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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05213-01

Fecha
13 de marzo de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05213-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente, en relación con la acción de tutela promovida por el señor José Largo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05213-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

13 de marzo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05213-01
Demandante: José Largo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-05213-01
Demandante JOSÉ LARGO
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA Y OTRO
Temas Tutela contra providencia judicial. Medio de control de protección de
derechos e intereses colectivos. Remite demanda a la Jurisdicción
Civil por competencia. Agotamiento de la Jurisdicción. Carencia
actual de objeto por hecho sobreviniente.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la
sentencia del 9 de diciembre de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, que dispuso:
“1º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia. […]”1

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 23 de septiembre de 20242, el señor José Largo interpuso acción de tutela contra
el Tribunal Administrativo de Risaralda y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Pereira por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso en
razón a que el Tribunal remitió por competencia el medio de control de Protección
de Derechos e Intereses Colectivos Nro. 66001-23-33-000-2024-00211-003 a la
Jurisdicción Civil en donde se adelantó el trámite.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«se ordene al juez 3 civil cto de pereira perder competencia

se ordene al tribunal adtivo de Pereira, admitir y tramitar inmediatamente la renuente accion
popular.»

(Sic a toda la cita)

1
Samai, índice 28. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2024-05213-00.
2
Samai, índice 2. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2024-05213-00. El expediente de la referencia le fue repartido
inicialmente con el radicado Nro. 11001-02-03-000-2024-04078-00 a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil, Agraria y Rural, la cual con auto del 26 de septiembre de 2024 dispuso remitirlo por reglas de reparto al Consejo
de Estado. Lo anterior, dado que la acción se promovió contra el Tribunal Administrativo de Risaralda y el Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Pereira, por lo que en aplicación de las reglas de reparto del Decreto 333 de 2021 se dispuso
a remitir a esta Corporación la acción constitucional.
3
Una vez fue repartida la demanda en la Jurisdicción Civil se le asignó el siguiente número de radicación: 66001-31-03-
003-2024-00208-00.

1

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Demandante: José Largo

2. Hechos

Del estudio del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El 17 de mayo de 2024 el señor José Largo presentó demanda en ejercicio del
medio de control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos en contra
del Ministerio de Salud y Protección social y el Banco de Occidente, en esta
pretendía:
«Se ordene al representante legal de la entidad bancaria, accionada en esta acción
CONSTITUCIONAL, LEY 472 DE 1998, a que construya una unidad sanitaria pública y apta
para ciudadanos con movilidad reducida que se desplacen en silla de ruedas, en la agencia
abierta al público, donde ofrece sus servicios públicos a la ciudadanía en general , cumpliendo
normas ntc y normas icontec, en un término NO MAYOR A 60 DIAS a fin que no se continue
con la discriminación y evitar que se tipifique ley 1752 de 2015.

Se ordene por parte del Juez Constitucional hacer responsable de la omisión al MINISTRO
DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, o al ministerio pertinente, por su omisión en el cumplimiento
de su deber función y permitir la vulneración y el agravio a nivel país afectando con su
inactividad legal y Constitucional a la población con limitación en la movilidad que se desplazan
en silla de ruedas, entre otras, y sea condenado a mi favor en costas y agencias en derecho
y se le ordene en derechos quien corresponda se haga cumplir la resolución 14861 de 1985
inmediatamente».

Demanda que le fue repartida al Tribunal Administrativo de Risaralda bajo el
radicado Nro. 66001-23-33-000-2024-00211-00.

2.2. Con auto del 30 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo de Risaralda,
Sala Tercera Unitaria de Decisión dispuso declarar su falta de competencia
para conocer de ese medio de control y, en consecuencia, remitió el
expediente a la Oficina Judicial para que surtiera el reparto dentro de los
Juzgados Civiles del Circuito de Pereira, al considerar que:
«[…] resulta evidente de la redacción del escrito de demanda, que frente a la autoridad pública
allí reseñada, no se asigna la materialización de ninguna amenaza o vulneración de algún
derecho colectivo, pues el presunto desconocimiento de los derechos colectivos invocados
tiene origen en la actuación/omisión de un particular y por ello, se pretende que dicho
particular, perteneciente al sistema financiero, materialice una actuación específica. […]»

Contra esta decisión el señor Largo presentó memorial que fue interpretado
por el despacho como un recurso de reposición, y se recibió otra solicitud de
la señora Cotty Morales.

