RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2023-00105-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00105-00

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00105-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. Sin condena en costas. TERCERO. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI y archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2023-00105-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00105-00 (1343-2023)
Demandante: José Erasmo Díaz Guzmán
Demandada: Comisión Nacional del Servicio Civil

Temas: Definición de empleos equivalentes para efectos del uso de listas
de elegibles.
Decisión: Negar las pretensiones de la demanda.

La Sala decide la demanda de nulidad interpuesta contra el criterio unificado «Uso
de listas de elegibles para empleos equivalentes» expedido por la entidad accionada
el 22 de septiembre de 2020.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. El presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil (en adelante, CNSC),
emitió un criterio interpretativo sobre el uso de listas de elegibles para empleos
equivalentes no convocados que surjan con posterioridad a la convocatoria del
concurso, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004,
modificado por el artículo 6 de la Ley 1960 de 2019.

2. La parte actora reprocha la definición que se realizó de la figura de empleo
equivalente en el criterio demandado.

Se entenderá por empleos equivalentes aquellos que pertenezcan al mismo nivel
jerárquico, tengan grado salarial igual, posean el mismo requisito de experiencia,
sean iguales o similares en cuanto al propósito principal o funciones, requisitos de
estudios y competencias comportamentales y mismo grupo de referencia de los
empleos de las listas de elegibles.

3. En este orden, sostiene que la anterior postura desconoció lo establecido en
el artículo 2.2.11.2.3 del Decreto 1083 de 2015 porque se exigen unos requisitos
adicionales como la igualdad en el grado salarial, mientras que la norma superior
admite diferencias salariales dentro de determinados márgenes, lo cual, restringe
el acceso de los elegibles a vacantes definitivas en cargos equivalentes.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2023-00105-00 (1343-2023)
Demandante: José Erasmo Díaz Guzmán

4. También sostuvo que el acto acusado vulneró el principio de legalidad, pues
la definición de «empleo equivalente» ya se encuentra prevista en el artículo
2.2.11.2.3 del Decreto 1083 de 2015, disposición que establece unos criterios
distintos y más amplios para determinar la equivalencia entre cargos. Por ende, a
su juicio, la CNSC carecía de competencia para reglamentar nuevamente esa
materia e introducir limitaciones no previstas por el Gobierno nacional.

Contestación de la demanda

5. La CNSC se opuso a las pretensiones de la demanda por considerar que el
criterio unificado fue expedido en ejercicio de las competencias constitucionales y
legales que le corresponden como órgano autónomo responsable de la
administración y vigilancia de la carrera administrativa. En ese sentido, sostuvo que
los artículos 11 y 12 de la Ley 909 de 2004 la facultan para expedir circulares e
instrucciones dirigidas a garantizar la correcta aplicación de las normas sobre
carrera administrativa y de los principios de mérito e igualdad.

6. Explicó que la definición de «empleo equivalente» prevista en el artículo
2.2.11.2.3 del Decreto 1083 de 2015 no resulta aplicable al uso de listas de
elegibles, pues dicha disposición integra el régimen previsto para la protección de
los derechos de los servidores de carrera cuyos empleos son suprimidos y regula
las figuras de incorporación, reincorporación e indemnización.

7. En consecuencia, afirmó que la definición establecida en la norma superior
responde a una finalidad distinta de la establecida en la Ley 1960 de 2019, la cual
regula la provisión de vacantes definitivas mediante listas de elegibles respecto de
personas que aún no ostentan derechos de carrera.

8. Sostuvo que, con ocasión de la modificación introducida por la Ley 1960 de
2019, la CNSC debía establecer pautas para determinar cuándo una vacante no
convocada podía considerarse equivalente a otra para efectos del uso de listas de
elegibles, razón por la cual expidió el criterio unificado demandado. Indicó que la
definición allí contenida responde a los principios de mérito, igualdad, transparencia
y libre concurrencia, pues exige que los empleos pertenezcan al mismo nivel
jerárquico, tengan igual grado salarial, los mismos requisitos de estudio y
experiencia, similitud en el propósito y funciones y el mismo grupo de referencia,
garantizando así que los aspirantes sean evaluados respecto del empleo para el
cual concursaron y evitando ventajas injustificadas frente a otros participantes del
proceso de selección.

