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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03446-01

Fecha
21 de agosto de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03446-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, que rechazó el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03446-01 Actor: JOSÉ FABIO QUINTERO CORRALES eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03446-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

21 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03446-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: JOSÉ FABIO QUINTERO CORRALES

TESIS: CONFIRMAR LA DECISIÓN DEL A QUO QUE RECHAZÓ EL
AMPARO SOLICITADO. SE CONFIGURA LA COSA JUZGADA Y LA
TEMERIDAD. IDENTIDAD DE PARTES, HECHOS Y PRETENSIONES.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD Y
TRATO DIGNO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra

la sentencia de 3 de julio de 2025, mediante la cual la SECCIÓN

SEGUNDA, SUBSECCIÓN “A” DEL CONSEJO DE ESTADO1

rechazó la solicitud de amparo por considerar que se configuró la

temeridad.

1
En adelante la Sección Segunda

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03446-01
Actor: JOSÉ FABIO QUINTERO CORRALES

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor JOSÉ FABIO QUINTERO CORRALES, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trato digno, los

cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL

DISTRITO JUDICIAL DE CALI2, por el presunto acoso laboral del

cual es víctima en desarrollo de su cargo y por denegar la nivelación

salarial solicitada.

I.2.- Hechos

Comentó que se encuentra vinculado en carrera desde el 19 de mayo

de 1994 a la Rama Judicial, en el cargo de auxiliar de servicios

generales, grado 03 y presta sus servicios en el TRIBUNAL, en el

que ha desempeñado también los cargos de citador grado III y

escribiente en provisionalidad.

Manifestó que debido a un conflicto presentado en el año 2012 ha

2
En adelante el Tribunal.

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Actor: JOSÉ FABIO QUINTERO CORRALES

sido objeto de tratos discriminatorios e indignos, materializados en

un presunto acoso laboral, el cual, se habría traducido en la

imposición de jornadas laborales excesivas y en la asignación de

funciones distintas a las originalmente pactadas, generando un

impacto negativo tanto en su calificación de servicios como en su

salud física y emocional.

Explicó que, de forma reiterada, ha solicitado la homologación de su

cargo de auxiliar de servicios generales, grado 03, al de escribiente

o conductor, sin que haya recibido una respuesta favorable por parte

del TRIBUNAL.

Indicó que, a pesar de tener problemas de salud, no cuenta con

restricción alguna que limite su capacidad laboral, por lo que se

encuentra facultado para la homologación de los cargos de

escribiente o conductor, máxime cuando cuenta con la experiencia y

tiempo requerido para ello.

Finalmente, puso de presente que presentó solicitud de pensión de

vejez anticipada por calificación de invalidez, la cual fue resuelta por

la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

(COLPENSIONES), de manera desfavorable.

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Actor: JOSÉ FABIO QUINTERO CORRALES

I.3.- Fundamentos de la solicitud

La parte actora afirmó que ha sido víctima de acoso laboral desde el

2012, situación que se encuentra debidamente documentada;

sumado al hecho de que cumple con los requisitos para la

homologación de su cargo de auxiliar de servicios generales, grado

03, al de escribiente o conductor.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la parte actora pretende lo

siguiente:

“[…] A-Ser reconocido par parte del Tribunal mi condición de
víctima de acoso laboral Ley 1010 de 2006 y conforme lo
expuesto en mis reclamaciones desde el año 2012 a la fecha,
teniendo en cuenta que este asunto a pesar de haberlo hecho
conocer a mis superiores de presidencia y sala plena, no se le
prestó la debida atención para una respuesta positiva ajustada
al derecho, con el agravante que me suspendieron mis funciones
cotidianas varios meces negándome punto de red y equipo.

B.-Gestionar para la creación del cargo de conductor del Tribunal
con un salario equivalente de un escribiente, toda vez que es un
cargo con múltiples funciones y responsabilidades por pagos de
multas y horas de trabajos extras, el itinerario de un motorista
comienza en la mayoría de las veces a las 5, 6 am y termina a
las 8 pm o más, reforma que debe ampararme de forma
retroactiva por mis servicios prestados en esa actividad
últimamente como funciones de escribiente.

