Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05312-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05312-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05312-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
7 de noviembre de 2024
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05312 00
Accionante: JOSE FABIO QUINTERO CORRALES
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05312 00
Accionante: JOSE FABIO QUINTERO CORRALES
Accionado: TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI
Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia del
requisito de subsidiariedad cuando existen otros medios
de defensa judicial y no se acredita la existencia de un
perjuicio irremediable.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor José Fabio
Quintero Corrales en contra del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cali - Presidencia- Sala Plena- Sala Laboral.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. El accionante solicitó el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y al “trato digno”, que estima vulnerados
con ocasión del presunto acoso laboral del que afirma haber sido víctima
en desarrollo del cargo de Auxiliar de Servicios Generales en el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santiago de Cali.
1.2. Sostuvo que ha soportado tratos indignos, indiferentes, y
discriminatorios por parte de la presidenta y varios magistrados de esa
corporación, quienes, en varias oportunidades, negaron permisos para
atender su estado de salud, ignoraron sus quejas en relación con el
hostigamiento recibido, lo han supeditado a extenuantes horarios laborales,
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y realizaron calificaciones de servicios injustas y equivocadas, las cuales se
encuentran como antecedente desfavorable en su historial laboral.
1.3. Afirmó que está siendo sometido a desplazamiento interno dentro de
la corporación, pues en varias oportunidades le han cambiado las funciones
que viene realizado durante décadas, lo cual ha provocado detrimento en
su salud emocional, ocasionándole la necesidad de acudir a servicios
médicos e incapacidades laborales por dolor de espalda y síntomas de
ansiedad.
1.4. Informó que su perfil laboral no fue tenido en cuenta para suplir las
vacantes creadas con la nueva planta de personal para la Secretaría General
de ese Tribunal, aunque aquel cumple con la experiencia laboral para
ocupar cargos como el de escribiente de esa dependencia.
1.5. Acotó que, aunque obtuvo reconocimiento pensional por vejez, sufrió
una perdida de oportunidad ante los obstáculos que generaron sus
empleadores para alcanzar un cargo con mejor remuneración, de manera
que no se encuentra satisfecho con el monto que recibe por concepto de
pensión.
1.6. En suma, solicitó lo que a continuación se transcribe:
“En consecuencia, de lo anterior solicito al juez de tutela las siguientes pretensiones:
A) Ser reconocido par parte del Tribual mi condición de víctima de acoso laboral
Ley 1010 de 2006 y conforme lo expuesto en mis reclamaciones dese el año
2012 a la fecha, teniendo en cuenta que este asunto a pesar de haberlo hecho
conocer a mis superiores de presidencia y sala plena, no se le prestó la debida
atención para una respuesta positiva ajustada al derecho, con el agravante que
me suspendieron mis funciones cotidianas varios meces (sic) negándome punto
de red y equipo.
B) Gestionar para la creación del cargo de conductor del Tribunal con un salario
equivalente de un escribiente, toda vez que es un cargo con múltiples funciones
y responsabilidades por pagos de multas y horas de trabajos extras, el itinerario
de un motorista comienza en la mayoría de las veces a las 5, 6 am y termina a
las 8 pm o más, reforma que debe ampararme de forma retroactiva por mis
servicios prestados en esa actividad últimamente como funciones de escribiente.
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C) Reconocimiento de la nivelación salarial conforme lo ordenado en la Ley 4º de
1992, conforme lo normado en la Carta política en sus artículos 13, 25, 29, 53
y lo reglado en el código sustantivo del trabajo.
D) Crear un punto de red internet con equipo y puesto de trabajo en igual
condiciones que el resto de mis compañeros adscritos a la secretaria de la Sala
Laboral, para restablecer mis funciones ya que llevo varios meces (sic) sometido
a un desplazamiento injusto interno por parte de mis superiores, situación que
forma parte de ese trato desigual, discriminatorio, a pesar de haberme
preparado académicamente hasta el 5º semestre en derecho, no se me tiene en
cuenta mi hoja de vida.”
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santiago de Cali
sostuvo que la solicitud de amparo de la referencia deviene improcedente,
y que de los argumentos allí planteados no se advierte vulneración alguna
de los derechos fundamentales invocados por el accionante.
