Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2023-00058-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2023-00058-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2023-00058-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
18 de abril de 2024
Demandante: Ximena Echavarría Cardona
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Rad: 11001-03-28-000-2023-00058-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001-03-28-000-2023-00058-00
Demandante: XIMENA ECHAVARRÍA CARDONA
Demandado: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Tema: Personería jurídica - Coaliciones
SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir, en única instancia, la demanda presentada contra la
Resolución 2238 del 23 de marzo de 2023, expedida por el Consejo Nacional
Electoral, por medio de la cual se reconoció la personería jurídica y ordenó la
inscripción de la agrupación política Todos Somos Colombia en el Registro Único
de Partidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1. La señora Ximena Echevarría Cardona, en nombre propio y en ejercicio del
medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó
demanda en la que formuló las siguientes pretensiones:
Primera. Que se declare la nulidad de la Resolución 2238 del 23 de marzo de
2023, expedida por el Consejo Nacional Electoral, por medio de la cual se
reconoció y ordenó la inscripción de la agrupación política Todos Somos
Colombia, en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos con
personería jurídica que reposa en el Consejo Nacional Electoral, dentro del
radicado CNE-E-DG-2023-04156.
Segunda. Que, como consecuencia de lo anterior, el Consejo Nacional Electoral
excluya del Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos con Personaría
Jurídica a la agrupación política Todos Somos Colombia.
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Demandante: Ximena Echavarría Cardona
Demandado: Consejo Nacional Electoral
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2. Hechos
2. Como fundamento fáctico de la demanda narró, en síntesis, lo siguiente:
3. Expuso que, con el fin de inscribir lista de candidatos al Senado de la República
para las elecciones del 13 de marzo de 2022, los partidos políticos Colombia
Humana, Unión Patriótica – UP, Polo Democrático Alternativo, Movimiento
Alianza Democrática Amplia, Movimiento Alternativo Indígena y Social - MAIS,
Partido Comunista Colombiano y Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia
– AICO, suscribieron un acuerdo de coalición programática y política denominada
«Pacto Histórico».
4. Indicó que, el 13 de diciembre de 2021 se suscribieron unos oficios dirigidos a
la Registraduría Nacional del Estado Civil firmados por los representantes de los
partidos mencionados por medio de los cuales avalaron las candidaturas para el
Senado de la República, de conformidad con el acuerdo de «Coalición Pacto
Histórico» en lista sin voto preferente de Gustavo Bolívar Moreno, María José
Pizarro Rodríguez, Alexander López Maya, Aida Yolanda Avella Esquivel, Roy
Leonardo Barreras Montealegre, Martha Isabel Peralta Epieyu, Piedad Esneda
Córdoba Ruíz, Pedro Hernando Flórez Porras, Isabel Cristina Zuleta López, Alex
Xavier Flórez Hernández, Clara Eugenia López Obregón, Robert Daza Guevara,
Yuly Esmeralda Hernández, Wilson Neber Arias Castillo, Gloria Inés Flórez
Schneider, César Augusto Pachón Achury, Sandra Yaneth James Cruz, Paulino
Riascos Riascos, Jael Quiroga Carrillo, Carlos Alberto Benavides Mora, Catalina
del Socorro Pérez Pérez, Julio César Estrada Cordero, Carmen Yamile Saba
López, Edwin Palma Egea, Sonia Shirley Bernal Sánchez, Carlos Alfonso
Rosero, Angélica Verbel López, Domingo José Ayala Espitia, María Vicenta
Moreno Hurtado, Ferney Silva Idrovo, Mary Luz Herrán Cárdenas, Edward
Steven Libreros Mamby, María Consuelo Ahumada Beltrán y Carlos Eduardo
Toro Ávila, entre otros.
5. Señaló que en el formulario E-6 SEN, proferido por la Registraduría Nacional
del Estado Civil se registra la inscripción de candidatos a la Cámara Alta por la
coalición Pacto Histórico sin incluir a la agrupación Todos Somos Colombia.
6. Acotó que la ciudadana Clara López Obregón, electa con el aval del partido
Unión Patriótica por la coalición Pacto Histórico en la lista sin voto preferente para
el Senado de la República, se reconoce como afiliada del movimiento Todos
Somos Colombia e igualmente manifestó ostentar el cargo de presidenta y
representante legal del este movimiento político, lo que se contradice con lo
afirmado en el acuerdo de coalición nombrado, donde evidentemente figura como
avalada por el partido UP, por lo que se concluye que es militante de dicha
colectividad.
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7. Precisó que la agrupación Todos Somos Colombia no suscribió el acuerdo de
coalición para las elecciones de Senado de la República del 2022 y tampoco
avaló candidatos para dicha corporación, esto de acuerdo con lo establecido en
el formulario E-6 SEN.
8. Adujo que la votación para la coalición denominada Pacto Histórico ascendió
a dos millones ochocientos ochenta mil doscientos cincuenta y cuatro (2.880.254)
votos, con los cuales logró diecinueve (19) curules.
9. Agregó que el Consejo Nacional Electoral, por solicitud de la señora Clara
López Obregón, con radicado CNE-E-DG-2023-0451, dictó la Resolución 2238
de 2023 donde reconoció personería jurídica a la agrupación política Todos
Somos Colombia con base en lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución
Política en el cual se establece que para obtener tal atributo el partido,
movimiento político o grupo significativo de ciudadanos debe obtener una
votación no menor al 3% de los votos emitidos válidamente para las elecciones
del Congreso de la República.
3. Normas violadas y concepto de la violación
10. La demandante afirmó que la Resolución 2238 de 2023, expedida por el
Consejo Nacional Electoral se basó en los resultados de las elecciones del
Congreso de la República llevadas a cabo el 13 de marzo de 2022 para las cuales
los partidos políticos Colombia Humana, Unión Patriótica – UP, Polo Democrático
Alternativo, Movimiento Alianza Democrática Amplia, Movimiento Alternativo
Indígena y Social - MAIS, Partido Comunista Colombiano y Movimiento
Autoridades Indígenas de Colombia – AICO, suscribieron un acuerdo de coalición
programática y política denominada «Pacto Histórico».
11. En atención a lo anterior, la agrupación política Todos Somos Colombia no
era parte de la coalición Pacto Histórico, tal y como lo confirma el formulario E-6
SEN, y, por tanto, no podría haber inscrito candidatos ante la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
12. Expuso que la senadora Clara López Obregón fue elegida por la coalición
denominada Pacto Histórico sin perder su condición de afiliada de Todos Somos
Colombia, lo cual resulta contrario a lo relacionado tanto en el aval suscrito por el
partido Unión Patriótica, como en los formularios E-6 y E-7, ya que en el primero
no se encuentra relacionado el movimiento Todos Somos Colombia y en el
segundo se consagró que la señora López Obregón pertenecía al partido Unión
Patriótica.
13. Explicó que la solicitud de reconocimiento de personería jurídica de Todos
Somos Colombia, presentada por la senadora Clara López Obregón, es contraria
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a la ley porque demuestran que esta se encuentra inmersa en la prohibición de
doble militancia.
14. Aclaró que, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 262 de la
Constitución Política, solo los partidos y movimientos políticos con personería
jurídica que sumados hayan obtenido una votación de hasta el 15% de los votos
válidos de la respectiva circunscripción podrán presentar lista de candidatos en
coalición para corporación públicas y que la agrupación política Todos Somos
Colombia no cumple con el primer requisito establecido en la carta política porque
no contaba con tal atributo al momento de la suscripción del acuerdo de coalición.
15. Destacó que fundar una coalición de partidos para avalar candidaturas a una
elección sin capacidad legal para hacerlo, no puede darle el derecho para que le
sea reconocida la personería jurídica a la agrupación Todos Somos Colombia
como partido político, pues no cumple con lo dispuesto en la ley para ello.
16. Señaló que tampoco se cumple con lo dispuesto en el artículo 108 de la
Constitución, donde se establece que la personería jurídica de un partido o
movimiento político se obtiene con una votación no menor al 3% de los votos
emitidos válidamente en el territorio nacional en elección de Cámara de
Representantes y Senado de la República, resultado que puede ser obtenido con
el aval y la inscripción de candidatos, circunstancia que no se acreditó en el caso
de a la agrupación Todos Somos Colombia tal y como se puede constatar en los
formularios E-6, E-7 y E-8.
17. Concluyó que el Consejo Nacional Electoral no debió reconocer la personería
jurídica como partido político a Todos Somos Colombia puesto que los
argumentos en los que fundó su petición son falsos y, en consecuencia, el acto
administrativo es nulo.
18. Precisó que en la Resolución 2238 de 2023 se indicó que los días 28 y 29 de
julio de 2017 se desarrolló la primera asamblea nacional fundacional del
movimiento político Todos Somos Colombia, el cual es representado por la
señora Clara López Obregón quien ostenta los cargos de presidenta y
representante legal.
19. Aseguró que afirmar que a partir de esa fecha la agrupación política ha
participado en diferentes escenarios electorales, es una manifestación que
carece de verdad porque esa intervención solo es posible a través de la
personería jurídica que le permita avalar y posteriormente inscribir candidatos o
a través de apoyo ciudadano. Si bien es cierto que en el año 2018 la señora
López Obregón se presentó como candidata a la presidencia a través del grupo
significativo de ciudadanos Todos Somos Colombia, el proceso de recolección
de firmas no culminó y se postuló como fórmula vicepresidencial de Humberto de
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la Calle Lombana, quienes participaron por la coalición entre los partidos políticos
ASI y Liberal. En consecuencia, la agrupación Todos Somos Colombia no ha
participado en ningún proceso electoral.
20. Como sustento de la solicitud de personería jurídica se adjuntó una
certificación emitida por los representantes legales de las agrupaciones que
constituyeron la coalición Pacto Histórico en el que se afirmó que la coalición
inscribió una lista única no preferente de candidatos para el Senado de la
República para las elecciones del 13 de marzo de 2022, entre los cuales se
encontraba la señora Clara López Obregón con filiación política del partido Unión
Patriótica.
21. De lo anterior, concluyó que la agrupación Todos Somos Colombia carece de
elementos formales y materiales para que el Consejo Nacional Electoral pudiera
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 108 de la Constitución Política
respecto de la personería jurídica porque esta no inscribió ni avaló ningún
candidato.
22. Sostuvo que la entidad demandada, con el acto acusado, desconoció que la
señora Clara López Obregón fue elegida dentro de la coalición Pacto Histórico
por el aval del partido Unión Patriótica, sin perder de vista que es la representante
legal de Todos Somos Colombia, lo que podría demostrar que se incurrió en una
falsedad en relación con los motivos del acto administrativo, puesto que los
formularios E-6, E-7 y E-8 claramente indican que la senadora fue inscrita y
avalada por el partido Unión Patriótica, lo cual se entiende como una declaración
juramentada de conformidad con el artículo 93 del Decreto 2241 de 1986.
