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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-05279-01

Fecha
4 de abril de 2025
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-05279-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 29 de noviembre de 2024, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión. 10 Radicación: 11001-03-15-000-2024-05279-01 Accionante: Clara López Obregón y otro Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-05279-01

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

4 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., cuatro (04) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05279-01
Accionante: Clara López Obregón y otro1
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de nulidad electoral. Reconocimiento personería jurídica
a la agrupación política Todos Somos Colombia / MODIFICA IMPROCEDENCIA –
Declara falta de legitimación en la causa por activa de un tutelante. Además de no
cumplir el presupuesto de relevancia constitucional, el asunto tampoco supera la
exigencia de subsidiariedad.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 29 de noviembre de 2024 por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la improcedencia de la
acción de tutela de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 1º de octubre de 2024 los señores Clara López Obregón2 y Óscar Gutiérrez
Guaqueta3 promovieron acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de
Estado, con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales a la paz,
participar en la conformación, ejercicio y control político4, igualdad y debido proceso.

2.
Solicitaron se dejara sin efectos la sentencia de 18 de abril de 2024, emitida dentro
del proceso de nulidad electoral5 que instauró la señora Ximena Echavarría Cardona
contra el Consejo Nacional Electoral, encaminado a obtener la anulación la

1 Óscar Gutiérrez Guaqueta
2 En su condición de senadora de la República y miembro fundador de la agrupación política Todos Somos

Colombia.
3 Como presidente y representante legal de aquella agrupación política.
4 Mediante las prerrogativas de elegir y ser elegido y construir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin

limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.
5 Expediente 11001-03-28-000-2023-00058-00.

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Accionante: Clara López Obregón y otro
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

Resolución6 mediante la cual se le reconoció personería jurídica a la agrupación
política Todos Somos Colombia.

3.
En la providencia acusada se anuló el acto administrativo enjuiciado. Se consideró
que se incurrió en falsa motivación y se trasgredieron los artículos 108 y 262
(parágrafo 5) de la Constitución Política. Se indicó que “Todos Somos Colombia” no
participó en las elecciones a Senado de la República para el período 2022-2026,
puesto que (i) no hacía parte de la coalición Pacto Histórico, en razón a que, al
suscribir el correspondiente acuerdo, carecía de personería jurídica; y (ii) esa
agrupación política no avaló la candidatura al senado de la señora Clara López
Obregón, dado que lo fue por el partido Unión Patriótica. Por lo anterior, no era dable
sustentar el reconocimiento de personería en la superación del umbral de las
votaciones obtenidas por la referida coalición. Tampoco era viable sustentarlo en el
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable
y Duradera, pues los parámetros allí estipulados no han sido debidamente
introducidos al ordenamiento jurídico, y tampoco en supuestos actos de violencia o
persecución, en los términos de la sentencia SU-257 de 2021 de la Corte
Constitucional.

4.
La parte actora afirmó que se configuró un defecto sustantivo, en tanto la
interpretación efectuada sobre los artículos 108 y 262 de la Constitución Política
limita el derecho a elegir y ser elegido y a constituir partidos y movimientos políticos
sin limitación alguna y desconoce el Acuerdo Final de Paz y el Acto Legislativo 02 de
2017, máxime cuando en este último estableció que los contenidos de aquel Acuerdo
serían parámetros obligatorios de interpretación, así como referentes de desarrollo y
validez de las normas de implementación y desarrollo del Acuerdo, premisa que
desatendió la decisión judicial acusada.

5.
De igual modo, se incurrió en desconocimiento del precedente pues la
autoridad judicial desatendió la sentencia SU-257 de 2021 de la Corte Constitucional,
pese a que era aplicable a su caso, dado que con esta providencia se materializa el
principio de igualdad a través de la adopción de acciones afirmativas para proteger
grupos y minorías políticas que históricamente han estado excluidas. Puntualmente,
señaló que la interpretación del artículo 108 Superior no puede hacerse de manera
exegética y aislada, sino de acuerdo con el modelo democrático construido a partir
de los principios y derechos que rigen el Estado Social de Derecho, sin que con ello
se afecten otros valores o principios que la misma Constitución protege y garantiza.

