Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-05192-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-05192-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-05192-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
11 de febrero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05192-01
Accionante: Cristian Camilo Ruiz Rojano
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., once (11) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05192-01
Accionante: Cristian Camilo Ruiz Rojano
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad
electoral. Subtema 2: defecto fáctico y desconocimiento del precedente.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de impugnación interpuesto por Cristian Camilo Ruiz Rojano contra la
sentencia del 25 de noviembre de 2024 proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Cristian Camilo Ruiz Rojano, por conducto de apoderado, presentó acción de
tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales a elegir y ser
elegido, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, que consideró
vulnerados con ocasión de la sentencia del 5 de septiembre de 2024, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad electoral con
radicado núm. 08001-23-33-000-2024-00010-011.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en el
trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
2. El señor Cristian Camilo Ruiz Rojano fue elegido concejal del municipio de
Sabanalarga (Atlántico), el 29 de octubre de 2023, con el aval del Partido Nuevo
Liberalismo, para el periodo 2024-2027.
1 Proceso acumulado con el expediente núm. 08001-23-33-000-2023-00462-00.
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3. Los señores Romeo Edinson Pérez Field y Yina Isabel Meléndez Padilla
presentaron demanda de nulidad electoral, con el fin de que se dejara parcialmente
sin efecto el formulario E-26-CON del 7 de noviembre de 2023, por medio del cual se
declaró la elección del señor Cristian Camilo Ruiz Rojano como concejal del municipio
de Sabanalarga (Atlántico) para el período 2024 – 2027.
4. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 4 de junio de 2024,
negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no se configuraban los
elementos de la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo. Contra dicha
decisión, la parte actora presentó recurso de apelación.
5. El Consejo de Estado, Sección Quinta, a través de providencia del 5 de septiembre
de 2024, revocó el fallo de primera instancia y accedió a las pretensiones de la
demanda, con el argumento de que los instrumentos probatorios aportados al proceso
(video, fotografías, documentos, interrogatorio de parte y otras declaraciones) eran
suficientes para demostrar todos los elementos de la prohibición de doble militancia en
la modalidad de apoyo en la que incurrió el demandado.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
6. La parte actora solicitó en el escrito de tutela2 lo siguiente:
1. Solicito respetuosamente de ustedes Honorables Consejeros, Tutelar los
derechos fundamentales al Debido proceso y elegir y ser elegido, por las razones
expuestas en esta acción de tutela, y en consecuencia se deje sin efecto la
sentencia del 05 de septiembre de 2024, proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, dentro del proceso con el radicado No. 08001-23-33-000-
2024-00010-01 (Principal) y 08001-23-33-000-2023-00462-00 (Acumulado).
2. Se ordene a la Sección Quinta del Consejo de Estado, que, en el término de
48 horas, contadas a partir de la notificación del fallo de tutela, profiera una nueva
sentencia de acuerdo a la valoración probatoria correspondiente3.
7. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó que la sentencia
del 5 de septiembre de 2024, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado
incurrió en defecto fáctico, porque no valoró en debida forma una captura de pantalla
tomada desde su perfil de la red social «Facebook», un video que también fue obtenido
de esa plataforma virtual y la declaración extrajudicial rendida el 6 de diciembre de
2023 por la señora Rosalba Barboza.
8. En este sentido, explicó que los registros fotográficos y el video que se aportaron
al expediente carecen de fecha de creación y autor, por lo que no existía certeza sobre
su contenido y autenticidad. En cuanto a la declaración, afirmó que esta prueba no
podía validarse en el proceso al no haberse ratificado lo dicho por la declarante.
9. De esta manera, indicó que los elementos de prueba obrantes en el proceso de
nulidad electoral no permitían inferir que se configuró la prohibición de doble militancia
en la modalidad de apoyo.
2 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-5192-00, índice 2, certificado núm. 94EEA7F5A098CBC2
8F426FDC2FF2B6C8 CF80E030F68E7C7B 2D55DF201BF6C508.
3 Se transcribe incluso con errores.
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10. Agregó que la providencia objeto de tutela desconoció el criterio expuesto por el
Consejo de Estado, Sección Quinta en la sentencia del 8 de agosto de 2024, dentro
del expediente con radicado núm. 11001-03-28-000-2024-0046-00, en el cual se indicó
que la «presencia conjunta en eventos públicos no constituye por sí sola doble
militancia».
2.3. Trámite procesal
11. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante auto del 10 de
octubre de 20244, admitió la solicitud de tutela, ordenó la notificación a la Sección
Quinta del Consejo de Estado, y dispuso comunicar el escrito de tutela al Consejo
Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a los señores Romeo
Edinson Pérez Field, Yina Isabel Meléndez Padilla y German Ernesto Escobar Higuera,
en calidad de terceros interesados, y negó la medida provisional invocada.
2.4. Intervenciones
12. La Sección Quinta del Consejo de Estado5 pidió que se declare improcedente la
tutela porque el asunto solicitud de amparo carece de relevancia constitucional.