23. Explicó que, al solicitar la personería jurídica la agrupación Todos Somos
Colombia buscaba obtener el reconocimiento como partido político en contravía
de lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política y a costa del
resultado electoral obtenido por la coalición Pacto Histórico, sin que esta
participara dentro de las elecciones y, en consecuencia, este atributo se obtuvo
de forma irregular de lo que deviene su nulidad.
24. Aclaró que los argumentos expuestos en el acto relacionados con la
aplicación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción
de una Paz Estable y Duradera no son de recibo ya que el Consejo Nacional
Electoral actuó en contra de la Constitución Política y la ley.
25. Añadió que, si bien el acuerdo de paz celebrado entre las FARC y el Estado
Colombiano llevó consigo el surgimiento de nuevas fuerzas políticas, no es
competencia del Consejo Nacional Electoral adelantar la reforma de la legislación
electoral a través de sus actos, por lo que es necesario esperar que culmine el
trámite legislativo que modifique la legislación actual en relación con el
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otorgamiento de personería jurídica a agrupaciones y movimientos políticos para
determinar si es posible o no flexibilizar los requisitos establecidos para la
obtención de la personería jurídica.
4. Admisión de la demanda
26. Por haber reunido los requisitos de oportunidad y forma, mediante providencia
del 30 de agosto de 2023, se admitió la demanda.
27. En esa misma oportunidad, en auto aparte, se corrió traslado al Consejo
Nacional Electoral de la medida cautelar de suspensión provisional del acto
acusado, solicitada por la parte actora.
28. Mediante auto del 21 de septiembre de 2023 se negó la medida cautelar al
evidenciar que, en dicha etapa procesal, no era posible determinar si la
interpretación que hizo el CNE de los requisitos consagrados en el artículo 108
de la Constitución Política para el reconocimiento de la personería jurídica era
adecuada y si se incurrió en falsa motivación.
5. Contestación de la demanda
5.1. Consejo Nacional Electoral
29. Por intermedio de apoderada, el Consejo Nacional Electoral manifestó su
oposición a las pretensiones de la demanda, al estimar que la Resolución 2238
de 2023 tuvo en cuenta el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera, de 2016, en el que se concluyó
que deberían removerse los obstáculos e introducirse los cambios institucionales
necesarios para que los partidos y movimientos políticos obtuvieran y conserven
su personería jurídica y, en particular, facilitar el tránsito de organizaciones y
agrupaciones sociales con vocación política hacia su constitución como partidos
o movimientos políticos.
30. Explicó que el acuerdo incluye medidas como desligar la obtención y
conservación del atributo mencionado a la superación de un umbral en las
elección del Congreso y, en consecuencia, redefinir los requisitos para su
constitución, diseñar un sistema de adquisición de derechos para las
organizaciones políticas según su desempeño electoral en los ámbitos municipal,
departamental y nacional y la creación de un sistema que incorporaría un régimen
de transición por 8 años, en el que se incluyan temas como la financiación,
divulgación de programas y la promoción y estímulos para la creación de nuevos
partidos y movimientos políticos, así como la participación de aquellos que
perdieron la representación pese a haber obtenido curules en el Congreso de la
República.
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31. Explicó que el Acto Legislativo 02 de 2017, por medio del cual se adiciona un
artículo transitorio a la Constitución Política con el propósito de dar estabilidad y
seguridad jurídica al acuerdo mencionado, fue objeto de control de
constitucionalidad mediante la sentencia C-630 de 2017, providencia en la cual
se consideró que la norma establece un ámbito sustancial y, por tanto, la
remoción de obstáculos para que los partidos y movimientos políticos conserven
y obtengan su personaría jurídica debe ser entendida no solo como un mandato
de ajuste normativo, sino como una norma de interpretación amplia y garantista.
32. Concluyó que, así como es posible que los partidos conserven su personería
jurídica si la coalición que integraron supera el umbral en las elecciones para el
Congreso de la República, también se les debe permitir obtenerla a los
movimientos y agrupaciones políticas que se adhirieron a esa misma coalición,
puesto que se cumplen con los requisitos exigidos en el ordenamiento jurídico.
33. Explicó que esto es así por la claridad de que todos los órganos del estado
están obligados a permitir nuevos actores en el escenario político, con lo cual se
contribuye al desarrollo del Acuerdo Final para la Paz, al fortalecimiento de la
democracia y a buscar el fin de los conflictos sociales a través de las vías
institucionales con plenas garantías para quienes participen en las contiendas
electorales, para así lograr la constitución de otros partidos, alejados de los
tradicionales, para contribuir en la construcción de un gobierno donde el pueblo
es soberano y basado en los principios de igualdad y libertad.
34. Advirtió que la Resolución 2238 de 2023, mediante la cual el CNE reconoció
la personería jurídica a Todos Somos Colombia se sustentó no solo en el artículo
108 de la Constitución Política sino también en una interpretación más amplia de
los preceptos del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera.
35. Señaló que en los comicios realizados el 13 de marzo de 2022, para el
Congreso de la República, la coalición denominada «Pacto Histórico» se
conformó por el Movimiento Colombia Humana, Movimiento Alternativo Indígena
y Social «MAIS», Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia «AICO»,
Movimiento Alianza Democrática Amplia y los partidos políticos Unión Patriótica,
Polo Democrático, Partido Comunista Colombiano y de la cual hace parte el
movimiento Todos Somos Colombia.
36. Sostuvo que la coalición presentó, entre otros, a la señora Clara López
Obregón como candidata al Senado de la República, quien resultó electa, de
acuerdo con el Formulario E-26.
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37. Aclaró que el Pacto Histórico obtuvo dos millones ochocientos ochenta mil
doscientos cincuenta y cuatro (2.880.254) votos para la elección del Senado de
la República.
38. Precisó que con la solicitud de personería jurídica por parte del movimiento
Todos Somos Colombia, se allegó una certificación de la coalición programática
Pacto Histórico, firmada por los representantes legales de los partidos que la
conforman en donde se dejó constancia de que Todos Somos Colombia fue uno
de los movimientos políticos fundadores de la coalición para las elecciones al
Congreso de la República del año 2022.
39. Enfatizó que, de conformidad con el artículo 108 de la Constitución Política,
el 3% de la votación válida para el Senado de la República correspondía a
quinientos nueve mil setecientos nueve votos (509.709) de lo cual se evidencia
que la coalición Pacto Histórico superó el número de votos exigidos por la Carta
Política.
40. Manifestó que, en consecuencia, como el movimiento Todos Somos
Colombia, que hacía parte de la coalición y la senadora López Obregón se
reconoce como afiliada de la nombrada colectividad, se cumplían los requisitos
exigidos por la Constitución Política para reconocer la personería jurídica a este
movimiento.
41. Concluyó que las pretensiones de la demanda se sustentan en una indebida
interpretación de las normas alegadas como desconocidas, en la medida en que
no se tuvieron en cuenta las reglas establecidas en el Acuerdo Final para la Paz,
las cuales hacen parte del ordenamiento jurídico en virtud del Acto Legislativo 02
de 2017 que dispuso que «las instituciones y autoridades del Estado tienen la
obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En
consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado,
los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación
deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los
contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final».
5.2. Todos Somos Colombia
42. Si bien presentó escrito de contestación de la demanda, el despacho
sustanciador en auto del 23 de noviembre de 2023 advirtió que la misma fue
allegada de forma extemporánea.
6. Trámite procesal
43. El 23 de noviembre de 2023 el despacho conductor del proceso fijó el litigio
en los siguientes términos:
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Rad: 11001-03-28-000-2023-00058-00
[…] En este caso debe determinarse si hay lugar o no a declarar la nulidad de la
Resolución 2238 del 23 de marzo de 2023 «Por medio de la cual se RECONOCE
personería jurídica al movimiento “Todos Somos Colombia", dentro del radicado
CNE-E-DG-2023-04156», proferida por el CNE.
De manera concreta debe determinarse:
• Si el acto demandado incurrió en falsa motivación por las siguientes razones:
a) El reconocimiento de la personería jurídica no tuvo en cuenta el hecho de que
el movimiento “Todos Somos Colombia” no pudo hacer parte o suscribir el
acuerdo de coalición de Pacto Histórico para las elecciones de Senado de la
República 2022 – 2026, en la medida que no contaba con personería jurídica
para esa época.
b) Se desconoció que el referido movimiento no inscribió ni avaló candidatos
para las elecciones de Senado de la República 2022 – 2026 y la señora
Claudia (sic) Eugenia López Obregón fue avalada por un partido político
distinto, esto es, Unión Patriótica.
c) La señora Claudia (sic) Eugenia López Obregón no perdió su condición de
afiliada al movimiento “Todos Somos Colombia” y para el mencionado
certamen democrático participó por el partido político Unión Patriótica,
situación que fue desconocida por el acto acusado.
d) El movimiento político “Todos Somos Colombia” materialmente no ha
participado en alguna contienda electoral anterior al 2022, es más, para el año
2018, el grupo significativo Todos Somos Colombia no culminó el proceso de
recolección de firmas para las elecciones presidenciales de ese año, y para
ese mismo certamen, la señora Clara Eugenia López Obregón fue avalada
por el partido político Alianza Social Independiente – ASI.
e) Para el reconocimiento de la personería jurídica de ese movimiento, el CNE
con el acto acusado no podía acudir i) al principio de la buena fe para dar
aplicación a lo contemplado en el Acuerdo Final para la Terminación del
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito entre el
Gobierno Nacional y las FARC – EP y ii) a lo dispuesto por la Corte
Constitucional en sentencia SU-257 del 2021, para otorgar personería jurídica
a un movimiento político que no reúne con los requisitos establecidos en la
normativa electoral vigente.
• Si el acto demandado incurre en violación del parágrafo 5 del artículo 262 toda
vez que el referido movimiento político no firmó la coalición de Pacto Histórico, en
atención a que no contaba con personería jurídica, de tal modo que carecía de
capacidad legal y jurídica para suscribir ese acuerdo.
Igualmente, si se transgredió lo dispuesto en el artículo 108 Superior, el cual
dispone que la personería jurídica de un partido o movimiento político se obtiene
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con una votación no inferior al 3% de los votos emitidos válidamente en el territorio
nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado de la República,
lo cual no ocurrió en el presente caso, puesto que el movimiento “Todos Somos
Colombia” no avaló ni inscribió candidatos.
