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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-05279-00

Fecha
29 de noviembre de 2024
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-05279-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela de Clara López Obregón y Óscar Gutiérrez Guaqueta contra el Consejo de Estado-Sección Quinta. SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-05279-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

29 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05279-00

Solicitante: CLARA LÓPEZ OBREGÓN Y OTRO

Autoridad: CONSEJO DE ESTADO-SECCIÓN QUINTA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.

La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por Clara López Obregón y otro
contra el Consejo de Estado-Sección Quinta.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 1 de octubre de 2024, Clara López Obregón, en su calidad de Senadora de la
República y miembro fundador del partido político «Todos Somos Colombia» y Óscar
Gutiérrez Guaqueta, en su calidad de presidente y representante legal del mismo
movimiento político, en nombre propio, formularon acción de tutela con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales a la paz, a participar en la
conformación, ejercicio y control del poder político, a elegir y ser elegido, a constituir
partidos, movimientos y agrupaciones políticas, a formar parte de ellos libremente, a
difundir sus ideas y programas, a la igualdad y al debido proceso, que consideran
vulnerados por el Consejo de Estado-Sección Quinta al haber proferido la sentencia
del 18 de abril de 2024 que declaró la nulidad de la Resolución 2238 del 23 de marzo
de 2023 expedida por el Consejo Nacional Electoral «Por medio de la cual se
RECONOCE personería jurídica al movimiento “Todos Somos Colombia”», en el

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-05279-00
Solicitante: Clara López Obregón y otro
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

marco del proceso de nulidad1 que Ximena Echavarría Cardona interpuso contra el
Consejo Nacional Electoral-CNE.

En virtud del amparo, solicitan que los derechos alegados sean tutelados y, en
consecuencia, piden que se deje sin efectos la providencia reprochada y se ordene
a la autoridad accionada a proferir una nueva decisión.

2. Hechos relevantes

El 20 de febrero de 2023, Clara López Obregón presentó ante el Consejo Nacional
Electoral solicitud de reconocimiento de personería jurídica de la agrupación política
denominada «Todos Somos Colombia». En consecuencia, esa autoridad mediante
Resolución No. 2238 del 23 de marzo de 2023 le reconoció personería jurídica e
inscribió en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos al referido
movimiento, con fundamento en el artículo 108 de la Constitución Política.

El 24 de agosto 2023, Ximena Echevarría Cardona presentó acción de nulidad contra
la Resolución 2238 del 23 de marzo de 2023 expedida por el Consejo Nacional
Electoral-CNE. Esgrimió que en el formulario E-6 SEN proferido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil se registró la inscripción de candidatos a la Cámara Alta
por la coalición Pacto Histórico y no se incluyó a la agrupación «Todos Somos
Colombia». Además, que la ciudadana Clara López Obregón fue electa con el aval
del partido Unión Patriótica-UP por la Coalición Pacto Histórico, en la lista sin voto
preferente para el Senado de la República.

Sostuvo que si bien la señora López Obregón se reconoce como afiliada del partido
«Todos Somos Colombia» y manifestó ser presidenta y representante legal, se
contradice con lo afirmado en el acuerdo de coalición, en el que figura como avalada
por el partido UP, por lo que se concluye que es militante de dicha colectividad. Por
último señaló que, conforme al formulario E-6 SEN, «Todos Somos Colombia» no
suscribió el acuerdo de coalición para las elecciones del Senado del 2022 y tampoco
avaló candidatos para esa Corporación.

1
Identificado con número de radicado: 11001-03-28-000-2023-00058-00.

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Solicitante: Clara López Obregón y otro
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

El asunto correspondió en única instancia al Consejo de Estado-Sección Quinta
quien, por sentencia del 18 de abril de 2024 resolvió acceder a las pretensiones y
declaró la nulidad de la Resolución No. 2238 del 23 de marzo de 2023, al considerar
que se había expedido con falsa motivación, en la medida que el movimiento «Todos
Somos Colombia» no podía ser parte de la coalición del pacto Histórico ya que no
tenía personería jurídica, por ello, no podía suscribir el acuerdo de coalición ni
inscribir ni avalar candidatos, entre ellos, Clara López, pues fue avalada por el partido
Unión Patriótica. Asimismo, moduló los efectos del fallo de nulidad, bajo el entendido
que los mismos son hacia futuro y desde la ejecutoria de la sentencia.

