Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06249-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06249-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06249-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
12 de diciembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2024-06249-00
Accionante: JOSÉ LARGO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se declara
improcedente el amparo porque no cumple con el requisito de relevancia
constitucional.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor José Largo contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor José Largo solicitó el amparo de su derecho fundamental al debido
proceso, cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 29 de octubre y 12 de
noviembre de 2024, proferidas por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro
del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos con el
número de radicación 05001-23-33-000-2024-01180-00.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en los escritos de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:
2.1. Relató que interpuso demanda en ejercicio del medio de control de protección de
los derechos e intereses colectivos núm. 05001-23-33-000-2024-01180-00.
2.2. Expuso que, mediante auto de 8 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo
de Antioquia inadmitió la demanda.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06249-00
Accionante: José Largo
2.3. Adujo que el Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de auto de 29 de
octubre de 2024, rechazó la demanda.
2.4. Indicó que presentó
recurso de apelación contra dicha providencia y que, a
través de auto de 12 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, dispuso:
“[…] PRIMERO: RECHAZAR por falta de sustentación el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante en contra del auto del 29 de octubre de
2024 que rechazó la demanda de la referencia.
SEGUNDO: En firme la decisión, se ORDENA el archivo del proceso. […]”.
[Negrilla y mayúscula original del texto]
2.5. Manifestó que la autoridad judicial accionada vulneró su derecho fundamental
al debido proceso “[…] pues el tutelado desconoce abiertamente derecho
sustancial y comete aparentemente un exceso ritual manifiesto en mi acción de
linaje Constitucional el tutelado se niega a conceder mi apelación, OLVIDANDO
que mi acción es de doble instancia y OLVIDANDO QUE COMO CIUDADANO SI
[sic] SER ABOGADO NO SOY CAPAZ DE ESCRIBIR UN ENSAYO JURIDICO
[sic] O UN BEST SELLER PARA SUSTENTAR UNA APELACIÓN EN
ACCIÓN CONSTITUCIONAL […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] SE LE ORDENE AL TUTELADO CONCEDER AMPARO DE
POBREZA EN MI ACCIÓN POPULAR, pues es mi derecho constitucional y
no un favor que le pido, pues le exijo en derecho conceda mi amparo de
pobreza y bajo juramento manifiesto no tener trabajo y lo poco que percibo
económicamente lo empleó en mi subsistencia
siendo así, cumplo el requisito que la ley me impone para acceder a mi
amparo de pobre y asi lo pido se le ordene al tutelado concederlo
se le ordene al tutelado que admita mi accion, pues cumlo art 18 ley 472 de
1998
medida subsidiaria, de negarse a admitir mi acción, se ordene al tutelado que
conceda mi alzada […]”. [Mayúscula original del texto y sic en toda la cita].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 21 de noviembre de 2024, el Despacho a cargo de la
sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se
vincularon en calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso a
la Nación - Ministerio de Salud y Protección Social y al Banco Agrario de
Colombia S.A.
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Accionante: José Largo
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las
vinculadas, se allegaron los siguientes informes:
5.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia, a través del magistrado a cargo del
Despacho núm. 22, solicitó ser desvinculado de la acción de tutela de la
referencia.
5.2. El Banco Agrario de Colombia S.A., a través de apoderado judicial, solicitó
declarar improcedente la acción de tutela en razón a que el accionante ha
presentado tres acciones de tutela similares, las cuales “[…] fueron conocidas
bajo el radicado 2024-04635 por el Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso
Administrativo Sección Primera, radicado 2024-04219 Consejo De Estado Sala
De Lo Contencioso Administrativo Sección Quinta […]”.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194.
VI.2. Cuestiones previas
VI.2.1. Solicitud de desvinculación
7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la
Corte Constitucional en sentencia SU-077 de 2018, señaló lo siguiente:
“[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud
legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la llamada a
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06249-00
Accionante: José Largo
responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de
que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada.5
Sobre el particular, el artículo 86 de la Constitución establece que la tutela
procede contra cualquier autoridad pública. Por lo tanto, es posible concluir
que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil,
están legitimadas por pasiva en el caso que se analiza, pues se trata de
autoridades públicas, presuntamente responsables de las acciones y
omisiones que, a juicio del accionante, vulneraron sus derechos
fundamentales […]". [Subrayado fuera del texto]
9. En este contexto, al Tribunal Administrativo de Antioquia le asiste la legitimación
en la causa por pasiva porque fue identificado como la entidad que
presuntamente vulneró los derechos fundamentales del accionante.
VI.2.2. La presunta temeridad
10. El Banco Agrario manifestó que el accionante habría presentado las acciones
de tutela núm. 11001-03-15-000-2024-04219-00 y 11001-03-15-000-2024-04635-
00, las cuales comparten identidad de causa, objeto y de partes con el proceso de
la referencia.
