Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02330-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02330-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02330-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
5 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02330-00
Accionante: Claudia Patricia Santamaría Rojas
Accionado: Presidente de la República
Temas: Tutela contra acción u omisión de autoridad pública. Derechos
fundamentales al buen nombre, a la honra y a la libertad de
expresión. Niega el amparo solicitado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
1. Decide la Sala1 la acción de tutela formulada por Claudia Patricia Santamaría
Rojas contra el presidente de la República.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
2. El 22 de abril de 2025, Claudia Patricia Santamaría Rojas presentó acción de
tutela para obtener la protección de sus derechos fundamentales a la vida, dignidad
humana, buen nombre, honra e «información veraz». Como consecuencia de lo
anterior, solicitó lo siguiente:
«[...] Que se ordene al accionado emitir una rectificación inmediata, pública, clara y
proporcional en el mismo medio y con igual visibilidad a la publicación original,
incluyendo:
Reconocimiento del error.
Versión veraz de los hechos.
Aclaración de que se realiza a solicitud del afectado. Que se ordenen medidas urgentes
de protección frente a las amenazas recibidas, para garantizar mi derecho fundamental
a la vida e integridad personal.
Que se oficie a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional para que
investiguen las amenazas recibidas y adopten las medidas de protección
correspondientes [...]».
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, la accionante afirmó
que, el 20 de abril de 2025, el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro
Urrego, a través de la red social denominada «X», compartió una publicación de la
cuenta denominada «@Aquelarre118» en la cual se acusó a determinadas
1
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del
Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para
conocer del proceso de la referencia.
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personas, entre las cuales se encuentra la accionante, de conformar un grupo que
presuntamente estaría realizando «amenazas de muerte a progresistas y al
presidente de la República».
4. El 21 de abril de 2025, con el fin de agotar el requisito de procedibilidad, solicitó
al presidente de la República una rectificación de la información divulgada, a través
de los medios, tales como «mensaje interno, comentario público o correo
electrónico». Sin embargo, hasta la fecha de radicación de la presente acción, no le
ha sido resuelta su petición o efectuada la respectiva corrección.
5. Como fundamentos de derecho, la accionante manifestó que la Presidencia
de la República vulneró sus derechos fundamentales la vida, dignidad humana,
buen nombre, honra e «información veraz», al compartir una publicación, sin
verificar previamente su contenido, dado que los hechos allí expuestos no
corresponden a la realidad. Además, afirmó que, como consecuencia directa de
dicha publicación «ha recibido amenazas serias y verificables contra su vida e
integridad personal», lo que ha generado una afectación grave y continua a sus
garantías superiores.
Intervenciones2
6. La Presidencia de la República indicó que la acción de tutela se soportó en una
lectura fragmentada, descontextualizada, sesgada y estrictamente personal de las
palabras utilizadas por el presidente de la República en la publicación del 20 de abril
de 2025, pues no emitió una opinión ni realizó afirmaciones propias sobre el caso,
sino que simplemente solicitó que se iniciara una investigación sobre posibles
conductas delictivas, en línea con lo allí manifestado.
7. Además, sostuvo que el formato técnico de la publicación, que mantiene el sello
de «retweet» y la atribución expresa a «@Aquelarre118» refuerza que no existió
creación, modificación ni apropiación del mensaje por parte de la cuenta
presidencial, ya que solo fue una reproducción mecánica como parte del flujo
informativo característico de estas plataformas digitales, realizando la gestión de
denuncia propia que tienen todos los ciudadanos.
8. Al respecto, precisó que existen precedentes que respaldan el derecho y el deber
de cualquier ciudadano, incluido el presidente de la República, de poner en
conocimiento de las autoridades competentes hechos que puedan tener carácter
delictivo, por lo que corresponderá exclusivamente a las autoridades competentes,
en el marco del debido proceso, determinar si existe mérito para iniciar una
investigación o proceder con acciones legales relacionadas con los hechos
expuestos.
9. De otra parte, señaló que, al revisar el sistema de gestión documental de esa
entidad, evidenció que la accionante no presentó solicitud de retractación al
presidente de la República. En esos términos, solicitó negar las pretensiones, toda
2
El 12 de mayo de 2025, el despacho ponente de la presente decisión admitió la acción de tutela contra el presidente y el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
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vez que no vulneró ninguno de los derechos fundamentales invocados por la parte
accionante.
II. CONSIDERACIONES
Problema jurídico
10. Corresponde a la Sala resolver, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, si la declaración realizada el 20 de abril de
2025 por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, a través de la red
social «X», vulneró los derechos al buen nombre y a la honra invocados por la
accionante.
Procedibilidad de la acción de tutela
11. La presente acción de tutela resulta procedente porque (1) se orientó a lograr
el amparo de los derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, buen nombre
y honra; (2) se tiene acreditada la legitimación, tanto activa como pasiva, porque
Claudia Patricia Santamaría Rojas es la titular de los derechos cuya protección
invoca, y el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, fue el que
emitió el mensaje que hoy discute la accionante; (3) no existe otro mecanismo que
permita a la parte actora procurar la defensa de sus derechos constitucionales,
pues si bien podría pensarse que procede la solicitud de rectificación, lo cierto es
que esta no resulta exigible cuando la publicación no versa sobre un dato o
información que, en ausencia de veracidad, pudiese afectar los derechos al buen
nombre, lo cual no ocurre en el presente asunto como se explicará más adelante;
y (4) hubo un plazo razonable en la presentación de la acción de tutela comoquiera
que el mensaje cuestionado fue publicado el 20 de abril de 2025.
