RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-04635-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04635-00

Fecha
14 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04635-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NO DESVINCULAR al Banco Agrario de Colombia, por las razones antes anotadas. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por José Largo, por los motivos dados en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para ello12. CUARTO: En caso de no ser impugnada esta decisión, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04635-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

14 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 14 de noviembre de 2024

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04635-00
Demandante: José Largo
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia que rechazó por improcedente el
recurso de apelación y no repuso el auto con el que se rechazó una acción popular.

De acuerdo con la competencia asignada1, la Sala procederá a resolver,
en primera instancia, la acción de tutela presentada por José Largo contra
el Tribunal Administrativo de Risaralda.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 2 de septiembre de 2024, José Largo, a nombre propio, presentó
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso,
dentro de la acción popular No. 66001-23-33-000-2024-00232-00.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

“(…) se ordene al tutelado que INMEDIATAMENTE CONCEDA MI PETICIÓN , PUES
LA ACCION ES DE DOBLE INSTANCIA y me amparo en derecho sustancial a fin
que no cometa un exceso ritual manifiesto”.

3. Como hechos relevantes, a partir de los anexos de escrito de tutela,
se destacan los siguientes:

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04635-00
Demandante: José Largo
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declarar improcedente
______________________________________________________________________________________________________________

4. 1) El 23 de diciembre de 2023, un grupo de personas, entre ellas José
Largo, presentaron una petición, vía correo electrónico2, dirigida a “Dra.
Francia Elena Márquez Mina - Ministra Igualdad Y Equidad(,) Director
General Federación Colombiana de Municipios(,) Procuradora General [de
la] Nación [-] Margarita Cabello(,) Defensor Nacional del Pueblo Colombia
en Bogotá DC(,) Ministros[:] Ministro de Salud(,) Ministro de Educación(,)
Ministro de Vivienda(,) Ministro de Trabajo(,) Ministro de Justicia(,) Ministro de
Hacienda(,) Director de Planeación Nacional En Bogotá(,) Secretario
Cámara de Representantes - Sala Plena(,) Secretario General Congreso de
la Republica - Sala Plena(,) Alto Consejero para la Discapacidad Nacional
en Bgta DC(,) Decanos universidades citadas en nuestra petición(,)
Gobernadores de todos y cada departamento, Alcaldes de Colombia
incluido el Archipiélago de San Andrés y Providencia”, en la que se solicitó3
(se trascribe):

“Solicitamos se informe por todos y cada uno de los alcaldes de Colombia,
GOBERNADORES, MINISTRO DE SALUD, MINISTRO DE VIVIENDA, MINISTRO DE
TRABAJO, MINISTRO DE JUSTICIA, MINISTRO DE HACIENDA, DIRECTOR DE
PLANEACIÓN NACIONAL EN BOGOTA que han hecho, que hacen y que harán
a fin que no se vulneren derechos e interés colectivos en el país de Colombia y
manifestaran si han protegido y garantizado derechos e intereses colectivos al
estar exigiendo la construcción de unidades sanitarias públicas en
establecimientos ABIERTOS AL PÚBLICO, TALES COMO ENTIDADES BANCARIAS,
FINANCIERAS, cooperativas Y ENTIDADES AFINES que existen en EL TERRITORIO
NACIONAL, además de garantizar que no se vulneren derechos colectivos
consagrados en la ley 472 de 1998 entre otros que la ley determina”.

5. 2) El 16 de mayo de 2024, José Largo presentó una acción popular
contra el Banco Agrario de Colombia y el Ministerio de Salud y Protección
Social para que la entidad bancaria accionada, dentro de sus instalaciones,
construyera una unidad sanitaria pública apta para los ciudadanos con
movilidad reducida. Además, señaló que había agotado la (se trascribe)
“vía gubernativa (…)”.

6. 3) El 31 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo de Risaralda
inadmitió la acción popular y concedió un término de 3 días para subsanar.
Para ello, el tribunal concluyó que la pretensión principal de la acción se
centró en la construcción de un baño o unidad sanitaria en la sede del
Banco Agrario ubicado en la calle 6#8-66 del municipio de Santuario,
Risaralda. Asimismo, señaló que el señor Largo no demostró haber
presentado una solicitud a este banco por lo anteriormente relatado.

2 La petición se envió desde la dirección electrónica veeduriaciudadana4020@gmail.com al correo

contacto@presidencia.gov.co
3 En la misma petición alegaron que (se trascribe): “Con esto damos agotada la via gubernativa y procederemos

a presentar centenares de acciones populares a fin de garantizar una vida mas grata y plena para la ciudadanía
Colombiana en general, a través de la ley 472 de 1998, ley de mecanismos de participación ciudadana, Convenios
internacionales que garantizan la eliminación d e todo tipo de barrera física y actitudinal para la población de
protección reforzada en nuestro pais.”

