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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00817-00

Fecha
31 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00817-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Declarar probada la excepción de cosa juzgada respecto del Memorando DEAJ15-232 del 13 de marzo de 2015, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. En consecuencia, estarse a lo resuelto en la sentencia del 26 de febrero de 2026, proferida por el Consejo de Estado, dentro del proceso 11001- 03-25-000-2019-00116-00 (0540-2019). Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00817-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

31 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad
Radicación: 11001032500020190081700 (5933-2019)
Demandante: Jorge Octavio Ramírez Ramírez y otro
Demandado: Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ)
Temas: Prima especial-Efectos erga omnes de las sentencias de
nulidad
Decisión: Declarar cosa juzgada

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________

1.Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad promovido por los señores Jorge Octavio Ramírez Ramírez y Gabriel
Mocada Quintero contra la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), y Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP).

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

2.En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137 del
CPACA,1 los señores Jorge Octavio Ramírez Ramírez y Gabriel Mocada Quintero,
actuando por intermedio de apoderado, presentaron demanda en orden a que se
declare la anulación del Memorando DEAJ15-232 del 13 de marzo de 2015.

3. De la misma manera, en virtud de la potestad de acumulación de pretensiones
consagrada en el artículo 165 del CPACA, los actores demandaron en nulidad y
restablecimiento del derecho las Resoluciones DESAJMR15-4486 del 24 de marzo
de 2015 y DESAJMR16-5699 del 2 de mayo de 2016, expedidas por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín-Antioquia.
4. Igualmente, los accionantes controvirtieron los actos presuntos derivados de la

1
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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R a d i c a d o : 11 0 0 1 0 3 2 5 0 0 0 2 0 1 9 0 0 8 1 7 0 0 ( 5 9 3 3 - 2 0 1 9 )
Demandante: Jorge Octavio Ramírez Ramírez y otro

ausencia de respuesta a los recursos de apelación interpuestos contra las preciadas
decisiones.

5. Como consecuencia de las anteriores declaraciones a título de restablecimiento
del derecho solicitaron que se esté a lo resuelto en la sentencia del Consejo de
Estado proferida el 29 de abril de 2014, y que, en consecuencia, se dé aplicación al
régimen salarial y prestacional vigente desde 1993.

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

6. La parte demandante señaló que el acto acusado vulnera los artículos 13, 25, 53,
58, 122 a 131, 150-11 y 19-E de la Constitución Política; 1, 2 y 15 de la Ley 4ª de
1992; 1740 y 1742 del Código Civil; 9 del Decreto 51 de 1993; 6 del Decreto 57 de
1993; 7 del Decreto 43 de 1995; 9 del Decreto 47 de 1995; 9 del Decreto 34 de
1996; 6 y 10 del Decreto 36 de 1996; 9 del Decreto 47 de 1997; 6 del Decreto 76 de
1997; 6 del Decreto 64 de 1998; 9 del Decreto 65 de 1998; 9 del Decreto 43 de
1999; 6 del Decreto 44 de 1999; 9 del Decreto 2739 de 2000; 9 del Decreto 1474 de
2001; 7 del Decreto 1475 de 2001; 7 del Decreto 2720 de 2001; 9 del Decreto 2724
de 2001; 6 del Decreto 673 de 2002; 9 del Decreto 682 de 2002; 9 del Decreto 3568
de 2003; 6 del Decreto 3569 de 2003; 9 del Decreto 4171 de 2004; 6 del Decreto
4172 de 2004; 9 del Decreto 935 de 2005; 6 del Decreto 936 de 2005; 9 del Decreto
388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 9 del Decreto 617 de 2007; 6 del Decreto
618 de 2007; Convención Americana de Derechos Humanos; protocolo adicional a
la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos
económicos, sociales y culturales; Protocolo de San Salvador.

7.Al desarrollar el concepto de violación, los actores plantearon los siguientes
cargos:

i) Mediante el Memorando DEAJ15-232 del 13 de marzo de 2015 se
impartieron órdenes a los directores seccionales de administración judicial de
negar las reclamaciones de reliquidación salarial y prestacional radicadas por los
beneficiarios de la prima especial creada a través del artículo 14 de la Ley 4ª de
1992, en atención a que: i) no existía orden judicial expresa que autorizara el
reconocimiento; ii) la sentencia de nulidad del Consejo de Estado del 29 de abril
de 2014 no contenía un título constitutivo de gasto; iii) no se contaba con la
disponibilidad presupuestal para atender las reclamaciones.