2.3. El 28 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de Risaralda resolvió
rechazar por improcedente el recurso de reposición presentado por la parte
demandante y la solicitud de la señora Cotty Morales, al señalar que de
conformidad con el artículo 36 de la Ley 472 de 1998 y el artículo 139 del
Código General del Proceso el «[…] auto que remite por competencia en el marco de
las Acciones Populares no es admisible interponer el recurso de reposición […]» y frente a
la solicitud de la señora Morales indicó que si lo pretendido era plantear una
causal de nulidad no se cumplía con los requisitos establecidos en el artículo
135 del Código General del Proceso.

2.4. El 10 de julio de 2024, el expediente le fue repartido al Juzgado Tercero Civil
del Circuito de Pereira quedando radicado con el Nro. 66001-31-03-003-2024-
00208-00.

2

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Demandante: José Largo

2.5. El 24 de julio de 2024, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira admitió
la demanda y ordenó correr el traslado al Ministerio de Salud y Protección
Social y al Banco de Occidente.
3. Fundamentos de la acción

El señor José Largo acusó la vulneración de su derecho fundamental al debido
proceso al considerar que el Tribunal Administrativo de Risaralda «[…] se rehúsa, niega
a admitir mi acción y cree poder enviar mi acción ante la jurisdicción civil, desconociendo de tajo el
fuero de atracción y OLVIDANDO QUE DEMANDO A LA PAR ENTIDAD ADMINISTRATIVA Y
ENTIDAD PARTICULAR […]» a su vez manifestó que el Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Pereira vulneró sus derechos pues «[…] se niega a perder competencia y no
declara su falta de competencia y por ello también le tutelo.» (Sic a toda la cita).

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En providencia del 1 de octubre de 20244, el despacho ponente inadmitió la
acción de tutela interpuesta por el señor José Largo, para que en el término
de tres días siguientes a la notificación de esa providencia el accionante
allegara un memorial en el que expresara de manera clara los hechos de la
acción, identificara el número de radicación de la acción popular e indicara cuál
es el fundamento de la vulneración que alega y, en caso de tratarse de
providencias judiciales debía aportarlas.

4.2. Con auto del 17 de octubre de 20245, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela presentada por el señor José Largo contra el Tribunal
Administrativo de Risaralda y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira;
en calidad de tercero con interés se vinculó a la Nación, Ministerio de Salud y
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; se requirió al Tribunal
Administrativo de Risaralda para que allegara copia de las piezas del
expediente del proceso de acción popular (que no fueron aportadas en la acción
de tutela); se exhortó al accionante para que allegara las piezas del proceso
que se encuentran en su poder advirtiéndole que la «[…] falta de pruebas que
acrediten la vulneración de su derecho impedirá al despacho decidir oportunamente su
petición […] y esto podría derivar en consecuencias «[…] de la aplicación de las reglas
de carga de la prueba».

4.3. La Secretaría del Tribunal Administrativo de Risaralda6 manifestó que al
revisar el número de radicación al que hace referencia el accionante (2024-
00208), este no corresponde a una acción popular que se hubiera tramitado en
esa Corporación sino a una acción de cumplimiento interpuesta por el señor
Rodrigo Antonio Torrecilla Pineda. Resaltó que el señor Largo radicó durante
lo corrido del año 2024 un total de 28 acciones populares, por lo que es
indispensable conocer el número de radicación para identificar al magistrado
ponente y así poder rendir informe sobre ese expediente.

4.4. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira7 únicamente remitió copia
del expediente Nro. 66001-31-03-003-2024-00208-00 y adjuntó el enlace de
consulta.

4
Sama, índice 4. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2024-05213-00.
5
Samai, índice 10. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2024-05213-00.
6
Samai, índice 15. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2024-05213-00.
7
Samai, índice 16. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2024-05213-00.

3

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Demandante: José Largo

4.5. El accionante8 remitió escrito en el que manifestó que no tenía información de
la identificación de la acción popular dado que su computadora se formateó.
Por ello solicitó al despacho que ejerciera sus facultades para que requiriera a
las autoridades accionadas y estas aportaran la documentación que se
requería.

4.6. El 21 de noviembre de 20249, el despacho del magistrado Martín Bermúdez
Muñoz dictó auto en el que ordenaba enviar el expediente al despacho del
magistrado Fredy Ibarra Martínez, en razón a que el proyecto de fallo que
presentó fue derrotado por posición mayoritaria en la Sala del 14 de noviembre
de 2024.

