Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-05192-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-05192-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-05192-00
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
25 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05192-00
Accionante: Cristian Camilo Ruiz Rojano
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de nulidad electoral. Doble militancia en la modalidad de
apoyo / DECLARA IMPROCEDENCIA – Falta de cumplimiento del requisito de
relevancia constitucional – Se pretende emplear la acción de tutela como una
instancia adicional al proceso ordinario y reproches carecen de carga argumentativa
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 25 de septiembre de 2024 el señor Cristian Camilo Ruiz Rojano, a través de
apoderado judicial, promovió acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo
de Estado, con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales a elegir y
ser elegido, debido proceso y acceso a la administración de justicia.
2.
Solicitó que se dejara sin efectos la sentencia de 5 de septiembre de 20242 emitida
dentro del proceso de nulidad electoral3 instaurado por los señores Romeo Edinson
Pérez Field y Yina Isabel Meléndez Padilla en su contra, encaminado a obtener la
anulación de su acto de elección como concejal del municipio de Sabanalarga para
el período 2024-2027, al haber incurrido en doble militancia en la modalidad de
apoyo.
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Decisión judicial objeto de solicitud de aclaración y adición, la cual fue negada con auto de 19 de septiembre
de 2024.
3
Expediente 08001-23-33-000-2024-00010-01, acumulado con el radicado 08001-23-33-000-2023-00462-00.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05192-00
Accionante: Cristian Camilo Ruiz Rojano
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
3.
En la aludida providencia se revocó la sentencia de 4 de junio de 2024, por medio
de la cual el a quo4 negó las pretensiones, y accedió a estas. Se consideró que
estaba acreditado que el demandado, a pesar de pertenecer y haber sido candidato
al Concejo de Sabanalarga para el período 2024-2027 por el partido Nuevo
Liberalismo, desplegó por lo menos un acto positivo inequívoco de apoyo a la
candidatura del señor Sergio Enrique Barraza Mora, aspirante a la Asamblea
Departamental del Atlántico por el partido de Cambio Radical, pese a que su
organización política había inscrito candidatos propios para esa plaza a través de la
coalición “Atlántico Avanza”.
4.
La parte actora sostuvo que la decisión judicial incurre en defecto fáctico. Se
valoraron de manera indebida una captura de pantalla presuntamente tomada desde
su perfil de la red social Facebook, un video que también fue supuestamente
obtenido de esa plataforma virtual y la declaración extrajudicial rendida el 6 de
diciembre de 2023 por la señora Rosalba Barboza.
5.
Los referidos registros fotográfico y de video carecen de fecha de creación y autor,
es decir, no existe certeza sobre su contenido y autenticidad. Frente a estos, en el
interrogatorio de parte indicó que esa información era falsa y que la desconocía, pues
no sabía su origen. A pesar de ello, se tuvieron como plena prueba para deducir el
aludido apoyo electoral.
6.
De igual modo, resulta cuestionable que se le haya otorgado valor probatorio a la
declaración extrajudicial de una persona que no fue llamada a ratificar su dicho y que
es totalmente desconocida para el proceso.
7.
También se desatendió el criterio que la autoridad judicial ha adoptado en asuntos
similares. En un caso que desató el 8 de agosto de 2024 5, en el que se examinaba
la existencia de la doble militancia con fundamento en un video, al parecer de la red
social del demandado en ese asunto, se precisó que esa evidencia digital generaba
dudas de carácter técnico. Asimismo, se adujo que la presencia conjunta en eventos
públicos no constituía por sí sola doble militancia.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
8.
Mediante auto de 10 de octubre de 20246, se aceptó el impedimento manifestado
por el consejero Fernando Alexei Pardo Flórez, se admitió la acción de tutela, se
negó la solicitud de medida provisional presentada por la parte accionante, se ordenó
notificar a la autoridad demandada y se vinculó a los señores Romeo Edinson Pérez
Field, Yina Isabel Meléndez Padilla y Germán Ernesto Escobar Higuera, así como a
la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral, en calidad
4 Tribunal Administrativo del Atlántico.
5
Expediente 11001-03-28-000-2024-00046-00, C. P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
6 Notificado el 16 y 23 de octubre de 2024.
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de terceros con interés. De igual modo, se ordenó comunicar la decisión a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.