44. Adicionalmente, resolvió sobre las pruebas, dispuso tener como tales
aquellas aportadas con la demanda y la contestación por parte del CNE y decidió
acerca de las que fueron solicitadas por las mismas partes.
7. Alegatos de conclusión
7.1. Todos somos Colombia
45. El partido político, a través de apoderada, se opuso a las pretensiones de la
demanda y expuso sus razones bajo el siguiente análisis:
46. Advirtió que los argumentos de la demanda no son correctos porque las
normas que disponen el reconocimiento de personería jurídica deben ser
interpretadas con los parámetros establecidos en el Acuerdo para la Terminación
del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera ya que estos son
el referente para la materialización de los derechos fundamentales en materia de
participación democrática.
47. Explicó que el Acuerdo Final dispuso la construcción y la consolidación de la
paz a través de la ampliación democrática que permita el surgimiento de nuevas
fuerzas en el escenario político con las cuales se enriquezca el debate y la
deliberación, con el fin de fortalecer el pluralismo y, por tanto, la participación y la
inclusión en el ámbito político.
48. Sostuvo que, en esa misma línea, el Acto Legislativo 02 de 2017 adicionó un
artículo transitorio a la Constitución Política con el propósito de dar estabilidad y
seguridad jurídica al Acuerdo Final y, expresamente, estableció que este era un
parámetro de interpretación y referente de validez de las normas y las leyes de
implementación y desarrollo de este, con sujeción a las disposiciones
constitucionales.
49. Añadió que, expresamente, ordenó a las instituciones y autoridades del
Estado a que cumplieran de buena fe con las directrices del acuerdo y, por tanto,
los desarrollos normativos, la interpretación y la aplicación del acuerdo final
deberían guardar coherencia e integralidad con lo acordado.
50. Expuso que la Corte Constitucional, en la sentencia C-630 de 2017, manifestó
que, en desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del Acuerdo Final que se
refieran a derechos fundamentales definidos en la Constitución Política y aquellos
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conexos, serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de
desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación.
51. Adujo que en la sentencia SU-257 de 2021, la Corte Constitucional al revisar
un fallo respecto de la personería jurídica del partido Nuevo Liberalismo
consideró que el artículo 108 de la Constitución Política no podría aplicarse
exegéticamente ni de manera aislada, sino que debe interpretarse y aplicarse de
acuerdo con el modelo democrático construido a partir de los principios que la
Carta Política protege y garantiza.
52. Con base en lo anterior, explicó que todos los criterios de ampliación
democrática y la construcción de la paz para la materialización del derecho
fundamental de la participación política permitieron el reconocimiento de la
personería jurídica al partido Todos Somos Colombia que fue un movimiento que
hizo parte de la coalición Pacto Histórico a través de la cual una de sus
fundadoras fue elegida senadora de la República.
53. Precisó que, por tanto, el artículo 108 de la Constitución Política no puede ser
interpretado de forma exegética ni de manera aislada, sino que la regla del umbral
debe ser aplicada de forma tal que no afecte otros valores o principios que la
misma Constitución Política protege y garantiza, esto es, bajo los contenidos del
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera.
54. Añadió que, en consecuencia, respecto del reconocimiento de la personería
jurídica a los partidos, debe hacerse una ampliación democrática que permita el
surgimiento de nuevas fuerzas políticas, removiendo obstáculos para que los
movimientos y organizaciones sociales obtengan personería jurídica y desligando
la obtención de esta a la superación de requisitos como el umbral.
55. Señaló que la Resolución 2238 del 23 de marzo de 2023 fue expedida con
fundamento en la Constitución Política y la ley y sin incurrir en falsa motivación
por parte del Consejo Nacional Electoral.
56. Sostuvo que es totalmente válido que los movimientos o partidos políticos
que no tengan personería jurídica puedan conformar e integrar coaliciones
programáticas, puesto que esto garantiza el ejercicio del derecho fundamental a
constituir partidos políticos sin limitación alguna. Esto, con base en una
interpretación garantista que armonice lo dispuesto en el artículo 262 de la
Constitución, los derechos fundamentales, los valores y los principios de la Carta
Política, el principio de ampliación democrática del Acuerdo de Paz, el Acto
Legislativo 02 de 2017 y las reglas de interpretación de la Corte Constitucional
desarrolladas en la sentencia SU-257 de 2021.
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57. Adujo que, por lo anterior, si la coalición supera el umbral o si el movimiento
político logra representación en el Congreso de la República, nace el derecho del
reconocimiento de la personería jurídica y como el partido Todos Somos
Colombia participó en la coalición Pacto Histórico, la cual consiguió superar el
umbral y obtuvo representación en el Senado, lo propio era el reconocimiento de
su personería jurídica.
58. Afirmó que no es cierto que la senadora López Obregón se marcharía a otro
partido, puesto que ha cumplido y actuando bajo la ley de bancadas en la
coalición del Pacto Histórico, de la que hace parte, por la que fue elegida y en la
que representa a todos los militantes de la agrupación Todos Somos Colombia,
ya que fue una de sus fundadoras.
59. Explicó que lo anterior se demostró con la certificación aportada como prueba
al proceso por el representante del partido Unión Patriótica, en la que se indicó
que la senadora Clara Eugenia López Obregón fue inscrita y elegida senadora
de la república por la coalición Pacto Histórico, siendo postulada y avalada de
manera fraterna por ese partido para tal efecto, pero con la claridad que actuaba
en representación del movimiento Todos Somos Colombia, sin que ello llevara
consigo doble militancia pero sí un compromiso de actuar en bancada con la
coalición.
60. Añadió que, posteriormente, se solicitó que se aclarara si la senadora López
Obregón era militante del partido Unión Patriótica, para lo cual el representante
legal expresamente indicó que no ha sido militante de esa organización política y
que su inscripción en la coalición Pacto Histórico se dio con plena claridad de su
afiliación y representatividad de la agrupación Todos Somos Colombia.
61. Sostuvo que no existió falsa motivación en el acto demandado toda vez que
el CNE se basó en una postura clara, de buena fe y garantista de la
materialización del derecho fundamental a constituir partidos sin limitación
alguna, el cual es de aplicación inmediata.
62. Expuso que, de las pruebas allegadas al proceso, se constató que el partido
Todos Somos Colombia desde la coalición denominada Lista de la Decencia1, ha
participado con sus militantes en las elecciones del Congreso de la República y,
también se demostró que hizo parte de la coalición Pacto Histórico.
63. Señaló que el inciso 5 del artículo 262 de la Constitución Política representa
una antinomia con lo dispuesto en el artículo 108 de la misma Carta Política,
porque limita la democracia participativa y pluralista, la dignidad humana, la
1 Coalición conformada por el Partido Alianza Social Independiente, el Movimiento Alternativo Indígena y
Social y el Partido Unión Patriótica reconocida mediante la Resolución 000838 del 12 de marzo de 2019.
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prevalencia del interés general, los valores de convivencia, justicia y paz, así
como los derechos fundamentales a la participación en política y a la constitución
de partidos y movimientos políticos sin limitación alguna, tal y como lo consagra
el artículo 40 de la misma norma.
64. Indicó que, al respecto, la Corte Constitucional manifestó que la democracia
militante tiene la idea de que debe existir la mayor apertura posible para crear
movimientos y partidos políticos, de lo contrario, se reducen el pluralismo,
consideraciones expuestas en la sentencia SU-257 de 2021.
65. Concluyó que, entonces lo procedente es la interpretación garantista de la
efectividad de los derechos fundamentales y la armonización del artículo 262 de
la Constitución Política con los principios de pluralismo y los derechos
fundamentales.
7.2. Consejo Nacional Electoral
66. Precisó que, según el Acuerdo Final, es necesaria la remoción de los
obstáculos vigentes en las normas del sistema electoral que limitan la
materialización del derecho a constituir partidos y movimientos políticos y a
permanecer en ellos. Uno de los cambios propuestos se refiere específicamente
a superar el umbral como elemento determinante para la conservación de la
personería jurídica.
67. Aseguró que la decisión adoptada en el acto demandado tuvo en cuenta,
estas directrices del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera, en el que se concluyó que era
necesario remover los obstáculos e introducir cambios institucionales para que
los partidos y movimientos políticos obtengan y conserven su personería jurídica
y, en particular, facilitar el tránsito de organizaciones y movimientos sociales con
vocación política hacia la constitución como partidos o movimientos políticos.
68. Expuso que, sobre este tema, la Corte Constitucional, en la sentencia C-630
de 2017, indicó había indicado que los contenidos del Acuerdo Final que
correspondan a normas de derecho internacional humanitario y de derechos
fundamentales consagrados en la Constitución Política y los conexos a ellos,
serán parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de normas
y leyes de implementación de este.
69. Sostuvo que los derechos políticos consagrados en el artículo 40 de la
Constitución Política hacen parte de las garantías fundamentales y, por lo tanto,
la alusión que hace el Acuerdo Final a la remoción de obstáculos para que los
partidos y movimientos conserven y obtengan su personería jurídica debe ser
entendida no solo como un mandato de ajuste normativo, sino como una de
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interpretación amplia y garantista de las normas vigentes.
70. Señaló que, de acuerdo con lo expuesto, debe entenderse que, así como se
permite que los partidos políticos conserven su personería jurídica si la coalición
supere el umbral en las elecciones para el Congreso de la República, también se
debe admitir que los movimientos y agrupaciones políticas que se adhirieron a
esa misma coalición sean nuevos actores electorales en el escenario político.
71. Concluyó que mediante la Resolución 2238 del 23 de marzo de 2023 se
reconoció la personería jurídica al partido Todos Somos Colombia con base no
solo en el artículo 108 de la Constitución Política, sino bajo una interpretación
más amplia sustentada en varios fundamentos normativos, constitucionales,
jurisprudenciales y, además, los preceptos del Acuerdo Final para la Terminación
del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera y, de conformidad
con ese estudio, se consideró que se cumplían los requisitos necesarios.
72. Explicó que para los comicios realizados el 13 de marzo de 2022 para elegir
el Congreso de la República, la coalición Pacto Histórico conformada por el
Movimiento Político Colombia Humana, Partido Unión Patriótica, Partido
Comunista Colombiano, Partido Polo Democrático Alternativo, Movimiento
Alternativo Indígena y Social, Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia,
Movimiento Alianza Democrática Amplia y de la cual hace parte la agrupación
Todos Somos Colombia.
73. Indicó que la señora Clara López Obregón fue presentada por la coalición
Pacto Histórico como candidata al Senado de la República y resultó electa.
74. Sostuvo que, con la solicitud de personería, se remitió una certificación de la
coalición Pacto Histórico firmada por los representantes de los partidos que la
conforman, donde se hace constar que el movimiento Todos Somos Colombia
fue uno de los movimientos políticos fundadores de la coalición.
