Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2018-00114-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2018-00114-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2018-00114-00
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
14 de marzo de 2019
FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMUN FARC – El reconocimiento de su personería jurídica como partido político fue de pleno derecho conforme a lo pactado en el Acuerdo de Paz / ORGANIZACIÓN CÍVICO POLÍTICA LAICOS POR COLOMBIA – El reconocimiento de su personería jurídica se supedita al cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales vigentes
Según se tiene, en el marco de las conversaciones que iniciaron el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, las partes del proceso de paz llegaron a un acuerdo general para la terminación del conflicto armado, firmado el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón. Para llevar a cabo los designios y propósitos del nuevo Acuerdo con el que se pretendería reinsertar a la vida sociopolítica del país a los miembros insurgentes del grupo guerrillero más antiguo de Colombia, se implementaron una serie de medidas que, necesariamente impactaron algunas disposiciones constitucionales y legales que debían surtir el trámite correspondiente. En lo referente a las medidas para promover una mayor participación en la política nacional de todos los sectores, el artículo 2.3.1.1 [del Acuerdo] determinó algunas herramientas para promover el acceso al sistema político, entre ellas, las que la parte demandante reclama en este asunto, le sean aplicadas. Para lograr este objetivo, el Gobierno Nacional adoptaría medidas para: i) remover los obstáculos y hacer los cambios institucionales para que los partidos y movimientos políticos obtengan y conserven su personería jurídica y, ii) facilitar a los movimientos sociales con vocación política su tránsito a constituirse como partido o movimiento político. Por tanto se pactó: (…). 5. Un régimen de transición de 8 años, lo que incluye la financiación y divulgación de programas, para promover y estimular los nuevos partidos y movimientos políticos de alcance nacional que inicien por primera vez en el ruedo político, así como aquellos que, habiendo tenido representación en el Congreso la hubieran perdido. En este asunto, la Organización Cívico Política Laicos por Colombia, (…), solicitó ante el Consejo Nacional Electoral, con fundamento en las medidas adoptadas en el precitado artículo del Acuerdo – especialmente en el punto 5 antes citado- el reconocimiento de su personería jurídica bajo tales postulados y en garantía del derecho a la igualdad, de cara a la constitución del partido político de las FARC. (…). De modo que, el Consejo Nacional Electoral, con fundamento en dicho marco normativo, reconoció de pleno derecho la personería jurídica del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC, una vez suscrito el Acuerdo, pues ese fue un punto especialmente negociado para la dejación de las armas. No sucedió lo mismo con los partidos o movimientos como la parte actora, que, amparados por el Acuerdo de Paz, pretendieron recobrar su personería jurídica, sin atender los requisitos mínimos legales y constitucionales vigentes. Ello si se tiene en cuenta que, como se indicó en párrafos precedentes, las medidas que se pactaron para la apertura democrática y la participación activa de todos los sectores sociales en el escenario político del país, aun no gozan de un desarrollo legal o normativo que permitan la aplicación directa de las mismas, lo que impide que la autoridad demandada autorice partidos o movimientos políticos con la flexibilización que propone el Acuerdo. Así, tal y como lo indicó el CNE en el acto acusado, no era posible reconocer la personería jurídica de la Organización Cívico Política Laicos por Colombia con fundamento en las excepciones a los requisitos establecidos en los artículos constitucionales 107 y 108 y el artículo 3 de la Ley 130 de 1994, los cuales son necesarios para el otorgamiento de la misma.
Tampoco es posible aplicar, bajo el prisma del derecho a la igualdad, las disposiciones que rigieron la constitución del partido político de las FARC, pues se insiste, el tratamiento de este grupo subversivo para la reinserción de sus miembros a la vida sociopolítica del país, implicó un costo social que tuvo que soportar el pueblo colombiano por la firma del Acuerdo, el cual significó el reconocimiento de pleno derecho de éste como un partido político a cambio de la dejación de armas, además de todos los compromisos adquiridos con miras a asegurar la verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto. (…). En ese orden, nada reprochable puede desprenderse del acto acusado cuando el Consejo Nacional Electoral, en garantía del mantenimiento del orden jurídico y en virtud de las competencias que le han sido asignadas, denegó la personería jurídica de la demandante, pues, como ya quedó expuesto, hasta tanto no se regule por el legislador las medidas tendientes a remover los obstáculos y hacer los cambios institucionales para que los partidos y movimientos políticos obtengan y conserven su personería jurídica, los requisitos y exigencias que prevén los artículos 107 y 108 constitucionales, deben acreditarse por todos aquellos que pretendan establecerse como tal.
NOTA DE RELATORÍA: Con respecto al estudio de exequibilidad del proyecto de ley estatutaria mediante la cual se regula el plebiscito para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, ver: Corte Constitucional, sentencia de 18 de julio de 2016, exp. C-379, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En cuanto al estudio de constitucionalidad del Acto Legislativo 02 de 2017, relacionado con el mismo tema, ver: Corte Constitucional, sentencia de 11 de octubre de 2017, exp. C-630, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y Antonio José Lizarazo Ocampo.
FUENTE FORMAL: ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2016 / ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2017
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D. C., catorce (14) de marzo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-28-000-2018-00114-00
Actor: ORGANIZACIÓN CÍVICO POLÍTICA LAICOS POR COLOMBIA Y ANDRÉS FORERO MEDINA
Demandado: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Personería jurídica de partidos y movimientos políticos
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir la demanda presentada por el señor Andrés Forero Medina, actuando en nombre propio y en representación de la Organización Cívico Política Laicos por Colombia, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011.
ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito radicado en la Secretaría de esta Sección, el señor Andrés Forero Medina en nombre propio, como representante legal de la Organización Cívico Política Laicos por Colombia y como agente oficioso del señor Carlos Eduardo Corsi Otálora, demandó en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la nulidad de la Resolución 0308 del 13 de febrero de 2018 proferida por el Consejo Nacional Electoral, mediante la cual se resolvió de manera definitiva, la negativa de la solicitud de personería jurídica requerida por dicha organización el 10 de marzo de 2017, para lo cual elevó las siguientes pretensiones:
“1. Que se declare la nulidad de la Resolución 0308 del 13 de febrero de 2018 del Consejo Nacional Electoral notificada por aviso del 4 de mayo de 2018, en cuanto con ella por medio de la cual (sic) se resolvió de manera definitiva denegar la solicitud de personería jurídica solicitada por la organización cívico política Laicos por Colombia con radicado No. 1842 – 17 del 10 de marzo de 2017 y de los demás actos administrativos previos y preparatorios de la actuación administrativa realizada por el Consejo Nacional Electoral
2. A título de restablecimiento del derecho se solicita ordenar al Consejo Nacional Electoral acceder a la petición formulada con radicado No. 1842-17 del 10 de marzo de 2017 y proceder a ordenar otorgar (sic) personería jurídica a la organización cívico política Laicos por Colombia”.
2. Hechos
Sostuvo que la Organización Cívico Política denominada Laicos por Colombia, nació a la vida jurídica aproximadamente hace 25 años, con motivo de la aprobación de la Constitución Política de 1991, al presentar al Consejo Nacional Electoral las firmas de ciudadanos requeridas para participar en la primera elección al Senado de la República, habiendo obtenido una de las más altas votaciones, hecho que le permitió al Dr. Carlos Eduardo Corsi Otálora, ingresar al Congreso de la República en su condición de senador, así como otros miembros que fueron elegidos en cargos de elección popular.
Comentó que la organización en mención tramitó ante el Consejo Nacional Electoral su personería jurídica, lo cual le permitió ejercer su participación política.
Destacó que esta organización participó en los procesos electorales subsiguientes, obteniendo representación en el Congreso de la República una curul en el Senado durante tres periodos consecutivos, esto es, del año de 1991 al 2002.
Afirmó que durante ese periodo recibió financiación por parte del Estado, tanto directa como por la reposición de los gastos de campaña y por los votos obtenidos en los comicios.
Señaló que la reforma constitucional que modificó el régimen electoral de Colombia, Acto Legislativo 01 de 2003, al establecer el umbral, dejó por fuera a la organización Laicos por Colombia de las contiendas electorales.
Precisó que, la legislación vigente, establecida por la refrendación que el Congreso de la República hizo de los Acuerdos realizados entre el Estado colombiano y las FARC en noviembre de 2016, eliminó el artículo 2.3.1.1 el umbral para permitir que la minoría constituida por antiguos guerrilleros, pudieran ser partícipes de la vida democrática del país.
Citó apartes del Acuerdo de Paz referido, para destacar:
“2.3.1.1. Medidas para promover el acceso al sistema político: En el marco del fin del conflicto y con el objetivo de consolidar la paz, se removerán obstáculos y se harán los cambios institucionales para que los partidos y movimientos políticos obtengan y conserven la personería jurídica y en particular, para facilitar el tránsito de organizaciones y movimientos sociales con vocación política hacia su constitución como partidos o movimientos políticos. Para ello se impulsarán las siguientes medidas:
Desplegar la obtención y conservación de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos del requisito de la superación de un umbral en las elecciones del Congreso y, en consecuencia, redefinir los requisitos para su constitución. Con el fin de evitar la proliferación indiscriminada de partidos y movimientos políticos, para el reconocimiento de la personería jurídica se exigirá como mínimo un número determinado de afiliados.
Diseñar un sistema de adquisición progresiva de derechos para partidos y movimientos políticos, según su desempeño electoral en los ámbitos municipal, departamental y nacional. El nuevo régimen conservará los requisitos en materia de votos en las elecciones de Senado y/o Cámara de Representantes por las circunscripciones ordinarias actualmente existentes para la adquisición de la totalidad de los derechos a financiación, acceso a medios y a inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección popular.
El sistema incorporará un régimen de transición por 8 años, incluyendo financiación y divulgación de programas, para promover y estimular los nuevos partidos y movimientos políticos de alcance nacional que irrumpan por primera vez en el escenario político, así como a otros que habiendo tenido representación en el Congreso la hubieran perdido”.
Sostuvo que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, fue adoptado el 24 de noviembre como norma interna aplicable en Colombia, desde noviembre de 2016, el cual es vinculante y obligatorio para las partes según la ratificación que del mismo hizo el Congreso de la República.
Anotó que la Organización Cívico Política Laicos por Colombia viene actuando democráticamente en la vida política del país a través de su participación dentro de la sociedad civil colombiana, haciendo presencia en el Congreso de la República y participando activamente en las audiencias públicas convocadas para debatir proyectos de ley, unas veces invocado por el mismo órgano legislativo y otras en ejercicio ciudadano. Igualmente ha vinculado candidatos con otros partidos como el Partido Conservador Colombiano, o a través de alianzas programáticas, al no contar con personería jurídica para avalar sus propios candidatos.
