11. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03569-00
Accionante: David Isaac Valencia Villadiego
Accionado: Presidencia de la República
Referencia: Primera instancia acción de tutela

proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos

12. En primer lugar, la Subsección debe establecer si la acción de tutela de la
referencia satisface los requisitos de procedencia formales, en tanto la
jurisprudencia constitucional señala las condiciones que debe cumplir la acción de
tutela respecto al ejercicio de la libertad de expresión en redes sociales. Se
examinará el cumplimiento de dichos requisitos respecto del mensaje difundido en
la red social x.com el 20 de abril de 2025. En segundo lugar, en caso de concluir
que la acción de tutela es procedente, se debe resolver si la afirmación realizada en
la red social se encuentra o no amparada por la garantía constitucional de la libertad
de expresión, y en esa medida, implica la vulneración de los derechos a la honra y
buen nombre del tutelante.

13. Con el fin de resolver los anteriores problemas jurídicos, la Subsección reiterará
el precedente constitucional sobre: (i) la procedencia de la acción de tutela en casos
de ejercicio de la libertad de expresión en redes sociales; (ii) el contenido del
derecho a la libertad de expresión, especialmente, en casos de servidores públicos;
(iii) el contenido y titulares del derecho al buen nombre, honra e intimidad, como
límites a la libertad de expresión.

Procedencia formal de la acción de tutela respecto a afirmaciones contenidas
en redes sociales.

14. Con la aparición de las redes sociales, y su influencia en la difusión de
información, la Corte Constitucional, en atención a estándares interamericanos1,
definió las reglas de procedencia de la acción de tutela cuando una persona utiliza
las redes sociales para ejercer la libertad de expresión, y su discurso entra en
tensión con derechos fundamentales de otras personas2. El precedente
constitucional y el de esta Subsección, de manera consistente, han indicado que
existen reglas jurisprudenciales precisas aplicables a los casos en los que, en redes
sociales, un alto servidor público, en ejercicio de la libertad de expresión, difunde
afirmaciones que, en principio, afectan el derecho al buen nombre y honra de otra
persona natural. El precedente judicial ha sido detallado en indicar las condiciones
de procedibilidad formal y material de este tipo de hipótesis.

15. Resultan relevantes las sentencias T-203 de 2022, la T-446 de 2020, la T-124
de 2021 y la sentencia de unificación SU-420 de 2019, en las que salas de revisión,
y en el caso de la última, la Sala Plena de la Corte definió las reglas para determinar
si la acción de tutela es formalmente procedente.

1
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Libertad de expresión e internet. Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión. 2013.
2
Se sigue, las Sentencias T-446 de 2020 (José Fernando Reyes) T-124 de 2021 (M.P. Diana
Fajardo), T-203 de 2022 (M.P. Diana Fardo Rivera) y SU-420 de 2019 (M.P. José Fernando Reyes
Cuartas). En el caso del precedente de esta subsección se sigue la sentencia de 27 de septiembre
de 2024 dentro del radicado 11001-03-15-000-2024-02507-01 C.P. María Adriana Marín.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03569-00
Accionante: David Isaac Valencia Villadiego
Accionado: Presidencia de la República
Referencia: Primera instancia acción de tutela

16. En la sentencia de unificación se indicó que para verificar si una acción de tutela
es procedente, resulta necesario examinar el cumplimiento del requisito de
legitimación en la causa, tanto pasiva como activa, inmediatez, y subsidiariedad. En
este punto, la Corte indicó que era necesario “fijar unas reglas diferenciadas a partir
de la calidad del accionante, es decir, según sean personas naturales o personas
jurídicas”.

17. En el caso de acciones de amparo formuladas por personas naturales, la
providencia de unificación precisó:

69. Entre personas naturales, o cuando sea una persona jurídica alegando
la afectación respecto de una persona natural, solo procederá cuando quien se
considere agraviado haya agotado los siguientes requisitos:

i) Solicitud de retiro o enmienda ante el particular que hizo la publicación. Esto
por cuanto la regla general en las relaciones sociales, y especialmente en las
redes sociales, es la simetría por lo que la autocomposición se constituye en el
método primigenio para resolver el conflicto y la acción de tutela es el
mecanismo residual.

ii) Reclamación ante la plataforma donde se encuentra alojada la publicación,
siempre y cuando en las reglas de la comunidad se habilite para ese tipo de
ítem una posibilidad de reclamo (supra f. j. 64).

iii) Constatación de la relevancia constitucional del asunto, aun cuando existen
la acción penal y civil para ventilar este tipo de casos, no se predica su idoneidad
y eficacia cuando así lo demuestre el análisis de contexto en que se desarrolla
la afectación.

70. En tal sentido, en aras de comprobar la relevancia constitucional del
asunto desde una perspectiva iusfundamental es imperativo constatar el
contexto en que se desarrollan los hechos presuntamente vulneratorios.