Explicó que la discusión planteada se refiere al mejoramiento o
nombramiento en un cargo diferente al actual que ocupa el accionante,
con el fin de aumentar la suma que recibirá por concepto de pensión de
vejez; y agregó que en todo caso: (i) al Tribunal no le corresponde crear
un cargo específico para el accionante, (ii) que el cargo de conductor
designado específicamente para esa corporación no existe, y que (iii) la
selección de los perfiles para cubrir las vacantes creadas por el Consejo
Superior a la Judicatura conlleva la aplicación de las reglas de mérito y el
cumplimiento de los requisitos para ocupar los cargos.
Afirmó que los argumentos del accionante relativos a la supuesta
negación de derechos de ascenso laboral deben ventilarse en sede del
juez natural y no a través de la acción de tutela.
En cuanto a los relatos sobre acoso laboral, señaló que todos ellos
acontecieron mucho tiempo atrás, de manera que la solicitud de amparo
promovida para denunciar dichas situaciones no cumple con el requisito
de inmediatez; tan es así que los magistrados que han sido señalados en
el escrito del accionante, en la actualidad, no forman parte de la
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corporación, a lo cual agregó que el actor cuenta con los mecanismos
legales que para el asunto prevé la Ley 1010 de 2006, de modo que su
discusión corresponde a la órbita del ente administrativo o judicial
competente para ello.
Advirtió que no concurre un perjuicio irremediable, pues el actor ha
mantenido su vinculación laboral con garantía de los derechos
prestacionales que le asisten.
Señaló que el accionante no presentó los recursos que proceden en contra
de las calificaciones de servicios que fueron emitidas entre el 2021 y el
2022, y que, en relación con las calificaciones de los años 2019 y 2020,
los recursos contra estas fueron resueltos de manera motivada y en el
sentido de modificar las consideraciones allí adoptadas.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto en el inciso segundo del numeral 8º del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado
por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de
Estado, que asigna a esta Sección el conocimiento de estas acciones
constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente
asunto.
3.2. HECHOS
Los hechos que se advierten de la solicitud de amparo, así como del
informe presentado por la autoridad accionada, son los siguientes:
3.2.1. El señor José Fabio Quintero Corrales se encuentra vinculado a la
Rama Judicial desde el 19 de mayo de 1994 y hasta la presentación de la
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acción de tutela, y ha ocupado varios cargos en el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santiago de Cali, así como en el Juzgado Penal del
Circuito Especializado de Descongestión de Cali.
3.2.2. Particularmente, el accionante fue vinculado en propiedad en el cargo
de Auxiliar de Servicios Generales – Grado 03 para el mencionado Tribunal
desde el 22 de agosto de 2003, en virtud del cual ha cumplido labores como
conductor, y realizado tareas relacionadas con el tratamiento de los
archivos judiciales. A lo largo de su historial laboral, ocupó cargos en
provisionalidad como Citador III y IV, así como Escribiente.
3.2.3. Desde el 2012 y hasta la fecha de presentación de la acción de tutela,
el accionante aduce haber soportado tratos indiferentes e indignos por parte
de algunos magistrados del Tribunal accionado, que, en síntesis, se
traducen en falta de garantías laborales, horarios extenuantes, constantes
cambios en la asignación de sus tareas sin garantía de las condiciones
necesarias para realizarlas, y calificaciones de servicios injustas,
particularmente las emitidas en los años 2012, 2019 y 2020, en contra de
las cuales presentó el recurso procedente.
3.2.4. Para el año 2020, el Consejo Superior de la Judicatura creó una
nueva planta de personal para las funciones de la Secretaría General del
Tribunal accionado.
3.2.5. Para el año 2022, el accionante se encontraba ocupando su cargo en
propiedad, con funciones de Escribiente, pero gradualmente fueron
suspendiéndose sus funciones hasta terminar en el retiro de su puesto fijo
de trabajo con equipo de red.
3.2.6. El 16 de marzo de 2024, el accionante presentó su hoja de vida a la
Presidencia de la Sala Laboral del Tribunal accionado, con el fin de aspirar
al cargo de Escribiente de la Secretaría de esa Corporación. Sin embargo,
aduce que su perfil no fue tenido en cuenta para suplir los nuevos cargos.
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3.2.7. El accionante recibió respuesta favorable en el trámite de pensión de
vejez.
