Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00450-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00450-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2018-00450-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
16 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001032500020180045000 (1821-2018)
Demandante: Magnolia Palacio Noreña
Demandado: Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros
Temas: Prima Especial - Cosa juzgada
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________
1. Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad promovido por la señora Magnolia Palacio Noreña contra la Nación -
Ministerios de Hacienda y Crédito Público, Justicia y Derecho, Departamento
Administrativo de la Función Pública (DAFP) y Fiscalía General de la Nación (FGN).
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
2. En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137
del CPACA, 1 la señora Magnolia Palacio Noreña solicitó que se anulen las
siguientes disposiciones, 2 proferidas por el Gobierno nacional, que anualmente
fijaron el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la FGN: i)
artículos 6 y 16 del Decreto 53 de 1993; ii) artículos 7 y 18 de los Decretos 108 de
1994 y 50 de 1998; iii) artículos 7 y 17 de los Decretos 49 de 1995, 108 de 1996, 52
de 1997, 38 de 1999; iv) artículos 8 y 17 de los Decretos 2743 de 2000 y 2729 de
2001; v) artículos 7 y 16 del Decreto 685 de 2002; vi) artículo 15 de los Decretos
3549 de 2003, 4180 de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007, 665 de 2008,
1047 de 2011, 875 de 2012, 1035 de 2013, 205 de 2014; vii) artículo 16 de los
1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
2 La demandante también elevó pretensiones tendientes a la anulación de actos particulares y el
restablecimiento del derecho, pero la demanda fue escindida con el fin de que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca conociera de las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Radicado: 11001032500020180045000 (1821-2018)
Demandante: Magnolia Palacio Noreña
Decretos 730 de 2009, 1395 de 2010, 1087 de 2015 y 219 de 2016; viii) artículo 17
del Decreto 989 de 2017.
1.1.2. Normas violadas y concepto de violación
3. La demandante sostuvo que los actos acusados quebrantaron el preámbulo
y los artículos 2, 4, 6, 9, 13, 48, 53, 89, 93, 95, 122, 123, 150, 189, 209, 228 y 253
de la Constitución Política; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 14
del Convenio 95 de la OIT; 11, 13, 21, 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo;
4 del Protocolo de San Salvador; 1 a 4, 10 y 14 de la Ley 4 de 1992; 7 y 152 de la
Ley 270 de 1996.
4. Al desarrollar el concepto de violación, la parte actora planteó los siguientes
cargos:
i) El Gobierno nacional carece de competencia para disminuir la asignación
salarial de los servidores de la FGN. De ahí que no estaba facultado para
modificar o suprimir la prima especial previamente creada por el legislador; por el
contrario, dicho factor debía representar un incremento salarial.
ii) Las disposiciones enjuiciadas desconocieron el concepto de salario, la
naturaleza de las primas y vulneraron los derechos laborales, así como los
principios de progresividad y no regresividad, igualdad y favorabilidad.
iii) En concreto, los actos demandados restaron a la remuneración mensual el
30% de los efectos salariales para calcular las prestaciones sociales, es decir,
que entre los años 1992 y 2003 «se pagó prima especial con una disminución de
la asignación salarial mensual en un treinta por ciento (30%), no solo afectando
el ingreso mensual, sino todo lo prestacional que de ello depende».
iv) Los actos acusados transgredieron el ordenamiento superior, pues, al incluir
la prima especial en el salario básico, este último se redujo al 70%.
v) A partir del 2003, el Decreto 3549 de 2003 suprimió por completo el pago de
la prima especial.