18. Al respecto, la Corte indicó que en casos de acciones de tutela promovidas por
personas naturales que ven amenazados o vulnerados sus derechos fundamentales
por discursos difundidos en redes sociales, el juez constitucional debe verificar que
se hayan satisfecho los requisitos de solicitud de retiro del mensaje, la reclamación
ante la plataforma y la relevancia constitucional de la divulgación3. Para este último
requisito, además explicó que, se debe examinar:

71. En suma, la verificación de la relevancia constitucional del asunto de
cara al análisis de subsidiariedad, se deberá realizar bajo los siguientes
parámetros:

i) Quién comunica: esto es, el emisor del contenido, es decir, si se trata de un
perfil anónimo o es una fuente identificable, para lo cual deberán analizarse las
cualidades y el rol que ejerce en la sociedad, esto es, si se trata de un particular,

3
Lo anterior fue reiterado en la T-203 de 2022, providencia en la que la Corte indicó: “165. En la
Sentencia SU-420 de 2019, la Corte Constitucional señaló que los parámetros de quién comunica,
sobre quién o qué comunica, a quién comunica y cómo comunica son también herramientas para
analizar la relevancia constitucional de un caso concreto, que involucra expresiones en redes
sociales. Estos, permiten analizar si se presenta una situación de indefensión, si el conflicto puede
ser resuelto por el juez constitucional o si debe acudirse a otra vía judicial. Por último, también explicó
la Sala Plena que, antes de presentar la tutela, la persona debería solicitar la eliminación del mensaje
de la plataforma, siempre y cuando este vulnere claramente sus normas comunitarias. Esta es una
manifestación del principio de auto regulación de las redes sociales”.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03569-00
Accionante: David Isaac Valencia Villadiego
Accionado: Presidencia de la República
Referencia: Primera instancia acción de tutela

funcionario público, persona jurídica, periodista, o pertenece a un grupo
históricamente discriminado.

ii) Respecto de quién se comunica, es decir, la calidad del sujeto afectado, para
lo cual debe verificarse si se trata de una persona natural, jurídica o con
relevancia pública. Exceptuando los eventos que se describen en el literal c
siguiente sobre periodicidad y reiteración de las publicaciones que puedan
constituirse en hostigamiento o acoso.

iii) Cómo se comunica a partir de la carga difamatoria de las expresiones, donde
se debe valorar:

a) El contenido del mensaje: la calificación de la magnitud del daño no depende
de la valoración subjetiva que de la manifestación realice el afectado, sino
de un análisis objetivo, neutral y contextual, entre otros.

b) El medio o canal a través del cual se hace la afirmación.

c) El impacto respecto de ambas partes (número de seguidores; número de
reproducciones, vistas, likes o similares; periodicidad y reiteración de las
publicaciones)”.

19. Con base en estas reglas jurisprudenciales se examina, si en el caso concreto
se satisface la procedencia formal de la acción de tutela.

20. Estudiado el requisito de legitimación en la causa por activa, se verifica que
el actor invoca la vulneración de sus derechos fundamentales al buen nombre y
honra. En este punto debe recordarse que el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de
1991 prescribe que podrá ejercer la acción de tutela a través de las siguientes vías:
el titular del derecho fundamental amenazado, su apoderado o representante legal
o un tercero que ejerza como agente oficioso, “cuando el titular de los mismos no
esté en condiciones de promover su propia defensa”. En el caso concreto, el actor
afirma que busca la protección de los derechos fundamentales de él mismo. Para el
tutelante, se satisface el requisito de legitimación en la causa por activa, pues invoca
los derechos fundamentales de los cuales es titular.

21. Respecto al requisito de legitimación en la causa por pasiva, el mismo se
encuentra cumplido, pues la acción de tutela se dirige contra el presidente de la
República, Gustavo Francisco Petro Urrego, quien en su cuenta personal de la red
social “X” (antes Twitter) difundió información, supuestamente, dirigida contra el
tutelante.

22. Se satisface el requisito de inmediatez, toda vez que, el 20 de abril de 2025, el
mensaje de la red social objeto de escrutinio judicial se publicó, mientras que la
acción de tutela se promovió el 11 de junio de 2025, esto es, menos de tres meses
después del acto supuestamente vulnerador de los derechos fundamentales del
actor.

23. En relación con el requisito de subsidiariedad, en aplicación de las reglas
unificadas en la SU-420 de 2019, y reiteradas en la T-124 de 2021 y T-203 de 2022,
respecto de casos de altos servidores públicos que usan sus redes sociales para
cuestionar a personas particulares, resulta necesario examinar si el tutelante solicitó
el retiro o enmienda del mensaje. Lo anterior se encuentra satisfecho, pues, el 20
de abril de 2025, el tutelante dirigió comunicación a Gustavo Petro Urrego,

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03569-00
Accionante: David Isaac Valencia Villadiego
Accionado: Presidencia de la República
Referencia: Primera instancia acción de tutela

presidente de la República, en el que solicitó la rectificación del mensaje que se
difundió el 20 de abril de 20254. El 12 de mayo de la presente anualidad, la petición
se contestó negativamente.

24. Frente al requisito jurisprudencial de haber agotado previamente la solicitud
ante la red social “x.com”, conforme sus reglas comunitarias, resulta relevante lo
indicado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-203 de 2022. En esa
providencia, se resolvió una acción de tutela promovida por una organización no
gubernamental defensora del derecho a la libertad de expresión, contra el gerente
de RTVC sistema de medios públicos, quien en un mensaje en la red social “x” atacó
a la ONG, y la acusó de interceptar comunicaciones privadas. En la providencia, se
indicó que las reglas de la comunidad de la red social, antes conocida como Twitter,
ahora “x.com”, no prevé que uno de los motivos para eliminar mensajes sea la
vulneración del derecho al buen nombre y honra, motivo por el cual, no resultaba
necesario agotar ese requisito.

25. En relación con el requisito de relevancia constitucional en el caso concreto, el
mismo se cumple, puesto que la jurisprudencia constitucional prescribe que cuando
quien emite el discurso en ejercicio de la libertad de expresión, es, por ejemplo, un
servidor público, especialmente cuando ejerce altos cargos del Estado, como la
presidencia o vicepresidencia de la República, su mensaje goza de mayor
credibilidad y resonancia. Por este motivo, en principio, la presente demanda
contiene un asunto que debe ser resuelto por el juez del amparo, en lugar de los
jueces civiles o penales.