9.
Por otro lado, se requirió al abogado Ronald Javier Vásquez García para que
allegara en debida forma el poder que lo habilitaba para ejercer la representación
judicial en el trámite de tutela, el cual fue aportado del modo solicitado por aquel
profesional del derecho, razón por la que se le reconocerá personería.
(i) Sección Quinta del Consejo de Estado
10.
La providencia acusada fue proferida con observancia de las garantías
procesales, con fundamento en la legislación y jurisprudencia vigentes respecto de
la causal de nulidad electoral de doble militancia y en un análisis probatorio conforme
a las reglas de la sana crítica y las disposiciones del Código General del Proceso
(CGP).
11.
En todo caso, esta acción debe declararse improcedente, al no satisfacer el
presupuesto de relevancia constitucional. El tutelante se limitó a cuestionar la
valoración probatoria y el análisis efectuado con base en apreciaciones subjetivas y
la reiteración de los argumentos esgrimidos en el proceso de nulidad electoral, sin
evidenciar en qué consiste cada uno de los defectos alegados ni demostrar por qué
se quebrantaron sus derechos fundamentales. Pretende convertir la tutela en una
instancia adicional para cuestionar la decisión del juez natural.
(ii) Consejo Nacional Electoral
12.
Indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no ha
vulnerado ninguna garantía superior del accionante y no tiene injerencia en los
hechos y pretensiones que fundamentan la tutela. En esa medida, solicitó su
desvinculación de las presentes diligencias.
(iii) Registraduría Nacional del Estado Civil
13.
Afirmó que se configura su falta de legitimación en la causa por pasiva porque
carece de competencia funcional para atender lo requerido por el actor. Lo que
motivó la presentación de la solicitud de amparo fue una providencia emitida por un
despacho judicial. En el marco de sus funciones constitucionales y legales no tiene
injerencia en las decisiones que tomen en derecho los jueces.
14.
Además, no se demostraron los defectos alegados por el tutelante. Estos
evidencian que pretende emplear la tutela para reabrir un debate judicial que fue
zanjado por el juez natural.
(iv) Yina Isabel Meléndez Padilla
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15.
Adujo que en el proceso ordinario (i) la autoridad judicial valoró en conjunto las
pruebas allegadas y conforme a las reglas de la sana crítica; (ii) el accionante contó
con la oportunidad de controvertir las pruebas que estima nulas, pero no lo hizo; (iii)
como la imagen y video se refieren al accionante, este debió tacharlos de falso, pero
desistió de ello, y el desconocimiento no era procedente en este caso; y, (iv) frente
a la declaración del tercero, el actor pudo pedir su ratificación.
16.
La tutela no debe emplearse para discutir la apreciación probatoria del juez, como
si se tratara de una tercera instancia, máxime cuando esta se hizo en conjunto y
conforme a la sana crítica.
(v) Romeo Edinson Pérez Field
17.
Sostuvo que frente a la declaración extrajudicial, dicha prueba fue allegada con la
demanda de nulidad electoral presentada por la señora Yina Meléndez. Sin embargo,
ella renunció a tal elemento de convicción, razón por la cual el Tribunal Administrativo
del Atlántico no la tuvo en cuenta para desatar el litigio. No obstante, la autoridad
accionada la analizó, por ende, al excluirla posiblemente se modifica el sentido de la
decisión que se ataca, dada la vulneración al debido proceso que esa actuación
judicial comporta.
(vi) Parte accionante
18.
El accionante radicó un memorial dirigido a pronunciarse sobre la contestación de
la tutela de la autoridad accionada, en el sentido de indicar que se supera el
presupuesto de relevancia constitucional. No pretende convertir este trámite
constitucional en una tercera instancia, pues lo debatido no implica un asunto
meramente legal, sino que involucra la afectación de sus derechos fundamentales.
(vii) Rosalba Barboza7
19.
