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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2020-00093-00

Fecha
20 de enero de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2020-00093-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, promovida por el señor Diego Felipe Urrea Vanegas contra la Registraduría Nacional del Estado Civil. SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente. TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2020-00093-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

20 de enero de 2022

Radicado: 11001-03-28-000-2020-00093-00
Demandante: Diego Felipe Urrea Vanegas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 11001-03-28-000-2020-00093-00
Demandante: DIEGO FELIPE URREA VANEGAS
Demandado: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Tema: El período de inscripción para los cargos de presidente y
vicepresidente de la República. Vocación de aplicar
directamente las previsiones del Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Cumplidos los requisitos previstos en el artículo 182A del CPACA, la Sala procede
a dictar sentencia anticipada de única instancia dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 de la Ley
1437 de 2011, promovido por el señor Diego Felipe Urrea Vanegas contra la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.

1.1.1. Pretensiones.

El señor Diego Felipe Urrea Vanegas, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de
2011, formuló demanda en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil -
RNEC, en la cual formuló las siguientes pretensiones:

Declarar la nulidad de la respuesta RDE- DGE – 0638 de la Registraduría
Nacional del Estado Civil por ser expedido de forma irregular con infracción
en las normas en que debería fundarse por violación expresa de la
sentencia C160-17 de la Honorable Corte Constitucional y las demás
normas expuestas en esta demanda.

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Radicado: 11001-03-28-000-2020-00093-00
Demandante: Diego Felipe Urrea Vanegas

Declarar la nulidad de la respuesta RDE – 751 del 07 de abril de 2020 de
la Registraduría Nacional del Estado Civil por ser expedido de forma
irregular con infracción en las normas en que debería fundarse por
violación expresa de la sentencia C-160-17 de la Honorable Corte
Constitucional y las demás normas expuestas en esta demanda.

Restablecer los derechos humanos, políticos y democráticos adquiridos
por la organización política MOVIMIENTO CIUDADANO INDIGNADOS
COLOMBIA con la inscripción de un (1) candidato a la presidencia y uno
(1) a la vicepresidencia de la República de Colombia para el periodo 2022
– 2026 garantizando a nuestra organización política acceso igualitario a
medios de comunicación y financiación estatal en la campaña electoral a
la presidencia periodo 2022-2026.

1.1.2 Fundamentos fácticos.

La parte actora sustentó la demanda en los siguientes hechos:

El 13 de diciembre de 2016, la organización política que representa, denominada
“Movimiento Ciudadano Indignados por Colombia”, inscribió ante el Consejo
Nacional Electoral un comité de campaña por el “SI” en el marco del plebiscito
para la refrendación del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera”, obteniendo esa opción un total de
6.363.989 votos.

La participación política de la citada colectividad fue reconocida por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-160 de 2017, que en uno de sus apartes hizo
alusión a que “El día 2 de octubre de 2016 se realizó la votación del plebiscito en
cuya campaña participaron, debidamente inscritos ante el Consejo Nacional
Electoral, las siguientes organizaciones sociales y políticas como promotores de
las opciones del NO y del SÍ: (…) 61 MOVIMIENTO CIUDADANO INDIGNADOS
COLOMBIA”.

El 3 de febrero de 2020, la referida organización solicitó al Consejo Nacional
Electoral “la inscripción de un candidato a la presidencia de la República de
Colombia del movimiento político Indignados Colombia para las elecciones del
año 2022”. Sin embargo, esta entidad remitió por competencia dicha petición a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, por cuanto consideró que la resolución
del asunto le correspondía a este último organismo.

La Registraduría Nacional del Estado Civil dio respuesta a la solicitud mediante
oficio RDE- DGE – 0638 sin fecha, advirtiendo de entrada la ausencia personería
jurídica reconocida al “Movimiento Ciudadano Indignados por Colombia”, razón
por la cual, le aclaró al peticionario que la inscripción del candidato presidencial

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podía hacerse a través de un grupo significativo de ciudadanos acreditando las
exigencias legales del caso. Y de otro lado, le precisó que de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 8º de la Ley 996 de 2005, “La inscripción de los
candidatos a la Presidencia de la República con su fórmula vicepresidencial se
iniciará con cuatro (4) meses de anterioridad a la fecha de votación de la primera
vuelta de la elección presidencial y, se podrá adelantar durante los treinta (30)
días siguientes”.

Frente a este último aspecto, le sugirió “estar atento a través de los medios de
comunicación, sobre la expedición del Calendario Electoral y demás
pronunciamientos que la Registraduría Nacional del Estado Civil emita para las
elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República que se realizarán en
el año 2022.”.

Inconforme con el contenido del oficio, el señor Diego Felipe Urrea Vanegas, a
través de correo electrónico remitido el 30 de marzo de 2020, interpuso en su
contra recurso de apelación, en el cual adujo que “La organización política
MOVIMIENTO CIUDADANO INDIGNADOS COLOMBIA, es conformada por
comunidades indígenas de todo el territorio nacional reconocidas como víctimas
del conflicto armado interno, minorías políticas, organizaciones ambientalistas y
estudiantes, quienes tenemos derechos humanos y fundamentales que se deben
proteger permitiendo la inscripción de un candidato a la presidencia de la
República de Colombia para el periodo 2022 – 2026 pues se encuentran en riesgo
nuestros derechos políticos adquiridos en el proceso de paz, (…)”.

Aclaró en el escrito impugnatorio que, “con el presente recurso de apelación
solicitamos respetuosamente tomar medidas transitorias urgentes de amparo de
estos derechos de cara a las elecciones presidenciales para el periodo 2022-
2026, es por esta razón que acudimos ante su despacho para que la Nación –
Registraduría Nacional del Estado Civil nos proteja los derechos humanos
políticos y democráticos, los derechos consagrados en el convenio 169 de la OIT,
además los derechos políticos de las minorías étnicas y políticas, a elegir y a ser
elegido, a la participación política y representación de las minorías étnicas y
políticas, al igual que el derecho a la participación electoral, a la igualdad, la
participación ciudadana, a la democracia y a la paz como el más preciado principio
constitucional de la organización política de Colombia.”

La Registraduría Nacional del Estado Civil resolvió el recurso de apelación
interpuesto a través del Oficio RDE – 751 de 7 de abril de 2020, en el cual explicó
al impugnante in extenso los siguientes aspectos: i) derecho de postulación de
candidaturas en Colombia; ii) requisitos para inscripción de candidaturas; iii) la
competencia de la registraduría en lo relativo a la inscripción de candidaturas para
las elecciones de presidente de la República y, iv) acciones que adelantará dicho

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órgano en cumplimiento de la Constitución Política y la ley en materia de
inscripción de candidaturas para elecciones de 2022.