1.2. Contestación de la demanda
5. Los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Justicia y del Derecho
ejercieron su defensa con argumentos similares, los cuales se resumen, a
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Radicado: 11001032500020180045000 (1821-2018)
Demandante: Magnolia Palacio Noreña
continuación:
i) Se encuentra configurada la excepción de cosa juzgada en razón a que
algunas de las normas demandadas fueron anuladas por el Consejo de Estado
en sentencias del 2002,3 2004,4 20055 y 20076.
ii) Las demás disposiciones cuestionadas se expidieron con sujeción al
ordenamiento superior, teniendo en cuenta que «la prima especial no es un factor
salarial para reliquidar las prestaciones sociales y cesantías, y solo tiene la
naturaleza de ser un incremento del salario básico mensual».
iii) El Ministerio de Hacienda y Crédito Público carece legitimación en la causa
por pasiva porque la expedición de los actos enjuiciados y su ejecución
corresponden a la FGN.
6. El DAFP se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con
razonamientos análogos a los antes descritos y agregó:
i) Se evidencia caducidad del medio de control, ya que la actora no solo busca
la protección del ordenamiento superior, sino que persigue un interés subjetivo,
por ende, la demanda debió interponerse dentro de los 4 meses siguientes a la
publicación de los decretos demandados.
ii) En este caso se impartió un trámite inadecuado de la demanda, ya que «las
pretensiones de nulidad de los decretos salariales demandados se encamina al
restablecimiento automático de los derechos laborales de la accionante y no a la
protección del orden jurídico en abstracto, lo cual debió forzar el trámite de todas
las pretensiones bajo la misma cuerda y a través de la acción de nulidad y
restablecimiento».
iii) Se configura la cosa juzgada respecto a la declaratoria de nulidad del artículo
6 del Decreto 53 de 1993; el artículo 7 de los Decretos 108 de 1994, 49 de 1995,
108 de 1996, 52 de 1997, 50 de 1998, 38 de 1999 y 685 de 2002; y el artículo 8
de los Decretos 2743 de 2000 y 2729 de 2001.
3 Radicado 11001-03-25-000-1999-0031-00 (197-99).
4 Radicados 1100103250002001004301 (71201) y 1100103250002002017801 (353102).
5 Radicado 11001032500019971702101 (17021).
6 Radicado 11001032500020030011301 (47803).
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Radicado: 11001032500020180045000 (1821-2018)
Demandante: Magnolia Palacio Noreña
II. TRAMITE EN ÚNICA INSTANCIA
2.1. Impedimentos, admisión, excepciones, sentencia anticipada y
remisión de los conjueces
7. Por auto del 13 de diciembre de 2018, la Sección Tercera del Consejo de
Estado aceptó el impedimento manifestado por los magistrados integrantes de la
Sección Segunda para conocer del asunto y dispuso el sorteo de conjueces para
continuar su trámite.
8. Mediante auto del 17 de enero de 2020, se dispuso: i) escindir la demanda
para que las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho fueran
conocidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y ii) admitir la demanda
de simple nulidad contra los decretos expedidos por el Gobierno nacional. Esta
decisión fue confirmada en sede de reposición, a través de auto del 28 de
septiembre de 2021.
9. Por auto del 7 de mayo de 2024, se declararon no probadas las excepciones
de caducidad y trámite inadecuado de la demanda. Además, se difirió el estudio de
la excepción de cosa juzgada al momento de dictar sentencia de mérito.
10. Mediante auto del 10 de septiembre de 2024, se evidenció la posibilidad de
emitir sentencia anticipada dentro del sub lite, en los términos del artículo 182A del
CPACA. En consecuencia, se dispuso: a) resolver sobre las pruebas aportadas y
solicitadas; b) fijar el litigio; c) correr traslado a las partes y al Ministerio Público para
presentar alegatos de conclusión y concepto, respectivamente.
11. Mediante auto del 7 de marzo de 2025, el conjuez Carlos Mario Isaza Serrano
remitió el proceso de la referencia a este despacho, en aplicación del artículo 116
del CPACA, ya que se reconformó la Sala de la Sección Segunda. «Además, frente
a los impedimentos manifestados por los consejeros con fundamento en la causal
1 del artículo 141 del Código General del Proceso, en asuntos sobre la bonificación
judicial, relacionada de forma directa con el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en
virtud de la cual se creó la prima especial del 30%, la Sección Segunda rectificó el
criterio que sostenía en el sentido de declarar infundadas dichas manifestaciones,
por considerar que no se está ante un interés actual ni directo».