Aportó una declaración extrajudicial rendida el 18 de septiembre de 2024 ante la
Notaría única del Círculo de Baranoa (Atlántico), en la que indicó que la declaración
que se tuvo en cuenta en la providencia acusada la realizó por petición del señor
José Trocha Rodríguez, mas no porque le constara la situación fáctica que allí
expuso, pues desconocía su contenido hasta cuando se enteró que era testigo dentro
del proceso de nulidad electoral promovido contra el tutelante.
20.
Asimismo, afirmó que dentro de aquel asunto ordinario “había renunciado a esa
declaración”, sin embargo fue tenida en cuenta en segunda instancia. En todo caso,
advierte que ella nunca asistió a ninguna reunión política del tutelante, por ende, todo
lo que dice la declaración del 6 de diciembre de 2023 es totalmente falso, pues no
elaboró ese documento. En esa medida, solicita que no se tenga en consideración
el mismo.
7 Quien realizó la declaración extrajudicial que valoró la autoridad accionada en el proceso de nulidad electoral.
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II. CONSIDERACIONES
C. Cuestiones previas
(i) Memoriales del tutelante y de la señora Rosalba Barboza
21. La Sala no emitirá pronunciamiento alguno referente a los escritos presentados
por el tutelante y la señora Rosalba Barboza de manera posterior a que se allegaran
los informes de tutela rendidos por la autoridad accionada y los terceros interesados.
22. Acerca del memorial de la parte actora, se tiene que contiene manifestaciones
para desvirtuar lo afirmado por la autoridad accionada en su contestación de tutela,
esto es, que el asunto no cumplía con el requisito de relevancia constitucional.
23. En atención a su naturaleza residual y subsidiaria, la acción de tutela se tramita
a través de un procedimiento preferente y sumario8, regido por los principios de
celeridad e informalidad. En tal virtud, carece de etapas procesales destinadas a
controvertir los argumentos presentados por los vinculados, en razón a que ello
perpetuaría un debate jurídico que desatiende la finalidad de este mecanismo,
consistente en la protección inmediata de derechos fundamentales.
24. Por consiguiente, no es viable calificar la argumentación allí expuesta por el actor,
porque ello equivaldría a aceptar el desarrollo de una etapa procesal que no prevé
el ordenamiento jurídico para este tipo de acciones constitucionales.
25. De igual modo, el escrito presentado por la señora Rosalba Barboza escapa de
la órbita de competencia de esta Sala, en la medida en que trae a colación reproches
e irregularidades que debieron haber sido puestas en conocimiento del juez natural
en el trámite del litigio ordinario. Inconformidad que, valga anotar, no fue planteada
en la solicitud de amparo.
26. Por tanto, adoptar alguna determinación relativa a dicho asunto en sede de tutela
implicaría inobservar la subsidiariedad que debe revestir su interposición, pues se
entraría a reemplazar al juez natural de la causa y a definir un punto que no fue
analizado en el respectivo proceso, etapa que no se puede suplir a través de esta
herramienta jurídica.
27. En ese orden de ideas, emitir algún tipo de pronunciamiento relativo a los
referidos memoriales implicaría desconocer el derecho de defensa y contradicción
de la autoridad accionada y los terceros, pues se tendrían en cuenta argumentos
respecto de los cuales no tuvieron oportunidad de pronunciarse.
8 Artículo 86 de la Constitución Política.
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(ii) Solicitudes de desvinculación de la Consejo Nacional Electoral y la
Registraduría Nacional del Estado Civil
28. Tanto el Consejo Nacional Electoral como la Registraduría Nacional del Estado
Civil solicitaron su desvinculación, en razón a que no tienen injerencia en los hechos
que fundamentan la tutela ni competencia para atender lo solicitado por el actor.
29. LaSala negará las anteriores peticiones. Comoquiera que las dos entidades
fueron vinculadas al proceso electoral, mediante los autos de 25 de enero de 20249
y 1º de febrero siguiente10, que admitieron las demandas de nulidad electoral
formuladas contra el tutelante y que posteriormente se acumularon a través de
proveído de 14 de marzo de 2024, resultaba indispensable que fueran llamadas a
estas diligencias como terceras interesadas.
