Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00937-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00937-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2017-00937-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
31 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD.
Radicación: 11001-03-25-000-2017-00937-00 (4889-2017)
Demandantes: Víctor Hugo Murillo Córdoba
Demandados: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de
Justicia y del Derecho, Departamento Administrativo de la
Función Pública y Fiscalía General de la Nación
Temas: Prima especial.
Decisión: Estarse a lo resuelto en la sentencia proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, el 21 de
septiembre de 2022, radicado: 110010325000201801101-00
(3974-2018)
La Sala procede a avocar conocimiento del presente asunto, de conformidad con el
artículo 116 del CPACA, y dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad promovido por el señor Víctor Hugo Murillo Córdoba contra la Nación-
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Justicia y del Derecho,
Departamento Administrativo de la Función Pública y Fiscalía General de la Nación.
I. ANTECEDENTES
1. El actor promovió demanda contra diferentes actos administrativos, en
ejercicio de los medios de control de nulidad simple y nulidad y restablecimiento del
derecho, consagrados en los artículos 137 y 138 del CPACA.
2. Mediante auto del 31 de enero de 2023, el conjuez sustanciador escindió la
demanda; ordenó remitir copia de esta a los Juzgados Administrativos de Cali que
por reparto corresponda, para que conociera de las pretensiones de carácter
particular, y admitió, en única instancia, el medio de control de nulidad simple.
Pretensiones
3. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
(I) Decreto 53 de 1993 artículos 6 y 16; Decreto 108 de 1994 artículos
7 y 18; Decreto 49 de 1995 artículos 7 y 17; Decreto 108 de 1996
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Demandante: Víctor Hugo Murillo Córdoba
artículos 7 y 17; Decreto 52 de 1997 artículos 7 y 17; Decreto 50 de
1998 artículos 7 y 18; Decreto 38 de 1999 artículos 7 y 17; Decreto
2743 de 2000 artículos 8 y 17; Decreto 2729 de 2001 artículos 8 y 17
y Decreto 685 de 2002 artículos 7 y 16, cuyo texto común es el
siguiente:
«El treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los siguientes
servidores públicos se considera como prima especial de servicios sin
carácter salarial […]»
(II) Decreto 3549 de 2003 artículo 15; Decreto 4180 de 2004 artículo 15;
Decreto 943 de 2005 artículo 15; Decreto 396 de 2006 artículo 15;
Decreto 625 de 2007 artículo 15; Decreto 665 de 2008 artículo 15;
Decreto 730 de 2009 artículo 16; Decreto 1395 de 2010 artículos 16;
Decreto 1047 de 2011 artículo 15; Decreto 875 de 2012 artículo 15;
Decreto 1035 de 2013 artículo 15, Decreto 205 de 2014 artículo 15,
Decreto 1087 de 2015 artículo 16; Decreto 219 de 2016 artículo 16 y
Decreto 989 de 2017 artículo 17, cuyo texto común es el siguiente:
«Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o
prestacional estatuido por las normas del presente decreto, en consecuencia
con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992. Cualquier
disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos
adquiridos»
Hechos y concepto de la violación
4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
5. Que el Gobierno Nacional, a través de los actos acusados, inobservó los
lineamientos previstos en la Ley 4ª de 1992 para fijar el régimen salarial y
prestacional de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.
6. Que las disposiciones censuradas desconocieron el concepto de salario, la
naturaleza de las primas y vulneraron los derechos de carácter laboral, así como
los principios de progresividad, favorabilidad y no regresividad.
7. Que se vulneraron los artículos 2, 4, 6, 9, 13, 48, 53, 89, 93, 95, 122, 123,
150 numeral 19 literales e) y f), 189 numeral 11, 209, 228 y 253 de la Constitución
Política; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 14 del Convenio 95
Sobre la Protección del Salario; 4 del Protocolo de San Salvador; 152 numeral 7 de
la Ley 270 de 1996; 11, 13, 21, 127 y 128 del CST; 1, 2, 3, 4, 10 y 14 de la Ley 4ª
de 1992.
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8. Que las normas demandadas desatendieron los lineamientos que prevé la
Ley 4ª de 1992 para fijar el régimen salarial y prestacional de los funcionarios de la
Fiscalía. Particularmente, el que dispone que en ningún caso podrán desmejorarse
los salarios y prestaciones sociales de los funcionarios.