Análisis de la vulneración alegada
12. La Sala negará el amparo solicitado, por las razones que a continuación
pasan a exponerse:
13. Claudia Patricia Santamaría Rojas centró sus argumentos contra la
publicación que compartió el presidente de la República, el 20 de abril de 2025, a
través de la red social denominada «X», pues consideró que esta vulneró sus
derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, honra y buen nombre,
comoquiera que el contenido de ese mensaje carece de veracidad y no corresponde
a la realidad.
14. Al revisar cada uno de los elementos probatorios que obran en el expediente,
se observa que, en la fecha mencionada, el primer mandatario compartió un «tweet»
de la cuenta denominada «@Aquelarre118», en el que se mostraba una imagen en
la que se destacaba a unas personas, entre las cuales se encontraba la accionante,
con la siguiente leyenda «Información sobre el Delincuente lykan (hilo en
construcción durante el día) ¿#FiscalCamargoEncubreAsesinos como lykan?».
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15. Al replicar el anterior mensaje, el presidente indicó: «[l]e ordeno a
@FiscaliaCol y a @PoliciaColombia abrir investigación judicial sobre esta red
dirigida por el asesino @Lykanista, construida para amenazar de muerte a
progresistas en la red, incluido al presidente de la República».
16. Así las cosas, se advierte que en la jurisprudencia de la Corte Constitucional
y de esta corporación3 han dispuesto que en el marco del «poder-deber» que tiene
el presidente de la República de comunicarse con la ciudadanía mediante discursos
o intervenciones públicas, pueden distinguirse 2 escenarios: (i) aquellos en los que
se pretende comunicar información objetiva a los ciudadanos sobre asuntos de
interés general; y (ii) aquellos en los que, más allá de transmitir una información
objetiva, se exponen cuestiones acerca de la política oficial, se defiende la gestión
gubernamental, se responde a criticas o «se expresa su opinión acerca de algún
asunto, casos estos últimos en los cuales caben apreciaciones subjetivas
formuladas a partir de criterios personales».
17. Al respeto, en cuanto al primer escenario, el presidente de la República tiene
la intención de presentar una información como auténtica y, en ese orden, son
exigibles las cargas de veracidad e imparcialidad4. Respecto el segundo, no se
busca comunicar una información objetiva, sino expresar una apreciación personal
y subjetiva frente a un tema en particular y, por tanto, no se requiere una objetividad
estricta, pero si es necesario que estas opiniones estén respaldadas al menos por
hechos reales y criterios razonables. Según la Corte Constitucional, ello implica
examinar si dichas perspectivas tienen algún fundamento o carecen de este, lo que
determinar si hay lugar a conceder la protección del derecho a la libre expresión5.
18. En ese sentido, al analizar el contenido del mensaje difundido por el
presidente de la República en la red social «X», logró evidenciarse que este
constituyó una manifestación del derecho fundamental a la libertad de opinión, en
el marco de un asunto de interés público, pues requirió/solicitó la investigación
judicial sobre una posible conducta delictiva. Ello, también en cumplimiento del
deber que tiene todo ciudadano de poner en conocimiento de la autoridad
competente la posible comisión de una conducta que pueda tipificarse como tal; de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 906 de 2004.
19. Además, debe precisarse que el mensaje en cuestión no estaba dirigido de
manera personal en contra de la accionante, pues dicha publicación se hizo citando
un tweet del post realizado por la cuenta denominada «@Aquelarre118», en el cual
se mencionaba a varias personas por lo que no está haciendo un señalamiento
personal con la intención de causarle daño.
20. Ahora, si bien la accionante manifestó que ha recibido varias amenazas con
ocasión, presuntamente, del mensaje publicado por el presidente, resulta
importante aclarar que, en primer lugar, de las pruebas aportadas no se desprende
tal afirmación, y, en segundo lugar, aquella autoridad, como se explicó en
3
Ver, entre otras, las Sentencias del 1 de octubre de 2021 de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
(Rad. 11001-03-15-000-2021-04934-00); del 26 de noviembre de 2024 de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado (Rad. 11001-03-15-000-2024-05736-00); y Sentencia T-466 de 2016 de la Corte Constitucional.
4
Corte Constitucional. Sentencia T-391 de 2007.
5
Sentencia T-466 de 2016.
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precedencia, no fue quien publicó la imagen donde figura la accionante, sino que
solo la compartió en cumplimiento, se insiste, del deber de poner en conocimiento
de las autoridades competentes hechos que podrían constituir delitos, lo cual es
legítimo un Estado democrático de derecho.
21. Asimismo, se resalta que las interacciones o reacciones no resultan prueba
suficiente para demostrar una afectación de tal magnitud que implique censurar una
publicación, en virtud de las dinámicas de la red social «X», en las que incluso las
mismas reacciones son tanto de apoyo como de desacuerdo, luego estas por si
solas no pueden entenderse como una afectación a sus derechos fundamentales.
22. En todo caso, para el caso concreto, no podría atribuírsele responsabilidad
al presidente por las reacciones derivadas de su mensaje, en tanto que se trató de
una expresión respecto de la cual su publicación y divulgación no está prohibida por
el ordenamiento jurídico ni por el derecho internacional.
23. En esos términos, para la Sala de la manifestación realizada por el presidente
no se desprende una vulneración de los derechos fundamentales invocados, por lo
que se negará el amparo solicitado por Claudia Patricia Santamaría Rojas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por Claudia Patricia Santamaría Rojas, a
través de la acción de tutela instaurada contra la Presidencia de la República, de
conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente
providencia.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
A. R. F.
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