26. A título de ilustración, la Sentencia T-124 de 20215 resolvió una tutela contra la
entonces vicepresidenta de la República, ya que, en su perfil de la misma red social
“x”, la funcionaria difundió un discurso que supuestamente afectaba el carácter laico
del Estado. En esa providencia se indicó que la tutela evidencia una relevancia
constitucional, puesto que un servidor del Estado goza de mayor credibilidad y
visibilidad y sus afirmaciones tienen un mayor alcance que la de un ciudadano
particular. Esta situación permite que el asunto sea resuelto a través del medio de
amparo y no por el proceso penal de injuria o calumnia o por el proceso civil.

27. En todo caso, el precedente constitucional en vigor, en el examen del requisito
genérico de subsidiariedad, exige que se verifique si el asunto objeto de examen
judicial tiene relevancia constitucional través del estudio de los siguientes tres
criterios: (i) quién comunica; (ii) respecto de quién se comunica; y (iii) cómo se
comunica.

28. En relación con “quién comunica”, la Corte Constitucional señala que tiene
relevancia constitucional aquel mensaje que es difundido en una cuenta de un
servidor público, que cuenta con un número amplio de seguidores. En el caso
concreto, el presidente de la República difundió el mensaje cuestionado por su perfil
de la red social “x.com”.

4
Folio 2 del escrito de tutela.
5
M.P. Diana Fajardo Rivera

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03569-00
Accionante: David Isaac Valencia Villadiego
Accionado: Presidencia de la República
Referencia: Primera instancia acción de tutela

29. Sobre el estudio del criterio de “respecto de quién se comunica”, se debe indicar
que el mensaje divulgado el 20 de abril de 2025 cuestiona comportamientos de una
persona natural de la que no existe prueba en el expediente de que ejerce cargos
públicos o responsabilidades de igual naturaleza. Con base en el acervo probatorio
del proceso, se trata de un particular que no está sometido a un especial nivel de
escrutinio o control ciudadano por ejercer cargos públicos. Por el contrario, es una
persona particular. Además, la información que se difundió contiene una foto de
primer plano en la que aparece el nombre completo y el presunto rostro del tutelante.

30. Sobre “cómo se comunica”, la jurisprudencia indica que se debe examinar la
carga difamatoria de los mensajes que se difunden, a partir de un análisis neutral y
objetivo de la información, junto con el impacto del mensaje y el canal a través del
cual se hace la difusión. En el caso concreto, se concluye que el mensaje de la red
social “x.com” tiene una carga de señalamiento delincuencial, pues vincula al actor
con una estructura criminal relacionada con agresión física y amenaza a miembros
de la coalición de partidos de gobierno. En esa medida, se trata de una afirmación
con alta carga difamatoria (en los términos de la jurisprudencia constitucional), pues
si bien denuncia unos hechos que, a criterio del jefe de Estado son criminales, no
se detuvo en la denuncia a las autoridades competentes, sino que señaló al actor
de incurrir en conductas punibles.

31. Además, el mensaje de la red social “x.com” utiliza sustantivos como “asesino”
y “construida para amenazar”, motivo por el cual, el tono de las afirmaciones implica
una tensión con el derecho constitucional al buen nombre y honra del actor.
Finalmente, en este aspecto, resulta relevante el número de seguidores de la red
social del presidente de la república, la cual, en efecto alcanza más de 8 millones
de seguidores, y el mencionado mensaje fue compartido y tuvo un número
importante de likes.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03569-00
Accionante: David Isaac Valencia Villadiego
Accionado: Presidencia de la República
Referencia: Primera instancia acción de tutela

32. Por todo lo anterior, el asunto debe ser resuelto por el juez de tutela y no por un
juez penal o civil, y en esa medida, respecto al examen de la relevancia
constitucional como parte del estudio de la subsidiariedad se concluye que la acción
de tutela es formalmente procedente.

Contenido del derecho a la libertad de expresión6

33. En materia del contenido del derecho a la libertad de expresión, la jurisprudencia
constitucional ha distinguido dos escenarios de protección. El primero de ellos
referido a las reglas generales de protección de la mencionada libertad, su
importancia en los regímenes democráticos y los estándares de restricción de
eventuales usos no protegidos por el derecho. Un segundo escenario o línea
jurisprudencial respecto a los límites de la libertad de expresión de los altos
funcionarios públicos, quiénes en ejercicio de sus cargos, a través de redes
sociales, hacen manifestaciones respecto de personas concretas.

34. Con el fin de resolver los problemas jurídicos planteados corresponde reiterar
el precedente constitucional sobre esos dos escenarios jurisprudenciales.

35. Respecto al primer escenario. Contenido general de la libertad de expresión7,
la Corte ha indicado que la libertad de expresión es un derecho fundamental de un
individuo que emite su pensamiento, opinión, juicio personal, o información, pero
también es un derecho fundamental de las personas que acuden al mercado libre
de ideas con el fin de buscar información de su interés, y además, es una condición
de posibilidad para la existencia de un régimen democrático, en tanto es una
característica de las sociedades avanzadas y con democracias profundas que,
todos los actores sociales sean objeto de escrutinio y control por parte de la
ciudadanía.