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Radicado: 11001032500020180045000 (1821-2018)
Demandante: Magnolia Palacio Noreña
2.2. Alegatos de conclusión
12. El DAFP, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Justicia y del
Derecho expresaron que se presenta el fenómeno de la cosa juzgada, ya que las
disposiciones demandadas fueron anuladas por el Consejo de Estado, mediante
sentencia del 21 de septiembre de 2022.7
2.3. Ministerio Público
13. El agente del Ministerio Público no rindió concepto.
14. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes:
III. CONSIDERACIONES
3.1. Cuestión previa
15. De conformidad con lo previsto en el artículo 116 del CPACA, cuando se
modifica la integración de la Sala, los nuevos magistrados desplazan a los
conjueces, siempre que respecto de aquellos no se predique la misma causal de
impedimento o recusación. En el presente asunto, se cumple con dicho
presupuesto, en razón a que se reconformó la Sala y actualmente no se configura
la causal de impedimento que dio lugar a la designación de conjueces. 8 En esa
medida, se avocará conocimiento del proceso.
16. Cabe precisar que en anteriores oportunidades el suscrito magistrado se
declaró impedido para estudiar demandas relacionadas con la prima especial del
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 por tener un proceso activo frente a dicho tema; sin
embargo, ese asunto fue definido mediante sentencia del 16 de septiembre de 2025,
ejecutoriada a partir del 1 de octubre de 2025, por lo que no tiene procesos ni pleito
pendiente entre las partes o interés actual al respecto.
7 Radicado 11001032500020180110100 (3974-2018).
8 En relación con la prima especial se advierte que tanto algunos conjueces como la Sección Segunda,
actualmente, declaran infundados los impedimentos manifestados por los integrantes de la Sala, en los casos
en que no se demuestre un interés actual directo o indirecto. En efecto, así lo han expresado en los siguientes
autos: i) del 5 de diciembre de 2023, radicado: 7600123000201800326 02 (0502-2023); ii) del 29 de noviembre
de 2024, radicado: 050012333000201601007 02 (1587-2023); y iii) del 29 de noviembre de 2024, radicado:
05001-23-33-000-2016-00857-02 (4942-2023).
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Radicado: 11001032500020180045000 (1821-2018)
Demandante: Magnolia Palacio Noreña
3.2. Presentación del caso - Problema jurídico
17. Conforme se anunció en el auto que dispuso el trámite de sentencia
anticipada, la Sala verificará si en el presente caso se configuró la excepción de
cosa juzgada.
18. Al respecto, el artículo 189 del CPACA dispone que la sentencia que declare
la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada
erga omnes, es decir, que será oponible a todos y no podrá realizarse un nuevo
pronunciamiento del acto que judicialmente fue retirado del ordenamiento jurídico.9
19. Ahora bien, el Consejo de Estado, mediante sentencia del 21 de septiembre
de 2022,10 anuló las disposiciones que son objeto de demandada en el presente
proceso, con fundamento en los siguientes razonamientos:
i) A partir de la expedición de la Ley 476 de 1998 los servidores de la Fiscalía
General de la Nación que se acogieron al régimen salarial consagrado en el
Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen
derecho a la prima especial de servicios como un incremento de la asignación
básica, no como parte de esta, sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.
ii) Las disposiciones demandadas violaron las normas superiores en que
debían fundarse, en tanto que la prima especial debe constituir un incremento de
la asignación y no ser imputada como parte de esta. «Y, en el mismo sentido, la
base para liquidar las prestaciones sociales no puede ser el salario básico
reducido en un 30%, sino el 100% del salario básico».11
iii) Los decretos demandados desconocieron el ordenamiento superior y que la
dignidad de la persona es el objetivo esencial del Estado social de derecho, en
particular la dignidad del funcionario público a quien debe respetarse su trabajo,
el salario y la liquidación razonable de sus prestaciones sociales, «evitando
integración de rubros para reconocer y pagar un salario o unas prestaciones
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 31 de julio de 2025, radicado 11001-03-
25-000-2017-00937-00 (4889-2017).
