Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2013-01654-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2013-01654-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2013-01654-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
12 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001032500020130165400 (4252-2013)
11001-03-25-000-2013-01645-00(4223-2013)
ACUMULADO
Demandantes: Diego Fernando Valencia Ortiz - Jesús Alexander
Rodríguez Galán
Demandados: Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura
Temas: Consejo Superior de la Judicatura. Competencia para
establecer límites a la licencia no remunerada de los
servidores de la Rama Judicial dispuesta en el artículo
142 de la Ley 270 de 1996. La presunción de legalidad
de los actos administrativos.
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
____________________________________________________________
1. Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de nulidad
promovido por el señor Diego Fernando Valencia Ortiz contra la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, acumulado con el mismo asunto
presentado por el señor Jesús Alexander Rodríguez Galán.
I. ANTECEDENTES
1.1. PRETENSIONES DE LAS DEMANDAS1
2. Los actores, a través de las respectivas demandas, solicitan la anulación de la
Circular PSAC13-24 del 10 de octubre de 2013, emitida por el presidente de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
1.2. HECHOS DE LAS DEMANDAS2
3. Señalan los demandantes que mediante el parágrafo del artículo 142 de la Ley
270 de 1996, el Congreso de la República estableció la licencia no remunerada para
los funcionarios y empleados de la Rama Judicial que, hallándose en propiedad,
1 Fol. 3 de cada expediente.
2 Fol. 3 y 4 ídem.
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pasen a ejercer, hasta por el término de dos años, un cargo vacante transitoriamente
en la Rama Judicial.
4. Que el 10 de octubre de 2013, el presidente de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura expidió la Circular PSAC13-24, a través de la cual recordó
a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y a sus respectivos nominadores
que «si bien la licencia no remunerada para ocupar otro cargo en la Rama Judicial,
de que trata el artículo 142 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia,
puede ser concedida en varias oportunidades el tiempo máximo de todas estas no
puede superar el de dos años establecido como máximo por el Legislador
Estatutario».
1.3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN3
1.3.1. En la demanda con radicado interno 4252-2013. El accionante Diego
Fernando Valencia Ortiz señaló que el acto acusado vulneró:
5. El Preámbulo y los artículos 1, 2, 13, 25, 53, 230 de la Constitución Política; los
numerales 17 y 22 del artículo 85 y el parágrafo del artículo 142 de la Ley 270 de
1996.
6. En el concepto de violación sostuvo que después de analizar la circular
demandada, el lector queda con la sensación de que el entendimiento que el
presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura tiene
frente al parágrafo del artículo 142 de la Ley 270 de 1996, es que los servidores
judiciales detentan el derecho a una sola licencia durante todo el tiempo que
desempeñen el cargo de carrera judicial; licencia que puede ser concedida en varias
oportunidades, sin que la sumatoria de todos los tiempos sobrepasen el término de
dos años.
7. En ese contexto, consideró que la aludida interpretación no es acertada, porque
las circunstancias de modo y tiempo conforme a las que se otorga la licencia no
vienen delimitadas normativamente por vocablos plurales o singulares, sino que
vienen redactadas en términos generales.
8. Frente al principio in dubio pro operario, adujo que el Consejo Superior de la
Judicatura, al advertir que existen posiciones diversas acerca de la interpretación
de esa norma, debió optar por la que resultara más favorable a los derechos de los
servidores judiciales, tal como lo señala el artículo 53 de la Constitución Política. En
ese sentido, alegó que el parágrafo del artículo 142 de la Ley 270 de 1996 debió
interpretarse de manera tal que los trabajadores judiciales pudieran acceder a la
licencia no remunerada cuantas veces fuera posible y siempre y cuando mediara la
3 Fol. 16 y siguientes, ídem.
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reincorporación al cargo que desempeñan en propiedad. Consecuente con lo
afirmado, tildó de arbitraria e ilegal la hermenéutica aplicada a dicha disposición.
9. Expresó que con la disposición demandada se violó el derecho a la igualdad de
los funcionarios y empleados judiciales frente a los servidores públicos regulados
por la Ley 909 de 2004, en tanto este precepto les permite desempeñar otros cargos
en la Administración Pública hasta por el término de seis años. Adicionalmente,
señaló que el parágrafo del artículo 142 ejusdem no prohíbe gozar de varias
licencias no remuneradas para ejercer cargos en la Rama Judicial, como lo pretende
imponer el acto cuestionado.
10. En este mismo escenario, estima violada la reseñada prerrogativa frente a los
servidores judiciales nombrados en provisionalidad por cuanto, mientras a los
empleados adscritos a la carrera administrativa no se les permite estar en un cargo
superior por más de dos años «fruto de la licencia no remunerada», a aquellos si se
les autoriza su permanencia en el empleo hasta tanto sea provisto en propiedad, sin
importar si superan o no el plazo descrito.
11. Finalmente, y en cuanto al cargo de nulidad por falta de competencia, señaló
que la circular acusada solo recordó a los nominadores que el otorgamiento de la
licencia tenía un límite de dos años, recordatorio que se adscribe claramente a una
interpretación y no a una reglamentación normativa. Por consiguiente, al depositar
un entendimiento subjetivo en el acto administrativo demandado, el emisor vulneró
el principio constitucional según el cual los servidores públicos deben sujetarse
estrictamente a las funciones previstas en la Constitución, ley o reglamento. Por tal
motivo, y ante la inexistencia de una regla de esa categoría, no podía el presidente
de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura emitir esa decisión.
1.3.2. En la demanda con radicado interno 4223-2013: El demandante Jesús
Alexander Rodríguez Galán señaló que el acto acusado infringió:
12. Los artículos 150 y 152 de la Constitución Política y el parágrafo del artículo 142
de la Ley 270 de 1996.
13. En el concepto de violación adujo que el artículo 150 de la Constitución Política
de 1991 determinó que «corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de
ellas ejerce las siguientes funciones: 1° Interpretar, reformar y derogar leyes». Así
mismo, arguyó que el artículo 152 ibídem dispuso que «mediante las leyes
estatutarias, el Congreso de la República regulará las siguientes materias: b)
Administración de justicia».
14. Siguiendo ese derrotero, indicó que en el artículo 142 de la Ley 270 de 1996 se
concibieron las diversas licencias a que tienen derecho los funcionarios y
empleados jurisdiccionales y, específicamente, en el parágrafo único se estableció
que «Los funcionarios y empleados en Carrera también tienen derecho a licencia,
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cuando hallándose en propiedad pasen a ejercer hasta por el término de dos años,
un cargo vacante transitoriamente en la Rama Judicial».
15. Afirmó que el emisor «en adelante, el presidente de la Sala Administrativa» del
acto acusado fijó una interpretación errónea, injusta y arbitraria frente al citado
dispositivo normativo, invocando, para esos fines, que dicha decisión devenía del
ejercicio de las facultades contenidas en los numerales 17 y 22 del artículo 85 ibid.
16. En ese acto se puede leer:
«[…]a efectos de fijar una medida adecuada que haga compatible y armonice
el ejercicio del derecho que tienen los servidores judiciales del régimen de
carrera a solicitar licencia para desempeñar otro cargo vacante
transitoriamente en la Rama Judicial, con los principios de carrera judicial y
la prestación del servicio de justicia y recordó a los nominadores que para
efectos de conceder licencia no remunerada de que trata el artículo 142 de
la Ley Estatutaria de Administración de Justicia que “ésta solo procede por el
término máximo de dos años y en ese sentido no es prorrogable por otro
término adicional o igual, ni si quiera en el caso de que los servidores
judiciales se reincorporaren al cargo que ocupan en carrera judicial, toda vez
que la ley no les concede esta prerrogativa” y agregó “en consecuencia, si
bien la licencia no remunerada para ocupar otro cargo en la Rama Judicial,
de que trata el artículo 142… puede ser concedida en varias oportunidades,
el tiempo máximo de todas éstas no puede superar el de los dos años
establecido como máximo por el legislador estatutario».
17. Por lo tanto, aseguró que, con la decisión demandada, el presidente de la Sala
Administrativa ejerció atribuciones exclusivas del Congreso de la República,
específicamente las relacionadas con hacer, interpretar, reformar y derogar las
leyes.
18. Asimismo, adujo que los artículos 256 y 257 de la Constitución Política fijaron las
funciones del Consejo Superior de la Judicatura y, en lo que toca a la Sala
Administrativa, sus atribuciones están señaladas en el artículo 85 de la ley
estatutaria de administración de justicia; entre ellas, se destacan las contenidas en
los numerales 17 y 22 «que soportan el acto enjuiciado», que atañen a la
administración y reglamentación de la carrera judicial, esto es, situaciones distintas
a las de interpretar y reformar la ley, actividad que, según recordó, corresponden al
Congreso de la República.
19. Finalmente, reseñó pronunciamientos de la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado «sentencias de 15 de octubre de 1998 y 11 de mayo de 1999»,
así como de la Sección Segunda de esa misma Corporación «sentencias del 15 de
marzo de 2007 expediente 1300123310001997121300 (7477-05) y de 18 de agosto
de 2005 radicado N° 25000232500020000055601 (2933-04)», en los que no se le
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atribuyó al parágrafo del artículo 142 de la Ley 270 de 1996, el alcance que ahora
está siendo reprochado.
1.4. CONTESTACIÓN DE LAS DEMANDAS
1.4.1. En el radicado interno 4252-2013.4 La accionada contestó oportunamente
la demanda, oponiéndose a la prosperidad de sus pretensiones. Con tales fines,
formuló las siguientes excepciones:
• Ineptitud sustantiva de la demanda: fundada en el hecho según el cual,
en el concepto de violación, la parte actora no explicó el por qué, con el
acto cuestionado, se vulneraron los artículos 1, 2, 25 y 230 de la
Constitución Política y los numerales 12, 17 y 22 del artículo 85 de la Ley
270 de 1996, tal y como lo exigen los artículos 162 y 175 del C.P.A.C.A.
En consecuencia, y ante esa omisión, solicitó la emisión de una decisión
inhibitoria, por ineptitud de la demanda.
• Inexistencia de violación de las disposiciones invocadas como
fundamento de los actos cuya suspensión provisional se solicita:
soportada en que la circular demandada tuvo por finalidad recordar el
contenido del parágrafo del artículo 142 ejusdem y, por tanto, guardó
armonía con él, al limitar la licencia no remunerada por el término de dos
años. Destacó asimismo que esa disposición fue declarada exequible por
la Corte Constitucional y, además, que sobre ella existe el concepto 1194
de 11 de mayo de 1999, proferido por la Sala de Consulta y Servicio Civil
del Consejo de Estado; así como la sentencia T-642 de 2011.