3.3. ANÁLISIS DE LA SALA
3.3.1. De acuerdo con los antecedentes expuestos en el asunto de la
referencia, en virtud del cual se solicitó el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al “trato digno” del señor
José Fabio Quintero Corrales, la Sala advierte que la controversia
planteada en la presente acción de tutela gira en torno a la posible
vulneración de garantías constitucionales del accionante como resultado
del presunto acoso laboral que ha sufrido desde el año 2012 y hasta la
actualidad, el cual se ha manifestado: (i) en tratos indignos, indiferentes,
y discriminatorios, falta de garantías laborales, horarios extenuantes,
constantes cambios en la asignación de sus tareas sin garantía de las
condiciones necesarias para realizarlas; (ii) calificaciones de servicios que
se han emitido de forma injusta en su contra; (iii) y la perdida de
oportunidad que propició su empleador al obstaculizar su posibilidad de
ascenso y así mejorar las condiciones pensionales a las que tuviese
derecho.
3.3.1.1. Pues bien, en relación con el requisito de subsidiariedad debe
tenerse en cuenta que el artículo 86 de la Constitución Política1 establece
que la acción de tutela sólo procede cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. En tal
caso, de conformidad con el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591
de 1991, el juez constitucional debe (i) apreciar la existencia del medio
de defensa judicial, (ii) analizar su eficiencia en relación con las
circunstancias concretas del solicitante y (iii) establecer si se acredita el
perjuicio irremediable2.
1
“Artículo 86. (…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)”.
2
Corte Constitucional. Sentencia T-554 del 20 de noviembre de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
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3.3.1.2. Al respecto, la Sala considera que la solicitud de tutela no cumple
con el requisito general de subsidiariedad que caracteriza a la acción de
tutela, en la medida en que el accionante cuenta con otros medios de
defensa para exponer el presunto acoso laboral que ha soportado como
empleado de la Rama Judicial en el cargo de Auxiliar de Servicios
Generales para el Tribunal accionado.
Tales medios de defensas se concretan en la posibilidad de formular la
respectiva denuncia por los hechos que ha soportado ante el Comité de
Convivencia Laboral de la Rama Judicial – Seccional Valle del Cauca,
dependencia a quien corresponderá evaluar si se presentaron o no
conductas constitutivas de acoso laboral en cualquiera de sus
modalidades tales como maltrato laboral, violencia física o verbal,
discriminación laboral, persecución laboral por actos reiterados y
arbitrarios, inequidad y entorpecimiento laboral, desprotección y, en
general, cualquier acto de irrespeto a la dignidad humana contrario a
disciplina y subordinación laboral.
Al respecto, la Sala trae a colación lo previsto por la Ley 1010 de 2006
“Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y
sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las
relaciones de trabajo”, que resulta aplicable a los trabajadores del sector
tanto público como privado, y que, en cuanto a mecanismos para la
protección de los trabajadores expuestos a situaciones de acoso laboral,
determinó lo siguiente:
“ARTÍCULO 9o. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DEL ACOSO
LABORAL.
1. Los reglamentos de trabajo de las empresas e instituciones deberán
prever mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral y
establecer un procedimiento interno, confidencial, conciliatorio y efectivo
para superar las que ocurran en el lugar de trabajo. Los comités de
empresa de carácter bipartito, donde existan, podrán asumir funciones
relacionados con acoso laboral en los reglamentos de trabajo.
2. La víctima del acoso laboral podrá poner en conocimiento del Inspector
de Trabajo con competencia en el lugar de los hechos, de los Inspectores
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Municipales de Policía, de los Personeros Municipales o de la Defensoría
del Pueblo, a prevención, la ocurrencia de una situación continuada y
ostensible de acoso laboral. La denuncia deberá dirigirse por escrito en
que se detallen los hechos denunciados y al que se anexa prueba sumaria
de los mismos. La autoridad que reciba la denuncia en tales términos
conminará preventivamente al empleador para que ponga en marcha los
procedimientos confidenciales referidos en el numeral 1 de este artículo y
programe actividades pedagógicas o terapias grupales de mejoramiento
de las relaciones entre quienes comparten una relación laboral dentro de
una empresa. Para adoptar esta medida se escuchará a la parte
denunciada.
3. Quien se considere víctima de una conducta de acoso laboral bajo
alguna de las modalidades descritas en el artículo 2o de la presente ley
podrá solicitar la intervención de una institución de conciliación autorizada
legalmente a fin de que amigablemente se supere la situación de acoso
laboral.
