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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05312-01

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05312-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la presente providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05312-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

6 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05312-01
Demandante: José Fabio Quintero Corrales

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05312-01
Demandante: JOSÉ FABIO QUINTERO CORRALES
Demandado: TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI

Temas: Derecho a la igualdad, acoso laboral, nivelación salarial. No cumple
requisito de subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 7
de noviembre de 2024, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, que
declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 2 de octubre de 20241, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, José
Fabio Quintero Corrales pidió la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y al trato digno.

A juicio del demandante, la vulneración se presenta por (i) el acoso laboral, del que dijo,
ser víctima en el desarrollo del cargo de Auxiliar de Servicios Generales - Grado 03, en
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y (ii) por la falta de reconocimiento de la
nivelación salarial, a la que cree que tiene derecho, por haber laborado como conductor
y/o como escribiente, así como la asignación de un puesto de trabajo con equipo y punto
de red.

2. Pretensiones

El accionante formuló, textualmente, las siguientes pretensiones:

A. Ser reconocido par parte del Tribual mi condición de víctima de acoso laboral Ley 1010 de 2006 y
conforme lo expuesto en mis reclamaciones dese el año 2012 a la fecha, teniendo en cuenta que este
asunto a pesar de haberlo hecho conocer a mis superiores de presidencia y sala plena, no se le prestó
la debida atención para una respuesta positiva ajustada al derecho, con el agravante que me
suspendieron mis funciones cotidianas varios meces negándome punto de red y equipo.

B. Gestionar para la creación del cargo de conductor del Tribunal con un salario equivalente de un
escribiente, toda vez que es un cargo con múltiples funciones y responsabilidades por pagos de multas
y horas de trabajos extras, el itinerario de un motorista comienza en la mayoría de las veces a las 5, 6

1 Índice 1 de Samai en el radicado No. 11001-03-15-000-2024-05312-00

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Demandante: José Fabio Quintero Corrales

am y termina a las 8 pm o más, reforma que debe ampararme de forma retroactiva por mis servicios
prestados en esa actividad últimamente como funciones de escribiente.

C. Reconocimiento de la nivelación salarial conforme lo ordenado en la Ley 4º de 1992, conforme lo
normado en la Carta política en sus artículos 13, 25, 29, 53 y lo reglado en el código sustantivo del
trabajo...

D. Crear un punto de red internet con equipo y puesto de trabajo en igual condiciones que el resto de
mis compañeros adscritos a la secretaria de la Sala Laboral, para restablecer mis funciones ya que llevo
varios meces sometido a un desplazamiento injusto interno por parte de mis superiores, situación que
forma parte de ese trato desigual, discriminatorio, a pesar de haberme preparado académicamente
hasta el 5º semestre en derecho, no se me tiene en cuenta mi hoja de vida. (Sic a toda la cita)

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El señor José Fabio Quintero Corrales ingresó a trabajar en la Rama Judicial el 19 de
mayo de 1994 en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.

A lo largo de su vinculación ha desempeñado diversos cargos y funciones, que se
relacionan a continuación2:

CARGO TIPO DE DESPACHO INGRESO FINALIZA-
NOMBRAMIENTO CIÓN
Auxiliar de servicios Provisionalidad Tribunal Superior de Cali - 19/05/1994 30/06/2002
generales – Grado 03 Secretaría
Auxiliar de servicios Tribunal Superior de Cali - 13/01/2003 21/08/2003
generales – Grado 03 Provisionalidad Secretaría
Auxiliar de servicios Tribunal Superior de Cali - 22/08/2003 02/05/2006
generales – Grado 03 Propiedad Secretaría
Citador IV – Grado 00 Provisionalidad Secretaría de la Sala Laboral 03/05/2006 11/07/2006
Tribunal Superior de Cali

Auxiliar de servicios Tribunal Superior de Cali - 12/07/2006 04/02/2009
generales – Grado 03 Provisionalidad Secretaría
Citador IV – Grado 00 Provisionalidad Secretaría de la Sala Laboral 05/02/2009 04/10/2009
Tribunal Superior de Cali