Corolario, adujo que la interpretación vertida en esa circular se ajustó a
las interpretaciones que, de vieja data, han venido pregonando el
Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
• El acto demandado fue expedido con base en la facultad
reglamentaria de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura: sustentado en que, por expreso mandato de los artículos
256-1 de la Constitución Política, y 85 numerales 12, 17 y 22 de la Ley
270 de 1996, el Consejo Superior de la Judicatura tiene potestad
reglamentaria en materia de carrera judicial, lo cual además ha sido
reconocido por la jurisprudencia del Consejo de Estado.
Manifiesta que con base en el artículo 256 de la Constitución Política y la
referida norma estatutaria, se expidió la circular demandada, la cual
estuvo dirigida a los servidores que ostentan derechos de carrera
4 Fol. 28 y siguientes del expediente.
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dimanados de los concursos de méritos adelantadas por la Rama
Judicial.
Asimismo, arguyó que de conformidad con los artículos 98 y 101 de la
Ley 270 de 1996, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura tiene atribuida la potestad de impartir instrucciones sobre la
forma en que deben ejercer las funciones las Salas Administrativas de
los Consejos Seccionales de la Judicatura y las Direcciones Ejecutivas
Seccionales de Administración Judicial. Por tanto, al estudiar la
constitucionalidad del citado artículo 98, la Corte Constitucional reafirmó
esa atribución en la sentencia C-037 de 1996.
• Inexistencia de vulneración del derecho a la igualdad: basada en que
la Ley 909 de 2004 solo es aplicable al régimen especial de la Rama
Judicial, en la medida en que en este no se regule una situación en
particular. Guiado por ello, adujo que en la Ley 270 de 1996 se condensó
todo lo relacionado con la licencia en mención, razón suficiente para
concluir que no se le vulneró el derecho a la igualdad a los servidores
judiciales beneficiarios de esa medida.
1.4.2. En el radicado interno 4223-2013.5 En este proceso, la Rama Judicial
también contestó la demanda dentro de la oportunidad legal.
20. Como argumentos de defensa sostuvo que existe claridad que a quienes se les
otorgó la licencia no remunerada con anterioridad a la Ley 270 de 1996, están
obligados a reintegrarse a su cargo en propiedad, so pena de perder los derechos
que otorga el régimen de carrea. Por tanto, con la nueva disposición se fijaron las
condiciones para que los empleados de carrera de la Rama Judicial ejercieran un
empleo distinto a aquel en el que se encuentran nombrados en propiedad,
condiciones entre las que se destaca la transitoriedad del beneficio, reconocido
como tal en la sentencia de constitucionalidad 175 de 2007 y en el concepto del 11
de mayo de 1999, dimanado de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado.
21. Propuso las siguientes excepciones:
• Inexistencia de violación de las disposiciones invocadas como
fundamento de los actos cuya suspensión provisional se solicita.
Facultad reglamentaria del Consejo Superior de la Judicatura,
inexistencia de vulneración del derecho a la igualdad e ineptitud
sustantiva de la demanda: estos medios exceptivos fueron sustentados
en los mismos términos depositados en la contestación de la demanda
4252-2013, razón por la que la Sala se remite a lo indicado en ella.
5 Fol. 30 y siguientes de cada expediente.
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II. TRAMITE EN ÚNICA INSTANCIA
2.1. En el radicado interno 4252-2013
22. Previo traslado de la solicitud de medida cautelar «auto de 29 de enero de 2014»6,
mediante proveído fechado 14 de mayo de 2014 se suspendió provisionalmente el
acto acusado7 y, posteriormente, a través de decisión de 25 de junio de ese mismo
año se admitió la demanda.8
23. Surtidas las notificaciones de rigor, se decretaron pruebas mediante auto de 25
de agosto de 2015.9
24. La Rama Judicial formuló incidente de nulidad por indebida notificación del auto
admisorio, solicitud que fue resuelta en providencia del 19 de marzo de 2021,10 con
la anulación de lo actuado y con la orden de volver a notificar los autos a través de
los cuales se admitió la demanda y se corrió traslado de la medida provisional.
2.2. En el radicado interno 4223-2013
25. Mediante auto fechado 6 de febrero de 2014 se admitió la demanda.11
Posteriormente se efectuaron las notificaciones de rigor y dentro del término de ley,
la Rama Judicial contestó la demanda.
26. En decisión del 29 de agosto de 2014 se decretaron pruebas12 y por auto de 29
de septiembre de 2017,13 se dispuso la remisión del expediente al radicado interno
4252-2013 para el estudio de una posible acumulación, la cual fue resuelta en auto
de 28 de julio de 2022, accediéndose a la misma.14
27. Finalmente, por auto de 11 de enero de 2023 se decidió prescindir de la audiencia
inicial prevista en el artículo 180 del CPACA «para proferir sentencia anticipada»,
se declaró no probada la excepción previa de ineptitud sustantiva de la demanda y
se fijó el litigio.
2.3. Alegatos de conclusión
2.3.1. Parte demandante.15 Guardó silencio en esta etapa procesal.
6 Fol. 7 del expediente.
7 Fol. 20 y s.s. del expediente.
8 Fol. 12 del expediente.
9 Fol. 41 del expediente.
10 Fol. 59 del expediente.
11 Fol. 14 y 13 del expediente.
12 Fol. 41 del expediente.
13 Fol. 55 del expediente.
14 Folio 72 íb.
15 Índice 36, ídem.
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2.3.2. La Nación – Rama Judicial.16 Reiteró los argumentos expuestos en la
contestación de la demanda, haciendo énfasis en que la circular demandada fue
expedida por el presidente de la Sala Administrativa en ejercicio de sus
competencias constitucionales, correspondiendo reglamentar todo lo relativo a la
carrera judicial, así como lo relacionado con las licencias que soliciten los servidores
judiciales.
2.3.3. Ministerio Público.17 No actuó en esta etapa procesal.
2.4. De las medidas cautelares
28. Importante rememorar que en el expediente con radicación 11001-03-25-000-
2013-01654-00 (4252-2013), inicialmente con auto de 14 mayo de 2014, se dispuso
suspender provisionalmente los efectos de la Circular PSAC13-24 del 10 de octubre
de 2013, expedida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,
por la cual fueron impartidas directrices sobre la aplicación de las licencias no
remuneradas otorgadas a los funcionarios y empleados de carrera de la Rama
Judicial.
29. Sin embargo, posteriormente con proveído de 19 de marzo de 2021, se declaró
la nulidad de todo lo actuado a partir de las notificaciones del 20 de marzo de 2014,
mediante las cuales se notificó el auto admisorio de la demanda y que, además,
ordenó el traslado de la medida cautelar de suspensión provisional. Por lo que,
quedó sin efectos también el auto que resolvió sobre dicha medida provisional.
30.Ahora bien, mediante providencia de 28 de julio de 2022, se dispuso la
acumulación de la demanda identificada con el radicado 11001-03-25-000-2013-
01645-00 (4223-2013), al proceso 11001-03-25-000-2013-01654-00 (4252- 2013);
precisándose que las solicitudes de medida cautelar presentadas en ambos
asuntos, serían resueltas de manera conjunta.
31. Visto lo anterior, correspondería proveer al respecto, sin embargo, dado que el
presente asunto se encuentra para dictar fallo, en aplicación de los principios de
economía procesal y celeridad, se procederá a ello, resolviendo de fondo y de
manera definitiva la presente controversia.
32. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes:
16 Índice 101, ídem.
17 Índice 35, ídem.
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III. CONSIDERACIONES
33. En el presente asunto, la Sala examinará la legalidad de la Circular PSAC13-24
del 10 de octubre de 2013, emitida por el presidente de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con los cargos de nulidad invocados
en las demandas acumuladas.
34. Con tales fines, se abordarán los siguientes conceptos: i) jurisdicción y
competencia; ii) procedencia y oportunidad en el ejercicio del medio de control de
nulidad; iii) naturaleza de la circular acusada; iv) legitimación en la causa por activa
y por pasiva; v) el caso concreto - problemas jurídicos - análisis de los cargos de
nulidad, y, vi) costas y agencias en derecho.
3.1. Jurisdicción y competencia
35. Sin mayores consideraciones, la Sala indica que detenta la competencia para
resolver el litigio propuesto en las demandas acumuladas y sus respectivas
contestaciones, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.° del artículo 149
del C.P.A.C.A.18
36. Así mismo, se deja constancia que esta decisión es estudiada y adoptada por la
Sala Plena de la Sección Segunda, de conformidad con lo establecido en el numeral
2.° del parágrafo 1.° del artículo 15 del Reglamento Interno de esta Corporación19.
Ello, en razón a la relevancia que la licencia no remunerada contenida en el
parágrafo del artículo 142 de la Ley 270 de 1996, reviste para los servidores
judiciales y sus respectivos nominadores, no solo por las diversas interpretaciones
que se han erigido en torno a su concesión, disfrute y temporalidad, sino también
por las sanciones que, a nivel disciplinario, han sido impuestas con ocasión al uso
de esa figura.
3.2. Procedencia y oportunidad en el ejercicio del medio de control de nulidad
37. De conformidad con lo previsto en el artículo 137 del C.P.A.C.A., el medio de
control de nulidad procede, por excelencia, contra todo acto administrativo de
contenido general.
18
“Artículo 149 C.P.A.C.A. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas
especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los
siguientes asuntos:
“1. De los de nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional o por las
personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas del mismo orden”.
19«ARTÍCULO 15.- DIVISIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECCIÓN SEGUNDA. La Sección Segunda se
dividirá en dos (2) Subsecciones, que se denominarán A y B, cada una de las cuales estará integrada por tres
(3) Consejeros. […].
PARÁGRAFO 1. Cada Subsección decidirá los procesos a su cargo en forma autónoma. Sin embargo, las
Subsecciones sesionarán conjuntamente: 1. Para unificar, adoptar o modificar la jurisprudencia de la Sección,
con el fin de evitar decisiones contradictorias sobre el mismo punto de derecho, a petición de cualquiera de sus
miembros. 2. Para el estudio o decisión de un asunto que por su importancia lo amerite, cuando así lo
solicite cualquiera de sus miembros. 3. Para asuntos administrativos. […]».
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38. Así mismo, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 164 ejusdem, no existe
límite de tiempo para la presentación de la demanda respectiva o, lo que es igual,
el fenómeno de caducidad no tiene aplicación frente al citado instrumento judicial.
39. De cara a lo expuesto, la presente acción jurisdiccional deviene procedente, en
tanto el acto demandado está representado por una circular de carácter general
emitida por el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura.
3.3. La naturaleza de la circular acusada
40. El artículo 1.° de la Constitución Política concibió a Colombia como un Estado
Social de Derecho cimentado en los pilares fundamentales de la dignidad humana,
el trabajo y la solidaridad de las personas que integran la sociedad y en la
prevalencia del interés general.
41. Por su parte, el artículo 2.° señaló que el Estado tiene por finalidad «servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica,
política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de
un orden justo».