Una vez hechas las anteriores reflexiones, le precisó al recurrente, a manera de
conclusión, que: “los ciudadanos que quieran ser candidatos a la Presidencia de
la República, deben cumplir con las calidades y requisitos constitucionales y
legales antes esbozados, y no se puede en ningún momento pretender obviar
alguna de las exigencias del ordenamiento jurídico. De igual manera, no existe en
la legislación colombiana medidas transitorias de inscripción de una candidatura
tal como lo pretende en su escrito presentado. (Subrayado pertenece al texto)”

Finalmente, el día 23 de septiembre de 2020, la parte actora solicitó a la
Procuraduría General de la Nación convocar a la Registraduría Nacional del
Estado Civil con el fin de surtir el trámite de conciliación prejudicial. Sin embargo,
la Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado, mediante acto de
fecha 29 de octubre de 2020, declaró que las pretensiones que sustentaban la
petición no eran susceptibles de conciliación, por tratarse de un asunto sin
contenido económico.

1.1.3 Las normas violadas y el concepto de violación.

La parte actora adujo que se incurrió en las causales de nulidad de “expedición
irregular” e “infracción a las normas en que debería fundarse”, en tanto, con los
actos acusados, la Registraduría Nacional del Estado Civil vulneró el “Acuerdo
Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera”, el Acto Legislativo 01 de 2016, los artículos 2º – haciendo énfasis en
el principio de autodeterminación, participación y soberanía del pueblo –, 13 y 40,
numeral 3º de la Constitución Política. Así mismo, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (artículo 23); la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (artículo 6º); el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (artículo 26) y el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (artículo 7.1).

Comenzó por recordar que la garantía de una amplia y efectiva participación
democrática de las organizaciones políticas que hicieron parte del “Acuerdo Final
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera” debe ser una prioridad en el marco de las próximas elecciones
presidenciales, por lo que se debe contar con la intervención de sus integrantes
a fin de promover la continuidad del mentado acuerdo de paz. De manera que no
se pueden desconocer los derechos adquiridos con la suscripción del mismo,
particularmente frente a las comunidades indígenas, afrodescendientes y demás
colectividades rurales pertenecientes a la organización política “Movimiento
Ciudadano Indignados Colombia”.

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Precisó que, antes de suscribirse el acuerdo de paz, la inscripción de un candidato
estaba supeditada a obtener previamente el reconocimiento de la personería
jurídica para un partido o movimiento político, sin embargo, esta regla electoral
resulta de imposible cumplimiento frente a las víctimas, minorías étnicas y
políticas, pues se trata de normas dirigidas a las organizaciones políticas
tradicionales, dificultándose así a los nuevos actores cumplir con esa exigencia.
Esto por cuanto estas últimas colectividades no cuentan con los recursos
económicos ni físicos para poder obtener tal reconocimiento, discriminándose así
a su organización política y de contera impidiendo el ejercicio del derecho a la
participación política.

En este sentido, el demandante advirtió que lo que se pretende mediante la
presente demanda es que se protejan y amparen los derechos políticos y
democráticos de las minorías étnicas y políticas con la finalidad de que se cumpla
con la obligación que contrajo el Estado colombiano en el numeral 2.3.1.1 del
acuerdo de paz, en el cual, en punto a las medidas para promover el acceso al
sistema político, dispuso: “El sistema incorporará un régimen de transición por 8
años, incluyendo financiación y divulgación de programas, para promover y
estimular los nuevos partidos y movimientos políticos de alcance nacional que
irrumpan por primera vez en el escenario político, así como a otros que habiendo
tenido representación en el Congreso la hubieran perdido”.

Resaltó que pese haberse dispuesto expresamente la citada garantía, su
implementación no ha sido posible debido a la omisión del Congreso de la
República en reglamentar el régimen de transición a que hace referencia el
numeral 2.3.1.1 anteriormente transcrito. Al respecto, advierte que tal
desatención, por parte del legislativo, pone en riesgo el ejercicio de los derechos
políticos de las minorías étnicas y políticas que requieren de un reconocimiento
legal para gozar de las prerrogativas consignadas en el acuerdo de paz.

Conforme a lo anterior, la parte actora insiste en que es necesario garantizar
plenamente la participación de la organización política “Movimiento Ciudadano
Indignados Colombia” con la inscripción de un candidato presidencial para el
periodo 2022-2026, por cuanto “la participación efectiva de personas, grupos y
organizaciones y partidos políticos de oposición en una sociedad democrática
debe ser garantizada por los estados, mediante normativas y prácticas adecuadas
que posibiliten su acceso real y efectivo a los diferentes espacios deliberativos en
términos igualitarios, pero también mediante la adopción de medidas necesarias
para garantizar su pleno ejercicio, atendiendo la situación de vulnerabilidad en
que se encuentran los integrantes de ciertos sectores o grupos sociales” (El
demandante extrae esta cita textual de la Sentencia del 26 de mayo de 2010,
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Manuel Cepeda Vargas Vs.
Colombia).

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Demandante: Diego Felipe Urrea Vanegas

Insistió en que los derechos políticos no pueden ser restringidos a los
movimientos políticos que nacieron con el acuerdo de paz, toda vez que, según
el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, emitido
el 18 de Abril de 2013, MP Luis Fernando Álvarez Jaramillo: “Las restricciones a
los derechos políticos deben estar expresamente previstas en la ley, no ser
discriminatorias y basarse en criterios razonables, de tal manera que atiendan un
propósito necesario, idóneo y útil para satisfacer un fin constitucionalmente
imperativo”.

1.1.1.4 Coadyuvantes de la parte actora.

Los ciudadanos Rubiel de Jesús Zapata Quintero y José Alfonso Caicedo
Cárdenas, en calidad de coadyuvantes de la parte actora, respaldaron el ejercicio
del presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para lo
cual simplemente precisaron que lo que se busca a través del mismo es que se
proteja “el derecho a participar en las elecciones de 2022 e iniciar un período de
transición para la obtención de la personería jurídica”.

1.1.2 Contestación de la demanda por parte de la Registraduría Nacional del
Estado Civil.

Se deja constancia que, a través de auto del 13 de septiembre de 2021, se tuvo
por no contestada la demanda por parte de la Registraduría Nacional del Estado
Civil; providencia que fue objeto de recurso de reposición, el cual fue desatado
desfavorablemente por medio de auto del 27 de octubre de 2021. Conforme a lo
anterior, no se emitirá pronunciamiento relacionado con las pruebas allegadas
con el citado escrito.