75. Señaló que el 3% de la votación para el Senado de la República en el territorio
nacional correspondió a quinientos nueve mil setecientos nueve votos (509.709),
de lo cual se evidencia que con el apoyo del electorado la coalición Pacto
Histórico superó el número de votos exigido por el artículo 108 de la Constitución
Política, ya que esa organización obtuvo dos millones ochocientos ochenta mil
doscientos cincuenta y cuatro votos (2.880.254).
76. Anotó que, como la agrupación Todos Somos Colombia hacía parte de la
coalición Pacto Histórico y que la ciudadana Clara López Obregón, quien resultó
electa para el Senado de la República, se reconoce como afiliada de la
mencionada colectividad política, lo que evidencia que se cumplieron los
requisitos exigidos constitucionalmente para el reconocimiento de la personería
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jurídica.
77. Adujo que sería incomprensible que, en este caso, una agrupación política
que junto al Pacto Histórico permitió la elección de una senadora, no se le
reconozca el derecho a ejercer la defensa de una plataforma programática con
las mismas garantías de aquellos partidos que participaron en la coalición, por lo
que es necesario aplicar el principio de igualdad ante la Constitución Política y la
ley de que gozan todos los ciudadanos que depositaron su voto a favor de los
candidatos del movimiento Todos Somos Colombia y de todos sus militantes.
78. Recordó que en el expediente se encuentra la certificación aportada por el
representante del partido Unión Patriótica del 1.° de diciembre de 2023, en el que
se indicó que la senadora López Obregón fue inscrita y elegida senadora por la
coalición Pacto Histórico para lo cual fue avalada de manera fraterna por la UP
para el efecto de garantizar las normas y «bajo la claridad que se actuaba
reconociendo la representación de la hoy senadora en nombre del Movimiento
Todos Somos Colombia sin que ello implique militancia con este partido».
79. Concluyó que la Resolución 2238 del 23 de marzo de 2023 es un acto
administrativo que cumple con el lleno de los requisitos establecidos en la ley,
esto es, fue expedido bajo las normas constitucionales y legales.
8. Concepto del Ministerio Público
80. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
81. La Sección Quinta es competente para resolver la demanda en única
instancia, según lo dispuesto en el artículo 149 numeral 1.º del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2 y en el artículo
13 del Acuerdo 080 de 2019, que contiene el reglamento del Consejo de Estado 3.
2 ARTÍCULO 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA. El Consejo de
Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o
salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el reglamento disponga, conocerá en única
instancia de los siguientes asuntos:
1. De la nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional, o por las
personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden, salvo
que se trate de actos de certificación o registro, respecto de los cuales la competencia está radicada en los
tribunales administrativos.
3 ARTÍCULO 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de
repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus
secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: (…)
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2. Acto demandado
82. En ejercicio del medio de control de nulidad, la parte actora demandó la
Resolución 2238 del 23 de marzo de 2023 expedida por el Consejo Nacional
Electoral «Por medio de la cual se RECONOCE personería jurídica al movimiento
“Todos Somos Colombia”, dentro del radicado CNE-E-DG-2023-04156».
3. Problema jurídico
83. A partir de la fijación del litigio hecha en la audiencia inicial, corresponde a
esta corporación resolver: i) si el acto demandado incurrió en falsa motivación; ii)
si al proferirse el acto demandado incurrió en violación del parágrafo 5 del artículo
262 y del artículo 108 de la Constitución Política.
4. Análisis de las censuras
84. Para resolver el asunto en estudio, la Sala considera necesario tener en
cuenta el siguiente análisis de los cargos propuestos:
4.1. Falsa motivación
85. En relación con la causal de nulidad por falsa motivación4 contenida en el
artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, la Sala ha considerado5 que esta se
configura cuando el acto acusado ha sido proferido en flagrante incongruencia
con las razones, motivos y pensamientos que en la realidad debieron servirle de
fundamento.
86. En la sentencia del 8 de octubre de 20146, sustento de varios
pronunciamientos posteriores7, sobre el alcance de esta se indicó:
Sección Quinta
1. Los procesos de simple nulidad contra actos de contenido electoral.
4 Ver entre otras, la sentencia de 11 de marzo de 2021 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, rad.
11001032800020180008100 (acumulado), contra Senadores de la República 2018-2022, por causales
objetivas. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
5 Ibídem, en cita que se hace de: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta.
Rad. Nº. 11001-03-28-000-2015-00016-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 13 de
octubre de 2016. Actor: Municipio de Girardot, también puede consultarse la providencia del 14 de octubre
de 2021, con ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, dentro del radicaco 11001-03-28-000-2020-
00078-00 (acumulado).
6 Rad.11001-03-28-000-2013-00060-00, con ponencia de la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.
7 Cita que se hizo en la providencia de 11 de marzo de 2021, proferida por la Sección Quinta del consejo de
Estado, dentro del expediente de rad. 2018-00081-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez,
magistrada ponente Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Actor: Carlos Mario Isaza Serrano.
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La falsa motivación alude a las causas, razones, opiniones, pensamientos y
motivos que a la administración (en cabeza de su agente) le llevan a expedir el
acto administrativo como declaración de voluntad que es. Esas razones que
pueden ser fácticas y jurídicas o de derecho o sólo jurídicas o de derecho (casi
siempre, más no exclusivo, en actos de contenido general) deben corresponder
en forma concertada, coordinada y exacta a la decisión que se adopta, como
si se tratara de una “congruencia” administrativa frente a su declaración. De
tal suerte que esa motivación surgirá falsa, es decir, no acorde o fuera de la
realidad, cuando el sustento fáctico no corresponde al apoyo jurídico invocado
(falsedad en el derecho) o viceversa (falsedad en el hecho), o cuando teniendo
ambos fundamentos (fáctico y jurídico) la declaración de voluntad refiere a tema
distinto o contradictorio a su motivo causal (falsedad en la decisión).
87. Igualmente, la Sección Quinta8 ha señalado que, para la prosperidad de la
causal en comento es necesario demostrar una de las siguientes dos situaciones:
▪ Que los hechos que la autoridad tuvo en cuenta como motivos determinantes
de la decisión, no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación;
▪ Que la autoridad omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados
y que si hubieran sido considerados habrían conducido a una decisión
sustancialmente diferente.
88. La parte actora afirmó que el acto demandado incurrió en falsa motivación
bajo los siguientes argumentos:
4.1.1. La Resolución 2238 de 2023 no tuvo en cuenta que Todos Somos
Colombia no podía ser parte de la coalición Pacto Histórico porque no tenía
personería jurídica
89. La Resolución 2238 del 23 de marzo de 2023, encontró demostrado que el
partido Todos Somos Colombia hacía parte de la coalición programática Pacto
Histórico de conformidad con la certificación allegada al expediente
administrativo suscrita por los representantes legales de quienes la conforman.
90. Expresamente, el documento mencionado indicó:
Los suscritos, en calidad de representantes legales de los partidos políticos con
personería jurídica que conformamos la coalición denominada “PACTO
HISTÓRICO” que avaló la lista única de candidatos al Senado de la República en
las elecciones realizadas el pasado 13 de marzo del año 2022, nos permitimos
certificar los (sic) siguiente:
8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Radiación número: 11001-03-
28-000-2015-00005-00, magistrado ponente Carlos Enrique Moreno Rubio. Demandado Consejo Nacional
Electoral.
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1. Que el movimiento “Todos Somos Colombia”, movimiento político sin personería
jurídica, dirigido por la hoy senadora Clara López Obregón, (…) fue uno de los
movimientos políticos fundadores de la coalición denominada “PACTO
HISTÓRICO” en las elecciones de 2022 y la coalición denominada “LISTA DE LA
DECENCIA” en las elecciones de 2018.
2. Que la coalición denominada “PACTO HISTÓRICO” inscribió lista única de
candidatos al Senado de la República para las elecciones realizadas el 13 de
marzo de 2022, entre las que fue inscrita como candidata la Dra. Clara López
Obregón (…) con filiación política del Partido Patriótica – UP-.
3. Que la Dra. Clara López Obregón, (…) fue elegia Senadora de la República para
el periodo constitucional 2022-2026 por la Coalición denominada “PACTO
HISTÓRICO” y hoy hace parte de la bancada de dicha coalición.
91. Con base en el documento aportado, el Consejo Nacional Electoral indicó
que, para los comicios realizados el 13 de marzo de 2022 con el fin de conformar
el Congreso de la República, la coalición Pacto Histórico agrupó al movimiento
político Colombia Humana, al partido Unión Patriótica, al partido Comunista
Colombiano, al partido Polo Democrático Alternativo, al Movimiento Alternativo
Indígena y Social, al movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, al
movimiento Alianza Democrática Amplia y precisó que también hizo parte la
agrupación Todos Somos Colombia.
92. Igualmente, la entidad demandada señaló que el Pacto Histórico presentó,
entre otros, a la señora Clara López Obregón como candidata al Senado de la
República, quien resultó electa para la mencionada corporación y la coalición
obtuvo un apoyo de dos millones ochocientos ochenta mil doscientos cincuenta
y cuatro (2.880.254) votos.
93. De conformidad con lo anterior, el CNE concluyó que como la votación de la
coalición superó el 3% de la votación válida para el Senado de la República, la
agrupación Todos Somos Colombia hacía parte de esta organización y fue
elegida senadora la señora López Obregón, representante legal de esta, se
encontraban acreditados los requisitos necesarios para que se le reconozca la
personería jurídica a dicho partido.
94. Revisada la solicitud para la inscripción de la lista de candidatos y la
constancia de la aceptación de candidatura presentada por la coalición «Pacto
Histórico» para el Senado de la República se puede constatar que los partidos
que conforman esta asociación son: el Partido Polo Democrático Alternativo, el
Movimiento Alianza Democrática Amplia, el Movimiento Político Colombia
Humana, el Partido Colombia Humana – Unión Patriótica «UP», el Movimiento
Alternativo Indígena y Social «MAIS» y el Partido Comunista Colombiano.
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95. De acuerdo con el formulario E-6 SN, antes mencionado, el partido Todos
Somos Colombia no suscribió la coalición «Pacto Histórico».
96. El artículo 40 de la Constitución Política consagra el derecho y correlativo
deber de todo ciudadano de participar en la conformación, ejercicio y control del
poder político.
97. Para garantizar este derecho, los partidos y movimientos políticos con
personería jurídica reconocida pueden inscribir candidatos a las elecciones, para
lo cual su representante legal debe otorgar el aval, incluso puede delegar el
ejercicio de esa atribución.