36. La libertad de expresión contiene el derecho a difundir la información por los
medios en el idioma y en el tono que elija el emisor. Así, está protegido
constitucionalmente el derecho a difundir la información por el medio escrito, oral,
audiovisual, a través de redes sociales, etc., y con el tono que se seleccione. Dentro
de este derecho, están protegidos desde los ejercicios elegantes, elevados y
cercanos a la alta cultura, hasta los ejercicios chocantes, minoritarios,
interpeladores, y provocadores. La Comisión Interamericana ha explicado:

“En principio, todas las formas de discurso están protegidas por el derecho a la
libertad de expresión, independientemente de su contenido y de la mayor o
menor aceptación social y estatal con la que cuenten. Esta presunción general
de cobertura de todo discurso expresivo se explica por la obligación primaria de
neutralidad del Estado ante los contenidos y, como consecuencia, por la
necesidad de garantizar que, en principio, no existan personas, grupos, ideas o
medios de expresión excluidos a priori del debate público.” 8

6
Se reitera el precedente constitucional fijado en la T-391 de 2007, C-442 de 2013, SU-420 de 2019,
T-203 de 2022 y T-061 de 2021.
7
Cfr. T-391 de 2007, C-442 de 2011, más recientemente T-061 de 2022.
8
Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. CIDH. Marco
Jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión En:
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/cd/sistema_interamericano_de_derechos_humanos/index_MJIAS
.html párrafo 30.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03569-00
Accionante: David Isaac Valencia Villadiego
Accionado: Presidencia de la República
Referencia: Primera instancia acción de tutela

37. En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha indicado que la libertad
constitucional protege tanto las expresiones socialmente aceptadas como aquellas
consideradas inusuales, alternativas o diversas, lo cual incluye las expresiones
ofensivas, chocantes, impactantes o simplemente contrarias a las creencias y
posturas mayoritarias, ya que la libertad constitucional protege tanto el contenido de
la expresión como su tono.

38. Desde la Sentencia T-391 de 2007, la Corte Constitucional indicó que existe una
presunción de cobertura en favor del ejercicio de la libertad de expresión9, salvo que
se trate de la difusión de tres tipos de mensajes respecto de los cuales existe un
consenso universal respecto a que no están cubiertos. A criterio de la Corte, a la luz
de las disposiciones constitucionales y de tratados internacionales sobre derechos
humanos aplicables, estos tipos de expresión sobre los cuales se ha desvirtuado la
presunción de cobertura constitucional de la libertad de expresión son cuatro: (a) la
propaganda en favor de la guerra; (b) la apología del odio nacional, racial, religioso
o de otro tipo de odio que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad, la
violencia contra cualquier persona o grupo de personas por cualquier motivo (modo
de expresión que cobija las categorías conocidas comúnmente como discurso del
odio, discurso discriminatorio, apología del delito y apología de la violencia); (c) la
pornografía infantil; y (d) la incitación directa y pública a cometer genocidio.

39. En el mismo sentido, se ha señalado que los servidores públicos o las figuras
públicas o quienes voluntariamente asumen la responsabilidad de administrar
recursos públicos están sometidos a un mayor nivel de escrutinio y
consecuentemente, el umbral de protección de los derechos al buen nombre y honra
resulta reducido. Lo indicó la Sentencia T-391 de 2007:

“Así mismo, precisa la Corte que el método a aplicar en estos casos de conflicto
entre la libertad de expresión y otros derechos fundamentales, es el de la
ponderación, sobre la base inicial de la presunción de primacía de la libertad
de expresión sobre los demás derechos. Es decir, de entrada, se debe adscribir
a la libertad de expresión un valor prioritario dentro del método de ponderación.
En cualquier caso, el equilibrio entre los derechos en conflicto variará,
dependiendo del tipo de discurso del que se trate, y del contexto en el cual se
ejerza – así, (i) el discurso político está sujeto a menores limitaciones y quienes
se vean afectados por él, concretamente las figuras públicas, deben soportar
una carga mayor en el ámbito de sus derechos a la honra, intimidad y buen
nombre, más cuando la expresión se ejerce a través de la prensa”

9
“Presunción de cobertura de una expresión por el ámbito de protección del derecho constitucional.
En principio, toda expresión se presume cubierta por la libertad consagrada en el artículo 20
Superior, salvo que se demuestre en cada caso concreto y de forma convincente que, por sus
características, se justifica la limitación de tal expresión, por estar dadas las condiciones
constitucionales para ello –que se señalarán en capítulos subsiguientes-.” Cfr- T-391 de 2007 (M.P.
Manuel José Cepeda). En el mismo sentido: “.1.3.2. Presunción de primacía de la libertad de
expresión frente a otros derechos, valores y principios constitucionales en casos de conflicto.
Cuandoquiera que el ejercicio de la libertad de expresión entre en conflicto con otros derechos,
valores o principios constitucionales, su posición privilegiada exige que se haya de otorgar, en
principio, una primacía a la libertad de expresión; dicha primacía cesará cuando se demuestre que
el otro derecho, valor o principio constitucional adquiere mayor peso en el caso concreto, a la luz de
las circunstancias generales en que el conflicto se ha suscitado, y con cumplimiento de las
condiciones constitucionales que admiten la limitación de esta libertad. De esta forma, en varias
oportunidades la Corte ha explicado que cuando se presenta un conflicto entre la libertad de
expresión y otro derecho fundamental, se ha de proceder a un ejercicio de ponderación sobre la base
de la primacía de la libertad de expresión en cualquiera de sus manifestaciones.”

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03569-00
Accionante: David Isaac Valencia Villadiego
Accionado: Presidencia de la República
Referencia: Primera instancia acción de tutela

40. Respecto al segundo escenario de protección constitucional, la Corte ha
precisado estas reglas jurisprudenciales en casos de mensajes difundidos por altos
servidores del Estado, quienes a través de sus redes sociales interpelan a personas
particulares. Se trata de las Sentencias T-124 de 2021 o T-203 de 2021.