2. Trámite Procesal.

Se profirieron las siguientes providencias: i) auto del 24 de noviembre de 2020,
mediante el cual se inadmitió la demanda; ii) auto del 14 de abril de 2021, que
admitió la demanda, una vez subsanados los defectos; iii) auto del 19 de agosto
de 2021, en el que se solicitó a la Secretaría de la Sección certificar el recibido de
la contestación de la demanda por parte de la Registraduría Nacional del Estado
Civil; iv) auto del 13 de septiembre de 2021, que dio por no contestada la
demanda; v) auto del 27 de octubre de 2021, en el que se dispuso no reponer la
decisión referenciada en el numeral anterior; vi) auto del 24 de noviembre de
2021, a través del cual se da trámite a la figura de la sentencia anticipada1.

1 En esta providencia se fijó el litigio así: “determinar, a partir de las censuras referenciadas en los

antecedentes de esta providencia, si los actos expedidos por la Registraduría Nacional del Estado
Civil, se encuentran incursos en los vicios de nulidad por “expedición irregular” e “infracción a las

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3. Alegatos de conclusión.

3.1 Demandante.

El demandante presentó sus alegatos de conclusión2, en los cuales hizo las
siguientes precisiones adicionales a los argumentos expuestos en el libelo inicial:

Afirmó que no reconocer la fuerza vinculante del capítulo de participación política
del acuerdo de paz vulnera el principio de legalidad de los actos administrativos,
en cuanto las decisiones demandadas desconocieron los principios y reglas del
Estado social y democrático de derecho, los artículos 1, 3, 40, 107 y 108 de la
Constitución, los precedentes contenidos en las sentencias de la Corte
Constitucional SU-150 de 2021 y SU-257 de 2021, otorgándosele a esta última
efectos inter comunis; de igual forma se vulneran los derechos a elegir y ser
elegido, a la participación democrática a constituir movimientos políticos sin
limitación alguna, a la igualdad, justicia transicional y garantía de no repetición de
las víctimas del conflicto armado en Colombia.

Concluyó que la Registraduría Nacional del Estado Civil impidió que el movimiento
político “Indignados Colombia” ingresará al régimen de transición que trajo
consigo el numeral 2.3.1.1 del Acuerdo de Paz, lo que los sitúa en condición de
desigualdad en la contienda electoral del año 2022.

3.2 Registraduría Nacional del Estado Civil.

La apoderada de la Registraduría Nacional del Estado Civil presentó sus alegatos
de conclusión3, en los que esbozó los siguientes argumentos:

Afirmó que de conformidad con las pruebas aportadas al proceso, la Registraduría
Nacional del Estado Civil no le ha truncado al demandante ni a la agrupación que
representa la posibilidad de inscribirse como candidato a las elecciones de
presidente y vicepresidente de la República en 2022, pues lo único que hizo la
entidad fue explicar al peticionario el proceso de inscripción y la oportunidad legal
para hacerlo. En este sentido, resaltó que al demandante se le indicó el
procedimiento consagrado en la Constitución Política (artículos 107 y 108) para
el efecto deseado, por tanto, concluye la apoderada, que no se trató de una
decisión violatoria de derechos o discriminatoria, sino que la misma se ciñó a la

normas en que debería fundarse”, por no dar trámite a la inscripción de un (1) candidato a la
presidencia de la República de Colombia y uno (1) a la vicepresidencia en representación de la
colectividad llamada “Movimiento Ciudadano Indignados Colombia”, con el fin de participar en las
próximas elecciones presidenciales que se celebrarán el 29 de mayo de 2022.”
2
Anotación No. 58 del sistema SAMAI.
3
Anotación No. 57 del sistema SAMAI.

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norma.

De otro lado, precisó que la inscripción de candidatos se viene adelantando de
conformidad con lo estipulado en el artículo 8º de la Ley 996 de 2002 en
concordancia con lo establecido por el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 y demás
normas aplicables. Particularmente, en estricto acatamiento a la Resolución No.
4371 del 18 de mayo de 2021, por medio de la cual se fija, por parte del señor
registrador nacional del estado civil, el calendario electoral para las elecciones de
presidente y vicepresidente de la República (primera vuelta), para el período
constitucional 2022 - 2026.

Resaltó que en la legislación colombiana no existen medidas transitorias que
permitan la inscripción de una candidatura con anterioridad a los plazos señalados
en la ley, que es lo realmente pretendido por la parte demandante. Bajo esta
premisa, concluyó que en el sub examine operó la figura de la sustracción de
materia, toda vez que, al expedirse la Resolución No. 4371 del 18 de mayo de
2021, desaparecieron los supuestos que motivaron a la parte actora acudir a la
jurisdicción.

4. Concepto del Ministerio Público.

La procuradora séptima delegada ante la Sección Quinta de esta corporación,
solicitó se nieguen las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta para ello
los siguientes argumentos:

Una vez efectuado un estudio de la normatividad y jurisprudencia que rige el caso
objeto de estudio, la agente del Ministerio Público precisó que, frente al
“Movimiento Ciudadano Indignados Colombia” se presentan dos situaciones: i)
No es un partido o movimiento político al que se le haya reconocido personería
jurídica por parte del Consejo Nacional Electoral; por ende, al no contar con dicho
atributo, no es posible que de conformidad con las normas constitucionales y
legales pueda inscribir candidato/a para la presidencia de la República en los
próximos comicios que se celebrarán el 29 de mayo de 2022. Y ii) La inscripción
de candidatos para elecciones por parte de grupos significativos de ciudadanos
tiene regulación expresa en los artículos 108 de la Constitución Política, 9 de la
Ley 130 de 1994, 8 de la ley 996 de 2005 y en el 28 de la Ley 1475 de 2011.

Acorde con lo anterior, concluyó que no resulta plausible la inscripción solicitada
por el demandante, en razón a que la organización política “Movimiento
Ciudadano Indignados Colombia”, como su nombre lo indica, es un movimiento o
grupo de ciudadanos y no constituye minorías étnicas o políticas - como
argumenta el actor -, las cuales cuentan con una circunscripción especial en la
Cámara de Representantes de acuerdo con el artículo 176 Superior,

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reglamentado por la Ley 649 de 2001 (Afrodescendientes), y una circunscripción
Nacional indígena a Senado de la República (2 Senadores ) y otra a Cámara de
Representantes (1 Representante). Todos estos privilegios siempre bajo el
imperio de las normas constitucionales y legales que específicamente regulan el
ejercicio del derecho de postulación en dichas circunscripciones electorales
especiales.