13. De esta manera, explicó que el tutelante se limitó a cuestionar la valoración
probatoria y el análisis efectuado en la providencia acusada, con base en
apreciaciones subjetivas y la reiteración de los argumentos esgrimidos en el proceso
de nulidad electoral, sin acreditar los defectos alegados ni demostrar las razones por
las cuales se vulneraron sus derechos fundamentales. En concreto, pretende convertir
la tutela en una instancia adicional para cuestionar la decisión del juez natural.
14. Agregó que la sentencia cuestionada fue proferida con fundamento en la
legislación y la jurisprudencia vigente que desarrolló la causal de nulidad electoral de
doble militancia y en un análisis probatorio conforme a las reglas de la sana crítica y
las disposiciones del CGP.
15. El Consejo Nacional Electoral6 manifestó que carece de legitimación en la causa
por pasiva, por cuanto no vulneró los derechos del accionante, toda vez que no tiene
injerencia en los hechos y pretensiones expuestos en la solicitud de amparo. En
consecuencia, pidió su desvinculación de esta acción constitucional.
16. La Registraduría Nacional del Estado Civil7 afirmó que se configura una falta de
legitimación en la causa por pasiva, por cuanto carece de competencia funcional para
atender lo requerido por el actor.
17. Lo anterior, por cuanto lo pretendido por el accionante es dejar sin efecto la
sentencia del 5 de septiembre de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección
4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05192-00, índice 10, certificado núm. 6D3337C5E8D26FBE
4204C71EBBB83E9A F3766553AC2DF191 683AC67CA52798CF. .
5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05192-00, índice 16, certificado núm. 4ADFFC798F4F9AEB
EF8A1A319B1DF937 D175B427B9F3B5E5 3143A6A202F926B1.
6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05192-00, índice 17, certificado núm.
D87C3428446E8366 968C55B1E1D8F11F 3A04DA014267F6EF CC51508B619C356D.
7 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05192-00, índice 21, certificado núm.
248CEF017BE07A7F 81DC731784B43C05 3BE6826A77A885EC 136C73D2A959C33C.
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Quinta, por lo que en el marco de sus funciones constitucionales y legales no tiene
injerencia en el contenido y alcance de la decisión judicial cuestionada.
18. Además, refirió que la solicitud de amparo no demostró los defectos alegados por
el tutelante, lo cual evidencia que pretende emplear la tutela para reabrir un debate
judicial que fue zanjado por el juez natural.
19. La señora Yina Isabel Meléndez Padilla8 se opuso a las pretensiones de la tutela
con fundamento en lo siguiente: i) la autoridad judicial accionada valoró en conjunto
las pruebas aportadas al proceso de nulidad electoral conforme las reglas de la sana
critica, ii) el accionante contó con la oportunidad para controvertir las pruebas que
estimaba nulas, pero no ejerció los mecanismo pertinentes para la defensa de sus
intereses, pues aunque podía tachar de falsos las fotografías y el video, desistió de
este instrumento procesal, y ii) el actor pudo pedir la ratificación de la declaración del
tercero, pero prefirió guardar silencio.
20. Así pues, destacó que la acción de tutela no puede emplearse para discutir la
apreciación probatoria del juez, como si se tratara de una tercera instancia, máxime
cuando esta se hizo de manera adecuada, coherente y razonable.
21. El señor Romeo Édinson Pérez Field9 pidió que se acceda al amparo de tutela, al
considerar que la declaración extrajudicial fue allegada por la señora Yina Meléndez,
sin embargo, ella renunció a tal elemento de convicción, razón por la cual el Tribunal
Administrativo del Atlántico no la tuvo en cuenta para desatar el litigio. No obstante, la
autoridad accionada la analizó, lo cual podría derivar en una vulneración del debido
proceso, pues al excluirla, posiblemente se hubiese modificado el sentido de la
decisión que se ataca.
22. La señora Rosalba Barboza10 manifestó que dentro del proceso de nulidad
electoral se puso de presente que había renunciado a la declaración extraprocesal del
6 de diciembre de 2023, sin embargo, fue tenida en cuenta por el juez de segunda
instancia, pese a que lo expuesto en dicho documento es contrario a la realidad, pues
ella no asistió a ninguna reunión política.
23. Adicionalmente, aportó una declaración extrajudicial rendida el 18 de septiembre
de 2024 ante la Notaría única del Círculo de Baranoa (Atlántico), en la que indicó que
la declaración que se tuvo en cuenta en la providencia acusada la realizó por petición
del señor José Trocha Rodríguez, más no porque le constara la situación fáctica que
allí expuso, pues desconocía su contenido hasta cuando se enteró que era testigo
dentro del proceso de nulidad electoral promovido contra el tutelante.
8 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05192-00, índice 25, certificado núm.
54B1D621F7CBA7D8 E2A9F3B384EEECBF 8462A636CDDF0DD2 32F0887C8F06B436.