10 Radicado 11001-03-25-000-2018-01101 00 (3974-2018).
11 Consejo de Estado, sentencia del 21 de septiembre de 2022, radicado 11001-03-25-000-2018-01101-00
(3974-2018).
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Radicado: 11001032500020180045000 (1821-2018)
Demandante: Magnolia Palacio Noreña
sociales inferiores»,12 pues ello desconocería los principios de favorabilidad del
empleado y progresividad salarial.
iv) El hecho de desaparecer del mundo jurídico los decretos enjuiciados no
implica que se extinga la prima especial allí contenida; por el contrario, «sigue
vigente, pero en los términos establecidos de esta sentencia».13
20. Así las cosas, la Sala declarará probada la excepción de cosa juzgada,
conforme lo expuesto previamente, sin que sea procedente analizar de fondo los
cargos de nulidad propuestos en la demanda.
3.3. Condena en costas
21. En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que
se ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero. Avocar conocimiento del proceso de la referencia, por las razones
expuestas en la parte motiva
Segundo. Declarar probada la excepción de cosa juzgada respecto de las
pretensiones de nulidad de las siguientes disposiciones: i) artículos 6 y 16 del
Decreto 53 de 1993; ii) artículos 7 y 18 de los Decretos 108 de 1994 y 50 de 1998;
iii) artículos 7 y 17 de los Decretos 49 de 1995, 108 de 1996, 52 de 1997, 38 de
1999; iv) artículos 8 y 17 de los Decretos 2743 de 2000 y 2729 de 2001; v) artículos
7 y 16 del Decreto 685 de 2002; vi) artículo 15 de los Decretos 3549 de 2003, 4180
de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007, 665 de 2008, 1047 de 2011, 875
de 2012, 1035 de 2013, 205 de 2014; vii) artículo 16 de los Decretos 730 de 2009,
1395 de 2010, 1087 de 2015 y 219 de 2016; viii) artículo 17 del Decreto 989 de
2017, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. En
12 Consejo de Estado, sentencia del 21 de septiembre de 2022, radicado 11001-03-25-000-2018-01101-00
(3974-2018).
13 Consejo de Estado, sentencia del 21 de septiembre de 2022, radicado 11001-03-25-000-2018-01101-00
(3974-2018).
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Radicado: 11001032500020180045000 (1821-2018)
Demandante: Magnolia Palacio Noreña
consecuencia, estarse a lo resuelto en la sentencia del 21 de septiembre de 2022,
proferida por el Consejo de Estado, dentro del proceso11001-03-25-000-2018-
01101-00 (3974-2018).
Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.
Cuarto. Reconocer a la abogada Jessica Alejandra Poveda Rodríguez, quien se
identifica con cédula de ciudadanía 107566433414 y Tarjeta Profesional 259322,
como apoderada del Departamento Administrativo de la Función Pública.
Quinto. Reconocer a la abogada Laura Isabel López Camacho, quien se identifica
con cédula de ciudadanía 1094272782 15 y Tarjeta Profesional 284936, como
apoderada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Sexto. Reconocer al abogado Oscar Mauricio Ceballos Martínez, quien se identifica
con cédula de ciudadanía 1094890577 16 y Tarjeta Profesional 196431, como
apoderado del Ministerio de Justicia y del Derecho.
Séptimo. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse
las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley y el art. 186 del CPACA
14 Certificado de Vigencia 1308293.
15 Certificado de Vigencia 1308314.
16 Certificado de Vigencia 1308490.
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