30. Al ser vinculadas al trámite del proceso ordinario dentro del que se profirió la
sentencia acusada, les asiste interés respecto de la decisión que se adopte frente a
su validez. En ese sentido, no tiene repercusión alguna que en la providencia objeto
de censura se haya declarado probada la excepción de falta de legitimación en la
causa formulada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, pues ante un
eventual amparo dicha decisión se dejaría sin efectos.
D. Análisis del caso concreto
31. La Sala declarará la improcedencia de la acción, al no satisfacer el presupuesto
de relevancia constitucional. Aunque el accionante enmarca sus reproches dentro
de la causal específica de procedibilidad de la tutela de defecto fáctico, lo cierto es
que su argumentación se dirige a cuestionar la valoración probatoria realizada por
la autoridad judicial e imponer la propia, sin demostrar que aquella contraríe las
reglas de la sana crítica ni que sea caprichosa o arbitraria para acreditar la afectación
constitucional que alega, como se expondrá a continuación.
32. El reproche planteado gira en torno a la manera como la autoridad judicial valoró
el material probatorio obrante en el proceso ordinario, en particular, los elementos
con base en los cuales anuló su acto de elección, estos son: (i) una captura de
pantalla presuntamente tomada desde su perfil de la red social Facebook, (ii) un
video que también fue supuestamente obtenido de aquella red social y (iii) la
declaración extrajudicial rendida el 6 de diciembre de 2023 por la señora Rosalba
Barboza.
33. En cuanto a la imagen y el video, el tutelante adujo que no tenían fecha de
creación ni autor, por lo que no existe certeza sobre su contenido y autenticidad,
9 Expediente 08001-23-33-000-2024-00010-00. En dicho asunto se vinculó a los dos entes estatales.
10 Expediente 08001-23-33-000-2023-00462-00. En estas diligencias solamente se vinculó a la Registraduría
Nacional del Estado Civil, conforme al numeral 2 del artículo 277 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
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máxime cuando él en el interrogatorio de parte indicó que esa información era falsa
y que la desconocía.
34. La autoridad demandada advirtió que el video, grabado en un acto de campaña
del tutelante y cuya duración es de 19 segundos, no tenía elementos suficientes
para demostrar más allá de toda duda que aquel, al decir: “este 29 de Octubre
tenemos que salir todos temprano a votar por Libardo, por Cristian, Por Sergio, por
Verano”, se refiriera al señor Sergio Barraza, pues no mencionó el apellido ni el
cargo de elección popular en particular. Por ende, ese medio de convicción por sí
solo no demuestra que el accionante haya desplegado algún acto positivo para
respaldar candidaturas de personas ajenas a su colectividad política.
35. No obstante, la fotografía a la que se refiere el tutelante, proviene del perfil de su
red social Facebook, específicamente de una historia en la que se etiquetó el
nombre Sergio Enrique Barraza Mora, y corresponde a la parte inicial de la
mencionada grabación de video. Por tanto, se evidencia una relación entre el aludido
video y la fotografía, de lo que se infiere que al invitar a las personas a votar, aludía
entre los candidatos al señor Barraza Mora.
36. Por consiguiente, no corresponde a la realidad la afirmación de que tales registros
digitales carecen de fecha de creación y de autor, dado que se indicó que las
publicaciones de las que fueron extraídas datan del 14 y del 22 de octubre de 2023
y que reposaban en la red social Facebook del tutelante.
37. Asimismo, se advirtió que el tutelante en el interrogatorio de parte que rindió, en
audiencia de pruebas celebrada el 15 de mayo de 2024, sostuvo que era falso lo
publicado en sus redes sociales, pero también señaló que él era el único que las
manejaba y no negó haber publicado las fotografías analizadas ni haber etiquetado
a las personas relacionadas en la mencionada imagen.
38. Además, debe tenerse en cuenta que aunque el actor insiste en estas diligencias
constitucionales en la falsedad de la aludida información publicada, él presentó
durante el desarrollo de la audiencia inicial realizada el 7 de mayo de 2024 dentro
del proceso ordinario una tacha de falsedad en su contra, pero desistió de esta en
la diligencia de pruebas, al no contar con el video original correspondiente y pidió se
tramitara el desconocimiento del documento de que trata el artículo 27211 del Código
General del Proceso (CGP).