9 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05192-00, índice 27, certificado núm. 8CB91166597F0758
FDFC486745BD7217 15B2F910F24F6820 CFBB643D0263C017.
10 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05192-00, índice 28, certificado núm. 3140C20F430629FF
73C032E8E8B123A6 4C80360586DD68DF 944AB0422F128A76.
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2.5. Sentencia de primera instancia
24. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 25 de noviembre de 202411, declaró improcedente la acción de tutela
presentada por el señor Cristian Camilo Ruiz Rojano, porque no superó el requisito de
relevancia constitucional.
25. En este sentido, indicó que la parte actora pretender revivir el debate sobre la
validez de las pruebas descritas en la providencia acusada, esto es, (i) la captura de
pantalla tomada desde su perfil de la red social «Facebook», y (ii) un video, sin tener
en cuenta que la eficacia de esos elementos de prueba fue definida por el Tribunal
administrativo del Atlántico en la audiencia de pruebas que se surtió en el proceso
electoral, cuando determinó que no se daría trámite a la tacha de falsedad, porque el
demandado desistió de ese instrumento procesal, y la figura del desconocimiento no
procedía respecto a reproducciones de voz o de imagen, aunado a que se propuso en
forma extemporánea.
26. Asimismo, mencionó que la declaración extrajudicial realizada el 6 de diciembre
de 2023 por la señora Rosalba Barboza no fue controvertida ni desvirtuada por el
demandado al interior del proceso electoral. Así pues, la afirmación de la autoridad
accionada tenía respaldo en lo ocurrido en la audiencia inicial del 7 de mayo de 2024,
pues en la etapa de decreto de pruebas se tuvieron como tales los documentos
aportados con las demandas, entre estos, la aludida declaración, frente a lo cual el
tutelante no hizo manifestación alguna.
27. Adicionalmente, expresó que la aludida declaración no constituyó el eje central
para acceder a las pretensiones de la demanda de nulidad electoral. Por tanto, excluirla
de valoración carece de la entidad suficiente para modificar el sentido de la decisión
judicial objeto de censura.
28. De este modo, consideró que los reproches del tutelante están dirigidos a
cuestionar el valor probatorio otorgado por la autoridad accionada a los elementos de
convicción que reposan en el expediente de nulidad electoral, sin acreditar alguna
arbitrariedad que resulte contraria a los postulados de la sana crítica.
29. Por otro lado, en cuanto al posible desconocimiento de la sentencia del 8 de agosto
de 2024, precisó que el tutelante efectuó una interpretación sesgada de la providencia,
en la medida en que citó un fragmento de la decisión que le resultaba favorable, sin
verificar que el contenido de la providencia era distinto, pues en esta se indicó que la
prueba digital utilizada para configurar la doble militancia en el caso estudiado era
idónea, por lo que no se podía afirmar que el fallo referido por el actor constituía un
criterio jurisprudencial unificado que permitía desvirtuar la eficacia probatoria de los
instrumentos digitales.
30. Así las cosas, concluyó que los reproches del tutelante no contienen una carga
argumentativa que acredite algún yerro de índole constitucional que implique una
vulneración de sus derechos fundamentales. Por el contrario, evidencian un
desacuerdo con la providencia acusada, en particular, en lo referente a la valoración
11 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05192-00, índice 31, certificado núm. 69EAA117D01EEBBA
C8AD1A83AC14FD54 47D22FEDEC1AFF8E 5066B65BF6583CB8.
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probatoria efectuada con el fin de que se acojan los argumentos que resultan
favorables a sus intereses.
2.6. Impugnación
31. El señor Cristian Camilo Ruiz Rojano presentó impugnación12, en contra de la
sentencia del 25 de noviembre de 2024, para lo cual argumentó que el requisito de la
relevancia constitucional se encuentra superado, comoquiera que se cuestiona la
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a elegir y ser elegido
y al acceso a la administración de justicia por parte de la autoridad judicial accionada.
32. Indicó que era necesario efectuar un análisis de fondo de los argumentos de la
tutela para determinar si la decisión judicial cuestionada se ajustó a las garantías
constitucionales y si las pruebas valoradas arbitrariamente afectaron de manera
desproporcionada los derechos invocados.
33. Así pues, advirtió que la discusión no versa sobre asuntos legales o económicos,
sino sobre el impacto de una providencia que anuló la elección democrática de un
ciudadano, lo cual no solo afectó al accionante, sino que también desconoció los
derechos políticos de los electores que expresaron su voluntad en las urnas. Por lo
tanto, el caso tiene implicaciones constitucionales que trascienden lo particular o
privado.
34. De igual manera, refirió que la providencia cuestionada se fundamentó en
elementos probatorios que habían sido desestimados en primera instancia por carecer
de autenticidad y que no cumplieron con las garantías del debido proceso al no permitir
su adecuada contradicción. Esto generó una afectación directa y desproporcionada de
los derechos del actor, pues se anuló su elección privándolo de su derecho a la
defensa y participación política.