Resaltó que, de cara a lo anterior, el día 10 de marzo de 2017, con escrito radicado 1842-17, en nombre de la organización Laicos por Colombia, solicitó ante el Consejo Nacional Electoral lo siguiente:
“Sírvase ordenar lo que sea pertinente, para que la Organización Cívico Política Laicos por Colombia, ejerza su derecho de postular candidatos y elaborar lista en todos los comicios que se realicen en el país, para elegir los miembros de la Rama legislativa y los de la Ejecutiva, órganos de Elección Popular y ejercicio de control político del Estado.
De igual manera, petición de información sobre los trámites administrativos que debemos realizar para cumplir con los requisitos de la ley ustedes ordenan, para la participación electoral, así como hacen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC y otras organizaciones sociales como la nuestra, en ejercicio del derecho de igualdad”.
Relató que, luego de surtirse ciertas actuaciones administrativas relacionadas con la petición en comento (como la acumulación con otras solicitudes), el Consejo Nacional Electoral resolvió la misma, mediante Resolución 0308 del 13 de febrero de 2018, notificada por aviso el 4 de mayo de 2018, mediante la cual resolvió denegar la solicitud de personería jurídica requerida por la organización Laicos por Colombia, entre otros.
3. Normas violadas y concepto de la violación
La parte demandante afirmó que la expedición del acto acusado infringió las normas en que debía fundarse, esto es, el artículo 2.3.1.1 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, que estableció las medidas para promover el acceso al sistema político por parte de movimientos y agrupaciones políticas; en ese orden, formuló los siguientes cargos:
Infracción de las normas en que debía fundarse
Sostuvo que la expedición del acto administrativo objeto de la demanda, obviando las normas en que debía fundarse, desde el punto legal y el reconocimiento del decaimiento del acto administrativo, por pérdida de fuerza ejecutoria regulada por la ley 1437 de 2011, constituye uno de los más importantes elementos de validez de la actividad administrativa. Es así como en este particular, para el Consejo de Estado se trata de un problema de derecho, puesto que se debe confrontar objetivamente dicho acto con la norma superior, para así poder determinar el vicio formal de infracción de las normas en que debía fundarse y establecer su legalidad.
Expuso que el quebrantamiento de la norma no sucede únicamente con su desconocimiento, sino que también ocurre, en palabras del catedrático Jairo Enrique Solano Sierra por su aplicación o interpretación errónea: “sería del caso en que la administración elige acertadamente la norma indicada para la solución del asunto concreto, pero la tergiversa en su aplicación, dándole un sentido o alcance diferente al que verdadera y realmente le corresponde”.
Anotó que conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, también se viola la norma sustancial de manera directa, cuando ocurre una interpretación errónea. Sucede cuando el precepto que se aplica es el que regula el asunto por resolver, pero el juzgador lo entiende equivocadamente, y así, erróneamente comprendido, lo aplica. Es decir, ocurre cuando el juzgador le asigna a la norma un sentido o alcance que no le corresponde.
Comentó que, para el caso bajo análisis, salta a la vista que el artículo 2.3.1.1 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera estableció:
“En el marco del fin del conflicto y con el objetivo de consolidar la paz, se removerán obstáculos y se harán los cambios institucionales para que los partidos y movimientos políticos obtengan y conserven la personería jurídica y en particular, para facilitar el tránsito de organizaciones y movimientos sociales con vocación política hacia su constitución como partidos o movimientos políticos. Para ello se impulsarán las siguientes medidas:
Desplegar la obtención y conservación de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos del requisito de la superación de un umbral en las elecciones del Congreso y, en consecuencia, redefinir los requisitos para su constitución. Con el fin de evitar la proliferación indiscriminada de partidos y movimientos políticos, para el reconocimiento de la personería jurídica se exigirá como mínimo un número determinado de afiliados.
Diseñar un sistema de adquisición progresiva de derechos para partidos y movimientos políticos, según su desempeño electoral en los ámbitos municipal, departamental y nacional. El nuevo régimen conservará los requisitos en materia de votos en las elecciones de Senado y/o Cámara de Representantes por las circunscripciones ordinarias actualmente existentes para la adquisición de la totalidad de los derechos a financiación, acceso a medios y a inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección popular.
El sistema incorporará un régimen de transición por 8 años, incluyendo financiación y divulgación de programas, para promover y estimular los nuevos partidos y movimientos políticos de alcance nacional que irrumpan por primera vez en el escenario político, así como a otros que habiendo tenido representación en el Congreso la hubieran perdido”.
Acusó que el Consejo Nacional Electoral incurrió en una interpretación errónea al aplicar la normatividad electoral que rige, atribuyéndole un sentido o alcance que no le corresponde a lo pactado entre las partes, con efectos para todos los ciudadanos y en particular a quienes habiendo tenido representación en el Congreso la hubieran perdido, como es el caso de Laicos por Colombia, incluido, dentro de los efectos pactados por el Gobierno Nacional en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera y en donde se obligó al Estado Colombiano, incluido el Consejo Nacional Electoral, a remover los obstáculos y realizar los cambios institucionales que permitan que los movimientos políticos obtengan la personería jurídica, con el fin de constituirlos como partidos políticos con vocación de poder, razón por la cual el Estado adecuaría su legislación interna impulsando las medidas de que trata dicho artículo, para cumplir así con dicho compromiso en un marco de buena fe.
Violación al debido proceso al desconocer las pruebas allegadas.
Alegó que el Consejo Nacional Electoral omitió valorar las pruebas que demuestran el cumplimiento del requisito que consagra el artículo 2.3.1.1. del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, referente a la vocación política que tiene el movimiento Laicos por Colombia para conservar su personería jurídica y que en la solicitud radicada el día 10 de marzo de 2017 se solicitó practicar en los siguientes términos:
“Solicitamos que se tengan como prueba todos los antecedentes administrativos que obran en el Consejo Nacional Electoral y en la Registraduría del Estado Civil y el Congreso de la República, referentes a las participaciones electorales de nuestra ORGANIZACIÓN CÍVICO POLÍTICA LAICOS POR COLOMBIA, para Concejos, Asambleas, Cámara de Representantes, Senado de la república, Alcaldes Municipales y Juntas Administradoras Locales y su elección como Senador de la República al Dr. Carlos Eduardo Corsi Otálora desde 1991 a 2002”.
Destacó que la resolución acusada no se basó en ningún apoyo probatorio y que dicha omisión tuvo una incidencia directa en la decisión del Consejo Nacional Electoral, pues eran pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos alegados en la petición.
Apuntó que el Consejo Nacional Electoral al omitir el decreto y práctica de pruebas de que trata el artículo 40 de la Ley 1437 de 2011, trajo como consecuencia impedir la debida conducción al proceso de ciertos hechos que resultaban indispensables para la solución del asunto jurídico debatido y que serían el medio probatorio eficaz para demostrar los hechos que se soportaba la petición de aplicación de las medidas para promover el acceso al sistema político de que trata el pluricitado artículo 2.3.1.1 del Acuerdo de Paz.
Argumentó que la vulneración al debido proceso al ignorar las pruebas allegadas trajo como consecuencia la decisión de negar y la no obtención de la personería jurídica de la organización Laicos por Colombia, pues cumpliría la finalidad de probar su vocación política hacia su consolidación como partido o movimiento político, pues esta organización ha venido actuando democráticamente en la vida política del país, a través de diferentes escenarios como el Congreso de la República.
4. Contestación de la demanda
4.1. Consejo Nacional Electoral
Por conducto de apoderado contestó la demanda y se opuso a las pretensiones en los siguientes términos:
Precisó que si bien el Acuerdo para la Paz establece ciertas medidas para promover el acceso al sistema político, dicho postulado debe ser objeto de reglamentación por parte del Congreso de la República.
Aclaró que la parte actora no se encuentra en igualdad de condiciones con el partido de las FARC, en lo referente a la participación electoral, pues en el asunto en estudio es claro que las situaciones son totalmente distintas. Por un lado, está el caso de los partidos y movimientos políticos, que conforme a los artículos 107 y 108 Constitucionales deben cumplir unos requisitos específicos para su conformación y reconocimiento de personería jurídica; y por otro lado, está la situación del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC –EP que, atendiendo a la finalidad para alcanzar la paz se permitió la participación en política de este grupo armado a través de un Partido Político reconocido con personería jurídica de manera excepcional.
Comentó que estas situaciones al ser distintas, tienen una regulación específica y especial y por ello no es admisible hacer uso de la analogía.
Relató que por medio de Resolución 1744 del 2017 el Consejo Nacional Electoral negó la solicitud de personería jurídica a la Organización Cívico Política Laicos por Colombia.
Destacó que, por medio de escrito del 30 de agosto de 2017 presentado por medio de apoderado, la Organización Cívico Política Laicos por Colombia, presentó recurso de reposición contra la Resolución 1744 de 2017.
Sostuvo que, en atención a lo anterior, el Consejo Nacional Electoral expidió la Resolución 2424 del 26 de septiembre de 2017, por medio de la cual se confirmó la decisión adoptada mediante Resolución 1744 de 2017, en el sentido de negar el reconocimiento de personería jurídica de la parte demandante.
Resaltó que los señores Carlos Eduardo Corsi Otalora y Andrés Forero Medina, presentaron solicitud de revocatoria directa contra las resoluciones 1744 de 2017 y 2424 de 2017.
Indicó que mediante Resolución 0308 de 2018 (que es objeto de demanda en este asunto), se decidieron varias solicitudes de movimientos y agrupaciones políticas que perseguían la misma finalidad de reconocimiento de personería jurídica, con base en el mismo fundamento esgrimido por la Organización Cívico Política Laicos por Colombia, las cuales se decidieron negativamente.
Afirmó que la parte actora no cumplió con la carga procesal necesaria para desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo demandado.
Explicó que las razones por las cuales el Consejo Nacional Electoral negó el reconocimiento de la personería jurídica de la Organización Laicos por Colombia, por medio de las Resoluciones 1744 de 2017, 2424 de 2017 y 0308 de 2018, son las mismas por las cuales se oponen a la prosperidad de la demanda, en el entendido de que dichas organizaciones no se encuentran en igualdad de condiciones con el partido político de las FARC, en lo referente a la participación electoral, pues en este evento es claro que las situaciones son totalmente distintas.
Expuso que, por un lado, están los partidos y movimientos políticos que conforme a los artículos 107 y 108 superiores, deben cumplir unos requisitos específicos para su conformación y reconocimiento de personería jurídica.
Destacó que, por otro lado, la situación del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC-EP en el que, atendiendo a la finalidad para alcanzar la paz se permitió la participación en política de este grupo armado a través de un partido político reconocido con personería jurídica de manera excepcional.
Insistió que, estas situaciones, al ser distintas tienen una regulación específica y especial y por ello no es admisible hacer uso de la analogía.
Aclaró que es necesario diferenciar dos puntos esenciales: i) reincorporación política de las FARC-EP y reconocimiento de personería y ii) reconocimiento de personería jurídica a otros partidos o movimientos políticos.