6.
Asimismo, se configuró defecto fáctico, porque la decisión acusada carece de
apoyo probatorio. No se valoraron en debida forma los oficios aportados por los
presidentes de los partidos políticos que integraron la coalición de Pacto Histórico.
En estos documentos se certificó que el movimiento Todos Somos Colombia hizo
parte de la coalición y que la ausencia de la suscripción se debía a las limitantes del

6 2238 de 23 de marzo de 2023.

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artículo 262 de la Constitución Política, pero que, en cumplimiento del Acuerdo Final
de Paz y del artículo 40 Superior, daban fe de que la agrupación política hacía parte
de este y que, por tanto, avaló la candidatura de la senadora Clara López. También
se omitió la valoración de otras pruebas que demostraban la participación de la
agrupación en distintas oportunidades en procesos electorales.

B. Sentencia de primera instancia

7.
Mediante sentencia de 29 de noviembre de 2024, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia del trámite constitucional,
al no superar el requisito de relevancia constitucional. Se consideró que los
reproches están encaminados a revivir el análisis efectuado por el juez natural de la
controversia, como si la tutela fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Se
esgrimen divergencias de carácter netamente legal respecto de los requisitos que
deben cumplir los partidos o movimientos políticos para obtener la personería
jurídica, las cuales ya habían sido alegados en el proceso ordinario y que fueron
atendidas por la autoridad judicial accionada, con fundamentos que provienen de
una interpretación razonable de las pruebas aportadas al expediente, así como del
marco legal y jurisprudencial aplicable al asunto.

C. La impugnación

8.
La parte actora impugnó la decisión adoptada en primera instancia. Sostuvo que
el asunto tiene relevancia constitucional, porque la autoridad accionada (i) efectuó
una interpretación literal-formal de los requisitos enunciados en el artículo 108 de la
Constitución Política para la obtención de personería jurídica de los partidos políticos,
sin tener en cuenta, no solo las excepciones que la Corte Constitucional ha
desarrollado respecto de la aplicación de dicho precepto legal, sino lo dispuesto por
el Acto Legislativo 02 de 2017; (ii) desconoció el artículo 40 Superior; (iii) no aplicó
las excepciones frente a los mencionados requisitos; y (iv) no tuvo en cuenta que en
las elecciones para elegir autoridades locales realizadas en el 2023, hubo mayor
participación política a través de los diferentes partidos, lo que materializa el derecho
a constituir partidos sin limitación alguna.

9.
En ese sentido, la postura asumida por la autoridad judicial accionada transgrede
un derecho fundamental de aplicación inmediata, en cuanto a limitar el campo de
participación democrática a actores sociales y políticos que han sido excluidos
históricamente como las minorías políticas, como el partido Todos Somos Colombia,
respecto del cual se debió aplicar la excepción de acoger el artículo 108 Superior,
pues al no hacerlo vulneró su garantía superior a la igualdad.

10.
Por último, anotó que según los estatutos del partido Unión Patriótica, el
otorgamiento del aval no implica la afiliación automática, por ende, la senadora Clara
López no era militante del partido y su inscripción en la coalición se dio con plena
claridad de su afiliación y representatividad del movimiento Todos Somos Colombia.
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Accionante: Clara López Obregón y otro
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11.
Mediante auto de 24 de febrero de 2025 se declaró fundado el impedimento
presentado por el consejero Fernando Alexei Pardo Florez.

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

12.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19917.

F. Análisis del caso concreto

13.
La Sala advierte que frente a la tutelante Clara López Obregón no se encuentra
acreditada la legitimación en la causa por activa. Al respecto, cabe precisar que,
conforme al artículo 86 de la Constitución Política, cualquier persona puede acudir a
la acción de tutela, bien sea -por sí misma o a través de un representante, para
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública y, excepcionalmente de los particulares. Mandato constitucional
que se consagró en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.

14.
De acuerdo con el Decreto 2591 de 1991, los titulares de la acción de tutela podrán
solicitar el amparo constitucional (i) bien sea en forma directa, (ii) por intermedio de
un representante legal (caso de los menores de edad, incapaces absolutos,
interdictos y personas jurídicas), (iii) mediante apoderado judicial (abogado titulado
con poder judicial o mandato expreso), (iv) así como a través de agente oficioso
(cuando el titular del derecho no esté en condiciones de promover su propia
defensa). De igual manera, según se dispone en la ley, se encuentran legitimados
para ejercer esta acción, (v) tanto el Defensor del Pueblo como (vi) los personeros
municipales (facultados para intervenir en representación de terceras personas,
siempre que el titular de los derechos haya autorizado8.