C- Reconocimiento de la nivelación salarial conforme lo ordenado
en la Ley 4º de 1992, conforme lo normado en la Carta Política
en sus artículos 13, 25, 29, 53 y lo reglado en el código
sustantivo del trabajo.

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D- Crear un punto de red internet con equipo y puesto de trabajo
en igual condiciones que el resto de mis compañeros adscritos a
la secretaria de la Sala Laboral, para restablecer mis funciones
ya que llevo varios meces sometido a un desplazamiento injusto
interno por parte de mis superiores, situación que forma parte
de ese trato desigual, discriminatorio, a pesar de haberme
preparado académicamente hasta el 5º semestre en derecho, no
se me tiene en cuenta mi hoja de vida […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1- El TRIBUNAL solicitó que se declare improcedente la solicitud

de amparo de la referencia por falta del requisito general de la

subsidiariedad, comoquiera que el actor cuenta con otros

mecanismos de defensa, esto es, el proceso especial de acoso laboral

y el medio de control frente a los actos administrativos que se han

expedido y a su criterio vulneran sus derechos fundamentales.

Sumado a lo anterior, indicó que tampoco se cumple con el requisito

de inmediatez, pues el actor relata que la eventual vulneración se

presenta desde el 2012, como consecuencia del supuesto acoso

laboral.

Destacó que no se advierte vulneración alguna de los derechos

fundamentales invocados, pues del escrito de tutela no se infiere de

qué forma se han menoscabado, toda vez que relata una serie de

hechos que constituyen una controversia legal, mas no

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constitucional.

Refirió que se configura la temeridad en el asunto, comoquiera que

el actor ya había promovido una acción de tutela bajo los mismos

hechos y pretensiones, la cual fue resuelta por la Sección Primera del

Consejo de Estado, en sentencia de 7 de noviembre de 20243, que

declaró improcedente el amparo y cuya decisión fue confirmada en

segunda instancia.

Resaltó que, si en gracia de discusión, se encontraran superados los

requisitos de procedibilidad, solicitó tener en cuenta que no es la

competente para acatar las pretensiones del actor, pues el cargo de

conductor no está creado para esa Corporación, además el

accionante no cumple con los requisitos para desempeñar los cargos

solicitados, por lo que lo pretendido no tiene vocación de

prosperidad.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA solicitó que

3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Oswaldo Giraldo
López, sentencia de 7 de noviembre de 2024, radicación 11001-03-15-000-2024-05312-00.

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se le desvincule del presente trámite constitucional por falta de

legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no tiene dentro de

sus funciones resolver peticiones como las señaladas por el actor y

no se advierte un nexo causal entre los hechos y la presunta

vulneración de los derechos fundamentales.

Aseveró que la solicitud de amparo resulta improcedente en cuanto

pretende la creación de cargos adicionales para el Tribunal;

asimismo, indicó que respecto al presunto acoso laboral, su atención

requiere la activación de rutas institucionales y mecanismos

específicos de resolución de conflictos, cuya gestión no se encuentra

dentro de su ámbito de competencia.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 3 de julio de 2025, la SECCIÓN SEGUNDA

declaró configurada la temeridad en el asunto, para lo cual señaló

que la presente acción de tutela guarda identidad fáctica con la

solicitud de amparo radicada con el número 2024-05312-01, pues

corresponden a los mismos hechos, fundamentos y pretensiones, y

se dirige contra la misma autoridad judicial, sin que se advierta la

existencia de hechos nuevos que justifiquen la presentación de una

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nueva acción de tutela.