Auxiliar de servicios Tribunal Superior de Cali - 05/10/2009 24/03/2010
generales – Grado 03 Propiedad Secretaría
Citador III – Grado 00 Juzgado 002 Penal del 25/03/2010 06/07/2010
Descongestión Circuito Especializado de
Descongestión Cali
Escribiente Circuito – Centro de servicios 07/07/2010 30/07/2010
Grado 00 Provisionalidad administrativos. Juzgado del
Circuito Penal Especializado
Cali
Citador III – Grado 00 Descongestión Juzgado 002 Penal del 31/07/2010 02/08/2010
Circuito Especializado de
Descongestión Cali
Escribiente Circuito – Centro de servicios 03/08/2010 08/08/2010
Grado 00 Provisionalidad administrativos. Juzgado del
Circuito Penal Especializado
Cali
Citador III – Grado 00 Descongestión Juzgado 002 Penal del 09/08/2010 15/10/2010
Circuito Especializado de
Descongestión Cali
Citador III – Grado 00 Descongestión Juzgado 002 Penal del 16/10/2010
Circuito Especializado de 31/12/2010
Descongestión Cali

2 Extraído de la Constancia expedida por el Área de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial Seccional del Valle del Cauca, del 10 de octubre de 2023.

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Demandante: José Fabio Quintero Corrales

Auxiliar de servicios Propiedad Tribunal Superior de Cali - 01/01/2011
generales – Grado 03 Secretaría
Citador III – Grado 00 Descongestión Juzgado 002 Penal del 12/01/2011 22/03/2011
Circuito Especializado de
Descongestión Cali
Escribiente Circuito – Provisionalidad Centro de servicios 23/03/2011 31/12/2011
Grado 00 administrativos. Juzgado del
Circuito Penal Especializado
Cali
Citador III – Grado 00 Provisionalidad Centro de servicios 16/01/2012 01/05/2012
administrativos. Juzgado del
Circuito Penal Especializado
Cali
Citador III – Grado 00 Provisionalidad Centro de servicios 01/03/2014 30/04/2015
administrativos. Juzgado
Penal Adolescentes

El 3 de septiembre de 2001 la vicepresidenta de la Sala Penal del Tribunal Superior del
Circuito Judicial de Cali expidió una constancia en la que señaló que el señor Quintero
Corrales, laboraba en dicha Corporación, en el cargo de Auxiliar de Servicios Generales
– Grado 03 y que realizaba funciones de conductor y mecánico.

El demandante manifestó que desde el año 2012 se han presentado contra él, situaciones
de tratos indignos, discriminación, jornadas laborales extensas, cambios constantes de
sus funciones, lo que se ha reflejado en baja calificaciones de servicios y ha repercutido
en su salud.

El 19 de enero de 2013, el demandante le pidió al presidente del Tribunal Superior del
Circuito Judicial de Cali, entre otras cosas, la homologación de su cargo al de conductor
y el reconocimiento de las horas extras que había laborado como conductor. El memorial
fue complementado por el demandante el 28 de febrero de 2013.

La directora ejecutiva de administración judicial seccional Cali expidió la Resolución 0467
de 2013, con la que denegó el reconocimiento de horas extras, reiteró que el cargo del
señor Quintero Corrales era el de auxiliar de servicios generales – grado 03 y, por lo
tanto, no se le podía reconocer el pago de horas extras.

El 10 de noviembre de 2015, el demandante, pidió al presidente Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali que lo nombraran en el cargo de conductor. Respecto a esta
petición, no hay prueba en el expediente de una respuesta al accionante.

El demandante afirmó que desde el 2018 la situación de presunto acoso laboral se
acrecentó, pues hubo un constante cambio de funciones que, dice, le generó ansiedad y
fuertes dolores de espalda. Que 7 de diciembre de 2019 presentó queja3 ante la
presidencia y la secretaría general del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali por
los hechos que a su juicio constituían acoso laboral.

El accionante indicó que estuvo incapacitado dos años, desde el 2019 a febrero de 2021
y que, al reintegrarse a sus funciones, la presidencia del tribunal le asignó teletrabajo y
posteriormente, en febrero 2022, retomó actividades presenciales, pero dice que continúo
el cambio de funciones hasta que le fue retirado su puesto fijo de trabajo.

El demandante manifestó que fruto de las condiciones de acoso laboral, las calificaciones
integrales de servicios de los años 2019 y 2020 no habían sido satisfactorias, por lo cual,

3 El accionante no aportó el escrito de la queja con su respectivo radicado, ni la respuesta de la Corporación a la
misma.

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Demandante: José Fabio Quintero Corrales

el 28 de febrero de 2023 interpuso recurso de reposición contra las mismas.