42. Todo lo anterior exige que las autoridades, en sus actuaciones, respeten el
principio de legalidad «artículo 6.° constitucional» y, de esa manera, garanticen la
convivencia pacífica y la seguridad jurídica.
43. En ese sentido, la voluntad de la administración se materializa con la expedición
de actos administrativos encaminados a producir efectos jurídicos a nivel general
y/o particular, sea creando situaciones concretas de reconocimiento de derechos o
imponiendo obligaciones a los administrados.
44. Acto administrativo que ha sido definido por la Corte Constitucional 20 como: «la
manifestación de la voluntad de la administración, tendiente a producir efectos
jurídicos ya sea creando, modificando o extinguiendo derechos para los
administrados o en contra de éstos, tiene como presupuestos esenciales su
sujeción al orden jurídico y el respeto por las garantías y derechos de los
administrados». Significando con ello que, al nacer el acto que crea, modifica o
extingue un derecho, lo hace revestido de la presunción constitucional de
legalidad,21 concretando sus efectos jurídicos a través de la notificación,
comunicación o publicación, según fuere el caso.
20 C-1436- 2000.
21 Artículos 83 y 209 superiores.
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45.En ese orden, el artículo 88 del C.P.A.C.A. señaló que «los actos administrativos
se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo», y por ello, hasta tanto no sea declarada su ilegalidad
o nulidad judicial, debe ser acatado por encontrarse ajustado a derecho y continuar
surtiendo efectos jurídicos.
46. Presunción respecto de la cual esta Corporación ha sostenido que «Por tanto, la
única forma de romper dicha presunción de validez es mediante pronunciamiento
judicial definitivo. Por esto, en el ordenamiento jurídico colombiano en la demanda
de nulidad se exige al accionante que señale en el escrito de demanda tanto las
normas que considera violadas como el concepto de la violación; este último
requisito constituye la causa petendi o el marco en el cual se puede desenvolver la
litis, sin que el operador jurídico pueda pronunciarse de oficio sobre otras posibles
vulneraciones, toda vez que se trata de una jurisdicción de carácter rogado».22
47. Así las cosas, la presunción de legalidad atribuye la tutela de la seguridad jurídica
a la actividad de la administración, la cual puede ser desvirtuada en el ejercicio de
los medios de control previamente establecidos en el ordenamiento jurídico, y a
través de los cuales el operador judicial, en su sana crítica y libertad probatoria,
determinará si generan las consecuencias señaladas por el demandante. Con tales
propósitos, el accionante tiene la carga de invocar y sustentar el por qué el acto
cuestionado trasgrede la normativa señalada en su petición. Esa obligación viene
impuesta desde el artículo 137 del C.C.A. «hoy artículo 162 del C.P.A.C.A.», y sobre
ella la Corte Constitucional expresó:
«Carece de toda racionalidad que presumiéndose la legalidad del acto tenga el juez
administrativo que buscar oficiosamente las posibles causas de nulidad de los actos
administrativos, más aún cuando dicha búsqueda no solo dispendiosa sino en
extrema difícil y a veces imposible de concretar, frente al sinnúmero de
disposiciones normativas que regulan la actividad de la administración. Por lo tanto,
no resulta irrazonable, desproporcionado ni innecesario que el legislador haya
impuesto al demandante la mencionada obligación, la cual contribuye además a la
racional, eficiente y eficaz administración de justicia, si se tiene en cuenta que el
contorno de la decisión del juez administrativo aparece enmarcado dentro de la
delimitación de la problemática jurídica a considerar en la sentencia, mediante la
determinación de las normas violadas y el concepto de la violación Podría
agregarse, que con el establecimiento de dichos requisitos el legislador desarrollo
el deber previsto en el art. 95-7 de la Constitución para que quienes demandan actos
administrativos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo contribuyan al
buen funcionamiento de la administración de justicia».
48. En ese contexto, el legislador concibió el medio de control de simple nulidad para
los actos administrativos de carácter general y, excepcionalmente, para las
decisiones administrativas de contenido particular, indicando en el artículo 137 que:
22 Consejo de Estado 11001-03-26-000-2008-00033-00 (35313-2009).
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«Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare
la nulidad de los actos administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que
deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento
del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación
de las atribuciones propias de quien los profirió». Agregando en el inciso tercero,
que:
«También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y los
actos de certificación y registro»
49. En virtud de lo anterior, en orden a diferenciar el acto administrativo de las
circulares de servicio, se ha entendido que los actos administrativos «constituyen la
expresión unilateral de la voluntad de la Administración dirigida a crear, modificar o
extinguir situaciones jurídicas generales de carácter abstracto e impersonal o de
carácter particular y concreto respecto de una o varias personas determinadas o
determinables»23 y respecto de las circulares en sentencia de 10 de agosto de
202324, esta Corporación recordó el pronunciamiento de 20 de abril de 1983 25, en
la que se conceptuó sobre ella lo siguiente:
«[…] Una Circular de un funcionario Administrativo, así como puede contener un
simple concepto o una recomendación, por ejemplo, o sea que no es una
manifestación de la voluntad dirigida a producir efectos de derecho, es posible que
contenga una decisión que se pretende sea acatada por las personas a quienes
va dirigida. En el primer caso, que la coloca al margen de la categoría de los actos
jurídicos, no es objeto de conocimiento por esta jurisdicción, ni por ninguna otra;
en el segundo sí, puesto que constituye un acto decisorio de la Administración […]»
50. En esa dirección, es pertinente rememorar lo dicho por la Sección Segunda en
providencia de la Subsección A, así:
«Esta Corporación, con base en una línea jurisprudencial definida2, ha señalado
que las circulares administrativas no tienen control judicial ante la Jurisdicción
Contenciosa cuando reproducen el contenido de otras normas o las decisiones de
otras instancias o cuando solo brindan orientaciones o instrucciones a sus
subalternos, ni las que tienen por objeto dar a conocer conceptos del superior
jerárquico sobre la mejor manera de cumplir las disposiciones normativas.
Siguiendo la misma orientación jurisprudencial son demandables conforme a la
teoría del acto administrativo las circulares de servicio que contengan una decisión
capaz de producir efectos jurídicos, expresada en la voluntad unilateral de la
Administración, en la cual vincule a los administrados por una situación jurídica de
carácter general, impersonal o abstracta, o por una situación de carácter subjetivo,
individual y concreta».23
23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. C.P. Luis
Rafaél Vergara Quintero. Auto de 31 de marzo de 2014. Radicado 3496-2013
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51.Conforme lo anterior, sola la expresión de la voluntad de los órganos de la
administración destinada a producir efectos jurídicos constituye acto administrativo
susceptible de control judicial24 independientemente de la denominación que se le
otorgue; de tal manera que, sí esa manifestación no es decisoria, además de no ser
enjuiciable por los medios de control de nulidad y nulidad y restablecimiento del
derecho no forma un acto administrativo propiamente dicho.
52. Ejemplo de esa afirmación, son las circulares dado que existen unas meramente
informativas o que solo reproducen textos normativos sin contener una
consecuencia jurídica, lo cual impide que sea demandable; y otras, que exteriorizan
una voluntad capaz de crear, extinguir o modificar una situación jurídica, tal y como
ocurre con la Circular PSAC13-24 -24 del 10 de octubre de 2013, emitida por el
presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que sí
constituye un verdadero acto administrativo de contenido general, susceptible del
presente control judicial por contener una manifestación de la voluntad del órgano
estatal que produjo efectos jurídicos sobre el otorgamiento de licencias no
remuneradas a los servidores judiciales.
53. Debe, finalmente, destacarse que el Consejo de Estado, atendiendo lo dispuesto
en el artículo 104 del C.P.A.C.A., ha considerado que esta jurisdicción conoce de
las demandas de nulidad contra los «actos sujetos al derecho administrativo», entre
otros, las circulares expedidas por las entidades públicas cuando produzcan efectos
jurídicos de carácter definitivo o constituyan actos expedidos en desarrollo de una
función administrativa. En efecto en sentencia de 27 de noviembre de 2014, la
Corporación amplió el entendimiento del control judicial de las circulares de servicio,
cuando dijo25:
«En consecuencia, en aras de una más efectiva garantía del principio de Estado de
Derecho y de una mayor materialización del propósito perseguido por el legislador
al definir la efectividad de los derechos y la preservación del orden jurídico como
objeto de la jurisdicción (artículo 103 CPACA) y a los ‘actos (…) sujetos al derecho
administrativo” como parte del ámbito de sus competencias (artículo 104 CPACA),
y en virtud de la interpretación literal y sistemática de lo previsto por el párrafo 3º del
artículo 137 CPACA y de las consideraciones antes expuestas sobre la predilección
de la hermenéutica que promueva el efecto útil de las disposiciones normativas que
controlan el ámbito de actuación del contencioso administrativo, entiende la Sala
que toda clase de circulares, con independencia de su objeto, por ser
expresión del ejercicio de la función administrativa a cargo de las autoridades
que la expiden, se encuentra sujeta al control de los jueces de la
Administración» (Negrillas de la Sala).
24 Carlos F. Forero Hernández en su libro El acto administrativo, tercera edición, define el acto administrativo
como «aquel acto jurídico unilateral de quienes ejercen funciones administrativas encaminado a producir efectos
de derecho». Pág. 178, editorial Ibañez, 2023.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejero ponente:Guillermo
Vargas Ayala, sentencia de 27 de noviembre de 2014, radicación Núm.: 05001 23 33 000 2012 00533 01, Actor:
Asociación de Institutores de Antioquia – ADIDA, medio de control: nulidad.
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3.4. Legitimación en la causa por activa y por pasiva
54. De acuerdo con lo establecido en el artículo 137 del C.P.A.C.A., toda persona
podrá ejercer el medio de control de nulidad para discutir la legalidad de los
administrativos de carácter general. Por tanto, en este asunto, se concluye que los
demandantes están legitimados en la causa por activa.
55. En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, la Nación – Rama Judicial -
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial asumió esta condición, en tanto el
acto acusado provino de una de las autoridades que hacen parte de su estructura
orgánica.
3.5. El caso concreto – problemas jurídicos - análisis de los cargos
3.5.1. El acto demandado
56. La circular acusada es del siguiente tenor:
«Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
CIRCULAR PSAC13-24
PARA: Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura,
Directores Seccionales de Administración Judicial y Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.