9. Finalmente, afirmó que aplicar la definición de empleo equivalente prevista
en el Decreto 1083 de 2015 al uso de listas de elegibles permitiría que personas
que no adquirieron derechos de carrera accedieran a cargos con mayor
remuneración o jerarquía que aquellos para los cuales concursaron, lo que
equivaldría a un ascenso automático contrario a los principios constitucionales del
mérito y la igualdad.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicación: 11001-03-25-000-2023-00105-00 (1343-2023)
Demandante: José Erasmo Díaz Guzmán

Trámite de sentencia anticipada

10. Mediante auto del 7 de mayo de 2026 se dispuso el trámite de sentencia
anticipada en los términos del artículo 182A del CPACA, al evidenciarse la
concurrencia de las causales previstas en los literales a), b) y c) del numeral 1 de
esa disposición. En consecuencia, se resolvió sobre el decreto de pruebas, se fijó
el litigio y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio
Público para rendir concepto.

Alegatos de conclusión

11. La entidad accionada solicitó desestimar las pretensiones de la demanda
porque el criterio unificado demandado fue proferido en ejercicio de las
competencias que le fueron atribuidas por la Constitución y la ley. Señaló que el
demandante no acreditó la infracción alegada, pues equipara dos regulaciones a
escenarios distintos: de un lado, el artículo 2.2.11.2.3 del Decreto 1083 de 2015,
relativo a la protección de los derechos de los servidores de carrera cuyos empleos
son suprimidos; y, de otro, el criterio unificado, dirigido a regular el uso de listas de
elegibles para el ingreso al empleo público.

12. Agregó que aplicar la definición de empleo equivalente prevista en el
Decreto 1083 de 2015 al uso de listas de elegibles generaría inequidad entre los
concursantes y permitiría el acceso a cargos con una remuneración superior a
aquella por la cual concursaron, configurando una promoción automática
incompatible con los principios de mérito e igualdad. Por ello, concluyó que no se
desvirtuó la presunción de legalidad del acto acusado y solicitó negar las
pretensiones de la demanda.

13. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

14. De conformidad con lo previsto en el artículo 149 del CPACA, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer en
única instancia de la nulidad de los actos administrativos expedidos por las
autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado
que cumplan funciones administrativas en el mismo orden.

Alcance y contenido del criterio unificado demandado

15. Como cuestión preliminar, la Sala debe examinar si el criterio unificado
demandado es un acto pasible de control judicial. Para tal efecto, es importante
poner de presente que este fue emitido por la CNSC, entidad creada por la

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicación: 11001-03-25-000-2023-00105-00 (1343-2023)
Demandante: José Erasmo Díaz Guzmán

Constitución Política con el fin de administrar y vigilar las carreras de los servidores
públicos.

16. La autoridad demandada sostuvo que la instrucción cuestionada fue
emitida con fundamento en lo dispuesto en el literal H del artículo 11 de la Ley 909
de 2004, disposición que le permite expedir circulares instructivas para la correcta
aplicación de las normas que regulan la carrera administrativa.

17. Así las cosas, para la Sala el criterio demandado adoptó una postura y
realizó una interpretación que tiene una fuerte incidencia en las diferentes entidades
públicas que tienen listas de elegibles vigentes y que deben permitir su uso para
cargos inicialmente no ofertados. Lo anterior, en virtud de lo dispuesto en el artículo
31 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 6 de la Ley 1960 de 2019.

18. Al respecto, esta Sala ha sostenido que las circulares, memorandos o
instrucciones internas no son susceptibles de control judicial cuando se limitan a
reproducir normas o a impartir simples orientaciones sin contenido decisorio1. No
obstante, son susceptibles de ser enjuiciadas cuando materialmente contengan
disposiciones con efecto vinculante para sus destinatarios o cuando «tengan una
clara incidencia en el comportamiento, derechos o deberes de las personas y, en
general, incidan o repercutan en el mundo del derecho», caso en el cual
corresponde a la autoridad judicial examinar si la Administración se ajustó al
ordenamiento superior2.

19. En este orden, el criterio unificado demandado no se limitó a reiterar lo
dispuesto en una norma superior, sino que realizó una interpretación de una
disposición legal y estableció unas definiciones para su adecuada aplicación. Este
contenido tiene una fuerte incidencia en las entidades reguladas y vigiladas por la
CNSC para efectos de la carrera administrativa.

20. Por lo tanto, para la Sala el criterio unificado «Uso de listas de elegibles
para empleos equivalentes» es objeto de control judicial.

Problema jurídico

21. La Sala considera que el problema jurídico que se deberá resolver en la
presente providencia judicial es el siguiente:

¿El Criterio Unificado del 22 de septiembre de 2020 debe declararse nulo por falta
de competencia de la CNSC y por haber sido expedido con infracción del artículo
2.2.11.2.3 del Decreto 1083 de 2015 al adoptar una definición de «empleo
equivalente» que difiere de la prevista en dicha disposición?