35. Finalmente mencionó que el Consejo de Estado, Sección Quinta, en sentencia del
7 de diciembre de 2016 (radicado núm. 25000-23-41-000-2015-02347-01), precisó que
la doble militancia exige la realización de actos positivos, verificables e inequívocos de
respaldo a un candidato distinto al del propio partido, según el artículo 2° de la Ley
1475 de 2011. En este sentido, consideró insuficientes las pruebas presentadas
(fotografías, testimonios y entrevistas), ya que no demostraban el apoyo directo, y
descartó extender la causal a omisiones o actos ambiguos.
36.A partir de lo anterior, solicitó que se revoque el fallo impugnación y, en
consecuencia, se acceda a las peticiones expuestas en la solicitud de tutela.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
37. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia de la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 25 de
12 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05192-00, índice 35, certificado núm. 9955AE82BB47AD91
1DEFE508BE12FE58 3F67F4292B86CFCE 99E1DFFC9C700431.
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noviembre de 2024 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado.
3.2. Legitimación en la causa
38. La legitimación en la causa por activa de Cristian Camilo Ruiz Rojano está
acreditada, porque es el demandado en el proceso de nulidad electoral en el que fue
expedida la providencia que, a su juicio, desconoció sus derechos fundamentales.
39. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Consejo de
Estado, Sección Quinta, debido a que fue la autoridad que profirió la sentencia del 5
de septiembre de 2024 objeto de estudio.
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
40. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado13, y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de
evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo
constitucional14.
41.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
42. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales15 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.
43. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado
núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
14 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
15 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
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autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución16.
Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
44. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional17 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse
de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales el asunto que
entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido
el órgano de cierre sobre la materia.
45. Así pues, la Corte Constitucional18 ha fijado unos criterios que deben ser acatados
con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en
concreto, los cuales son los siguientes:
i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico»19 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental»20;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente un
carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de
interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa
sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares
más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que
permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en
una afectación grave de derechos fundamentales.
46. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una
afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la decisión
cuestionada concurrió un desconocimiento del ordenamiento jurídico que, a su juicio,
impidió que se expidiera una decisión ajustada a derecho.
47. Asimismo, la solicitud de amparo supera el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad electoral en el que se profirió la decisión objeto
de tutela.
48. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho toda vez que la
sentencia proferida el 5 de septiembre de 2024 por el Consejo de Estado, Sección
Quinta, fue notificada el 6 de septiembre de 202421, y la demanda de tutela se presentó
16 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
19 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
20 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
21 Samai, exp. 08001-23-33-000-2024-00010-01, índice 18, certificado
D2AD91E4A6626DA0 03E3C09DFAE80AA6 230D17286E0F23A3 23435AA3E2425366.
8
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el 26 de septiembre de 202422, esto es, dentro del plazo de seis meses establecidos
por la jurisprudencia constitucional23 y el Consejo de Estado24 como razonable.
49. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, al punto
que el asunto superó la relevancia constitucional, y no resultaba posible que hubiera
alegado la vulneración reclamada en sede del proceso ordinario, precisamente porque
su cuestionamiento está dirigido en contra de la decisión que le puso fin a la actuación
judicial.
50. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad electoral.
51. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales
de procedibilidad en relación con los defectos fáctico y desconocimiento del
precedente y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que
planteó la parte actora.
3.4. Problema jurídico
52. Corresponde a la Sala determinar si debe revocar o modificar la sentencia de
primera instancia del 25 de noviembre de 2024, proferida por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de
amparo interpuesta por el señor Cristian Camilo Ruiz Rojano. En particular, deberá
establecer si la acción de tutela superó los requisitos generales de procedibilidad que
exige la Corte Constitucional para que se pueda emitir una decisión de fondo.
53. En caso afirmativo, se debe establecer si la Sección Quinta del Consejo de Estado
incurrió en defectos fáctico y desconocimiento del precedente y, en consecuencia,
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a elegir y ser elegido y al
acceso a la administración de justicia de Cristian Camilo Ruiz Rojano, al proferir la
sentencia del 5 de septiembre de 2024.
54.Para el efecto, se estudiará: i) las generalidades de los defectos invocados; y ii) el
caso concreto.
Generalidades de los defectos invocados
55. La parte actora consideró que la autoridad judicial accionada transgredió las
garantías constitucionales porque la providencia objeto de tutela incurrió en los
defectos: i) fáctico y ii) desconocimiento del precedente.
El defecto fáctico
56. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
22 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05192-00, índice 1.
23 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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supuesto legal en el que se sustenta la decisión»25. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa
en la decisión26» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones:
una positiva y otra negativa.
57. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa
una valoración por “completo equivocada”»27. Por su parte, la dimensión negativa se
presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los
medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del
caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes que
sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos
casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»28.
58. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:
(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su
arbitrio el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas
no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión
respectiva; (iii) en la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto,
esto es, cuando se adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y
sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas
manifiestamente inconducentes respecto de los hechos y pretensiones
debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas
viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios que no
guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de
conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso29.
59. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial30, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma concreta,
las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este
«no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas
generales de competencia»31.
60. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado de manera genérica, por
lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas en
cada caso:
50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las
pruebas que obran en el expediente es por completo equivocada […]
25 Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
26 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
27 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
28 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
29 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
30 Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
31 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.
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diametralmente opuesta –siguiendo las reglas de la lógica– a la que se
desprende del contenido de los materiales probatorios. […]
51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido
valoradas de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor
valor a alguna prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.
52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]32.
El desconocimiento del precedente judicial
61. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la República
tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales vinculantes y
relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la efectividad de los
principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima, y la unificación
de la interpretación de las normas jurídicas33.
62. Al respecto, la Corte Constitucional34 ha considerado que el precedente se define
como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con anterioridad a un
caso determinado que, por su semejanza en los hechos analizados y en los problemas
jurídicos resueltos, debe ser necesariamente considerado por las autoridades
judiciales al momento de emitir un fallo posterior. Frente a la obligatoriedad del
precedente, la Corte ha dicho:
90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad
del precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este
precepto de la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están
sometidos al imperio de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa
e independencia para fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les
presenta la ley. Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la
jurisprudencia de la Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo
aquella emitida por el legislador, sino además comprende todas las fuentes del
derecho incluidas las sentencias que interpretan la Constitución como norma de
normas, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre
de cada jurisdicción.
91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido
proceso y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como
objetivo principal garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz
32 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
33 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el
ordenamiento constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la
vigencia de un orden justo, lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en
estos principios, una autoridad judicial tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma
manera, y los casos diferentes de manera distinta”. El juez cuenta, desde luego, con autonomía para valorar si un
asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y, en caso de que lo sea, de apartarse de la ratio
decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo contrario desconoce el precedente
horizontal».
34 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
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de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que
rigen el ordenamiento constitucional. En otras palabras, la independencia
interpretativa es un principio relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto
a la igualdad en la aplicación de la ley y por otras prescripciones constitucionales35.
63. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo funcionario;
y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior jerárquico o la
autoridad encargada de unificar la jurisprudencia36.
64. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «sin determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en relación
con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por autoridades judiciales
funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de la jurisprudencia»37.
65. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de manera
razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del principio de
autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente, pues la
interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en caso de
que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una violación a
los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y
al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de tutela38.
66. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de la
función judicial, pues se trata de una sola corporación39.
67. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial,
le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora de este
derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de criterio» de
manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las exigencias de la
autonomía judicial.
3.5 Caso concreto
68. En el asunto bajo estudio, los señores Romeo Edinson Pérez Field y Yina Isabel
35 Se transcribe incluso con errores.
36 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
37 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
38 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente
horizontal o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero
exige que el juez enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca
expresamente el precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su
existencia”. El segundo requiere exponer razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los
supuestos fácticos del nuevo caso que justifiquen el cambio jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica
demostrar que el precedente no es válido, correcto o suficiente para resolver el asunto sometido a examen judicial.
Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades
como la autonomía e independencia de los operadores judiciales.»
39 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
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Meléndez Padilla presentaron escrito en ejercicio del medio de control de nulidad
electoral, con el fin de que se dejara parcialmente sin efecto el formulario E-26-CON
del 7 de noviembre de 2023, por medio del cual se declaró la elección del señor Cristian
Camilo Ruiz Rojano como concejal del municipio de Sabanalarga (Atlántico) para el
período 2024 – 2027. En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Atlántico no
accedió a las súplicas de la demanda en fallo del 2 de junio de 2024.
69. Apelada la anterior decisión, la Sección Quinta del Consejo de Estado emitió
sentencia el 5 de septiembre de 2024 en la que revocó la decisión del Tribunal y, en
consecuencia, accedió a las pretensiones de la demanda.
70. Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela, en concreto, que
la Sección Quinta del Consejo de Estado, al proferir la sentencia del 5 de septiembre
de 2024, incurrió en defecto fáctico porque no valoró en debida forma i) una captura
de pantalla tomada desde su perfil de la red social «Facebook», ii) un video que
también fue obtenido en dicha plataforma virtual y iii) la declaración extrajudicial
rendida el 6 de diciembre de 2023 por la señora Rosalba Barboza.
71. En este sentido, explicó que los registros fotográficos y el video que se aportaron
al expediente carecen de fecha de creación y autor, por lo que no existe certeza sobre
su contenido y autenticidad. En cuanto a la declaración, afirmó que esta prueba no
podía validarse en el proceso al no haberse ratificado lo dicho por la declarante.