4.7. El Ministerio de Salud y Protección Social y la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado guardaron silencio a pesar de haber sido notificadas en
debida forma10.
5. Providencia impugnada
En sentencia del 9 de diciembre de 202411, la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado declaró la improcedencia del amparo solicitado por el señor
José Largo contra el Tribunal Administrativo de Risaralda y el Juzgado Tercero Civil
del Circuito de Pereira.
Consideró que en asunto de la referencia no se cumple con el requisito de la
relevancia constitucional porque, si bien el escrito de tutela fue inadmitido para que
el accionante lo corrigiera y lo aclarara, lo cierto es que en la subsanación tampoco
se cumplió con la carga mínima para explicar de manera clara las razones por las
cuales el accionante consideraba que el Tribunal no debía remitir el medio de
control a los Juzgados Civiles del Circuito. Tampoco se identificó cuáles eran los
defectos específicos endilgados a la providencia judicial cuestionada y no indicó en
qué consistía la vulneración de los derechos fundamentales, pues lo que se advierte
es «[…] una serie de afirmaciones generales y abstractas sin que sea posible identificar de manera
clara el objeto de la acción, lo cual torna improcedente este mecanismo constitucional.».

Adicionalmente, el accionante no identificó los defectos en los cuales incurrió el
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira al dictar el auto del 24 de julio de 2024,
por medio del cual asumió la competencia del asunto y se admitió la demanda,
como tampoco mencionó cual era el impacto en las garantías constitucionales
invocadas, ni las razones por las cuales creía que esta instancia no debía tramitar
su proceso.
Mencionó que el actor tenía la carga de argumentar por qué su pretensión cumplía
con el requisito de la relevancia constitucional, así como el deber de un mínimo de
argumentación que justificara el estudio de fondo, lo cual no cumplió pues el
demandante se limitó a manifestar que no se debía remitir por competencia el
proceso sin precisar las razones por las cuales consideraba que la remisión del
proceso vulneraba sus derechos. Como fundamento citó un fragmento de la
sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en el que se explica la relevancia
constitucional como un requisito de procedibilidad. Finalmente declaró la
improcedencia del amparo por incumplimiento del mencionado requisito.

8
Samai, índice 17. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2024-05213-00.
9
Samai, índice 19. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2024-05213-00.
10
Samai, índice 13. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2024-05213-00.
11
Samai, índice 28. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2024-05213-00.

4

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Demandante: José Largo

La providencia anterior registró el salvamento de voto del magistrado Martín
Bermúdez Muñoz. Consideró que la solicitud de amparo cumplió con el requisito de
la relevancia constitucional, y que se debió amparar el derecho fundamental del
señor José Largo pues las autoridades accionadas incurrieron en un defecto
procedimental y orgánico.

Señaló que el Tribunal Administrativo de Risaralda incurrió en un defecto
procedimental al trasladar el conocimiento del asunto, sobre el que sí tenía
competencia, y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira incurrió en un
defecto orgánico con la providencia del 24 de julio de 2024, pues esta autoridad
carecía de competencia para conocer del asunto y admitir la demanda.

6. Impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el
accionante12 interpuso escrito de impugnación contra el fallo de primera instancia.

Como sustento expuso que: «[…] apelo pido amparar mi acción amparado derechos sustancial
sin que se permita cometer un exceso ritual manifiesto pues cumplo art 18 ley 472 de 1998 y no soy
abogado pido conceda amparo de pobreza en esta tutela a fin q se me garantice art 29 cn […]». (Sic
a toda la cita)

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 199113, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, sería del caso establecer si le
asistió razón al juez de tutela de primera instancia al declarar improcedente la
presente acción por no estar acreditado el requisito general de procedibilidad de la
relevancia constitucional. Sin embargo, se debe determinar si operó la figura de la
carencia actual de objeto por hecho sobreviniente, debido a que de la revisión
integral que realizó la Sala, se advirtió que en el proceso Nro. 66001-31-03-003-2024-
00208-00 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira adoptó una decisión
definitiva.
Solo en caso de desestimar lo anterior, la Sala analizará la posible vulneración del
derecho fundamental al debido proceso por parte del Tribunal Administrativo de
Risaralda y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, como lo manifestó el
accionante.

12
Samai, índice 33. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2024-05213-00.
13
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los particulares en los casos que señala este decreto».

5

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Demandante: José Largo

3. Carencia actual de objeto por situación sobreviniente

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata,
oportuna y adecuada de derechos fundamentales ante situaciones de amenaza o
vulneración, por la acción u omisión de las autoridades o de los particulares. Su
finalidad, entonces, es evitar que una amenaza a un derecho fundamental se
materialice, o una vez la vulneración ya se ha producido hacer que cese.