Argumentó que de cara al componente de participación política del Acuerdo Final para la Paz, se dispuso el nacimiento de pleno derecho de personería jurídica al partido o movimiento político que surgiera del tránsito de las FARC-EP a la vida política legal, por lo que el Congreso de la República expidió el Acto Legislativo No. 03 de 2017,el cual reguló, entre otras cosas, el otorgamiento de la personería jurídica al partido de las FARC en condiciones especiales, esto es, sin necesidad de cumplir exigencias mínimas como umbral o demostración del número de afiliados y designó al Consejo Nacional Electoral como autoridad competente para realizar actuaciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en ese acto legislativo respecto a la personería jurídica.
Mencionó que la autoridad electoral, mediante Resolución 003 del 11 de enero de 2017, inscribió el grupo de ciudadanos “Voces de Paz y Reconciliación” el cual correspondía a un movimiento significativo sin personería jurídica, que buscaba representar a las FARC-EP y con el encargo de iniciar el proceso hacia la construcción del partido con el que se reincorporarían a la vida política.
Explicó que, teniendo en cuenta el informe del jefe de la Misión de Verificación de la implementación del Acuerdo en Colombia, Jean Arnault, respecto de la finalización del proceso de dejación de armas por parte del grupo FARC-EP, el Consejo Nacional Electoral mediante Resolución 2661 de 2017 inscribió el partido político del movimiento FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
Agregó que el reconocimiento de dicha personería en los términos del Acto Legislativo 03 de 2017 es una excepción a la regla general que encuentra justificación precisamente en lo dispuesto en el Acuerdo Final. Estas condiciones especiales otorgadas al grupo armado que ha efectuado la dejación de armas se justifican en aras de garantizar la materialización del principio de la paz, el cual, como lo ha indicado la Corte Constitucional constituye “uno de los propósitos fundamentales del Derecho Internacional; un fin fundamental del Estado colombiano, un derecho colectivo en cabeza de la humanidad, dentro de la tercera generación de derechos (…)”.
Sostuvo que la Corte Constitucional en el auto 499 de 2017 se pronunció sobre lo dispuesto en el Acto Legislativo 03 de 2017 referente a la incorporación política de las FARC-EP y concluyó que la habilitación de participación en política de los miembros de las FARC, se ajusta al ordenamiento jurídico y se armoniza con lo dispuesto en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera y en el Acto Legislativo 01 de 2017.
Enfatizó que el reconocimiento de la personería jurídica del partido político que surgió de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, pese a no haber participado antes en un certamen electoral, no contar con un número de afiliados mínimo ni tampoco un umbral de votación, tuvo lugar con base en la normatividad constitucional vigente (Acto Legislativo 03 de 2017) y la interpretación holística del Acuerdo Final.
Precisó que, no obstante, el Acuerdo Final para la Paz, en el acápite 2.3.1.1. referente a las medidas para promover el acceso al sistema político, no hizo referencia únicamente al partido que surgiera de la reincorporación política de los miembros de las FARC-EP sino al sistema político desde su connotación más amplia, en ese sentido señaló:
“El sistema incorporará un régimen de transición por 8 años, incluyendo financiación y divulgación de programas, para promover y estimular los nuevos partidos y movimientos políticos de alcance nacional que irrumpan por primera vez en el escenario político, así como a otros que habiendo tenido representación en el Congreso la hubieran perdido”.
Anotó que lo anterior da a entender que el componente de participación política, para la apertura democrática para construir la paz, establecido en el Acuerdo Final, no fue instituido solamente para beneficiar y promover un único partido o movimiento político; todo lo contrario, pues lo que se pretende es la implementación de mecanismos que permitan garantizar y promover la participación política del país de forma democrática, igualitaria y no excluyente, la inclusión de todos los sectores en la toma de decisiones, el robustecimiento de mecanismos de participación y el restablecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones.
Aclaró que, no obstante, en la actualidad solamente se ha implementado y desarrollado lo referente al reconocimiento de la personería jurídica en condiciones especiales al partido o movimiento político de las FARC-EP a la vida política, pero nada se ha regulado respecto de otros partidos o movimientos políticos, quienes para el efecto deberán cumplir con las reglas generales y el procedimiento ordinario establecido en los artículos 107 y 108 de la Constitución Política y el artículo 3 de la Ley 130 de 1994.
Señaló que en el caso de la parte actora no se puede aplicar por principio de igualdad la normativa señalada o por la figura jurídica de la analogía, pues las condiciones especiales dispuestas para el partido de las FARC a otros partidos o movimientos políticos, en tanto que, como se ha indicado, el proceso de reincorporación política de ese grupo subversivo se dio en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo bajo la premisa de dar por terminado el conflicto y la consecución de la paz.
Insistió que, si bien el Acuerdo previó la participación de otros grupos o movimientos políticos, ese punto no ha sido reglamentado por el legislador.
Anotó que, siguiendo la premisa del derecho a la igualdad, la aplicación de este principio no puede predicarse en este caso, donde otros grupos o movimientos políticos atendiendo lo acontecido con el partido FARC, solicitan el reconocimiento de personería jurídica sin cumplir con los requisitos ordinarios establecidos constitucional y legalmente, ya que el reconocimiento en condiciones especiales del partido en comento, obedeció a una situación particular y excepcional, como lo fue la firma del Acuerdo de Paz, el cual previó la reincorporación de las FARC a la vida política.
Precisó que los destinatarios del Acto legislativo 03 de 2017, al ser un conjunto de personas con características especiales y diferentes tal como lo es la pertenencia al grupo armado FARC, se les aplicó unas condiciones diferenciadas. Esa situación claramente no puede asimilarse a la de otros movimientos que se encuentran conformados por ciudadanos que no poseen dichas características especiales.
Concluyó que, al no estar regulado por el legislador lo correspondiente al asunto de otros grupos o movimientos políticos, no se podría disponer por parte del Consejo Nacional Electoral el reconocimiento de personería jurídica sin el lleno de los requisitos establecidos en los artículos constitucionales 107 y 108 y el artículo 3 de la Ley 130 de 1994, por cuanto le corresponde a esa Corporación decidir conforme a la normativa vigente y aplicable a cada caso particular, y máxime cuando es la autoridad encomendada por la Constitución para velar por el cumplimiento de las normas electorales, por lo que solicita que sean negadas las pretensiones de la demanda.
3. Actuación procesal
Mediante auto de 6 de septiembre de 2018 el Despacho Ponente, admitió la demanda y se ordenaron las notificaciones de rigor.
Asimismo, se aceptó la agencia oficiosa del señor Andrés Forero Medina a favor del señor Carlos Eduardo Corsi Otálora y se dispuso que, para tales efectos y de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el agente oficioso debía prestar caución equivalente a un (1) salario mínimo mensual legal vigente dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esa providencia. Igualmente se advirtió que en el evento en que el agente oficioso no fuera ratificado dentro de los treinta (30) días siguientes, se declararía terminado el proceso frente al señor Carlos Eduardo Corsi Otálora.
En virtud de lo anterior, se suspendió el término de ejecutoria del auto admisorio y del traslado para contestarla, hasta tanto el agenciado no se ratificara en lo actuado por el señor Forero Medina.
En memorial del 17 de septiembre de 2018, Carlos Eduardo Corsi Otálora ratificó la agencia oficiosa procesal y le confirió poder especial a Andrés Forero Medina para que lo representara en el proceso.
A través de auto del 24 de septiembre de 2018, conforme a la ratificación de la agencia, se reanudó el proceso a partir de la notificación de esa providencia.
Mediante auto del 21 de enero 2019, se fijó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011.
El 11 de febrero del presente año se llevó a cabo la audiencia inicial, en la que se desarrollaron las actividades propias de esta etapa procesal, entre ellas el saneamiento, pronunciamiento acerca de las excepciones, la fijación del litigio y el decreto de pruebas.
El litigio fue fijado en los siguientes términos:
“(…) la controversia en este proceso está circunscrita a determinar si se debe declarar la nulidad de la Resolución 0308 del 13 de febrero de 2018 a través de la cual el Consejo Nacional Electoral negó la solicitud de personería jurídica presentada por la Organización Cívico Política Laicos por Colombia y en consecuencia, se debe ordenar el otorgamiento de la misma o no. Para el efecto, se debe establecer si el acto demandado fue expedido con infracción de las normas en que debía fundarse, concretamente el artículo 2.3.1.1 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, para lo cual en primer término, se debe establecer si dicha norma resulta aplicable o no respecto de la Organización Cívico Política Laicos por Colombia. De igual forma, se debe determinar si hubo violación del debido proceso al no haberse decretado y practicado las pruebas solicitadas por la parte actora dentro de la actuación administrativa, en los términos del artículo 40 de la Ley 1437 de 2011. Queda así fijado el litigio El magistrado pregunta a los intervinientes en la audiencia si tienen algo que agregar, a lo que el apoderado de la parte actora manifestó su conformidad y añadió que es necesario considerar la aplicación del Acto Legislativo 02 del 11 de mayo de 2017 norma que establece que el Acuerdo para la Terminación del Conflicto es de carácter obligatorio para todas las autoridades del Estado y que todas las actuaciones de aquel deben sujetarse a dicha normativa (…) El señor magistrado corrió traslado de la precisión hecha por la parte actora a lo cual el apoderado del Consejo Nacional Electoral no hizo manifestación alguna. Acto seguido, la procuradora precisó que aunque en la demanda no se incluyó el punto en cuestión, a la hora de resolver la fijación del litigio se debe tener en cuenta lo referente a la obligatoriedad del Acto Legislativo 02 de 2017 para verificar la violación de normas superiores en las que debía fundarse el acto demandado. En tales condiciones, el magistrado sostuvo que se incluye dentro de la fijación del litigio lo referente a la obligatoriedad del Acto Legislativo 02 de 2017”.
En la misma diligencia se advirtió que, al no existir pruebas para practicar, se prescindía de la audiencia que tiene ello por objeto. Asimismo, al no considerar necesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento consagrada en el artículo 286 de la Ley 1437 de 2011, se corrió traslado a las partes para presentar escrito de alegatos de conclusión por el término común de diez (10) días dentro del cual la señora agente del Ministerio Público podría presentar el concepto respectivo.
4. Alegatos de conclusión
Parte demandante:
Anotó que existe consenso de la existencia del movimiento cívico político Laicos por Colombia, y de su participación en el Congreso, según se desprende del certificado del secretario general del Senado de la República, que se adjuntó en la audiencia del 11 de febrero de 2019 y en el que consta que el señor Carlos Eduardo Corsi Otálora, fue elegido senador de la República para los periodos constitucionales 1991-1994, 1994-1998, 1998-2002.