Mediante Resolución 006 del 19 de enero de 2024, el presidente del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cali repuso la calificación integral de servicios de los años 2019 y
2020 del señor Quintero Corrales. La Resolución 006 de 2024, fue notificada al actor el
mismo 19 de enero de 2024.

4. Fundamentos de la acción de tutela

El actor alega que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a recibir un trato digno.

Manifestó que desde el año 2012 empezó a sufrir situaciones de acoso laboral, lo que
perjudicó sus calificaciones integrales de servicios de los años 2012, 2019 y 2020. Que
las situaciones de acoso laboral estaban relacionadas con tratos indignos y
discriminatorios por parte de la expresidenta de la Corporación y de otros magistrados.
Que, en razón a ello, tuvo jornadas laborales extensas que repercutieron en su vida
familiar y su salud.

Afirmó que, «estoy siendo sometido a un desplazamiento interno dentro de la misma rama
judicial, con discriminación, violación al derecho a la igualdad, situación que la asocio al mismo
acoso laboral consagrado en la ley 1010 de 2006».

Señaló que no fue tenido en cuenta para suplir las vacantes creadas por el Consejo
Superior de la Judicatura para la Secretaría General del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali, aunque ya ha desempeñado cargos como el de escribiente ante esa
misma entidad; en el mismo sentido indicó que no se le permitió la nivelación salarial
acorde a un cargo como conductor o escribiente.

Por último, manifestó que, si bien ya había obtenido un reconocimiento pensional por
vejez, sufrió una pérdida de oportunidad de obtener una mejor asignación por los
obstáculos generados por la situación de acoso laboral.

5. Intervenciones

El presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali pidió que se declarara
improcedente la solicitud de amparo, por no cumplir el requisito de subsidiariedad. Explicó
que el demandante pretende sustituir los mecanismos ordinarios previstos por la Ley
1010 de 2006, para reclamar sus derechos y que, en todo caso, tampoco demostró la
inminencia de la configuración de un perjuicio irremediable que hiciera procedente de
manera transitoria la solicitud de amparo, dado que a la fecha ha mantenido su
vinculación laboral con garantía de todos sus derechos laborales.

Que los hechos alegados como constitutivos de acoso laboral son antiguos, que varios
de los magistrados señalados ya no trabajan en esa corporación; que no cumple con el
principio de inmediatez y que, en todo caso, cuenta con los mecanismos legales
expuestos en la Ley 1010 de 2006 para la protección de sus derechos como trabajador.

Indicó que no es competencia del tribunal crear el cargo de conductor u otro acorde a las
pretensiones, y que, si considera reunir los requisitos para postularse a los cargos
creados por el Consejo Superior de la Judicatura, las vías para discutir los derechos a
ascenso son ante el juez natural y no el de tutela. En el mismo sentido, señaló que para

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suplir los cargos creados por el Consejo Superior de la Judicatura tuvo en cuenta las
reglas de méritos y el cumplimiento de requisitos para cada uno de los cargos.

Que el actor no presentó recurso alguno por las calificaciones integrales de servicios de
los años 2021 y 2022 y que contra las de 2019 y 2020, el día 19 de enero de 2024 resolvió
el recurso y repuso la calificación integral de servicios. Que la decisión ya fue notificada
al actor.

6. Sentencia impugnada

Mediante sentencia del 7 de noviembre de 2024, la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción de tutela por incumplir con el requisito general de
subsidiariedad, en la medida que el accionante cuenta con otros medios de defensa para
proteger sus derechos.

Explicó que la controversia gira en torno a la posible vulneración de derechos
fundamentales por el presunto acoso laboral que ha sufrido desde el año 2012. Indicó
que la Ley 1010 de 2006 señaló los medios de defensa del trabajador cuando considera
que es víctima de acoso laboral para lo cual estableció la denuncia ante el Comité de
Convivencia Laboral respectivo y, en su defecto, ante la omisión del trámite de la
denuncia, puede acudir ante un Inspector de Trabajo y Seguridad Social para que
adelante las investigaciones. Pero que, de las pruebas aportadas, no se evidenció que el
accionante hubiera acudido a alguna de estas instancias.