Por ende, cuando los hechos que motivaron la acción desaparecen o cuando no
hay forma de resarcir el daño ya producido, la tutela pierde su razón de ser.
Cualquier pronunciamiento al respecto carecería de fundamento. Este fenómeno ha
sido denominado por la jurisprudencia constitucional como carencia actual de objeto
dividido en tres escenarios: (i) hecho superado14; (ii) daño consumado15 y (iii) situación
sobreviniente16.

Sobre esta clasificación, desde sus inicios la Corte Constitucional en Sentencia T-
494 de 1993, precisó lo siguiente:
“(…) la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto”
para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se
encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses
jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye
en el género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a
través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella
que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de
una “situación sobreviniente”.
La primera de estas figuras, regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende
el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo
y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la
vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada
(ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua
cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos
derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer.
La segunda de las figuras referenciadas consiste en que a partir de la vulneración
iusfundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la
acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela imparta
una orden al respecto.
Para finalizar, se ha empezado a diferenciar por la jurisprudencia una tercera modalidad de
eventos en los que la protección pretendida del juez de tutela termina por carecer por completo
de objeto y es en aquellos casos en que, como producto del acaecimiento de una “situación
sobreviniente” que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada, la vulneración
predicada ya no tiene lugar, sea porque el actor mismo asumió una carga que no le
correspondía, o porque, a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la litis.”
(Subrayas fuera del texto)

Recientemente, la Corte Constitucional ha descrito la carencia actual de objeto por
hecho sobreviniente, de la siguiente forma:
“Situación sobreviniente. Esta hipótesis se presenta en aquellos eventos en los cuales
cualquier otra circunstancia implique que, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en
la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío. La Corte ha
indicado que ello ocurre, por ejemplo, cuando “(i) el actor mismo es quien asume la carga que

14
Cfr. Corte Constitucional, Sentencias: SU 540 de 2007, T-678 de 2011 T-597 de 2015, T-669 de 2016 y T-624 de 2016
T-021 de 2017.
15
Cfr. Corte Constitucional, Sentencias: SU 225 de 2013, T-011 de 2016 y T-082 de 2006.
16
Cfr. Corte Constitucional, sentencias: T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013, T-481 de 2016 y T-158 de 2017

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no le correspondía para superar la situación vulneradora; (ii) un tercero –distinto al accionante
y a la entidad demandada- ha logrado que la pretensión de la tutela se satisfaga en lo
fundamental; (iii) es imposible proferir alguna orden por razones que no son atribuibles a la
entidad demandada; o (iv) el actor simplemente pierde interés en el objeto original de
la litis”. Al igual que en el hecho superado, ante la configuración de una situación
sobreviviente el juez constitucional puede adoptar un pronunciamiento, orientado a evitar la
configuración de daños en el futuro o para realizar pedagogía constitucional» 17

Así pues, la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente se configura en los
casos en que, durante el trámite de la acción de tutela, ocurre una situación que
permite que cese la vulneración de derechos. Razón por la cual se hace inocuo
cualquier pronunciamiento u orden del juez de tutela para lograr el amparo de los
derechos.

4. Análisis del caso concreto

4.1. El señor José Largo planteó su escrito de tutela en los siguientes términos:
«[…] actuo en la renuente acción popular radicada 2024 00208, donde demandó al ministro
de salud y a un particular y donde el tribunal adtivo de Pereira , se rehúsa, niega a admitir mi
acción y cree poder enviar mi acción ante la jurisdicción civil, desconociendo de tajo el fuero
de atracción y OLVIDANDO QUE DEMANDO A LA PAR ENTIDAD ADMINISTRATIVA Y
ENTIDAD PARTICULAR la juez civil cto se niega a perder competencia y no declara su falta
de competencia y por ello también le tutelo» […] (Sic a toda la cita) y propuso como
pretensiones que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira perdiera
competencia para conocer el asunto y, en consecuencia, el Tribunal
Administrativo de Risaralda asumiera el trámite del medio de control de
Protección de Derechos e Intereses Colectivos.

4.2. Ahora, de conformidad con el memorial del 23 de octubre de 2024, que remitió
el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira en el que aportó copia de la
acción popular Nro. 66001-31-03-003-2024-00208-00 y de la revisión integral
que realizó esta Sala al mencionado proceso a través de las publicaciones
procesales de la página de la Rama Judicial (nueva forma de consulta procesal
jurisdicción ordinaria)18, se pudo advertir que el 16 de diciembre de 2024 el
mencionado juzgado declaró la nulidad de lo actuado dentro de la acción
popular y rechazó la demanda por agotamiento de la jurisdicción.