3. Fundamentos de la solicitud

Los solicitantes consideran que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales a la paz, a participar en la conformación, ejercicio y control del poder
político, a elegir, ser elegido, a constituir partidos, movimientos y agrupaciones
políticas, a formar parte de ellos libremente, a difundir sus ideas y programas, a la
igualdad y al debido proceso, pues la sentencia del 18 de abril de 2024 incurrió en
los defectos sustantivo, de desconocimiento del precedente y fáctico.

Aducen que la autoridad realizó una indebida interpretación y aplicación del artículo
108 de la Constitución Política. Indicaron que esta fue limitativa y no tuvo en
consideración el artículo 40 de la Constitución Política el cual establece el derecho a
participar en la conformación, ejercicio y control político, por ello, dispone que todo
ciudadano podrá elegir y ser elegido, constituir partidos, movimientos y agrupaciones
políticas, sin limitación alguna y acceder al desempeño de cargos públicos.
Señalaron que el artículo 85 prevé que los derechos fundamentales del artículo 40
son de aplicación inmediata, por ello, deben ser protegidos y garantizados sin
necesidad de una regulación adicional para su ejercicio ya que son esenciales para
la dignidad humana y su goce no debe estar supeditado a normas secundarias.

Afirman que, los artículos 108 y 262 de la Constitución Política limitan el derecho
fundamental consagrado en el artículo 40 de la Carta, ya que desconoce el
pluralismo, la dignidad humana y la primacía de lo material sobre lo formal al
privilegiar el interés general. En este sentido, consideran que:

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-05279-00
Solicitante: Clara López Obregón y otro
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

(...) el artículo 108 plantea una limitación al ejercicio del derecho fundamental a la
participación política, toda vez que establece que el Consejo Nacional Electoral
reconocerá personería jurídica solamente a los partidos, movimientos políticos y
grupos significativas de ciudadanos que obtengan una votación no inferior al tres
(3%) de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de
Cámara de Representantes o Senado.

Para este efecto, y siguiendo con la limitación al derecho fundamental consagrado
en el artículo 40, el artículo 262 de la Constitución Política establece que los partidos
y movimientos políticos con personería jurídica que sumados hayan obtenido una
votación de hasta el 15% de los votos válidos de la respectiva circunscripción, podrán
presentar lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas.
(...)
En tal sentido, las disposiciones del artículo 108 y 262 de la Constitución Política
limitan el contenido del derecho fundamental de aplicación inmediata dispuesto en el
artículo 40, relacionado con la conformación, ejercicio y control del poder político,
específicamente a constituir partidos y movimientos políticos sin limitación alguna.

Esgrimen que la autoridad judicial accionada desconoció que el Acto Legislativo 02
de 2017 introdujo un artículo transitorio a la Constitución Política en el que se
estableció que los contenidos del Acuerdos de Paz que corresponden a derechos
fundamentales definidos en la Constitución serán obligatoriamente parámetros de
interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de
implementación y desarrollo del referido acuerdo. En consecuencia todos los
órganos y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe lo
establecido en el Acuerdo Fina.

Con fundamento en lo anterior el Consejo Nacional Electoral expidió la Resolución
demandada, pues con el objetivo de consolidar la paz, el Estado debía remover los
obstáculos y realizar los cambios institucionales para que los partidos y movimientos
políticos obtengan y conserven la personería jurídica, con el objeto de impulsar
medidas, entre otras, como desligar la obtención y conservación de la personería
jurídica de los partidos y movimientos políticos del requisito de la superación de un
umbral en las elecciones de Congreso. Lo anterior, conforme al artículo 40 de la
Constitución, pues la constitución de movimientos y partidos políticos no tienen
ninguna limitación. Según afirman, el Acuerdo mencionado implica que:

En tal sentido, cuando en el Acuerdo Final de Paz se acordó que como desarrollo a
la paz se debía desligar la obtención y conservación de la personería jurídica de los
partidos y movimientos políticos de la superación del umbral, este contenido
corresponde a un desarrollo del derecho fundamental de la Constitución Política
consagrado en el artículo 40 que respecto de la constitución de movimientos y

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partidos políticos informa que no tienen limitación alguna y que es de aplicación
inmediata.

En tal sentido, lo acordado en el Acuerdo Final como desarrollo del Artículo 40 de la
Constitución Política adquiere también el valor de aplicación inmediate no requiriendo
de norma que lo desarrolle pues ya el Acto Legislativo 02 de 2017 lo introdujo en la
normativa colombiana.