9. Que el Gobierno Nacional excedió las facultades de configuración otorgadas
por el legislador. En primer lugar, cuando reconoció la prima especial de servicios,
entre 1993 y el 2002, como una parte integrante de la asignación básica, disminuyó
el valor de esta, y, en consecuencia, el monto de las prestaciones sociales que de
ella se derivan, desconociendo con ello la naturaleza del salario y de las primas.
Luego, al suprimirla, a partir del 2003, vulneró los derechos que le asisten a los
beneficiarios de esta, pues dejó de reconocer un emolumento que hace parte de
los rubros que los funcionarios de la fiscalía tienen derecho a percibir, según lo
dispone el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.
10. Que se vulneraron los principios de i) irrenunciabilidad de los beneficios
mínimos establecidos en normas laborales, ii) situación más favorable al trabajador
en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del
derecho, iii) progresividad y iv) favorabilidad.
Contestaciones de la demanda
11. El Departamento Administrativo de la Función Pública. Pidió negar las
pretensiones de la demanda porque, según lo prevé de forma expresa la Ley 4ª de
1992, los fiscales que optaron por el régimen salarial de la fiscalía o que ingresaron
al servicio de esta con posterioridad a 1993 no tienen derecho a recibir la prima
especial de servicios.
12. Propuso como excepciones las denominadas: i) «trámite inadecuado de la
demanda», al considerar que de la nulidad de los actos generales se deriva un
restablecimiento automático en favor del demandante y no la protección del orden
jurídico en abstracto. En razón a lo anterior, explica que la demanda presentada
inicialmente ante el Consejo de Estado con pretensiones acumuladas de nulidad y
nulidad y restablecimiento del derecho, no debió escindirse; ii) caducidad, al
considerar que la demanda de nulidad fue presentada por fuera de los 4 meses que
para el efecto prevé el CPACA, pues el último acto general fue publicado el 9 de
junio de 2017 y la demanda se radicó hasta el 19 de julio de 2018; iii) «cosa juzgada
material y absoluta», porque el Consejo de Estado a través de las sentencias del
14 de febrero de 2002, 15 de abril de 2004, 15 de julio de 2004, 3 de marzo de 2005
y 13 de septiembre de 2007 declaró la nulidad de las normas acusadas contenidas
en los decretos expedidos entre 1993 al 2002, bajo el argumento de que los fiscales
no tienen derecho al pago de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
y, iv) «genérica».
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13. El Ministerio de Justicia y del Derecho. Se opuso a las pretensiones,
expresando que resulta improcedente la pretensión de nulidad, toda vez que los
actos demandados fueron proferidos conforme lo prevén el artículo 150 de la
Constitución y la Ley 4ª de 1992.
14. Que desde 1993 la prima especial ha sido reconocida en favor de los
funcionarios de la Fiscalía General de la Nación como un aumento de su
asignación, sin que de manera alguna se disminuya su ingreso mensual. De ahí
que no resulten aplicables las decisiones emitidas por el Consejo de Estado el 2 de
abril de 2009 y 29 de abril de 2014.
15. Formuló la excepción denominada cosa juzgada, porque los artículos
acusados de los Decretos 53 de 1993, 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996, 52
de 1997, 50 de 1998, 38 de 1999, 2743 de 2000, 2729 de 2001 y 685 de 2002
fueron declarados nulos por el Consejo de Estado, a través de la sentencia del 21
de septiembre de 2022 dentro del radicado 11001032500020180110100
16. La Fiscalía General de la Nación. Se opuso a las pretensiones bajo el
argumento de que los actos demandados fueron expedidos con observancia de la
Constitución y la Ley. El artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 no previó como
beneficiarios de la prima especial a los funcionarios de la Fiscalía General de la
Nación.
