Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-03446-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-03446-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-03446-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
3 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03446-00
Accionante: José Fabio Quintero Corrales
Accionados: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali
Tema: Derecho a la igualdad, acoso laboral, nivelación salarial
Decisión: Rechaza la acción de tutela porque se configura la temeridad
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela1 presentada por el señor José Fabio Quintero Corrales, quien actúa en
nombre propio en contra del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali por la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y
trato digno por un presunto acoso laboral y falta de reconocimiento de una
nivelación salarial.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. El 19 de mayo de 1994, el señor José Fabio Quintero Corrales ingresó a trabajar
en carrera en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en el cargo de auxiliar
de servicios generales – grado 03. Asimismo, manifestó que ha desempeñado los
cargos de citador grado III y escribiente en provisionalidad.
3. Indicó que desde el 2012 ha sido objeto de discriminación, tratos indignos,
jornadas laborales extensas y cambio en las funciones que venía desempeñando,
circunstancias que han afectado notablemente en la calificación de servicios
cuando empezó a exigir un «trato justo».
4. Señaló que fue sometido a desplazamiento interno dentro de la corporación, en
la medida que en varias oportunidades le han cambiado las funciones que venía
desempeñando durante décadas, lo que provocó un detrimento en su salud
emocional, ocasionándole la necesidad de acudir a servicios médicos e
incapacidades laborales por dolor de espalda y síntomas de ansiedad.
5. Agregó que estuvo incapacitado durante dos años, esto es, entre el 2019 y el
2021. Asimismo, sostuvo que solo fue hasta el 2022 que retomó sus actividades de
1
Acción de tutela presentada el 5 de junio de 2025.
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manera presencial porque se encontraba en teletrabajo.
6. De otra parte, señaló que ha solicitado la homologación de su cargo de auxiliar
de servicios generales, grado 03, al de escribiente o conductor, sin obtener una
respuesta favorable.
2.2. Fundamento jurídico
7. La parte actora manifestó que la autoridad judicial accionada vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y trato digno por un presunto
acoso laboral del que afirma haber sido víctima en desarrollo del cargo de Auxiliar
de Servicios Generales en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santiago de
Cali. Asimismo, afirmó que no se le permitió una nivelación salarial con el cargo de
conductor o escribiente.
2.3. Pretensiones
8. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«(…)
A- Ser reconocido par parte del Tribual mi condición de víctima de
acoso laboral Ley 1010 de 2006 y conforme lo expuesto en mis
reclamaciones dese el año 2012 a la fecha, teniendo en cuenta que
este asunto a pesar de haberlo hecho conocer a mis superiores de
presidencia y sala plena, no se le prestó la debida atención para una
respuesta positiva ajustada al derecho, con el agravante que me
suspendieron mis funciones cotidianas varios meces negándome
punto de red y equipo.
B.-Gestionar para la creación del cargo de conductor del Tribunal con
un salario equivalente de un escribiente, toda vez que es un cargo con
múltiples funciones y responsabilidades por pagos de multas y horas
de trabajos extras, el itinerario de un motorista comienza en la mayoría
de las veces a las 5, 6 am y termina a las 8 pm o más, reforma que
debe ampararme de forma retroactiva por mis servicios prestados en
esa actividad últimamente como funciones de escribiente.
C- Reconocimiento de la nivelación salarial conforme lo ordenado en
la Ley 4º de 1992, conforme lo normado en la Carta política en sus
artículos 13, 25, 29, 53 y lo reglado en el código sustantivo del trabajo.
D- Crear un punto de red internet con equipo y puesto de trabajo en
igual condiciones que el resto de mis compañeros adscritos a la
secretaria de la Sala Laboral, para restablecer mis funciones ya que
llevo varios meces sometido a un desplazamiento injusto interno por
parte de mis superiores, situación que forma parte de ese trato
desigual, discriminatorio, a pesar de haberme preparado
académicamente hasta el 5º semestre en derecho, no se me tiene en
cuenta mi hoja de vida.» (Sic)
2.4. Intervenciones
9. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 10 de junio de
2025 a través del cual se ordenó notificar a la Presidencia, la Sala Plena y la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y al Consejo Superior de
la Judicatura como tercero interesado en el resultado del proceso.