72. Así pues, estimó que los elementos de prueba obrantes en el proceso de nulidad
electoral no permitían inferir que se configuró la prohibición de doble militancia en la
modalidad de apoyo.
73. Al respecto, se observa que la autoridad judicial accionada en la sentencia objeto
de tutela, se pronunció sobre el valor probatorio de las fotografías y videos aportados
como prueba en los procesos judiciales, en cuanto precisó que según lo dispuesto en
los artículos 243 y 244 del CGP, estos elementos digitales «se presumen auténticos
siempre y cuando no hayan sido tachados de falsos o desconocidos. No obstante,
deben analizarse en contexto, conforme con las reglas de la sana crítica».
74. Asimismo, la decisión acusada destacó que según el criterio de esta corporación
este tipo de medios de prueba «son «meramente representativos que por sí solos no
demuestran fehacientemente un hecho o acción determinada»40, por lo que su valor
probatorio depende de su análisis en conjunto con los demás medios de prueba
obrantes en el expediente».
75. A partir de este contexto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la sentencia
objeto de tutela del 5 de septiembre de 2024, efectuó un análisis del registro fotográfico
y fílmico aportado al proceso de nulidad electoral, con base en las siguientes
consideraciones:
Ahora bien, la prueba que según los recurrentes resulta determinante en este caso
es el video de 19 segundos que fue aportado con los anexos de las demandas y en
el que aparece el demandado en un acto de campaña, con público, diciendo:
40 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 24 de septiembre de 2020, Rad. 11001-03-28-000-2019-
00074-00.
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Necesitamos trabajar de la ayuda de cada uno de ustedes. Por eso es que este
29 de octubre, tenemos que salir en masa, tenemos que salir todos temprano
a votar por Libardo, por Cristián, por Sergio, por Verano. Y que el 29 de octubre
a las 5 de la tarde ya estemos en la esquina de la caravana… (Se resalta).
En medio del público, aparecen afiches publicitarios del señor Sergio Barraza, tal
como se evidencia en la siguiente imagen:
[…]
No obstante, aunque el demandado invita a «salir temprano a votar por Libardo, por
Cristian, por Sergio, por Verano» en el solo video no hay elementos suficientes para
afirmar, más allá de toda duda que se refería al señor Sergio Barraza, toda vez que
el señor Ruiz Rojano no menciona ningún apellido ni cargo de elección popular en
particular.
Es decir, el video bajo análisis, por sí solo no demuestra que el demandado haya
desplegado algún acto positivo para respaldar candidaturas de personas ajenas a
su colectividad política.
Sin embargo, dentro de las pruebas aportadas por la demandante Yina Isabel
Meléndez Padilla aparece la siguiente imagen:
[…]
Comparada con el referido video, se advierte que aquella corresponde a la parte
inicial de la grabación:
Ahora, la fotografía aportada por la parte actora proviene del perfil del demandado
en la red social Facebook, específicamente de una historia y aparece etiquetado
claramente el nombre Sergio Enrique Barraza Mora.
Al ser interrogado el demandado en la audiencia de pruebas celebrada el 15 de
mayo de 2024 sobre el manejo de sus redes sociales y en general, sobre los hechos
objeto de litigio, sostuvo:
[…]
Así las cosas, en la precitada declaración el demandado afirmó que él es la única
persona que maneja sus redes sociales y aunque fue indagado por las
publicaciones aportadas como prueba con las demandas, se limitó a afirmar que
todo obedecía a que el señor José Trocha lo persiguió; sin embargo, no negó haber
publicado las fotografías objeto de análisis ni haber etiquetado a las personas
relacionadas en la última imagen bajo estudio.
De lo anterior, se tiene que efectivamente el señor Cristian Camilo Ruiz Rojano, en
un acto de campaña, invitó a votar por «Sergio» en las elecciones del 29 de octubre
de 2023 y luego, él mismo publicó el video de su intervención o, por lo menos
imágenes de aquella en su perfil de Facebook y etiquetó, entre otros al señor Sergio
Enrique Barraza Mora, de lo que se deduce que a la persona que se refería era a
esta última.
[…]
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En tales condiciones, del análisis en conjunto de todo el material probatorio sí se
puede extraer más allá de toda duda, que el apoyo solicitado por el demandado en
el referido video sí fue para el señor Sergio Enrique Barraza Mora, aspirante a la
Asamblea del Atlántico por el Partido Cambio Radical.
En este caso, el video bajo estudio junto con la fotografía extraída de aquel en el
que se etiqueta al señor Sergio Enrique Barraza Mora y la declaración extraproceso
de la señora Rosalba Barbosa, permiten afirmar más allá de toda duda razonable
que el demandado sí invitó a votar en un acto de campaña público por el candidato
del Partido Cambio Radical a la Asamblea del Atlántico, pese a que su partido, el
Nuevo Liberalismo tenía candidatos propios para dicha duma en coalición con otros
partidos políticos a través de la coalición «Atlántico Avanza».
