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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2019-00856-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00856-00

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00856-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Declarar probada la excepción de cosa juzgada respecto de las pretensiones de nulidad de las siguientes disposiciones: i) artículos 6 y 16 del Decreto 53 de 1993; ii) artículos 7 y 18 de los Decretos 108 de 1994 y 50 de 1998; 6 Consejo de Estado, sentencia del 21 de septiembre de 2022, radicado 11001-03-25-000-2018-01101-00 (3974-2018). 7 Consejo de Estado, sentencia del 21 de septiembre de 2022, radicado 11001-03-25-000-2018-01101-00 (3974-2018). 8 Consejo de Estado, sentencia del 21 de septiembre de 2022, radicado 11001-03-25-000-2018-01101-00 (3974-2018). Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Radicado: 11001032500020190085600 (6331-2019) Demandante: Cristina Montoya Gómez iii) artículos 7 y 17 de los Decretos 49 de 1995, 108 de 1996, 52 de 1997, 38 de 1999; iv) artículos 8 y 17 de los Decretos 2743 de 2000 y 2729 de 2001; v) artículos 7 y 16 del Decreto 685 de 2002; vi) artículo 15 de los Decretos 3549 de 2003, 4180 de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007, 665 de 2008, 1047 de 2011, 875 de 2012, 1035 de 2013, 205 de 2014; vii) artículo 16 de los Decretos 730 de 2009, 1395 de 2010, 1087 de 2015 y 219 de 2016; viii) artículo 17 del Decreto 989 de 2017, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. En consecuencia, estarse a lo resuelto en la sentencia del 21 de septiembre de 2022, proferida por el Consejo de Estado, dentro del proceso11001-03-25-000-2018- 01101-00 (3974-2018). Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. Reconocer como apoderados a los abogados que se enlistan a continuación: Apoderado (a) Entidad que representa Cédula Tarjeta Profesional Gina Paola Forero Fiscalía General de la Nación 10101695619 227215 Contreras Jessica Alejandra Poveda Departamento Administrativo de la 107566433410 259322 Rodríguez Función Pública Ferney Baquero Ministerio de Justicia y del 1734507811 89728 Figueredo Derecho Cuarto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00856-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

5 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Medio de control: Nulidad
Radicación: 11001032500020190085600 (6331-2019)
Demandante: Cristina Montoya Gómez
Demandados: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros

Temas: Prima Especial - Cosa juzgada

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________

1. Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad promovido por la señora Cristina Montoya Gómez contra la Nación -
Ministerios de Hacienda y Crédito Público, Justicia y Derecho, Departamento
Administrativo de la Función Pública (DAFP) y Fiscalía General de la Nación (FGN).

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

2. En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137
del CPACA, 1 la señora Cristina Montoya Gómez solicitó que se anulen las
siguientes disposiciones, 2 proferidas por el Gobierno nacional, que anualmente
fijaron el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la FGN: i)
artículos 6 y 16 del Decreto 53 de 1993; ii) artículos 7 y 18 de los Decretos 108 de
1994 y 50 de 1998; iii) artículos 7 y 17 de los Decretos 49 de 1995, 108 de 1996, 52
de 1997, 38 de 1999; iv) artículos 8 y 17 de los Decretos 2743 de 2000 y 2729 de
2001; v) artículos 7 y 16 del Decreto 685 de 2002; vi) artículo 15 de los Decretos
3549 de 2003, 4180 de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007, 665 de 2008,
1047 de 2011, 875 de 2012, 1035 de 2013, 205 de 2014; vii) artículo 16 de los
Decretos 730 de 2009, 1395 de 2010, 1087 de 2015 y 219 de 2016; viii) artículo 17
del Decreto 989 de 2017.

1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
2 La demandante también elevó pretensiones tendientes a la anulación de actos particulares y el
restablecimiento del derecho, pero la demanda fue escindida con el fin de que los juzgados administrativos
conocieran de las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho.

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Radicado: 11001032500020190085600 (6331-2019)
Demandante: Cristina Montoya Gómez

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

3. La demandante sostuvo que los actos acusados quebrantaron el preámbulo
y los artículos 2, 4, 6, 9, 13, 48, 53, 89, 93, 95, 122, 123, 150, 189, 209, 228 y 253
de la Constitución Política; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 14
del Convenio 95 de la OIT; 11, 13, 21, 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo;
4 del Protocolo de San Salvador; 1 a 4, 10 y 14 de la Ley 4 de 1992; 7 y 152 de la
Ley 270 de 1996.