Aunado a lo anterior, indicó que el demandante no acreditó en el sub examine
que las comunidades indígenas y afrodescendientes que, de acuerdo con su
dicho, pertenecen a la colectividad que representa, sean miembros de dichas
comunidades; esto es, que se encuentren avalados previamente por una
organización inscrita ante la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del
Ministerio del Interior o el certificado de la respectiva organización indígena
refrendado por el mencionado Ministerio.

Concluye la vista fiscal que al tratarse el “Movimiento Ciudadano Indignados
Colombia” de un grupo de ciudadanos que no cuenta con personería jurídica,
necesariamente deben acreditar el respaldo popular mediante la recolección de
firmas de apoyo a la candidatura presidencial, convirtiéndose en un grupo
significativo de ciudadanos y así poder ejercer los derechos de postulación, que
se concretan en la inscripción de candidatos (as), como claramente lo disponen
las normas constitucionales y legales para tal efecto.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

De conformidad con lo establecido en el numeral 2° del artículo 149 de la Ley
1437 de 20114 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, proferido por la Sala Plena
del Consejo de Estado, la Sección Quinta es competente para emitir
pronunciamiento de fondo en única instancia en el presente proceso.

2. Los actos acusados.

Oficio RDE–DGE–0638 sin fecha, expedido por la Registraduría Nacional del
Estado Civil, en el que no se accedió a la inscripción de candidatos a la
presidencia y vicepresidencia de la República, solicitada por la parte actora.

4 Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por
intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de
trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (…) 2. De
los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en los cuales se
controviertan actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional.

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Oficio RDE – 751 de 7 de abril de 2020, mediante el cual, la Registraduría
Nacional del Estado Civil resolvió el recurso de apelación interpuesto por el
peticionario, en el sentido de ratificar su decisión de no poder inscribir candidatos
a las referidas dignidades.

3. Problema jurídico.

Conforme con la fijación del litigio que se efectuó en el auto del 24 de noviembre
de 2021, en el que se dio aplicación a la figura de la sentencia anticipada,
corresponde a la Sala determinar, si los actos expedidos por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, se encuentran incursos en los vicios de nulidad por
“expedición irregular” e “infracción a las normas en que debería fundarse”, por no
inscribir los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República que
representarían a la colectividad llamada “Movimiento Ciudadano Indignados
Colombia”, con el fin de participar en las próximas elecciones presidenciales que
se celebrarán el 29 de mayo de 2022.

Con el propósito de resolver estos cuestionamientos, previamente la Sala hará un
breve esbozo frente a: i) El período de inscripción para los cargos de presidente
y vicepresidente de la República y, ii) Aplicación directa del Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Una
vez abordados estos tópicos, se emitirá pronunciamiento frente al caso concreto.

4. Formalidades legales relacionadas con el proceso de inscripción para los
cargos de presidente y vicepresidente de la República.

El ordenamiento constitucional colombiano consagra el derecho a participar en la
conformación, ejercicio y control del poder político, como clara expresión de la
democracia participativa (Artículo 40 CP). Esta potestad subjetiva se traduce a
través del derecho a: i) elegir y ser elegido, ii) tomar parte en elecciones,
plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación
democrática, iii) constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin
limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y
programas, iv) revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que
establecen la Constitución y la ley, v) tener iniciativa en las corporaciones
públicas, vi) interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la
ley y, vii) acceder al desempeño de funciones y cargos públicos.

En punto al derecho a ser elegido, el constituyente contempló en el artículo 108
superior que: “Los Partidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica
reconocida podrán inscribir candidatos a elecciones”; a su vez, otorgó dicha
garantía esencial a otras colectividades al establecer de igual forma que: “Los
movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán

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inscribir candidatos”. De esta manera, desde el texto superior se pretendió dotar
de eficacia material al derecho que tiene todo ciudadano de acceder a los
diferentes órganos que conforman el poder político, otorgándole a este la
posibilidad de inscribirse ante la autoridad electoral para que de forma libre y
espontánea opte por el cargo que pretenda ocupar.

Desde luego, el ejercicio de dicha prerrogativa no es absoluta, en razón a que la
citada norma constitucional condiciona la postulación ciudadana, bajo el
entendido que la misma se debe efectuar, bien sea con el aval de un partido o
movimiento político, o con el respaldo de un movimiento social o grupo
significativo de ciudadanos en los términos exigidos por el legislador. Esto sin
dejar de lado que el aspirante debe acreditar el cumplimiento de los requisitos
legales para el cargo conforme a la ley; la estricta sujeción a las normas
estatutarias atinentes a esa fase de iniciación política; no estar incurso en las
causales de inhabilidad que se han estructurado para cada una de las dignidades
y, además, someterse a las formalidades propias del certamen electoral.

Frente a este último aspecto, resulta menester recordar que los procesos
electorales tienen como característica principal la preclusividad, en cuanto desde
el inicio se conoce la duración de cada una de las etapas que lo componen, de
manera que el aspirante y la colectividad que lo avala o apoya tienen absoluta
certeza en punto a los plazos que habilita la autoridad electoral, en cumplimiento
de la ley, para llevar a cabo, por ejemplo: i) la inscripción de candidatos; ii) la
modificación de dicha inscripción; iii) los actos de propaganda electoral; iv) la
postulación de sus testigos electorales.

En el caso particular de las elecciones organizadas para elegir al presidente y
vicepresidente de la República, la Ley Estatutaria 996 de 24 de noviembre de
2005 “Por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la
República, de conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política
de Colombia, y de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004,
y se dictan otras disposiciones.”, establece con claridad en su artículo 8º cuál es
el período que tiene los interesados para inscribirse a las citadas dignidades, así:

ARTÍCULO 8o. PERÍODO DE INSCRIPCIÓN A LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA. La inscripción de los candidatos a la Presidencia de la República
con su fórmula vicepresidencial se iniciará con cuatro (4) meses de anterioridad a
la fecha de votación de la primera vuelta de la elección presidencial y, se podrá
adelantar durante los treinta (30) días siguientes.

Las inscripciones podrán modificarse dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la fecha de cierre de la inscripción.

PARÁGRAFO. La Registraduría Nacional del Estado Civil reglamentará la
materia.