11. Al respecto, se observa que la acción de amparo de núm. 11001-03-15-000-
2024-04219-00 se interpuso contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, con
ocasión a la providencia de 6 de agosto de 2024, proferida en el proceso de
acción popular núm. 05001-23-33-000-2024-00859-00. La acción de tutela núm.
11001-03-15-000-2024-04635-00 se interpuso contra el Tribunal Administrativo de
Risaralda, con ocasión de las providencias de 25 de julio y 27 de agosto de 2024,
proferidas en el proceso núm. 66001-23-33-000-2024-00232-00.
12. En atención a lo señalado, la Sala advierte que entre esta acción de tutela y los
procesos núm. 11001-03-15-000-2024-04219-00 y 11001-03-15-000-2024-04635-
00 no existe identidad de partes, de objeto y de causa petendi.
VI.3. Problemas jurídicos
13. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:
b) Determinar si las providencias aquí enjuiciadas vulneraron el derecho
fundamental invocado por la parte accionante.
5
Ver sentencias T-430 de 1993, M.P. Hernando Herrera Vergara y T-662 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06249-00
Accionante: José Largo
14. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para
posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
15. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20126, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
16. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
17. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la
sentencia SU-627 de 2015.
18. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial7, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución8.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
7
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
8
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una
situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06249-00
Accionante: José Largo
19. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”9 que encaje en
dichos parámetros.
20. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
21. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.
VI.5. El caso concreto
22. El señor José Largo solicitó el amparo de su derecho fundamental al debido
proceso, cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 29 de octubre y 12 de
noviembre de 2024, proferidas por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro
del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos con el
número de radicación 05001-23-33-000-2024-01180-00.
VI.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
23. En cuanto al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental10 y no cuando
guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico
que deberán ser definidos por otras jurisdicciones11.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
9
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
10
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr.
Jaime Córdoba Triviño.
11
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
7
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06249-00
Accionante: José Largo
24. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales12, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces13.
25. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación14, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada
por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se
convierta en una tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia
constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es
menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su
pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo
constitucional […]". [Negrilla fuera del texto]
26. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202215 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los
deberes del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción
de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
12
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
13
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
14
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
15
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06249-00
Accionante: José Largo
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer
algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela
formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el
reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación
directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican
pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional
del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está
dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la
discusión definida ante los jueces ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y
explicativa rígida pues no se demuestra una grave violación de los
derechos fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera
del texto]
27. Valgadestacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de
202316.
28. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
16
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06249-00
Accionante: José Largo
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la
mera legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial
que no involucre derechos fundamentales17.
29. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que, en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que se vulneró su derecho fundamental al debido
proceso con ocasión de las providencias de 29 de octubre y 12 de noviembre de
2024, proferidas por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del proceso
núm. 05001-23-33-000-2024-01180-00.
30. Como fundamento de la solicitud de amparo se indica lo siguiente:
“[…] ACTUÓ COMO CIUDADANO SIN SER ABOGADO EN LA RENUENTE
ACCIÓN CONSTITUCIONAL RADICADA RADICADO: 05001-23-33-000-
2024-01180-00
el tutelado decide rechazar mi acción e inaplicar derecho sustancial
apele el rechazo de mi acción popular, pues el tutelado desconoce
abiertamente derecho sustancial y comete aparentemente un exceso ritual
manifiesto en mi acción de linaje Constitucional
el tutelado se niega a conceder mi apelación, OLVIDANDO que mi acción
es de doble instancia y OLVIDANDO QUE COMO CIUDADANO SI
SER ABOGADO NO SOY CAPAZ DE ESCRIBIR UN ENSAYO JURIDICO O
UN BEST SELLER PARA SUSTENTAR UNA APELACIÓN EN
ACCIÓN CONSTITUCIONAL... […]”. [Mayúscula original del texto y sic en
toda la cita]
31. Precisado el argumento que sustenta la presente acción de amparo, la Sala
estima que no se cumple con el requisito general de relevancia constitucional
porque el escrito de tutela carece de la carga mínima argumentativa. En efecto, se
considera que el accionante no hizo un desarrollo argumentativo tendiente a
demostrar la configuración de las causales específicas de procedibilidad.
32. En este punto, resulta necesario resaltar que la simple enunciación de una
inconformidad respecto de la decisión adoptada no conduce a que el juez de
tutela pueda abordar el fondo del asunto, ya que esta autoridad no actúa como
instancia adicional o de revisión del proceso.
