Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00116-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2026 › Radicado 11001-03-25-000-2019-00116-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00116-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2019-00116-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00116-00 (0540-2019)
Demandante: Blanca Eugenia Herrera Sanclemente y otros1
Demandados: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Tema: Efectos erga omnes de las sentencias de nulidad.
Decisión: Accede a las pretensiones y declara la nulidad del memorando
acusado
La Sala decide la demanda de nulidad interpuesta contra el Memorando DEAJ15-
232 del 13 de marzo de 2015, expedido por la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.
I. ANTECEDENTES
1. Se promovió demanda contra distintos actos administrativos, en ejercicio de
los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho,
previstos en los artículos 137 y 138 del CPACA.
2. Mediante auto del 11 de abril de 2023, la conjuez sustanciadora «escindió la
demanda»; ordenó remitir copia de esta a los juzgados administrativos del Valle del
Cauca (reparto) para que conocieran de las pretensiones contra los actos de
contenido particular y admitió la demanda de nulidad respecto del reproche
formulado contra el mencionado memorando.
Concepto de violación
3. Se sostuvo que el Memorando DEAJ15-232 del 13 de marzo de 2015 incurrió
en falsa motivación al impartir a los directores seccionales de administración judicial
la directriz de no acceder a las solicitudes de reliquidación salarial y prestacional
formuladas por los destinatarios de la prima especial prevista en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992, con fundamento en que: (i) no existía orden judicial expresa que
autorizara el reconocimiento; (ii) la sentencia del Consejo de Estado del 29 de abril
1 Ana Rita Gómez Corrales, Amparo Rodríguez Roldan, Claudia María García Cardona, Damira
Medina Ruiz, German Alfonso Sánchez, Gilberto Arias Giraldo, Gloria Leicy Ríos Suarez y Jaime
Alexis Chaparro.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00116-00 (0540-2019)
Demandante: Blanca Eugenia Herrera Sanclemente y otros
de 2014 no contenía un título constitutivo de gasto y (iii) no se contaba con la
disponibilidad presupuestal para atender dichas reclamaciones.
4. Señaló que los dos primeros argumentos partían de un entendimiento
equivocado del «carácter constitutivo» de la sentencia de nulidad del 29 de abril de
2014, pues la Administración estaba obligada a resolver las peticiones individuales
conforme al régimen normativo resultante de dicha decisión. En particular, sostuvo
que la providencia fijó el alcance del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 en el sentido
de que la prima especial constituye un concepto retributivo adicional, es decir, un
incremento del ingreso de los servidores judiciales y no una porción de la asignación
básica mensual.
5. También adujo que la ausencia de disponibilidad presupuestal no constituía
justificación para desconocer los derechos laborales de los solicitantes, pues lo
procedente era expedir los actos administrativos de reliquidación con fundamento
en la citada providencia y adelantar las gestiones presupuestales necesarias ante
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Contestación de la demanda
6. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se opuso a las
pretensiones de la demanda argumentando que el acto demandado no desconoció
«norma superior alguna», pues se limitó a impartir orientaciones a las Direcciones
Seccionales de Administración Judicial en ejercicio de la facultad de dirección
prevista en la Ley 270 de 1996.
7. Afirmó que en dicho documento se expuso el alcance y los efectos de la
sentencia del Consejo de Estado del 29 de abril de 2014, así como las
consideraciones presupuestales informadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, según las cuales dicho fallo no contiene una orden expresa de reliquidación
salarial y prestacional.
8. Indicó que si bien las sentencias de simple nulidad tienen efectos erga
omnes y, por regla general, efectos ex tunc, no restablecen automáticamente
situaciones jurídicas particulares, y que los actos que reconocieron los
emolumentos originados en la relación laboral conservan su presunción de
legalidad mientras no sean anulados a través de las sentencias proferidas dentro
de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho.
9. Agregó que la sentencia del 29 de abril de 2014 únicamente anuló apartes
de los decretos salariales expedidos entre 1993 y 2007, sin pronunciarse sobre los
decretos posteriores, los cuales continuaban amparados por la presunción de
legalidad y resultaban de obligatorio cumplimiento para la Administración.