DE Sala Administrativa
ASUNTO: Licencia no remunerada establecida en al artículo 142 de la Ley
Estatutaria de Administración de Justicia
FECHA: 10 de Octubre de 2013
Apreciados Señores (as):
En cumplimiento de sus funciones previstas en los numerales 17 y 22 del artículo
85 de la Ley 270 de 1996, a efectos de fijar una medida adecuada que haga
compatible y armonice el ejercicio del derecho que tienen los servidores judiciales
del régimen de carrera a solicitar licencia para desempeñar otro cargo vacante
transitoriamente en la Rama Judicial, con los principios de la carrera judicial y la
prestación del servicio de justicia, la Sala Administrativa se permite recordar a los
nominadores, para efectos de conceder la licencia no remunerada de que trata el
artículo 142 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, que ésta sólo
procede por el término máximo de dos años y en este sentido no es prorrogable por
otro término adicional o igual, ni siquiera en el caso de que los servidores judiciales
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se reincorporaren al cargo que ocupan en carrera judicial, toda vez que la ley no les
concede esta prerrogativa.
En consecuencia, si bien la licencia no remunerada para ocupar otro cargo en la
Rama Judicial, de que trata el artículo 142 de la Ley Estatutaria de Administración
de Justicia, puede ser concedida en varias oportunidades, el tiempo máximo de
todas éstas no puede superar el de dos años establecido como máximo por el
legislador estatutario.
Cordialmente,
EDGAR CARLOS SANABRIA MELO
Presidente
UACJ/CMGR/MSAG
3.6. Problemas jurídicos
57. De acuerdo con los argumentos planteados en las demandas y sus respectivas
contestaciones, le corresponde a la Sala determinar:
• ¿El parágrafo del artículo 142 de la Ley 270 de 1996, fijó un límite a la licencia
no remunerada allí prevista? En caso positivo ¿Cuál es el alcance de esa
limitación?
• ¿Con el acto administrativo demandado se vulneró el derecho a la igualdad
de los servidores judiciales inscritos en carrera frente; i) a los empleados
públicos a quienes se aplica la Ley 909 de 2004 y; ii) a los funcionarios y
empleados judiciales que se encuentran nombrados en provisionalidad en
cargos de carrera de la Rama Judicial?
• ¿A través de la decisión administrativa enjuiciada, el presidente del Consejo
Superior de la Judicatura reglamentó, interpretó y/o reformó el parágrafo del
artículo 142 de la Ley 270 de 1996, sin competencia para ello; y, en
consecuencia, vulneró el principio in dubio pro operario?
58. Para la solución de cada uno de los cargos de nulidad invocados en las demandas
acumuladas, se empleará el siguiente método: fijación del problema jurídico;
fundamentos legales y jurisprudenciales aplicables; y, consideraciones de la Sala.
3.6.1. Primer problema jurídico. ¿El parágrafo del artículo 142 de la Ley 270 de
1996, fijó un límite a la licencia no remunerada allí prevista? En caso positivo ¿cuál
es el alcance de esa limitación?
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3.6.1.1. Fundamentos legales y jurisprudenciales aplicables
59. Recordemos que las demandas en estudio reprochan la legalidad del acto
administrativo demandado, al considerar que infringe, entre otros, el parágrafo del
artículo 142 de la Ley 270 de 1996 «Estatutaria de la Administración de Justicia».
60. Con tales fines, y para precisar el objeto de estudio que se realiza en esta
providencia, la Sala transcribe a continuación su contenido:
«Artículo 142. Licencia no remunerada. Los funcionarios y empleados tienen
derecho a licencia no remunerada hasta por tres meses por cada año calendario, en
forma continua o discontinua según lo solicite el interesado. Esta licencia no es
revocable ni prorrogable por quien la concede, pero es renunciable por el
beneficiario. El superior la concederá teniendo en cuenta las necesidades del
servicio.
Así mismo, se concederá licencia no remunerada a los funcionarios de carrera para
proseguir cursos de especialización hasta por dos años o actividades de docencia,
investigación o asesoría científica al Estado hasta por un año, previo concepto
favorable de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
PARÁGRAFO. Los funcionarios y empleados en Carrera también tienen derecho a
licencia, cuando hallándose en propiedad pasen a ejercer hasta por el término de
dos años, un cargo vacante transitoriamente en la Rama Judicial».
61. Al realizar la revisión del entonces proyecto de ley estatutaria de la Administración
de Justicia,26 la Corte Constitucional, en sentencia C-037 de 1996, declaró
exequible ese artículo al concluir:
«Según se ha señalado en esta Sentencia, los artículos 122 y siguientes, 150-23 y
257 Nums. 2o y 3o de la Carta Política, entre otros, respaldan la constitucionalidad
de la norma que se examina. Resta agregar que la facultad de otorgar licencia a los
funcionarios de carrera para capacitarse o profundizar sus conocimientos,
concuerda con la filosofía que inspira el artículo 125 superior y con el propósito de
la administración de justicia de contar con servidores cuya preparación y
conocimientos responda a las exigencias de los asociados».
62. En esa oportunidad, el alto tribunal no hizo mención alguna del contenido del
parágrafo de ese dispositivo, por lo que, con base en ese proveído, no es posible
adoptar un parámetro o guía en torno al plazo allí fijado.
63. Tiempo más tarde, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación, en
concepto del 11 de mayo de 199927 «citada por la demandada como sustento de
defensa de la legalidad del acto acusado» sostuvo:
26 Identificado con los números 58/94 Senado y 264/95 Cámara.
27 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, consejero ponente: Javier Henao Hidrón, rad. 1194.
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«Esta Sala, al comentar el alcance del parágrafo anterior, precisó sus
características:
• Se aplica a quienes pertenezcan a la rama judicial en su condición de
servidores que hagan parte de la carrera judicial.
• Está prevista sólo para quienes estén nombrados en propiedad; excluye los
vinculados en provisionalidad.
• El término máximo para disponer del derecho a licencia es por dos (2) años,
ya que la ley estatutaria así lo limita. Y,
• Se requiere que el cargo por proveer - de libre nombramiento y remoción o
también de carrera - esté vacante en forma transitoria y que corresponda a la rama
judicial (radicación 1.152/98).
En otros términos, los servidores a los cuales se aplica la referida licencia, destinada
a permitir que aquéllos ocupen otro cargo en la rama judicial en forma transitoria -
hasta por dos años -, comprende hoy en día a los magistrados, jueces, fiscales y
empleados judiciales, siempre que se encuentren inscritos en carrera y
desempeñando el cargo en propiedad».
64. En el reseñado concepto vemos un primer acercamiento en cuanto al término
trazado en la norma en cita. Sin embargo, no se hizo ningún análisis sobre el
alcance y límites del derecho allí concebido.
65. En este mismo escenario encontramos, por ejemplo, la sentencia T-642 de
2011,28 en la que la Corte Constitucional, al estudiar la demanda de tutela de un
empleado judicial que consideraba vulnerados sus derechos fundamentales al
«debido proceso, al trabajo en conexidad con el derecho de los menores al
desarrollo integral», con la declaratoria de vacancia de su cargo por no retornar a él
vencidos los dos años previstos para la licencia no remunerada que aquí se analiza,
afirmó:
«[...] La licencia que el demandante solicitó se concede a servidores de carrera de
la Rama Judicial, nombrados en propiedad; su término máximo es de dos (2) años,
según límite fijado en la precitada Ley Estatutaria, requiriéndose que el cargo por
proveer también corresponda a la Rama Judicial, sea de libre nombramiento y
remoción o de carrera, estando vacante en forma transitoria [...]».
66. Este último pronunciamiento permite inferir que, a juicio de la Corte
Constitucional, el derecho contemplado en el mencionado parágrafo tiene como
límite los dos años allí previstos. Sin embargo, ninguna consideración adicional se
plasmó en esa sentencia, específicamente en torno a los alcances de esa
prerrogativa, esto es, si era susceptible de ser prorrogada o de ser solicitada por el
servidor judicial más de una vez.
28 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
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67. Por su parte, la Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación, en
sentencia de 22 de agosto de 2013,29 fue un poco más allá al concluir expresamente
que el derecho en cita no comporta la prórroga de la licencia concedida, cuando
afirmó:
«Finalmente el parágrafo de la misma norma establece que los funcionarios y
empleados en Carrera también tienen derecho a licencia, cuando hallándose en
propiedad pasen a ejercer hasta por el término de dos años, un cargo vacante
transitoriamente en la Rama Judicial.
Es claro que la redacción que se consignó en el art. 142 de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia, la licencia no remunerada no comporta prórroga del
término previsto para desempeñar otro cargo en la Rama una vez finiquitado el
término de dos años, término que se advierte prudencial para efectos de que se
convoque a concurso el cargo así provisto en provisionalidad, si es de aquellos que
pertenece a carrera, o en su defecto para que, si es de aquellos sometidos al
régimen de libre nombramiento y remoción, el titular decida su permanencia en el
mismo o su reintegro al cargo en propiedad, renunciando a cualquiera de los dos
destinos, el de propiedad en cuya licencia desempeña otro empleo, o al otro para
reintegrarse al empleo en propiedad».
68. No obstante, advierte la Sala que en esta sentencia no se dijo nada en cuanto a
sí el funcionario y/o empleado judicial podía hacer uso ilimitado de esa licencia.
69. Pues bien, con la expedición del auto de 14 de mayo de 2014 30 «a través del cual
se resolvió la solicitud de suspensión provisional de la decisión que aquí se
demanda» se hizo un análisis mayor de este derecho, cuando se concluyó31:
«Ahora bien, en materia de derechos laborales de los servidores de carrera de la
Rama Judicial, en punto de la situación administrativa denominada “Licencias no
Remuneradas”, el parágrafo del artículo 142 de la precitada ley estatutaria de la
administración de justicia, 270 de 1996, consagró que “…Los funcionarios y
empleados en carrera también tienen derecho a licencia, cuando hallándose en
propiedad pasen a ejercer hasta por el término de dos años, un cargo vacante
transitoriamente en la Rama Judicial.”
La citada norma no consagró expresión alguna de restricción en el tiempo para su
aplicación, es decir, no previó la posibilidad de que el servidor de carrera durante
toda su vinculación tan sólo pudiere hacer uso de ella por única vez y, menos aún,
otorgó facultades a otra autoridad para imponerle restricciones, limitaciones,
29 Expediente No. 05001-23-31-000-2003-02119-01(1574-12), C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, expediente No. 11001-03-25-000-2013-01654-
00(4252-13)
31 Importante señalar, que la mentada providencia quedó sin efectos en en virtud del auto de 19 de marzo de
2021, mediante el cual el Magistrado Ponente declaró la nulidad de todo lo actuado a partir de las notificaciones
del 20 de marzo de 2014, mediante las cuales se notificó el auto que admitió la demanda y el que ordenó corre
traslado a la medida cautelar de suspensión provisional.
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excepciones o prohibiciones, por lo que cualquier interpretación y aplicación
diferente a su literal es totalmente ilegal».