Afirmó que la parte actora no pudo seguir participando en los procesos electorales a nivel nacional, departamental y municipal, como lo venía haciendo, ni seguir participando en el Congreso porque el Consejo Nacional Electoral le canceló la personería jurídica a Laicos por Colombia, en desarrollo del Acto Legislativo 01 de 2003, artículo 108 de la Constitución Política, hecho confesado en la contestación de la demanda. Esta norma constitucional, asegura, se aplicó retroactivamente, afectando los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de participar en la vida política a través de Laicos por Colombia, que perdió su representación en el Congreso.
Acusó que para el caso en cuestión, la parte demandada en el acto administrativo impugnado, pretende interpretar el “Acuerdo del Teatro Colón” como si fuera una “gran Constitución” que requiere de leyes para su aplicación, pues según se lee del acto administrativo demandado, se necesita una ley reglamentaria para aplicarlo respecto al reconocimiento de la personería jurídica electoral de Laicos por Colombia.
Sustentó que lo que en realidad se oculta es que el presunto error de derecho, es una razón política que aflora, al volver a estudiar el proyecto de Acto Legislativo 088 de 1998 que sirvió de base al Acto Legislativo 01 de 2003, que en lo concerniente a lo que se debate en el presente proceso está contenido en los artículos 107 y 108 de la Constitución.
Relató que en el Acto Legislativo 01 de 2003 se incorporaron las medidas que dieron como resultado la eliminación retroactiva de los nuevos partidos y movimientos que obtuvieron y representan el 24% de la votación de los ciudadanos en el año 2002; pero que habiendo tenido representación en el Congreso perdieron su personería jurídica injustamente por decisión del Consejo Nacional Electoral.
Expuso que, el Acto Legislativo 01 de 2003 incluyó una norma que no estuvo en el proyecto de Acto Legislativo de 1998, a saber, que solamente por una vez, los congresistas podían agruparse para formar nuevos partidos siempre que la suma de los votos obtenidos por ellos superaran el umbral, caso que permitió la conformación de Cambio Radical y el Partido de la U.
Acotó que la mencionada exclusión de la participación política de amplios sectores de la opinión nacional por más de quince (15) años, llevó al equipo negociador del Gobierno Nacional a incluir en el Acuerdo Final del “Teatro Colón” del 26 de noviembre de 2016 con las FARC-EP, precisas normas para restablecer así sea bajo un régimen de transición de ocho (8) años, la incorporación de medidas para promover el acceso al sistema político de todos los ciudadanos y para ello se incluyó el artículo 2.3.1.1. del Acuerdo Final, norma que autoriza en particular el “régimen de transición por 8 años, incluyendo financiación y divulgación de programas para promover y estimular los nuevos partidos y movimientos políticos (…) así como a otros que habiendo tenido representación en el Congreso la hubieran perdido”.
Insistió que la decisión del Consejo Nacional Electoral debe ser anulada y debe dar aplicación directa al Acuerdo Final del 26 de noviembre de 2016, conforme lo ordena el Acto Legislativo No. 02 de 2017, y corregir el error de hecho y de derecho por falsa motivación de la que adolece el acto demandado expedido por el Consejo Nacional Electoral.
Aseguró que la entidad demandada, además de desconocer y dejar de aplicar el Acuerdo de Paz, aprobado por el Congreso Nacional, también inaplica el Acto Legislativo 02 de 2017, que obliga a las autoridades a acatarlo y particularmente garantizar el reconocimiento de la personería jurídica electoral a quienes hubieren tenido participación en el Congreso la hubieran perdido, y así lo soliciten como es el caso de Laicos por Colombia, organización política de ciudadanos que demostró por varios años la capacidad de intervenir y elegir su representante en el Congreso.
Parte demandada:
Consejo Nacional Electoral
En los alegatos de conclusión remitidos el 22 de febrero de 2019 vía electrónica, ratificó las manifestaciones que presentó en la contestación de la demanda.
5. Concepto del Ministerio Público
La procuradora séptima delegada ante esta Corporación, el 25 de febrero de 2019 por correo electrónico, rindió concepto en los siguientes términos:
Sostuvo que, no duda el Ministerio Público en reconocer, como en efecto quedó probado en el proceso, que la Organización Laicos por Colombia fue un movimiento que, en razón de la representación que obtuvo en el Congreso de la República, era titular de una personería jurídica. Sin embargo, la perdió al no alcanzar el umbral requerido después de las reformas políticas que tenían por objeto el fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos, Actos Legislativos 1 de 2003 y 1 de 2009.
Anotó que, igualmente, el Acuerdo Final suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, a efectos de profundizar la democracia y facilitar la participación de las diversas fuerzas en el campo político, advirtió que el reconocimiento de personería jurídica a las diversas organizaciones políticas no podía estar atado al umbral al que se refiere el artículo 108 constitucional, razón por la que se imponía tomar medidas para desligar la obtención y conservación de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos del requisito del umbral.
Mencionó que, en otros términos, se entiende que entre las partes, es decir, el Gobierno Nacional y las FARC-EP, hubo un acuerdo en la necesidad de introducir modificaciones al ordenamiento constitucional, específicamente al artículo 108 constitucional que vincula el reconocimiento y la pérdida de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos al umbral constitucional.
Sostuvo que tal acuerdo se convierte en la pauta para el desarrollo normativo que permita su implementación y materialización de lo que se convino, lo que obliga a que el Congreso de la República, competente para reformar la Constitución y dictar las leyes, analice y determine las modificaciones necesarias para lograr que aquellos movimientos y partidos políticos que perdieron su personería jurídica por no alcanzar el umbral que consagra el artículo 263 constitucional, la pueden recobrar, así como los derechos que tendrían al lograr esta.
Arguyó que, lo expuesto permite concluir que el Consejo Nacional Electoral no podía ejercer su competencia de reconocer o revocar las personerías jurídicas por fuera de los mandatos constitucionales y legales vigentes.
Estableció que, en el caso de la referencia, no le era dable a la autoridad electoral reconocer la personería jurídica a la Organización Laicos por Colombia, con fundamento en lo acordado por el Gobierno Nacional y las FARC, en tanto que lo que fue negociado requiere de un desarrollo normativo que haga efectivos los principios de separación de los poderes, de supremacía constitucional y el de legalidad, como expresamente lo reconoció la Corte Constitucional en la sentencia C-630 de 2017.
Determinó que, lo acordado carece del carácter normativo que permita su aplicación directa, como parece reclamarlo el demandante. Por tanto, para el Ministerio Público, el Consejo Nacional Electoral en este caso, carecía de competencia para reconocer la personería jurídica reclamada en tanto el legislador no se pronuncie sobre el particular, en cuanto es al Congreso de la República y no a la autoridad electoral, al que le corresponde desarrollar e implementar bajo el principio de buena fe, entre otros, los puntos 2.3.1.1. y 2.3.5 del Acuerdo Final.
Concluyó que, en cuanto al argumento de la demanda según el cual, la Organización Laicos por Colombia tiene derecho en pie de igualdad, a que se le reconozca la personería jurídica como se hizo al partido que conformó las FARC-EP, después de la dejación de las armas, basta afirmar que precisamente en desarrollo de lo acordado, el Congreso de la República expidió el Acto Legislativo 03 de 2017 que, en el artículo transitorio 1°, señaló que una vez las FARC-EP hiciera dejación de las armas, se le reconocería de pleno derecho personería jurídica al partido o movimiento político que surja del tránsito de estas a la actividad política legal, en donde el Consejo Nacional Electoral haría ese reconocimiento, después del cumplimiento de unos requisitos señalados en el acto legislativo.
Solicitó denegar las pretensiones de la demanda por cuanto el acto administrativo demandado no incurrió en ninguno de los cargos propuestos.
CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con el numeral 2º del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 13-4 del Acuerdo No. 58 de 1999, la Sección es competente para conocer este proceso, en única instancia.
2. Problema jurídico
La Sala, con fundamento en la fijación del litigio, resolverá el siguiente problema jurídico:
Determinar si es nula la Resolución 0308 del 13 de febrero de 2018 a través de la cual el Consejo Nacional Electoral negó la solicitud de personería jurídica presentada por la Organización Cívico Política Laicos por Colombia y en consecuencia, se debe ordenar el otorgamiento de la misma o no. Para el efecto, se debe establecer si el acto demandado fue expedido con infracción de las normas en que debía fundarse, concretamente el artículo 2.3.1.1 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, para lo cual deberá analizar si dicha norma resulta aplicable o no respecto de la Organización Cívico Política Laicos por Colombia. De igual forma, se debe verificar si hubo violación del debido proceso al no haberse decretado y practicado las pruebas solicitadas por la parte actora dentro de la actuación administrativa, en los términos del artículo 40 de la Ley 1437 de 2011
Asimismo, para llevar a cabo el análisis anterior, se confrontará la obligatoriedad del Acto Legislativo 02 de 2017.
3. Caso concreto
Como viene de explicarse, en el asunto que compete resolver a la Sección en esta oportunidad, le corresponde zanjar la controversia en torno a la nulidad del acto administrativo mediante el cual el Consejo Nacional Electoral denegó la petición de la Organización Cívico Política Laicos por Colombia tendiente al reconocimiento de su personería jurídica.
Dado que los cargos formulados por la parte actora en este caso contra el acto acusado, consistentes en la infracción de las normas en que debió fundarse y la violación al debido proceso por ausencia de valoración probatoria se encuentran íntimamente relacionados, habrán de estudiarse conjuntamente, pues los dos se dirigen a demostrar que el Consejo Nacional Electoral no tuvo en cuenta el artículo 2.3.1.1 y 2.3.5 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (en adelante el Acuerdo) que propende remover los obstáculos para facilitar a los movimientos sociales con vocación política su tránsito a la constitución como partido o movimiento político, estableciéndose, entre otros, el reconocimiento de personería a quienes habiendo tenido representación en el Congreso, la hubieran perdido, como resulta ser el caso de la demandante, lo cual, según afirma, probó en debida forma en la actuación administrativa acusada.
Según se tiene, en el marco de las conversaciones que iniciaron el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, las partes del proceso de paz llegaron a un acuerdo general para la terminación del conflicto armado, firmado el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón.
Para llevar a cabo los designios y propósitos del nuevo Acuerdo con el que se pretendería reinsertar a la vida sociopolítica del país a los miembros insurgentes del grupo guerrillero más antiguo de Colombia, se implementaron una serie de medidas que, necesariamente impactaron algunas disposiciones constitucionales y legales que debían surtir el trámite correspondiente.
Con el devenir del plebiscito y los álgidos debates en torno al carácter vinculante del Acuerdo, la Corte Constitucional se pronunció sobre el particular mediante Sentencia C-379 de 2016, providencia en la que se ratificó que todos los poderes públicos e incluso los ciudadanos, tienen el deber de alcanzar la paz como un valor constitucional, razón por la que los órganos e instituciones que componen el Estado se encuentran obligados a desplegar, en el marco de sus competencias, todas las acciones tendientes a hacer efectivos los acuerdos que suscribiera el Gobierno Nacional con los grupos alzados en armas.
