Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05286-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05286-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-05286-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
7 de noviembre de 2024
Demandante: Industria de Licores Global S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05286-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., siete [7] de noviembre de dos mil veinticuatro [2024]
Referencia: ACCIÓN TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05286-00
Demandante: INDUSTRIA DE LICORES GLOBAL S.A.S.
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
A
Temas: Tutela contra providencia judicial – ampara
desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución - auto de unificación de 1. º de agosto de
2019 - término de caducidad del medio de control de
controversias contractuales en contratos con liquidación
extemporánea
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide el presente mecanismo constitucional de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021, y el Acuerdo
080 de 2019, de la Sala Plena de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El 1 de octubre de 2024, el señor Orlando Rojas Bustos, en condición de
representante legal1 de la sociedad Industria de Licores Global S.A.S.2 [en adelante
Licorsa], presentó acción de tutela, con el fin de que se le protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso material a la administración de
justicia.
Las referidas garantías constitucionales las estimó vulneradas por la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado al proferir la sentencia de 17 de junio
de 2024, por medio de la cual confirmó la providencia de 31 de octubre de 2019
emitida por el Tribunal Administrativo de Arauca, en el sentido de declarar el
fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de controversias
contractuales identificado bajo el radicado 41001-23-31-000-2012-00155-01
[65.750].
1
Conforme al Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad Industria de Licores
Global S.A.S. allegado junto con la solicitud de amparo.
2
Antes sociedad anónima.
1
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Demandante: Industria de Licores Global S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05286-00
1.2. Pretensiones
Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:
2.1. DECLARAR que la sentencia de 17 de junio de 2024 de la Subsección A
Sección Tercera del Consejo de Estado proferida en el proceso de controversias
contractuales promovido por LICORSA contra el departamento del Huila, rad.
41001-23-31-000-2012-00155-01, violó los derechos fundamentales del debido
proceso y el acceso material a la administración de justicia de LICORSA.
2.2. CONCEDER el amparo de tutela y DEJAR sin efectos la sentencia de 17
de junio de 2024 de la Subsección A Sección Tercera del Consejo de Estado
proferida en el proceso de controversias contractuales promovido por LICORSA
contra el departamento del Huila, rad. 41001- 23-31-000-2012-00155-01.
2.3. En consecuencia, ORDENAR a la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado o a otra autoridad judicial, si la Sección Tercera se mostrara
renuente a acatar la orden de tutela, que, para RESTABLECER los derechos
fundamentales violados, DICTE una nueva sentencia en el proceso de
controversias contractuales promovido por LICORSA contra el departamento
del Huila, rad. 41001-23-31-000-2012-00155-01, sentencia de fondo en la que
se aplique la tesis que permite contar la caducidad de la acción a partir del día
siguiente de la notificación del acto unilateral de liquidación definitivo del
contrato estatal o, en todo caso, “a más tardar dentro de los 2 años contados
desde la ejecutoria del acto que la apruebe” tal y como lo establecía el literal d)
del numeral 10 del artículo 136 del Decreto Ley 01 de 1984 - CCA vigente para
cuando se presentó la demanda.3.
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
• El departamento del Huila y Licorsa suscribieron el contrato de concesión 001
cuyo objeto fue «la producción y venta de licores destilados anisados de los que es
titular, en régimen de monopolio, el Departamento del Huila», con un plazo de
ejecución de 10 años4, y 4 meses más para su liquidación5.
• El plazo de la liquidación bilateral fue prorrogado en varias oportunidades, con
vencimiento definitivo el 30 de septiembre de 2009. En los dos meses siguientes la
entidad pública no liquidó unilateralmente el contrato.
• El 29 de diciembre de 2009, el ente territorial liquidó unilateralmente el acuerdo
de voluntades6. Inconforme con la decisión, Licorsa presentó recurso de reposición,
el cual fue resuelto de forma negativa con Resolución 119 del 26 de marzo de 2010,
notificada el 20 de abril siguiente.
• El 30 de marzo de 2012 Licorsa radicó demanda de controversias contractuales
con el fin de que (i) se declarara la nulidad de la resolución que liquidó
3
Trascrito con posibles errores ortográficos y mayúsculas sostenidas del texto original.
4
Comprendidos entre el 1. º de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2007.
5
Es decir, hasta el 1. ° de mayo de 2008.
6
Mediante Resolución 723, notificada el 22 de enero de 2010.
2
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unilateralmente el contrato, (i) se estableciera el incumplimiento por parte del
departamento, y (iii) para que se liquidara judicialmente el acuerdo de voluntades.
• El 31 de octubre de 2019, el Tribunal Administrativo de Arauca declaró la
caducidad del medio de control al considerar que, si bien la entidad puede conservar
la facultad de liquidar el negocio dentro del término de caducidad, ello no suspendía
el inicio de su cómputo, pues la liquidación, ya sea bilateral o unilateral, no puede
revivir el plazo para demandar porque dejaría en manos de las partes cuándo opera
dicho fenómeno procesal.
