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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05332-00

Fecha
25 de octubre de 2024
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05332-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05332-00

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

25 de octubre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05332-00
Accionante: Jorge Mario Arias Dávila
Se declara la improcedencia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05332-00
Accionante: Jorge Mario Arias Dávila
Accionado: Juzgado 2 Laboral del Circuito de Pereira y otro

Temas: Acción de tutela contra actos administrativos / Licencia no remunerada de empleado
judicial / Subsidiariedad / Se declara la improcedencia de la acción.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La sala resuelve la acción de tutela presentada por Jorge Mario Arias Dávila contra
el Juzgado 2 Laboral del Circuito de Pereira y el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Pereira para obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad,
trabajo y debido proceso.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta corporación.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1.- El 25 de septiembre de 2024 Jorge Mario Arias Dávila interpuso, en nombre
propio, una acción de tutela contra el Juzgado 2 Laboral del Circuito de Pereira y el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. El accionante consideró vulnerados
sus derechos fundamentales a la igualdad, trabajo y debido proceso por la
Resolución 016 de 2024 y el Acta 078 de 2024, que negaron su solicitud de prorrogar
la licencia no remunerada para ocupar un cargo vacante transitoriamente en la Rama
Judicial.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05332-00
Accionante: Jorge Mario Arias Dávila
Se declara la improcedencia

2.- En la acción de tutela se formularon las pretensiones que se transcriben a
continuación:

<<Primera: Tutelar los derechos al trabajo, debido proceso e igualdad que fueron
vulnerados en el presente caso.

Segundo: que no se me ordene el reintegro al cargo durante el disfrute de la licencia
para ocupar otro cargo en la Rama Judicial y se me permita el disfrute de una nueva
licencia hasta por dos años, los cuales inicial su contabilización, a partir del 16 de julio
de 2024 hasta el 15 de julio de 2025>>.

B. Hechos

3.- El 20 de marzo de 2009 el accionante fue nombrado en propiedad como secretario
del Juzgado 2 Laboral del Circuito de Pereira.

3.1.- El 15 de julio de 2014 la titular del Juzgado 2 Laboral del Circuito de Pereira le
concedió una licencia no remunerada para desempeñarse transitoriamente en un
cargo vacante en la Rama Judicial. Esta licencia se <<prorrog[ó] sin inconveniente>>
cada dos años, hasta el 16 de julio de 2024.

3.2.- El 24 de junio de 2024 el accionante presentó una petición en la que solicitó la
prórroga de la licencia por dos años más a partir del 16 de julio de 2024, para ocupar
el cargo de fiscal especializado en la Fiscalía General de la Nación.

3.3.- Mediante Resolución 016 del 3 de julio de 2024, la juez 2 Laboral del Circuito
de Pereira le ordenó reintegrarse al cargo de secretario el 15 de julio de 2024 y le
concedió la licencia no remunerada a partir del 16 de julio de 2024. Consideró que,
según la Circular CSJRIC24-9 del 30 de enero de 2024 del Consejo Seccional de la
Judicatura de Risaralda, las licencias no remuneradas están sometidas a un plazo
máximo de dos años y que, al concluir su vigencia, el licenciatario está obligado a
regresar inmediatamente a su cargo en propiedad. El accionante interpuso recursos
de reposición y apelación contra el acto.

3.4.- El 12 de julio de 2024, en la Resolución 017, la juez 2 Laboral del Circuito de
Pereira resolvió la reposición y concedió la apelación.

3.5.- Mediante Acta 078 del 17 de septiembre de 2024, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Pereira confirmó la resolución apelada. Expuso que el artículo 142
de la Ley 270 de 1996, la Circular CSJRIC24-9 de 2024 del Consejo Seccional de la
Judicatura de Risaralda y la sentencia C-134 de 2023 de la Corte Constitucional

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Accionante: Jorge Mario Arias Dávila
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establecen que las licencias no remuneradas para ocupar vacantes transitorias en la
Rama Judicial no pueden superar los dos años y son improrrogables. Mencionó que
si bien la jurisprudencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ha precisado
que no se configura falta disciplinaria cuando el nominador omite ordenar el reintegro
del empleado al vencimiento de la licencia, ello no impide considerar que el hecho
de no reincorporarse al cargo en propiedad equivale a una prórroga de la licencia, lo
cual está prescrito por la norma.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- El accionante alega que las autoridades judiciales vulneraron sus derechos
fundamentales a la igualdad, trabajo y debido proceso al rehusarse a prorrogar la
licencia no remunerada para ocupar el cargo de fiscal especializado en la Fiscalía
General de la Nación y condicionarla al reintegro de su cargo en propiedad.