Este importante acontecimiento implicó para el ordenamiento jurídico del país, desplegar una serie de reglamentaciones y reformas que conformarían la “agenda legislativa para la paz”.
Por ello, mediante Acto Legislativo 01 de 2016 “por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, se estableció el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, o como comúnmente se le denominó el “fast track”, el cual tenía por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
Esta agenda legislativa para la paz que debía surtirse ante el Congreso, mediante un procedimiento especial que implicaba tiempos más cortos que los ordinarios para la aprobación de leyes y actos legislativos, debía desarrollarse dentro de un tiempo estimado de 6 meses, prorrogables por seis meses más conforme con el Acto Legislativo 01 de 2016. En la actualidad, algunos puntos siguen pendientes de desarrollo normativo.
Por su parte, la Corte Constitucional en la sentencia C-371 de 2016 aclaró que el Acuerdo de Paz era una política que debía implementarse por los órganos competentes y, en consecuencia, no podía asimilarse que el mismo quedaría inserto de manera directa en el ordenamiento jurídico, pues carecía por sí solo de fuerza normativa.
Asimismo, conforme a la sentencia C-332 de 2017, la competencia del presidente de la República para suscribir acuerdo de paz en desarrollo de la facultad de preservar y garantizar el orden público “no puede llegar al punto de anular o vaciar las competencias constitucionales, en particular, las del Congreso de la República…”.
Con todo, ello no significa que el Acuerdo en comento no sea vinculante y que no tenga carácter obligatorio hasta tanto no se cumpla con la agenda legislativa para la paz. En efecto, mediante Acto Legislativo 02 de 2017, se incluyó un artículo transitorio a la Constitución Política que reza:
“En desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado el día 24 de noviembre de 2016, que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución Política y aquellos conexos con los anteriores, serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del Acuerdo Final, con sujeción a las disposiciones constitucionales.
Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final”.
Sin embargo, mediante sentencia C-630 de 2017, en la cual se estudió la constitucionalidad del precitado Acto Legislativo 02 de 2017, se reiteró expresamente que el Acuerdo de Paz no se integra directamente al ordenamiento jurídico y en ese orden, el legislador, quien tiene un amplio margen de interpretación, tiene la obligación de cumplir lo pactado en el marco de los “principios de integralidad y no regresividad”. En efecto, dispuso:
“(…) De ese modo, y como se ha enfatizado en esta providencia, para la incorporación normativa al derecho interno del Acuerdo Final, se requerirá de la activación de los mecanismos de producción normativa fijados en la Constitución y la Ley. Todo lo anterior, enfatizando la obligación de las autoridades del Estado de contribuir, de buena fe, a la implementación del Acuerdo Final, en cuanto política de Estado, dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales.
[E]l Acto Legislativo 02 de 2017, convierte el Acuerdo Final firmado el 24 de noviembre de 2016, en una política pública de Estado cuya implementación y desarrollo constituye compromiso y obligación de buena fe para todas las autoridades del Estado, con el fin de garantizar el derecho a la paz, respetando su autonomía”.
Ahora bien, un punto crucial para hacer posible el Acuerdo era la participación política de las FARC-EP. Por ello, el punto 2 del mismo, estableció la “Participación política: Apertura democrática para construir la paz”, con el fin de permitir, entre otras cosas, el surgimiento de nuevas fuerzas en el escenario político “para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad”.
En lo referente a las medidas para promover una mayor participación en la política nacional de todos los sectores, el artículo 2.3.1.1 determinó algunas herramientas para promover el acceso al sistema político, entre ellas, las que la parte demandante reclama en este asunto, le sean aplicadas.
Para lograr este objetivo, el Gobierno Nacional adoptaría medidas para: i) remover los obstáculos y hacer los cambios institucionales para que los partidos y movimientos políticos obtengan y conserven su personería jurídica y, ii) facilitar a los movimientos sociales con vocación política su tránsito a constituirse como partido o movimiento político.
Por tanto se pactó:
Replantear los requisitos para la constitución y conservación de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos, los cuales no podían estar supeditados al umbral en las elecciones del Congreso.
La exigencia de un número mínimo de afiliados a los movimientos y partidos políticos para lograr la personería jurídica.
Diseñar un sistema de adquisición progresiva de derechos para partidos y movimientos políticos, según su desempeño electoral en los diferentes ámbitos territoriales.
Mantener los requisitos en cuanto a los votos en las elecciones de Senado y/o Cámara de Representantes por las circunscripciones ordinarias para efectos de adquirir derechos de financiación, medios e inscripción de candidatos.
Un régimen de transición de 8 años, lo que incluye la financiación y divulgación de programas, para promover y estimular los nuevos partidos y movimientos políticos de alcance nacional que inicien por primera vez en el ruedo político, así como aquellos que, habiendo tenido representación en el Congreso la hubieran perdido.
En este asunto, la Organización Cívico Política Laicos por Colombia, que como bien lo señaló la parte actora, quedó probado en el proceso que en los años 90 tuvo representación en el Senado de la República y conservaba su personería jurídica hasta tanto se reguló el umbral en las elecciones del Congreso -lo cual implicó la pérdida de la misma-, solicitó ante el Consejo Nacional Electoral, con fundamento en las medidas adoptadas en el precitado artículo del Acuerdo – especialmente en el punto 5 antes citado- el reconocimiento de su personería jurídica bajo tales postulados y en garantía del derecho a la igualdad, de cara a la constitución del partido político de las FARC.
Al respecto, la autoridad electoral en el acto administrativo acusado, consideró:
“2.3.2. Acto Legislativo No. 03 de 2017 “Por medio del cual se regula parcialmente el componente de reincorporación política del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
El acto legislativo No. 03 de 2017 estableció lo referente a la participación política de los miembros de las FARC – EP de conformidad con lo negociado en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera suscrito el 24 de noviembre de 2016; es así que en sus contados tres artículos transitorios indicó:
ARTÍCULO TRANSITORIO 1. Una vez finalizado el proceso de dejación de las armas por parte de las FARC – EP de conformidad con lo negociado en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito el 24 de noviembre de 2016, se reconocerá de pleno derecho personería jurídica al partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC – EP a la actividad política legal.
Para estos efectos, finalizando el proceso de dejación de las armas, los delegados de las FARC – EP en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final, manifestarán y listarán formalmente ante el Consejo Nacional Electoral o quien haga sus veces la decisión de su transformación en partido o movimiento político, el acta de constitución, sus estatutos, el código de ética, la plataforma ideológica y la designación de sus directivos, así como su compromiso con la equidad de género conforme: a los criterios constitucionales de paridad, alternancia y universalidad en el funcionamiento y organización interna. En virtud de este acto formal, el partido o movimiento político, con la denominación que adopte será inscrito para todos los efectos y en igualdad de condiciones como un partido o movimiento político con personería jurídica.
(…).
En el Acuerdo Final se consideró que a los grupos alzados en armas debía garantizárseles su transformación en movimientos o partidos políticos. Fue así que a partir del 24 de noviembre de 2016, fecha en que se firmó en el Teatro Colón el Acuerdo de Paz, se inició la construcción de un marco jurídico para la reincoporación a la vida política de las FARC – EP, una vez finalizado el proceso de dejación y entrega de armas.
Atendiendo que en el componente de Participación Política del Acuerdo Final se dispuso el reconocimiento de pleno derecho de personería jurídica al partido o movimiento político que surgiera del tránsito de las FARC – EP a la vida política legal, el Congreso de la República expidió el Acto Legislativo No. 03 de 2017, el cual reguló, entre otras cosas, el otorgamiento de la personería jurídica al partido de las FARC en condiciones especiales, esto es, sin necesidad de cumplir exigencias mínimas como umbral o demostración del número de sus afiliados y designó al Consejo Nacional Electoral como autoridad competente para realizar las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en ese Acto Legislativo respecto a la personería jurídica.
El reconocimiento de dicha personería jurídica en los términos del Acto Legislativo 03 de 2017 es una excepción a la regla general que encuentra justificación precisamente en lo dispuesto en el Acuerdo Final. Estas condiciones especiales otorgadas al grupo armado que ha efectuado la dejación de sus armas se justifican en aras de garantizar la materialización del principio de la paz, el cual, como lo ha indicado la Corte Constitucional constituye (…)
(…)
Por otro lado, es necesario señalar que en los casos objeto de decisión no se puede aplicar el principio de igualdad o por la figura jurídica de la analogía las condiciones especiales dispuestas para el reconocimiento de personería jurídica para el Partido FARC a otros partidos o movimientos políticos, pues, como ya se ha indicado, el proceso de reincorporación política de las FARC-EP se dio en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo Final y bajo la premisa de dar por terminado el conflicto y la consecución de la paz. En este, si bien se previó la participación de otros grupos o movimientos políticos, se reitera que este punto aún no ha sido reglamentado por el legislador”.
Como se lee, la autoridad electoral demandada precisó que, mediante Acto Legislativo 03 de 2017 se estableció lo referente a la participación política de los miembros de las FARC – EP de conformidad con lo negociado en el Acuerdo Final, según el cual, una vez finalizado el proceso de dejación de las armas por parte de este grupo, de conformidad con lo negociado en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, se reconocería de pleno derecho la personería jurídica al partido o movimiento político que surgiera del tránsito de las FARC – EP a la actividad política legal.
De modo que, el Consejo Nacional Electoral, con fundamento en dicho marco normativo, reconoció de pleno derecho la personería jurídica del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC, una vez suscrito el Acuerdo, pues ese fue un punto especialmente negociado para la dejación de las armas.
No sucedió lo mismo con los partidos o movimientos como la parte actora, que, amparados por el Acuerdo de Paz, pretendieron recobrar su personería jurídica, sin atender los requisitos mínimos legales y constitucionales vigentes.
Ello si se tiene en cuenta que, como se indicó en párrafos precedentes, las medidas que se pactaron para la apertura democrática y la participación activa de todos los sectores sociales en el escenario político del país, aun no gozan de un desarrollo legal o normativo que permitan la aplicación directa de las mismas, lo que impide que la autoridad demandada autorice partidos o movimientos políticos con la flexibilización que propone el Acuerdo.
Así, tal y como lo indicó el CNE en el acto acusado, no era posible reconocer la personería jurídica de la Organización Cívico Política Laicos por Colombia con fundamento en las excepciones a los requisitos establecidos en los artículos constitucionales 107 y 108 y el artículo 3 de la Ley 130 de 1994, los cuales son necesarios para el otorgamiento de la misma.
Tampoco es posible aplicar, bajo el prisma del derecho a la igualdad, las disposiciones que rigieron la constitución del partido político de las FARC, pues se insiste, el tratamiento de este grupo subversivo para la reinserción de sus miembros a la vida sociopolítica del país, implicó un costo social que tuvo que soportar el pueblo colombiano por la firma del Acuerdo, el cual significó el reconocimiento de pleno derecho de éste como un partido político a cambio de la dejación de armas, además de todos los compromisos adquiridos con miras a asegurar la verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto.