Y en tal sentido, el Consejo Nacional Electoral, como autoridad del Estado,
cumpliendo de buena fe el Acuerdo dio aplicación a esta interpretación que es acorde
con el modelo democrático del Estado Social de Derecho, que del Acuerdo de paz
se desprende y de los principios y fines esenciales del estado colombiano,
consagrados también en la Constitución Política además de estar introducida en la
normativa colombiana a través del Acto Legislativo 02 de 2017.
(…)

De ahí que las autoridades del Estado deban cumplirlo de buena fe desarrollando
interpretaciones que guarden coherencia e integralidad con el Acuerdo Final de Paz,
preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu de dicho Acuerdo»

Respecto al defecto por desconocimiento del precedente indicaron que la autoridad
no realizó una debida interpretación de la Sentencia de Unificación 257 de 2021
proferida por la Corte Constitucional, pues en esta se planteó que el artículo 108 de
la Constitución Política no puede interpretarse de forma aislada ni aplicarse
exegéticamente, por ello, la regla de umbral descrita en dicha disposición no puede
ser tenida en cuenta sin considerar otros valores o principios que la Constitución
garantiza y protege. Con base en lo anterior afirman que:

La postura de la Sección Quinta del Consejo de Estado para el presente caso fue
que la aplicación de la Sentencia SU 257 de 2021 tenía efectos inter comunis para
aquellos casos en los que se indicó en dicho fallo. No obstante, de no aceptarse que
en dicha decisión se adoptó una regla de interpretación general, lo que efectivamente
si hizo la Alta Corporación fue hacer efectivo el derecho fundamental a la igualdad a
través de la protección de partidos que por sus condiciones de seguridad debían ser
protegidos.

Para el presente caso, acontece algo igual, pues lo que pretendió la postura del
Consejo Nacional Electoral fue efectivamente proteger minoría políticas, que
conforme lo dispuesto por el mismo Articulo 108 constitucional tienen un régimen de
excepción.

Al tratarse entonces de minorías políticas, es decir de grupos discriminados o
marginados por falta de reconocimiento legal, la regla de interpretación de la
sentencia SU 257 de 2021 debe aplicarse, so pena de vulnerar el derecho
fundamental a la igualdad.

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Finalmente todo lo anterior conlleva a demostrar la violación al derecho fundamental
al debido proceso.

Finalmente, todo lo anterior conlleva a demostrar la violación al derecho
fundaméntela al debido proceso no solo de la agrupación política Todos Somos
Colombia, sino de sus elegidos y candidatos, pues el fallo de la Sección Quinta del
Consejo de Estado parte de una interpretación incorrecta que terminó vulnerando los
derechos fundamentales del movimiento político y de todos sus elegidos, candidatos
y miembro.

Esgrimieron que conforme a la sentencia de unificación en casos de violencia y
persecución política como el del Partido Nuevo Liberalismo, la regla del umbral
prevista en el artículo 108 de la Constitución Política debe interpretarse y aplicarse
sin que afecte otros valores o principios que la misma Carta protege y garantiza.
Asimismo, indicaron que esa sentencia produce efectos inter comunis para los
Partidos, Movimientos Políticos o terceros que hubieren estado o estén en similares
condiciones del referido partido, según los hechos de violencia iguales o parecidos
a los que fueron analizados en esa providencia.

En virtud de lo anterior, señalaron que a pesar de que la sentencia reprochada
dispuso que la sentencia SU-257 de 2021 tenía efectos inter comunis para los casos
en iguales o similares situaciones, la regla de interpretación de esa decisión sí le es
aplicable a su caso, en la medida que se están protegiendo grupos políticos que
históricamente han sido marginados debido a la limitación de su umbral, con el fin de
garantizar la ampliación democrática.

En cuanto al defecto fáctico sostienen que la autoridad no valoró en debida forma los
oficios aportados por los presidentes de los partidos políticos que integraron la
coalición del Pacto Histórico. Sostienen que estos:

«(...) certificaron que el movimiento Todos Somos Colombia hizo parte de la coalición
y que la ausencia de la suscripción se debía a las limitantes del artículo 262 de la
Constitución Política pero que en cumplimiento del Acuerdo Final de Paz y del
artículo 40 de la Constitución Política que es de aplicación inmediata, daban fe de
que la agrupación política hacia parte del mismo.