10. Finalmente, propuso como excepciones: (i) la ausencia de transgresión
normativa, al estimar que no se configura contradicción entre el contenido del
memorando y las disposiciones invocadas como vulneradas, y (ii) la presunción de
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00116-00 (0540-2019)
Demandante: Blanca Eugenia Herrera Sanclemente y otros
legalidad del acto administrativo, por haber sido expedido por autoridad competente
y con fundamento en las normas vigentes.
Trámite en única instancia
11. Mediante auto del 14 de marzo de 2025, proferido por el conjuez José
Ascención Fernández Osorio, se ordenó remitir el expediente de la referencia al
despacho de origen para que asumiera su trámite. Lo anterior de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 116 del CPACA, el cual señala que cuando se modifica la
integración de la Sala los nuevos magistrados desplazan a los conjueces.
12. Posteriormente, mediante providencia del 6 de febrero de 2026, se advirtió
la procedencia de dictar sentencia anticipada en los términos del artículo 182A del
CPACA. En consecuencia, se prescindió de las audiencias inicial y de pruebas; se
decidió sobre las pruebas aportadas y solicitadas; se fijó el litigio; y se corrió traslado
a las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y
concepto, respectivamente.
Alegatos de conclusión
13. La parte actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda, en
particular que el memorando acusado desconoció los efectos vinculantes de la
sentencia del 29 de abril de 2014 proferida por el Consejo de Estado.
14. La entidad demandada solicitó negar las pretensiones de la demanda al
considerar que la parte actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad que
ampara el acto administrativo acusado ni acreditar la configuración de la causal de
nulidad invocada, en la medida en que, a su juicio, el memorando se expidió
conforme al ordenamiento jurídico y dentro del marco de las competencias
atribuidas a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
15. El Ministerio Público, mediante memorial suscrito el 24 de febrero de
2026, rindió concepto en el que solicitó acceder a las pretensiones de la demanda.
En síntesis, sostuvo que el acto demandado no podía entenderse como una simple
comunicación interna orientada a informar «una posición jurídica», pues incorporó
una directriz expresa para que los directores seccionales de administración judicial
se abstuvieran de acceder a las solicitudes de reliquidación y pago de la prima
especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
16. Añadió que esa instrucción se fundamentó en una interpretación errónea
de los efectos vinculantes de la sentencia de nulidad del 29 de abril de 2014, al
sostener que dicho fallo no era aplicable en sede administrativa sin una orden
judicial individual o sin respaldo presupuestal. En su criterio, esa postura
desconoció que la providencia en cuestión redefinió el marco normativo aplicable y
fijó el alcance de la prima como un concepto adicional, de modo que la
Administración debía ajustar su actuación a esa decisión.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00116-00 (0540-2019)
Demandante: Blanca Eugenia Herrera Sanclemente y otros
II. CONSIDERACIONES
Competencia
17. De conformidad con lo previsto en el artículo 149 del CPACA, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer en
única instancia de la nulidad de los actos administrativos expedidos por las
autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado
que cumplan funciones administrativas en el mismo orden. A su vez, el artículo 13
del Acuerdo 080 de 2019, reglamento interno del Consejo de Estado, consigna que
la Sección Segunda está facultada para decidir los procesos de simple nulidad de
actos administrativos que versen sobre asuntos laborales.
Problema jurídico
18. La Sala deberá establecer si el Memorando DEAJ15-232 del 13 de marzo
de 2015 incurrió en falsa motivación al instruir a los directores seccionales de
administración judicial para no acceder a las solicitudes de reliquidación y pago de
la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, con
fundamento en: (i) la inexistencia de una orden judicial expresa; (ii) que la sentencia
del 29 de abril de 2014 del Consejo de Estado no contenía un título constitutivo de
gasto; y (iii) la ausencia de disponibilidad presupuestal.
Análisis del problema jurídico
19. La Sala declarará la nulidad del acto demandado al encontrar acreditada la
causal de falsa motivación. En efecto, los argumentos que sustentaron la directriz
de no acceder a las solicitudes de reliquidación salarial y prestacional
desconocieron el carácter vinculante y los efectos erga omnes de la sentencia del
29 de abril de 2014.