• Al respecto el tribunal resaltó que «[e]l plazo contractual vencía inicialmente el 30
de abril de 2008 y fue prorrogado hasta el 30 de septiembre de 2009 a través de
actas suscritas por las partes; comoquiera que no se logró tal liquidación, al día
siguiente empezaron a correr los dos meses para la liquidación unilateral, es decir,
hasta el 1 de diciembre de 2009; así que el término para el ejercicio de la acción de
controversias contractuales se extendió hasta el 2 de diciembre de 2011». No
obstante, con ocasión del trámite conciliatorio7 el término se extendió hasta el 14 de
marzo de 2012, pero como la demanda fue radicada el 30 de marzo de 2012,
concluyó que fue extemporánea.
• Contra la anterior decisión el extremo desfavorecido interpuso recurso de
apelación, oportunidad en la que indicó que la fecha de notificación o ejecutoria del
acto de liquidación es la que define el término de caducidad.
• El 17 de junio de 2024, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado confirmó lo decidido por el a quo, pero estableció que el plazo máximo para
demandar fue hasta el 3 de marzo de 2012; sin embargo, llegó a la misma
conclusión del tribunal, comoquiera que la acción contenciosa fue interpuesta el 30
de marzo de 2012.
• Para sustentar su decisión el ad quem hizo alusión al contenido normativo
contenido en el Decreto Ley 222 de 1983, Decreto 01 de 1984, Ley 80 de 1993, Ley
446 de 1998 y Ley 640 de 2001.
• Esta providencia fue objeto de salvamento8 y aclaración9 de voto.
7
La empresa demandante presentó solicitud de conciliación prejudicial el 4 de mayo de 2010, cuya
acta de conciliación fallida se expidió el 3 de agosto de 2010.
8
La magistrada María Adriana Marín precisó: «Si bien este auto unificó [auto de unificación del 1°
de agosto de 2019 (rad.: 62.009)] la jurisprudencia de la Sala en relación con la liquidación bilateral
extemporánea, no hay ninguna razón para no extender este mismo razonamiento a la liquidación
unilateral; además, esta Subsección ya ha aplicado este criterio para casos en los que la liquidación
unilateral se efectuó por fuera de tiempo [Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
Sentencia del 13 de noviembre de 2012, C.P: Mauricio Fajardo Gómez. Rad: 44001-23-31-000-2000-
00293-01 (25.915)]».
9
El magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez resaltó «En tal sentido, la consideración plasmada en
el fallo (párrafo 34) no es omnímoda y, por tanto, debe entenderse en consonancia con la regla de
unificación previamente citada en los casos en que deben ser gobernados por ella, esto es, en
aquellos eventos de liquidación bilateral posterior a la finalización de los lapsos iniciales para
efectuarla de común acuerdo o por parte de la entidad. Dado que en el presente expediente no se
cumplió dicho supuesto de hecho (la liquidación realizada por el Departamento del Huila fue de
carácter unilateral), el criterio previamente citado no era aplicable; lo cual no obsta para sentar la
aclaración».
3
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• La providencia de segunda instancia fue notificada por edicto desfijado el 3 de
julio de 2024 y la acción de tutela de la referencia radicada el 1. ° de octubre de
2024.
1.4. Fundamentos de la solicitud
En el sub examine, la accionante, luego de describir lo que consideró relevante de
los hechos de la demanda contenciosa, expuso que se le vulneraron sus derechos
fundamentales al configurarse los defectos por desconocimiento del precedente
y violación directa de la Constitución, ya que el ad quem confundió el plazo de
liquidación del contrato, que es perentorio, con el de la caducidad de la acción
contractual que es preclusivo, fusionándolos en un solo término.
Precisó que la caducidad para controvertir la liquidación debe contarse a partir de
la firmeza del acto que contiene la liquidación, como lo establece el auto de
unificación de 1. º de agosto de 2019, de la Sala Plena de la Sección Tercera del
Consejo de Estado10, indistintamente que sea bilateral o unilateral.
Destacó que la Subsección A ha computado el término de caducidad en estos casos
desde el acto que liquida unilateralmente el contrato, así se hubiera suscrito por
fuera del término contractual11.
Señaló que la providencia controvertida trasgrede el principio de confianza legítima
de los usuarios del sistema de administración de justicia que interponen demandas
bajo una regla procesal cierta y clara, y después, bajo «el capricho del juez arropado
en razonamiento jurídico nuevo establece una nueva regla de tipo pretoriano para
rechazar la demanda ya al momento de la sentencia, eludiendo el deber de fallar de
fondo las pretensiones propuestas de un litigio debidamente trabado».