ii) Frente a los dos primeros argumentos, la entidad pública interpretó
incorrectamente el carácter constitutivo del fallo del 29 de abril de 2014 en la
medida que la autoridad administrativa debía resolver las peticiones individuales
a la luz del régimen normativo que derivó de la decisión, de ese modo, la
acreencia es un incremento del ingreso de los servidores judiciales

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Demandante: Jorge Octavio Ramírez Ramírez y otro

iii) Sobre la falta de disponibilidad presupuestal, no es razón válida para
desconocer los derechos laborales de los peticionarios, ya que debían expedirse
los actos administrativos de reliquidación y adelantar las gestiones
presupuestales necesarias ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

1.2. Contestación de la demanda

8. La DEAJ se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en los
siguientes razonamientos:

i) El acto opugnado no desconoció los parámetros constitucionales de la
potestad del legislador para establecer factores salariales y prestacionales de los
empleados públicos, así, no puede entenderse que el memorando hubiere
desconocido alguna regla inexistente de restablecimiento automático o de pago
inmediato e indiscriminado.

ii) La entidad no suprimió derechos adquiridos, no sustituyó al Gobierno
Nacional en la fijación de salarios y tampoco reformó el régimen salarial, por el
contrario, la determinación buscó orientar la actuación administrativa en virtud de
la expedición de la sentencia del 29 de abril de 2014 y las reglas presupuestales
aplicables.

II. TRÁMITE EN ÚNICA INSTANCIA

2.1. Admisión, medida cautelar y sentencia anticipada

9. Por auto del 6 de junio de 2023, esta corporación escindió las pretensiones de
nulidad y restablecimiento del derecho, motivo por el que remitió dichas súplicas a
los jueces administrativos de Medellín. Concomitantemente, admitió la demanda de
simple nulidad en contra del Memorando DEAJ15-232 del 13 de marzo de 2015.

10. Mediante providencia del 19 de mayo de 2026, el despacho evidenció la
posibilidad de emitir sentencia anticipada dentro del sub lite, en los términos del
artículo 182A del CPACA. En consecuencia, se dispuso: a) avocar conocimiento del
asunto; b) diferir, para el momento de dictar la sentencia correspondiente, la
resolución de la excepción de cosa juzgada; c) prescindir de la audiencia inicial
prevista en el artículo 180 ibidem; d) resolver sobre las pruebas aportadas y
solicitadas; e) fijar el litigio; f) correr traslado a las partes y al Ministerio Público para
presentar alegatos de conclusión y concepto, respectivamente.

2.2. Alegatos de conclusión

11. La DEAJ reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y

puntualizó que era procedente declarar probada la excepción de cosa juzgada toda
vez que en la sentencia del 26 de febrero de 2026 dictada dentro del expediente

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Demandante: Jorge Octavio Ramírez Ramírez y otro

0540-2019 se analizó el acto administrativo enjuiciado. La parte accionante guardó
silencio en esta etapa procesal.

2.3. Ministerio Público

12. El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

13. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir

previas las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

3.1. Cosa juzgada

14. El artículo 189 del CPACA dispone que la sentencia que declare la nulidad de un

acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes, es
decir, que será oponible a todos y no podrá realizarse un nuevo pronunciamiento
del acto que judicialmente fue retirado del ordenamiento jurídico.2

15. Ahora bien, el Consejo de Estado, mediante sentencia del 26 de febrero de 2026,3

anuló el acto administrativo que es objeto de demandada en el presente proceso,
con fundamento en los siguientes razonamientos:

i) El Memorando DEAJ15-232 del 13 de marzo de 2015 estableció una directriz
con incidencia jurídica en la cual se instruyó a los directores seccionales de
administración judicial a no acceder a la solicitud de reconocimiento o
reliquidación de la prima especial que presentaran los funcionarios judiciales.

ii) La corporación mediante la sentencia del 29 de abril de 2014 declaró la
nulidad de apartes de los decretos expedidos por el Gobierno Nacional durante
las anualidades 1993 y 20074 al disponer que el 30 % del salario básico se
considerara como prima especial sin carácter salarial, alteró la esencia del

2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 31 de julio de 2025, radicado 11001-03-

25-000-2017-00937-00 (4889-2017).
3 Radicado 11001-03-25-000-2019-00116-00 (0540-2019).
4 Artículos: 9 del Decreto 51 de 1993; 9 y 10ºdel Decreto 54 de 1993; 6 del Decreto 57 de 1993; 9 del Decreto