11 “En la oportunidad para formular la tacha de falsedad la parte a quien se atribuya un documento no firmado, ni
manuscrito por ella podrá desconocerlo, expresando los motivos del desconocimiento. La misma regla se aplicará
a los documentos dispositivos y representativos emanados de terceros.
No se tendrá en cuenta el desconocimiento que se presente fuera de la oportunidad prevista en el inciso anterior,
ni el que omita los requisitos indicados en el inciso anterior.
De la manifestación de desconocimiento se correrá traslado a la otra parte, quien podrá solicitar que se verifique
la autenticidad del documento en la forma establecida para la tacha.
La verificación de autenticidad también procederá de oficio, cuando el juez considere que el documento es
fundamental para su decisión.
Si no se establece la autenticidad del documento desconocido carecerá de eficacia probatoria.
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39. Sobre el particular, el Tribunal Administrativo del Atlántico, en la mencionada
audiencia de pruebas, determinó que no le impartiría trámite a la tacha de falsedad
solicitada. Así como tampoco tramitaría la petición de desconocimiento, porque no
se propuso en la correspondiente oportunidad legal y dicha figura no procede
respecto de las reproducciones de la voz o de la imagen de la parte contra la cual
se aducen.
40. Con base en lo descrito, la parte actora no puede pretender revivir ese debate
acerca de la validez de las mencionadas pruebas, el cual fue definido por la
autoridad judicial de primera instancia, cuanto más si la falta de trámite de la tacha
de falsedad se debió a que desistió de esta y la figura de desconocimiento del
documento se empleó de manera extemporánea y, en todo caso, no procedía en
ese evento. Pronunciarse sobre dicho punto implicaría inmiscuirse en la órbita de
competencia del juez natural del litigio, y reabrir el debate probatorio.
41. En lo relativo a la declaración extrajudicial realizada el 6 de diciembre de 2023
por la señora Rosalba Barboza, el actor afirmó que lo allí consignado no fue
ratificado dentro del proceso de nulidad electoral.
42. Respecto de tal declaración se determinó que no había sido controvertida ni
desvirtuada por el demandado, pues no se pronunció sobre dicho elemento. Esa
aserción de la autoridad demandada tiene respaldo en lo ocurrido en la audiencia
inicial de 7 de mayo de 2024, pues en la etapa de decreto de pruebas se tuvieron
como tales los documentos aportados con las demandas de nulidad electoral, entre
estos, la aludida declaración, frente a lo cual no se hizo manifestación alguna por
parte del tutelante.
43. Ahora bien, en cuanto a que no se le podía otorgar valor probatorio a esa
declaración, dado que la información allí suministrada no fue ratificada dentro del
proceso, cabe anotar que tal elemento de convicción no se constituyó en el eje
central para acceder a las pretensiones de la demanda de nulidad electoral. Por
tanto, excluirla de valoración carece de la entidad suficiente para modificar la
decisión judicial objeto de censura.
44. Así las cosas, los reproches del tutelante están dirigidos a reprochar el valor
probatorio otorgado por la autoridad accionada a los elementos de convicción que
reposan en el expediente de nulidad electoral, sin que acredite arbitrariedad alguna
en la manera como lo hizo aquella ni que las conclusiones probatorias a las que
arribó contraríen los postulados de la sana crítica.
45. Cabe recordar en este punto que la tutela no se instituyó como una instancia
adicional a los procesos ordinarios, es decir, no es concebida como un juicio de
El desconocimiento no procede respecto de las reproducciones de la voz o de la imagen de la parte contra la
cual se aducen, ni de los documentos suscritos o manuscritos por dicha parte, respecto de los cuales deberá
presentarse la tacha y probarse por quien la alega”.
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corrección, sino como un juicio de validez, pues su finalidad es propender por la
salvaguarda de derechos fundamentales, mas no imponer el sentido en el que se
deben valorar las pruebas, máxime cuando no se comprueba que del modo
realizado por el accionado desatienda los preceptos de lógica y experiencia de la
sana crítica.