Lo anterior sumado al desconocimiento de las demás pruebas, como la participación
en distintas oportunidades en procesos electorales que por la limitante del artículo
262 de la Constitución Política le impedían su participación efectiva, llevo al
desconocimiento de la existencia del movimiento político Todos Somos Colombia y
de la declaratoria de nulidad de la personería jurídica.»

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4. Trámite procesal

El 7 de octubre de 2024 se admitió la acción de tutela, se ordenó su notificación a
la autoridad judicial accionada, así como a Ximena Echavarría Cardona y al Consejo
Nacional Electoral-CNE, en calidad de terceros con interés. También se comunicó la
decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.

En el escrito de contestación, el Consejo de Estado-Sección Quinta, a través del
Magistrado ponente de la providencia reprochada, solicitó que no se acceda a las
pretensiones del amparo. Afirma que la solicitud de tutela no argumenta de forma
suficiente los defectos alegados. Aseguró que lo que pretenden los accionantes es
una instancia adicional al proceso ordinario y sostuvo que no incurrió en la
vulneración que aducen los solicitantes.

En cuanto al defecto sustantivo sostiene que la Sala, contrario a lo manifestado en
el escrito de amparo, tuvo en consideración las normas que regulan el
reconocimiento de la personería jurídica de los movimientos y partidos políticos, en
línea con el Acuerdo Final para la Paz y el Acto Legislativo 02 de 2017. Adujo que
en la decisión cuestionada se explicó de forma clara las razones por las cuales era
aplicable el artículo 108 de la Constitución Política. cuestionado en la solicitud. Con
base en lo anterior se determinó que el Partido Político «Todos Somos Colombia»
en realidad no tenía personería jurídica, lo que evitaba que pudiera participar en
acuerdos de coaliciones o avalar candidatos.

Respecto del Acto Legislativo 02 de 2017, expedido en el marco del Acuerdo Final
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera,
precisó que:

(...) las reglas generales para la obtención y conservación de la personería jurídica
de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos,
contenidas en el artículo 108 de la Constitución Política, no han sido modificadas y
no pueden desconocerse.

En el mismo sentido, en la sentencia del 18 de abril de 2018, la sala reconoció que
existen reglas especiales para la obtención, conservación, pérdida e incluso
restitución de la persona jurídica de movimientos y partidos políticos, pero estas no
son aplicables al caso del Partido Todos Somos Colombia.

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En cuanto al presunto desconocimiento del precedente jurisprudencial indicó que
tuvo en consideración la SU-257 de 2021. Precisó que en dicha providencia se
establece que el artículo 108 de la Constitución Política. debe ser interpretado de
manera más laxa solo cuando se demuestre, en el caso objeto de estudio, la
imposibilidad de alcanzar el umbral electoral exigido. Esto, en atención a actos de
graves violaciones a los derechos humanos, de violencia o de persecución política.
Circunstancias estas que, para el caso de los accionantes, no se encontraron
acreditadas.

Ahora, respecto del defecto fáctico planteó que la providencia precisamente
consideró el material probatorio aportado y determinó que el Partido de los
accionantes no podía presentar candidatos en coalición, para el período 2022-2026,
de las elecciones al Congreso de la República, pues no contaba con personería
jurídica.

El Consejo Nacional Electoral solicitó su desvinculación por carecer legitimación en
la causa por pasiva. Aseguró que no es la Entidad llamada a cumplir con las
pretensiones del amparo, pues no ha incurrido en la vulneración de derechos que
aducen los accionantes. La Secretaría General del Consejo de Estado-Sección
Quinta remitió copia digital del expediente ordinario.

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra la providencia
que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad electoral y declaró la
nulidad de la Resolución 2238 del 23 de marzo de 2023 que le reconoció personería
jurídica e inscribió en el Registro único de Partidos y Movimientos Políticos al
movimiento «Todos Somos Colombia».

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de

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Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la solicitud con arreglo a lo
dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental2. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela3.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.

Relevancia constitucional

La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional4: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que

2
Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
3
Ibidem.
4
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

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la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:

(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de
la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal.