Finalmente, denegó la solicitud de desvinculación propuesta por el

Consejo Superior de la Judicatura, dado que su vinculación obedeció

a los reparos expuestos por el actor, aspectos que de cierto modo

atañen a dicha entidad.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la decisión, pues, a su juicio, existen nuevos

hechos que motivaron la reiteración de su solicitud de amparo y que

consisten en que fue desplazado de las funciones que desempeñaba

en la Secretaría de la Sala Laboral del TRIBUNAL desde mayo de

2024, por lo que, actualmente, se encuentra ejecutando tareas

diferentes y con “[…] una nueva orden aseo y servir tintos […]”.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

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concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19914. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso concreto

En el presente caso, la parte actora pretende que sea reconocida

4
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».

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su condición de víctima de acoso laboral y que, además, se gestione

la creación del cargo de conductor con salario equivalente al de

escribiente del TRIBUNAL y sea reconocida la nivelación salarial

solicitada.

Finalmente, solicita la creación de un punto de red de internet con

equipo y puesto de trabajo en igual condiciones que el resto de sus

compañeros adscritos a la Secretaría de la Sala Laboral del

TRIBUNAL.

El disenso del actor radica en el hecho de que, en su sentir, ha sido

víctima de acoso laboral y trato indigno en desarrollo del cargo de

auxiliar de servicios generales, grado 03, en el TRIBUNAL, sumado

a que se le han denegado las solicitudes presentadas de

homologación de su cargo al de escribiente y/o conductor.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN SEGUNDA que rechazó la solicitud de amparo por

considerar que se configuró la temeridad en el asunto, toda vez que

el actor ya había promovido una acción constitucional bajo los

mismos hechos, pretensiones y contra la misma autoridad judicial.

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En la impugnación, la actora manifestó que el a quo no tuvo en

cuenta que existen nuevos hechos que lo motivaron a reiterar su

solicitud de amparo.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará si se configura la cosa juzgada y la temeridad en el asunto,

para luego proceder con el estudio de los presupuestos generales de

procedibilidad de la acción de tutela; y, de superarse tal derrotero,

se establecerá si la accionada vulneró los derechos invocados.

De la configuración de la cosa juzgada y la temeridad

La presentación sucesiva5 o simultánea6 de varias acciones de tutela

sobre un mismo asunto ha sido objeto de análisis de manera

reiterada por la Corte Constitucional, aspecto sobre el cual ha

estudiado la existencia de dos figuras a saber: la cosa juzgada y la

temeridad.

5
La presentación sucesiva de una acción de tutela se entiende en aquellos eventos en que después de
haberse decidido una solicitud de amparo, la misma es presentada nuevamente.

6
La acción de tutela es simultánea cuando la persona la interpone ante varios jueces.

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Al respecto, en sentencia T-560 de 6 de agosto de 2009, con

ponencia del magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, la Corte

Constitucional precisó que la cosa juzgada constitucional se configura

en aquellos eventos en que de manera sucesiva se presentan

acciones de tutela que guardan identidad de partes, hechos y

pretensiones, siempre que frente a una de ellas ya hubiese un

pronunciamiento definitivo e inmutable por parte del juez

constitucional.

Dicho fenómeno opera, cuando: i) quede ejecutoriada la sentencia

emitida por la Corte Constitucional en atención a la revisión que esta

realiza en virtud del artículo 33 del Decreto 2591 de 19 de noviembre

de 19917; o ii) esté ejecutoriado el auto por medio del cual se decide

no seleccionar para revisión el asunto8.

Por su parte, el juez debe entender por temerarias las acciones de

tutela que se presenten, ya sea de manera sucesiva o simultánea,

con identidad de partes, hechos y pretensiones, siempre que

considere que dicha actuación:

7
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
8
Al respecto, ver la Sentencia T-137 de 2014, entre otras.