15.
En el proceso de nulidad electoral dentro del que se profirió la sentencia acusada
actuaron como demandante la señora Ximena Echavarría Cardona, en calidad de
demandado el Consejo Nacional Electoral y en condición de terceros vinculados las
agrupaciones políticas Todos Somos Colombia, Colombia Humana, Unión Patriótica
(UP), Polo Democrático Alternativo, Movimiento Alianza Democrática Amplia,

7 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
8 La propia jurisprudencia constitucional se ha encargado de puntualizar, en relación con la figura de la acción

de tutela, que si bien es cierto que la informalidad es una de sus notas características, cuyo fundamento estriba
precisamente en la aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales,
también lo es que ello no es óbice para que la misma se someta a unos requisitos mínimos de procedibilidad,
dentro de los cuales se encuentra el atinente a la debida acreditación de la legitimación por activa -o la titularidad-
para promover el recurso de amparo constitucional. Cfr. Sentencias T-464A de 2006, T-493 de 2007 y C-483 de
2008 de la Corte Constitucional.
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Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), Comunista Colombiano y
Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO).

16.
En esa medida, los habilitados para controvertir la decisión judicial censurada a
través de este mecanismo constitucional son quienes participaron en las
mencionadas diligencias, pues aunque aquel medio de control tenga un carácter
público, lo que implica que cualquier persona pueda promoverlo, la facultad para
acudir a esta acción está supeditada a la titularidad de los derechos fundamentales
cuya protección se invoca, que, bajo dicha perspectiva, está en cabeza únicamente
de quienes intervinieron en el proceso.

17.
En el sub-lite se tiene que presentaron el escrito de tutela la señora Clara López
Obregón aduciendo que actuaba como senadora de la República y miembro
fundador del movimiento político Todos Somos Colombia, y el señor Óscar Gutiérrez
Guaqueta, en condición de “presidente y representante legal” de aquella agrupación
política.

18.
Con base en lo expuesto, se tiene que para que aquellas personas tengan la
legitimación para promover esta acción debieron haber participado dentro del aludido
proceso en representación del movimiento o tengan su representación legal para
procurar la salvaguarda de sus intereses.

19.
Al respecto, se tiene que en la Resolución acusada se indicó que la señora López
Obregón el 20 de febrero de 2023 presentó la solicitud de reconocimiento de
personería de dicha agrupación y allí se indicó que actuaba para ese momento como
“Presidenta y Representante Legal”, y en la Resolución9 por medio de la cual se
inscribió a ese movimiento en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos,
se señaló que el señor Gutiérrez Guaqueta era miembro de la Dirección Nacional y
que la señora Elizabeth Cortés Suárez era la presidenta y representante legal de
aquel. Asimismo, una vez consultada la información del movimiento político en la
página electrónica del Consejo Nacional Electoral, se evidencia que aquel no tiene
personería jurídica vigente y que el señor Gutiérrez actuó como solicitante de aquella
y que en la actualidad, de acuerdo con la página web de este partido político, se
desempeña como presidente de la agrupación.

20.
Por consiguiente, aunque el movimiento político Todos Somos Colombia en la
actualidad no cuente con personería jurídica, se colige que su representación está a
cargo del señor Óscar Gutiérrez Guaqueta, en razón a que, de conformidad con los
estatutos de ese partido (artículo 27), esta “estará en cabeza del presidente o la
presidenta nacional del partido”.

21.
Así las cosas, el señor Gutiérrez Guaqueta es quien está legitimado en la causa
para promover esta acción, con el objeto de procurar la salvaguarda de las garantías
superiores que presuntamente le fueron transgredidas al aludido movimiento político,

9 3897 de 2023.

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con ocasión de la decisión judicial acusada, mediante la cual se anuló el acto
administrativo que le había reconocido personería jurídica.

22.
Por tanto, se declarará la falta de legitimación en la causa por activa de la señora
Clara López Obregón, en atención a que no participó en el proceso de nulidad
electoral en el cual se dictó la sentencia atacada.