4.1.- Afirma que, según la jurisprudencia de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, los consejos seccionales de la judicatura no son competentes para
reglamentar e interpretar la ley, de modo que la Circular CSJRIC24-9 de 2024 del
Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda no podía servir de sustento para
negar la solicitud de prórroga de la licencia. Agrega que la mencionada circular es
contraria al principio de favorabilidad y perjudica los derechos laborales de los
empleados judiciales.

4.2.- Señala que la Circular PSAC13-24 de 2013 de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, que establecía que la licencia no remunerada del
artículo 142 de la Ley 270 de 1996 era improrrogable y no podía superar más de dos
años, fue anulada por la sentencia del 12 de septiembre de 2024 de la Sección
Segunda del Consejo de Estado1.

4.3.- Sostiene que la literalidad del artículo 142 de la Ley 270 de 1996 no limitó la
duración ni la frecuencia de uso de la licencia no remunerada.

D. Oposiciones e intervenciones

5.- La juez 2 Laboral del Circuito de Pereira (accionada) solicitó negar el amparo.
Afirmó que la Resolución 016 del 3 de julio de 2024 se fundamentó en las normas
válidas, vigentes y aplicables; puntualmente, el artículo 142 de la Ley 270 de 1996,
la Circular CSJRIC24-9 del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda y la

1 Radicado 11001-03-25-000-2013-01654-00 (4252-2013)

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Accionante: Jorge Mario Arias Dávila
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sentencia del 17 de abril de 2024 de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Indicó que la Sección Segunda del Consejo de Estado únicamente anuló la Circular
PSAC13-14 de 2013 del Consejo Superior de la Judicatura y que esta decisión se
profirió con posterioridad a las resoluciones reprochadas.

6.- El presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (accionado)
solicitó declarar la improcedencia de la acción por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad. Sostuvo que el accionante tiene a su alcance la acción de simple
nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir la legalidad de los
actos administrativos que pretende cuestionar en sede de tutela. Manifestó que, en
todo caso, no ha vulnerado ningún derecho fundamental.

II. CONSIDERACIONES

7.- La sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por incumplimiento
del requisito de subsidiariedad, toda vez que el accionante no agotó todos los medios
judiciales a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales ni
demostró la presencia de un perjuicio irremediable que torne procedente el amparo.

8.- En primer lugar, la sala evidencia que los reparos del accionante se dirigen a
cuestionar la legalidad de los actos por medio de los cuales las autoridades
nominadoras negaron su solicitud de prorrogar la licencia no remunerada, y pretende
que el juez de tutela les ordene conceder la prórroga.

8.1.- Al respecto, se advierte que el mecanismo para demandar la nulidad de un acto
administrativo de carácter particular que lesionó un derecho subjetivo es la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 138 del CPACA.
También es pertinente recordar que, según el artículo 229 del CPACA, en el
procedimiento ordinario pueden decretarse medidas cautelares. Por lo tanto, si la
situación así lo ameritaba, el accionante podía formular una solicitud de medida
cautelar de urgencia para suspender los efectos de los actos administrativos.

8.2.- En consecuencia, la sala evidencia que el actor contaba con otro mecanismo
para hacer efectivos sus derechos fundamentales. Sin embargo, como no lo agotó,
la acción es improcedente por falta de subsidiariedad, pues la naturaleza residual y
subsidiaria de la tutela impide que se utilice para desplazar los medios judiciales que
resulten idóneos y eficaces.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05332-00
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9.- Por otra parte, no se acreditó la presencia de un riesgo de afectación a los
derechos fundamentales invocados que constituya un perjuicio irremediable y habilite
la procedencia de la acción. La sala no observa que el accionante se encuentre en
una circunstancia de amenaza inminente e impostergable que no pueda ser
conjurada a través de los mecanismos judiciales ordinarios anteriormente
mencionados. En efecto, es evidente que cuenta con las garantías y la estabilidad
laboral como empleado de carrera.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: Si la sentencia no fuera impugnada una vez ejecutoriado el fallo, por
Secretaría ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada a la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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