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 12 de septiembre de 2024, rad. núm. 11001032500020130165400 (4252-2013). C.P.
Luis Eduardo Mesa Nieves.
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Auto

del 30 de octubre de 2025, rad. núm. 11001-03-25-000-2025-00196-00 (1555-2025). MP Luis
Eduardo Mesa Nieves.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicación: 11001-03-25-000-2023-00105-00 (1343-2023)
Demandante: José Erasmo Díaz Guzmán

Análisis del problema jurídico

22. La Sala no accederá a las pretensiones del demandante porque la CNSC
es competente para emitir circulares instructivas para la correcta aplicación de las
normas que regulan la carrera administrativa. A su vez, el criterio interpretativo no
desconoció el artículo 2.2.11.2.3 del Decreto 1083 de 2015 porque esta última
disposición estableció una definición para regular un asunto diferente al que dio
lugar a la expedición del acto censurado.

23. El primer reproche planteado por el demandante parte de la premisa de que
el concepto «empleo equivalente» había sido reglamentado por el Gobierno
nacional en el Decreto 1083 de 2015, por lo que la CNSC no podía realizar ninguna
interpretación sobre esa figura.

24. La Sala no comparte la afirmación realizada por el accionante porque, si
bien es cierto en el artículo 2.2.11.2.3 del Decreto Único del Sector Función Pública
se definió la referida figura, esta fue realizada para regular las situaciones de los
funcionarios de carrera cuyos cargos son suprimidos. En contraste, el criterio
unificado fue expedido en virtud de la adición que realizó la Ley 1960 de 2019 al
artículo 31 de la Ley 909 de 2004 y mediante la cual se permitió el uso de lista de
elegibles para empleos inicialmente no ofertados en el concurso de méritos.

25. La sola existencia de una definición de empleo equivalente en el Decreto
1083 de 2015 no impedía que la CNSC precisara el alcance de esa expresión para
un supuesto normativo diferente. Ello obedece a que la Ley 1960 de 2019 introdujo
el uso de listas de elegibles para vacantes equivalentes no convocadas, sin
desarrollar los criterios técnicos para establecer dicha equivalencia. En ese
contexto, correspondía a la autoridad encargada de administrar y vigilar la carrera
administrativa adoptar lineamientos interpretativos que garantizaran una aplicación
uniforme de la nueva regulación.

26. Por otra parte, el literal H del artículo 11 de la Ley 909 de 2004 le atribuyó
a la CNSC competencia para emitir circulares instructivas para la correcta
aplicación de las normas que regulan la carrera administrativa. En este orden, el
criterio interpretativo demandado fue emitido con el fin de que las entidades que
conforman el sistema general de carrera administrativa apliquen de manera
uniforme los cambios realizados por la adición de la Ley 1960 de 20193.

27. Así las cosas, para la Sala la CNSC está facultada para emitir el criterio
interpretativo cuestionado y con este no invadió la facultad reglamentaria general
en cabeza del Gobierno nacional establecida en el numeral 11 del artículo 189 de
la Constitución Política.

3 Ley 1960 de 2019. Artículo 6: El numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, quedará así «Con

los resultados de las pruebas la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad contratada, por
delegación de aquella, elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles que tendrá una
vigencia de dos (2) años. Con esta y en estricto orden de mérito se cubrirán las vacantes para las
cuales se efectuó el concurso y las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que
surjan con posterioridad a la convocatoria del concurso en la misma Entidad».

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicación: 11001-03-25-000-2023-00105-00 (1343-2023)
Demandante: José Erasmo Díaz Guzmán

28. Por otra parte, el demandante adujo que el criterio demandado desconoció
lo dispuesto en el artículo 2.2.11.2.3 del Decreto 1083 de 2015, pues la definición
de empleo equivalente es más restrictiva que la dispuesta en la norma superior.

29. La Sala no comparte la postura expuesta por el accionante porque, como
lo explicó la entidad demandada, la definición de empleo equivalente prevista en la
norma superior fue establecida para reglamentar los derechos de los empleados de
carrera cuyos cargos son suprimidos.

30. En virtud de la supresión de los cargos de carreras y conforme a lo
dispuesto en el artículo 44 de la Ley 909 de 20044, los funcionarios tienen el
derecho preferente a ser vinculados a un empleo similar o equivalente creado en la
nueva entidad o, en su defecto, a cargos iguales o equivalentes en otras
autoridades.

31. En este escenario los funcionarios afectados con la supresión de su empleo
pueden incluso aspirar a que se les reintegre en una entidad totalmente diferente a
la que inicialmente se vincularon, lo que explica el motivo por el que la definición de
cargo equivalente tenga en cuenta estas especiales circunstancias, pues una
definición muy restringida impediría que el servidor optara por la opción de aspirar
a un cargo equivalente en otra entidad.