104 de 1994; 6 del Decreto 106 de 1994; 9 y 10 del Decreto 107 de 1994; 10 y 11 del Decreto 26 de 1995; 7 del
Decreto 43 de 1995; 9 del Decreto 47 de 1995; 9 del Decreto 34 de 1996; 10, 12 y 14 del Decreto 35 de 1996;
6 del Decreto 36 de 1996; 9 del Decreto 47 de 1997; 9, 11 y 13 del Decreto 56 de 1997; 6 del Decreto 76 de
1997; 6 del Decreto 64 de 1998; 9 del Decreto 65 de 1998; 9, 11 y 13 del Decreto 67 de 1998; 9, 11 y 13 del
Decreto 37 de 1999; 9 del Decreto 43 de 1999; 6 del Decreto 44 de 1999; 9, 11 y 13 del Decreto 2734 de 2000;
9 del Decreto 2739 de 2000; 7 del Decreto 2740 de 2000; 9 del Decreto 1474 de 2001; 7 del Decreto 1475 de
2001; 9, 11 y 13 del Decreto 1482 de 2001; 7 del Decreto 2720 de 2001; 9 del Decreto 2724 de 2001; 9, 11 y 13
del Decreto 2730 de 2001; 6 del Decreto 673 de 2002; 9 del Decreto 682 de 2002; 8, 10 y 12 del Decreto 683
de 2002; 8, 10 y 12 del Decreto 3548 de 2003; 9 del Decreto 3568 de 2003; 6 del Decreto 3569 de 2003; 8, 10
y 12 del Decreto 4169 de 2004; 9 del Decreto 4171 de 2004; 6 del Decreto 4172 de 2004; 8, 10 y 12 del Decreto
933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6 del Decreto 936 de 2005; 9 del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto
389 de 2006; 8, 10 y 12 del Decreto 392 de 2006; 9 del Decreto 617 de 2007; 6 del Decreto 618 de 2007; 8, 10
y 12 del Decreto 621 de 2007; y los Arts. 8, 9, y 11 del Decreto 3048 de 2007.

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Demandante: Jorge Octavio Ramírez Ramírez y otro

beneficio legal y produjo una desmejora en la estructura salarial de los servidores
de la Rama Judicial.

iii) Si bien, la decisión no reconoció derechos subjetivos ni ordenó el pago
automático de diferencias salariales, produjo efectos jurídicos vinculantes al
retirar del ordenamiento las disposiciones que desnaturalizaban la prima especial
de servicios y al precisar el alcance normativo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
Además, la providencia explicó sus efectos en el sentido de precisar que el
emolumento no desaparecía del ordenamiento jurídico, sino que este era un
adicional del 30 % sobre la asignación salarial.

iv) Respecto a la exigencia de orden judicial expresa como presupuesto para el
reconocimiento administrativo, la Administración no podía desconocer la fuerza
vinculante de la sentencia no condicionar su aplicación a la obtención de una
nueva orden judicial. La exigencia de una providencia adicional partía de la
premisa de que el fallo carecía de efectos jurídicos aplicables en sede
administrativa, lo cual resulta incompatible con su carácter general y obligatorio.

v) De esa manera, la entidad desconoció el carácter erga omnes de las
sentencias de nulidad proferidas por el Consejo de Estado al adoptar en la
actuación administrativa un parámetro contrario a la regla jurisprudencia fijada
por la corporación.

vi) En lo concerniente a la directriz del memorando consistente en que la
sentencia nulidad no es un título constitutivo de gasto, es una premisa correcta,
pues la decisión no contiene una obligación clara, expresa y exigible a favor de
un sujeto determinado; ahora bien, tal tesis no era un fundamento válido para
desconocer los efectos y aplicación al resolver las peticiones de reliquidación
radicadas por los servidores judiciales pues los efectos erga omnes son
vinculantes a todas las personas, incluidas las autoridades administrativas.

vii) Sobre la ausencia de disponibilidad presupuestal como justificación para
negar las peticiones de reliquidación, la DEAJ no podía impartir órdenes que
condujeran a desatender las reglas jurisprudenciales fijadas por el Consejo de
Estado.

16. Así las cosas, la Sala declarará probada la excepción de cosa juzgada, conforme lo
expuesto previamente, lo que hace innecesario analizar de fondo los cargos de
nulidad propuestos en la demanda.

3.2. Condena en costas

17. En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se

ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.

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Demandante: Jorge Octavio Ramírez Ramírez y otro

18. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero. Declarar probada la excepción de cosa juzgada respecto del Memorando
DEAJ15-232 del 13 de marzo de 2015, en atención a lo expuesto en la parte motiva
de esta sentencia. En consecuencia, estarse a lo resuelto en la sentencia del 26
de febrero de 2026, proferida por el Consejo de Estado, dentro del proceso 11001-
03-25-000-2019-00116-00 (0540-2019).

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse
las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

(Con impedimento)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la
gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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