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10. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela por falta del requisito de subsidiariedad porque
no se agotaron los mecanismos que dispone el ordenamiento jurídico,
particularmente, hizo referencia al proceso especial de acoso laboral.
11. De otra parte, indicó que el señor Quintero Corrales había promovido con
anterioridad una acción de tutela basada en hechos y pretensiones similares,
proceso que fue conocido por la Sección Primera del Consejo de Estado quien, a
través de sentencia del 7 de noviembre de 2024 declaró la improcedencia del
mecanismo constitucional. Decisión que fue confirmada en segunda instancia por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante sentencia del 6 de febrero de
2025. Por lo tanto, considera que se configura temeridad.
12. Manifestó que el cargo de conductor no está creado para esta Corporación, por
lo tanto, no puede pretender que para su beneficio personal se nombre en un cargo
inexistente o se le cree uno solo para él.
13. Agregó que, el hecho de haber ejercido en provisionalidad algunos cargos como
citador y escribiente no le otorga el derecho al señor Quintero Corrales de un
ascenso o de una nivelación salarial, pues, de ser así, todos los servidores
nombrados en provisionalidad en distintos cargos podrían alegar el derecho a una
promoción a plazas de nivel superior. Máxime cuando la provisionalidad no confiere
expectativas legítimas de ascenso dentro de la carrera administrativa, ni genera
confianza legítima en las instituciones respecto del acceso a un cargo de dicha
naturaleza.
14. Finalmente, indicó que el 19 de enero de 2024 le fue resuelto favorablemente el
recurso de reposición frente a las calificaciones integrales de servicios de los años
2019 y 2020, por lo tanto, repuso la calificación y se ordenó modificar la motivación
de esta.
15. El Consejo Superior de la Judicatura solicitó ser desvinculado del presente
proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva, pues, considera que no es
la autoridad competente para resolver las pretensiones elevadas por el accionante
a través de la acción de tutela.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
16. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
3.2.1. De la solicitud de desvinculación
17. Sobre el particular, se tiene que si bien el Consejo Superior de la Judicatura,
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solicita la desvinculación del presente proceso, lo cierto es que esta Sala no
encuentra mérito suficiente para acceder a dicha pretensión, toda vez que su
vinculación como accionado obedeció a que el accionante alega que en desarrollo
del cargo de Auxiliar de Servicios Generales en el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santiago de Cali fue víctima de acoso laboral y se le ha negado la
nivelación salarial, aspectos que de cierto modo atañen a dicha entidad.
3.3. Problema jurídico
18. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Tribunal Superior del Distrito de Cali vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, trato digno e igualdad con ocasión de un
presunto acoso laboral y falta de reconocimiento de una nivelación salarial.
3.4. Generalidades de la acción de tutela
19. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1. ° del Decreto 2591 de 1991,
reglamentario del artículo 86. ° de la Constitución Política, «toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales,
cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala
este decreto».
20. Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o vulneración, de
los derechos fundamentales, por la acción u omisión de las autoridades públicas, o
de los particulares en casos concretos y excepcionales.
3.5. De la temeridad
21. La Corte Constitucional ha definido la temeridad como «la actitud de quien
demanda o ejerce el derecho de contradicción a sabiendas de que carece de
razones para hacerlo (…) En estas circunstancias, la actuación temeraria ha sido
calificada por la Corte como aquella que supone una "actitud torticera", que "delata
un propósito desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa",
que expresa un abuso del derecho porque "deliberadamente y sin tener razón, de
mala fe se instaura la acción", o, finalmente, constituye "un asalto inescrupuloso a
la buena fe de los administradores de justicia"»2
22. Sobre el particular, el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 prevé:
«ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la
misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante
ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas
las solicitudes.
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto
de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta
2
Corte Constitucional. Sentencia T-919/03. Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra.
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profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su
tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar».
23. Al respecto, el Alto Tribunal en materia constitucional «ha indicado que existe
temeridad cuando entre dos o más acciones de tutela se presentan las siguientes
circunstancias: (i) identidad de partes; (ii) identidad de causa; (iii) identidad de
objeto; y (iv) la ausencia de justificación en la formulación de la nueva demanda,
vinculada a un actuar doloso o de mala fe por parte del libelista».3
24. En ese sentido, corresponde al juez de tutela realizar un análisis riguroso de los
hechos, las pretensiones y los fundamentos del caso concreto, con el fin de
establecer la improcedencia de la acción de amparo por configurarse una actuación
temeraria.