No significa lo anterior que, las garantías y derechos reconocidos por el Acuerdo para la apertura democrática e inclusión de otros movimientos políticos, no tengan la misma relevancia para la construcción de una paz estable y duradera como lo promulga el Acuerdo, pues, en efecto, el carácter vinculante del pacto del Teatro Colón, obliga al Congreso de la República a materializar las medidas necesarias para lograr que aquellos grupos que perdieron su personería jurídica por no alcanzar el umbral, como es el caso de la parte actora, la puedan recobrar, así como los derechos que tendrían al lograrla.
En ese orden, nada reprochable puede desprenderse del acto acusado cuando el Consejo Nacional Electoral, en garantía del mantenimiento del orden jurídico y en virtud de las competencias que le han sido asignadas, denegó la personería jurídica de la demandante, pues, como ya quedó expuesto, hasta tanto no se regule por el legislador las medidas tendientes a remover los obstáculos y hacer los cambios institucionales para que los partidos y movimientos políticos obtengan y conserven su personería jurídica, los requisitos y exigencias que prevén los artículos 107 y 108 constitucionales, deben acreditarse por todos aquellos que pretendan establecerse como tal.
En iguales términos, no puede atribuirse la ilegalidad del acto administrativo acusado con fundamento en la violación al debido proceso de la parte actora por no valorarse las pruebas que, según ésta, demostraban su representación política en el país en los años noventa y que, conforme al Acuerdo, le daría derecho a recobrar su personería jurídica como movimiento político, pues, se insiste, para ello tendría que haber acreditado los requisitos de las precitadas disposiciones constitucionales, sin que a la fecha, pueda advertirse una regulación distinta frente al tema.
Así las cosas, la presunción de legalidad de que goza el acto demandado no fue desvirtuada, por lo que la totalidad de las pretensiones de la demanda habrán de ser denegadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Deniéganse las pretensiones de la demanda de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Notifíquese la presente decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 289 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
TERCERO: En firme esta providencia, archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Magistrada
ALBERTO YEPES BARREIRO
Magistrado
UMBRAL ELECTORAL – Evolución normativa / UMBRAL ELECTORAL – No debe ser requisito para el otorgamiento de la personería jurídica conforme al Acuerdo de Paz
Del contenido de esta disposición [pactada en el Acuerdo de Paz] está claro que lo que se pretende es desligar el requisito del umbral para el reconocimiento de la personería jurídica y de esta manera facilitar el tránsito de organizaciones y movimientos sociales con vocación política hacia su constitución como partidos o movimientos políticos que ostenten dicha calidad. Del tenor literal de la norma, no se desprende que el umbral deba desaparecer del ordenamiento jurídico, solo que éste debe ser desligado o, mejor aún, no debe ser el requisito fundante para el otorgamiento de la personería jurídica, ello con el fin de otorgar mayores accesos a las organizaciones minoritarias. Sin embargo, la norma proveniente de los acuerdos de paz, acepta que dicha medida no puede ser constitutiva de la creación indiscriminada o proliferación de partidos y movimientos políticos, por ende a nivel propositivo menciona que para tal fin se exigirá un número mínimo de afiliados para cada colectividad. En suma, la teleología normativa del acuerdo, es acabar con las barreras que puedan persistir en el ordenamiento jurídico para que las colectividades políticas accedan conforme la regla superior consagrada en el artículo 40, a participar en las contiendas electorales, situación que prima facie se cree superada desligando el umbral del otorgamiento de la personería jurídica. (…). [E]l contenido normativo prevé que la implementación del Acuerdo deberá realizarse de forma coherente e integral por parte de las instituciones estatales, lo que no constituye una obligación directa e inmediata para el Estado Colombiano de eliminar de plano el sistema de umbral fijado en las reformas políticas de 2003 y 2009, pues ello implicaría un retroceso en el proceso de evitar la fragmentación partidista y la existencia de gobiernos minoritarios, como se previó en las exposiciones de motivos de las reformas constitucionales de 2003 y 2009. En este punto se debe enfatizar que una mayor participación no necesariamente conlleva a una mejor democracia, pues en la actualidad muchas agrupaciones que no ostentan el atributo jurídico de la personería pueden participar en las contiendas electorales y dependiendo de su votación lograr la personería si es su decisión, hecho que debe ser ponderado por el legislador al momento de decidir si el establecimiento de un umbral es una talanquera conforme el espíritu del acuerdo o si por el contrario, esta medida fortalece su finalidad.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 108 / ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2003 / ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2009
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
ACLARACIÓN DE VOTO DE ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Radicación número: 11001-03-28-000-2018-00114-00
Actor: ORGANIZACIÓN CÍVICO POLÍTICA LAICOS POR COLOMBIA Y ANDRÉS FORERO MEDINA
Demandado: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Personería jurídica de partidos y movimientos políticos
ACLARACIÓN DE VOTO
De conformidad con lo establecido en el artículo 129 de la Ley 1437 de 2011 y con el acostumbrado respeto por la decisión tomada por la Sala, procedo a aclarar voto en el proceso de la referencia.
Fundamentos fácticos
1.1 Invocó el accionante que la Organización Cívico Política denominada Laicos por Colombia hace aproximadamente 25 años presentó ante el Consejo Nacional Electoral las firmas de ciudadanos requeridas para participar en los primeros comicios con posterioridad a la reforma constitucional de 1991, obteniendo una curul en el Congreso de la República. Posteriormente, tramitó ante el Consejo Nacional Electoral su personería jurídica, lo cual le permitió ejercer su participación política y obtener representación en el Senado durante tres períodos consecutivos, esto es, del año de 1991 al 2002.
1.2 Señaló que como consecuencia de la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 01 de 2003 que modificó el umbral, la Organización Laicos por Colombia quedó por fuera de las contiendas electorales. Por tal razón y considerando que el artículo 2.3.1.1 de los Acuerdos suscritos entre el Estado Colombiano y las FARC en noviembre de 2016, eliminó el umbral para permitir una mayor participación política, solicitó el reconocimiento de su personería jurídica, la cual fue denegada por el Consejo Nacional Electoral mediante la Resolución 0308 del 13 de febrero de 2018, acto administrativo demandado.
1.3 Al analizar la legalidad de esta determinación, la Sala de Decisión concluyó que
“(…) las medidas que se pactaron para la apertura democrática y la participación activa de todos los sectores sociales en el escenario político del país, aun no gozan de un desarrollo legal o normativo que permitan la aplicación directa de las mismas, lo que impide que la autoridad demandada autorice partidos o movimientos políticos con la flexibilización que propone el Acuerdo”. (Negrillas fuera del texto primigenio)
Razones de la aclaración de voto
2.1 En este punto se destaca que el tema del umbral electoral ha tenido una evolución, pues con anterioridad a la expedición del Acto Legislativo 01 de 2003 la creación de partidos era un trámite simple que no dependía necesariamente del número de votos obtenidos en las elecciones. Dicha reforma política previó en su numeral 2 la modificación del artículo 108 Constitucional disponiendo la implementación del umbral con el objetivo de evitar la fragmentación partidista y la existencia de gobiernos minoritarios. Así se concluye de la exposición de motivos de la citada reforma constitucional cuando ésta expuso:
“La Constitución de 1991 para favorecer la representación mantuvo la vigencia del sistema de asignación de curules a través del método de cuocientes y residuos, pues así las minorías pueden acceder a las corporaciones públicas con menos votos a través del residuo. El efecto fue perverso. Las mayorías se convirtieron en múltiples minorías a través de listas unipersonales y la gran mayoría de los parlamentarios son elegidos por residuo. Una medida para favorecer la representación terminó finalmente favoreciendo los partidos mayoritarios y fragmentó las colectividades, creando un problema de agregación y de agencia y afectando la representatividad, ya que una lista que representa 120.000 colombianos que le entregaron su voto logra igual representación que una lista de 40.000 votos.
Para solucionar el problema del ejemplo surge la propuesta de la cifra repartidora, esto es, una fórmula en la cual cada curul se entregue con un número igual de votos o lo más cercano a ello. Pero si con cualquier cifra pequeña se accede entonces de nada sirve para mejorar la representatividad. Se acude entonces al umbral, un número mínimo de votos necesarios para que una lista obtenga representación, pero si éste es muy alto las minorías no tendrán representación y si es muy bajo pierde sentido, pues significa regresar a la fragmentación. De nuevo el equilibrio es el problema entre los objetivos.”
2.2 Posteriormente, con la reforma plasmada en el Acto Legislativo 01 de 2009 se consideró que, si bien es cierto se había presentado un avance en evitar el fraccionamiento de los partidos, era necesario el incremento del umbral con fundamento en los siguientes argumentos:
“Como fruto de la reforma incorporada a la Constitución Política por el Acto legislativo N° 1 de 2003, existen hoy en Colombia dos tipos de umbrales o barreras legales: El primero, el umbral que se aplica para reconocer personería jurídica a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, establecido en el 2% de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado (artículo 108 de la CN). En segundo lugar, el umbral que según el artículo 263 de la Constitución Política se aplica para que los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos puedan obtener representación a través de la asignación de curules en las corporaciones públicas de elección popular, es del 2% de los votos sufragados para Senado de la República o del 50% del cuociente electoral en el caso de las demás corporaciones (Cámara de Representantes, Asambleas Departamentales, Consejos Municipales y Juntas Administradoras Locales)
El efecto directo de la incorporación del umbral para obtener representación política, después de las elecciones legislativas de 2006, fue la desaparición de sesenta y cuatro movimientos y partidos políticos. De las veinte listas avaladas para Senado, sólo diez lograron superar la barrera, en tanto que en la Cámara de Representantes el umbral sólo fue superado por el 30% de los partidos políticos que se presentaron a la contienda, lo cual demuestra la eficacia de la medida en aras de los objetivos buscados (detener el fraccionamiento y buscar la agrupación de los partidos). El umbral de representación política generó un proceso de recomposición interna de las colectividades. El 69% de quienes fueron elegidos en 2006, cambiaron de agrupación partidaria entre 2002 y 2006.
En este contexto y con el objetivo de fortalecer los mecanismos para evitar el fraccionamiento de los partidos, la reforma propone el incremento del Umbral para representación, del 2 al 3% a partir del 2011 en adelante.”