Indicó que los fundamentos de la providencia enjuiciada trasgreden los artículos 29
y 229 de la Constitución Política, porque si bien el precedente en cita se edificó
sobre el supuesto de hecho de la suscripción de un acta de liquidación bilateral,
nada obsta para ser aplicado también al supuesto de hecho de la liquidación
unilateral.
Resaltó que «el Consejo de Estado ha dicho que, en relación con el término de
caducidad para demandar en aquellos contratos que requieran liquidación, la regla
general es que los dos años comiencen a correr a partir de la fecha de expedición
del acto de liquidación, bien sea unilateral o de mutuo acuerdo, y solo en caso de
que no exista liquidación de ningún tipo, el término de dos años comienza a contar
a partir de los seis meses (plazo de 4 meses para liquidación bilateral y 2 meses
para liquidación unilateral) de que trata en artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el
numeral v) del literal j) del artículo 164 del CPACA».
10
Providencia proferida al interior del expediente 05001-23-33-000-2018-00342-01 [62.009].
11
La parte accionante citó la siguiente providencia: «sentencia de 13 de noviembre de 2012, dictada
en el expediente rad. 44001-23-31-000-2000- 00293-01 (25.915), que con ponencia del Magistrado
Mauricio Fajado Gómez».
4
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Por su parte, en cuanto al requisito de procedencia de relevancia constitucional,
resaltó:
[…] Todo lo contrario, la sentencia objeto de tutela cerró las puertas de la justicia
con base en un deleznable e inconstitucional criterio judicial. LICORSA busca
que el juez de tutela, mediante la aplicación directa del artículo 29 y el artículo
229 de la Constitución Política, dos derechos fundamentales invaluables para
el funcionamiento del Estado de Derecho, permita que el juez del contrato
conozca y entienda de fondo la controversia contractual planteada en las
pretensiones de la demanda ordinaria.
Negarle a una persona natural o jurídica el acceso a la justicia habiendo criterios
normativos y jurisprudenciales favorables para contabilizar el plazo para
presentar las demandas, tiene relevancia constitucional. Este es el caso de
LICORSA, que apenas está pidiendo justicia mediante una decisión que
resuelva la controversia de fondo, puesto que, después de más 12 años de
haber acudido a la jurisdicción contencioso administrativo -y luego de haberse
tramitado todo el proceso contencioso administrativo-, obtuvo una inaudita
sentencia inhibitoria por caducidad que arrasó con el derecho fundamental de
acceso material a la administración de justicia y el debido proceso. En efecto,
la sentencia objeto de tutela dejó sin ningún control judicial el acto administrativo
de liquidación unilateral del contrato contenido en esas resoluciones dictadas
por el departamento del Huila, cuando fue dicho acto el acto que terminó por
desconocer los derechos del contratista del Estado.
La Corte Constitucional, en sentencia SU-216 de 2022, ratificó la relevancia
constitucional de las acciones de tutela contra providencias judiciales que han
decretado la caducidad de la acción. La Corte consideró que dicho asunto sí
puede ser objeto de tutela por violar los derechos fundamentales aquí
invocados. Esto dijo la Corte:
59. Relevancia constitucional: Al dirigirse el recurso de amparo contra la
sentencia que declaró la caducidad de la acción de reparación directa y
no respecto a otros asuntos pre-procesales, agotados con otra
providencia, es pertinente concluir que, en principio, lo alegado puede
amenazar derechos fundamentales, pues lo que se controvierte es la
presunta vulneración del acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y la defensa de los señores Luis Alejandro Zapata Casas, María
Margarita Sánchez Llinás y de sus menores hijos. En consecuencia, de
existir un defecto que se proyecte en la forma en la que computó el término
de caducidad de la acción de reparación directa, ello podría tener un
efecto en los derechos alegados.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 3 de octubre de 2024 el magistrado sustanciador admitió la acción
de tutela y ordenó notificar como demandado a la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, y como terceros con interés en las resultas del
proceso al departamento del Huila [extremo pasivo al interior del expediente
contencioso] y al Tribunal Administrativo de Arauca12 [autoridad judicial que conoció
del medio de control en primera instancia].
12
Autoridad judicial que avocó conocimiento del medio de control de controversias contractuales en
primera instancia, con ocasión de que el Tribunal Administrativo del Huila remitió el expediente por
descongestión judicial.
5
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Así mismo, se ordenó a la oficina de sistemas de la corporación, realizar la
publicación de la información relativa al proceso de la referencia en la página web
del Consejo de Estado.
El 24 de octubre de 2024 el despacho sustanciador presentó proyecto de fallo, sin
embargo, no alcanzó la mayoría necesaria para ser aprobado. En consecuencia, se
ordenó sorteo para la designación de conjueces.
El 31 de octubre de 2024, se llevó a cabo la diligencia para la realización del sorteo,
resultandos designados el doctor Roberto Rafael Bornacelli Guerrero, como conjuez
principal, y el doctor Jesús Vall De Rutén Ruiz, como suplente.