Alcance y contenido del Memorando DEAJ15-232 del 13 de marzo de 2015
20. Como cuestión preliminar, la Sala debe examinar si del memorando
demandado se desprende la existencia de una directriz dirigida a los directores
seccionales de administración judicial para negar las solicitudes de reliquidación
salarial y prestacional formuladas por los servidores judiciales2 o, por el contrario,
si se trató únicamente de una comunicación interna orientada a precisar el alcance
de la sentencia del 29 de abril de 2014.
21. Para tal efecto, es importante poner de presente que el documento expone,
en primer lugar, las gestiones adelantadas por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial ante distintas entidades del orden nacional, entre ellas el
2
Destinatarios de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00116-00 (0540-2019)
Demandante: Blanca Eugenia Herrera Sanclemente y otros
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el propósito de precisar los efectos
de la providencia proferida por el Consejo de Estado el 29 de abril de 2014. A
continuación, transcribe apartes del concepto emitido por esa cartera, según el cual
la sentencia de nulidad no contiene una orden expresa de reliquidación de
emolumentos de naturaleza laboral, razón por la cual no producía «efectos
creadores de derechos individuales».
22. En ese contexto, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial sostuvo
que la citada sentencia «no podía aplicarse administrativamente» a los posibles
reclamantes y que, aunado a la ausencia de disponibilidad presupuestal, no
resultaba procedente acceder a las peticiones formuladas. El memorando
demandado finaliza su contenido con la siguiente indicación:
Así las cosas, como a la fecha de la presente providencia, la posición de la citada
Cartera no ha variado con relación al efecto vinculante de la declaratoria de nulidad
de algunos artículos de los decretos de salarios de los años 1993 a 2007 aunado a la
no disponibilidad de recursos es claro en consecuencia que NO ES VIABLE acceder
a este tipo de pretensiones que se tienen conocimiento han elevado diferentes
servidores judiciales, sin que se vean gravemente involucradas las responsabilidades
que como agentes del Estado estamos obligados a custodiar.
En tal virtud, no puede la administración judicial, autorizar sin orden judicial que así lo
imponga y por ende sin el respectivo respaldo presupuestal, el reconocimiento y pago
de las diferencias reclamadas de manera retroactiva, desde el 1 de enero de 1993 en
adelante, como pretenden en la actualidad diferentes peticionarios, hacerlo sería
actuar por fuera del ámbito de nuestra competencia y generaría diferentes
responsabilidades para la entidad y sus diferentes agentes.
En esos términos, se espera dejar clara la gestión impulsada por el nivel central ante
los diferentes órganos competentes para ello, una vez se ejecutorió la sentencia en
estudio, así como las resultas de la misma, consecuencia de la cual se tiene que
administrativamente no es viable acceder a las reclamaciones de nivelación salarial
que se radiquen por los diferentes servidores judiciales (activos y ya retirados) en los
diferentes distritos judiciales.
23. Así las cosas, del análisis de su contenido se advierte que, aunque el
memorando no se encuentra redactado en términos imperativos, su contenido no
se limitó a informar las gestiones adelantadas ni a transcribir un concepto técnico,
sino que adoptó una posición institucional frente a las solicitudes de reliquidación,
a partir de la cual orientó la actuación de los directores seccionales de
administración judicial.
24. Al respecto, esta Corporación ha precisado que las circulares, memorandos
o instrucciones internas no son susceptibles de control judicial cuando se limitan a
reproducir normas o a impartir simples orientaciones sin contenido decisorio3. No
obstante, son pasibles de ser enjuiciadas cuando materialmente contengan
disposiciones con efecto vinculante para sus destinatarios o cuando «tengan una
3Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 12 de septiembre de 2024, rad. núm. 11001032500020130165400 (4252-2013). C.P.
Luis Eduardo Mesa Nieves.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00116-00 (0540-2019)
Demandante: Blanca Eugenia Herrera Sanclemente y otros
clara incidencia en el comportamiento, derechos o deberes de las personas y, en
general, incidan o repercutan en el mundo del derecho», caso en el cual
corresponde a la autoridad judicial examinar si la Administración se ajustó al
ordenamiento superior4.
25. En definitiva, la Sala concluye que el Memorando DEAJ15-232 no se limitó
a transmitir información ni a reiterar un concepto técnico, sino que introdujo una
directriz con incidencia jurídica en la que se instruyó a los directores seccionales de
administración judicial a no acceder a la solicitud de reconocimiento o reliquidación
de la prima especial que presentaran los funcionarios judiciales.