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La norma transcrita, fue objeto de estudio previo de constitucionalidad, por parte
de la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-1135 de 2005, en la que
precisó:

(…) el artículo 8° bajo examen no puede considerarse exequible, sino en el
entendido según el cual cuando los partidos o movimientos políticos opten por
escoger candidatos de conformidad con el inciso tercero del artículo 107 de la
Constitución, se aplicará para la inscripción del candidato el término consagrado
en las normas electorales vigentes, normas que a la fecha de la presente decisión
están contenidas en el artículo 88 del Decreto 2241 de 1986 o Código Electoral,
modificado por el artículo 4° de la Ley 62 de 1988, en armonía con el artículo 1°
de la Resolución 1579 de 2005 emanada de la Registraduría Nacional del Estado
Civil, que disponen que el término para la inscripción de candidatos a la
Presidencia de la República, vence a las seis (6) de la tarde el primer lunes del
correspondiente mes de abril.

Acorde con lo anterior, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del artículo
8º de la que posteriormente sería la Ley 996 de 2005, bajo el entendido que,
cuando los partidos o movimientos políticos opten por escoger candidatos de
conformidad con el inciso tercero del artículo 107 de la Constitución 5 – antes de
la modificación de que fue objeto por parte del Acto Legislativo 01 de 2009 –, esto
es, a través de una consulta popular que coincida con las elecciones a
corporaciones públicas, se aplicará para la inscripción del candidato, el término
preclusivo consagrado en las normas electorales vigentes, que actualmente
disponen que dicho plazo vence a las seis (6) de la tarde el primer lunes del
correspondiente mes de abril (Artículo 88 del Decreto 2241 de 1986). Esto sin
perjuicio que dicha consulta quiera hacerse en fecha distinta, precisa la Alta Corte.

Así entonces, para el caso de las elecciones que se organizan con el fin de elegir
presidente y vicepresidente de la República, el ordenamiento jurídico colombiano
prevé el plazo que tienen los partidos o movimientos políticos y las organizaciones
ciudadanas para inscribir a sus candidatos (Art. 8 de la Ley 996 de 2005). En este
sentido, el establecimiento de ese elemento temporal para este tipo de
certámenes democráticos dota de contenido el derecho a ser elegido, en cuanto,
de una parte, efectiviza tal garantía al otorgar absoluta certeza en relación con el
momento en que el ciudadano – a través de su colectividad – puede ejercerla
(enfoque subjetivo del derecho); y de otro lado, sirve de instrumento para que el

5 ARTÍCULO 107. (…) Los partidos y movimientos políticos se organizarán democráticamente.

Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos podrán celebrar consultas
populares o internas que coincidan o no con las elecciones a corporaciones públicas, de acuerdo
con lo previsto en sus estatutos. En el caso de las consultas populares se aplicarán las normas
sobre financiación y publicidad de campañas y acceso a los medios de comunicación del Estado,
que rigen para las elecciones ordinarias. Quien participe en las consultas de un partido o
movimiento político no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral.

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proceso electoral en sus diferentes etapas se lleve a cabo en estricto apego al
principio de transparencia (enfoque objetivo del derecho).

Ahora bien, no sobra precisar que el aspecto temporal al que se hizo referencia
en líneas anteriores no se erige como el único imperativo que de manera paritaria
deben acatar todos los aspirantes y sus colectividades al momento de formalizar
su inscripción. En efecto, los artículos 7º de la Ley 996 de 2005 y 28 de la Ley
1475 de 2011, contempla otras exigencias que se predican de los citados actores,
así:

ARTÍCULO 7o. DERECHO DE INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS A LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Los partidos y movimientos políticos con
personería jurídica, podrán inscribir, individualmente o en alianzas, candidato a la
Presidencia de la República. La inscripción deberá ser avalada para los mismos
efectos, por el respectivo representante legal del partido o movimiento.

Los movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos tendrán derecho
a inscribir candidato a la Presidencia de la República. Para estos efectos, dichos
movimientos y grupos acreditarán ante la Registraduría Nacional del Estado Civil,
un número de firmas equivalente al tres por ciento (3%) del número total de votos
válidos depositados en las anteriores elecciones a la Presidencia de la República.

Estas firmas deberán acreditarse ante la Registraduría General del Estado Civil
por lo menos treinta (30) días antes de iniciar el período de inscripción de
candidatos a la Presidencia de la República. Esta entidad deberá certificar el
número de firmas requerido ocho (8) días antes de iniciarse el citado período de
inscripción de candidatos.

(…)

ARTÍCULO 28. INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS. <Aparte subrayado de este
inciso CONDICIONALMENTE exequible> Los partidos y movimientos políticos
con personería jurídica podrán inscribir candidatos a cargos y corporaciones de
elección popular previa verificación del cumplimiento de las calidades y requisitos
de sus candidatos, así como de que no se encuentran incursos en causales de
inhabilidad o incompatibilidad. Dichos candidatos deberán ser escogidos
mediante procedimientos democráticos, de conformidad con sus estatutos. Las
listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular o
las que se sometan a consulta -exceptuando su resultado- deberán conformarse
por mínimo un 30% de uno de los géneros.

Los Partidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica podrán inscribir
candidatos y listas para toda clase de cargos y corporaciones de elección popular,
excepto para la elección de congresistas por las circunscripciones especiales de
minorías étnicas.

<Inciso 3. INEXEQUIBLE>

<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> Los candidatos de los grupos
significativos de ciudadanos serán inscritos por un comité integrado por tres (3)
ciudadanos, el cual deberá registrarse ante la correspondiente autoridad electoral

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cuando menos un (1) mes antes de la fecha de cierre de la respectiva inscripción
y, en todo caso, antes del inicio de la recolección de firmas de apoyo a la
candidatura o lista. Los nombres de los integrantes del Comité, así como la de los
candidatos que postulen, deberán figurar en el formulario de recolección de las
firmas de apoyo.

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que decidan
promover el voto en blanco y los comités independientes que se organicen para
el efecto, deberán inscribirse ante la autoridad electoral competente para recibir
la inscripción de candidatos, de listas o de la correspondiente iniciativa en los
mecanismos de participación ciudadana. A dichos promotores se les reconocerán,
en lo que fuere pertinente, los derechos y garantías que la ley establece para las
demás campañas electorales, incluida la reposición de gastos de campaña, hasta
el monto que previamente haya fijado el Consejo Nacional Electoral.

Así entonces, salta a la vista que la postulación política, además de hacerse
dentro de la oportunidad señalada en la ley, también impone el deber de acreditar
las demás exigencias que se leen de las normas anteriormente transcritas, cuyo
incumplimiento daría al traste con la legalidad de la inscripción. Desde luego, es
de notar que tales formalidades pueden variar bien se trate de un partido político
o de un grupo significativo de ciudadanos, distinción que si bien tiene sustento en
el origen de la candidatura en manera alguna despoja a esas colectividades de la
obligación de verificar los requisitos positivos y negativos de elegibilidad de sus
representantes6.