1.6. Intervenciones
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron los siguientes informes:
1.6.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A por intermedio del
magistrado a cargo del despacho sustanciador de la providencia controvertida,
manifestó que el mecanismo carece de relevancia constitucional, máxime cuando
la jurisprudencia que se aduce desconocida sólo unificó las reglas relativas a la
caducidad en contratos liquidados de forma bilateral, de manera que el ataque
corresponde a una inconformidad del actor con la postura adoptada por el juez
natural, asunto que escapa al ámbito del mecanismo constitucional promovido.
1.6.2. El Tribunal Administrativo de Arauca, a través de los funcionarios que
suscribieron la sentencia de primera instancia13, luego de recordar los fundamentos
de su decisión, pidió negar o en su defecto declarar improcedente la tutela, puesto
que la cuestión planteada no tiene evidente relevancia constitucional, puesto que
sólo expone una crítica ante unas decisiones judiciales, donde no basta con invocar
derechos fundamentales para cumplir esta exigencia.
Agregó que las sentencias de ambas instancias están respaldadas en la normativa
y el precedente aplicable por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contenciosa.
1.6.3. El departamento del Huila también requirió declarar improcedente, o de
manera subsidiaria negar, comoquiera que no se acreditó el requisito de relevancia
constitucional y porque los efectos de la providencia de unificación que se cita como
desatendida no le son aplicables.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por Licorsa, de conformidad con lo establecido en los Decretos 1069 de
2015 y 333 de 2021, y en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.
13
El informe se encuentra suscrito por los todos los magistrados que suscribieron la providencia de
primera instancia.
6
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2.2. Problema jurídico
Corresponde a esta colegiatura determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración al derecho fundamental advertido por la accionante, de parte del
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A con ocasión de la sentencia
proferida en segunda instancia el 17 de junio de 2024.
Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, (ii) los requisitos generales de procedibilidad adjetiva, y (iii) el
caso en concreto.
2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 201214
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema15.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales16.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201417, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Relevancia constitucional
14
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela
• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada ponente: María Elizabeth
García González.
15
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
16
Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
17
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7
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Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en
cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, así:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe
analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra
una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.18
Por su parte, esta Sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional
debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional en
la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 201419, que en concreto se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal.
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de
un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde
definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera
instancia20.
Sobre el particular, la Sala destaca que este asunto es relevante
constitucionalmente pues, conforme con los argumentos esgrimidos en el escrito
de tutela, se trata de la presunta lesión de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, ante la posible configuración
de los defectos por desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución contenidos en una providencia que declaró la caducidad de la acción
contenciosa, que a la postre involucró la indebida implementación de un criterio
unificado por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que, de
implementarse indebidamente, podría afectar las garantías contenidas en los
artículos 29 y 229 de la Constitución Política.
18
Énfasis de la Sala.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de
septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.
20
Énfasis de la Sala.
8
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En este punto conviene precisar que los cargos se dirigen en contra de una decisión
que declaró la caducidad de la acción, circunstancia que, al analizarse con el debido
contraste de una carga ius fundamental de la solicitud de tutela, acentúa la
relevancia para conocer el fondo de este asunto, ya que, de encontrarse acreditados
los yerros en mención, se puede consumar la trasgresión de unas garantías de
índole constitucional.
2.4.2. Respecto al agotamiento de todos los medios de defensa judicial, se tiene
que la parte accionante no cuenta con otro mecanismo distinto a la tutela para
conjurar la eventual transgresión que la aludida decisión pudiera irrogarles a sus
derechos fundamentales. Esto, toda vez que, contra la providencia proferida y
ejecutoriada del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A que puso fin al
proceso, no procede ningún recurso ordinario o extraordinario.
Al respecto, resulta pertinente destacar que la providencia unificada que se alude
como desatendida se trata de un auto, razón por la cual, no resulta procedente el
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, porque este mecanismo solo
contempla su procedencia cuando se desatiende una sentencia de unificación21.
2.4.3. De igual manera, en el presente asunto se cumple el requisito de inmediatez
pues la decisión en cuestión fue notificada por edicto desfijado el 3 de julio de 2024,
mientras que la acción de tutela fue radicada el 1. ° de octubre de 2024, es decir
que, sin hacer alusión a la fecha de la ejecutoria, la acción de tutela se presentó
dentro de los seis meses que esta Sección considera como plazo prudencial para
acudir a esta instancia constitucional.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201422, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200523, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales
y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo
de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas.
2.4.4. No se trata de una tutela contra decisión de igual naturaleza dado que la
providencia que controvierte la parte actora fue proferida dentro del proceso de
controversias contractuales identificado con el radicado 41001-23-31-000-2012-
00155-01 [65.750].
21
«Artículo 258. Causal. Habrá lugar al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del
Consejo de Estado» [énfasis de la Sala].