41. En estas providencias, la Corte ha precisado los límites de la libertad de
expresión de servidores públicos. Ha indicado que el derecho a la libertad de
expresión de los funcionarios públicos tiene límites más estrictos, puesto que, estos
tienen el deber constitucional que se les impone de proteger la vida, honra, bienes,
creencias y demás derechos y libertades de todas las personas residentes en
Colombia, así como asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y
de los particulares.10 En efecto, cuando las autoridades públicas actúan en ejercicio
de sus funciones “tienen un rango muy limitado de autonomía y deben orientarse a
la defensa de (…) los derechos fundamentales de todas las personas habitantes del
territorio.”11 En consecuencia, dado que “ostentan una posición de garante frente a
las prerrogativas de los asociados, es necesario que se guíen bajo el criterio de
máxima prudencia al momento de emitir manifestaciones que pongan en riesgo o
constituyan injerencias lesivas sobre tales derechos.”12.

42. Respecto a este poder-deber, la Corte ha precisado que los altos funcionarios
del Estado, cuando emiten una opinión o presentan una información, más que el
simple ejercicio del derecho a la libertad de expresión, ejercen un poder-deber de
comunicación permanente con la ciudadanía.13 Esto significa que los
pronunciamientos y declaraciones públicas de estos servidores no entran
exclusivamente en el ámbito de su libertad de expresión, sino que constituyen una
forma de ejercer sus deberes frente a los administrados, además de constituir un
mecanismo que facilita la conformación de una opinión pública libre e informada, lo
que posibilita la discusión y participación de los ciudadanos en la toma de las
decisiones que los afectan, así como el control del poder público.

43. Con base en lo ello, se ha señalado que en ejercicio de este poder-deber, los
altos funcionarios del Estado tienen la facultad y, a su vez, la obligación de (i)
informar sobre asuntos de su competencia; (ii) fijar la posición de la entidad frente
a los mismos; (iii) dar a conocer las políticas oficiales; (iv) analizar, comentar, opinar
y, defender el programa gubernamental que desarrollan; (v) responder a las críticas;
y (vi) fomentar el ejercicio de una participación ciudadana responsable, entre otros.

44. Por lo anterior, se han identificado dos escenarios del referido ejercicio
comunicativo que se diferencian a partir de la intención del discurso divulgado, a
saber: (i) aquellas manifestaciones que pretenden transmitir información objetiva a
los ciudadanos sobre asuntos de interés general; y (ii) aquellas otras en las que,
más allá de la transmisión objetiva de información, se expresan cuestiones acerca

10
Constitución Política. Artículo 2.
11
Sentencia T-1037 del 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12
Sentencia T-446 del 2020. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
13
Esta tesis fue sostenida inicialmente en la Sentencia T-1191 del 2004 (M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra) respecto del Presidente de la República y posteriormente fue extendida a alcaldes y
gobernadores en la Sentencia T-263 de 2010 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez) y al Procurador
General de la Nación en la Sentencia T-627 de 2012 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03569-00
Accionante: David Isaac Valencia Villadiego
Accionado: Presidencia de la República
Referencia: Primera instancia acción de tutela

de la política oficial, defienden su gestión, responden a sus críticos, o expresan su
opinión sobre algún asunto, casos estos últimos en los cuales caben apreciaciones
subjetivas formuladas a partir de criterios personales14.

45. En el primer escenario (transmitir información objetiva), al estar involucrado el
derecho a la información, la jurisprudencia ha precisado que el mensaje está
sometido a las cargas de veracidad e imparcialidad. Por su parte, en el segundo
evento (defensa de la gestión y respuesta a sus críticos), dado que existe una
intención de divulgar criterios personales sobre la política oficial, defender la gestión,
responder a críticas, o emitir juicios sobre algún asunto, cabe la apreciación
personal y subjetiva, no se exige la estricta objetividad. Aunque, debe quedar que
para garantizar la formación de una opinión pública verdaderamente libre, estas
opiniones solo pueden ser formuladas a partir de un mínimo de justificación fáctica
real y de criterios de razonabilidad15.

46. Por lo anterior, la Corte Constitucional ha reiterado el deber de los servidores
públicos de que, si bien es cierto no pierden el derecho a opinar y a expresarse en
razón a las funciones que ejercen, se les exige un mayor grado de prudencia y
cuidado en sus manifestaciones.

Contenido del derecho fundamental al buen nombre y honra e intimidad16

47. Corresponde ahora, reiterar el contenido jurisprudencial sobre el derecho a la
intimidad, al buen nombre y honra invocados por el actor en su escrito de tutela. En
efecto, el artículo 15 superior indica que todas las personas tienen derecho a su
intimidad personal y familiar, y a su buen nombre. A su vez, el artículo 21 indica que
se garantiza el derecho a la honra. En la Convención Americana sobre derechos
humanos, el artículo 13 del mencionado tratado indica que la libertad de expresión
tendrá como límite “el respeto a los derechos o a la reputación de los demás”,
reiterado en el artículo 14 conforme al cual, los Estados deben proteger la honra y
reputación de toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes
“emitidas en su perjuicio”.