26. En efecto, al señalar expresamente que «NO ES VIABLE acceder a este
tipo de pretensiones», estableció una regla de actuación para las Direcciones
Seccionales que condicionó el sentido de las decisiones que debían adoptarse
frente a los interesados, lo que otorga al memorando un contenido decisorio
susceptible de control judicial.
Efectos de la sentencia de nulidad del 29 de abril de 2014
27. El artículo 189 del CPACA dispone que: «La sentencia que declare la
nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga
omnes. […]». Ello implica que, una vez declarada la nulidad, la decisión es oponible
a todos y el acto retirado del ordenamiento no puede ser aplicado ni invocado como
fundamento para la creación, aplicación o interpretación del derecho.
28. Este efecto general encuentra explicación, entre otras, en la naturaleza
pública y objetiva de la acción contenciosa administrativa con pretensión de nulidad
en los términos que consagra el artículo 137 del CPACA, cuyo propósito es la
defensa de la juridicidad y por tanto la preservación del orden jurídico. En efecto,
este contencioso objetivo implica que el juez ejerza un control permanente de
juridicidad sobre las actuaciones de las autoridades y de esa forma asegurar que
sus actuaciones se ciñan al marco normativo correspondiente.
29. De ello se sigue que la declaratoria de nulidad trasciende la relación
procesal y se proyecta sobre el ordenamiento jurídico, en tanto excluye la
disposición contraria a derecho. Por ello, una vez ejecutoriada la decisión, su
observancia se impone como «obligatoria» para todos, de conformidad con lo
establecido en el citado artículo 189 ibidem.
30. En ese contexto, las autoridades administrativas no pueden desconocer el
carácter vinculante de la sentencia ni actuar como si la disposición anulada
permaneciera vigente. Por el contrario, el efecto erga omnes de la decisión les
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Auto
del 30 de octubre de 2025, rad. núm. 11001032500020250019600 (1555-2025). C.P. Luis Eduardo
Mesa Nieves.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00116-00 (0540-2019)
Demandante: Blanca Eugenia Herrera Sanclemente y otros
impone el deber de ajustar sus actuaciones al régimen jurídico resultante de la
declaratoria de nulidad.
31. Lo anterior no significa que la sentencia de simple nulidad sustituya el
procedimiento administrativo; sin embargo, al redefinir el marco normativo
aplicable, exige que las situaciones particulares sometidas a consideración de la
Administración se resuelvan conforme al entendimiento fijado por el juez
contencioso, cuya decisión resulta vinculante y cumple una función orientadora
para todas las autoridades.
32. En este asunto se advierte que el Consejo de Estado, mediante sentencia
del 29 de abril de 2014, proferida dentro del proceso de simple nulidad núm. 11001-
03-25-000-2007-00087-00 (1686-07), declaró la nulidad de apartes de los decretos
expedidos por el Gobierno Nacional entre los años 1993 y 2007 5, mediante los
cuales se desarrolló lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
33. En dicha providencia se concluyó que el Gobierno Nacional al expedir las
normas acusadas desconoció los límites fijados por la Ley 4 de 1992, al disponer
que el 30 % del salario básico se considerara como prima especial sin carácter
salarial, pues ello alteró la esencia del beneficio legal y produjo una desmejora en
la estructura salarial de los servidores de la Rama Judicial.