17. Propuso la excepción denominada cosa juzgada, toda vez que el Consejo
de Estado, a través de las sentencias del 3 de marzo de 2005, 14 de febrero de
2002, 15 de abril de 2004, 15 de julio de 2004 y 13 de septiembre de 2007, declaró
la nulidad total de los actos expedidos entre 1993 y 2002, que hoy son objeto de
demanda, bajo el argumento de que los fiscales no son beneficiarios de la prima
especial por voluntad del legislador, por lo que, al incluirlos, el Gobierno Nacional
excedió sus facultades de configuración. En razón a ello, a partir de 2003 no se
incluyó la prima del 30% como un emolumento en favor de los fiscales.
18. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se opuso a las pretensiones
de la demanda porque, en su concepto, los actos administrativos cuestionados ya
fueron objeto de control judicial, lo cual configura el fenómeno de cosa juzgada. A
su juicio existe identidad de objeto y causa con decisiones previamente adoptadas
por la jurisdicción administrativa.
19. Señaló que, mediante sentencias del 14 de febrero de 2002, 15 de abril de
2004, 15 de julio de 2004 y 3 de marzo de 2005, se anularon una serie de artículos
de los decretos anuales de fijación salarial, que son los mismos actos demandados
en este caso por la parte actora.
20. Sostuvo que, conforme al artículo 189 del CPACA, la sentencia que declare
la nulidad de un Acto Administrativo produce efectos erga omnes, razón por la cual
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no pueden prosperar nuevas acciones que pretendan reabrir el debate sobre actos
ya invalidados por sentencia ejecutoriada.
21. Propuso la excepción de cosa juzgada, solicitando que se declare la
existencia de esta figura respecto de los actos ya anulados.
Trámite en única instancia
22. El 3 de octubre de 2023, se declararon no probadas las excepciones
denominadas caducidad y trámite inadecuado. Por auto del 7 de mayo de 2024, se
evidenció la posibilidad de emitir sentencia anticipada en los términos del artículo
182A del CPACA; se decretaron las pruebas; se fijó el correspondiente litigio, y se
corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.
Alegatos de conclusión
23. La Fiscalía General de la Nación. Reiteró los argumentos expuestos en la
contestación de la demanda.
24. El Departamento Administrativo de la Función Pública. De igual manera
reiteró cada uno de los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.
25. El Ministerio de Justicia y del Derecho. Insistió en cada uno de los
argumentos expuestos en la contestación de la demanda.
26. La parte demandante, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el
Ministerio Público guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
27. De conformidad con lo previsto en el artículo 116 del CPACA, cuando se
modifica la integración de la Sala, los nuevos magistrados desplazan a los
conjueces, siempre que respecto de aquellos no se predique la misma causal de
impedimento o recusación. En el presente asunto, se cumple con el presupuesto
normativo descrito, en razón a que se reconformó la Sala y actualmente1 no se
1 En relación con la prima especial se advierte que tanto algunos conjueces como la Sección Segunda,
actualmente, declaran infundados los impedimentos manifestados por los integrantes de la Sala, en los casos
en que no se demuestre un interés actual directo o indirecto. En efecto, así lo han expresado en las siguientes
decisiones:
Auto del 05 de diciembre de 2023. C.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz. Radicado: 7600123000201800326 02 (0502-
2023).
Auto del 29 de noviembre de 2024. M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Radicado: 050012333000201601007
02 (1587-2023)
Auto del 29 de noviembre de 2024. M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Radicado: 05001-23-33-000-2016-
00857-02 (4942-2023)
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configura la causal de impedimento que dio lugar a la designación de conjueces.
En esa medida, se avocará conocimiento del proceso.
Cuestión previa
28. Mediante escrito del 25 de abril de 2025, el consejero de Estado Luis
Eduardo Mesa Nieves manifestó impedimento para conocer del asunto de la
referencia con fundamento en las causales previstas en los numerales 1 y 14, del
artículo 141 del CGP.
29. Indicó que tiene en curso una demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, la cual se tramita en el Tribunal Administrativo de Córdoba bajo el radicado
número 23 001 33 33 002 2021 00212 01, en la que se debate el reconocimiento
de la prima especial.
30. El régimen de impedimentos busca garantizar la imparcialidad e
independencia en las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales. En esa
medida, a través de esta figura pretende evitarse que existan situaciones de hecho
que puedan comprometer el criterio que asuman aquellas en las providencias que
profieran dentro de los asuntos asignados para su conocimiento. Siendo así,
cuando un funcionario judicial advierta que se encuentra impedido, deberá
manifestarlo, con el fin de salvaguardar los principios que rigen la debida
administración de justicia.