23.
Aclarado lo anterior, la Sala comparte la decisión adoptada en primera instancia
sobre la improcedencia de la acción de tutela, pero al no satisfacer, además de la
exigencia de relevancia constitucional, el presupuesto de subsidiariedad, por las
razones que se exponen a continuación.

24.
En cuanto al requisito de subsidiariedad, cabe anotar que la acción de tutela
reviste de una naturaleza residual y subsidiaria, esto es, solo procede en los eventos
en que el ordenamiento jurídico no disponga de otro instrumento diferente para
obtener la protección constitucional que se invoca, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable
(artículo 86 de la Constitución Política). En ese sentido, resulta indispensable que,
previo a acudir al juez constitucional, el interesado haya agotado todos los recursos
que tenía a su alcance con la finalidad de remediar la situación que amenaza o
lesiona sus derechos.

25.
Lo anterior, conforme al artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, que prevé las
causales de improcedencia de la tutela, en el que se estipuló que esta no procederá
“Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo
las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.

26.
Con base en lo expuesto, se tiene que el movimiento político Todos Somos
Colombia fue vinculado como tercero interesado en el proceso de nulidad electoral
en el que se anuló el acto que le reconoció personería jurídica. Dicho trámite le fue
notificado en los términos de los artículos 197 y 199 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se
pronunciara de conformidad con el artículo 172 ibidem.

27.
En cumplimiento de lo anterior, la agrupación política, a través de apoderada
judicial, emitió el respectivo pronunciamiento sobre la demanda. Sin embargo, lo
efectuó de manera extemporánea, razón por la cual, mediante auto de 23 de
noviembre de 2023, se indicó que dicha contestación “no será tenida en cuenta para
el trámite de este proceso”, lo cual también fue señalado en la sentencia acusada.

28.
En esa medida, aquel movimiento político no puede, por conducto de la tutela,
procurar la defensa de sus derechos fundamentales cuando pudo exponer ante el
juez natural su postura respecto de la legalidad del acto administrativo acusado, pero
lo hizo por fuera del término legalmente establecido para tal efecto. Es decir, la tutela
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no puede emplearse como una instancia alternativa para revivir oportunidades
procesales que ya fenecieron y que no fueron aprovechadas por la parte interesada.

29.
Además, como lo anotó el a quo, el asunto carece de relevancia constitucional.
Para tener por satisfecho tal presupuesto no basta la argumentación que en ese
sentido se indicó en los escritos de tutela y de impugnación, según la cual se
transgredió el artículo 40 de la Constitución Política, en razón a la presunta indebida
interpretación del artículo 108 Superior y a la falta de aplicación del Acuerdo Final
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera,
del Acuerdo Legislativo 02 de 2017 y de la sentencia SU-257 de 2021 de la Corte
Constitucional. Para tal propósito, es indispensable dilucidar si la argumentación
planteada por la parte actora tiene como propósito acreditar la afectación
constitucional que se alega, situación que no se configura en este asunto.

30.
Lo anterior, por cuanto las inconformidades de la parte accionante evidencian
desacuerdo con la providencia objeto de censura. Se pretende emplear esta acción
como una instancia adicional del medio de control de nulidad electoral, con el fin de
reabrir el debate jurídico ya zanjado por el juez natural de la causa e imponer el modo
en que a juicio del actor se debió haber definido el litigio. La simple inconformidad
con una decisión judicial que le resulta desfavorable a un extremo del litigio, no lo
habilita para que acuda ante el juez constitucional con el objeto de modificar tal
determinación, como se expondrá a continuación.

31.
La parte actora indica que se incurrió en defecto sustantivo, porque se
interpretaron de manera indebida los artículos 108 y 262 de la Constitución Política
y se desconocieron el Acuerdo Final de Paz y el Acto Legislativo 02 de 2017. No
obstante, para la Sala tales reproches tienen como fin que se acoja la manera, como
a juicio del tutelante, debieron aplicarse tales instrumentos jurídicos, sin considerar
que el modo en que lo hizo la autoridad judicial no involucra algún tipo de
arbitrariedad, por el contrario, su decisión sobre el particular cuenta con suficiente
argumentación y materializa el principio de autonomía judicial.