70. En oportunidad más reciente, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,32 al
estudiar en segunda instancia una sanción disciplinaria impuesta a un juez de la
República por prorrogar una licencia no remunerada a un empleado de su
despacho, sin exigirle el retorno a su cargo en carrera, concluyó que:
«Esta Colegiatura observa que la aplicación de la disposición descrita no ofrece
claridad respecto de si el empleado cuya licencia no remunerada ha finalizado, debe
posesionarse en el cargo de carrera que ostenta para de esta forma poder ser
beneficiario de una nueva licencia no remunerada.
[…]
Al respecto, en el caso que nos convoca, es claro que la tipicidad fue construida por
el a quo, en primer Iugar, en relación con una norma jurídica que define los términos
del otorgamiento de licencia no remunerada, específicamente sobre el parágrafo del
artículo 142 de la Ley 270 de 1996. No obstante, el precepto en cita no especifica
que el otorgamiento de la licencia conlleve la necesidad de que el empleado
beneficiario deba reintegrarse al cargo de carrera que ostenta para acceder a una
nueva licencia no remunerada, como lo concluyó el primer nivel al construir la
tipicidad de la falta atribuida al juez investigado.
Esta norma no prevé la obligatoriedad de que los empleados una vez finalizada una
licencia no remunerada, para poder acceder a otra, deban nuevamente
posesionarse en el cargo de carrera administrativa del cual son titulares, y así poder
continuar desempeñando otro cargo dentro de la rama judicial. El juez disciplinario
debe ser sumamente cuidadoso a la hora de identificar el deber funcional que fue
desatendido por el sujeto destinatario, pues de Io contrario el juicio de adecuación
no se completa debidamente conforme lo exigen las garantías propias del derecho
disciplinario tan necesarias al tratarse de una de las especies del derecho
sancionatorio estatal. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, debe referirse a
la figura comúnmente conocida en la rama judicial como la «escalera» que alude a
un medio para promover el acceso de los servidores de carrera administrativa a
ciertos empleos públicos que implican un ascenso en la estructura orgánica de la
misma rama y que se constituyen en verdaderos incentivos para mejorar sus
condiciones laborales y prestacionales. Es tal vez en virtud de esos objetivos, que
el citado parágrafo del artículo 142 de la Ley 270 de 1996 autorizó ese mecanismo
normativo, para dotar de legalidad esas separaciones temporales de un cargo de
carrera a un empleado judicial con la condición de que obtenga cada cierto lapso
una nueva licencia para tales efectos —2 años- y no su prórroga.
Por otro lado, el otorgamiento de dicha licencia para desempeñar otro cargo en la
rama no puede constituirse en una espada de Damocles en contra de aquel
magistrado o juez que acceda a esa licencia, ni ese es el mensaje que la justicia
disciplinaria debe dar pues se reitera que del contenido literal del parágrafo del
artículo 142 de la Ley 270 de 1996, no se deriva la obligación de reintegrarse para
32 Sentencia de 17 de abril de 2024, expediente No. 17-001-11-02-000-2019-00376-01, M.P. Mauricio Fernando
Rodríguez Tamayo.
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el servidor que goza de una licencia para desempeñar otro empleo en la rama
judicial. Distinto ocurre, eso sí, con el deber que le asiste de solicitar una nueva
licencia antes de concluir aquella de la que esté gozando, como se indicó».
71. Asimismo, en sentencia de tutela, la Sección Segunda, Subsección B de esta
Corporación,33 expresó:
«Cabe mencionar que la referida norma no limita la posibilidad de que el servidor de
carrera durante toda su vinculación tan sólo pudiere hacer uso de la licencia que
trata el parágrafo del artículo 142 de la Ley 270 de 1996 por única vez, siendo
entonces posible que el funcionario y/o empleado pueda acudir a esta figura en
varias oportunidades.
No obstante, es importante señalar que el citado artículo 142 no establece un
mandato expreso que le imponga al servidor judicial el deber de reintegrarse al cargo
en propiedad una vez finalice el término de la licencia, como tampoco obliga a que
si en el transcurso de los dos años desea cambiar de cargo sobre la misma licencia,
deba regresar al cargo que ostenta en propiedad por 3 días; pues esta
consecuencia, no obedece a interpretación alguna con autoridad, siendo tan solo
una práctica que se ha adoptado al interior de los despachos judiciales y, que, por
tanto, carece de respaldo normativo, puesto que no se soporta en una norma jurídica
concreta.
En este sentido, resulta viable que el servidor judicial, encontrándose en goce de la
licencia no remunerada, pueda solicitar una nueva licencia, sin que se encuentre
ocupando el cargo del cual es titular; es decir, sin necesidad de retornar a su cargo
en propiedad por unos días. De suerte que, para tal cometido, bastaría con que el
interesado manifieste expresamente su voluntad y gestione previamente los trámites
administrativos correspondientes antes de finalizar la licencia.
Interpretación que se ajusta, por una parte, a las finalidades perseguidas por el
derecho administrativo laboral, cuales son el bienestar y la felicidad de los
trabajadores, y, por la otra, a los propósitos de adelantar una administración de
justicia eficiente y eficaz, en donde prevalezca el criterio de buen servicio y se
propenda por favorecer el acceso de sus usuarios. A contrario sensu, mantener la
idea de que el funcionario judicial en goce de su licencia debe retornar a su cargo
en propiedad por unos días, para poder acceder a una nueva licencia, contradice
los principios del efecto útil de las normas jurídicas, de la oportuna y diligente
administración de justicia y, en este caso, además de traumatizar el funcionamiento
del despacho judicial, vulnera el derecho de la tutelante a la estabilidad laboral
reforzada».
3.6.1.2. Análisis de la Sala
72. De conformidad con todo lo expuesto, para esta Sala la «licencia no remunerada»
establecida en el parágrafo del artículo 142 de la Ley 270 de 1996 en principio
33 Sentencia de 23 de abril de 2024, expediente No. 11-001-03-15-000-2024-01300-00, C.P. Cesar Palomino
Cortés.
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tendría un límite de dos años; sin embargo, la tarea que se abordará es la de
determinar los alcances de dicha limitación.
73. En ese orden esta Corporación no encuentra ningún soporte legal que permita
establecer una restricción al número de veces del que pueda hacerse uso de esa
prerrogativa, por lo que se concluye que la «licencia no remunerada» puede ser
solicitada por el funcionario y/o empleado judicial las veces que estime pertinente.
Figura que podrá ser conferida por el nominador previa valoración de la
conveniencia y necesidad que ello represente para el servicio prestado, pero en
todo caso limitando cada disfrute al plazo de dos años arriba reseñado, sin que para
tales fines sea exigible a su beneficiario el retorno al cargo en propiedad. El único
requisito que se erige en este contexto es que la nueva petición se eleve antes del
vencimiento del término de dos años previsto en la ley.
74. Corolario, de cara a este interrogante, la Sala responde:
i) El parágrafo del artículo 142 de la Ley 270 de 1996 establece un límite de
dos años para el uso de la «licencia no remunerada» y;
ii) Esa norma no supedita su disfrute a una sola vez durante la vida laboral
del servidor judicial, sino que autoriza su disposición las veces que este la
requiera, siempre y cuando, por razones de necesidad y conveniencia para
el servicio prestado, el respectivo nominador considere pertinente
concederla.
3.6.2. Segundo problema jurídico. ¿Con el acto administrativo demandado se
vulneró el derecho a la igualdad de los servidores judiciales inscritos en carrera
frente i) a los empleados públicos a quienes se aplica la Ley 909 de 2004 y; ii) a los
funcionarios y empleados judiciales que se encuentran nombrados en
provisionalidad en cargos de carrera de la Rama Judicial?
3.6.2.1. Fundamentos legales y jurisprudenciales aplicables
75. El artículo 13 de la Constitución Política, dispone:
«Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección
y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional
o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan».
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76. En ese contexto el principio de igualdad regula dos dimensiones: i) la formal, que
tiene sustento en que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y, por
ende, reciben el mismo trato y protección de las autoridades y gozan de los mismos
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna clase de discriminación y; ii) la
material, según la cual el Estado debe adoptar las medidas positivas para superar
las desigualdades de grupos que históricamente han sido discriminados, así como
de aquellas personas que se encuentran en una situación de debilidad manifiesta.34
77.En este orden, la igualdad se instituyó como un derecho constitucional
fundamental de aplicación inmediata, principio que justifica la identidad entre iguales
y la diferencia entre desiguales, como deber correlativo de no consagrar «un
igualitarismo jurídico entre quienes se hallan en diversidad de condiciones fácticas,
es decir, la obligación de crear un sistema jurídico diferente para quienes se
encuentran en desigualdad en los amplios y complejos campos de la vida política,
económica, social y cultural».35
78. Con la finalidad de dar correcta aplicación a ese postulado, la Corte Constitucional
delineó el test integrado de igualdad, conformado por tres etapas así: i)
determinación de los criterios de comparación, esto es, establecer si se trata de
sujetos de la misma naturaleza; ii) definir si existe un trato desigual entre iguales o
igual entre desiguales y; iii) concluir si la diferencia de trato se encuentra justificada
constitucionalmente.36
79. La Ley estatutaria de administración de justicia desarrolló el régimen de carrera
de la Rama Judicial que, se destaca, tiene arraigo constitucional,37 por lo que, desde
sus orígenes, integra los regímenes especiales de carrera. Por consiguiente «se
rigen por sus propias autoridades y por sus propias normas, por lo que, en relación
con este punto, solo recurren a las normas del sistema general de carrera, en caso
de que sea necesario suplir vacíos normativos en su regulación».38
80. Enel escenario propuesto, es procedente citar que el artículo 125 de esa
normativa dispuso que:
«ARTÍCULO 125. DE LOS SERVIDORES DE LA RAMA JUDICIAL SEGÚN LA
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible>
Tienen la calidad de funcionarios los Magistrados de las Corporaciones Judiciales,
los Jueces de la República y los Fiscales. Son empleados las demás personas que
ocupen cargos en las Corporaciones y Despachos Judiciales y en los órganos y
entidades administrativas de la Rama Judicial.
34 T-291-2009, C-371 de 2000, T-098 de 1994, entre otras.
35 Corte Constitucional. Sentencia T-432 de 25 junio de 1992.
36 Corte Constitucional T-629 de 2010.
37 Artículo 256, numeral 1.°
38 Sentencia C-387 de 4 de octubre de 2023, M.P Alejandro Linares Cantillo
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La administración de justicia es un servicio público esencial».
81. En lo que respecta a las situaciones administrativas a las que pueden verse
sometidas los servidores judiciales, el artículo 135 ibidem consagró que:
«ARTÍCULO 135. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS. Los funcionarios y
empleados pueden hallarse en alguna de las siguientes situaciones administrativas:
1. En servicio activo, que comprende el desempeño de sus funciones, la comisión
de servicios y la comisión especial.
2. Separados temporalmente del servicio de sus funciones, esto es: en licencia
remunerada que comprende las que se derivan de la incapacidad por
enfermedad o accidente de trabajo o por el hecho de la maternidad, y las no
remuneradas; en uso de permiso; en vacaciones; suspendidos por medida penal
o disciplinaria o prestando servicio militar.»