PARÁGRAFO 1o. Los empleadores deberán adaptar el reglamento de
trabajo a los requerimientos de la presente ley, dentro de los tres (3)
meses siguientes a su promulgación, y su incumplimiento será sancionado
administrativamente por el Código Sustantivo del Trabajo. El empleador
deberá abrir un escenario para escuchar las opiniones de los trabajadores
en la adaptación de que trata este parágrafo, sin que tales opiniones sean
obligatorias y sin que eliminen el poder de subordinación laboral.
PARÁGRAFO 2o. La omisión en la adopción de medidas preventivas y
correctivas de la situación de acoso laboral por parte del empleador o jefes
superiores de la administración se entenderá como tolerancia de la
misma.
PARÁGRAFO 3o. La denuncia a que se refiere el numeral 2 de este artículo
podrá acompañarse de la solicitud de traslado a otra dependencia de la
misma empresa, si existiera una opción clara en ese sentido, y será
sugerida por la autoridad competente como medida correctiva cuando ello
fuere posible.”
Siendo así, la Sala estima que en este caso el señor José Fabio Quintero
Corrales tiene a su alcance el referido trámite administrativo, a través del
cual puede formular una denuncia con la finalidad de alertar las
condiciones de inequidad y los tratos indignos a los que presuntamente
ha sido expuesto por parte del Tribunal accionado, y por intermedio de
estas rutas de atención estimadas por el legislador, conseguir que cesen
las conductas abusivas y que se adopten las medidas necesarias para el
restablecimiento de sus garantías en el escenario laboral.
Además, en el evento en que el Comité designado para los efectos omita
dar el correspondiente tramité a la denuncia presentada, el accionante
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puede acudir ante un Inspector de Trabajo y de Seguridad Social, quien
tiene la competencia general de inspección, vigilancia y control en materia
laboral individual del sector privado y en materia colectiva de los sectores
público y privado, de conformidad con la Ley 1610 de 2013 “por la cual
se regulan algunos aspectos sobre las Inspecciones del Trabajo y los
acuerdos de formalización laboral”, quien tomará las medidas de su
competencia para alertar al Comité sobre la situación denunciada.
Igualmente, advierte la Sala que el accionante tambien se encuentra en
la posibilidad de formular demanda ante el Juez correspondiente, en
atención a la naturaleza de su empleo, para obtener la reparación de los
daños causados por los actos de acoso laboral, así como la imposición de
sanciones o multas a los responsables.
Con todo, de las pruebas aportadas con la solicitud de amparo, no se
observa que, en efecto, el accionante hubiese presentado la denuncia o
demanda correspondiente ante las autoridades y dependencias
señaladas; así como tampoco obran en el plenario, solicitudes del actor
ante su empleador, con el fin de obtener mejoras en sus condiciones de
trabajo, tales como la fijación del punto de red de internet con equipo y
puesto de trabajo en igual condiciones que el resto de sus compañeros.
Lo anterior teniendo en cuenta que, es el empleador el primer llamado a
garantizar las condiciones necesarias para el cumplimiento de las
funciones desempeñadas por sus subalternos.
3.3.1.2. Ahora bien, en cuanto a los reclamos por las calificaciones de
servicios emitidas por el Tribunal accionado en los años 2012, 2019, y
2020, respecto de las cuales el accionante advierte que resultaron
caprichosas y ausentes de motivación, la Sala considera que esta
circunstancia en particular también ha sido señalada en la solicitud de
amparo como uno de los varios eventos que presuntamente constituyen
actos de acoso laboral, de manera que aquellas situaciones sirven de
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sustento para que el actor formule la denuncia ante las autoridades
correspondientes, tal como se ilustró a párrafos superiores.
A lo anterior, la Sala agrega que en el plenario se observan únicamente
las pruebas aportadas por el Tribunal accionado a través de las cuales se
logró acreditar que, mediante la resolución número 006 de 19 de enero
de 2024, la autoridad judicial accionada resolvió el recurso de reposición
interpuesto por el accionante en contra de las calificaciones integrales de
servicios de los años 2019 y 2020, en el sentido de reponer la calificación
“únicamente en lo correspondiente a la motivación otorgada”, así3:
En ese orden, se encuentra acreditado que el accionante presentó los
reparos en relación con la calificación de servicios obtenida en los años
2019 y 2020, y obtuvo respuesta a los recursos en la forma que
corresponde para dichas diligencias. Es por ello, que la Sala insiste en que
el argumento del actor se concreta en señalar que las calificaciones fueron
3
Índice 9 del expediente digital de la referencia en SAMAI.