Ahora bien, según se tiene, el video en cuestión fue tachado de falso por el
apoderado del demandado en el escrito de contestación de la demanda; sin
embargo, él mismo desistió de la tacha y pretendió convertirla en un
desconocimiento, por lo que en la audiencia de pruebas celebrada el 15 de mayo
de 2024 se aceptó el respectivo desistimiento y se rechazó de plano la solicitud de
desconocimiento en los términos del artículo 272 del Código General del Proceso.
Dicha decisión quedó en firme, sin que ninguno de los sujetos procesales la
recurriera.
Así las cosas, es claro que tanto el video como las fotografías aportadas al
expediente tienen pleno valor probatorio y, como se dijo, resultan suficientes para
encontrar acreditados todos los elementos de la prohibición de doble militancia en
la modalidad de apoyo en el caso concreto, así: […].
76. En efecto, la Sección Quinta del Consejo de Estado precisó que el video grabado
en un acto de campaña del tutelante no tenía elementos suficientes para demostrar la
conducta reprochada al demandado, pues en el contenido de este medio digital no se
mencionó el apellido ni el cargo de elección popular del candidato Sergio Barraza,
quien integraba otra colectividad política distinta a la del señor Cristian Camilo Ruiz
Rojano. Por ende, dicha prueba, analizada de manera individual o aislada no tenía la
convicción suficiente para atribuir el cargo de doble militancia.
77. En este sentido, la autoridad judicial accionada afirmó que al expediente del
proceso electoral también se aportaron fotografías de las cuales, una provenía del
perfil de la red social «Facebook» del demandado, concretamente, de una historia en
la que se etiquetó el nombre del señor Sergio Enrique Barraza Mora, que correspondía
a la parte inicial de la referida grabación de video, por lo que existía una relación directa
entre el material de fílmico y la fotografía, en la cual se podía apreciar que el señor
Ruiz Rojano invitaba a las personas a votar por el señor Barraza Mora, entre otros
candidatos.
78. Así pues, la Sección Quinta del Consejo de Estado indicó que las publicaciones
de la red social «Facebook» del accionante datan del 14 y 22 de octubre de 2023, es
decir, con anterioridad al 29 de octubre de 2023, fecha en la que se realizaron las
elecciones territoriales, por tanto, no era posible concluir que los registros digitales
carecían de fecha de creación y de autor.
79. De igual manera, la providencia acusada resaltó que el demandado, en el
interrogatorio de parte que rindió en la audiencia de pruebas celebrada el 15 de mayo
de 2024, afirmó que era la única persona que manejaba sus redes sociales y no negó
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haber realizado las publicaciones y las etiquetas de las personas relacionadas en las
imágenes, por lo que no era dable inferir la existencia de duda respecto del origen de
los medios de prueba digital.
80. Adicionalmente, la sentencia cuestionada mencionó que el señor Cristian Camilo
Ruiz Rojano, en el escrito de contestación de la demanda, tachó de falso el video
aportado al proceso de nulidad electoral; sin embargo, desistió de la tacha, lo cual se
aceptó en la audiencia de pruebas celebrada el 15 de mayo de 2024. En su lugar,
acudió a la figura jurídica del «desconocimiento de documento» prevista en el artículo
272 del CGP, la cual fue rechazada al no haberse presentado oportunamente y, porque
dicho instrumento de defensa no procede para cuestionar reproducciones de voz o de
imagen.
81. A partir de lo anterior, la autoridad accionada concluyó «que tanto el video como
las fotografías aportadas al expediente tienen pleno valor probatorio […] para
encontrar acreditados todos los elementos de la prohibición de doble militancia en la
modalidad de apoyo».
82. Lo expuesto, permite advertir que la providencia objeto de tutela efectuó un análisis
razonable de la validez y eficacia del video y la fotografía aportados al expediente del
proceso de nulidad electoral, con lo cual concluyó que los mismos fueron aportados
oportunamente y en debida forma, sin que existiera alguna condición que impidiera
excluirlos del proceso, pues fue el propio demandado el que reconoció su origen y
autenticidad, en la medida en que no los negó ni los tachó de falsos.
83. Ahora, en cuanto a la declaración extrajudicial realizada por la señora Rosalba
Barboza, el 6 de diciembre de 2023, es necesario precisar que dicho documento no
fue cuestionado por el demandado, ni fue debidamente excluido del acervo probatorio,
toda vez que no obra prueba que permita inferir una actuación procesal en ese sentido.
84. Asimismo, se tiene que esta declaración extraprocesal fue mencionada en la
providencia objeto de tutela como un elemento que también hacía alusión a la situación
descrita en el video y la fotografía, pero en ningún momento se constituyó en el eje
central o el fundamentó probatorio de la decisión cuestionada y, por ende, no fue
determinante para establecer la conducta prohibitiva imputada al señor Cristian Camilo
Ruiz Rojano.