4. Al desarrollar el concepto de violación, la parte actora planteó los siguientes
cargos:

i) El Gobierno nacional carece de competencia para disminuir la asignación
salarial de los servidores de la FGN. De ahí que no estaba facultado para
modificar o suprimir la prima especial previamente creada por el legislador; por el
contrario, dicho factor debía representar un incremento salarial.

ii) Las disposiciones enjuiciadas desconocieron el concepto de salario, la
naturaleza de las primas y vulneraron los derechos laborales, así como los
principios de progresividad y no regresividad, igualdad y favorabilidad.

iii) En concreto, los actos demandados restaron a la remuneración mensual el
30% de los efectos salariales para calcular las prestaciones sociales, es decir,
que entre los años 1992 y 2003 «se pagó prima especial con una disminución de
la asignación salarial mensual en un treinta por ciento (30%), no solo afectando
el ingreso mensual, sino todo lo prestacional que de ello depende».

iv) Los actos acusados transgredieron el ordenamiento superior, pues, al incluir
la prima especial en el salario básico, este último se redujo al 70%.

v) A partir del 2003, el Decreto 3549 de 2003 suprimió por completo el pago de
la prima especial.

1.2. Contestación de la demanda

5. La FGN y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sostuvieron que se
presentó la excepción de cosa juzgada respecto de los decretos demandados que
fueron expedidos entre 1993 y 2002, pero que aquella figura no se extendía a las
normas expedidas con posterioridad, ya que el Gobierno nacional acató los
postulados de la Ley 4 de 1992.

6. El DAFP se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con
razonamientos análogos a los antes descritos y agregó:

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Radicado: 11001032500020190085600 (6331-2019)
Demandante: Cristina Montoya Gómez

i) Se evidencia caducidad del medio de control, ya que la actora no solo busca
la protección del ordenamiento superior, sino que persigue un interés subjetivo,
por ende, la demanda debió interponerse dentro de los 4 meses siguientes a la
publicación de los decretos demandados.

ii) En este caso se impartió un trámite inadecuado de la demanda, ya que «las
pretensiones de nulidad de los decretos salariales demandados se encamina al
restablecimiento automático de los derechos laborales de la accionante y no a la
protección del orden jurídico en abstracto, lo cual debió forzar el trámite de todas
las pretensiones bajo la misma cuerda y a través de la acción de nulidad y
restablecimiento».

iii) Se configura la cosa juzgada respecto a la declaratoria de nulidad del artículo
6 del Decreto 53 de 1993; el artículo 7 de los Decretos 108 de 1994, 49 de 1995,
108 de 1996, 52 de 1997, 50 de 1998, 38 de 1999 y 685 de 2002; y el artículo 8
de los Decretos 2743 de 2000 y 2729 de 2001.

II. TRÁMITE EN ÚNICA INSTANCIA

2.1. Impedimentos, admisión, remisión de los conjueces y sentencia
anticipada

7. Por autos del 28 de julio y 22 de noviembre de 2022, se aceptó el
impedimento manifestado por los magistrados integrantes de las Subsecciones A y
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado para conocer del asunto y se
ordenó el sorteo de conjueces para continuar su trámite.

8. Por auto del 3 de octubre de 2023, se dispuso: i) escindir la demanda para
que las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho fueran conocidas
por los Juzgados Administrativos de Cali, y ii) admitir la demanda de simple nulidad
contra los decretos expedidos por el Gobierno nacional.

9. Mediante auto del 21 de marzo de 2025, el conjuez Alfonso Palacios Torres
remitió el proceso de la referencia a este despacho, en aplicación del artículo 116
del CPACA, ya que se reconformó la Sala de la Sección Segunda.

10. Por auto del 10 de octubre de 2025, el despacho ponente evidenció la
posibilidad de emitir sentencia anticipada dentro del sub lite, en los términos del
artículo 182A del CPACA. En consecuencia, se dispuso: a) avocar conocimiento del
asunto; b) negar la solicitud de acumulación de procesos solicitada por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público; c) negar las excepciones de trámite inadecuado de
la demanda y caducidad; d) diferir, para el momento de dictar la sentencia
correspondiente, la resolución de la excepción de cosa juzgada; e) prescindir de las
audiencias inicial y de pruebas, previstas en los artículos 180 y 181 del CPACA; f)
resolver sobre las pruebas aportadas y solicitadas; g) fijar el litigio; h) correr traslado

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Radicado: 11001032500020190085600 (6331-2019)
Demandante: Cristina Montoya Gómez

a las partes y al Ministerio Público para presentar alegatos de conclusión y
concepto, respectivamente.