34. Así, aunque la sentencia del 29 de abril de 2014 no dispuso el
reconocimiento de derechos subjetivos ni ordenó el pago automático de diferencias
salariales, sí produjo efectos jurídicos vinculantes al retirar del ordenamiento las
disposiciones que desnaturalizaban la prima especial de servicios y al precisar el
alcance normativo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
35. El citado fallo no se limitó a declarar la nulidad de los decretos que habían
establecido la prima especial de servicios, sino que, además, explicó los efectos de
esa decisión en el sentido de señalar que el emolumento no desaparecía del
ordenamiento jurídico, sino que este era un adicional del 30 % sobre la asignación
salarial. Al respecto, en la providencia en cuestión se señaló:
5 Artículos: 9 del Decreto 51 de 1993; 9 y 10ºdel Decreto 54 de 1993; 6 del Decreto 57 de 1993; 9
del Decreto 104 de 1994; 6 del Decreto 106 de 1994; 9 y 10 del Decreto 107 de 1994; 10 y 11 del
Decreto 26 de 1995; 7 del Decreto 43 de 1995; 9 del Decreto 47 de 1995; 9 del Decreto 34 de 1996;
10, 12 y 14 del Decreto 35 de 1996; 6 del Decreto 36 de 1996; 9 del Decreto 47 de 1997; 9, 11 y 13
del Decreto 56 de 1997; 6 del Decreto 76 de 1997; 6 del Decreto 64 de 1998; 9 del Decreto 65 de
1998; 9, 11 y 13 del Decreto 67 de 1998; 9, 11 y 13 del Decreto 37 de 1999; 9 del Decreto 43 de
1999; 6 del Decreto 44 de 1999; 9, 11 y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9 del Decreto 2739 de 2000;
7 del Decreto 2740 de 2000; 9 del Decreto 1474 de 2001; 7 del Decreto 1475 de 2001; 9, 11 y 13 del
Decreto 1482 de 2001; 7 del Decreto 2720 de 2001; 9 del Decreto 2724 de 2001; 9, 11 y 13 del
Decreto 2730 de 2001; 6 del Decreto 673 de 2002; 9 del Decreto 682 de 2002; 8, 10 y 12 del Decreto
683 de 2002; 8, 10 y 12 del Decreto 3548 de 2003; 9 del Decreto 3568 de 2003; 6 del Decreto 3569
de 2003; 8, 10 y 12 del Decreto 4169 de 2004; 9 del Decreto 4171 de 2004; 6 del Decreto 4172 de
2004; 8, 10 y 12 del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6 del Decreto 936 de 2005; 9
del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8, 10 y 12 del Decreto 392 de 2006; 9 del
Decreto 617 de 2007; 6 del Decreto 618 de 2007; 8, 10 y 12 del Decreto 621 de 2007; y los Arts. 8,
9, y 11 del Decreto 3048 de 2007.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00116-00 (0540-2019)
Demandante: Blanca Eugenia Herrera Sanclemente y otros
Ahora bien, los efectos de la declaratoria de nulidad de los Decretos demandados,
serán los mismos señalados en la Sentencia del 2 de abril de 2009 tantas veces
mencionada, a saber:
"(…) es decir, no puede el intérprete de ninguna manera suponer que al desaparecer
la prima especial sin carácter salarial equivalente al 30 % de la remuneración mensual
de tales empleados, su asignación para la época en que tuvo vigencia el Decreto, sea
del 70% de la escala remuneratoria allí prevista, se trata sencillamente de descargar
el castigo de dicho 30 %, que conforme a los términos de la norma invalidada,
restringía en ese porcentaje las consecuencias prestacionales de tales servidores".
Finalmente, se precisa que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992, la prima de servicios no puede ser inferior al 30 % del salario básico
mensual. (Negrillas en el texto original)
36. Los efectos erga omnes de la sentencia imponen a las autoridades
administrativas el deber de adecuar sus actuaciones a lo establecido por el Consejo
de Estado, según el cual la prima especial de servicios debía reconocerse como un
incremento y no una disminución de la remuneración básica de los servidores, en
armonía con los principios de progresividad y favorabilidad.
Análisis del memorando a la luz de los efectos de la sentencia de nulidad
37. La parte actora sostiene que el acto acusado se encuentra viciado de
nulidad por falsa motivación, por cuanto fundamentó la directriz de negar las
solicitudes de reliquidación salarial y prestacional formuladas por los servidores
judiciales en: (i) la inexistencia de orden judicial expresa que autorizara el
reconocimiento; (ii) que la sentencia del Consejo de Estado del 29 de abril de 2014
no constituía un título de reliquidación de los emolumentos de naturaleza laboral; y
(iii) la ausencia de disponibilidad presupuestal para atender dichas reclamaciones.
38. La falsa motivación, establecida como causal de nulidad en el artículo 137
del CPACA, guarda relación directa con el principio de legalidad y con el deber de
la Administración de solventar de forma fidedigna sus decisiones. Esta figura se
presenta cuando existe «un yerro en la escogencia o determinación de los
motivos», es decir, que la realidad fáctica o jurídica difiere de la consignada en el
acto administrativo6.