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“[…] (i) resulta amañada, en la medida en que el actor se reserva
para cada demanda los argumentos o pruebas que convalidan sus
pretensiones; (ii) denote el propósito desleal de obtener la
satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la
eventualidad de una interpretación judicial que, entre varias,
pudiera resultar favorable; (iii) deje al descubierto el abuso del
derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se
instaura la acción; o finalmente (iv) se pretenda a través de
personas inescrupulosas asaltar la buena fe de los administradores
de justicia […]”.9

Adicionalmente, ese Tribunal Constitucional ha previsto unos

supuestos en los cuales, de manera excepcional, puede concluirse

que no se configura la temeridad ante el ejercicio simultáneo o

sucesivo de acciones de tutela con identidad de partes, hechos y

pretensiones. Así, en sentencia T-614 de 25 de septiembre de 2015,

con ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, dicha

Corporación reiteró10 los eventos en que no hay lugar a declarar el

fenómeno referido, así:

“[…]”(i) la condición del actor que lo coloca en estado de
ignorancia o indefensión, propio de aquellas situaciones en
que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho y no por mala
fe; (ii) en el asesoramiento errado de los profesionales del derecho;
(iii) en la consideración de eventos nuevos que aparecieron con
posterioridad a la interposición de la acción o que se omitieron en

9
Estas subreglas se puntualizaron en la Sentencia SU-713 de 2006, las cuales se reiteraron, entre
otras, en las Providencias T-560 de 2009, y recientemente, en la SU-439 de 2017.
10
Al respecto, ver las sentencias T-433 de 2006, T-507 de 2011.

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el trámite de la misma, o cualquier otra situación que no se haya
tomado como base para decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que
implique la necesidad de proteger los derechos fundamentales del
demandante: y por último (iv) se puede resaltar la posibilidad de
interponer una nueva acción de amparo cuando la Corte profiere
una sentencia de unificación, cuyos efectos hace explícitamente
extensivos a un grupo de personas que se consideran en igualdad
de condiciones, incluso si con anterioridad a dicha sentencia
presentaron acción de tutela por los mismos hechos y con la misma
pretensión;[…]” (Destacado fuera de texto).

De todo lo anterior, resulta evidente que la valoración de la

temeridad exige la estimación de un factor subjetivo, de tal forma

que el juzgador logre advertir que la presentación sucesiva de una

acción de tutela tiene una justificación, como lo sería el hecho de que

la parte actora, en estado de ignorancia o indefensión, obre por

miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un

derecho y no por mala fe.

Es por lo anterior, que la Sala analizará si en el presente caso se

observa identidad de partes, hechos y pretensiones en relación con

la acción de tutela identificada con el número único de radicación

2024-05312-01 y, en consecuencia, si nos encontramos ante la

existencia de la cosa juzgada y/o temeridad.

Que exista fallo ejecutoriado: el cual se entiende en aquellos

eventos en que la Corte Constitucional emite sentencia y esta queda

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en firme o cuando decide no seleccionar el fallo de tutela para

revisión.

La Sala advierte que en la acción de tutela identificada con el número

único de radicación 2024-05312-01, la Corte Constitucional, a

través de auto proferido el 29 de abril de 202511, decidió no

seleccionarla para revisión.

Que exista identidad de partes: La acción de tutela de la

referencia fue instaurada por el señor JOSÉ FABIO QUINTERO

CORRALES contra el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO

JUDICIAL DE CALI.

Por su parte, la solicitud de amparo radicada bajo el número 2024-

05312-01, también fue incoada por el señor JOSÉ FABIO

QUINTERO CORRALES contra el mismo TRIBUNAL, razón por la

cual la Sala considera que hay identidad de partes en las solicitudes

de amparo referidas.

11
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/autos/sala-4-2025--auto-sala-de-selecciÓn-del-
29-de-abril-de-2025---notificado-el-13-de-mayo-de-2025.pdf
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/consultat/consulta.php?campo=NumeroUnico&date
3=2019-01-01&date4=2023-02-
06&radi=Radicados&palabra=11001031500020220052300&radi=radicados&todos=%25

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Que exista identidad de pretensiones: Sobre este punto, la Sala

encuentra que las pretensiones en las acciones de tutela son

idénticas y persiguen exactamente lo mismo, esto es, i) que sea

reconocida la condición de víctima al actor con ocasión de un

presunto acoso laboral; ii) que se gestione la creación del cargo de

conductor con salario equivalente al de escribiente del TRIBUNAL;

iii) que sea reconocida la nivelación salarial solicitada; y iv) que se

cree un punto de red de internet con equipo y puesto de trabajo en

igual condiciones que el resto de sus compañeros adscritos a la

Secretaría de la Sala Laboral del TRIBUNAL.