2 de 7

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04635-00
Demandante: José Largo
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declarar improcedente
______________________________________________________________________________________________________________

7. 4) El 7 de junio de 2024, el señor Largo presentó un recurso de
reposición contra la anterior decisión judicial, en el que alegó (se trascribe):

“(…) ACASO UD. PUEDE ANTES DE TRAMITAR Y FALLAR LA ACCIÓN DETERMINAR
QUIÉN ES EL COMPETENTE O QUIEN ES EL QUE VIOLA EL DERECHO COLECTIVO
INVOCADO POR MI

NO ES CORRECTO QUE ID CREA PODER DEFINIR MI ACCIÓN POPULAR ANTES DE
FALLARLE, COMO HACE PARA DECIR QUE EL MINISTRO DE SALUD NO ES
DEMANDADO NI QUE NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA, ...OLVIDA QUE LE
DEMANDE PUES ESA ES MI VOLUNTAD Y MI DECISIÓN DE CIUDADANO LIBRE
COLOMBIANO.

ACASO CREE PODER EN DERECHO VARIAR MI DEMANDA Y MIS DEMANDADOS...

LE PIDO ADMITA INMEDIATAMENTE MI ACCIÓN Y DIGA EN DERECHO SI YO
PUEDO AL IGUAL QUE UD., SACAR DECISIONES SIN CUMPLIR TÉRMINOS
PERENTORIOS DE TIEMPO QUE LE IMPONE LA LEY 472 DE 1998 E IR EN CONTRAVÍA
DE LO REGULADO EN LA LEY 472 DE 1998... ACASO YO PODRÍA APELAR A LOS 7,
9, O DIEZ DÍAS, TAL COMO UD. RESUELVA EN MI ACCIÓN POPULAR... O solo usted
puede desconocer términos perentorios de tiempo que manda la Ley 472 de
1998… (…)”

8. 5) El 28 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de Risaralda no
repuso el Auto de 31 de mayo de 2024. Advirtió al demandante que, de las
peticiones que había allegado al proceso, no se evidenciaba que hubiera
acreditado el requisito de solicitud previa ante la entidad bancaria
demandada, conforme con la pretensión principal de la demanda.

9. 6) El 5 de julio de 2024, el señor Largo presentó un memorial en el que
solicitó intervención del procurador delegado para el caso.

10. 7) El 25 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo de Risaralda rechazó
la demanda de acción popular, debido a que no se acreditó el requisito de
procedibilidad en el término concedido.

11. 8) El 1 de agosto de 2024, el señor Largo presentó recurso de apelación
contra al auto anteriormente referenciado y alegó (se trascribe):

“(…) apelo el rechazo de la demanda, sin que pueda olvidar que mi acción es
de doble instancia y debe conceder mi alzada

Es lamentable que nunca haya dado tramite perentorio a mi demanda, y no
haya aplicado derecho sustancial, sent T 201 de 2015, cometiendo
aparentemente un exceso ritual manifiesto SU 238 de 2019”.

12. 9) El 27 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo de Risaralda
rechazó el recurso de apelación por improcedente y decidió no reponer el
Auto de 25 de julio de 2024. Para llegar a esa decisión, indicó que (1) frente
al Auto de 25 de julio de 2024 no procede recurso de apelación y adecuó

3 de 7

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04635-00
Demandante: José Largo
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declarar improcedente
______________________________________________________________________________________________________________

el recurso de apelación como recurso de reposición; (2) no incurrió en un
exceso ritual manifiesto o un desconocimiento del derecho sustancial, en la
medida en que la inadmisión y rechazo de la acción popular se fundó en los
requisitos de procedibilidad y trámite especial que tiene este mecanismo.

13. Como fundamento de la vulneración, el señor Largo señaló que (se
transcribe):

“(…) el tutelado no solo se niega a admitir mi acción, pese a que cumplo art 18
ley 472 de 1998, derechos sustancia, exceso ritual manifiesto(,) sino además que
niega conceder mi apelación frente al auto de rechazo y olvida que mi acción
es de doble instancia

COMO EL TUTELADO NIEGA LA APELACIÓN Y LA ACCION ES DE DOBLE
INSTANCIA LE TUTELÓ POR VIOLARME ART 29 CN...”

“(…) manifiesto que lo que pido en derecho es que se admita mi acción(,)
como no se admitió pese a que cumplo art 18 ley 472 de 1998

[L]a tutela es para que se conceda apelación, pues el tutelado dice que no
puedo apelar (…)”.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados4

14. El Tribunal Administrativo de Risaralda, después de hacer referencia a
las causales genéricas y específicas de procedibilidad de las acciones de
tutela contra providencias judiciales, argumentó que no incurrió en ningún
defecto, ya que su decisión se basó en un estudio adecuado en las pruebas
y, por tanto, era procedente el rechazo de la acción popular.

