RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-05213-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05213-00

Fecha
9 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05213-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05213-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

9 de diciembre de 2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, nueve (9) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-05213-00
Demandante: JOSÉ LARGO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
REMITE POR COMPETENCIA A LA JURISDICCIÓN CIVIL.
MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS E
INTERESES COLECTIVOS.

Síntesis del caso: el demandante consideró que las autoridades judiciales demandadas vulneraron
sus derechos fundamentales en el marco del medio de control de protección de derechos e
intereses colectivos, con ocasión de la providencia que remitió el proceso por competencia a la
jurisdicción civil; sin embargo, la Sala declarará la improcedencia del amparo por el incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional, porque el demandante no cumplió con la carga mínima
exigida para sustentar la vulneración de los derechos fundamentales.

La Sala procede a decidir el proceso de acción de tutela presentado por el señor José
Largo en contra del Tribunal Administrativo de Risaralda y del Juzgado Tercero Civil del
Circuito Judicial de Pereira, para la protección de su derecho fundamental del debido
proceso, consagrado en el artículo 29 de la Carta Política, presuntamente vulnerado con
ocasión de la providencia proferida el 30 de mayo de 20241.

I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción2 la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1 El proyecto inicial presentado por el despacho del doctor Martín Bermúdez fue derrotado por la posición

mayoritaria en Sala del 14 de noviembre de 2024 y el expediente ingresó para fallo al despacho del suscrito
magistrado ponente el 4 de diciembre del mismo año.
2 La demanda de la referencia fue presentada el 27 de septiembre de 2024.

2
Expediente: 11001-03-15-000-2024-05213-00
Demandante: José Largo
Acción de tutela

1) El 16 de mayo de 2024, el demandante presentó demanda en ejercicio del medio de
control de protección de derechos e intereses colectivos en contra del Ministerio de Salud
y Protección Social y del Banco de Occidente SA.

2) La demanda correspondió al Tribunal Administrativo de Risaralda3 quien, mediante auto
del 30 de mayo de 2024, declaró su falta de competencia y ordenó remitirla a los Juzgados
Civiles del Circuito de Pereira, por cuanto la pretensión principal consistía en que el Banco
de Occidente SA construyera una unidad sanitaria pública y apta para ciudadanos con
movilidad reducida, por lo cual el conocimiento del proceso correspondía a la jurisdicción
ordinaria civil, de conformidad con los artículos 15 y 16 de la Ley 472 de 1998, decisión
contra la cual el demandante interpuso recurso de reposición.

3) Mediante auto del 28 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de Risaralda rechazó
por improcedente el recurso, en consideración a que, según el artículo 136 del Código
General del Proceso, el auto que declara la falta de jurisdicción o competencia no es
susceptible de reposición.

4) El 10 de julio de 2024, la demanda se repartió al Juzgado Tercero Civil del Circuito
Judicial de Pereira4, despacho judicial que, por auto del 24 de julio de 2024, la admitió y
ordenó correr traslado al Ministerio de Salud y Protección Social y al Banco de Occidente
SA.

2. El fundamento de la vulneración

La parte demandante señaló que el Tribunal Administrativo de Risaralda “se rehúsa, se
niega a admitir mi acción y cree poder enviar mi acción ante la jurisdicción civil,
desconociendo de tajo el fuero de atracción y olvidando que demando a la par entidad
administrativa y entidad particular” y que el Juzgado Tercero Civil del Circuito Judicial de
Pereira “se niega a perder competencia”.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de la siguiente
súplica:

3 Proceso con radicación no. 66001-23-33-000-2024-00211-00.

4 Proceso con radicación no. 66001-31-03-003-2024-00208-00.

3
Expediente: 11001-03-15-000-2024-05213-00
Demandante: José Largo
Acción de tutela

“Se ordene al juez 3 civil cto (sic) de Pereira perder competencia

se ordene al tribunal adtivo (sic) de Pereira, admitir y tramitar inmediatamente la
renuente acción popular.”. (archivo disponible en medio magnético en el
aplicativo SAMAI-).

4. Actuación procesal

Mediante auto del 1 de octubre de 2024, se inadmitió la demanda para que el demandante
expresara de forma clara los hechos, las pretensiones y el fundamento de la vulneración;
asimismo, para que indicara el numero completo del proceso de la acción popular y si la
vulneración tenía que ver con decisiones judiciales o por la falta de pronunciamiento de
las autoridades judiciales demandadas.

En el escrito de subsanación el demandante indicó que desconocía el número de
radicación del proceso al cual se refería en la acción de tutela.

En orden a garantizar el acceso a la administración de justicia, a través de providencia del
17 de octubre de 2024, se admitió la demanda y se ordenó la notificación al presidente y
a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Risaralda, al titular del
Juzgado Tercero Civil del Circuito Judicial de Pereira y a la Nación - Ministerio de Salud,
con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la
acción.

Mediante auto del 21 de noviembre de 2024 se remitió la acción de tutela a este despacho
en consideración a que el proyecto de fallo presentado por el magistrado Martín Bermúdez
Muñoz fue derrotado por la posición mayoritaria.