De esta manera, el desconocimiento de cualquiera de estos requisitos por parte
de un aspirante y/o su organización, generaría un desequilibrio en la contienda
electoral en detrimento de la igualdad que debe regir este tipo de procesos
eleccionarios, máxime cuando es la voluntad popular la que se vería defraudada
ante un tratamiento privilegiado o excepcional sin que así lo autorice la ley.

5. Aplicación directa del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y
la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Colombia se encuentra actualmente en el proceso de implementación del Acuerdo
Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera, que en su calidad de acuerdo especial, en los términos del artículo 3
común a los Convenios de Ginebra de 1949, no se incorporó automáticamente al
derecho interno, en tanto, sus partes pactaron que los compromisos alcanzados
en él se cumplirían de conformidad con las normas constitucionales, por vía de su
desarrollo normativo (punto 6.1.9).

6 Así lo precisó la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad del artículo 28 de la Ley

1475 de 2011, mediante sentencia C-490 de 2011.

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En este sentido, el Congreso de la República, obrando como poder constituyente
derivado, expidió el Acto Legislativo 02 del 2017, que adicionó a la Carta Política
un artículo transitorio con el propósito de darle estabilidad y seguridad jurídica al
acuerdo de paz, al menos, hasta la finalización de los tres periodos presidenciales
completos, posteriores a su firma, otorgándole la categoría de política pública
estatal, de rango superior, que debe servir como fuente de interpretación y
aplicación del derecho por parte de las autoridades, en el marco de sus
competencias.

Tal connotación instrumentalista del acuerdo pactado, ya había sido destacado
por la Corte Constitucional, por ejemplo, en la sentencia C-332 de 2017, en la que
se estudió el apego al texto constitucional de los artículos 1º, 2º, 3º y 5º del Acto
Legislativo No. 01 de 2016, mediante el cual se adoptaron “instrumentos jurídicos
para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo
Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera”. En dicha providencia se dijo lo siguiente:

“El Acuerdo Final ha sido caracterizado por la Corte como un acuerdo político,
fruto de la negociación entre el Gobierno y el grupo armado ilegal FARC-EP,
actualmente en proceso de desmovilización y reintegración a la vida civil. Por
ende, el Acuerdo carece de un valor normativo en sí mismo, por lo que su
aplicación concreta y con carácter vinculante para los demás poderes públicos,
diferentes al Presidente, así como para la sociedad en su conjunto, depende de
su implementación normativa.

Al respecto, en la decisión de la Corte que avaló la exequibilidad de la ley
estatutaria que convocó al plebiscito especial sobre el Acuerdo Final, se dejó
definido que dicho documento “debe obligatoriamente comprenderse como una
decisión del ejecutivo que contiene una política pública carente de naturaleza
normativa autónoma, la cual solo adquirirá en razón de un proceso de
implementación, en todo caso posterior y basado en el acatamiento de las
previsiones constitucionales sobre producción de normas jurídicas.” En esta
sentencia, además, la Corte puntualizó que la caracterización del Acuerdo Final
como un acto exclusivamente político “(…) hace que el resultado de (la
refrendación popular) no tenga un efecto normativo, esto es, de adición o
modificación de norma jurídica alguna, entre ellas la Constitución,” y que tales
“alteraciones al orden jurídico hacen parte de la etapa de implementación del
Acuerdo y deben cumplir con las condiciones que para la producción normativa
fija la Carta Política y, en especial, deben estar precedidas de un debate libre,
democrático y respetuoso de los derechos de las minorías.”(Subrayado fuera de
texto)

En armonía con lo anterior, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-630 de
2017, hizo énfasis en que, dada la carencia de valor normativo, el acuerdo final
de paz requería de un desarrollo legal en concreto. Así lo precisó la alta corte:

(…) el Acto Legislativo 02 de 2017 no tiene el propósito de incorporar
automáticamente el Acuerdo Final suscrito el 24 de noviembre de 2016 al

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ordenamiento jurídico interno, ni tampoco al bloque de constitucionalidad, sin
perjuicio de las disposiciones de DIH y de derechos humanos que inspiran parte
de los contenidos del Acuerdo, las cuales derivan su fuerza vinculante
directamente de los tratados y convenios internacionales de derechos humanos y
de derecho internacional humanitario suscritos por Colombia y ratificados por el
Congreso de la República, que las contienen. En ese sentido, a la luz de las
disposiciones del Acto Legislativo 02 de 2017, el Acuerdo Final requiere, de una
parte, su implementación normativa por los órganos competentes y de
conformidad con los procedimientos previstos en la Constitución para el
efecto, y de la otra, la adopción de diversas decisiones o medidas por parte
de las autoridades públicas orientadas a garantizar su desarrollo y
ejecución.

La circunstancia de que los contenidos del Acuerdo Final solo adquieran un valor
normativo a través de los medios ordinarios de producción jurídica, se debe a que
ello tiene profundas implicaciones desde una perspectiva constitucional. Que la
incorporación al ordenamiento jurídico de los resultados de la negociación
dependan de los actos de implementación y desarrollo no es una simple
formalidad, sino, al contrario, representa la sujeción (i) al principio democrático y
de legalidad, conforme al cual las autoridades públicas solo están sometidas al
ordenamiento jurídico; (ii) al principio de supremacía constitucional, en el sentido
de que el parámetro supremo de referencia para todas las autoridades y los
particulares es la Constitución; y, (iii) a la regla de separación de poderes, pues
los órganos del Estado deberán gozar de autonomía e independencia en el
ejercicio de sus funciones, sin perjuicio del deber de colaboración armónica para
el cumplimiento de los fines constitucionales.

En el mismo sentido se pronunció la Sección Quinta del Consejo de Estado,
mediante Sentencia del 14 de marzo de 2019, radicado 11001-03-28-000-2018-
00114-00, MP Carlos Enrique Moreno, en la que se precisó7:

(…) como se indicó en párrafos precedentes, las medidas que se pactaron para
la apertura democrática y la participación activa de todos los sectores
sociales en el escenario político del país, aun no gozan de un desarrollo
legal o normativo que permitan la aplicación directa de las mismas, lo que
impide que la autoridad demandada autorice partidos o movimientos políticos con
la flexibilización que propone el Acuerdo.