46. Por último, la parte actora indicó que la autoridad judicial accionada desatendió
una sentencia que emitió el 8 de agosto de 2024, en la que, en un caso con
supuestos fácticos similares al suyo, se concluyó que la evidencia digital generaba
dudas de carácter técnico y que no constituía doble militancia el solo hecho de asistir
de manera conjunta a eventos públicos.
47. El precitado reproche tampoco supera el presupuesto de relevancia
constitucional, dado que no se hace referencia a qué criterio o cuál regla
jurisprudencial se desatendió. El accionante se limita a hacer alusión a
aseveraciones consignadas en la providencia presuntamente desconocida, sin que
se explique por qué estima que estas no se tuvieron en cuenta, es decir, pretende
que se acojan para desatar su caso sin mayor desarrollo argumentativo.
48. En la sentencia de 8 de agosto de 2024 se definió un asunto en el que se buscaba
obtener la anulación de un acto de elección de la gobernadora del Tolima para el
período 2024-2027, con fundamento también en la ocurrencia de una doble
militancia en la modalidad de apoyo. En ese litigio se precisó que “la evidencia digital
aportada para que se configure la doble militancia presenta ciertas dudas de carácter
técnico”; seguidamente se puntualizó que no se advierte “que existan motivos que
impidan el análisis del contenido del video aportado, pues lo cierto que más allá de
la originalidad del contenido del video, lo que se ha debatido es su integridad, mas
no lo que allí se aprecia y no existen elementos que indiquen que la herramienta
usada para obtenerlo no fue idónea”.
49. A pesar de que en aquella providencia se refería a dudas de carácter técnico
respecto de la evidencia digital, se determinó otorgarle valor probatorio de manera
que no entiende la Sala la remisión que hace la parte actora a dicha decisión judicial,
pues allí se examinó el video que acreditaba la configuración de doble militancia y
lo que pretendía el tutelante era que no se valorara. Lo que se observa es una
alusión fragmentada a ese pronunciamiento judicial, en la medida en que se citó de
manera parcial lo anotado acerca de ese aspecto; es decir, lo que le favorecía al
accionante para fundamentar su reproche.
50. De igual modo, no se indica de qué modo se inobservó lo sostenido en esa
sentencia, frente a que “la presencia conjunta en eventos públicos no constituye por
sí sola doble militancia”, dado que la autoridad judicial accionada no afirmó que por
el solo hecho de haber concurrido el tutelante junto con el señor Sergio Enrique
Barraza Mora a un evento público se había configurado la doble militancia, sino que
se basó en un video y una fotografía en la que se demostraba su apoyo de manera
directa a ese candidato, al invitar a los asistentes a ese evento a votar por aquel.
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Diferente a lo acreditado en dicho litigio, motivo por el cual se negaron las súplicas
ordinarias.
51. En esa medida, el actor pretende que se le imponga a la autoridad accionada
tener en cuenta una decisión judicial que esta profirió para desatar una controversia
de índole electoral, pese a que no se aviene a su caso, pues la situación fáctica y el
material probatorio obrante en ese expediente son disímiles al que integra el proceso
promovido en su contra.
52. Así las cosas, los reproches de la parte actora no demuestran una afectación
constitucional ni contienen una carga argumentativa que acredite algún yerro de
índole constitucional que implique vulneración de derechos fundamentales. Por el
contrario, evidencian un desacuerdo con la manera como la autoridad accionada
decidió el proceso de nulidad electoral, en particular, en lo referente a la valoración
probatoria efectuada con el fin de que se acoja la tesis probatoria que él pregona.
53.
En ese orden de ideas, esta Sala declarará la improcedencia de la solicitud de
amparo, al no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.
54.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: NEGAR LAS SOLICITUDES DE DESVINCULACIÓN formuladas por el
Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil por las
razones expuestas en la motivación de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en
atención a las consideraciones planteadas.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.
QUINTO: RECONOCER personería al abogado Ronald Javier Vásquez García,
portador de la tarjeta profesional 168.174 del Consejo Superior de la Judicatura,
como apoderado de la parte actora, en los términos y para los efectos del poder que
reposa en el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE12
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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