31. De acuerdo con las anteriores precisiones, el 5 de junio de 2025, la Sala
declaró fundado el impedimento presentado, por cuanto las razones expuestas se
adecuan a las causales invocadas, razón por la cual se realizó el traslado del
proceso a este despacho ponente.
Problema Jurídico
32. El problema que resolverá la Subsección consiste en determinar si se
configuró el fenómeno de cosa juzgada por haberse proferido una sentencia
ejecutoriada con anterioridad a este proceso y, por lo tanto, si procede estarse a lo
resuelto en ella.
Sobre el fenómeno jurídico de cosa juzgada
33. La mencionada figura procesal de contenido sustancial corresponde a una
excepción que doctrinariamente se ha entendido como mixta, por cuanto, en su
calidad de medio de defensa, no solo ataca el fondo del litigio en lo relacionado con
la inviabilidad de las pretensiones o del derecho reclamado cuando su procedencia
ya ha sido analizada y juzgada, sino que, también, controvierte el proceso en sí
mismo desde el punto de vista formal en lo que tiene que ver con la habilitación del
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juez para conocer y emitir un pronunciamiento de mérito frente a un conflicto
previamente resuelto.
34. Esta institución se deriva del principio de la seguridad jurídica, con base en
el cual lo que se busca es dar certeza a las partes respecto de la firmeza y definición
permanente de sus controversias, a fin de evitar la existencia de decisiones
judiciales contradictorias en punto a unos mismos hechos y derechos en tensión.
Particularmente, esta corporación ha sostenido que la cosa juzgada «[…] hace
referencia al carácter imperativo e inmutable de las decisiones que han adquirido firmeza,
lo cual implica de suyo la imposibilidad de volver sobre asuntos ya juzgados, para introducir
en ellos variaciones o modificaciones mediante la adopción de una nueva providencia»2
35. El inciso 4.° del parágrafo 2.° del artículo 175 del CPACA consagró que, entre
otras, la excepción de cosa juzgada se declarará fundada mediante sentencia
anticipada en los términos previstos en el numeral 3.° del artículo 182A, el cual
también dispuso que, en todo caso, tal medio de defensa podrá resolverse en
cualquier estado del proceso si se encuentra demostrada, tanto así que puede ser
decretada de oficio conforme al artículo 187 ibidem en el que se señaló que la
sentencia se pronunciará sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra
que el juez advierta probada.
36. Por su parte, el artículo 189 de la misma normativa, dispone que: «La
sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de
cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga
omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada […]». Lo que significa que,
una vez declarada la nulidad de un acto administrativo, esta decisión tendrá efectos
erga omnes, es decir, que será oponible a todos, y no será posible efectuar un
nuevo pronunciamiento del acto que judicialmente fue retirado del ordenamiento
jurídico.
Análisis del caso concreto
37. En el presente caso se advierte que la Sala de Conjueces del Consejo de
Estado, a través de la sentencia del 21 de septiembre de 2022, emitida dentro del
proceso de nulidad simple núm. 11001-03-25-000-2018-01101 00 (3974-2018),
declaró la nulidad de los actos administrativos que son objeto de demanda en el
proceso de la referencia. Expresamente indicó:
«[…] las normas demandadas violan las normas superiores en las
cuales se debían fundar, motivo por el cual las anulará, las retirará del
ordenamiento jurídico, con efectos erga omnes, de manera que futuros
procesos contra estas mismas disposiciones deben estarse a lo aquí
resuelto.