(…)

(…) hasta tanto no se regule por el legislador las medidas tendientes a
remover los obstáculos y hacer los cambios institucionales para que los
partidos y movimientos políticos obtengan y conserven su personería
jurídica, los requisitos y exigencias que prevén los artículos 107 y 108
constitucionales, deben acreditarse por todos aquellos que pretendan
establecerse como tal.

7 Esta postura, conforme a la cual se pregona la imposibilidad de aplicar de forma directa las

previsiones del Acuerdo de Paz, fue reiterada por esta sección en la sentencia del 23 de julio de
2020, MP Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-28-000-2019-00040-00.

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Recientemente, la Corte Constitucional, en sentencia SU-257 de 2021, estudió
una acción de tutela interpuesta en contra de una sentencia proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado en la que se negaron las pretensiones de
la demanda, tendientes a que se declarara la nulidad de los actos del Consejo
Nacional Electoral que no accedieron a reconocer personería jurídica al partido
político “Nuevo Liberalismo”. En el marco de dicha acción constitucional, la parte
actora censuró la falta de aplicación directa de unas previsiones del acuerdo de
paz que, según su tesis, permitirían el restablecimiento de dicha personería
jurídica, aspecto frente al cual la alta corte precisó:

323. La Sala considera, como lo estimó la Sección Quinta del Consejo de Estado,
que el contenido del Acuerdo Final en esta materia no implica una modificación
de las reglas constitucionales sobre el reconocimiento y la obtención de la
personería jurídica. Al respecto, estos instrumentos de participación y ampliación
democrática, no tienen como efecto derogar las reglas constitucionales
permanentes sobre la materia, por varias razones:

324. En primer lugar, porque el Acuerdo Final no tiene aplicación jurídica de
manera directa e inmediata. La implementación normativa de lo acordado supuso
la expedición del Acto Legislativo 01 de 2016, que buscaba, justamente, la
creación de herramientas para asegurar la implementación y desarrollo normativo
del Acuerdo. Para este propósito diseñó: 1) un procedimiento legislativo especial
abreviado y transitorio para la expedición de actos legislativos y leyes (art. 1); 2)
unas facultades especiales al Presidente de la República para expedir decretos
con fuerza de ley (art. 2). Para asegurar la vigencia de la Constitución y su
supremacía, la reforma también diseñó un control único y automático de
constitucionalidad, posterior a la entrada en vigencia del instrumento respectivo,
de conformidad con el literal k) del artículo 1 y 2 de este acto legislativo, y de
acuerdo con las reglas del Decreto 121 de 2017.
(…)
327. En la Sentencia C-630 de 2017, la Corte señaló que citado Acuerdo Final no
fue incorporado automáticamente al ordenamiento jurídico, tanto por la
eliminación del trámite que internamente le daba vida, como por los efectos que
fueron señalados en el propio Acuerdo, orientación conforme a la cual las Partes
pactaron que el Acuerdo Final no ingresaría al bloque de constitucionalidad ni se
incorporaría automáticamente a la Constitución ni al ordenamiento legal.

Así las cosas, la consecución del “Acuerdo Final Para la Terminación del Conflicto
y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, suscrito entre el Gobierno
Nacional y las FARC-EP, no solamente tuvo como finalidad “poner fin de una vez
y para siempre a los ciclos históricos de violencia”8, sino también “sentar las bases
de la paz”9. Significa esto último que dicho documento se erigió como el sustento
axiológico y deóntico que servirá de sustrato a las políticas públicas, las cuales
deben hacer honor a los altísimos compromisos que allí se pactaron.

8 Introducción al texto del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de

una Paz Estable y Duradera.
9 Ibidem.

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Sin embargo, la sola consolidación de un acuerdo político materializado en el
mentado documento en manera alguna transmuta los compromisos allí adquiridos
en normas jurídicas cuyo carácter vinculante deviene del respeto de las
formalidades que el legislador estructuró para su expedición. Tal como lo dijo la
Corte Constitucional, el “(…) acuerdo no se entiende incorporado
automáticamente al ordenamiento jurídico”10, de tal manera que las previsiones
allí contenidas no pueden hacerse exigibles de forma directa hasta tanto no se
implementen a través de preceptos jurídicos emanados de los órganos que
constitucional y democráticamente se erigieron para ejercer dicha atribución.

6. Caso concreto.

En el sub examine, el demandante pretende se declare la nulidad de los actos
acusados ya referenciados, y en consecuencia, se amparen los derechos políticos
y democráticos de las minorías étnicas y políticas con el fin de que se cumpla con
la obligación que contrajo el Estado colombiano en el numeral 2.3.1.1 del acuerdo
de paz, permitiéndose de esta manera al colectivo social denominado
“Movimiento Ciudadano Indignados por Colombia”, inscribir un candidato a la
presidencia y vicepresidencia de la República.

Para efectos de determinar el mérito de tales pretensiones, resulta menester
comenzar por traer a colación el numeral 2.3.1.1 del “Acuerdo Final Para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, en
el aparte pertinente que destaca el libelista:

2. Participación política: Apertura democrática para construir la paz.
(…)
2.3. Medidas efectivas para promover una mayor participación en la política
nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más
vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad
(…)
2.3.1.1. Medidas para promover el acceso al sistema político. En el marco del fin
del conflicto y con el objetivo de consolidar la paz, se removerán obstáculos y se
harán los cambios institucionales para que los partidos y movimientos políticos
obtengan y conserven la personería jurídica, y en particular para facilitar el tránsito
de organizaciones y movimientos sociales con vocación política hacia su
constitución como partidos o movimientos políticos. Para ello se impulsarán las
siguientes medidas:

(…)

• El sistema incorporará un régimen de transición por 8 años, incluyendo
financiación y divulgación de programas, para promover y estimular los nuevos
partidos y movimientos políticos de alcance nacional que irrumpan por primera
vez en el escenario político, así como a otros que habiendo tenido representación
en el Congreso la hubieran perdido. (Subrayas de la Sala)

10 Sentencia C-630 de 2017.

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En efecto, el aparte destacado se encuentra en el numeral segundo del texto del
acuerdo, el cual está dedicado al fortalecimiento de la representación para
avanzar en la apertura y cualificación del sistema político. En este punto, las
partes firmantes reconocieron la existencia de un déficit democrático en el país,
que profundiza y perpetúa las desigualdades socio-económicas de la población;
en consecuencia, acordaron impulsar las revisiones y ajustes institucionales
conducentes a una plena participación ciudadana en todos los sectores socio-
políticos, con el fin de avanzar hacia la paz.