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resultado de los presuntos actos de acoso laboral que sufrió, y por lo
tanto, frente a dichas alegaciones, tampoco se cumpliría el requisito de
subsidiariedad de la acción de tutela, pues como se advirtió con
anterioridad, el accionante cuenta con mecanismos administrativos y
judiciales que le permiten exponer los actos que presuntamente
constituyen acoso laboral, y obtener el reconocimiento de dicha situación
así como el restablecimiento de sus condiciones laborales.
3.3.1.3. Por otra parte, en cuanto a la supuesta perdida de oportunidad
del accionante provocada por el Tribunal accionado al no considerar su
perfil para aprovisionar las vacantes creadas para la Secretaría General
de esa Corporación, la Sala considera que el accionante también cuenta
con mecanismos distintos de la acción de tutela para poner de presente
su inconformidad, pues al considerar aquel que le asiste un mejor derecho
en el proceso de elección de la nueva planta de personal, se encuentra en
las condiciones para presentar solicitudes respetuosas a su empleador con
miras a obtener, si quiera, la explicación de los motivos por los cuales se
descartó su currículo laboral; pese a ello, no acreditó que hubiese
formulado solicitudes en ese sentido, más allá de la presentación formal
de su hoja de vida, la cual reposa como prueba en el expediente de la
referencia.
Con todo, sea del caso señalar que la elección de los perfiles para ocupar
los cargos creados para la Secretaría General responde a un proceso de
selección en el que se deben evaluar los requisitos para el cargo y las
aptitudes de los postulados, de manera tal que, en principio, no se debe
a una elección caprichosa sino al resultado de la constatación de los
requerimientos exigidos para el ejercicio de las funciones a cumplir.
3.3.1.4. Finalmente, si es que el accionante se encuentra en desacuerdo
con el monto que recibirá por concepto de su pensión de vejez, puede
presentar las solicitudes correspondientes tanto al administrador de
pensiones como a su empleador, con el fin de verificar que se hayan
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cotizados las semanas correspondientes, y particularmente aquellas que
debieron liquidarse de conformidad con los salarios devengados en los
cargos de Citador y Escribiente que alguna vez ocupó; y si es que se
obtiene respuesta negativa al respecto, también se encuentra habilitada
la posibilidad de presentar demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 138 del
CPACA, con el fin de discutir la legalidad de los actos administrativos que
se expidan en relación con su pensión de vejez.
3.3.1.5. Con todo lo anterior queda claro que, como el alegato principal
del accionante se concentra en señalar que existió vulneración de sus
garantías por las varias situaciones que presuntamente constituyen acoso
laboral, la Sala advierte que aquel tiene a su disposición mecanismos
administrativos y judiciales para denunciar las condiciones en su entorno
laboral, o por lo menos, requerir a su empleador sobre las necesidades
que le apremian en el ejercicio de las funciones que le han asignado;
empero, no se acreditó que el actor hubiese hecho uso de dichos medios
de defensa, sino que es claro que acudió directamente a la acción de
tutela, como si este mecanismo excepcional de protección pudiera ser
empleado en reemplazo de los medios ordinarios consagrados en la ley.
Además, el actor no alegó ni de los documentos visibles en el expediente
se advierte que se encuentre expuesto a un perjuicio irremediable que
haga procedente el amparo de manera excepcional, pues lo que sí se
acreditó es que el accionante goza de estabilidad laboral en su cargo en
propiedad como Auxiliar de Servicios Generales del Tribunal accionado, lo
cual reviste mayor relevancia si se tiene que, aunque no existe prueba en
el expediente, el actor refirió que recibió respuesta favorable en relación
con su trámite de pensión de vejez.
3.4. Conclusión
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De acuerdo con lo expuesto, la Sala declarará improcedente la solicitud
de amparo de la referencia, por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por el señor José Fabio Quintero Corrales, por las razones expuestas en
esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, si esta decisión no es impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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