32.
En cuanto al régimen ordinario de personería jurídica, contenido en el artículo 108
Superior, se precisó que ese precepto legal exige para dicho reconocimiento “haber
conseguido una votación no inferior al 3% de los votos emitidos válidamente en el
territorio nacional en las elecciones a la Cámara de Representantes o al Senado de
la República y uno de los beneficios de este reconocimiento es la posibilidad de
presentar listas de candidatos a través de coaliciones”.

33.
Con base en dicha norma, concluyó que los aludidos presupuestos no se
cumplieron, pues “el partido Todos Somos Colombia no participó en las elecciones
a Senado de la República para el periodo 2022-2026. Esto, porque al no contar con
personería jurídica no podía suscribir el acuerdo de coalición ni avalar candidatos,
requisito indispensable de conformidad con la ley y, por tanto, no era posible
sustentar el reconocimiento a la personería jurídica a la superación del umbral de las

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votaciones obtenidas por la coalición «Pacto Histórico»”. Conclusión de la que no se
advierte algún tipo de arbitrariedad.

34.
Del mismo modo, no se evidencia que se haya interpretado de manera indebida
el artículo 262 Superior, diferente es que se haya concluido que el movimiento Todos
Somos Colombia no integraba una coalición, por lo que no era procedente que
inscribiera listas bajo esa figura para aspirar a corporaciones públicas.

35.
Sin perjuicio de lo anterior, tuvo en cuenta que la “dinámica del país ha generado
una serie de reglas especiales para la adquisición, conservación, pérdida e incluso
restitución de la personería jurídica”. Entre estas se tiene el Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, en el
que se dispuso “que era primordial la ampliación democrática para el surgimiento de
nuevas fuerzas políticas para enriquecer el debate y la deliberación en relación con
los problemas de orden nacional, para así fortalecer el pluralismo, la representación,
la participación y la inclusión política”. Acuerdo para cuya estabilidad y seguridad
jurídica se expidió el Acto Legislativo 02 de 2017, en el sentido de que lo allí
establecido fuera ”obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de
desarrollo y validez de las normas y leyes de implementación”.

36.
De acuerdo con lo expuesto, la autoridad judicial coligió que “las directrices
establecidas en el acuerdo de paz son políticas de Estado y se deben aplicar una
vez se realice la incorporación en el ordenamiento jurídico, a través de los
mecanismos ordinarios establecidos en la Constitución y la ley”, por consiguiente, no
se podía sustentar el reconocimiento de la personería jurídica en los parámetros del
Acuerdo, “cuando estos no han sido debidamente introducidos al ordenamiento
jurídico a través de las modificaciones normativas necesarias”.

37.
En ese sentido, para la Sala carece de asidero la afirmación de que no se tuvieron
en cuenta los referidos Acuerdo y Acto Legislativo, pues fue así, distinto es que no
de la manera pretendida por el accionante. La autoridad judicial esgrimió las razones
por las cuales no era viable su aplicación, sin que el actor destinara argumentación
alguna para controvertirlas o para acreditar que aquellas comportaban la afectación
constitucional que alega.

38.
La parte tutelante también adujo desconocimiento del precedente, al desatender
la sentencia SU-257 de 2021 de la Corte Constitucional, pese a que resultaba
aplicable a su caso. Sin embargo, no explica cuál regla jurisprudencial fue
inobservada o por qué consideraba que su situación se avenía a la allí zanjada, en
razón a que solo hizo referencia de manera general a que se deben adoptar acciones
para proteger grupos y minorías políticas.

39.
Sobre dicha providencia la autoridad judicial se pronunció, en el sentido de indicar
que si bien los requisitos del artículo 108 Superior debían ser aplicados de manera
más laxa cuando se demostrara la imposibilidad de alcanzar el umbral electoral
exigido en razón a actos graves de violación de los derechos humanos, de violencia
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o persecución política, lo cierto es que dichas circunstancias no se acreditaron en
esas diligencias. Contrario a ello, se observaba que había podido participar en otras
contiendas electorales sin limitación alguna.

40.
Por lo anterior, la Sala concluye que se pretende que se acoja el aludido
pronunciamiento constitucional sin consideración a que la autoridad accionada
explicó el motivo por el cual ello no era procedente, frente a lo cual no se enfiló
argumentación alguna tendiente a desvirtuar lo determinado sobre el particular, lo
cual denota nuevamente la intención de imponer la tesis de la parte actora sin
demostrar que el modo en que se desató la controversia represente la afectación
constitucional que se invoca.