Caso concreto

Los accionantes consideran que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales, con ocasión a la providencia del 18 de abril de 2024 pues incurrió en
los defectos: i) sustantivo: por haber interpretado y aplicado, de forma errónea, las
normas que regulan el reconocimiento de la personería jurídica de los partidos u
movimientos políticos, por lo anterior, resolvió que el partido «Todos Somos
Colombia» no cumplía con lo requerido para el reconocimiento de su personería; i)
desconocimiento del precedente: por no haber tenido en consideración la SU-257 de
2021, en lo que concierne a la flexibilización del cumplimiento del requisito del umbral
establecido en el artículo 108 de la Constitución Política y iii) fáctico: por no haber
valorado unos oficios, aportados por los presidentes de los partidos políticos que
acreditan que sí integraron la coalición del Pacto Histórico y certificaron que su
movimiento político hacía parte de dicha coalición.

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La Sala advierte que los defectos alegados por los accionantes no satisfacen el
requisito de relevancia constitucional, pues se entiende como un medio dirigido a
revivir el análisis que efectuó la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del
medio de control de nulidad, como si la tutela fuera una instancia adicional del
proceso ordinario, tal como se procederá a explicar.

La providencia reprochada estimó que según la solicitud de inscripción de la lista de
candidatos y la constancia de aceptación de candidaturas que presentó la coalición
«Pacto Histórico» para el Senado, se evidenció que los partidos que conformaban
esa asociación eran: el Partido Polo Democrático Alternativo, el Movimiento Alianza
Democrática Amplia, el Movimiento Político Colombia Humana, el Partido Colombia
Humana – Unión Patriótica «UP», el Movimiento Alternativo Indígena y Social
«MAIS» y el Partido Comunista Colombiano. Asimismo, según el formulario E-6 SN
el partido «Todos Somos Colombia» no suscribió la coalición «Pacto Histórico».

La Sección Quinta de la Corporación sostuvo que para ser parte de una coalición a
corporaciones públicas y poder inscribir candidatos, es necesario que sean un
partido o movimiento político con personería jurídica; sin embargo, la agrupación
«Todos Somos Colombia» no contaba con la personería jurídica al momento de la
suscripción del acuerdo denominado Pacto Histórico, puesto que la solicitud para
obtener ese atributo se presentó con posterioridad a la firma del acuerdo.

En virtud de lo anterior, la Resolución 2238 del 23 de marzo de 2023 incurrió en una
falsa motivación al señalar que «Todos Somos Colombia» hacía parte de la coalición
Pacto Histórico, en la medida que esa agrupación no tenía personería jurídica, por
ello, no podía suscribir el acuerdo y tampoco inscribir a Clara López Obregón como
candidata para el Senado de la República.

En efecto, conforme al documento que se aportó como prueba al trámite, suscrito
por el representante legal de partido Unión Patriótica-UP, la Sala de la Corporación
pudo advertir que se certificó que la accionante había sido inscrita y elegida
Senadora de la República para el periodo constitucional 2022-2026 por la coalición
«Pacto Histórico», pues fue postulada y avalada por ese partido, sin embargo, señaló
que reconoce que ella se encuentra afiliada y representa al movimiento Todos
Somos Colombia. En consecuencia, la señora López Obregón no participó en las

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elecciones bajo el aval del partido Todos Somos Colombia, sino a través del partido
UP, tal como lo afirmó el representante de esa organización política, por tanto, para
el momento de la elección no representaba los intereses de la agrupación que se
benefició con el reconocimiento de la personería jurídica.

Respecto a la importancia del reconocimiento de la personería jurídica de los partidos
o movimientos políticos, la Sección Quinta de la Corporación ha considerado que
«radica en el estatus que adquieren dentro de este tipo de agrupaciones y en i) el
derecho de postulación de candidatos, en la medida en que pueden otorgar avales
para la inscripción en las elecciones de voto popular, ii) los beneficios en términos
de financiación parcial del Estado para efectos de funcionamiento y para las
campañas de sus candidatos, iii) el uso de tiempo en los medios de comunicación y
iv) para conformarse como oposición al gobierno5»

En virtud de lo anterior, la autoridad señaló que la obtención, conservación y pérdida
de la personería jurídica de los partidos o movimientos políticos es un asunto reglado
en la Constitución y la ley, por ello, existe un régimen ordinario y unas reglas
excepcionales estudiadas por la Sala. Sostuvo que el artículo 1086 de la Constitución
Política contine la regla general para la obtención y conservación de la personería
jurídica; en efecto, estableció que para adquirirla el partido o movimiento político
debe inscribir una lista de candidatos para el Congreso de la República a través de
los mismos requisitos exigidos a los grupos significativos de ciudadanos y obtener
como mínimo el 3% de los votos válidos a nivel nacional en esas elecciones.