48. Por lo anterior, la Corte Constitucional ha indicado que son derechos diferentes
y de contenido constitucional separable, por un lado, el derecho a la honra, buen
nombre, crédito público, y por otro el derecho a la intimidad personal, familiar,
financiera, o de salud. El primero es una protección al derecho al crédito o buen
nombre público que una persona tiene el derecho a gozar, de agresiones al bien
jurídico tutelado del prestigio social. Mientras que el derecho a la intimidad es el
derecho a que no existan injerencias externas que difundan información de esferas
familiares, personales, financieras o de la salud de una persona. Esto pues la

14
Al respecto se pueden consultar las sentencias T-1191 del 2004. M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra;T-1062 del 2005. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-1037 del 2008. M.P. Jaime Córdoba
Triviño;T-263 del 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez; T-949 del 2011. M.P. Nilson Pinilla Pinilla;
T-627 del 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-466 del 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo;
y T-446 de 2020. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
15
Ibidem.
16
Corte Constitucional, Sentencias. T-364 de 2018 (M.P. Alberto Rojas Ríos) C-094 de 2020 (M.P.
Alejandro Linares Cantillo), T-110 de 2015 (M.P. Jorge Iván Palacio), T-007 de 2020 (M.P. José
Fernando Reyes Cuartas), en el mismo sentido T-061 de 2022 (M.P. Alberto Rojas Ríos).

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03569-00
Accionante: David Isaac Valencia Villadiego
Accionado: Presidencia de la República
Referencia: Primera instancia acción de tutela

información que se difunde hace parte de la intimidad de una persona y no tiene
relevancia para el debate público.

49. En relación con el derecho a la intimidad, la Corte Constitucional ha sostenido
que el objeto de este derecho es “garantizar a las personas una esfera de privacidad
en su vida personal y familiar, al margen de las intervenciones arbitrarias que
provengan del Estado o de terceros” y que “la protección frente a la divulgación no
autorizada de los asuntos que conciernen a ese ámbito de privacidad” forma parte
de esta garantía.

50. El derecho a la intimidad “permite a las personas manejar su propia existencia
como a bien lo tengan con el mínimo de injerencias exteriores” y la protección “de
esa esfera inmune a la injerencia de los otros –del Estado o de otros particulares”
es un “prerrequisito para la construcción de la autonomía individual que a su vez
constituye el rasgo esencial del sujeto democráticamente activo”. En ese orden de
ideas, el derecho a la intimidad constituye un área restringida que no puede recibir
injerencias externas. Se trata de una serie de temáticas que debe permanecer ajena
al debate público y libre de difusión.

51. La jurisprudencia constitucional ha indicado que el derecho a la intimidad tiene
como sustento cinco principios que garantizan la protección de la esfera privada
frente a injerencias externas injustificadas, a saber: (i) libertad, hace referencia a
que sin existir obligación impuesta por parte del ordenamiento jurídico o sin contar
con el consentimiento o autorización del afectado, los datos de una persona no
pueden ser divulgados, ni registrados, pues de lo contrario, se constituye una
conducta ilícita; (ii) finalidad, en virtud del cual la publicación o divulgación de los
datos personales solo puede ser permitida si con ello se persigue un interés
protegido constitucionalmente como el interés general en acceder a determinada
información; (iii) necesidad, implica que los datos o información que se va a revelar
guarden relación con un soporte constitucional; (iv) veracidad, por lo que se
encuentra prohibida la publicación de información personal que no se ajuste a la
realidad o sea incorrecta; y (v) la integridad, que indica que no puede evidenciarse
parcialidad o fragmentación en los datos que se suministran, es decir, que la
información debe ser completa.

52. La sujeción a los principios antes señalados va a permitir una legítima
divulgación de la información personal al igual que va a garantizar que el proceso
de publicación y comunicación sea el adecuado. Por su parte, se ha indicado que el
derecho a la intimidad comprende múltiples y diversos aspectos de la vida de la
persona, incluyendo no solo la proyección de su imagen, sino también la reserva de
sus distintos espacios privados en los cuales solo recae el interés propio. En efecto,
la Corte ha sostenido que, la órbita protegida por el derecho a la intimidad abarca
“los asuntos referidos a las relaciones familiares de la persona, sus costumbres y
prácticas sexuales, su salud, su domicilio, sus comunicaciones personales, los
espacios limitados y legales para la utilización de datos a nivel informático, las
creencias religiosas, los secretos profesionales y en últimas todo hecho o actividad
que no es conocido por los extraños”17.

17
T-050 de 2016 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03569-00
Accionante: David Isaac Valencia Villadiego
Accionado: Presidencia de la República
Referencia: Primera instancia acción de tutela

53. En relación con los grados que se pueden identificar en el derecho fundamental
a la intimidad, se ha afirmado que, los mismos se pueden clasificar en cuatro
diferentes niveles:

“Dichos grados de intimidad se suelen clasificar en cuatro distintos niveles, a
saber: la intimidad personal, familiar, social y gremial (C.P. art. 15). La
primera, alude precisamente a la salvaguarda del derecho de ser dejado sólo y
de poder guardar silencio, es decir, de no imponerle a un determinado sujeto,
salvo su propia voluntad, el hecho de ser divulgados, publicados o fiscalizados
aspectos íntimos de su vida. La segunda, responde al secreto y a la privacidad
en el núcleo familiar, una de cuyas principales manifestaciones es el derecho a
la inmunidad penal, conforme al cual, “nadie podrá ser obligado a declarar
contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes
dentro del cuarto grado de consaguinidad, segundo de afinidad o primero civil”.
La tercera, involucra las relaciones del individuo en un entorno social
determinado, tales como, las sujeciones atenientes a los vínculos labores o
públicos derivados de la interrelación de las personas con sus congéneres en
ese preciso núcleo social, a pesar de restringirse -en estos casos- el alcance
del derecho a la intimidad, su esfera de protección se mantiene vigente en aras
de preservar otros derechos constitucionales concomitantes, tales como, el
derecho a la dignidad humana. Finalmente, la intimidad gremial se relaciona
estrechamente con las libertades económicas e involucra la posibilidad de
reservarse -conforme a derecho- la explotación de cierta información, siendo,
sin lugar a dudas, uno de sus más importantes exponentes, el derecho a la
propiedad intelectual (C.P. art. 61).” (negrillas fuera del texto)

54. Por su parte, el derecho al buen nombre hace referencia al concepto que se
forman los demás sobre cierta persona. De esta manera, la jurisprudencia de esta
Corte ha definido el derecho al buen nombre como “la reputación, o el concepto que
de una persona tienen los demás” y “la estimación o deferencia con la que, en razón
a su dignidad humana, cada persona debe ser tenida por los demás miembros de
la colectividad que le conocen y le tratan” 18.