2.3 Ahora bien, estas consideraciones del legislador no se pueden dejar de observar al momentos de implementar del “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” suscrito entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC-EP que incluyó un capítulo de medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, igualdad de condiciones y con garantías de seguridad, en el que se dispuso:
“2.3.1.1. Medidas para promover el acceso al sistema político: En el marco del fin del conflicto y con el objetivo de consolidar la paz, se removerán obstáculos y se harán los cambios institucionales para que los partidos y movimientos políticos obtengan y conserven la personería jurídica y en particular, para facilitar el tránsito de organizaciones y movimientos sociales con vocación política hacia su constitución como partidos o movimientos políticos. Para ello se impulsarán las siguientes medidas:
Desligar la obtención y conservación de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos del requisito de la superación de un umbral en las elecciones del Congreso y, en consecuencia, redefinir los requisitos para su constitución. Con el fin de evitar la proliferación indiscriminada de partidos y movimientos políticos, para el reconocimiento de la personería jurídica se exigirá como mínimo un número determinado de afiliados.
Diseñar un sistema de adquisición progresiva de derechos para partidos y movimientos políticos, según su desempeño electoral en los ámbitos municipal, departamental y nacional. El nuevo régimen conservará los requisitos en materia de votos en las elecciones de Senado y/o Cámara de Representantes por las circunscripciones ordinarias actualmente existentes para la adquisición de la totalidad de los derechos a financiación, acceso a medios y a inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección popular.
El sistema incorporará un régimen de transición por 8 años, incluyendo financiación y divulgación de programas, para promover y estimular los nuevos partidos y movimientos políticos de alcance nacional que irrumpan por primera vez en el escenario político, así como a otros que habiendo tenido representación en el Congreso la hubieran perdido”. (Negrillas fuera del texto primigenio)
Del contenido de esta disposición está claro que lo que se pretende es desligar el requisito del umbral para el reconocimiento de la personería jurídica y de esta manera facilitar el tránsito de organizaciones y movimientos sociales con vocación política hacia su constitución como partidos o movimientos políticos que ostenten dicha calidad. Del tenor literal de la norma, no se desprende que el umbral deba desaparecer del ordenamiento jurídico, solo que éste debe ser desligado o, mejor aún, no debe ser el requisito fundante para el otorgamiento de la personería jurídica, ello con el fin de otorgar mayores accesos a las organizaciones minoritarias. Sin embargo, la norma proveniente de los acuerdos de paz, acepta que dicha medida no puede ser constitutiva de la creación indiscriminada o proliferación de partidos y movimientos políticos, por ende a nivel propositivo menciona que para tal fin se exigirá un número mínimo de afiliados para cada colectividad.
2.4.1 Es suma, la teleología normativa del acuerdo, es acabar con las barreras que puedan persistir en el ordenamiento jurídico para que las colectividades políticas accedan conforme la regla superior consagrada en el artículo 40, a participar en las contiendas electorales, situación que prima facie se cree superada desligando el umbral del otorgamiento de la personería jurídica.
2.4.2 No obstante ello, del análisis sistemático de la proposición establecida en el acuerdo, éste busca lograr un equilibrio entre el acceso a los cargos de elección popular de los partidos y movimientos políticos mayoritarios con las nuevas organizaciones, pero sin dejar de lado el fortalecimiento de las organizaciones políticas. En razón de ellos señala que tal atributo dependerá del número de afiliados que ésta tenga en sus bases de datos.
2.4.3 Sin embargo, dicho precepto contempla una teleología similar a la señalada en los Actos Legislativos 1 y 2 de 2003 y 2009 respectivamente, en las cuales se estudió el fenómeno de organizaciones políticas que sin ninguna finalidad democrática lo que impidió el fortalecimiento de la democracia participativa y su fin expansivo. De cara a ello, se puede deducir luego de un análisis ponderado de las condiciones socio-políticas del país, el legislador encuentre necesario el mantenimiento del umbral en las condiciones actuales que establece el artículo 108 Superior, por cuanto puede advertís que su supresión para fines de otorgar personería jurídica le resta el efecto útil de la norma en lo atinente al fortalecimiento de las organizaciones y, por el contrario, ligar el otorgamiento a una lista de afiliados limite de mayor manera la consecución de dicho fin.
2.5 Es por ello que, para la implementación de dicho acuerdo general el Acto Legislativo 02 de 2017, “Por medio del cual se adiciona un artículo transitorio a la Constitución con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica al Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” dispuso un nuevo artículo transitorio en la Constitución Política, cuyo inciso segundo reza:
“Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final.”
2.6 De lo anterior, fácilmente se deduce que las normas deben consultar el espíritu del acuerdo, el cual no es otro diferente a lograr el acceso de las agrupaciones políticas sin que se desproteja la democracia con la aparición desproporcionada de colectividades que busquen la creación de caudillismos en las regiones. Es decir, el contenido normativo prevé que la implementación del Acuerdo deberá realizarse de forma coherente e integral por parte de las instituciones estatales, lo que no constituye una obligación directa e inmediata para el Estado Colombiano de eliminar de plano el sistema de umbral fijado en las reformas políticas de 2003 y 2009, pues ello implicaría un retroceso en el proceso de evitar la fragmentación partidista y la existencia de gobiernos minoritarios, como se previó en las exposiciones de motivos de las reformas constitucionales de 2003 y 2009.
2.7 En este punto se debe enfatizar que una mayor participación no necesariamente conlleva a una mejor democracia, pues en la actualidad muchas agrupaciones que no ostentan el atributo jurídico de la personería pueden participar en las contiendas electorales y dependiendo de su votación lograr la personería si es su decisión, hecho que debe ser ponderado por el legislador al momento de decidir si el establecimiento de un umbral es una talanquera conforme el espíritu del acuerdo o si por el contrario, esta medida fortalece su finalidad.
2.7.1 Para el efecto se torna indispensable realizar una ponderación de los valores en juego, esto es, entre la posibilidad de establecer medidas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores sin que estas directrices conlleven a facilitar la fragmentación partidista, pues, se reitera, ello implicaría volver al sistema de múltiples minorías, listas unipersonales y elección de parlamentarios por residuo, como existía con anterioridad al 2003.
2.7.2 De lo expuesto, es dable concluir que constituye un deber del Estado Colombiano, el de eliminar todas y cada una de las barreras existentes en la actualidad para el acceso a los cargos de elección popular, pero así mismo se erige como una obligación el fortalecimiento de la democracia, imperativo que no necesariamente debe ser objeto de una nueva reforma dado que como se señaló de manera pretérita en la actualidad el Acuerdo y el artículo 108 Superior, buscan un mismo fin democrático.
2.7.3 De todo lo anterior se concluye que no es un imperativo para el Estado reformar todas las instituciones que actualmente rigen el derecho electoral toda vez que se debe consultar el fin que éstas buscan, el cual partió de la experiencia del legislador teniendo como fundamento el contexto histórico, político, social, de conflicto, geopolítico y demás, para lograr la garantía de igualdad de condiciones en el acceso a los cargos de elección popular, asumir una postura contraria implicaría que en la actualidad dicho preceptos desconocen el artículo 40 superior.
En los anteriores términos, dejo expuesto mi aclaración de voto.
Fecha ut supra,
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – La demanda debió adecuarse al medio de control de nulidad simple
Considero que el asunto no podía tramitarse bajo el procedimiento de la nulidad y restablecimiento del derecho y menos invocando el artículo 149-2 del CPACA, bajo el derrotero de que es un acto sin cuantía, por cuanto aunque tengo el convencimiento de la posibilidad de un restablecimiento dentro del medio de control de la nulidad electoral, la Sala de tiempo muy atrás se ha decantado por la inviabilidad de restablecimiento del derecho de los temas electorales y no ha encontrado eco en dar vía a acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, llegando a lo sumo a decir que tácitamente puede acontecer un restablecimiento político automático. A mi juicio, y por respeto a la posición tradicional de la Sala, debió pedirse la adecuación a la acción de nulidad “simple” o de contenido electoral, que fue mi sugerencia, pues no se afectaba el trámite y lo cierto es que aunque bajo el ropaje de la acción de plena jurisdicción –término en desuso- el fallo encontró que la demanda fue interpuesta oportunamente.
PERSONERÍA JURÍDICA – Para su reconocimiento han debido estudiarse las normas de aplicación pertinente para todo el conglomerado de los grupos políticos
En mi parecer, considero que no resultaba lógico que del mismo Acuerdo de Paz se permitiera a un grupo estructurarse como partido, pero en contraste a los demás decirles que no era viable exigir la aplicación del mismo para fines partidistas electorales porque no se ha implementado la ley respectiva, pues dentro de las directrices generales del Acuerdo de Paz es claro el propósito de apertura y disposición para los participantes políticos, a todo el conglomerado político. (…). Por lo que ese contenido en la forma como está redactado no es aplicable en forma exclusiva a los miembros ex FARC, se advierte generalísima y aplicable a todos los actores electorales (léase grupos). (…). [L]o que sugerí al momento del debate del entonces proyecto, hoy sentencia, es que más allá de todo el estudio que se hace respecto de lo acontecido con las FARC, la decisión de fondo se enfocara en las normas que son de aplicación para todo el conglomerado de los grupos políticos, de cara a la situación de Laicos por Colombia, excediendo así el mero argumento de la falta el desarrollo legal para implementarlo, en tanto el Acuerdo de Paz, en su literalidad, lo que indica que es el Gobierno es quien se encarga de implementar las medidas acordadas y analizar el acto del CNE con base en las normas que le podían ser de aplicación pertinente en la materia de reconocimiento de personería, porque así como se evidencia de la manera cómo se estudió el asunto, pareciera que hay un sesgo de favorecimiento exclusivo a las FARC, dejando de lado al resto de los grupos políticos, por ejemplo, a aquellos que no alcanzaron el umbral del acto legislativo 01 de 2003, que parece ser, según el demandante, el supuesto fáctico de Laicos por Colombia.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
ACLARACIÓN DE VOTO LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-28-000-2018-00114-00
Actor: ORGANIZACIÓN CÍVICO POLÍTICA LAICOS POR COLOMBIA y ANDRÉS FORERO MEDINA
Demandado: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - ACLARACIÓN DE VOTO AL FALLO – Acción debida y aplicación del Acuerdo de Paz
ACLARACIÓN DE VOTO
Con el acostumbrado respeto, he de manifestar que aunque comparto la decisión tomada en el presente caso, de negar las pretensiones de la demanda, me permito aclarar el voto, frente a aspectos muy puntuales de las consideraciones referente al medio de control o acción debida y a la aplicación del Acuerdo de Paz a grupos políticos diferentes a las FARC EP, que expuse ante la Sala al momento de estudiar el entonces proyecto de fallo.
1. La debida acción o medio de control
Considero que el asunto no podía tramitarse bajo el procedimiento de la nulidad y restablecimiento del derecho y menos invocando el artículo 149-2 del CPACA, bajo el derrotero de que es un acto sin cuantía, por cuanto aunque tengo el convencimiento de la posibilidad de un restablecimiento dentro del medio de control de la nulidad electoral, la Sala de tiempo muy atrás se ha decantado por la inviabilidad de restablecimiento del derecho de los temas electorales y no ha encontrado eco en dar vía a acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, llegando a lo sumo a decir que tácitamente puede acontecer un restablecimiento político automático.