98. Igualmente, los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos
que, en principio no cuentan con personería jurídica, también pueden inscribir
candidatos a las elecciones, bajo unas exigencias particulares, esto es, reunir un
número de apoyos considerable y suscribir una póliza de seriedad o garantía
bancaria9.
99. En ejercicio de esta garantía constitucional, la Carta Política reconoce a los
partidos políticos la posibilidad de asociarse entre ellos por afinidades ideológicas
o intereses comunes y para alcanzar diversos propósitos legítimos,
especialmente alcanzar curules.
100. Estas alianzas pueden tomar la forma de coaliciones, adhesiones o apoyos
públicos a determinadas campañas.
101. La Sección Quinta10 ha considerado que las coaliciones son alianzas propias
del proceso democrático no prohibidas por las leyes electorales y una alternativa
para quienes compiten por la elección popular, sobre todo para los partidos
minoritarios en la escena política. En el contexto de las campañas, una coalición
permite que las colectividades «se presenten como una asociación que busca
convencer al electorado para ocupar los respectivos cargos de elección popular
y de esta manera contribuyen a obtener mayores ventajas electorales».
9 De acuerdo con las consideraciones de la Corte Constitucional en la sentencia C-490 del 23 de junio de
2011, el régimen diferencial entre los partidos y movimientos con personería jurídica y las que no cuentan
con ese atributo se debe a que el aval de los candidatos de los primeros es entregado por el representante
legal de la agrupación, en tanto que, en los segundos, lo otorgan los ciudadanos, con tales exigencias se
pretende garantizar la seriedad de la inscripción.
10 En providencia del 10 de agosto del 2023, con ponencia del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, en el
radicado 11001-03-28-000-2022-00198-00 (acumulados) se citan pronunciamientos del 14 de octubre de
2021, con ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate y del 18 de noviembre de 2021, con ponencia del
magistrado Luis Alberto Álvarez Parra. Conceptos reiterados en la sentencia del 12 de noviembre de 2015,
con ponencia de la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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102. El inciso 5.° del artículo 262 de la Constitución Política establece:
ARTÍCULO 262. Los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de
ciudadanos que decidan participar en procesos de elección popular, inscribirán
candidatos y listas únicas, cuyo número de integrantes no podrá exceder el de
curules o cargos a proveer en la respectiva circunscripción, excepto en las que se
eligen hasta dos miembros, las cuales podrán estar integradas hasta por tres (3)
candidatos.
(…)
La ley regulará la financiación preponderantemente estatal de las campañas, los
mecanismos de democracia interna de los partidos, la inscripción de candidatos y
listas propias o de coalición a cargos uninominales o a corporaciones públicas, la
administración de recursos y la protección de los derechos de los aspirantes. Los
partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados hayan
obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos
válidos de la respectiva circunscripción, podrán presentar lista de
candidatos en coalición para corporaciones públicas. (Negrillas fuera de
texto).
103. En otras oportunidades, la Sala11, con base en el artículo anteriormente
transcrito, determinó la procedencia de la inscripción de listas bajo la figura de
coalición para aspirar a corporación públicas con la finalidad de conservar su
personería jurídica.
104. Bajo las anteriores consideraciones, esta Sección concluye que para ser
parte de una coalición a corporaciones públicas e inscribir candidatos, es
necesario ser un partido o movimiento político con personería jurídica y, es claro
que Todos Somos Colombia no contaba con personería jurídica al momento de
la suscripción del acuerdo de coalición denominado Pacto Histórico, puesto que
la solicitud para obtener dicho atributo se presentó con posterioridad a la firma
del acuerdo.
105. En atención a lo expuesto, cuando el Consejo Nacional Electoral, mediante
la Resolución 2238 del 23 de marzo de 2023, afirmó que Todos Somos Colombia
hacía parte de la coalición Pacto Histórico incurrió en falsa motivación porque
esta agrupación no tenía personería jurídica y, por tanto, no podía suscribir dicho
acuerdo, y este cargo está llamado a prosperar.
11 Sentencias del 13 de diciembre de 2018, radicado 11001-03-28-0000-2018-00019-00 y del 23 de octubre
de 2019, radicado 11001-03-28-000-2019-00013-00, con ponencias de la magistrada Rocío Araújo Oñate.
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4.1.2. La agrupación Todos Somos Colombia no inscribió ni avaló
candidatos para las elecciones al Senado y la señora Clara López Obregón
fue avalada por el partido Unión Patriótica
106. El artículo 107 de la Constitución Política garantiza el derecho de todos los
ciudadanos a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos y la
libertad de afiliarse o de retirarse de ellos.
107. Para participar en los procesos electorales, la Constitución Política otorga
dos posibilidades, una, a través de los partidos o movimientos políticos con
personería jurídica y dos, mediante los movimientos sociales y grupos
significativos de ciudadanos, los cuales deben cumplir unas exigencias, antes
señaladas.
108. En la Resolución 2238 del 23 de marzo de 2023, acto demandado, el
Consejo Nacional Electoral, después de transcribir la certificación suscrita por los
representantes legales de los partidos que suscribieron la coalición «Pacto
Histórico», indicó expresamente:
En este sentido, para los comicios realizados el 13 de marzo de 2022 de Congreso
de la República, la coalición denominada «Pacto Histórico» conformada por el
Movimiento Político Colombia Humana, Partido Unión Patriótica “UP”, Partido
Comunista Colombiano, Partido Polo Democrático Alternativo, Movimiento
Alternativo Indígena y Social “MAIS”, Movimiento Autoridades Indígenas de
Colombia “AICO” Movimiento Alianza Democrática Amplia y de la cual hace parte
el Movimiento “Todos Somos Colombia”, presentó entre otros, a la señora Clara
López Obregón, como candidata al Senado de la República, quien resultó electa
para la mencionada Corporación, según el Formulario E-26. Asimismo, la referida
coalición obtuvo un apoyo de DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (2.880.254) votos para la elección en
Senado de la Republica.
Es oportuno establecer que la precitada Senadora, a su vez, afirmó en la petición
que origina el presente pronunciamiento, ser afiliada del Movimiento “Todos
Somos Colombia” y pertenecer a este, situación verificable, puesto que como se
evidencia en los documentos adjuntos a su solicitud, la plurimencionada Senadora
ostenta el Cargo de Presidenta y Representante Legal del referido Movimiento
Político.
109. Como ya fue expuesto en esta providencia, el partido Todos Somos
Colombia no suscribió el acuerdo de coalición denominado «Pacto Histórico»
puesto que no contaba con personería jurídica y, por tanto, no es posible concluir
que a través de esa figura inscribió a la candidata Clara López Obregón para la
contienda electoral en la que fue elegida senadora de la república.
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Demandado: Consejo Nacional Electoral
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110. Además de lo anterior, en el documento, aportado como prueba al presente
trámite judicial, suscrito por el representante legal del partido Unión Patriótica se
puede constatar que se certificó que «la Dra. Clara Eugenia López Obregón,
identificada con cédula de ciudadanía (…), fue inscrita y elegida Senadora de la
República para el periodo constitucional 2022-2026 por la coalición denominada
“Pacto Histórico” siendo postulada y avalada de manera fraterna por este
partido para tal efecto, (…) y bajo la claridad que se actuaba reconociendo la
representación de la hoy senadora en nombre del Movimiento Todos Somos
Colombia, sin que ello implique militancia con este partido pero si un compromiso
de su actuación en bancada con la coalición.» (Negrillas fuera del texto).
111. De lo expuesto, para la Sala es claro que la señora Clara López Obregón no
participó en los comicios para el Senado bajo el aval del partido Todos Somos
Colombia, sino a través del partido Unión Patriótica, de conformidad con lo
afirmado tanto por el representante de esta organización política.
112. En consecuencia, el Consejo Nacional Electoral incurrió en falsa motivación
al considerar que se cumplían los requisitos para que el partido Todos Somos
Colombia obtuviera la personería jurídica pues no era posible concluir que dicha
organización avaló a la senadora Clara López Obregón, como se afirmó en el
acto demandado, por lo que sí se encuentra probado el cargo propuesto.
4.1.3. La señora Clara López Obregón no perdió su condición de afiliada al
movimiento Todos Somos Colombia
113. La demandante afirmó que la señora López Obregón fue avalada por el
partido Unión Patriótica sin desdibujar su pertenencia a la agrupación Todos
Somos Colombia, lo que raya en la ilegalidad, puesto que, con el fin de obtener
la personería jurídica con base en los resultados de la coalición «Pacto
Histórico», se incurrió en una falsedad y se validó la incursión de la senadora en
doble militancia.
114. Como ya se expuso, está demostrado en el expediente que la señora Clara
López Obregón fue candidata de la coalición «Pacto Histórico» a través del aval
que hizo el partido Unión Patriótica.
115. Mediante oficio del 12 de diciembre de 2023, el representante legal del
partido político Unión Patriótica insistió en que la señora Clara Eugenia López
Obregón no ha sido militante de esa organización y que la inscripción en la
coalición «Pacto Histórico» para participar en las elecciones para el Senado de
la República para el periodo 2022-2026 se dio con la plena claridad de su
afiliación y representatividad al movimiento Todos Somos Colombia.
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116. De acuerdo con lo demostrado en el expediente, la señora Clara López
participó en la contienda electoral avalada por el partido Unión Patriótica, de lo
cual se traduce que tuvo, por lo menos para el momento de la inscripción de su
candidatura, una filiación política con ese partido, puesto que con la inscripción
se declaró, bajo la gravedad del juramento, que era afiliada a dicha agrupación,
esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de Código Electoral.
117. La norma mencionada expresamente consagra:
ARTICULO 93. En la solicitud de inscripción debe hacerse mención expresa del
partido o movimiento político por el cual se inscribe una candidatura o lista de
candidatos, y los inscriptores harán ante el respectivo funcionario electoral,
bajo juramento, la declaración de que son afiliados a ese partido o
movimiento político. Para los candidatos tal juramento se entiende prestado por
su firma en el memorial de aceptación de la candidatura.
118. Por tanto, cuando la Resolución 2238 del 23 de marzo de 2023 sustentó el
reconocimiento de la personería jurídica al movimiento Todos Somos Colombia
en que esta organización hacía parte de la coalición «Pacto Histórico» y que la
señora Clara López fue elegida senadora de la república como militante de este,
sí incurrió en falsa motivación puesto que esa agrupación no participó ni podía
participar en la coalición y el aval de la señora López Obregón lo otorgó el partido
Unión Patriótica, lo que implica que para el momento de la elección no
representaba los intereses de la agrupación que se benefició con el
reconocimiento de la personería jurídica.