Particularmente, en el numeral 2.3 se plantea la necesidad de llevar a cabo una
reforma del régimen electoral para promover el surgimiento de nuevas
agrupaciones políticas desde lo local y su participación en la contienda electoral
en igualdad de condiciones con los partidos políticos mayoritarios. Desde luego,
todas las actividades que deba desplegar el Estado colombiano para tal cometido
constituyen “compromisos”, más no “mandatos” o “imperativos legales”, por lo que
corresponde a los órganos competentes del andamiaje estatal producir e
incorporar al ordenamiento jurídico la normatividad que materialice el
cumplimiento de las responsabilidades que adquirió.

La anterior postura no resulta novedosa en la jurisprudencia nacional, pues, como
se dejó visto en apartes anteriores, ha sido la Corte Constitucional quien ha
estructurado dicha línea al discernir sobre la naturaleza de los compromisos que
adquirió el Estado y su exigibilidad, último aspecto este cuya desatención el actor
atribuye al Congreso de la República; situación que también ha sido advertida por
la alta corte, verbi gracia, en la sentencia SU-316 de 2021, en la que precisó lo
siguiente:

210. En tal sentido, cabe resaltar que de forma reciente esta corporación tuvo la
oportunidad de recordar que, si bien el Acuerdo Final no es susceptible de
aplicación directa, cuenta con un carácter de política de Estado y cumplimiento de
buena fe por parte de las diferentes instancias del poder público, y en especial, el
Congreso de la República.

211. Es por esto por lo que la Sala dispondrá exhortar al Congreso de la República
a avanzar en el cumplimiento de la implementación de los compromisos en
materia de promoción del pluralismo político previstos en el punto 2.3.1 del
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera, en los términos del Acto Legislativo 02 de 2017, en particular
de las medidas acordadas para promover el acceso al sistema político y para
promover la igualdad de condiciones en la competencia política.

212. Aunado a lo anterior, se debe precisar que el punto 2.3.1.1 del Acuerdo Final
prevé que se deben (i) adoptar medidas para remover los obstáculos y hacer los
cambios institucionales para que los partidos y movimientos obtengan y
conserven la personería jurídica; y (ii) facilitar a los movimientos sociales con
vocación política su tránsito a partido o movimiento político. Este enfoque se

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traduce en el deber de buena fe del Congreso de la República de propender por
la creación de umbrales progresivos, por lo que se debe desligar el
reconocimiento de la personería jurídica de los umbrales en las elecciones. Estos
últimos deben dar lugar al reconocimiento y acceso a derechos y beneficios de
manera progresiva y la obtención de la personería jurídica debe ser considerada
como una expresión del derecho de asociación.

Bajo estos derroteros, se insiste en que las previsiones del conocido acuerdo no
son mandatos que se puedan aplicar de forma inmediata, muchos menos puede
reconocérseles como derechos adquiridos – como lo insinúa el demandante –,
sino que constituyen compromisos políticos del Estado que se inscriben en el
marco del respeto y garantía de la Carta Magna, con la cual deben ser
armonizados a fin de orientar las reformas legales pertinentes tendientes a
mejorar la calidad de la representación y participación política de los grupos
minoritarios. Esta renovación normativa debe ser producto del debate
democrático en el máximo foro de deliberación, como es, el Congreso de la
República, en el que se tendrán que alcanzar los acuerdos necesarios entre las
distintas fuerzas políticas y sociales del país para aprobar las nuevas previsiones
jurídicas que se hacen necesarias ante los diferentes aspectos que deberán ser
objeto de innovación legislativa o modificación, por ejemplo, aquel señalado por
el demandante en relación con la exigencia a grupos minoritarios de la obtención
de la personería jurídica como presupuesto a la postulación de una candidatura.

Acorde con lo anterior, no le era exigible a la autoridad demandada acoger
favorablemente la solicitud que en sede administrativa efectuó el demandante, en
cuanto, en primer lugar, ello supondría dar trámite a una inscripción que se hizo
de manera extemporánea el 3 de febrero de 2020, tal como se explicará más
adelante. Y en segundo término, debido a que si bien el Estado se comprometió
a implementar mecanismos idóneos que faciliten la participación política de
ciertos grupos minoritarios que actualmente no tienen representación, en manera
alguna ello conlleva de facto a que dichas colectividades se encuentren exentas
de cumplir con los requisitos contenidos en la Ley 1475 de 2011 que se estudiaron
en el numeral 4º de esta providencia y sin los cuales no sería posible la inscripción
de un candidato.

En este orden, la negativa de la entidad demandada en inscribir a un candidato
presidencial y su fórmula vicepresidencial no puede considerarse como una
actuación restrictiva de los derechos políticos del “Movimiento Ciudadano
Indignados Colombia”, por el contrario, se ajustó a lo establecido en el artículo 8º
de la Ley 996 de 2005 que prescribe que: “La inscripción de los candidatos a la
Presidencia de la República con su fórmula vicepresidencial se iniciará con cuatro
(4) meses de anterioridad a la fecha de votación de la primera vuelta de la elección
presidencial” y en el artículo 30 de la Ley 1475 de 2011 que contempla: “En los
casos en que los candidatos a la Presidencia de la República sean seleccionados

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Radicado: 11001-03-28-000-2020-00093-00
Demandante: Diego Felipe Urrea Vanegas

mediante consulta que coincida con las elecciones de Congreso, la inscripción de
la correspondiente fórmula podrá realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la declaratoria de resultados de la consulta.”. En efecto, el 29 de
mayo de 2022 se llevará a cabo la elección presidencial en primera vuelta, tal
como lo establece la Resolución 4371 de 18 de mayo de 2021, expedida por la
Registraduría Nacional del Estado Civil11; por tanto, el 29 de enero de 2022
iniciará el período de inscripción de candidatos.

De esta manera, al haberse solicitado la inscripción el día 3 de febrero de 2020,
salta a la vista que la misma se efectuó de manera extremadamente anticipada al
plazo que el legislador estatutario previó, el cual no puede ser desconocido en
detrimento del principio de preclusividad que debe regir a este tipo de procesos
democráticos, así como el derecho a la igualdad que se debe proteger frente a
los demás aspirantes políticos.

Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho, promovida por el señor Diego Felipe Urrea Vanegas contra la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.

TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no
procede ningún recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

11 Acatando lo previsto en el artículo 207 del Código Electoral que prevé: “Las elecciones para

integrar corporaciones públicas se realizarán el segundo domingo de marzo del respectivo año y
las de Presidente de la República el último domingo del mes de mayo siguiente.”.

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Radicado: 11001-03-28-000-2020-00093-00
Demandante: Diego Felipe Urrea Vanegas

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.

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