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
23
«c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos».
9
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Por todo lo anterior, la Sala procederá a realizar el análisis de los defectos aludidos,
al encontrar acreditados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial.
2.5. De las generalidades de los defectos alegados
2.5.1. Frente al desconocimiento del precedente resulta importante precisar la
posición de la Sala sobre el concepto de precedente, el cual se sintetiza en los
siguientes términos:
[…] es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez que
debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una similitud en
sus presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la ratio decidendi
constituye la regla […] que obliga al operador jurídico a fallar en determinado sentido
[…]24.
Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos25 explicó que el
concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del
sentido de la decisión y su contenido específico, es decir, la ratio decidendi, la cual
no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en
donde se especifique una regla o subregla de derecho para que aquella sea
considerada como precedente. También se considera que constituyen precedente
las sentencias de constitucionalidad y las de unificación, expedidas tanto por la
Corte Constitucional, como por el Consejo de Estado.
Cabe resaltar que el carácter vinculante de las reglas o subreglas de derecho
creadas por las Altas Cortes cuando actúan como órganos de cierre en determinada
materia, encuentra su fundamento en la jerarquía del juez, a sus funciones
asignadas por la norma superior y a la garantía de los principios de igualdad y
seguridad jurídica, así como, en la coherencia del ordenamiento jurídico.
2.5.2. En cuanto a la violación directa de la Constitución Política, la Sala trae a
colación lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU- 198 del 11 de
abril de 2013,26 en la que estableció que el referido defecto se presenta cuando:
Se estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce la
Carta Política, ya sea porque: (i) deja de aplicar una disposición ius
fundamental a un caso concreto; o porque (ii) aplica la ley al margen de los
dictados de la Constitución. En el primer caso, la Corte ha dispuesto que
procede la tutela contra providencias judiciales por violación directa de la
Constitución (a) cuando en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar
una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional, (b)
cuando se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata y (c)
cuando el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo
en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución. En el
segundo caso, la jurisprudencia ha afirmado que el juez debe tener en cuenta
en sus fallos, que con base en el artículo 4 de la C.P, la Constitución es norma
de normas y que en todo caso en que encuentre, deduzca o se le interpele sobre
una norma que es incompatible con la Constitución, debe aplicar las
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 19 de
febrero de 2015, M.P. Alberto Yepes Barreiro, rad. 2013-02690-01.
25
Entre otras ver sentencia de 6 de mayo de 2021; expediente 11001-03-15-000-2021-0281-01.
26
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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disposiciones constitucionales con preferencia a las legales mediante el
ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad.
2.6. Caso concreto
Ahora bien, en el presente asunto la tutelante adujo que la autoridad judicial
accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, al incurrir en los defectos por desconocimiento del
precedente judicial y violación directa de la Constitución con la providencia de 17 de
junio de 2024 proferida la por Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
Al respecto, la Sala advierte que estos defectos se estudiarán de manera conjunta,
por contener un sustento argumentativo similar, esto es, la afectación de garantías
constitucionales por la indebida implementación del auto de unificación de 1. º de
agosto de 2019, de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, así
como por lo dispuesto en la sentencia de 13 de noviembre de 2012, dictada en el
expediente con radicado 44001-23-31-000-2000- 00293-01 [25.915], proferida por
la autoridad judicial accionada.
En efecto, la accionante expresó que, tanto la jurisprudencia como antecedente de
la misma sección accionada, han establecido que, en casos en donde la fuente del
daño sea un contrato estatal que requiere liquidación, la caducidad de la pretensión
de controversias contractuales debe computarse a partir de la notificación o
ejecutoria del acto que liquida el acuerdo de voluntades, así se hubiera suscrito por
fuera del término contractual.
Al respecto, en primer lugar, se advierte que la sentencia que se alude desconocida
del año 2012 fue proferida con anterioridad al auto de unificación27, razón suficiente
para no considerarla como precedente aplicable al presente asunto, dado que,
precisamente, el propósito de una providencia de Sala Plena del Consejo de Estado
es unificar el criterio que hasta esa fecha había sido inconexo, con el fin de evitar
afectar el derecho a la igualdad y el principio a la seguridad jurídica de los usuarios
que acceden a la administración de justicia.
Ahora, en esta línea argumentativa, y con el fin de abordar todos los cargos de
la parte actora, resulta pertinente hacer alusión a la providencia de unificación
por medio de la cual se pretende justificar el desconocimiento del precedente, en
la cual se consideró:
2.4.4. Unificación jurisprudencial: término de caducidad del medio de
control de controversias contractuales en contratos con liquidación
bilateral extemporánea
[…]
En esta oportunidad, la Sala Plena de Sección Tercera unificará su postura
en relación con el término de caducidad del medio de control de
controversias contractuales de contratos que han sido liquidados de manera
extemporánea, y lo hará para resolver una controversia originada en la
27 Providencia proferida al interior del expediente 05001-23-33-000-2018-00342-01 [62.009].
11
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inconformidad que manifiesta el contratista frente al contenido del acta de
liquidación que fue suscrita por ambas partes después del vencimiento del
término convencional o legal supletorio que tenían las partes para que esa
operación se realizada de forma concertada (de 4 meses), y de la finalización
del término que tenía la administración para liquidarlo unilateralmente (de 2
meses), pero dentro de los dos años posteriores al vencimiento de este
último.