119. Es del caso precisar que esta Sección, en la sentencia del 14 de marzo de
201912, ha indicado que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico colombiano, el
aval constituye uno de los requisitos que existen para que los ciudadanos puedan
presentarse como candidatos para cargos de elección popular por una
colectividad política con personería jurídica.
120. En esa misma providencia, se señaló que esta figura cumple una triple
finalidad13:
1. Acredita que la persona avalada forma parte de determinado partido o
movimiento político, lo cual es importante porque permite definir la militancia de
los candidatos.
12Sentencia proferida dentro del expediente 11001-03-28-000-2018-00603-00 con ponencia de la
magistrada Rocío Araújo Oñate.
13 Postura basada en las decisiones proferidas por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 11 de julio
de 2013, con ponencia del magistrado Alberto Yepes Barreiro y el 12 de septiembre del mismo año, con
ponencia de la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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2. Refuerza la disciplina partidista, ya que implica para los candidatos que son
elegidos una responsabilidad de ideología y cohesión con los integrantes del
partido o movimiento político, a tal punto que en las corporaciones públicas de
elección popular se interviene en forma de bancada para respetar la unidad de
criterios.
3. Contribuye a la moralización en el ejercicio de la actividad política, dado que
el aval a un candidato implica que el interesado cuenta con los requisitos y
calidades para ejercer el cargo, es decir, que no estén incursos en inhabilidades,
prohibiciones o en cualquier circunstancia que les impida desempeñar la función
para la cual fueron elegidos.
121. En este proceso no se estudia la legalidad de la elección de la señora Clara
López Obregón, pues no estamos en el escenario idóneo para ello, esto es, el
medio de control de nulidad electoral, y, por tanto, no se analizará su conducta
desde la perspectiva de la doble militancia como causal de nulidad, sino que se
trata de manera general bajo las consideraciones expuestas en el acto
demandado por el Consejo Nacional Electoral.
122. A pesar de lo anterior, lo cierto es que cuando el Consejo Nacional Electoral
afirmó que la señora Clara López participó en las elecciones al Senado de la
República para el periodo 2022-2026 como militante del partido Todos Somos
Colombia, esto es contrario a la realidad probada en el expediente porque como
fue afirmado por el representante legal del partido Unión Patriótica, la señora
López Obregón obtuvo el aval de dicha agrupación política, lo que implica que sí
estaba afiliada a ese partido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93
del Código Electoral, antes transcrito, y, en consecuencia, el cargo de falsa
motivación está llamado a prosperar.
4.1.4. El movimiento político Todos Somos Colombia no ha participado
materialmente en ninguna contienda electoral antes de 2022. En el año 2018
el grupo significativo no culminó la recolección de firmas para la
participación en las elecciones presidenciales y en ese momento la señora
Clara López hizo parte de dicha contienda mediante un aval del partido
político Alianza Social Independiente «ASI»
123. En la demanda, la actora explicó que en la Resolución 2238 de 2023 se
señaló que, los días 28 y 29 de julio de 2017, se llevó a cabo la primera Asamblea
Nacional Fundacional del movimiento político «Todos Somos Colombia» del cual
la señora Clara López Obregón ostenta el cargo de presidenta y representante
legal.
124. Alegó que, después de esto la agrupación ha participado en diferentes
escenarios electorales, hecho que, para la demandante, resulta ser sospechoso
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y además carece de veracidad, pues la intervención en certámenes electorales
solo habría sido posible a través de la personería jurídica o mediante el apoyo
ciudadano.
125. Aclaró que, en el proceso electoral presidencial del año 2018, la señora
Clara López Obregón anunció su candidatura a través de firmas, pero este trámite
no culminó y, posteriormente, se presentó como fórmula vicepresidencial del
señor Humberto de la Calle Lombana, por la coalición suscrita entre los partidos
Liberal Colombiano y la Alianza Social Independiente.
126. Revisados los antecedentes administrativos del acto demandado, se pudo
constatar que, efectivamente, el 28 de julio de 2017 se llevó a cabo la Convención
Fundacional de Todos Somos Colombia y el 29 del mismo mes y año se
determinó que la señora Clara López Obregón sería la candidata oficial para las
elecciones presidenciales en el periodo 2018-2022.
127. Se aportó la Resolución 2944 del 29 de noviembre de 2017, mediante la
cual se negó el registro del logo símbolo al grupo significativo de ciudadanos
Todos Somos Colombia que promovían la inscripción de la señora Clara López
Obregón para las elecciones presidenciales, pues compartía similitudes con el
movimiento político que llevaba el mismo nombre, esto es, el cual fue reconocido
mediante la Resolución 2883 del 22 de noviembre de 2017.
128. También se adjuntó la Resolución 0093 del 24 de enero de 2018, por la cual
se registró el logosímbolo de la coalición «Lista de la Decencia» (ASI, UP, MAIS)
que promovía la inscripción de la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá
para las elecciones del 11 de marzo de 2018.
129. La Resolución 2238 del 23 de marzo de 2023 precisó que:
En este estado de la argumentación es preponderante traer a colación el principio
de igualdad ante la Constitución y la ley de que gozan los ciudadanos que
depositaron su voto en favor de los candidatos del Movimiento “Todos Somos
Colombia”, dentro de la ya referida Coalición, con el pleno conocimiento y la
convicción, al momento de sufragar, que votaban por la Agrupación Política a la
que pertenecen y cuya ideología han apoyado desde el año 2017 y dentro de la
cual han participado en decenas de reuniones y convocatorias desde ese
momento. También se debe garantizar, además, los derechos a militar en el partido
político con el que se sienten plenamente representados.
130. De las pruebas allegadas al proceso, la Sala considera que las personas
que votaron en las elecciones para el periodo 2022-2026 por la señora Clara
López, lo hicieron con el pleno conocimiento de que pertenecía a la coalición
«Pacto Histórico» y avalada por el partido Unión Patriótica, por lo que la
afirmación del Consejo Nacional Electoral relacionada a que depositaron su voto
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en favor de la agrupación Todos Somos Colombia no cuenta con ningún soporte
fáctico.
131. En consecuencia, el acto administrativo está viciado de nulidad por falsa
motivación.
4.1.5. Para el reconocimiento de la personería jurídica del movimiento
Todos Somos Colombia, el CNE no podía acudir al principio de buena fe
para dar aplicación al Acuerdo de Final para la Terminación del Conflicto y
la Construcción de una Paz Estable y Duradera y a lo dispuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-257 de 2021
132. La Sección Quinta del Consejo de Estado ha considerado que la importancia
de la personería jurídica de los partidos o movimientos políticos radica en el
estatus que adquieren dentro de este tipo de agrupaciones y en i) el derecho de
postulación de candidatos, en la medida en que pueden otorgar avales para la
inscripción en las elecciones de voto popular, ii) los beneficios en términos de
financiación parcial del Estado para efectos de funcionamiento y para las
campañas de sus candidatos, iii) el uso de tiempo en los medios de comunicación
y iv) para conformarse como oposición al gobierno14.
133. En atención a la importancia de la figura, la obtención, conservación y
pérdida de esta en el marco de los partidos políticos es un asunto regulado en la
Constitución y la ley, para lo cual existe un régimen ordinario y unas reglas
excepcionales que han sido analizadas y estudiadas por esta Sala.
4.1.5.1. Régimen ordinario de la personería jurídica de los partidos políticos
134. El artículo 108 de la Constitución Política contiene la regla general para la
obtención y conservación de la personería jurídica, en los siguientes términos:
ARTÍCULO 108. El Consejo Nacional Electoral reconocerá Personería Jurídica
a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos.
Estos podrán obtenerlas con votación no inferior al tres por ciento (3%) de
los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de
Cámara de Representantes o Senado. Las perderán si no consiguen ese
porcentaje en las elecciones de las mismas Corporaciones Públicas. Se
exceptúa el régimen excepcional que se estatuya en la ley para las
circunscripciones de minorías étnicas y políticas, en las cuales bastará haber
obtenido representación en el Congreso.
También será causal de pérdida de la Personería Jurídica de los partidos y
movimientos políticos si estos no celebran por lo menos durante cada dos
14 Esto se indicó en la sentencia del 7 de marzo de 2024, en el proceso con radicado 11001-03-28-000-
2023-00046-00 con ponencia del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, postura decantada de los artículos
108, 109, 110, 111 y 112 de la Constitución Política.
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(2) años convenciones que posibiliten a sus miembros influir en la toma de
las decisiones más importantes de la organización política.
Los Partidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica reconocida podrán
inscribir candidatos a elecciones. Dicha inscripción deberá ser avalada para los
mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o
por quien él delegue.
Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán
inscribir candidatos.
(…) (Negrillas fuera de texto).
135. Esta norma, que no tenía esta redacción originalmente, fue producto de un
análisis que dio como resultado el Acto Legislativo 1 de 2009 en el que se
evidenció la necesidad de fortalecer y modernizar los partidos políticos, pues la
flexibilidad generaba la constitución de organizaciones políticas sin vocación de
permanencia y alianzas fugaces con fines únicamente electorales15.
136. Al revisar la norma constitucional antes transcrita, para la Sala es claro que,
para adquirir la personería jurídica, un partido o movimiento político debe inscribir
una lista de candidatos para el Congreso de la República, a través de los mismos
requisitos exigidos a los grupos significativos de ciudadanos16, y obtener como
mínimo el 3% de los votos válidos a nivel nacional en esas elecciones.
137. Una vez cumplidos los requisitos, es necesario que los directivos de la
agrupación política presenten una solicitud expresa para el reconocimiento,
acompañada con el acta de fundación, los estatutos, la plataforma ideológica y
programática, la lista de los afiliados y la designación de sus órganos de
dirección17.
15Este análisis se realizó en la sentencia del 16 de septiembre de 2021, dentro del expediente
11001032400020110022100
16 La Corte Constitucional, en la sentencia C-490 de 2011, precisó: «Si bien el legislador estatutario dispuso
el procedimiento para la inscripción de candidatos de los partidos y movimientos políticos con personería
jurídica, al igual que de los grupos significativos de ciudadanos que no cuentan con personería jurídica;
omitió establecer un procedimiento de inscripción para movimientos sociales y otras agrupaciones
políticas con derecho de postulación que no cuenten con personería jurídica, las que se hallarían en
la misma situación de los grupos significativos de ciudadanos que no hayan obtenido tal
reconocimiento, por lo que efectivamente el legislador incurrió en una omisión legislativa relativa, en la
regulación de los procedimientos que se deben aplicar a los partidos, movimientos políticos y movimientos
sociales, que no cuentan con personería jurídica, para la inscripción de candidatos, omisión esta que resulta
inconstitucional por lo que para corregirla la Corte declarará la exequibilidad del inciso cuarto del artículo 28
del Proyecto de Ley Estatutaria bajo revisión, en el entendido de que el procedimiento allí previsto le será
aplicable también a los partidos, movimientos políticos y movimientos sociales con derecho de postulación,
que no tengan personería jurídica reconocida.»