La Sala señaló que debido a las dinámicas del país se han generado unas reglas
especiales para la adquisición, conservación, pérdida e incluso restitución de la

5
Esto se indicó en la sentencia del 7 de marzo de 2024, en el proceso con radicado 11001-03-28-000- 2023-00046-00 con
ponencia del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, postura decantada de los artículos 108, 109, 110, 111 y 112 de la
Constitución Política.
6
ARTICULO 108. <Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> El
Consejo Nacional Electoral reconocerá Personería Jurídica a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de
ciudadanos. Estos podrán obtenerlas con votación no inferior al tres por ciento (3%) de los votos emitidos válidamente en el
territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado. Las perderán si no consiguen ese porcentaje en las
elecciones de las mismas Corporaciones Públicas. Se exceptúa el régimen excepcional que se estatuya en la ley para las
circunscripciones de minorías étnicas y políticas, en las cuales bastará haber obtenido representación en el Congreso.
También será causal de pérdida de la Personería Jurídica de los partidos y movimientos políticos si estos no celebran por lo
menos durante cada dos (2) años convenciones que posibiliten a sus miembros influir en la toma de las decisiones más
importantes de la organización política.
Los Partidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica reconocida podrán inscribir candidatos a elecciones. Dicha
inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por
quien él delegue.
Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos.(…)

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-05279-00
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personería. En este sentido, el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia-FARC suscribieron el Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en el que
se dispuso que era necesario la ampliación democrática para el surgimiento de
nuevas fuerzas políticas y así fortalecer el pluralismo, representación, participación
y la inclusión política. El acuerdo indicó que con el objetivo de consolidar la paz se
removerán los obstáculos y se harán los cambios institucionales para que los
partidos y movimientos políticos obtengan y conserven la personería jurídica y en
particular para facilitar el tránsito de organizaciones y movimientos sociales con
vocación política hacia su constitución como partidos o movimientos políticos.

En línea con lo anterior, la autoridad accionada analizó el Acto legislativo 02 de 2017.
Con base en este, sostuvo que, si bien es dable considerar las directrices
establecidas en el Acuerdo de paz son políticas de Estado, estas deben ser aplicadas
y consideradas una vez se efectúe la debida incorporación de ellas en el
ordenamiento jurídico. Esto, a través de los mecanismos ordinarios que establece la
Constitución y la ley. Por tanto, analizando de forma conjunta dicho Acto Legislativo
y la Resolución demandada, la Sala determinó que la Entidad demandada se basó
en afirmaciones contrarias a las pautas fijadas por el ordenamiento y la
jurisprudencia aplicables al caso. Por lo anterior, sostuvo que:

148. En la Resolución 2238 de 2023, el Consejo Nacional Electoral explica que esa
entidad, conocedora de las metas trazadas en la agenda de construcción de la paz y
la apertura democrática, tiene claro que es necesario que surjan nuevas fuerzas en
el escenario político con el fin de fortalecer el pluralismo y la representación, a través
de la facilitación de la constitución de nuevos partidos y que estos cuenten con
garantías para contribuir al debate, para ejercer la oposición y para ser verdaderas
alternativas de poder.

149. Expuso que era preponderante que las decisiones adoptadas por esa entidad
guardaran relación con lo desarrollado en el acuerdo mencionado y, como los
derechos políticos son garantías fundamentales, es necesario que se les permita a
los partidos conservar su personería jurídica si la coalición que integraron superó el
umbral en las elecciones al Congreso de la República y reconocérsela a aquéllas
agrupaciones políticas que se adhirieron a esa misma coalición.

150. La Sala considera que estas afirmaciones son contrarias a las pautas fijadas por
la Corte Constitucional en la sentencia C-630 de 2017, antes citada, pues, si bien el
Acuerdo Final establece unas directrices para que las entidades del Estado
implementen lo acordado, lo cierto es que esto requiere un desarrollo normativo, el
cual, para el caso en estudio no existe, pues la norma constitucional que establece

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las reglas para el reconocimiento de la personería jurídica no han sido modificadas y
no se puede derogarla, bajo el velo de la buena fe.

151. En consecuencia, para la Sala el acto administrativo demandado incurre en falsa
motivación al sustentar el reconocimiento de la personería jurídica al partido Todos
Somos Colombia con base en los parámetros del acuerdo final, cuando estos no han
sido debidamente introducidos al ordenamiento jurídico a través de las
modificaciones normativas necesarias.