3.6. Análisis de la temeridad
25. En el presente asunto, la parte actora alega que el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali le vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad
y al trato digno, con ocasión de un presunto acoso laboral del que afirma haber sido
víctima en desarrollo del cargo de Auxiliar de Servicios Generales en el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali. Además, porque no se le permitió una
nivelación salarial con el cargo de conductor o escribiente.
26. Ahora bien, la autoridad judicial accionada en la informe señala que el
accionante había promovido con anterioridad una acción de tutela basada en
hechos y pretensiones similares, proceso al que le correspondió el radicado 11001-
03-15-000-2024-05312-00 [01].
27. En ese sentido, la Sala procederá a estudiar sí en el presente asunto se cumple
con los requisitos de la temeridad mencionados en el acápite anterior, esto es, (i)
identidad de partes; (ii) identidad de causa; (iii) identidad de objeto; y (iv) la ausencia
de justificación en la formulación de la nueva demanda.
28. Al respecto, se observa que el 2 de octubre de 2024 el señor José Fabio
Quintero Corrales presentó una acción de tutela4 contra el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali, en la que invocó los mismos derechos fundamentales, lo
que quiere decir, que cumple con el primer requisito de los mencionados, pues
guarda identidad de partes.
29. Asimismo, en dicha oportunidad, formuló las siguientes pretensiones:
«A. Ser reconocido par parte del Tribual mi condición de víctima de acoso laboral
Ley 1010 de 2006 y conforme lo expuesto en mis reclamaciones dese el año 2012
a la fecha, teniendo en cuenta que este asunto a pesar de haberlo hecho conocer
a mis superiores de presidencia y sala plena, no se le prestó la debida atención para
una respuesta positiva ajustada al derecho, con el agravante que me suspendieron
mis funciones cotidianas varios meces negándome punto de red y equipo.
B. Gestionar para la creación del cargo de conductor del Tribunal con un salario
equivalente de un escribiente, toda vez que es un cargo con múltiples funciones y
3
Corte Constitucional. Sentencia SU 439 de 2017. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
4
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responsabilidades por pagos de multas y horas de trabajos extras, el itinerario de
un motorista comienza en la mayoría de las veces a las 5, 6 am y termina a las 8
pm o más, reforma que debe ampararme de forma retroactiva por mis servicios
prestados en esa actividad últimamente como funciones de escribiente.
C. Reconocimiento de la nivelación salarial conforme lo ordenado en la Ley 4º de
1992, conforme lo normado en la Carta política en sus artículos 13, 25, 29, 53 y lo
reglado en el código sustantivo del trabajo...
D. Crear un punto de red internet con equipo y puesto de trabajo en igual
condiciones que el resto de mis compañeros adscritos a la secretaria de la Sala
Laboral, para restablecer mis funciones ya que llevo varios meces sometido a un
desplazamiento injusto interno por parte de mis superiores, situación que forma
parte de ese trato desigual, discriminatorio, a pesar de haberme preparado
académicamente hasta el 5º semestre en derecho, no se me tiene en cuenta mi
hoja de vida»
30. El proceso correspondió a la Sección Primera del Consejo de Estado que,
mediante sentencia de 7 de noviembre de 2024, declaró improcedente la acción de
tutela por no cumplirse con el requisito de subsidiariedad. Decisión que fue
confirmada por la Sección Cuarta de esta corporación, a través de sentencia del 6
de febrero de 2025, al considerar:
«5.1. Procedencia de las pretensiones relacionadas con el presunto acoso
laboral.
En el sub lite, la Sala advierte que el señor José Fabio Quintero Corrales refiere ser
víctima de tratos discriminatorios, tratos indignos, falta de garantías laborales,
largas jornadas laborales, cambios constantes en la asignación de funciones,
calificaciones de servicios injustas, lo que configura, a su juicio, un caso de acoso
laboral.