32. Por su parte, el criterio interpretativo cuestionado fue emitido para indicar a
las entidades que conforman el sistema general de carrera cómo proceder ante una
lista de elegibles vigentes y cargos que quedaron en vacancia definitiva con
posterioridad al inicio del concurso de méritos. De conformidad con la adición del
artículo 6 de la Ley 1960 de 2019, estas plazas pueden ser provistas mediante lista
de elegible, siempre que sea el mismo empleo o uno equivalente.

33. En orden, para la Sala, aunque en el criterio interpretativo demandado se
definió la figura de empleo equivalente de una manera más restringida que la
establecida en el pluricitado artículo 2.2.11.2.3, no se desconoció la disposición
superior pues esta última fue expedida para reglamentar una situación diferente al
asunto que dio lugar a la emisión de la definición reprochada. En consecuencia, la
utilización de una definición distinta de empleo equivalente no supone, por sí
misma, el desconocimiento del artículo 2.2.11.2.3 del Decreto 1083 de 2015, pues
ambas disposiciones responden a finalidades normativas diferentes.

4 Ley 909 de 2004. Artículo 44: Los empleados públicos de carrera administrativa, que como
consecuencia de la liquidación, reestructuración, supresión o fusión de entidades, organismos o
dependencias, o del traslado de funciones de una entidad a otra, o por modificación de planta de
personal, se les supriman los cargos de los cuales sean titulares, tendrán derecho preferencial a ser
incorporados en empleo igual o equivalente de la nueva planta de personal, y de no ser posible
podrán optar por ser reincorporados a empleos iguales o equivalentes o a recibir indemnización. El
Gobierno Nacional reglamentará el proceso de reincorporación y el reconocimiento de la
indemnización.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicación: 11001-03-25-000-2023-00105-00 (1343-2023)
Demandante: José Erasmo Díaz Guzmán

34. Es importante resaltar que el Decreto 1083 de 2015 acude en diferentes
disposiciones, no solo en el 2.2.11.2.3., a la locución «empleo equivalente» para
efectos de regular disímiles aspectos5. Por ende, solo frente a cada materia y
asunto regulado se podría alegar el desconocimiento de la respectiva definición
realizada por el Decreto Único del Sector de la Función Pública.

35. En todo caso, la Sala advierte que en el criterio unificado tomó como
referencia elementos comunes de las distintas definiciones de empleo equivalente,
tales como pertenecer al mismo nivel jerárquico, análogo grado salarial, igual
experiencia y grado de estudio. Lo anterior evidencia que el criterio unificado no
creó ex novo la figura de empleo equivalente, sino que construyó un parámetro
interpretativo a partir de elementos ya presentes en el régimen de carrera
administrativa, adaptándolos al contexto específico de la provisión de vacantes
mediante listas de elegibles.

36. Así las cosas, se negarán las pretensiones de la demanda porque el criterio
unificado demandado no desconoció lo dispuesto en el artículo 2.2.11.2.3 del
Decreto 1083 de 2015 y la CNSC cuenta con normas que le atribuyen competencia
para emitir este tipo de instructivo.

Condena en costas

37. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma no
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la demanda
carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de interés
público, creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos.

38. En este contexto, el artículo 188 del CPACA establece que, por regla
general, no habrá condena en costas cuando el asunto objeto de litigio sea de
interés público; y que, excepcionalmente, procederá la imposición de costas en este
escenario cuando la demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal.
La norma hace referencia a las pretensiones cuyo interés trasciende la esfera de lo
particular al abordar asuntos de provecho general o común que pueden ser
promovidos por cualquier persona y no persiguen el reconocimiento de derechos
subjetivos en favor de un sujeto determinado.

39. En el caso concreto, se tiene que la demanda fue incoada en ejercicio del
medio de control de nulidad, el cual trasciende de la esfera particular a la general
al abordar asuntos de interés común que pueden ser promovidos por cualquier
persona y no persigue el reconocimiento de derecho subjetivo alguno.

5 Al respecto, véanse los artículos 2.2.19.2.4 y 2.2.20.6.2

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicación: 11001-03-25-000-2023-00105-00 (1343-2023)
Demandante: José Erasmo Díaz Guzmán

Adicionalmente, no se advierte que la demanda haya carecido manifiestamente de
fundamento legal, toda vez que se plantearon cuestionamientos jurídicos
plausibles, razonados y serios contra el acto administrativo cuestionado que
debieron ser analizados en la sentencia. En consecuencia, se prescindirá de la
condena en costas en el presente proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. Sin condena en costas.

TERCERO. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse
las anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI y archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.