17 De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1475 de 2011.
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4.1.5.2. Reglas especiales
138. La dinámica del país ha generado una serie de reglas especiales para la
adquisición, conservación, pérdida e incluso restitución de la personería jurídica.
4.1.5.2.1. Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción
de una Paz Estable y Duradera
139. El Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), el 24 de noviembre de 2016, suscribieron el Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en el
que se dispuso, entre otras cosas, que era primordial la ampliación democrática
para el surgimiento de nuevas fuerzas políticas para enriquecer el debate y la
deliberación en relación con los problemas de orden nacional, para así fortalecer
el pluralismo, la representación, la participación y la inclusión política.
140. Para el cumplimiento de estos fines, se evidenció la necesidad de revisar y
ajustar las instituciones existentes en relación con los derechos de oposición, el
ejercicio en política, la garantías para la movilización y la protesta pacífica, la
reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización, el control y la
veeduría ciudadana, las políticas para el fortalecimiento de la planeación
democrática y participativa y la construcción de medidas para promover la
participación política, entre otras.
141. En virtud de dicho acuerdo, se profirió el Acto Legislativo 03 de 2017, por
medio del cual se reguló parcialmente el componente de reincorporación política
del Acuerdo Final, y con fundamento en ello, el CNE estaba autorizado para
reconocer la personería jurídica al partido político «Comunes», beneficio que está
asegurado hasta el 2026, momento en el cual la conservación de este atributo
quedará sujeta a las reglas ordinarias establecidas en la Constitución Política.
142. Específicamente el acuerdo en mención explicó18:
En el marco del fin del conflicto y con el objetivo de consolidar la paz, se removerán
obstáculos y se harán los cambios institucionales para que los partidos y
movimientos políticos obtengan y conserven la personería jurídica, y en particular
para facilitar el tránsito de organizaciones y movimientos sociales con vocación
política hacia su constitución como partidos o movimientos políticos. Para ello se
impulsarán las siguientes medidas:
18 El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera puede
consultarse en el siguiente vínculo electrónico: https://www.jep.gov.co/Normativa/Paginas/Acuerdo-
Final.aspx
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• Desligar la obtención y conservación de la personería jurídica de los partidos y
movimientos políticos del requisito de la superación de un umbral en las
elecciones de Congreso y, en consecuencia, redefinir los requisitos para su
constitución. Con el fin de evitar la proliferación indiscriminada de partidos y
movimientos políticos, para el reconocimiento de la personería jurídica se
exigirá como mínimo un número determinado de afiliados.
• Diseñar un sistema de adquisición progresiva de derechos para partidos y
movimientos políticos, según su desempeño electoral en los ámbitos municipal,
departamental y nacional. El nuevo régimen conservará los requisitos
materiales de votos en las elecciones de Senado y/o Cámara de
Representantes por las circunscripciones ordinarias actualmente existentes
para la adquisición de la totalidad de los derechos de financiación, acceso a
medios y a inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección popular.
• El sistema incorporará un régimen de transición por 8 años, incluyendo
financiación y divulgación de programas para promover y estimular los nuevos
partidos y movimientos políticos de alcance nacional que irrumpan por primera
vez en el escenario político, así como a otros que habiendo tenido
representación en el Congreso la hubieran perdido.
(…)
143. El Congreso de la República expidió el Acto Legislativo 01 de 2016, por
medio del cual se consagraron instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la
implementación y el desarrollo normativo para facilitar la implementación del
acuerdo.
144. Para esto, se crearon dos tipos de mecanismos transitorios para la
producción legislativa, uno denominado «procedimiento legislativo especial» que
se surte directamente por el Congreso con mayorías especiales y sujeto a un
control automático de constitucionalidad y el otro, es la concesión de facultades
presidenciales para la paz.
145. En ejercicio del procedimiento legislativo especial, se dictó el Acto
Legislativo 02 de 2017, por medio del cual se adicionaba un artículo transitorio
en la Constitución Política con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica
al acuerdo final para la paz, específicamente buscaba que lo establecido en el
documento mencionado fueran obligatoriamente parámetros de interpretación y
referente de desarrollo y validez de las normas y leyes de implementación.
146. Al estudiar su constitucionalidad, la Corte Constitucional, en la sentencia C-
630 del 11 de octubre de 2017, con ponencia del magistrado Antonio José
Lizarazo Ocampo, después de analizar la naturaleza del Acuerdo Final indicó:
En consecuencia, el Acuerdo Final no tiene un valor normativo per se, lo que
significa que ex ante de la activación de los mecanismos de implementación y
desarrollo, como política de Gobierno vincula al Gobierno Nacional y lo obliga a
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impulsar su implementación. Sin embargo, a partir del Acto Legislativo 02 de 2017,
los contenidos del Acuerdo Final que correspondan a normas de derecho
internacional humanitario y a derechos fundamentales consagrados en la
Constitución serán parámetros de interpretación y referentes de desarrollo y
validez de las normas de implementación de lo pactado, con sujeción al
ordenamiento constitucional. Igualmente, a partir de ese acto legislativo el
Acuerdo se adopta como política de Estado, de manera que todos los
órganos, instituciones y autoridades del Estado, se encuentran
comprometidos con su desarrollo e implementación de buena fe, y por tanto,
cualquier desarrollo del mismo debe tener por objeto su cabal cumplimiento
y guardar coherencia con sus contenidos, finalidades, espíritu y principios.
Por la misma razón de su reconocimiento como política de Estado, teniendo
en cuenta su refrendación y a partir del Acto Legislativo 02 de 2017, se
dispuso que rigiera durante los tres periodos presidenciales siguientes.
De ese modo, y como se ha enfatizado en esta providencia, para la incorporación
normativa al derecho interno del Acuerdo Final, se requerirá de la activación
de los mecanismos de producción normativa fijados en la Constitución y la
Ley. Todo lo anterior, enfatizando la obligación de las autoridades del Estado de
contribuir, de buena fe, a la implementación del Acuerdo Final, en cuanto política
de Estado, dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales.
(…).
147. De acuerdo con lo anterior, para la Sala19 las directrices establecidas en el
acuerdo de paz son políticas de Estado y se deben aplicar una vez se realice la
incorporación en el ordenamiento jurídico, a través de los mecanismos ordinarios
establecidos en la Constitución y la ley.
148. En la Resolución 2238 de 2023, el Consejo Nacional Electoral explica que
esa entidad, conocedora de las metas trazadas en la agenda de construcción de
la paz y la apertura democrática, tiene claro que es necesario que surjan nuevas
fuerzas en el escenario político con el fin de fortalecer el pluralismo y la
representación, a través de la facilitación de la constitución de nuevos partidos y
que estos cuenten con garantías para contribuir al debate, para ejercer la
oposición y para ser verdaderas alternativas de poder.
149. Expuso que era preponderante que las decisiones adoptadas por esa
entidad guardaran relación con lo desarrollado en el acuerdo mencionado y,
como los derechos políticos son garantías fundamentales, es necesario que se
les permita a los partidos conservar su personería jurídica si la coalición que
integraron superó el umbral en las elecciones al Congreso de la República y
19 Postura que ya había sido expuesta por la Sección mediante sentencia del 14 de marzo de 2019, con
ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, dentro del expediente 11001032800020180011400.
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reconocérsela a aquellas agrupaciones políticas que se adhirieron a esa misma
coalición.
150. La Sala considera que estas afirmaciones son contrarias a las pautas fijadas
por la Corte Constitucional en la sentencia C-630 de 2017, antes citada, pues, si
bien el Acuerdo Final establece unas directrices para que las entidades del
Estado implementen lo acordado, lo cierto es que esto requiere un desarrollo
normativo, el cual, para el caso en estudio no existe, pues la norma constitucional
que establece las reglas para el reconocimiento de la personería jurídica no han
sido modificadas y no se puede derogarla, bajo el velo de la buena fe.
151. En consecuencia, para la Sala el acto administrativo demandado incurre en
falsa motivación al sustentar el reconocimiento de la personería jurídica al partido
Todos Somos Colombia con base en los parámetros del acuerdo final, cuando
estos no han sido debidamente introducidos al ordenamiento jurídico a través de
las modificaciones normativas necesarias.
4.1.5.2.2. Casos de violencia y persecución política
152. En la sentencia SU-257 del 5 de agosto de 2021, con ponencia del
magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar se estudió el caso del partido Nuevo
Liberalismo que perdió su personería jurídica y, como regla de unificación,
precisó:
404. Al momento de valorar el reconocimiento, pérdida o cancelación de la
personería jurídica de un partido o movimiento, el artículo 108 de la Constitución
no puede interpretarse ni aplicarse exegéticamente ni de manera aislada, sino que
tiene que interpretarse y aplicarse de acuerdo con el modelo democrático
construido a partir de los principios y derechos que informan el Estado Social y
Democrático de Derecho y que constituyen la constitución democrática. En otros
términos, el artículo 108 y con él la regla del umbral debe interpretarse y aplicarse
en forma tal que no afecte otros valores o principios que la misma Constitución
protege y garantiza.
Además, para el caso objeto de análisis y de los demás a los cuales se les pueda
aplicar esta regla como consecuencia de los efectos inter comunis, dicha
interpretación tiene que partir de revisar el modelo constitucional anterior y las
normas que lo desarrollaron, en particular la Ley 58 de 1985, que eran las normas
vigentes cuando el Nuevo Liberalismo tramitó tanto la obtención como la
cancelación de su personería jurídica.
(…)
417. Esta Sentencia producirá efectos inter comunis, para aquellos Partidos,
Movimientos políticos o terceros que hubieren estado o estén en similares
condiciones del Partido Nuevo Liberalismo según los hechos de violencia iguales
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o parecidos a los que fueron analizados en esta providencia y que afectaron su
permanencia en las contiendas electorales a partir de 1988, para que puedan hacer
parte de la apertura democrática en las próximas elecciones de 2022. (…)
153. En atención a las consideraciones de la Corte Constitucional las reglas
ordinarias establecidas en el artículo 108 de la Constitución Política deben ser
aplicadas de manera más laxa cuando en el caso en estudio se demuestre la
imposibilidad de alcanzar el umbral electoral exigido en consideración a actos
graves de violación de los derechos humanos, de violencia o persecución política.