Que exista identidad de hechos: De la lectura de ambos escritos

de tutela es posible inferir que comparten idéntico sustento fáctico,

esto es, que el accionante ha sido víctima de presunto acoso laboral,

y tratos indignos y discriminatorios en desarrollo del cargo de auxiliar

de servicios generales, grado 03, en el TRIBUNAL; además, que se

le están vulnerando sus derechos fundamentales invocados al

denegársele la nivelación salarial solicitada.

Igualmente, en ambas solicitudes de amparo el señor QUINTERO

CORRALES afirmó que el propósito de incoar la acción constitucional

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es obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido

proceso, a la igualdad y al trato digno.

Ahora, aun cuando el actor aduce que en la presente acción de tutela

se traen a colación hechos nuevos, la Sala no comparte tal

afirmación, toda vez que no se advierten circunstancias que habiliten

la presentación de una segunda acción de tutela, pues lo expuesto

en el escrito de impugnación apunta a iguales reparos e informidades

expuestas en el mecanismo de amparo traído a colación, y si bien

enuncia nuevas particularidades frente a labores que está

desempeñando, estas hacen parte del presunto acoso laboral que ya

fue puesto de presente.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que se encuentra demostrada

la triple identidad entre la solicitud de amparo de la referencia y la

acción de tutela identificada con el número único de radicación 2024-

05312-01, por lo que deberá definirse si se está en presencia del

fenómeno de cosa juzgada y/o ante una actuación temeraria.

La Sala advierte la existencia de la cosa juzgada, teniendo en cuenta

que la Corte Constitucional, mediante auto de 29 de abril de 2025,

decidió no seleccionar para revisión el expediente 2024-05312-01.

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Ahora bien, en relación con la actuación temeraria, la Sala, al analizar

en su conjunto la intervención del señor JOSÉ FABIO QUINTERO

CORRALES, encuentra que el actor omitió mencionar que ya había

presentado una acción de tutela por los mismos hechos y

pretensiones, sin justificar de alguna forma el ejercicio de una

segunda acción.

Siendo ello así, a juicio de la Sala, la actuación del señor QUINTERO

CORRALES resulta temeraria, si se tiene en cuenta que no se

configura ninguna de las circunstancias excepcionales a que hace

referencia la Corte Constitucional en la sentencia analizada en

precedencia para enervar la actuación temeraria ante el ejercicio

simultáneo o sucesivo de una acción de tutela.

Así las cosas, en atención a que el actor ya había presentado una

acción de tutela que tiene identidad de partes, hechos y pretensiones

respecto de la acción de la referencia, la Sala considera que en el

presente caso se configuró la cosa juzgada y la temeridad, por lo

que, en atención al artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 199112,

confirmará la decisión del a quo que rechazó la solicitud de amparo

12
Decreto Ley 2591 de 1991. “ARTICULO 38.-Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante
varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.”
(Negrillas fuera del texto).

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03446-01
Actor: JOSÉ FABIO QUINTERO CORRALES

de la referencia.

En cuanto a la procedencia de la sanción, la Sala la considera

innecesaria dado que no se evidencia un comportamiento desleal o

de mala fe por parte del actor, por lo que aun cuando se configuran

los elementos para calificar esta segunda solicitud de amparo como

temeraria, ello no necesariamente conduce a la imposición de una

sanción.

En ese orden de ideas, la Sala confirmará la sentencia impugnada

que rechazó la solicitud de amparo, como en efecto se dispondrá en

la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, que rechazó el

amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de

esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03446-01
Actor: JOSÉ FABIO QUINTERO CORRALES

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 22 de agosto de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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