En cuanto al reparo orientado a las calificaciones de servicios, se evidencia que presentó
recurso de reposición por las calificaciones de los años 2019 y 2020, el cual fue resuelto
en el sentido de reponer la calificación en cuanto a la motivación otorgada y aportado por
el tribunal demandado. Que si el actor busca demostrar que esas calificaciones son
prueba del presunto acoso laboral, se reitera que el accionante tiene a su alcance
mecanismos administrativos y judiciales para demostrar dicho acoso laboral.

Explicó que, si el actor considera que cumplía con los requisitos para suplir las vacantes
creadas para la Secretaría General de esa corporación, tenía mecanismos distintos para
poner de presente su inconformidad y dado el caso buscar una respuesta con los motivos
por los cuales no fue tenido en cuenta. Así mismo indicó que los procesos de selección
obedecen al cumplimiento de requisitos para el cargo y las aptitudes de los postulados,
y que, por tanto, «no se debe a una elección caprichosa sino al resultado de la constatación de
los requerimientos exigidos para el ejercicio de las funciones a cumplir».

Por último, señaló que, si el accionante se encuentra en desacuerdo con el monto que
recibirá como pensión de vejez, puede presentar solicitudes tanto al administrador de
pensiones como al empleador, para verificar que se hayan cotizado las semanas
correspondientes y acorde a los salarios recibidos, y que si la respuesta es negativa a
sus pretensiones tiene la posibilidad de interponer el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

7. Impugnación

La parte demandante impugnó, dijo que su argumento: «esta enfocado en la integridad de
mi escrito de septiembre 24 de 2024 TUTELA contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cali, Sala Plena, Presidencia, secretaria general, Sala Laboral».
Reiteró que a su juicio era necesaria la inspección judicial de su puesto de trabajo, dado
que con ella se buscaba verificar el material de trabajo que da cuenta de todas sus
actividades al servicio del tribunal demandado.

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Demandante: José Fabio Quintero Corrales

Que, a su juicio, el comité de convivencia laboral es un mecanismo que considera
ineficaz, dado que «solo prolonga el silencio de los abusos en contra de los trabajadores con
campañas infantiles».

Señaló que continúa bajo su responsabilidad el inventario de la oficina de presidencia del
tribunal demandado. Que, por hechos ocurridos en diciembre de 2018, le fueron retiradas
las llaves de los vehículos y documentos, los cuales siguen estando bajo su
responsabilidad, pero que no puede constatar dicho inventario. Que, por sus solicitudes
para constatar dicho inventario, le fue dada respuesta por parte de la presidencia de la
corporación, indicándole que conforme al código disciplinario es responsable de dicho
inventario y deberá entregarlo a satisfacción.

En lo demás, reiteró hechos que a su juicio demuestran el acoso laboral, así como
peticiones hechas con el escrito de tutela.

II. CONSIDERACIONES

1. Cuestión previa. Sobre la inspección judicial.

El demandante señaló en el escrito de tutela y ratificó en la impugnación solicitud de una
inspección judicial en su lugar de trabajo.

Al respecto, la Sala encuentra que, en auto del 8 de octubre de 2024, el despacho
sustanciador de primera instancia consideró:

(...) El despacho no decretará la inspección judicial solicitada por el demandante, pues no la considera
útil para acreditar el supuesto acoso laboral del que él afirma haber sido víctima por no habérsele
conferido el ascenso al que estima tener derecho. Lo anterior, sin perjuicio de que, en el curso de la
tutela y en caso de estimarlo pertinente, se ordene la práctica de las pruebas necesarias para dilucidar
los hechos objeto de la solicitud (...).

En segunda instancia, la Sala no advierte necesario el decreto de la inspección judicial.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 236 del CGP que dispone que «solo se ordenará
la inspección cuando sea imposible verificar los hechos por medio de videograbación, fotografías
u otros documentos, o mediante dictamen pericial, o por cualquier otro medio de prueba».
Siendo así, el demandante contaba con la posibilidad de aportar otros medios de prueba
para acreditar los hechos en los que fundamenta la acción de tutela.

2. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación, se debe
confirmar, modificar o revocar la sentencia de primera instancia con la que el Consejo de
Estado, Sección Primera, declaró improcedente la acción de tutela presentada por el
señor José Fabio Quintero Corrales, por no cumplir el requisito de general de
subsidiariedad.

La Sala anticipa que confirmará el fallo impugnado comoquiera que la acción de tutela no
cumple el requisito general de subsidiariedad.

Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i)
generalidades de la acción de tutela, (ii) la subsidiariedad, y (iii) el análisis del caso
concreto.