41.
Por último, se indicó la configuración de defecto fáctico, porque no se tuvieron en
cuenta los documentos que acreditaban que el movimiento político Todos Somos
Colombia integraba la coalición de Pacto Histórico, que avaló a la senadora Clara
López y que participó en distintas oportunidades en procesos electorales.

42.
La Sala evidencia que, contrario a lo afirmado por el tutelante, la autoridad judicial
accionada valoró los elementos de convicción que certificaban que el partido Todos
Somos Colombia hacía parte de la coalición programática Pacto Histórico. No
obstante, también examinó “la solicitud para la inscripción de la lista de candidatos y
la constancia de la aceptación de candidatura presentada por [esa] coalición [...] para
el Senado de la República”, en la que se constataba que la referida agrupación
política no la suscribió.

43.
Además, anotó que debía tenerse en cuenta que para ser parte de una coalición
a corporaciones públicas e inscribir candidatos, era necesario ser un partido o
movimiento político con personería jurídica, y Todos Somos Colombia no contaba
con dicha personería al momento de la suscripción del acuerdo de coalición
denominado Pacto Histórico, pues presentó la petición para obtener dicho atributo
con posterioridad a la firma del acuerdo.

44.
En ese sentido, tampoco se podía concluir que a través de la coalición inscribió a
la candidata Clara López Obregón, máxime cuando obraba certificación del
representante legal del partido Unión Patriótica que constataba que aquella fue
postulada y avalada por ese partido.

45.
Sobre el particular, en el escrito de impugnación se anotó que, conforme a los
estatutos de la Unión Patriótica, el otorgamiento del aval no implicaba su afiliación
automática a ese movimiento, por lo que su inscripción en la coalición se hizo con la
afiliación y representatividad del movimiento Todos Somos Colombia.

46.
Al respecto, aunque se reitera que este escenario no es el adecuado para exponer
los planteamientos que la parte actora pretendía hacer valer para defender la
legalidad del acto administrativo que le reconoció personería, se evidencia que la
autoridad judicial sobre la anterior circunstancia indicó que no se estudiaba la
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legalidad de la elección de la señora Clara López Obregón, porque se limitaba a
analizar las consideraciones expuestas en la decisión administrativa acusada.

47.
En ese sentido, los reproches referentes al defecto fáctico invocado tienen como
fin imponer la manera cómo, a juicio del tutelante, debieron haberse valorado los
referidos elementos probatorios, al no compartir el modo en que lo hizo el juez
natural, sin que destine motivación alguna a poner en evidencia que el análisis en
ese sentido realizado por el juez ordinario contraría los postulados de la sana crítica.

48.
En este punto, cabe anotar que la tutela no es el mecanismo idóneo para fijar el
modo cómo se deben valorar los documentos obrantes en el proceso ordinario ni el
grado de certeza de estos, así como tampoco imponer la tesis que pregona la parte
actora para defender la legalidad del acto administrativo que le reconoció personería
al movimiento político Todos Somos Colombia, cuando no se comprobó que las
conclusiones probatorias de la autoridad judicial involucraran arbitrariedad alguna.
Tal actuación escapa de la órbita de competencia para la que fue instituida, pues de
avalarse ello se usurparía la función del juez natural de la controversia.

49.
La Sala concluye que el hecho de que la autoridad accionada no haya zanjado la
controversia de la manera que pretendía el tutelante, no lo faculta para que acuda a
este mecanismo judicial para imponer el criterio que defiende. La simple
inconformidad de criterios no comporta en sí la acreditación de la afectación
constitucional que se requiere para conceder el amparo reclamado.

50.
En ese orden de ideas, se confirmará la sentencia impugnada, en tanto declaró
improcedente la acción de tutela, pero precisando que además de no tener por
satisfecho el requisito de relevancia constitucional, tampoco se acreditó la
subsidiariedad, y se advierte el incumplimiento del presupuesto de legitimación en la
causa por activa de la señora Clara López Obregón.

51.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 29 de noviembre de 2024, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, por las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente
para su eventual revisión.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05279-01
Accionante: Clara López Obregón y otro
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE10
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Aclaración de voto

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

10 VF

11

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