82. En lo que aquí es materia de debate, el parágrafo del artículo 142 de esa ley
concibió la figura de la licencia no remunerada en los siguientes términos:
«PARÁGRAFO. Los funcionarios y empleados en Carrera también tienen derecho
a licencia, cuando hallándose en propiedad pasen a ejercer hasta por el término
de dos años, un cargo vacante transitoriamente en la Rama Judicial».
83. Por su parte, el régimen general de carrera previsto en la Ley 909 de 2004, cuya
administración se encuentra a cargo de la Comisión Nacional del Servicio Civil,39
fijó en el artículo 26 la figura de la comisión para el desempeño de empleos de libre
nombramiento y remoción o de período así:
«ARTÍCULO 26. Comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y
remoción o de período. Los empleados de carrera con evaluación del
desempeño sobresaliente, tendrán derecho a que se les otorgue comisión hasta
por el término de tres (3) años, en períodos continuos o discontinuos, pudiendo ser
prorrogado por un término igual, para desempeñar empleos de libre nombramiento
y remoción o por el término correspondiente cuando se trate de empleos de período,
para los cuales hubieren sido nombrados o elegidos en la misma entidad a la cual
se encuentran vinculados o en otra. En todo caso, la comisión o la suma de ellas no
podrá ser superior a seis (6) años, so pena de ser desvinculado del cargo de carrera
administrativa en forma automática.
Finalizado el término por el cual se otorgó la comisión, el de su prórroga o cuando
el empleado renuncie al cargo de libre nombramiento y remoción o sea retirado del
39 ARTÍCULO 7. Naturaleza de la Comisión Nacional del Servicio Civil. La Comisión Nacional del Servicio
Civil prevista en el artículo 130 de la Constitución Política, responsable de la administración y vigilancia de las
carreras, excepto de las carreras especiales, es un órgano de garantía y protección del sistema de mérito en el
empleo público en los términos establecidos en la presente ley, de carácter permanente de nivel nacional,
independiente de las ramas y órganos del poder público, dotada de personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio propio.
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mismo antes del vencimiento del término de la comisión, deberá asumir el empleo
respecto del cual ostenta derechos de carrera. De no cumplirse lo anterior, la entidad
declarará la vacancia de este y lo proveerá en forma definitiva. De estas novedades
se informará a la Comisión Nacional del Servicio Civil».
3.6.2.2. Análisis de la Sala
84. Según la parte demandante, existe un trato discriminatorio entre la situación
administrativa de los servidores judiciales beneficiarios de la licencia no remunerada
contemplada en la Ley 270 de 1996 y la situación administrativa de los empleados
públicos titulares de la comisión regulada en la Ley 909 de 2004.
85. Pues bien, de la citada normatividad se advierten diferencias sustanciales entre
ambos grupos de servidores públicos, sin embargo, esas divergencias de trato no
conllevan la vulneración al derecho a la igualdad pregonadas. En efecto:
86. La Ley 909 de 200440 contiene el régimen general de carrera administrativa
aplicable, principalmente, a las entidades que hacen parte de la Rama Ejecutiva del
poder público.
87. Por su parte, la Ley 270 de 1996 regula, entre otros, el sistema especial de carrera
de la Rama Judicial.41
88. A la luz de lo previsto en el numeral 2.° del artículo 3.° de la Ley 909 de 2004, sus
normas solo cobijan, con carácter supletorio, a los empleados que detentan un
40 ARTÍCULO 3o. CAMPO DE APLICACIÓN DE LA PRESENTE LEY.
1. Las disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables en su integridad a los siguientes servidores
públicos:
a) A quienes desempeñan empleos pertenecientes a la carrera administrativa en las entidades de la Rama
Ejecutiva del nivel Nacional y de sus entes descentralizados.
• Al personal administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores, salvo cuando en el servicio exterior los
empleos correspondientes sean ocupados por personas que no tengan la nacionalidad colombiana.
• Al personal administrativo de las instituciones de educación superior que no estén organizadas como entes
universitarios autónomos.
• Al personal administrativo de las instituciones de educación formal de los niveles preescolar, básica y media.
• <Inciso 5o. derogado por el artículo 14 de la Ley 1033 de 2006>
• <Inciso 6o. derogado por el artículo 14 de la Ley 1033 de 2006>
• A los comisarios de Familia, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 30 <sic, se refiere
al Art. 13, que modifica el Art. 30 de la Ley 294 de 1996> de la Ley 575 de 2000;
b) A quienes prestan sus servicios en empleos de carrera en las siguientes entidades:
• En las corporaciones autónomas regionales.
• En las personerías.
• En la Comisión Nacional del Servicio Civil.
• En la Comisión Nacional de Televisión.
• En la Auditoría General de la República.
• En la Contaduría General de la Nación;
c) A los empleados públicos de carrera de las entidades del nivel territorial: departamentos, Distrito Capital,
distritos y municipios y sus entes descentralizados;
d) La presente ley será igualmente aplicable a los empleados de las Asambleas Departamentales, de los
Concejos Distritales y Municipales y de las Juntas Administradoras Locales. Se exceptúan de esta aplicación
quienes ejerzan empleos en las unidades de apoyo normativo que requieran los Diputados y Concejales.
41 ARTÍCULO 156. FUNDAMENTOS DE LA CARRERA JUDICIAL. La carrera judicial se basa en el carácter
profesional de funcionarios y empleados, en la eficacia de su gestión, en la garantía de igualdad en las
posibilidades de acceso a la función para todos los ciudadanos aptos al efecto y en la consideración del mérito
como fundamento principal para el ingreso, la permanencia y la promoción en el servicio.
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régimen especial de carrera, siempre y cuando se adviertan vacíos en sus
dispositivos reguladores.
89. Por consiguiente, y de cara a la licencia no remunerada cuyos efectos, en sentir
de la parte actora, fueron condicionados con el acto demandado, se dirá que las
reglas depositadas en la Ley 909 de 2004 no son aplicables a los servidores
judiciales, en razón a que la ley estatutaria de administración de justicia contempló
todo lo relacionado con esa figura42.
90. Aunado a lo anterior, aplicar al servidor de régimen especial de carrera una figura
prevista en el régimen general, desconocería el principio de inescindibilidad
normativa «consagrado en la legislación laboral colombiana como complemento del
de favorabilidad, según el cual, cuando en un asunto se encuentren dos o más
textos aplicables a la solución de un caso concreto, la norma que se adopte: (i) debe
ser la más favorable al trabajador y (ii) debe ser aplicada en su integridad, con lo
cual se evita el desmembramiento de las normas legales para tomar aspectos
favorables de uno y otro régimen ofrezca».43 Por consiguiente, se reitera la
improcedencia de aplicar a una misma situación administrativa, las reglas
contenidas en regímenes generales y especiales de carrera.
91. Asimismo, la comisión prevista en la Ley 909 de 2004 no es similar a la licencia
no remunerada establecida en favor de los servidores judiciales. Ello, en razón a
que, en virtud de la primera de ellas, el empleado puede desempeñar cualquier
cargo de libre nombramiento y remoción o de período, ya sea en la misma entidad
en la que ejerce el empleo de carrera y/o en otra distinta. Adicionalmente, su acceso
y disfrute está condicionado a la obtención de un puntaje sobresaliente en la
evaluación del desempeño.
92. Por el contrario, la licencia no remunerada concebida en pro de los trabajadores
judiciales, está limitada al ejercicio de cargos de carrera y/o de libre nombramiento
y remoción dentro de la misma Rama Judicial. Esta situación, a juicio de la Comisión
Nacional de Disciplina, obedece a la «figura comúnmente conocida en la rama
judicial como la «escalera» que alude a un medio para promover el acceso de los
servidores de carrera administrativa a ciertos empleos públicos que implican un
ascenso en la estructura orgánica de la misma rama y que se constituyen en
verdaderos incentivos para mejorar sus condiciones laborales y prestacionales».44
Por lo tanto, las situaciones administrativas que se pretenden igualar atienden a
requisitos, circunstancias y fines distintos.
42 La licencia no remunerada que se estudia en esta providencia, constituye una excepción a la regulada en el
artículo 2.2.5.5.3 del Decreto 648 de 2017
43 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda - Subsección A C. P. Gabriel
Valbuena Hernández. sentencia de 21 de enero de 2021. Radicado 25000 2342 000 2012 01614 02 (2765-
2018).
44 Comisión Nacional de Disciplina Judicial, proveído de 17 de abril de 2024. M.P. Mauricio Fernando Rodríguez
Tamayo Radicación n.° 170011102000 2019 00376 01.
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93. Así entonces, esas diferencias se encuentran constitucionalmente justificadas,
pues la Corte Constitucional45 ha predicado que, en ejercicio del poder de
configuración legislativa, el Congreso de la República puede establecer «tratos
diferentes, siempre y cuando éstos tengan un fundamento objetivo y razonable, de
acuerdo con la finalidad perseguida por la autoridad».
94. Tampoco es dable concluir que existe un trato injustificado entre los servidores
judiciales que se encuentran en carrera frente a los mismos trabajadores nombrados
en provisionalidad, pues estos, al no ser beneficiarios de la licencia no remunerada,
impiden el juicio de igualdad propuesto.
95. En consecuencia, el acto demandado no vulnera el derecho a la igualdad de los
servidores judiciales inscritos en carrera frente a los empleados públicos a quienes
se les aplica la Ley 909 de 2004, ni mucho menos frente a los trabajadores judiciales
que se encuentran nombrados en provisionalidad en cargos de carrera
administrativa de la Rama Judicial; razón por la cual, se declarará probada la
excepción denominada inexistencia de vulneración del derecho a la igualdad.
3.6.3. Tercer problema jurídico. ¿A través de la decisión administrativa enjuiciada,
el presidente del Consejo Superior de la Judicatura reglamentó, interpretó y/o
reformó el parágrafo del artículo 142 de la Ley 270 de 1996, sin competencia para
ello; y, en consecuencia, vulneró el principio in dubio pro operario?
3.6.3.1. Fundamentos legales y jurisprudenciales
96. Conforme a las normas Superiores,46 ninguna autoridad pública podrá ejercer
funciones distintas de las que le atribuye la Constitución Política y la ley, como
sujeción al principio de legalidad que constituye elemento esencial del Estado Social
de Derecho; de allí que exista responsabilidad de los funcionarios por omisión y
extralimitación en el desempeño de los cargos y una estructura del Estado que
delimita en cada una de sus ramas (legislativa, ejecutiva y judicial) las funciones
que le corresponde.