5. Actuación de las autoridades demandadas

El titular del Juzgado Tercero Civil del Circuito Judicial de Pereira allegó el expediente
digital del medio de control de protección de derechos e interese colectivos con radicación
no. 66001-31-03-003-2024-00208-00, pero no se pronunció acerca de los hechos y
pretensiones de la demanda.

El Tribunal Administrativo de Risaralda informó que el actor ha presentado 28 acciones
populares ante la corporación en el último año.

4
Expediente: 11001-03-15-000-2024-05213-00
Demandante: José Largo
Acción de tutela

Además, señaló que si bien la acción de tutela se fundamentó en la vulneración
ocasionada en las actuaciones judiciales del proceso “2024-00208”, no encontró ninguna
acción popular identificada con ese número de radicación.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos constitucionales fundamentales del
demandante.

2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional al
Tribunal Administrativo de Risaralda debido a que “se rehúsa, se niega a admitir mi acción
y cree poder enviar mi acción ante la jurisdicción civil, desconociendo de tajo el fuero de
atracción y olvidando que demando a la par entidad administrativa y entidad particular” y
al Juzgado Tercero Civil del Circuito Judicial de Pereira, por cuanto “se niega a perder
competencia”.

5
Expediente: 11001-03-15-000-2024-05213-00
Demandante: José Largo
Acción de tutela

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará la
improcedencia de la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, por las razones que procederán a exponerse:

1) De entrada, la Sala advierte que, a pesar de que la demanda inicialmente fue inadmitida
para que el actor la corrigiera y aclarara, basta con remitirse a los argumentos que
sustentan dicho escrito y el de “subsanación” para inferir que la acción de tutela carece de
relevancia constitucional, por cuanto el demandante no cumplió con la carga mínima para
explicar de manera clara y suficiente las razones por las cuales consideró que el tribunal
accionado no debía remitir el medio de control a los Juzgados Civiles del Circuito de
Pereira, ni siquiera precisó ni identificó cuáles eran los defectos específicos endilgados a
la providencia judicial y en qué consistía la vulneración de los derechos fundamentales
que pretendía demostrar, pues, lo que se advierte es una serie de afirmaciones generales
y abstractas sin que sea posible identificar de manera clara el objeto de la acción, lo cual
torna improcedente este mecanismo constitucional.

2) Asimismo, la Sala observa que, pese a que, en el medio de control de protección de
derechos e intereses colectivos, el 24 de julio del presente año, el Juzgado Tercero Civil
del Circuito Judicial de Pereira asumió competencia en el asunto y admitió la demanda, el
demandante tampoco identificó los defectos en los cuales presuntamente incurrió esa
decisión judicial y su impacto en las garantías constitucionales invocadas, por el contrario,
se limitó a expresar que “se niega a perder competencia y no declara su falta de
competencia”, sin sustentar las razones por las cuáles consideraba que no era la instancia
en la cual se debía tramitar su proceso.

3) La Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de
2014 explicó frente a esta causal de procedibilidad lo siguiente:

“La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos
cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional
de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)”;
por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”.

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos
fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la
conjunción de dos elementos necesarios.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afectación de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir

6
Expediente: 11001-03-15-000-2024-05213-00
Demandante: José Largo
Acción de tutela

la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es
menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su
pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo
constitucional.”. (Negrillas de la Sala).

4) En el mismo sentido, esta Corporación ha señalado en punto a la necesidad de que la
parte actora explique con un mínimo de suficiencia la razón del por qué considera que se
incurrió en determinado defecto, así:

“Si bien la acción de tutela es un mecanismo sumario que no exige mayor
ritualidad, se recuerda que cuando se trata de controvertir decisiones
judiciales se requiere un mínimo de argumentación, teniendo en cuenta que
para su procedencia deben satisfacerse los requisitos generales y
específicos para que resulte viable un estudio de fondo, y no la mera
manifestación de estar en desacuerdo con la decisión judicial adoptada […]
Sobre el asunto la Corte Constitucional en sentencia C-590 de 2005, fue clara y
concreta en señalar que en casos cuando se presenten acciones de tutela contra
providencias judiciales, resulta fundamental que quien considere vulnerados
derechos fundamentales por esta razón, explique la relevancia constitucional
en el respectivo caso y manifieste de manera motivada el porqué de su
decir.”. (Negrillas por fuera del texto original).

5) En ese orden, como se ha indicado en asuntos similares en relación con el mismo
actor5, cuando se trata de tutela contra providencias judiciales se requiere que se satisfaga
un mínimo de argumentación para que se justifique un estudio de fondo del asunto, sin
embargo, en este caso no se cumplió, pues, como se indicó en precedencia, el
demandante se limitó a manifestar que no se debía remitir por competencia el proceso, sin
precisar concretamente las razones por las cuales consideraba que la remisión del
proceso vulneraba sus garantías constitucionales.

6) Por consiguiente, se declarará improcedente el amparo por incumplimiento del requisito
de relevancia constitucional, por las razones hasta aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 4 de diciembre de 2024, exp. 11001-03-

15-000-2024-06016-00 (AC) y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 14 de
noviembre de 2024, exp. 11001-03-15-000-2024-04635-00 (AC),

7
Expediente: 11001-03-15-000-2024-05213-00
Demandante: José Largo
Acción de tutela

FALLA:

1º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Salva voto

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.