39. En ese marco, esta Sección ha precisado que este vicio invalidante se
configura por «[…] la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica
y jurídica que induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados
como fuente por la administración pública o la calificación de los hechos, y (c) la
efectiva demostración por parte del demandante del hecho de que el acto
administrativo se encuentra falsamente motivado […]»7.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 31 de agosto de 2023, rad. núm. 66001-23-33-000-2020-00354-01 (5720-2022). C.P.
Gabriel Valbuena Hernández.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 17 de marzo de 2016, rad. núm. 11001-03-25-000-2012-00317-00 (1218-12). C.P.
Gabriel Valbuena Hernández.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00116-00 (0540-2019)
Demandante: Blanca Eugenia Herrera Sanclemente y otros
40. En virtud de lo anterior, la Sala examinará cada uno de los fundamentos
invocados en el memorando a fin de establecer si se ajustan a la realidad fáctica o
jurídica.
(i) Exigencia de orden judicial expresa como presupuesto para el
reconocimiento administrativo
41. A través del memorando enjuiciado la entidad demandada sostuvo que la
Administración no podía autorizar «el reconocimiento y pago de las diferencias
reclamadas de manera retroactiva» sin orden judicial expresa que así lo impusiera,
pues según el concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la sentencia
de nulidad proferida el 29 de abril de 2014 no producía efectos creadores de
derechos individuales.
42. Como se explicó en el acápite anterior, la sentencia de nulidad del 29 de
abril de 2014 produjo efectos erga omnes, lo que comportó la expulsión de la
disposición anulada del ordenamiento jurídico y el carácter imperativo del
entendimiento fijado por el Consejo de Estado respecto del alcance de la prima
especial de servicios para todas las autoridades administrativas.
43. En ese contexto, aun cuando la sentencia de simple nulidad no ordenó el
pago individual de sumas determinadas, por tratarse de un control de carácter
objetivo, ello no autorizaba a la Administración a desconocer su fuerza vinculante
ni a supeditar su aplicación a la obtención de una nueva orden judicial. La exigencia
de una providencia adicional partía de la premisa de que el fallo carecía de efectos
jurídicos aplicables en sede administrativa, lo cual resulta incompatible con su
carácter general y obligatorio.
44. Por tanto, la Administración debe adecuar su conducta a las reglas y
parámetros establecidos por esta Corporación en las sentencias de nulidad
justamente por los efectos que estas tienen y el propósito de asegurar el
ordenamiento jurídico que es propio de la acción contenciosa – administrativa con
pretensión de simple nulidad.
45. Por ende, una vez el Consejo de Estado declaró la nulidad de los decretos
que regulaban la prima especial de servicios para los funcionarios de la Rama
Judicial porque ese emolumento no podía significar una disminución de la
remuneración salarial sino un incremento del 30 %, la entidad demandada debe
ajustar su comportamiento a dicha regla, lo que equivale a ejercer sus funciones en
la materia en el marco de la juridicidad.
46. En efecto, para la Sala es evidente que se incurre en un desconocimiento
del carácter erga omnes de las sentencias de nulidad proferidas por el Consejo de
Estado cuando la Administración, una vez ejecutoriada la providencia, profiere una
decisión como la cuestionada en la que se evidencia la adopción de un parámetro
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00116-00 (0540-2019)
Demandante: Blanca Eugenia Herrera Sanclemente y otros
de actuación administrativa abiertamente contrario a la regla jurisprudencial fijada
por esta Corporación en el marco del control objetivo de legalidad.
47. Por lo expuesto, resulta evidente que el fundamento invocado en el
memorando tendiente a que se nieguen las solicitudes de reliquidación bajo la
consideración según la cual la aludida sentencia de 29 de abril de 2014 no tiene
efectos vinculantes para administración, constituye una falsa motivación en vista de
que, como se ha podido explicar, esta tiene efectos erga omnes.