97. En ese orden, en el artículo 114 íb., se estableció que le corresponde al Congreso
de la República «reformar la Constitución, hacer las leyes, ejercer control político
sobre el gobierno y la administración»; y respecto a la Rama Judicial en el artículo
256 ibidem, se le atribuyó al Consejo Superior de la Judicatura como órgano de
gobierno y administración de la misma, lo siguiente:
«ARTICULO 256. Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los
Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes
atribuciones:
45 Ver entre otras las sentencias C-093 de 2001, C-112 de 2000, C-563 de 1997, C-022 de 1996.
46 Artículos 4, 6, 121 y 122 de la C.N.
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1. Administrar la carrera judicial.
2. Elaborar las listas de candidatos para la designación de funcionarios judiciales y
enviarlas a la entidad que deba hacerla. Se exceptúa la jurisdicción penal militar
que se regirá por normas especiales.
3. Llevar el control de rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales.
4. Elaborar el proyecto de presupuesto de la rama judicial que deberá ser remitido
al Gobierno, y ejecutarlo de conformidad con la aprobación que haga el
Congreso.
5. Las demás que señale la ley».
98. En el artículo 257 ibídem, se establecieron las funciones de esa Corporación así:
«ARTÍCULO 257. Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura
cumplirá las siguientes funciones:
1. Fijar la división del territorio para efectos judiciales y ubicar y redistribuir los
despachos judiciales.
2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En
ejercicio de esta atribución, el Consejo Superior de la Judicatura no podrá
establecer a cargo del Tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado
para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.
3. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la
administración de justicia, los relacionados con la organización y funciones
internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales
y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos
no previstos por el legislador.
4. Proponer proyectos de ley relativos a la administración de justicia y a los códigos
sustantivos y procedimentales.
5. Las demás que señale la ley».
99. Asimismo, la Ley 270 de 199647, en su artículo 85 reglamentó las funciones
administrativas de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
señalando, entre otras, las invocadas por la entidad como justificantes en la
expedición del acto cuestionado:
«Artículo 85. Funciones administrativas. <Ver Notas del Editor> Corresponde a
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura:
[…]
17. Administrar la Carrera Judicial de acuerdo con las normas constitucionales y la
presente ley.
[…]
22. Reglamentar la carrera judicial».
47 Estatutaria de la Administración de Justicia.
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100. Sobre la constitucionalidad del artículo 85 en comento, la Corte Constitucional48
solo respecto del numeral 22 consideró que:
«De acuerdo con lo previsto en el artículo 256-1 de la Carta, al Consejo Superior
de la Judicatura le corresponde la tarea de administrar la carrera judicial. Para el
efectivo ejercicio de esta atribución, entiende la Corte que a la citada
Corporación le asiste la facultad de reglamentar algunos aspectos de dicho
sistema de carrera, siempre y cuando no se trate de materias de competencia
exclusiva del legislador, en los términos previstos en los artículos 125 y 150-
23 de la Constitución. En otras palabras, para la Corte la facultad de reglamentar
en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura, no significa necesariamente
suplantar las atribuciones propias del legislador. Por tal motivo, el numeral 22 será
declarado exequible». (Negrillas de la Sala).
101. En esa misma providencia, al estudiar el artículo 157 que reguló lo atinente a la
administración de la carrera judicial la Corte sostuvo:
«Según lo prevé el artículo 256 de la Constitución, al Consejo Superior de la
Judicatura y a los consejos seccionales -en particular a su Sala Administrativa- les
corresponde "administrar la carrera judicial", de acuerdo con los criterios y
postulados que, como en este caso, fije la ley. Así, pues, resulta compatible
con la norma citada y con lo previsto en los artículos 125 y 228
constitucionales, que el legislador imponga el deber de lograr que quienes
sean vinculados a la rama judicial mediante el sistema de carrera, reúnan las
mejores condiciones personales y profesionales; y de igual forma, que
comprometa a las autoridades competentes a otorgarle a los trabajadores las
correspondientes prerrogativas de orden laboral y profesional, así como de
bienestar personal y social. Obviamente, ello requiere una contraprestación por
parte de los servidores públicos, cual es la de observar en todo momento el
cumplimiento de sus obligaciones, de forma tal que no sólo se haga realidad el
objetivo plasmado en el artículo 228 superior, sino que de igual forma se apliquen
los compromisos que a las autoridades estatales les asigna el Estatuto
Fundamental». (Resaltado de la Sala).
3.6.3.2. Análisis de la Sala
102. Teniendo en cuenta que la «competencia es la facultad o el poder jurídico que
tiene una autoridad para ejercer determinada función»49 y analizada la normatividad
previamente reseñada, se considera que el Consejo Superior de la Judicatura está
facultado para dirigir, ordenar u organizar el sistema de carrera judicial, así como
para elaborar los reglamentos que regirán los concursos de mérito para el acceso a
los cargos de la Rama Judicial; sin que de estas facultades se derive la potestad de
reglamentación de los asuntos relacionados con las situaciones administrativas
contenidas en dicha ley para los empleados y funcionarios judiciales. Lo anterior,
48 Sentencia C-037 de 1996, MP Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
49 Rodríguez Libardo, Derecho Administrativo General y Colombiano, Temis, Bogotá, 2013, pág. 322
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por cuanto esa atribución es de competencia exclusiva del legislador que, para lo
que es objeto de demanda, precisó todo lo atinente a la licencia no remunerada en
el parágrafo del artículo 142 mencionado.
103. Ahora bien, aunque la entidad accionada alegó en su defensa que la decisión
cuestionada fue fruto del ejercicio de la potestad reglamentaria que constitucional y
legalmente tiene atribuida, hay que decir que esa competencia se circunscribe a la
elaboración de los reglamentos que gobernarán los concursos de mérito para el
acceso a los cargos de la Rama Judicial y, además, que dirigirán la carrera judicial,
teniendo en cuenta la Constitución Política y la Ley 270 de 1996. En consecuencia,
esa potestad reglamentaria no habilita la modificación de la disposición que
consagra la licencia no remunerada para los trabajadores judiciales pues, se reitera,
tal función está constitucionalmente atribuida al Congreso de la República.
104. Recuérdese, como lo ha indicado reiteradamente la H. Corte Constitucional «[e]n
un Estado de Derecho no pueden existir competencias implícitas, por analogía
o por extensión, porque ello permitiría que la autoridad pública se atribuya
competencias según su voluntad y capricho, trazándose los límites de su propia
actividad, invadiendo la órbita de actuación de las otras autoridades, abusando del
poder y cercenando los derechos y libertades públicas. Situaciones éstas en
contravía del Estado de Derecho como principio constitucional».50
105. De tal manera que la facultad para expedir reglamentos no surge por extensión,
pues ella debe estar expresamente consagrada en el ordenamiento jurídico y, como
se dijo, el Consejo Superior de la Judicatura no está autorizado por la Constitución
Política ni la ley para expedir una regla como la que contiene la circular demandada.
106. Así entonces, la circular en estudio, antes que contener un recordatorio para los
nominadores y servidores judiciales en torno a la licencia no remunerada, fue más
allá, señalando unos efectos no previstos en ella, extralimitando su competencia
legal y constitucional; pues la norma no limitó la licencia a un uso máximo de dos
años, ni prohibió su prorroga al vencimiento del término inicialmente conferido y/o
la concesión de una nueva licencia a quienes hubieren cumplido o estuvieren por
cumplir con ella; y tampoco, se le atribuyó al Consejo Superior de la Judicatura
competencia para reglamentar mediante una circular una disposición estatutaria;
incurriendo en consecuencia el acto demandado en causal de nulidad por falta de
competencia en su expedición.
107. Ahora bien, como los libelistas también sostienen que la demandada realizó una
interpretación errada del parágrafo citado, esa discusión se centra en un análisis de
hermenéutica jurídica que permita establecer el sistema de interpretación adecuado
del sentido de dicha disposición.
50 C-319 de 2007.
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108. Sobre la interpretación de la ley, el Código Civil enseña lo siguiente:
«ARTICULO 25. <INTERPRETACION POR EL LEGISLADOR>. La interpretación
que se hace con autoridad para fijar el sentido de una ley oscura, de una manera
general, sólo corresponde al legislador.
ARTICULO 26. <INTERPRETACION DOCTRINAL>. Los jueces y los funcionarios
públicos, en la aplicación de las leyes a los casos particulares y en los negocios
administrativos, las interpretan por vía de doctrina, en busca de su verdadero
sentido, así como los particulares emplean su propio criterio para acomodar las
determinaciones generales de la ley a sus hechos e intereses peculiares.
Las reglas que se fijan en los artículos siguientes deben servir para la interpretación
por vía de doctrina.
ARTÍCULO 27. <INTERPRETACION GRAMATICAL>. Cuando el sentido de la ley
sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu.
Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su
intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna
de su establecimiento».
109. Conforme a esas normas existen los métodos gramatical, sistemático, lógico e
histórico para interpretar la ley, respecto de los cuales la Corte Constitucional51
señaló lo siguiente:
«10. La Corte advierte, en este orden de ideas, que los métodos tradicionales de
interpretación son, al menos en su versión original del siglo XIX, funcionales a la
mencionada concepción de la actividad legislativa. Esto es así si se tiene en cuenta
que los mismos están basados en la supremacía de la actividad del legislador y la
mencionada inexistencia de parámetros superiores a la legislación.
En efecto, el método sistemático apela a encontrar el sentido de las disposiciones a
partir de la comparación con otras normas que pertenecen al orden jurídico legal y
que guardan relación con aquella. Lo mismo sucede con el método histórico, pues
este intenta buscar el significado de la legislación a través de sus antecedentes y
trabajos preparatorios. De igual manera, el método teleológico o finalista se basa
en la identificación de los objetivos de la legislación, de manera que resulta justifica
(sic) una interpretación del precepto legal, cuando ese entendimiento concuerda con
tales propósitos. Por último, el método gramatical es el que está más profundamente
vinculado con la hipótesis de infalibilidad de ese legislador soberano, pues supone
que en ciertas ocasiones las normas tienen un sentido único, que no requiere ser
interpretado. Sin embargo, al tratarse de la norma objeto de control de
constitucionalidad, un estudio más detallado sobre esta fórmula de interpretación
será propuesta por la Sala al momento de analizar el caso concreto.
51 Sentencia C-054 de 10 de febrero de 2016, MP Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.
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En suma, los métodos tradicionales de interpretación están basados en el
reconocimiento del carácter incuestionado de la actividad de producción normativa
a cargo del legislador, fundada a su vez en la titularidad de soberanía que el adscribe
el modelo contractualista clásico de justificación del poder político. Esta
justificación, como es sencillo observar, contrasta con los fundamentos del
constitucionalismo contemporáneo, que impone a la Carta Política y en particular a
los derechos fundamentales, como límite y parámetro obligatorio de la función
legislativa.