85. En consecuencia, no es posible inferir, como pretende mostrarlo el tutelante, que
una eventual exclusión de la declaración de la señora Barboza del proceso de nulidad
electoral hubiese podido tener la condición suficiente para modificar el sentido de la
decisión y favorecer los intereses del actor.
86. Conviene mencionar que la autoridad accionada, además de la fotografía y el
video, también efectuó una valoración integral de los documentos aportados al proceso
de nulidad electoral, entre estos: i) los Formularios E26 CON y E26 ASA, ii) el «Acuerdo
de coalición programática y política entre los partidos Alianza Verde, En Marcha y
Nuevo Liberalismo para inscribir lista de candidatos a la Asamblea Departamental del
Atlántico para las elecciones del 29 de octubre de 2023» y, iii) el Formulario E8 «lista
definitiva de candidatos inscritos a la Asamblea por el Departamento del Atlántico»,
para establecer el contexto político de los candidatos inscritos al Concejo de
Sabanalarga y a la Asamblea Departamental del Atlántico, así como el compromiso de
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la colectividad política a la que pertenecía el tutelante.
87. En este sentido, se observa que la autoridad accionada realizó un análisis conjunto
de los elementos probatorios allegados al proceso, los cuales le permitieron concluir
que en el caso objeto de estudio se configuraron los siguientes elementos: subjetivo,
objetivo, temporal, modal y territorial que caracterizan la prohibición de doble militancia
en la que incurrió el señor Cristian Camilo Ruiz Rojano.
88. En los anteriores términos, la Sala concluye que la Sección Quinta del Consejo de
Estado no incurrió en el defecto fáctico alegado en el escrito de tutela, toda vez que la
sentencia del 5 de septiembre de 2024 estuvo soportada en un estudio razonable de
la validez, la eficacia y la pertinencia de los elementos probatorios aportados al trámite
judicial bajo los principios de autonomía y la sana crítica.
89. Por otro lado, la parte actora manifestó que la providencia acusada desconoció el
criterio expuesto por la Sección Quinta del Consejo de Estado en las sentencias del 8
de agosto de 2024, con radicado núm. 11001-03-28-000-2024-0046-00, y del 7 de
diciembre de 2016, del expediente núm. 25000-23-41-000-2015-02347-01.
90. Al respecto, es pertinente indicar que las providencias referidas por el tutelante,
como lo advirtió el A quo, no resultan contrarias a la decisión objeto de tutela, por
cuanto, en estas se precisó que la estructuración de la causal de doble militancia, si
bien exige la ejecución de actos positivos y concretos de apoyo en beneficio del
candidato diferente», también, es cierto que «Dicho respaldo debe quedar
materializado a través de diversas manifestaciones como por ejemplo el
acompañamiento en la aspiración política, la ayuda prestada en la actividad política,
la asistencia en varias modalidades y cualquier otra conducta que pueda favorecer los
intereses del otro candidato en el debate electoral».
91. En el caso bajo estudio, se tiene que la sentencia cuestionada en esta acción
constitucional desarrolló una suficiente carga argumentativa y probatoria para exponer
que el señor Cristian Camilo Ruiz Rojano realizó actos positivos, verificables e
inequívocos de respaldo a un candidato distinto a su propio partido político, por lo que
incurrió en la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo, lo cual le
impedía acceder a la curul de concejal del municipio de Sabanalarga.
92. Por lo expuesto, la Sala considera que la sentencia del 5 de septiembre de 2024
efectuó un análisis de la prohibición de la doble militancia conforme a los
razonamientos expuestos en decisiones anteriores de la Sección Quinta del Consejo
de Estado, la cual, si bien no resultó favorable a los intereses del tutelante, no permite
inferir la existencia de un desconocimiento de precedente jurisprudencial que haya
vulnerado sus garantías fundamentales.
93. Así las cosas, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer uso
de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir
el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de nulidad electoral,
con el único propósito de obtener un pronunciamiento que se acomode a sus intereses
y pretensiones.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05192-01
Accionante: Cristian Camilo Ruiz Rojano
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta
IV. CONCLUSIÓN
94. Por lo anterior, se concluye que la providencia proferida por el Consejo de Estado,
Sección Quinta no vulneró los derechos fundamentales invocados por el accionante,
por cuanto no se evidencia en su contenido un análisis arbitrario, infundado o
caprichoso ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que constituya
una vía de hecho por los defectos fáctico y desconocimiento de precedente, que exija
la intervención del juez de tutela.
95. Por lo anterior, se modificará la sentencia del 25 de noviembre de 2024, proferida
por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, en su lugar, se
negará la solicitud de amparo invocada por la accionante.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 25 de noviembre de 2024 proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por los motivos contenidos
en esta providencia. En su lugar, quedará así:
PRIMERO: NEGAR la tutela interpuesta por el señor Cristian Camilo Ruiz
Rojano, contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones
consignadas en esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
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Accionante: Cristian Camilo Ruiz Rojano
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta
JLAS/SEJV
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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