Escapa a esta unificación, la definición del término de caducidad cuando la
liquidación del contrato se produce por fuera, no solo de los términos fijados
para la liquidación por las partes de mutuo acuerdo, sino de los establecidos
para la expedición del acto de liquidación unilateral, e incluso luego de los
dos años siguientes a la terminación de este último, por cuanto los supuestos
del caso sub-lite no dan lugar a ello.
[…]
2.4.4.3.- Con la lectura de los anteriores enunciados normativos, se
comprende, en primer lugar, que el legislador estableció, para la
presentación en tiempo de la demanda, un tratamiento para los casos que
tienen origen en un acto expreso de liquidación -sin importar si este se
originó en la voluntad de las partes o en la decisión de la administración-, y
otro diferente para aquellos en los que no se produjo, en lo absoluto, dicha
liquidación. En segundo lugar, que la norma no contempla expresamente la
liquidación bilateral extemporánea como un evento específico de
contabilización del término de caducidad del medio de control de
controversias contractuales, ni tampoco señala cuál es la consecuencia
jurídica que, para efectos de la oportunidad en que se interpone la demanda,
apareja esta premisa fáctica.
Al contemplar este marco normativo, la Sala entiende que el acta de
liquidación bilateral extemporánea no deja de ser un acto jurídico eficaz y
vinculante para las partes del contrato estatal, y así lo reconoce
explícitamente el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Bajo esa óptica, no
puede perderse de vista que ese acuerdo -que se traduce en el balance final
del contrato- significa la culminación del vínculo contractual, expresa el
estado financiero, así como el grado de satisfacción de las obligaciones
emanadas del negocio jurídico, y contiene los acuerdos, conciliaciones y
transacciones que finiquitan las posibles divergencias presentadas al
momento de culminar la relación contractual, al punto de servir de título
ejecutivo de las obligaciones allí plasmadas. De esta manera, solo hasta el
momento en que se suscribe o produce la liquidación, las partes saben cuál
es el resultado final de la ejecución del contrato y podrán determinar la
necesidad o no de demandar.
En este orden de ideas, la Sala acomete una interpretación normativa de
este texto acorde a las reglas de la lógica, técnica que forma parte del
método de interpretación literal e incorpora -entre otros- los principios lógico
formales de identidad (“una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y
en la misma relación”) y de no contradicción (“es imposible que un atributo
pertenezca y no pertenezca al mismo sujeto”), para concluir que una
liquidación bilateral extemporánea no puede tener, por el hecho de serlo, ni
idéntico tratamiento, ni iguales consecuencias jurídicas que las que surgen
de la omisión absoluta de la liquidación. Por tanto, descarta que en el
supuesto de la liquidación bilateral extemporánea el conteo del término de
caducidad aplicable sea el del apartado v) del literal j, destinado
exclusivamente al evento en que la liquidación, en caso de requerirse, no se
haya llevado a cabo por acuerdo entre las partes ni proferido por voluntad
de la administración.
2.4.4.5.- Por el contrario, esta clase de reglas, al erigirse como factor para
limitar en el tiempo el ejercicio del derecho de acceso a la administración de
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justicia, deben estar sujetas a criterios de interpretación estricta. Además, en
caso de duda sobre su aplicación, debe privilegiarse una interpretación
favorable al ejercicio de la acción, que permita presentar ante los jueces
reclamaciones de contenido indemnizatorio y, en general, que facilite el
control de la actividad administrativa y la protección de garantías y derechos
fundamentales.
[…]
2.4.5.7.- Por lo anterior, considerando las pautas de interpretación restrictiva
de los términos de caducidad, y de favorabilidad bajo los principios pro
homine, pro actione y pro damato, la Sala recoge parcialmente su
jurisprudencia para establecer una forma unificada que: en el evento en que
la liquidación bilateral del contrato se haya practicado luego de vencido el
término pactado o supletorio (de 4 meses) para su adopción por mutuo
acuerdo y del período (de 2 meses) en que la administración es habilitada
para proferirla unilateralmente, pero dentro de los dos (2) años posteriores
al vencimiento del plazo para la liquidación unilateral, el conteo del término
de caducidad del medio de control de controversias contractuales debe
iniciar a partir del día siguiente al de la firma del acta de liquidación de mutuo
acuerdo del contrato, conforme al ap. iii del literal j.