Esto, luego de que ese juzgado admitiera la acción popular contra el Ministerio
de Salud y Protección Social y el Banco de Occidente, y se procediera con la
audiencia de pacto de cumplimiento en la que se informó que el «[…] Juzgado
Séptimo Civil del Circuito de la ciudad, falló una acción popular con las mismas pretensiones
y la misma oficina […]», por lo que, se suspendió la audiencia y se procedió a
solicitar el expediente Nro. 66001-31-03-004-2023-00282-00 en préstamo.

De la revisión de ese proceso se observó que el Juzgado Séptimo Civil del
Circuito de Pereira negó las pretensiones de esa otra acción popular mediante
auto del 15 de agosto de 2024, pues consideró que «No queda duda, que ninguna
disposición legal que regule la materia: Resolución No. 14861 de 1985 Ministerio de Salud,
Ley 12 de 1987, Ley 361 de 1997, Ley 762 de 2002, Decreto 1538 de 2005 y la Ley 1316 de

17
Al respecto ver, entre otras, las sentencias proferidas por la Corte Constitucional: T-200 de 2022, T-107 de 2022, SU-
552 de 2019, T-025 de 2019, T-319 de 2017, T-200 de 2013.
18
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Demandante: José Largo

2009; obliga a las entidades financieras, dotar sus instalaciones con baños públicos para
discapacitados. Como quiera entonces que no se dan los presupuestos que permitan estimar
violado ningún derecho colectivo de los contemplados en la ley 472 de 1998 […] se negarán
las pretensiones de la demanda».

De ahí que, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira determinara que
se configuró el agotamiento de la jurisdicción ya que se identificó la similitud
de las pretensiones de ambas acciones, púes estas recaían sobre los mismos
derechos colectivos y respecto de las mismas causas, a pesar de que los
accionantes eran diferentes. Esto como se observa en la parte resolutiva del
auto que, del 16 de diciembre de 2024, así:

Al respecto esta Corporación en sentencia del 11 de septiembre de 201219,
expuso que es aplicable la figura del agotamiento de jurisdicción en las
acciones populares cuando se esté en presencia de: «[…] de una nueva demanda
y de entrada el juez constata que existe cosa juzgada general o absoluta: sentencia
estimatoria debidamente ejecutoriada y por tanto con efectos erga omnes, y que ahora se
promueve idéntica petición judicial fundada en los mismos supuestos fácticos y jurídicos y
respecto del mismo demandado; o también, cuando existe sentencia ejecutoriada que si bien
es denegatoria de las pretensiones y por tanto hizo tránsito a cosa juzgada relativa, es decir
sólo frente a esos hechos y a esas pruebas, lo cierto es que la nueva demanda coincide
plenamente en estar fundada en esos mismos supuestos fácticos y probatorios.», de ahí
que si la segunda demanda fue admitida sin advertir la existencia de la cosa
juzgada se debe declarar la nulidad de lo actuado y rechazar la nueva
demanda por agotamiento de la jurisdicción, como en efecto ocurrió en el caso
en estudio.

4.3. Establecido lo anterior, es claro que durante el trámite de esta acción de tutela
se continuó adelantando la acción popular Nro. 66001-31-03-003-2024-00208-

19
Consejo de Estado, Sala Plena. Expediente Nro. 41001-33-31-004-2009-00030-01. C.P. Susana Buitrago Valencia.

8

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05213-01
Demandante: José Largo

00, respecto de la cual se declaró la nulidad de lo actuado por agotamiento de
la jurisdicción, de ahí que la vulneración predicada por el accionante según la
cual el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira debía declarar su falta de
competencia para que el medio de control fuera conocido por el Tribunal
Administrativo de Risaralda ya no tiene lugar, pues la apoderada del Banco de
Occidente fue quien puso de presente la existencia de la acción popular Nro.
66001-31-03-004-2023-00282-00, que dio lugar a la anterior decisión, superando
así cualquier situación que se considerara vulneradora.

Esto dado que lo pretendido con este amparo era que se garantizara el debido
proceso en el trámite del medio de control para la protección de derechos
colectivos.

En virtud de lo anterior resultaría inocuo cualquier pronunciamiento u orden de
esta Sala frente a las pretensiones que planteó. En consecuencia, se declarará
la carencia actual de objeto por haberse materializado una situación
sobreviniente.

5. Conclusión
En consecuencia, se declarará la carencia actual de objeto por haberse
materializado una situación sobreviniente en la acción de tutela presentada por el
señor José Largo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente, en relación
con la acción de tutela promovida por el señor José Largo, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la
siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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