[…]
2
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 5 de marzo de 2009. Radicado: 11001-03-24-000-2004-
00262-01. M.P. Rafael Ostau de Lafont P
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SEGUNDO. - ANULAR las siguientes normas:
1. Del Decreto 53 de 1993 artículos 6 y 16
2. Del Decreto 108 de 1994 artículos 7 y 18
3. Del Decreto 49 de 1995 artículos 7 y 17
4. Del Decreto 108 de 1996 artículos 7 y 17
5. Del Decreto 52 de 1997 artículos 7 y 17
6. Del Decreto 50 de 1998 artículos 7 y 18
7. Del Decreto 38 de 1999 artículos 7 y 17
8. Del Decreto 2743 de 2000 artículos 8 y 17
9. Del Decreto 2729 de 2001 artículos 8 y 17
10. Del Decreto 685 de 2002 artículos 7 y 16
11. Del Decreto 3549 de 2003 artículos 15
12. Del Decreto 4180 de 2004 artículos 15
13. Del Decreto 943 de 2005 artículos 15
14. Del Decreto 396 de 2006 artículos 15
15. Del Decreto 625 de 2007 artículos 15
16. Del Decreto 665 de 2008 artículos 15
17. Del Decreto 730 de 2009 artículos 16
18. Del Decreto 1395 de 2010 artículos 16
19. Del Decreto 1047 de 2011 artículos 15
20. Del Decreto 875 de 2012 artículos 15
21. Del Decreto 1035 de 2013 artículos 15
22. Del Decreto 205 de 2014 artículos 15
23. Del Decreto 1087 de 2015 artículos 16
24. Del Decreto 219 de 2016 artículos 16
25. Del Decreto 989 de 2017 artículos 17 […]» (Negrillas del texto original)
38. Las principales consideraciones expuestas en la sentencia citada se
sintetizan así:
(I) No existe cosa juzgada respecto de las sentencias C-521 de 1995, C-079 de
1996, C-710 de 1996 y C-052 de 1999, proferidas por la Corte Constitucional,
porque el hecho de que en ellas se haya avalado que el legislador conserva una
cierta libertad para establecer qué componentes constituyen salario o no, no implica
que en lo sucesivo todos los beneficios adicionales en favor del trabajador carecerán
de este carácter. Así como tampoco que le haya otorgado al Gobierno Nacional la
facultad de considerar que la prima especial de servicios corresponde al 30% del
salario básico, en tanto que ello generaría una desmejora del mismo. Igualmente,
advirtió que el estudio que en ellas se efectuó no incluyó el contenido de los 25
decretos que son objeto de nulidad.
(II) En cuanto al concepto de prima, el Consejo de Estado, a través de las
sentencias del 2 de abril de 2009, 19 de marzo de 2010, 31 de octubre de 2012 y
29 de abril de 2014, ha sostenido que constituye un fenómeno retributivo de carácter
adicional al salario, es decir, que es entendido como un plus en el ingreso de los
servidores, sin importar que en la definición normativa sea o no definido su carácter
salarial.
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(III) Según lo sostuvo la misma Corporación, mediante sentencia del 15 de
diciembre de 2020, a partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los
empleados de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con
posterioridad tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento
del salario básico y/o asignación básica, no como parte de este, sin que en ningún
caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el
cargo correspondiente.
(IV) Las disposiciones demandadas violaron las normas superiores en que
debían fundarse, en tanto que la prima especial debe constituir un incremento de la
asignación y no ser imputada como parte de esta, motivo por el que procede su
anulación.
(V) La declaratoria de nulidad no implica que la prima especial haya
desaparecido, por el contrario, esta sigue vigente, pero en los términos explicados.
39. Así las cosas, en el entendido que, mediante la sentencia del 21 de
septiembre de 2022, la Sala de Conjueces de esta corporación anuló las normas
objeto de demanda dentro del presente asunto, deberá tenerse en cuenta que como
dicha providencia al estar ejecutoriada configuró el fenómeno de cosa juzgada, se
ordenará estarse a lo resuelto en el fallo en mención. Pues tal como se expuso en
la parte motiva, declarada la nulidad de las normas acusadas no es posible hacer
un nuevo juicio de legalidad sobre ellas, porque esto implicaría interpretar que una
norma anulada continúa produciendo efectos hacia el futuro.
Condena en costas
40. En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que
se ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA3.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
Primero. AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia, por las razones
expuestas en la parte motiva.
3 «Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil».
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Demandante: Víctor Hugo Murillo Córdoba
Segundo. ESTARSE a lo resuelto en la sentencia proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, el 21 de septiembre de 2022,
radicado: 110010325000201801101-00 (3974-2018), de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Tercero. Sin condena en costas.
Cuarto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las
anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI y archívese el expediente.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Impedido
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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