55. Este derecho puede ser vulnerado tanto por autoridades públicas como por
particulares, lo cual ocurre cuando se divulga información falsa o errónea, o se
utilizan expresiones ofensivas o injuriosas, lo que conlleva a que la reputación o el
concepto que se tiene de la persona se distorsionen, afectando también su dignidad
humana.

56. La Corte ha sostenido que el derecho al buen nombre es objeto de protección
cuando se divulgan al público, hechos falsos, tergiversados o tendenciosos sobre
una personal, y tiene como objetivo afectar el prestigio personal o atentar contra la
imagen de la persona. Por ello, al resolver un proceso de tutela referido a la
vulneración al buen nombre de una persona, el juez de tutela debe analizar la
situación fáctica que se le presenta, dado que este derecho guarda una estrecha
relación con la dignidad humana y, por ende, al evidenciar los elementos
previamente mencionados, debe proceder al restablecimiento y protección del
derecho.

18
Ver entre otras, Corte Constitucional, Sentencias T-977 de 1999 (MP Alejandro Martínez
Caballero), T-405 de 2007 (MP Jaime Córdoba Triviño), T- 634 de 2013 (MP María Victoria Calle
Correa), T-050 de 2016 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03569-00
Accionante: David Isaac Valencia Villadiego
Accionado: Presidencia de la República
Referencia: Primera instancia acción de tutela

57. Con el fin de resolver la petición de amparo corresponde examinar la literalidad
de los dos mensajes difundidos por el jefe de Estado. En esa medida, en primer
lugar, se mostrará el contexto del mensaje publicado en la red social “x.com” el 20
de abril de 2025,

Mensaje de la red social x.com de 20 de abril de 2025.

58. El mensaje del jefe de Estado comparte información de otro perfil de la red
social, pero en el mensaje, se afirma: “solicito a @fiscaliacol y @PoliciaColombia
abrir investigación judicial sobre esta red dirigida por el asesino @Lykanista,
construida para amenazar de muerte a progresistas en la red, incluido el presidente
de la República. // La red está vinculada a la senadora Cabal.”

59. A juicio de esta Sala, se presenta una vulneración al derecho al buen nombre y
honra del tutelante, así como un ejercicio no protegido por la libertad de expresión
del jefe de Estado. La jurisprudencia constitucional ha indicado que los servidores
públicos, especialmente aquellos que ejercen altas responsabilidades en la
dirección del Estado, cuentan con límites a la libertad de expresión, en particular
cuando difunden información. Diferente a cuando ejercen su derecho a la opinión o
defienden su programa de gobierno. En efecto, en el evento en que un servidor
público difunde información tiene la carga de garantizar que aquello que difunde
supera estándares de veracidad y objetividad. Así, en las situaciones en que el jefe
de Estado afirma que existe una red criminal cuyo objetivo es la consumación de
conductas punibles no está ejerciendo el derecho a la libertad de opinión, o
respondiendo a críticas respecto de la gestión del gobierno. En estos últimos
eventos, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que altos funcionarios
públicos ejercen principalmente la libertad de expresión.

60. En el caso concreto, respecto del mensaje de 20 de abril de 2025, el jefe de
Estado ejerció el derecho-deber de difundir información, la cual, está sometida a los
estándares de veracidad e imparcialidad. Motivo por el cual, el discurso debe
examinarse a la luz de dichas exigencias.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03569-00
Accionante: David Isaac Valencia Villadiego
Accionado: Presidencia de la República
Referencia: Primera instancia acción de tutela

61. Analizado el mensaje difundido en la red social “x.com” se verifica que en la foto
en primer plano aparece el rostro del actor, quien es señalado de pertenecer a una
red “constituida para amenazar de muerte a progresistas”. Se afirma que la red está
dirigida por un asesino. En criterio de esta Sala, la afirmación del jefe de Estado no
se realizó con respeto a los estándares de veracidad e imparcialidad, puesto que se
efectuó una afirmación tajante, sin adjetivos que implicaran una duda o una
construcción sintáctica que permitiera concluir que atribuye un hecho hipotético. Por
el contrario, se trató de una afirmación vehemente en la que, prescindiendo de
adjetivos como “supuestos”, “eventuales”, se presentó al actor y otras personas,
como parte de una red delincuencial.

62. La apoderada del jefe de Estado sostuvo en su escrito de defensa que, en la
primera parte del mensaje de la red social, el presidente de la República puso en
conocimiento de las autoridades competentes (Fiscalía General de la Nación y
Policía Nacional), la consumación de conductas punibles. En esa medida, el
mensaje era la materialización del deber legal de denunciar cualquier conducta
punible que se conozca.