En este sentido, el apartado v) del literal j solo se deberá aplicar cuando al
momento de interponerse la demanda, el operador judicial encuentre que no
hubo liquidación contractual alguna.
[…]
PRIMERO: En los términos indicados en la parte motiva de esta providencia,
UNIFÍCASE la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
en relación con el término de caducidad del medio de control de
controversias contractuales de contratos que han sido liquidados después
de haber vencido el término convencional y/o legalmente dispuesto para su
liquidación, pero dentro de los dos años posteriores al vencimiento de este
último. La Sala unifica el criterio que ha de ser observado para el conteo del
término de caducidad del medio de control de controversias contractuales en
tales casos, para indicar que éste debe iniciar a partir del día siguiente al de
la firma del acta o de la ejecutoria del acto de liquidación del contrato,
conforme al ap. iii del literal j. del numeral 2 del artículo 164 del CPACA; y
de precisar que, en consecuencia, el apartado v) del literal j del mismo
numeral solo se deberá aplicar cuando al momento de interponerse la
demanda, el operador judicial encuentre que no hubo liquidación contractual
alguna.
Destacado lo anterior, conviene concluir que en efecto el auto de unificación
proferido al interior del expediente 05001-23-33-000-2018-00342-01 [62.009]
sentó dos reglas, a saber:
1. «[…] para el conteo del término de caducidad del medio de control de
controversias contractuales […] éste debe iniciar a partir del día
siguiente al de la firma del acta o de la ejecutoria del acto de
liquidación del contrato, conforme al ap. iii del literal j. del numeral 2
del artículo 164 del CPACA»;
2. «y de precisar que, en consecuencia, el apartado v) del literal j del
mismo numeral solo se deberá aplicar cuando al momento de
interponerse la demanda, el operador judicial encuentre que no hubo
liquidación contractual alguna».
Al respecto, para esta Sala resulta diáfano concluir que el primer criterio
establecido por la Sala Plena de la Sección Tercera se refiere a la forma como
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se debe computar el término de caducidad del medio de control de controversias
contractuales cuando el contrato es liquidado bilateral y extemporáneamente, en
el sentido de precisar que el acta de liquidación bilateral sí incide para efectuar
el conteo del término preclusivo, siempre y cuando se emita dentro de los dos
años siguientes al plazo que se tiene para liquidar unilateralmente el convenio.
No obstante, esta Sección no puede pasar por alto la segunda regla fijada por la
máxima autoridad en temas de responsabilidad contractual y extracontractual
estatal, que predica que el término de caducidad establecido en la norma «solo
se deberá aplicar cuando al momento de interponerse la demanda, el
operador judicial encuentre que no hubo liquidación contractual alguna».
De lo anterior es posible colegir que si bien el auto de unificación en mención, en
principio, se ocupó de fijar los parámetros para computar la caducidad en casos
en donde se profiera una liquidación bilateral, no puede perderse de vista que
los fundamentos de esa providencia se cimentaron en el criterio que había
adoptado inicialmente la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, consistente en aceptar la liquidación, ya sea unilateral o bilateral, como
punto de partida para contar el plazo preclusivo.
En efecto, en el multicitado auto de unificación se estudió lo siguiente:
2.4.3.2 Segunda postura divergente: el término de caducidad del medio
de control de controversias contractuales siempre se cuenta a partir del
acta de liquidación bilateral o del acto administrativo de liquidación
unilateral, sin que para el efecto interese su extemporaneidad [subrayas
de la Sala]
En un principio, esta tesis se aplicó solo a supuestos de liquidación
unilateral. Así, en auto del 15 de septiembre de 2011 28 […]. [énfasis de la
Sala]
Este criterio lo reiteró la Subsección A en sentencia del 7 de noviembre de
201229, oportunidad en la que desestimó la caducidad tras contar el
término para el ejercicio oportuno de la acción a partir del momento en
el que el acto de liquidación unilateral adquirió fuerza ejecutoria […].
[énfasis de la Sala]
Posteriormente, en auto del 16 de julio de 201530, la Subsección A, sin
exponer mayores argumentos que ayudaran a entender el giro que con ello
daba su jurisprudencia, extendió esta postura a los casos de liquidación
bilateral […]. [énfasis de la Sala]
Esta posición, sostenida por la Subsección A de la forma que acaba de
exponerse, fue recientemente acogida también por la Subsección B en
sentencia del 6 de noviembre de 201831 […].
Por su parte, se tiene que el sustento normativo del auto de unificación citado
28
Rad. 52001-23-31-000-2011-00195-01 (41154), cita el auto del 30 de mayo de 1996, rad. 11759.
29
44001-23-31-000-2000-00293-01(25915).
30
25000-23-36-000-2014-01011-01(53161).
31
44001-23-31-000-2005-00535-01(34830).