Al respecto, la Sala encuentra, que la acción de amparo no cumple el requisito de
subsidiariedad, dado que el señor Quintero Corrales cuenta con otros medios para
hacer valer sus derechos. La Ley 1010 de 2006, «Por medio de la cual se adoptan
medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos
en el marco de las relaciones de trabajo», establece en su artículo 9 las medidas
preventivas y correctivas del acoso laboral (…)
(…)
Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura adoptó el «Protocolo de
prevención, atención y seguimiento al acoso laboral y gestión de quejas de presunto
acoso laboral en la Rama Judicial» que establece los lineamientos para prevenir,
dar trámite y realizar seguimiento de las quejas reportadas como presuntas
conductas de acoso laboral en la Rama Judicial y el mismo protocolo se encuentra
refrendado por el Acuerdo PCSJA23-12077 del 23 de junio de 2023, «Por el cual se
reglamenta la conformación y funcionamiento de los Comités de Convivencia
Laboral de la Rama Judicial y se dictan otras disposiciones»
5.2. Procedencia de la acción de tutela para la nivelación salarial.
La Sala advierte que el señor Quintero Corrales pretende que el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cali le reconozca la nivelación salarial o la homologación del
cargo de Auxiliar de Servicios Generales – Grado 03, al de conductor o al de
escribiente, porque, a su juicio, cuenta con la formación académica, experiencia y
ha desarrollado funciones similares.
De las pruebas aportadas, la Sala no encuentra que el accionante haya agotado la
reclamación administrativa en la que solicitara la nivelación salarial y la
homologación del cargo (incluida la asignación de un puesto de trabajo en las
mismas condiciones de esos cargos).
Si bien el actor presentó una petición en el mes de enero de 2013, con la que pidió
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el reconocimiento de las horas extras que había laborado como conductor y la
directora ejecutiva de administración judicial seccional Cali expidió la Resolución
0467 de 2013, con la que denegó lo pedido. Además, el demandante no acreditó
haber controvertido por vía judicial ese acto administrativo.
Lo anterior es suficiente para que la Sala confirme la decisión de primera instancia
que declaró improcedente la solicitud de amparo por no cumplir el requisito general
de subsidiariedad.
(…)»
31. Así las cosas, para la Sala resulta evidente que la presente acción de tutela
guarda identidad fáctica y de pretensiones con la entonces resuelta, al tratarse de
una inconformidad relacionada con un presunto acoso laboral del que afirma haber
sido víctima en desarrollo del cargo de Auxiliar de Servicios Generales en el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. Además, que no se le permitió una
nivelación salarial con el cargo de conductor o escribiente.
32. Asimismo, resulta pertinente advertir que no obra prueba alguna en el
expediente de hechos nuevos que justifiquen la interposición de la presente acción
de tutela, lo que constituye una actuación temeraria que quebranta el principio de
buena fe, con dicha conducta la parte accionante asume una actitud indebida para
satisfacer un interés individual que deriva en un abuso del derecho cuando
deliberadamente y sin tener razón instauró nuevamente una demanda de amparo.
33. De conformidad con lo anterior es posible concluir que en el asunto de la
referencia se configura un actuar temerario por parte del accionante, teniendo en
cuenta que el señor José Fabio Quintero Corrales interpuso una acción de tutela
idéntica a la que hoy se estudia, con los mismos hechos, fundamentos y
pretensiones, y además se dirige en contra de la misma parte. Además, que no
expone hechos nuevos.
34. Por tanto, la Sala exhortará al señor José Fabio Quintero Corrales para que, en
lo sucesivo, se abstenga de iniciar nuevamente acciones constitucionales
aduciendo los mismos hechos y pretensiones aquí ventilados, y de incurrir en
conductas que atenten contra la lealtad procesal y la correcta administración de
justicia, so pena de incurrir en las respectivas sanciones legales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por el Consejo Superior
de la Judicatura, de conformidad con las consideraciones anteriormente expuestas.
Segundo: Rechazar la acción de tutela presentada por el señor José Fabio
Quintero Corrales porque se configuró la temeridad, de acuerdo con los argumentos
expuestos en la parte motiva de la presente providencia.
Tercero: Exhortar al señor José Fabio Quintero Corrales para que, en lo sucesivo,
se abstenga de iniciar nuevamente acciones constitucionales aduciendo los
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mismos hechos y pretensiones aquí ventilados, y de incurrir en conductas que
atenten contra la lealtad procesal y la correcta administración de justicia, so pena
de incurrir en las respectivas sanciones legales.
Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Quinto: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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