11. No obstante, advierte la Corte que el vínculo entre el origen de los métodos de
interpretación y el contractualismo liberal no resta utilidad a aquellos en el marco del
Estado Social y Democrático de Derecho. Esto debido a que de acuerdo con el
principio de interpretación conforme, explicado en el fundamento jurídico 6.2 de esta
sentencia, las normas legales, entre ellas las previstas en el Código Civil y que
definen dichos métodos hermenéuticos, deben ser armonizadas con los derechos,
principios y valores constitucionales.
Esto significa que las referidas fórmulas de interpretación serán conformes con la
Carta Política en cuanto garanticen la eficacia de las facetas jerárquica, directiva e
integradora del principio de supremacía constitucional. En otras palabras, la
utilización de los métodos tradicionales de interpretación en casos concretos
será admisible a condición que los resultados hermenéuticos sean
compatibles con las restricciones formales y materiales de validez que impone
la Constitución. En consecuencia, el intérprete deberá desechar aquellas
opciones interpretativas que contradigan la Carta, incluso cuando las mismas
sean un ejercicio razonable de las fórmulas de interpretación
mencionadas. En contrario, cuando el uso de dichos mecanismos tradicionales no
implique dicha incompatibilidad, sus resultados serán compatibles con el orden
constitucional».
110. De acuerdo con lo anterior, la interpretación de una ley no puede reñir con un
precepto constitucional, y aunque en ese ejercicio sea parte de su sentido literal,
debe propenderse por la armonía que debe existir entre ella y los principios
constitucionales; de tal manera que, cuando surja un conflicto entre una exégesis
literal y otra sistemática, debe preferirse aquella que se ajuste tanto al propósito
regulador del legislador como al fin mismo de la norma «criterio hermenéutico
histórico - teleológico», pero en todo caso, esa intelección debe estar conforme con
la Constitución.
111. En consecuencia, un análisis teleológico del parágrafo del artículo 142 de la Ley
270 de 1996, con los propósitos consagrados en la Constitución, permiten a la Sala
determinar que además de consagrarse una prerrogativa laboral a los servidores
judiciales, consistente en el otorgamiento de una posibilidad de ocupar otros cargos
de superior jerarquía en la rama judicial de manera temporal, propende por el
aprovechamiento de sus conocimientos y competencias para lograr una mayor
eficiencia en el servicio y materializar el principio de pronta justicia.
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112. Por ello y de cara al acto demandado, se estima que la autoridad administrativa
no solo lo emitió sin competencia para ello, sino que realizó una labor interpretativa
contraria al espíritu del legislador, tal y como lo sostienen los demandantes.
113. La causal de nulidad por violación de una norma superior debe ser directa y se
causa por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea. Sobre
esta última el Consejo de Estado ha sostenido que «[s]e viola la norma sustancial
de manera directa, cuando ocurre una interpretación errónea. Sucede cuando el
precepto o preceptos que se aplican son los que regulan el asunto por resolver, pero
el juzgador los entiende equivocadamente, y así, erróneamente comprendidos, los
aplica. Es decir, ocurre cuando el juzgador le asigna a la norma un sentido o alcance
que no le corresponde»52.
114. De tal manera que, el Consejo Superior de la Judicatura efectuó respecto del
parágrafo del artículo 142 de la Ley 270 de 1996, una interpretación errónea, en los
términos del cargo formulado en la demanda, al limitar a través del acto
administrativo cuestionado el uso de la licencia no remunerada de los servidores
judiciales, provocando unos efectos jurídicos que la norma en su sentido no
consagra; desconociendo el aforismo jurídico que dice «donde no distingue el
legislador, mal le queda hacerlo al intérprete», incurriendo en consecuencia en
causal de nulidad por esa razón.
115. Ese alcance otorgado al acto demandado, en consecuencia, trasgrede el
principio in dubio pro operario invocado por los demandantes, pues en el sentido
amplio de su aplicación y como principio de favorabilidad de los trabajadores
conlleva a que cuando en una o varias disposiciones jurídicas aplicables a un caso
se admitan interpretaciones diversas, se escoja aquella que resulte más favorable.
Al respecto la Corte Constitucional53 sostuvo:
«Para la Corte Constitucional la ‘duda’ que da lugar a la aplicación de los principios
de favorabilidad e in dubio pro operario ‘debe revestir un carácter de seriedad y
objetividad, pues no sería dable que ante una posición jurídicamente débil, deba
ceder la más sólida bajo el argumento que la primera es la más favorable al
trabajador. En ese orden, la seriedad y la objetividad de la duda dependen a su vez
de la razonabilidad de las interpretaciones. En efecto, la fundamentación y solidez
jurídica de las interpretaciones, es la que determina que la duda que se cierna sobre
el operador jurídico, sea como tal una duda seria y objetiva’.54 Igualmente, la Sala
precisa que la duda que surge en este contexto es de carácter normativo, por esa
razón no es posible la utilización de estos principios en caso de incertidumbre sobre
la ocurrencia de un aspecto fáctico, esto es, en el escenario de la prueba de los
hechos».
52 Sentencia de 15 de marzo de 2012. Sección Cuarta Consejo de Estado, consejero ponente Hugo Fernando
Bastidas Bárcenas. Radicación número: 25000-23-27-000-2004-92271-02(16660).
53 Corte Constitucional T-088-2018
54 Cfr. Sentencia T-1268 de 2005.
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116. De tal forma que el Consejo Superior de la Judicatura, privilegiando los derechos
laborales de los trabajadores de la Rama Judicial, en aplicación del principio
constitucional in dubio pro operario, ha debido acoger la interpretación más
beneficiosa para ellos, entendiendo que al no contener el parágrafo del artículo 142
de la Ley 270 de 1996 una prohibición, es porque el servidor judicial puede estar
en esas condiciones las veces que se le promueva siempre y cuando en cada una
de ellas lo esté por el tiempo máximo de dos años, debiendo solicitar, si lo considera,
una nueva licencia antes del vencimiento de ese lapso, sin necesidad de que el
servidor judicial tenga que reincorporarse al cargo que ocupa en carrera.
117. Esa interpretación resulta más favorable para los trabajadores de la Rama
Judicial y se acompasa con el principio de favorabilidad laboral según el cual, ante
la existencia de una duda, y ante la necesidad de elegir entre dos o más
interpretaciones, se escoja aquella que consulte la situación más benéfica para
ellos.
118. Con fundamento en lo expuesto, es claro que el acto demandado acogió una
interpretación del parágrafo del artículo 142 de la Ley 270 de 1996, que transgredió
el principio de favorabilidad laboral y en esa medida se torna contrario a derecho,
prosperando, igualmente, este cargo anulación.
3.7. Conclusión
119. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye:
a. El parágrafo del artículo 142 de la Ley 270 de 1996, no restringió el uso de la
licencia no remunerada a un uso máximo de dos años, ni prohibió su prórroga al
vencimiento del término inicialmente conferido y/o la concesión de una nueva
licencia a quienes hubieren cumplido o estuvieren por cumplir con ella; porque esta
situación administrativa está consagrada como un beneficio laboral para los
servidores judiciales que ocupan cargos en carrera en la rama judicial, y busca,
desde una perspectiva teleológica, garantizar el principio de pronta y eficaz
administración de justicia, con el aprovechamiento de los conocimientos y
competencias del empleado promovido provisionalmente en un cargo vacante y de
superior categoría.
b. No se vulnera el derecho a la igualdad de los empleados en carrera de la rama
judicial, dado que la Ley 270 de 1996 regula el derecho de los servidores judiciales
al goce de la licencia no remunerada, no existiendo vacío normativo que permita
acudir a la Ley 909 de 2004.
c. Las normas que regulan la administración de justicia, como lo es la Ley 270 de
1996, deben tener la naturaleza de estatutaria, existiendo, conforme al artículo 152
numeral 2 de la Constitución Política, una reserva de ley; de lo que deviene que el
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Consejo Superior de la Judicatura no tenía competencia para reglamentar mediante
una circular un asunto reservado en el sentido anotado al legislador.
d. No todas las leyes son susceptibles de reglamentación, en la medida de que, si
los ordenamientos expedidos por el Congreso suministran los elementos necesarios
para su ejecución, no hay lugar a ejercer la función reglamentaria, de lo que se
infiere que «la facultad desaparece en razón de que no existe el supuesto básico de
su ejercicio55». Por consiguiente, el acto administrativo cuestionado incurre en
causal de nulidad por falta de competencia de la autoridad que lo expidió.
e. La circular demandada incurre en causal de anulación por interpretación errónea
del parágrafo del artículo 142 de la Ley 270 de 1996, dado que el sentido teleológico
de la disposición está orientado a otorgar a los servidores de la rama judicial en
carrera el derecho a ocupar otro cargo en provisionalidad, dentro de la institución,
atendiendo sus conocimientos y competencias laborales, al igual, que se constituye
en una herramienta que le permite a la administración de justicia identificar esas
habilidades, sapiencias y valores en su planta de personal, en orden a lograr una
mayor eficiencia en la prestación del servicio y materializar el principio de una pronta
justicia.
f. El Consejo Superior de la Judicatura también vulneró el principio in dubio pro
operario al expedir la circular reprochada, pues no acogió la interpretación que
mayor amparo ofrecía a los servidores judiciales en carrera que quisieran hacer uso
de la prerrogativa de la licencia no remunerada, o estuviesen en ejercicio de ella.
Por el contrario, aplicó un criterio restrictivo en contravía del principio de
favorabilidad, consagrando una prohibición no contemplada en el parágrafo del
artículo 142 de la Ley 270 de 1996. Incurriendo, se reitera, en la causal de nulidad
por interpretación errónea de la ley.
g. Por consiguiente, se anulará la Circular PSAC13-24 proferida por el presidente
de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y,
consecuencialmente, se declararán no fundadas las excepciones de mérito
propuestas por la entidad accionada, salvo la de “inexistencia de vulneración del
derecho a la igualdad”.
3.8. Condena en costas
120. En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se
ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.56
55 Corte Constitucional C-1005 de 2008.
56 «Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil».
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Plena Sección Segunda, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
IV. FALLA:
PRIMERO: DECLARAR fundada la excepción de mérito denominada inexistencia
de vulneración del derecho a la igualdad, conforme lo expuesto en la parte
considerativa.
SEGUNDO: DECLARAR infundadas las excepciones de mérito denominadas
«inexistencia de violación de las disposiciones invocadas como fundamento de los
actos cuya suspensión provisional se solicita y facultad reglamentaria del Consejo
Superior de la Judicatura», propuestas por la Rama Judicial.
TERCERO: DECLARAR la nulidad de la Circular PSAC13-24 del 10 de octubre de
2013, emitida por el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, de acuerdo con lo expresado en la parte motiva de esta decisión.
CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.
QUINTO: En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse
las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE EDISON PORTOCARRERO
Firmada electrónicamente BANGUERA
Firmada electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmada electrónicamente
CON ACLARACIÓN DE VOTO
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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