Respecto a la aplicación de la regla de unificación planteada por la SU-257 de 2021,
que los accionantes consideran desconocida. La Sección Quinta sostuvo que esta
dispone que al momento de valorar el reconocimiento, pérdida o cancelación de la
personería jurídica de un partido o movimiento, la regla del umbral establecida en el
artículo 108 de la Constitución Política debe interpretarse y aplicarse sin afectar otros
valores o principios protegidos por la misma Carta Magna. Estimó que, la referida
decisión estableció efectos inter comunis para otros movimientos o partidos políticos
que hubieren estado o estén en condiciones similares de violencia y que estas
afectaran su permanencia en contiendas electorales. En cuanto al partido político
«Todos Somos Colombia», la autoridad determinó que:

153. En atención a las consideraciones de la Corte Constitucional las reglas
ordinarias establecidas en el artículo 108 de la Constitución Política deben ser
aplicadas de manera más laxa cuando en el caso en estudio se demuestre la
imposibilidad de alcanzar el umbral electoral exigido en consideración a actos graves
de violación de los derechos humanos, de violencia o persecución política.

154. En el caso en estudio, dichas circunstancias no se encuentran acreditadas, toda
vez que no obran pruebas que demuestren la existencia de actos de violencia o
persecución en contra del partido Todos Somos Colombia, por el contrario, esta
agrupación ha podido participar en otras contiendas electorales sin limitación alguna
y, además, esa situación no fue parte de los argumentos presentados por las partes,
la Sala considera que no es posible realizar esa interpretación del artículo
mencionado en los términos de la SU-257 de 2021.

En virtud de lo anterior, consideró que el partido «Todos Somos Colombia» no
cumplió con los requisitos del régimen ordinario para obtener la personería jurídica y
tampoco para adquirirla de manera excepcional en la medida que no fueron
propuestos como argumentos en el proceso ni existen pruebas al respecto. En
consecuencia, señaló que el Consejo Nacional Electoral no podía reconocer la
personería jurídica al partido con fundamento en las directrices del Acuerdo final para
la Terminación del Conflicto y Construcción de una paz Estable y Duradera y de las
Sentencias de la Corte Constitucional.

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Así las cosas, estimó que, conforme a la Constitución, los partidos o movimientos
políticos que adquieran la personería jurídica, esto es, porque obtuvieron una
votación no inferior al 3% de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional
en las elecciones a la Cámara de Representantes o al Senado de la República,
adquieren como beneficio la posibilidad de presentar listas de candidatos a través de
coaliciones.

En efecto, la providencia reprochada señaló que en ese caso no se cumplieron,
debido a que el partido «Todos Somos Colombia» no participó en las elecciones a
Senado de la República para el periodo 2022-2026, porque al no contar con
personería jurídica no podía suscribir el acuerdo a la coalición ni avalar candidatos,
por ello, no era posible fundamentar el reconocimiento a la personería jurídica a la
superación del umbral de las votaciones que obtuvo la coalición «Pacto Histórico».

Así las cosas, la autoridad accionada consideró que la Resolución demandada debía
ser declarada nula. Esto, por cuanto incurrió en una falsa motivación y contradicción
de las disposiciones constitucionales y jurisprudenciales que regulan el
reconocimiento de la personería jurídica del movimiento político objeto de estudio.

La Sala advierte que los argumentos presentados por los solicitantes no acreditan
una vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que se encaminan a
volver sobre la controversia decidida por el juez de conocimiento y esgrimen
divergencias de carácter netamente legal respecto a los requisitos que deben cumplir
los partidos o movimientos políticos para obtener la personería jurídica, reproches
que ya habían sido alegados en el trámite del proceso ordinario y que fueron
resueltos por la autoridad accionada. Además de ello, revisados los fundamentos
jurídicos que motivaron la decisión, la Sala estima que provienen de una
interpretación razonable de las pruebas aportadas al expediente, así como del marco
legal y jurisprudencial aplicable al asunto.

Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad
judicial accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe la
interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no
es una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la
autonomía e independencia que caracterizan a las actuaciones judiciales. Por las

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razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela de Clara López Obregón
y Óscar Gutiérrez Guaqueta contra el Consejo de Estado-Sección Quinta.

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES WILLIAM BARRERA MUÑOZ

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