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3. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada
por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas las personas
reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales que sean
vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los
particulares, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.

La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso,
el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá determinar si
existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los argumentos que
proponga la parte demandante.

4. La subsidiariedad

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela «solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable». Eso quiere decir que la
subsidiariedad es un pilar fundamental que busca preservar la naturaleza excepcional de
este mecanismo de protección de derechos fundamentales. La acción de tutela debe ser
el último recurso, no el primero.

La subsidiariedad de la acción de tutela tiene como objetivo principal resguardar la
eficacia y efectividad de esta herramienta en situaciones en las cuales no exista otro
recurso judicial disponible o, incluso en presencia de otros medios, se demuestre la
existencia de un perjuicio irremediable. Este requisito busca, en última instancia, asegurar
que la acción de tutela sea un mecanismo ágil y eficaz para la protección de derechos
fundamentales en circunstancias excepcionales.

5. Análisis del caso concreto

Para resolver, la Sala estima necesario precisar que las pretensiones del actor van
encaminadas a: (i) que se reconozca como víctima de acoso laboral; y, (ii) el
reconocimiento de la nivelación salarial como conductor o escribiente, así como la
asignación de un puesto de trabajo con equipo y punto de red.

La Sala no estudiará las pretensiones formuladas por el demandante en el escrito de
impugnación relacionadas con el inventario a cargo del accionante toda vez que no hizo
parte de las pretensiones planteadas en el escrito de tutela y la impugnación no es la
oportunidad procesal para formular nuevas pretensiones. Aceptarlo afectaría el derecho
de defensa y contradicción de la parte demandada.

Por lo tanto, esta Sala, acotará su estudio en: (i) la procedencia de las pretensiones
relacionadas con el presunto acoso laboral y (ii) la procedencia de la acción de tutela para
la nivelación salarial.

5.1. Procedencia de las pretensiones relacionadas con el presunto acoso laboral.

En el sub lite, la Sala advierte que el señor José Fabio Quintero Corrales refiere ser
víctima de tratos discriminatorios, tratos indignos, falta de garantías laborales, largas

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jornadas laborales, cambios constantes en la asignación de funciones, calificaciones de
servicios injustas, lo que configura, a su juicio, un caso de acoso laboral.

Al respecto, la Sala encuentra, que la acción de amparo no cumple el requisito de
subsidiariedad, dado que el señor Quintero Corrales cuenta con otros medios para hacer
valer sus derechos. La Ley 1010 de 2006, «Por medio de la cual se adoptan medidas para
prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las
relaciones de trabajo», establece en su artículo 9 las medidas preventivas y correctivas del
acoso laboral, como puede verse:

(...) ARTÍCULO 9. Medidas preventivas y correctivas del acoso laboral.
1. Los reglamentos de trabajo de las empresas e instituciones deberán prever mecanismos de
prevención de las conductas de acoso laboral y establecer un procedimiento interno, confidencial,
conciliatorio y efectivo para superar las que ocurran en el lugar de trabajo. Los comités de empresa de
carácter bipartito, donde existan, podrán asumir funciones relacionados con acoso laboral en los
reglamentos de trabajo.
2. La víctima del acoso laboral podrá poner en conocimiento del Inspector de Trabajo con competencia
en el lugar de los hechos, de los Inspectores Municipales de Policía, de los Personeros Municipales o
de la Defensoría del Pueblo, a prevención, la ocurrencia de una situación continuada y ostensible de
acoso laboral. La denuncia deberá dirigirse por escrito en que se detallen los hechos denunciados y al
que se anexa prueba sumaria de los mismos. La autoridad que reciba la denuncia en tales términos
conminará preventivamente al empleador para que ponga en marcha los procedimientos confidenciales
referidos en el numeral 1 de este artículo y programe actividades pedagógicas o terapias grupales de
mejoramiento de las relaciones entre quienes comparten una relación laboral dentro de una empresa.
Para adoptar esta medida se escuchará a la parte denunciada.
3. Quien se considere víctima de una conducta de acoso laboral bajo alguna de las modalidades
descritas en el artículo 2 de la presente ley podrá solicitar la intervención de una institución de
conciliación autorizada legalmente a fin de que amigablemente se supere la situación de acoso laboral
(...).

Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura adoptó el «Protocolo de prevención,
atención y seguimiento al acoso laboral y gestión de quejas de presunto acoso laboral en la Rama
Judicial» que establece los lineamientos para prevenir, dar trámite y realizar seguimiento
de las quejas reportadas como presuntas conductas de acoso laboral en la Rama Judicial
y el mismo protocolo se encuentra refrendado por el Acuerdo PCSJA23-12077 del 23 de
junio de 2023, «Por el cual se reglamenta la conformación y funcionamiento de los Comités de
Convivencia Laboral de la Rama Judicial y se dictan otras disposiciones».

Como se ve, el accionante puede recurrir al trámite descrito y generar la denuncia ante
el Comité de Convivencia Laboral de la entidad demandada, por los tratos
discriminatorios e indignos de los cuales, presuntamente, viene siendo víctima

Si bien el actor, manifiesta en la impugnación, que con dichos comités «solo prolonga el
silencio de los abusos en contra de los trabajadores con campañas infantiles», esto es un juicio
subjetivo del accionante, pues no obra prueba en el expediente que haya acudido a esta
instancia. Así mismo, la Ley 1010 de 2006, indica que, si no se realiza el trámite a la
denuncia dentro de la entidad, el denunciante puede acudir a un Inspector de Trabajo y
Seguridad Social para que en ejercicio de sus funciones4, tome las medidas correctivas
necesarias.

Como se ve, de las pruebas aportadas no se evidencia que el accionante haya recurrido
a alguna de estas instancias para denunciar el presunto acoso laboral del que viene
siendo víctima.

4 Acorde a la Ley 1610 de 2013, por medio de la cual se regulan aspectos sobre las Inspecciones de Trabajo y los

acuerdos de formalización laboral

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5.2. Procedencia de la acción de tutela para la nivelación salarial

La Sala advierte que el señor Quintero Corrales pretende que el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali le reconozca la nivelación salarial o la homologación del cargo de
Auxiliar de Servicios Generales – Grado 03, al de conductor o al de escribiente, porque,
a su juicio, cuenta con la formación académica, experiencia y ha desarrollado funciones
similares.

De las pruebas aportadas, la Sala no encuentra que el accionante haya agotado la
reclamación administrativa en la que solicitara la nivelación salarial y la homologación del
cargo (incluida la asignación de un puesto de trabajo en las mismas condiciones de esos
cargos).

Si bien el actor presentó una petición en el mes de enero de 2013, con la que pidió el
reconocimiento de las horas extras que había laborado como conductor y la directora
ejecutiva de administración judicial seccional Cali expidió la Resolución 0467 de 2013,
con la que denegó lo pedido. Además, el demandante no acreditó haber controvertido
por vía judicial ese acto administrativo.

La Sala encuentra que fuera de la reclamación para el pago de horas extras, el señor
Quintero Corrales no acreditó haber adelantado reclamaciones adicionales tendientes al
reconocimiento de la nivelación salarial. Esa etapa del procedimiento administrativo es
indispensable para que la administración, a través de un acto administrativo, adopte una
decisión definitiva frente a lo pedido y, en caso de obtener una decisión adversa a sus
intereses, el accionante estaría habilitado para promover el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 1385 de la Ley 1437 de 2011.

En el proceso ordinario, la parte actora podrá pedir la suspensión provisional de los
efectos jurídicos del acto desfavorable, medida cautelar que resulta un medio de defensa
ágil y efectivo, en cuanto permite proteger y garantizar, de manera provisional, el objeto
del proceso y la efectividad de la sentencia. Incluso, el demandante podrá solicitar
medidas cautelares de urgencia, que pueden decretarse sin correr traslado al
demandado, en el evento de que se evidencie urgencia en el caso objeto de discusión,
como lo dispone el artículo 2346 del CPACA.

Lo anterior es suficiente para que la Sala confirme la decisión de primera instancia que
declaró improcedente la solicitud de amparo por no cumplir el requisito general de
subsidiariedad.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
5 “Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo

amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o
presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por
las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho
directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el
mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su
publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará
a partir de la notificación de aquel”.
6 Ley 1437 de 2011. Artículo 234. Medidas Cautelares de Urgencia. Desde la presentación de la solicitud y sin previa

notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los
requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo
anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar. La medida así adoptada deberá comunicarse
y cumplirse inmediatamente, previa la constitución de la caución señalada en el auto que la decrete.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05312-01
Demandante: José Fabio Quintero Corrales

III. FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la presente
providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

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