(ii) La sentencia de nulidad no es un título constitutivo de gasto
48. En esa misma línea, el memorando acusado sostuvo que la sentencia del
29 de abril de 2014 «no es un título constitutivo de gasto» y, con fundamento en
ello concluyó que «no podía aplicarse administrativamente a los posibles
reclamantes» ante las direcciones seccionales.
49. Para la Sala, esa inferencia parte de una premisa correcta, pero conduce a
una conclusión equivocada. En efecto, la sentencia proferida en ejercicio del medio
de control de simple nulidad, por regla general, no reconoce derechos subjetivos ni
constituye un título de gasto, en cuanto no contiene una obligación clara, expresa
y exigible a favor de un sujeto determinado. Sin embargo, ello no implica que
puedan desconocerse los efectos jurídicos que produce la decisión en sede
administrativa.
50. Como se ha expuesto, la sentencia que declara la nulidad de una actuación
administrativa tiene efectos erga omnes, esto es, vinculantes y obligatorios para
todas las personas, incluidas las autoridades administrativas. A modo de ejemplo,
si se declara la nulidad de una disposición administrativa que contemple un
requisito relativo para hacerse beneficiario de una prestación o emolumento, la
Administración no podrá seguir exigiéndolo.
51. De este modo, aunque la sentencia del 29 de abril de 2014 no constituyera
un título individual de pago, ello no habilitaba a la Administración para sustraerse
de sus efectos ni para rehusar su aplicación al resolver las solicitudes de
reliquidación presentadas por los servidores judiciales. Las sentencias de nulidad
obligan a que la Administración adecue su comportamiento a las reglas y
estándares allí establecidos, por lo que no puede seguir aplicando las disposiciones
declaradas ilegales o negándose a reconocer derechos en contravía de lo dispuesto
por esta Corporación.
(iii) Ausencia de disponibilidad presupuestal como justificación para
negar las peticiones de reliquidación
52. Finalmente, el memorando demandado señaló que no existía disponibilidad
presupuestal para atender las solicitudes de reliquidación salarial y prestacional,
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00116-00 (0540-2019)
Demandante: Blanca Eugenia Herrera Sanclemente y otros
razón por la cual no era posible autorizar el reconocimiento y pago de las diferencias
reclamadas.
53. Sin abordar aspectos ajenos a los juicios de simple nulidad como el que
ocupa la atención de la Sala, lo cierto es que la Administración no puede impartir
órdenes tendientes a desatender las reglas jurisprudenciales fijadas por el Tribunal
Supremo de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo so pretexto de carecer
de las apropiaciones presupuestales, más aún cuando estas apuntan a que las
autoridades reconduzcan sus actuaciones por la senda de la juridicidad.
54. A partir de lo expuesto, la Sala declarará la nulidad del Memorando
DEAJ15-232 del 13 de marzo de 2015, al encontrarse configurada la causal de falsa
motivación, pues los fundamentos invocados para impartir la directriz de negar las
solicitudes de reliquidación desconocieron el carácter vinculante y los efectos erga
omnes de la sentencia del 29 de abril de 2014.
Condena en costas
55. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma no
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la demanda
carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de interés
público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos.
56. En este contexto, el artículo 188 del CPACA establece que, por regla
general, no habrá condena en costas cuando el asunto objeto de litigio sea de
interés público; y que, excepcionalmente, procederá la imposición de costas en este
escenario cuando la demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal.
La norma hace referencia a las pretensiones cuyo interés trasciende la esfera de lo
particular al abordar asuntos de provecho general o común que pueden ser
promovidos por cualquier persona y no persiguen el reconocimiento de derechos
subjetivos en favor de un sujeto determinado.
57. En el caso concreto, se tiene que la demanda fue incoada en ejercicio del
medio de control de nulidad, el cual trasciende de la esfera particular a la general
al abordar asuntos de interés común que pueden ser promovidos por cualquier
persona y no persigue el reconocimiento de derecho subjetivo alguno.
Adicionalmente, de ninguna manera puede afirmarse que la demanda careció
manifiestamente de fundamento legal, pues se accederá a las pretensiones. En
consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en el presente proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00116-00 (0540-2019)
Demandante: Blanca Eugenia Herrera Sanclemente y otros
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
Primero. DECLARAR la nulidad del Memorando DEAJ15-232 del 13 de marzo de
2015 expedido por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse
las anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI y archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.