33. La falencia argumentativa advertida no puede ser subsanada por el juez de
tutela, dado que la presente acción constitucional se dirige contra una providencia
17
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06249-00
Accionante: José Largo
judicial que ha hecho tránsito a cosa juzgada; por lo cual es exigible el
cumplimiento de una carga mínima argumentativa que habilite un examen de
fondo del caso. En armonía con lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia
SU-215 de 2022 señaló lo siguiente:
"[…] [D]ado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, “el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene
‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada”18. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis
únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, además de
verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de
procedencia […]". [Negrilla fuera del texto]
34. En ese orden de ideas y, siguiendo el precedente precisado por la Corte en la
citada sentencia, esta Sección considera que la controversia planteada en esta
ocasión carece de relevancia constitucional porque el señor José Largo no
satisfizo la carga mínima argumentativa en el caso objeto de estudio y
adicionalmente la discusión expuesta por el accionante no gira en torno al
alcance, aplicación y/o desarrollo de un derecho fundamental, sino frente a la
mera inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del asunto.
35. Adicionalmente, es importante señalar que la relevancia constitucional es un
presupuesto indispensable para que el juez de tutela pueda estudiar el fondo del
asunto, ya que el mecanismo de amparo contra providencias judiciales no busca
proporcionar a los sujetos procesales de un juicio proceso una tercera instancia,
sino un mecanismo de protección y garantía de sus derechos fundamentales,
eventualmente lesionados por un pronunciamiento judicial. De aquí que su
procedencia sea excepcional19, toda vez que lo contrario atentaría contra la
autonomía de los funcionarios judiciales, la seguridad jurídica y el principio de cosa
juzgada20.
36. Igualmente,en las providencias cuestionadas la autoridad judicial accionada
expuso en forma razonable las razones por las que se rechazó la demanda de
acción popular. Al respecto se observa en el auto de 29 de octubre de 2024:
“[…] En auto del ocho (8) de octubre de 2024, se requirió al actor popular para
cumpliera con varios requisitos necesarios para dar trámite al medio de
control impetrado, incluyendo que indicara los hechos, actos, acciones u
omisiones que motivaron la petición en la demanda, además de que
enunciara de manera clara y concisa lo pretendido y que aportara el requisito
de la renuencia que exige el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011.
18
Sentencia SU-074 de 2022.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 17 de noviembre de 2016,
radicación No. 11001-03-15-000-2016-02862-00. Actor: Rosa Gómez Effer (C.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala).
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 3 de noviembre de 2016,
radicación: 11001-03-15-000-2016-02244-00. Actor: Claudia Consuelo Mc’Lauchlin Cobaleda (C.P. Dr. Guillermo Vargas
Ayala).
11
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06249-00
Accionante: José Largo
En el escrito allegado por el actor el 10 de octubre de 2024, no relató los
hechos, actos, acciones u omisiones que motivaron su petición en forma clara
y concisa, lo que no le permite al tribunal determinar las conductas u
omisiones que dan lugar a la transgresión de los derechos colectivos por
parte de las accionadas y, en tal sentido, no se cumplió con la carga procesal
impuesta.
Ahora, en relación con el requisito referido a las pretensiones de la demanda,
el accionante tampoco se pronunció con claridad, de allí que tampoco se
cumple con la carga procesal referida en auto del 8 de octubre de 2024.
[…]
En consecuencia, la parte demandante no acreditó el requisito de
procedibilidad a que hace referencia el artículo 144 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
correspondiente a la constitución en renuencia de la entidad demandada en la
acción popular, así como tampoco relacionó los hechos, actos, acciones u
omisiones que motivaron la petición ni determinó las pretensiones de la
demanda.
De otra parte, frente a la petición subsidiaria consiste en que, de considerar
que no se cumplían los requisitos para la admisión de la acción popular, el
actor popular solicitó que se le otorgara el amparo de pobreza, en los
siguientes términos:
[…]
Al respecto, se tiene que, el artículo 12 de la Ley 472 de 1998 determina que
toda persona natural o jurídica puede ejercer la acción popular en procura de
la protección de derechos e intereses colectivos y, el artículo 13 de la misma
ley, permite a las personas acudir a la Defensoría del Pueblo para que
intervengan en el proceso si la comunidad afectada no tiene acompañamiento
de un apoderado judicial.
En el presente caso, el actor popular no cumplió con el requisito de
procedibilidad de constitución en renuencia a que hace referencia el artículo
144 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, cuyo trámite o formulación no exige una representación por
conducto de apoderado y, por el contrario, lo puede formular cualquier
persona perteneciente a la comunidad […]”. [Negrilla original del texto].
37. Asílas cosas, la Sala declarará improcedente la presente acción de tutela
porque carece de relevancia constitucional, como se dispondrá en la parte
resolutiva de esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
12
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06249-00
Accionante: José Largo
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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