63. A juicio de esta Corporación, el argumento defensivo no está llamado a
prosperar, pues si bien es cierto todo servidor público tiene el deber de poner en
conocimiento de las autoridades competentes la comisión de delitos, ello no incluye
el derecho de difundir la aseveración conforme a la cual, ciudadanos particulares,
que no ejercen cargos públicos, sean presentados como miembros de redes
delincuenciales. El jefe de Estado habría ejercido legítimamente su derecho a la
libertad de expresión, si se limita a solicitar la investigación de las supuestas
conductas punibles, pero evitando hacer afirmaciones tajantes e inequívocas, sobre
la responsabilidad penal de las personas. Adicional a ello, siempre utilizando
adjetivos conforme a los cuales, se trata de hechos que son objeto de investigación,
y en esa medida, hasta que no se obtengan decisiones judiciales, se trata de
hipótesis, o supuestos.

64. La afirmación del jefe de Estado presenta al actor, de manera inequívoca y
tajante, como miembro de una red encargada de amenazar a progresistas y al
propio presidente de la República. En esa medida, dichas aseveraciones implican
una vulneración al derecho al buen nombre y honra del actor, pues le atribuye
responsabilidad penal en supuestas conductas punibles, de altísima gravedad,
respecto de las cuales no existen decisiones judiciales que desvirtúen la presunción
de inocencia del actor.

65. A esta altura la Sala debe precisar que, en casos anteriores, se han estudiado
acciones de tutela dirigidas contra el presidente de la República por mensajes
difundidos en redes sociales19. En aquellos eventos, a diferencia del actual, se
trataba de mensajes que versaban sobre exservidores públicos o personas que
habían ejercido responsabilidades públicas durante varios años. En esa medida, se
aplicó la regla jurisprudencial e interamericana conforme a la cual, en casos de
afirmaciones sobre asuntos públicos o servidores públicos, estos están sometidos

19
Radicado 11001031500020250279000. Sentencia de 30 de mayo de 2025. C.P. Fernando Pardo
Flórez. En el mismo sentido Sentencia de 27 de septiembre de 2024. Rad. 11001-03-15-000-2024-
02507-01 C.P. María Adriana Marín.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03569-00
Accionante: David Isaac Valencia Villadiego
Accionado: Presidencia de la República
Referencia: Primera instancia acción de tutela

a un nivel más alto de escrutinio, por parte de la opinión pública. Sumado al hecho
de que se discutían asuntos cobijados por discursos especialmente protegidos. En
aquel caso, las afirmaciones del primer mandatario no eran tajantes, sino que se
refería a las personas como “supuestos” o “eventuales” responsables de conductas.

66. En este caso, a juicio de este juez constitucional tiene especial importancia el
hecho que el actor es una persona particular y no ha ejercido ningún cargo público.
Del expediente de tutela no se puede concluir que haya participado en debates
públicos o de interés general. Adicional a ello, el mensaje del jefe de Estado es
categórico en presentarlo como miembro de una red encargada de amenazar a
progresistas y al propio presidente de la república. Por lo anterior, puesto que el
mensaje de 20 de abril de 2025 no respetó los estándares de veracidad e
imparcialidad, y que no puede comprenderse como parte del ejercicio del derecho
a la libertad de expresión del jefe de Estado, en la defensa de su programa político,
corresponde amparar el derecho fundamental al buen nombre y honra del actor.

67. Consecuencia de lo anterior, se ordenará al jefe de Estado que, en el plazo de
5 días desde la notificación de la providencia, elimine el mensaje de la red social, y
rectifique la información allí publicada respecto al tutelante. Si el Presidente de la
República estima necesario presentar denuncia penal, podrá hacerlo a través de los
medios que prefiera, pero omitiendo realizar informaciones afirmaciones
categóricas sobre la responsabilidad penal de personas particulares.

68. Por último, sin perjuicio de que en este caso puntual se amparen los derechos
de David Isaac Valencia Villadiego, con base en los presupuestos fácticos
analizados, esta Sala también le hace un llamado respetuoso a él para que ejerza
sus derechos en redes sociales con plena conciencia de los límites que impone el
orden constitucional. Aunque el derecho a la libertad de expresión goza de una alta
protección en un sistema democrático, no es absoluto, y su ejercicio debe respetar
la dignidad humana, la honra y el buen nombre de los demás. Las redes sociales
no constituyen un espacio ajeno al orden jurídico superior, por el contrario, son
escenarios donde también rige el deber de abstenerse de emitir afirmaciones que
puedan lesionar los derechos fundamentales de terceros20. El debate público es
legítimo y necesario, pero debe realizarse con base en hechos verificables, sin
incurrir en descalificaciones personales o juicios temerarios, especialmente cuando
las afirmaciones se proyectan ante un público masivo y en contextos de alta
polarización.

69. Lo anterior, al considerar que, si bien el comportamiento del demandante en la
red social X.com no está comprendido en el objeto de esta tutela, la Sala no puede
dejar de advertir que el uso de un lenguaje irrespetuoso o violento contribuye a
configurar el escenario que da lugar a este tipo de conflictos y reproducen
discriminaciones. Tales prácticas inciden negativamente en los derechos
fundamentales de los interlocutores, razón por la cual su contención es una
exigencia derivada del ejercicio de la libertad de expresión.

20
Corte Constitucional, Sentencia T-361 de 2019.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03569-00
Accionante: David Isaac Valencia Villadiego
Accionado: Presidencia de la República
Referencia: Primera instancia acción de tutela

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al buen nombre y honra de David
Isaac Valencia Villadiego por las razones indicadas en la providencia.

SEGUNDO: En consecuencia, ORDENAR a Gustavo Francisco Petro Urrego,
presidente de la República, que, en el plazo de 5 días contados a partir de la
notificación de esta providencia, elimine el mensaje publicado en la red social
“x.com”, y rectifique la información allí contenida respecto del tutelante.

TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.

CUARTO: En caso de no ser impugnada, REMITIR a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.