14
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corresponde al análisis del artículo 11 de la Ley 1150 de 200732, que permite
tanto a la administración, como a las partes, determinar el estado de sus
obligaciones a través de una liquidación dentro de los dos años de caducidad de
la acción, norma que la Sala Plena de la Sección Tercera encontró ajustada a su
jurisprudencia, sobre todo al precisar que tal facultad no deja a voluntad de las
partes el término de caducidad, porque está temporalmente limitada a un término
certero33.
Luego, para esta colegiatura, la interpretación que más se acompasa a los
principios pro homine, pro actione y pro damato34, -principios de sustentaron el
auto de unificación-, y a la ratio decidendi del auto de unificación, es la de
entender que los efectos de la primera regla fijada son aplicables a los casos en
donde se profiera una liquidación unilateral extemporánea dentro del término de
caducidad, cuya tesis encontraría plena coherencia con el segundo criterio de
dicha unificación que establece que «solo se deberá aplicar [la norma] cuando
al momento de interponerse la demanda, el operador judicial encuentre que
no hubo liquidación contractual alguna», mientras que, en la acción
contenciosa en donde se profirió la sentencia controvertida, sí hubo una
liquidación.
En este punto resulta relevante destacar que la redacción de la segunda regla
en cita es general y no establece un tipo de liquidación en específico, de lo cual
se puede concluir que abarca tanto a la unilateral como a la bilateral, sobre todo
si se lee de forma integral con el sustento jurisprudencial y normativo que sirvió
como ratio decidendi del auto de unificación en mención.
En este orden de ideas, la Sala evidencia que el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, en la providencia controvertida, no se pronunció acerca
de las reglas fijadas por el auto de unificación de 1. º de agosto de 2019, de la
Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, y por lo mismo no
32
Artículo 11. Del plazo para la liquidación de los contratos. […] En aquellos casos en que el
contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad,
o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en
forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 136 del C. C. A.
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma
podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del
término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin
perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A.
33
AU idem: «Empero, no puede ignorarse que, si bien el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 le permite
a las partes liquidar bilateralmente el contrato luego de los dos meses dispuestos inicialmente para
la liquidación unilateral, tal facultad está temporalmente limitada a un término certero: los dos años
siguientes al vencimiento de ese período. Como se mencionó, dicho artículo convirtió en ley lo que
la jurisprudencia de esta Sección venía expresando de tiempo atrás, en respuesta a la preocupación
por dejar el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales a la voluntad
de las partes, manifestada en el momento en que estas liquiden el contrato público».
34
En cuanto a la implementación de estos principios, el auto de unificación en mención expuso: «En
este sentido, esta Corporación, en todas sus secciones y en relación con buena parte de los medios
de control, ha aplicado los principios pro actione, pro damato y pro homine como criterios ilustradores
de la interpretación judicial más adecuada en el análisis de la presentación oportuna de la demanda.
Son estos los criterios para atemperar la aplicación inmediata de los términos de caducidad, sobre
todo en etapas tempranas del proceso (v.gr. admisión de la demanda). Vale decir que estas pautas
de interpretación desarrollan supuestos diferenciados».
15
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justificó por qué en la demanda contenciosa 41001-23-31-000- 2012-00155-
00/01 no se puede implementar el criterio que establece que «solo se deberá
aplicar [el término de caducidad contemplado en la norma] cuando al momento
de interponerse la demanda, el operador judicial encuentre que no hubo
liquidación contractual alguna», máxime cuando, como se expuso, la
providencia de unificación se sustentó en el criterio jurisprudencial y normativo
que no distingue entre los efectos de una liquidación unilateral o bilateral
extemporánea, siempre que se profiera dentro del término de los dos años
posterior al plazo para liquidar el contrato estatal de forma unilateral.
2.7. Conclusión
En consecuencia, se amparará los derechos de acceso a la administración de
justicia y al debido proceso, y se ordenará al Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A que profiera una nueva decisión en la que tenga en
cuenta los reglas y los fundamentos jurisprudenciales y normativos a los que
hace alusión el auto de unificación de 1. º de agosto de 2019 proferido al interior
del expediente 05001-23-33-000-2018-00342-01 [62.009].
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: AMPARAR los derechos constitucionales de acceso a la administración
de justicia y al debido de Industria de Licores Global S.A.S.
SEGUNDO: DEJAR SIN VALOR NI EFECTO la providencia de 17 de junio de 2024
proferida al interior del proceso de controversias contractuales identificado bajo el
radicado 41001-23-31-000-2012-00155-01 [65.750], y ORDENAR al Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A que dicte una providencia de reemplazo,
teniendo en cuenta el análisis efectuado por la Sala en esta oportunidad, para lo
cual se le concederá el término de treinta [30] días hábiles contados a partir de la
notificación de la presente sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los 3 días siguientes a su
notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
16
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05286-00
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
[salvamento de voto]
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
[salvamento de voto]
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
ROBERTO RAFAEL BORNACELLI GUERRERO
Conjuez
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
17
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