15. El Banco Agrario de Colombia solicitó que se le desvinculara de la
presente acción de tutela, porque en este proceso no se evidencia que esta
entidad haya vulnerado algún derecho fundamental del accionante y, por
tal razón, no cuenta con legitimación pasiva en la causa.

16. El municipio de Santuario – Risaralda, y el Ministerio de Salud y
Protección Social, a pesar de haber sido notificados en debida forma,
guardaron silencio5.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Conclusión

4 Mediante Auto de 23 de septiembre de 2024, el despacho ponente resolvió (1) admitir la acción de tutela de la

referencia; (2) tener como demandado al Tribunal Administrativo de Risaralda y; (3) vincular a Banco Agrario de
Colombia, al municipio de Santuario – Risaralda y al Ministerio de Salud y Protección Social, como terceros con
interés en el asunto.
5 Índice 13 en el aplicativo SAMAI.

4 de 7

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04635-00
Demandante: José Largo
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declarar improcedente
______________________________________________________________________________________________________________

2.1. Fijación de la controversia

17. Determinar, una vez verificados los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, si el
Tribunal Administrativo de Risaralda afectó el derecho fundamental al
debido proceso de José Largo, por haber rechazado la acción popular que
interpuso.

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

18. La Sala declarará como improcedente este solicitud de amparo al no
cumplirse el requisito de relevancia constitucional, por las razones que pasan
a explicarse:

19. Para la Corte Constitucional, el requisito de relevancia constitucional
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional6.

20. Asimismo, dicha corporación ha sostenido que, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, el estudio
debe hacerse con mayor rigor y, en consecuencia, se exige,
adicionalmente, que se demuestre una vulneración desproporcionada y/o
arbitraria de un derecho fundamental7.

21. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez
de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto8; (2) que la

6 Corte Constitucional, Sentencias SU 573 de 2019, SU 128 de 2021 y SU 215 de 2022.
7 Ídem. También puede verse: Corte Constitucional, Sentencia SU 169 de 2024.
8 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer

elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”

5 de 7

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04635-00
Demandante: José Largo
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declarar improcedente
______________________________________________________________________________________________________________

solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una instancia
adicional al proceso ordinario9 y (3) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad10.

22. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 202311,
estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres
criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o simplemente económicos, (2)
perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates
concluidos.

23. En el presente caso, el señor Largo no cumplió con la carga
argumentativa que explique la necesidad de intervención del juez de tutela
dentro del caso, ya que su tutela se centró en enunciar su inconformidad
con la providencia tutelada, sin cumplir con el requisito de argumentar en
qué defectos o yerros incurrió el juez al emitir la providencia judicial, como
lo exige la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

24. Por lo tanto, esta Sala debe recordarle al señor Largo que las simple
inconformidades con providencias judiciales no pueden dar por superado
el requisito de relavancia costirucional, pues la tutela contra providencias
judiciales es un recurso excepcional que requiere una argumentación más
sólida en la que como mínimo se enuncien los defectos o yerros en los que
incurrió el juez a la hora de proferir la sentencia o auto.

25. En su informe, el Banco Agrario de Colombia solicitó su desvinculación
del proceso, aduciendo falta de legitimación en la causa por pasiva en el
proceso de la referencia. No obstante, la Sala no accederá a su solicitud,
pues, aunque la presunta vulneración alegada por el accionante no le es
atribuible ni corresponde a sus competencias legales resolverla, el Banco
aún conserva interés en la decisión de este proceso al ser parte demandada
en el proceso de origen.

26. En ese orden de ideas, dado a que el accionante no explicó la
necesidad de intervención del juez de tutela dentro de su caso, la Sala
declarará improcedente la acción de tutela promovida a nombre propio.

9 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal

adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
10 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos

fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
11 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU 169 de 2024.

6 de 7

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04635-00
Demandante: José Largo
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declarar improcedente
______________________________________________________________________________________________________________

2.3. Conclusión

27. Con fundamento en las razones expuestas, la Sala declarará
improcedente la acción de tutela de la referencia, comoquiera que no se
cumplió con los requisitos de procedibilidad exigidos por la jurisprudencia,
concretamente, la relevancia constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NO DESVINCULAR al Banco Agrario de Colombia, por las razones
antes anotadas.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
José Largo, por los motivos dados en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para ello12.

CUARTO: En caso de no ser impugnada esta decisión, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con aclaración de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

12 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

7 de 7

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.