A mi juicio, y por respeto a la posición tradicional de la Sala, debió pedirse la adecuación a la acción de nulidad “simple” o de contenido electoral, que fue mi sugerencia, pues no se afectaba el trámite y lo cierto es que aunque bajo el ropaje de la acción de plena jurisdicción –término en desuso- el fallo encontró que la demanda fue interpuesta oportunamente. He de recordar que uno de los pronunciamientos similares como fue el del proceso atinente a la Unión Patriótica fue visto desde la arista de la nulidad de contenido electoral, bajo los parámetros y derroteros de la simple nulidad, pero no de la acción de restablecimiento del derecho.
2. El tema de fondo
En mi parecer, considero que no resultaba lógico que del mismo Acuerdo de Paz se permitiera a un grupo estructurarse como partido, pero en contraste a los demás decirles que no era viable exigir la aplicación del mismo para fines partidistas electorales porque no se ha implementado la ley respectiva, pues dentro de las directrices generales del Acuerdo de Paz es claro el propósito de apertura y disposición para los participantes políticos, a todo el conglomerado político y que el fallo literalmente menciona así: “1) Replantear los requisitos para la constitución y conservación de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos, los cuales no podían estar supeditados al umbral en las elecciones del Congreso; 2) La exigencia de un número mínimo de afiliados a los movimientos y partidos políticos para lograr la personería jurídica; 3) Diseñar un sistema de adquisición progresiva de derechos para partidos y movimientos políticos, según su desempeño electoral en los diferentes ámbitos territoriales; 4) Mantener los requisitos en cuanto a los votos en las elecciones de Senado y/o Cámara de Representantes por las circunscripciones ordinarias para efectos de adquirir derechos de financiación, medios e inscripción de candidatos; 5) un régimen de transición de 8 años, lo que incluye la financiación y divulgación de programas, para promover y estimular los nuevos partidos y movimientos políticos de alcance nacional que inicien por primera vez en el ruedo político, así como aquellos que, habiendo tenido representación en el Congreso la hubieran perdido”.
Por lo que ese contenido en la forma como está redactado no es aplicable en forma exclusiva a los miembros ex FARC, se advierte generalísima y aplicable a todos los actores electorales (léase grupos).
No desconozco, y en eso estuve de acuerdo, el análisis diferencial que se hace respecto a las FARC EP, en tanto incluso cuenta con el Acto Legislativo 03 de 2017 que le reconoció personería y reguló toda su entrada y permanencia en lo político como partido que es actualmente, pero lo que sugerí al momento del debate del entonces proyecto, hoy sentencia, es que más allá de todo el estudio que se hace respecto de lo acontencido con las FARC, la decisión de fondo se enfocara en las normas que son de aplicación para todo el conglomerado de los grupos políticos, de cara a la situación de Laicos por Colombia, excediendo así el mero argumento de la falta el desarrollo legal para implementarlo, en tanto el Acuerdo de Paz, en su literalidad, lo que indica que es el Gobierno es quien se encarga de implementar las medidas acordadas y analizar el acto del CNE con base en las normas que le podían ser de aplicación pertinente en la materia de reconocimiento de personería, porque así como se evidencia de la manera cómo se estudió el asunto, pareciera que hay un sesgo de favorecimiento exclusivo a las FARC, dejando de lado al resto de los grupos políticos, por ejemplo, a aquellos que no alcanzaron el umbral del acto legislativo 01 de 2003, que parece ser, según el demandante, el supuesto fáctico de Laicos por Colombia.
En los términos anteriores dejo plasmada mi disidencia con la parte considerativa que a mi juicio dejó de estimar argumentativamente ciertos extremos muy útiles para aclarar la situación de la organización demandante, mas no con la decisión, con la que, itero, estuve de acuerdo.
Cordialmente,
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Magistrada
La demanda se presentó el 3 de septiembre de 2018. Folios 427 a 445 del cuaderno 3 del expediente. Folio 36 del expediente. Folio 454 del cuaderno 3 del expediente. Folios 92 a 94 del expediente. Folios 507 a 516 del cuaderno 3 del expediente. Artículo 129. Firma de providencias, conceptos, dictámenes, salvamentos de voto y aclaraciones de voto. Las providencias, conceptos o dictámenes del Consejo de Estado, o de sus salas, secciones, subsecciones, o de los Tribunales Administrativos, o de cualquiera de sus secciones, una vez acordados, deberán ser firmados por los miembros de la corporación que hubieran intervenido en su adopción, aún por los que hayan disentido. Al pie de la providencia, concepto o dictamen se dejará constancia de los Magistrados ausentes. Quienes participaron en las deliberaciones, pero no en la votación del proyecto, no tendrán derecho a votarlo. Los Magistrados discrepantes tendrán derecho a salvar o aclarar el voto. Para ese efecto, una vez firmada y notificada la providencia, concepto o dictamen, el expediente permanecerá en secretaría por el término común de cinco (5) días. La decisión, concepto o dictamen tendrá la fecha en que se adoptó. El salvamento o aclaración deberá ser firmado por su autor y se agregará al expediente. Si dentro del término legal el Magistrado discrepante no sustentare el salvamento o la aclaración de voto, sin justa causa, perderá este derecho.
“Artículo 2°. El artículo 108 de la Constitución Política quedará así: Artículo 108. El Consejo Nacional Electoral reconocerá personería jurídica a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. Estos podrán obtenerlas con votación no inferior al dos por ciento (2%) de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado. Las perderán si no consiguen ese porcentaje en las elecciones de las mismas Corporaciones Públicas. Se exceptúa el régimen excepcional que se estatuya en la ley para las circunscripciones de minorías, en las cuales bastará haber obtenido representación en el Congreso. (…)Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida podrán inscribir candidatos a elecciones sin requisito adicional alguno. Dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue. Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos. La ley determinará los requisitos de seriedad para la inscripción de candidatos. Los estatutos de los partidos y movimientos políticos regularán lo atinente a su régimen disciplinario interno. Los miembros de las Corporaciones Públicas elegidos por un mismo partido o movimiento político o ciudadano actuarán en ellas como bancada en los términos que señale la ley y de conformidad con las decisiones adoptadas democráticamente por estas. Los estatutos internos de los partidos y movimientos políticos determinarán los asuntos de conciencia respecto de los cuales no se aplicará este régimen y podrán establecer sanciones por la inobservancia de sus directrices por parte de los miembros de las bancadas, las cuales se fijarán gradualmente hasta la expulsión, y podrán incluir la pérdida del derecho de voto del congresista, diputado, concejal o edil por el resto del período para el cual fue elegido. Parágrafo transitorio 1º. Los partidos y movimientos políticos con Personería Jurídica reconocida actualmente y con representación en el Congreso, conservarán tal personería hasta las siguientes elecciones de Congreso que se realicen con posterioridad a la promulgación del presente Acto Legislativo, de cuyos resultados dependerá que la conserven de acuerdo con las reglas dispuestas en la Constitución.
Para efectos de participar en cualquiera de las elecciones que se realicen desde la entrada en vigencia de esta Reforma hasta las siguientes elecciones de Congreso, los partidos y movimientos políticos con representación en el Congreso podrán agruparse siempre que cumplan con los requisitos de votación exigidos en la presente Reforma para la obtención de las personerías jurídicas de los partidos y movimientos políticos y obtengan personería jurídica que reemplazará a la de quienes se agrupen. La nueva agrupación así constituida gozará de los beneficios y cumplirá las obligaciones, consagrados en la Constitución para los partidos y movimientos políticos en materia electoral. Parágrafo transitorio 2º. Un número plural de Senadores o Representantes a la Cámara, cuya sumatoria de votos en las pasadas elecciones de Congreso hayan obtenido más del dos por ciento (2%) de los votos válidos emitidos para Senado de la República en el Territorio Nacional, podrán solicitar el reconocimiento de la Personería jurídica de partido o movimiento político. Esta norma regirá por tres (3) meses a partir de su promulgación. Proyecto de Acto Legislativo Numero 03 de 2002. Senado. “Por el cual se adopta una reforma política constitucional” Publicado en Gaceta del Congreso No. 344 del 20 de Agosto de 2002. Pág 1 a 9
El Artículo 2° previó: El artículo 108 de la Constitución Política quedará así: El Consejo Nacional Electoral reconocerá Personería Jurídica a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. Estos podrán obtenerlas con votación no inferior al tres por ciento (3%) de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado. Las perderán si no consiguen ese porcentaje en las elecciones de las mismas Corporaciones Públicas. Se exceptúa el régimen excepcional que se estatuya en la ley para las circunscripciones de minorías étnicas y políticas, en las cuales bastará haber obtenido representación en el Congreso. También será causal de pérdida de la Personería Jurídica de los partidos y movimientos políticos si estos no celebran por lo menos durante cada dos (2) años convenciones que posibiliten a sus miembros influir en la toma de las decisiones más importantes de la organización política. Los Partidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica reconocida podrán inscribir candidatos a elecciones. Dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue. Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos. Toda inscripción de candidato incurso en causal de inhabilidad, será revocada por el Consejo Nacional Electoral con respeto al debido proceso. Los Estatutos de los Partidos y Movimientos Políticos regularán lo atinente a su Régimen Disciplinario Interno. Los miembros de las Corporaciones Públicas elegidos por un mismo Partido o Movimiento Político o grupo significativo de ciudadanos actuarán en ellas como bancada en los términos que señale la ley y de conformidad con las decisiones adoptadas democráticamente por estas. Los Estatutos Internos de los Partidos y Movimientos Políticos determinarán los asuntos de conciencia respecto de los cuales no se aplicará este régimen y podrán establecer sanciones por la inobservancia de sus directrices por parte de los miembros de las bancadas, las cuales se fijarán gradualmente hasta la expulsión, y podrán incluir la pérdida del derecho de voto del Congresista, Diputado, Concejal o Edil por el resto del período para el cual fue elegido. Los Partidos y Movimientos Políticos que habiendo obtenido su Personería Jurídica como producto de la circunscripción especial de minorías étnicas podrán avalar candidatos sin más requisitos que su afiliación a dicho partido, con una antelación no inferior a un año respecto a la fecha de la inscripción. NOTA:
Texto INEXEQUIBLE mediante Sentencia C-702 de 2010
Parágrafo Transitorio. Para las elecciones al Congreso de la República a celebrarse en 2010, el porcentaje a que se refiere el inciso primero del presente artículo será del dos por ciento (2%), y no se requerirá del requisito de inscripción con un año de antelación del que habla el inciso 8°. Sobre el particular ver Ley 130 de 1994 art. 3??, Ley 1475 de 2011 art. 28 y sentencia C-490 de 2011
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
Radicado: 11001-03-28-000-2018-00114-00
Actor: Organización Cívico Política Laicos por Colombia y otro
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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