154. En el caso en estudio, dichas circunstancias no se encuentran acreditadas,
toda vez que no obran pruebas que demuestren la existencia de actos de
violencia o persecución en contra del partido Todos Somos Colombia, por el
contrario, esta agrupación ha podido participar en otras contiendas electorales
sin limitación alguna y, además, esa situación no fue parte de los argumentos
presentados por las partes, la Sala considera que no es posible realizar esa
interpretación del artículo mencionado en los términos de la SU-257 de 2021.
4.1.5.2.3. Escisión de los partidos y estatuto de la oposición
155. Esta Sala de Decisión en la sentencia del 7 de marzo de 202420, se refirió a
estas formas excepcionales de acceder a la personería jurídica, en los siguientes
términos:
b) Escisión de partidos
El Consejo Nacional Electoral ha admitido la aparición de nuevas agrupaciones,
como disidencias o facciones dentro de otras con personería jurídica, en aplicación
de la figura de la escisión, mencionada en los artículos 4°, numeral 18 y 14 de la
Ley 1475 de 2011, sin más requerimientos que los establecidos por los estatutos
de las colectividades concernidas.
(…)
d) Estatuto de la oposición
Por el mismo cause jurisdiccional, la Corte Constitucional apeló a una
interpretación amplia de los requisitos de la personería jurídica, con el fin de llenar
el vacío que dejó la Ley 1909 de 2018, en tanto creó una curul adicional en el
Senado y la Cámara de Representantes para los candidatos que obtengan la
segunda mayor votación en las elecciones presidenciales, mas no contempló el
escenario en que dichos candidatos pertenecieran a una agrupación política sin
20 Providencia proferida dentro del expediente 11001-03-28-000-2023-00046-00 con ponencia del
magistrado Luis Alberto Álvarez Parra.
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personería jurídica, con las limitaciones que ello supone para el ejercicio del
derecho de oposición en el Congreso.
Para el efecto, la Corte estableció unas subreglas, que consisten en (i) alcanzar el
umbral del 3% de los votos válidos en las elecciones para presidente de la
República, (ii) aceptar alguna de las dos curules en las cámaras y (iii) declararse
en oposición al gobierno nacional.
(…)
156. De todo lo expuesto, es claro que el partido Todos Somos Colombia no
cumplió con los requisitos del régimen ordinario para la adquisición de la
personería jurídica pero tampoco cumple con los establecidos para acceder a
dicho beneficio de manera excepcional puesto que no fueron propuestos como
argumentos en el presente proceso ni existen pruebas al respecto.
157. Por tanto, no era posible que el Consejo Nacional Electoral usara
argumentos encaminados a justificar la decisión de reconocer la personería
jurídica a la agrupación Todos Somos Colombia con base en las directrices del
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera y de las sentencias de la Corte Constitucional y, en
consecuencia, el cargo está llamado a prosperar.
4.2. Desconocimiento del artículo 108 y del parágrafo 5 del artículo 262 de
la Constitución Política
158. La parte demandante afirmó que el artículo 108 de la Constitución Política
prevé que los partidos y movimientos con personería jurídica podrían presentar
lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas.
159. Sostuvo que, sin embargo, el partido Todos Somos Colombia para la fecha
de la suscripción del acuerdo de coalición era una agrupación política sin
personería jurídica y, por tanto, no contaba con la capacidad jurídica para
suscribir dicho acuerdo.
160. Agregó que, si bien la coalición «Pacto Histórico» certificó que el movimiento
Todos Somos Colombia hizo parte de esta, esto es contrario a lo dispuesto en el
parágrafo 5 del artículo 262 de la Constitución Política.
161. Expuso que, es necesario dar aplicación al principio de la realidad sobre las
formas, por cuanto el hecho de fundar una coalición para inscribir una lista de
candidatos sin la capacidad legal para hacerlo no puede llevar consigo el
reconocimiento del derecho a la personería jurídica, puesto que no se cumplen
las reglas establecidas en el artículo 108 de la Carta Política.
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162. Concluyó que el Consejo Nacional Electoral no debió reconocer el beneficio
de la personería jurídica al movimiento político Todos Somos Colombia porque
los argumentos en que se fundó la solicitud son falsos.
163. Los artículos 108 y el 262 de la Constitución Política establecen
expresamente:
ARTÍCULO 108. El Consejo Nacional Electoral reconocerá Personería
Jurídica a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de
ciudadanos. Estos podrán obtenerlas con votación no inferior al tres por
ciento (3%) de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en
elecciones de Cámara de Representantes o Senado. Las perderán si no
consiguen ese porcentaje en las elecciones de las mismas Corporaciones
Públicas. Se exceptúa el régimen excepcional que se estatuya en la ley para las
circunscripciones de minorías étnicas y políticas, en las cuales bastará haber
obtenido representación en el Congreso.
También será causal de pérdida de la Personería Jurídica de los partidos y
movimientos políticos si estos no celebran por lo menos durante cada dos (2) años
convenciones que posibiliten a sus miembros influir en la toma de las decisiones
más importantes de la organización política.
Los Partidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica reconocida
podrán inscribir candidatos a elecciones. Dicha inscripción deberá ser avalada
para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o
movimiento o por quien él delegue.
Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán
inscribir candidatos.
(…)
ARTÍCULO 262. Los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de
ciudadanos que decidan participar en procesos de elección popular, inscribirán
candidatos y listas únicas, cuyo número de integrantes no podrá exceder el de
curules o cargos a proveer en la respectiva circunscripción, excepto en las que se
eligen hasta dos miembros, las cuales podrán estar integradas hasta por tres (3)
candidatos.
La selección de los candidatos de los partidos y movimientos políticos con
personería jurídica se hará mediante mecanismos de democracia interna, de
conformidad con la ley y los estatutos. En la conformación de las listas se
observarán en forma progresiva, entre otros, los principios de paridad, alternancia
y universalidad, según lo determine la ley.
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Cada partido o movimiento político podrá optar por el mecanismo de voto
preferente. En tal caso, el elector podrá señalar el candidato de su preferencia
entre los nombres de la lista que aparezcan en la tarjeta electoral. La lista se
reordenará de acuerdo con la cantidad de votos obtenidos por cada uno de los
candidatos. La asignación de curules entre los miembros de la respectiva lista se
hará en orden descendente empezando por el candidato que haya obtenido el
mayor número de votos preferentes.
En el caso de los partidos y movimientos políticos que hayan optado por el
mecanismo del voto preferente, los votos por el partido o movimiento que no hayan
sido atribuidos por el elector a ningún candidato en particular, se contabilizarán a
favor de la respectiva lista para efectos de la aplicación de las normas sobre el
umbral y la cifra repartidora, pero no se computarán para la reordenación de la
lista. Cuando el elector vote simultáneamente por el partido o movimiento político
y por el candidato de su preferencia dentro de la respectiva lista, el voto será válido
y se computará a favor del candidato.
La ley regulará la financiación preponderantemente estatal de las campañas, los
mecanismos de democracia interna de los partidos, la inscripción de candidatos y
listas propias o de coalición a cargos uninominales o a corporaciones públicas, la
administración de recursos y la protección de los derechos de los aspirantes. Los
partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados hayan
obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos
válidos de la respectiva circunscripción, podrán presentar lista de
candidatos en coalición para corporaciones públicas.
(…)
164. Bajo la lectura de las normas transcritas, para la Sala es claro que la
Constitución Política establece un presupuesto para que los partidos o
movimientos políticos adquieran la personería jurídica, esto es, haber conseguido
una votación no inferior al 3% de los votos emitidos válidamente en el territorio
nacional en las elecciones a la Cámara de Representantes o al Senado de la
República y uno de los beneficios de este reconocimiento es la posibilidad de
presentar listas de candidatos a través de coaliciones.
165. Estos requisitos, como ya se indicó a lo largo de esta providencia, no se
cumplieron, puesto que el partido Todos Somos Colombia no participó en las
elecciones a Senado de la República para el periodo 2022-2026. Esto, porque al
no contar con personería jurídica no podía suscribir el acuerdo de coalición ni
avalar candidatos, requisito indispensable de conformidad con la ley y, por tanto,
no era posible sustentar el reconocimiento a la personería jurídica a la superación
del umbral de las votaciones obtenidas por la coalición «Pacto Histórico».
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Rad: 11001-03-28-000-2023-00058-00
166. La Sala concluye que la Resolución 2238 del 23 de marzo de 2023 es nula
ya que se expidió bajo argumentos contrarios a la verdad, esto es, incurrió en
falsa motivación y en contradicción con las disposiciones contenidas en los
artículos 108 y en el parágrafo 5 del artículo 262 de la Constitución Política.
4.3. Modulación de los efectos del fallo de nulidad en el caso concreto
167. En varias providencias de esta corporación ha expresado que los fallos de
nulidad producen efectos ex tunc, es decir, desde el momento en que se expidió
el acto anulado, por lo que las cosas deben retrotraerse al estado en que se
encontraban antes de su expedición. Esto, puesto que la nulidad se fundamenta
en la existencia de vicios que afectan la validez del acto y se busca deshacer las
consecuencias derivadas del acto anulado.
168. Sin embargo, es claro que cuando el juez electoral evalúa la legalidad del
acto debe estudiar la eficacia de la garantía de los derechos reconocidos en la
Constitución y la ley.
169. Por tanto, teniendo en cuenta que se declarará la nulidad de la Resolución
2238 de 2023 proferida por el Consejo Nacional Electoral, por medio del cual se
le reconoció personería jurídica a la agrupación Todos Somos Colombia y ordenó
la inscripción de este en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos
con Personería Jurídica, para la Sala es procedente advertir que esta colectividad
pudo haber utilizado este beneficio para ejercer los derechos que de este se
derivan.
170. En consecuencia, es necesario que se protejan los actos que se hayan
derivado y, en consecuencia, se modularán los efectos del fallo y estos serán
hacia el futuro, esto es, se harán efectivos desde la ejecutoria de esta
providencia. Así se ha resuelto en asuntos que guardan similitudes con el
presente, entre las que se encuentra la providencia del 7 de marzo de 202421.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley
FALLA
PRIMERO: Declárase la nulidad de la Resolución 2238 del 23 de marzo de 2023,
por medio de la cual se reconoció la personería jurídica al movimiento político
Todos Somos Colombia y ordenó su inscripción en el Registro Único de Partidos
y Movimientos Políticos, expedida por el Consejo Nacional Electoral, por las
21 Con ponencia del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra.
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Demandado: Consejo Nacional Electoral
Rad: 11001-03-28-000-2023-00058-00
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Modúlanse los efectos de la decisión de nulidad, bajo el entendido
que los mismos son hacia el futuro y desde la ejecutoria de la presente sentencia.
TERCERO: Notifíquese la presente decisión de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 203 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
CUARTO: En firme esta providencia, archívese el expediente
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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