2.2. Alegatos de conclusión

11. La FGN reiteraró los argumentos esgrimidos en la contestación de la
demanda. El DAFP y el Ministerio de Justicia y del Derecho expresaron que se
presenta el fenómeno de la cosa juzgada, ya que las disposiciones demandadas
fueron anuladas por el Consejo de Estado, mediante sentencia del 21 de septiembre
de 2022.3

2.3. Ministerio Público

12. El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

13. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

3.1. Presentación del caso - Problema jurídico

14. Conforme se anunció en el auto que dispuso el trámite de sentencia
anticipada, la Sala verificará si en el presente caso se configuró la excepción de
cosa juzgada.

15. Al respecto, el artículo 189 del CPACA dispone que la sentencia que declare
la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada
erga omnes, es decir, que será oponible a todos y no podrá realizarse un nuevo
pronunciamiento del acto que judicialmente fue retirado del ordenamiento jurídico.4

16. Ahora bien, el Consejo de Estado, mediante sentencia del 21 de septiembre
de 2022,5 anuló las disposiciones que son objeto de demandada en el presente
proceso, con fundamento en los siguientes razonamientos:

i) A partir de la expedición de la Ley 476 de 1998 los servidores de la Fiscalía
General de la Nación que se acogieron al régimen salarial consagrado en el
Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen
derecho a la prima especial de servicios como un incremento de la asignación

3 Radicado 11001032500020180110100 (3974-2018).
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 31 de julio de 2025, radicado 11001-03-

25-000-2017-00937-00 (4889-2017).
5 Radicado 11001-03-25-000-2018-01101 00 (3974-2018).

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Radicado: 11001032500020190085600 (6331-2019)
Demandante: Cristina Montoya Gómez

básica, no como parte de esta, sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

ii) Las disposiciones demandadas violaron las normas superiores en que
debían fundarse, en tanto que la prima especial debe constituir un incremento de
la asignación y no ser imputada como parte de esta. «Y, en el mismo sentido, la
base para liquidar las prestaciones sociales no puede ser el salario básico
reducido en un 30%, sino el 100% del salario básico».6

iii) Los decretos demandados desconocieron el ordenamiento superior y que la
dignidad de la persona es el objetivo esencial del Estado social de derecho, en
particular la dignidad del funcionario público a quien debe respetarse su trabajo,
el salario y la liquidación razonable de sus prestaciones sociales, «evitando
integración de rubros para reconocer y pagar un salario o unas prestaciones
sociales inferiores»,7 pues ello desconocería los principios de favorabilidad del
empleado y progresividad salarial.

iv) El hecho de desaparecer del mundo jurídico los decretos enjuiciados no
implica que se extinga la prima especial allí contenida; por el contrario, «sigue
vigente, pero en los términos establecidos de esta sentencia».8

17. Así las cosas, la Sala declarará probada la excepción de cosa juzgada,
conforme lo expuesto previamente, sin que sea procedente analizar de fondo los
cargos de nulidad propuestos en la demanda.

3.2. Condena en costas

18. En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que
se ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.

19. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero. Declarar probada la excepción de cosa juzgada respecto de las
pretensiones de nulidad de las siguientes disposiciones: i) artículos 6 y 16 del
Decreto 53 de 1993; ii) artículos 7 y 18 de los Decretos 108 de 1994 y 50 de 1998;

6
Consejo de Estado, sentencia del 21 de septiembre de 2022, radicado 11001-03-25-000-2018-01101-00
(3974-2018).
7 Consejo de Estado, sentencia del 21 de septiembre de 2022, radicado 11001-03-25-000-2018-01101-00

(3974-2018).
8 Consejo de Estado, sentencia del 21 de septiembre de 2022, radicado 11001-03-25-000-2018-01101-00

(3974-2018).

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicado: 11001032500020190085600 (6331-2019)
Demandante: Cristina Montoya Gómez

iii) artículos 7 y 17 de los Decretos 49 de 1995, 108 de 1996, 52 de 1997, 38 de
1999; iv) artículos 8 y 17 de los Decretos 2743 de 2000 y 2729 de 2001; v) artículos
7 y 16 del Decreto 685 de 2002; vi) artículo 15 de los Decretos 3549 de 2003, 4180
de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007, 665 de 2008, 1047 de 2011, 875
de 2012, 1035 de 2013, 205 de 2014; vii) artículo 16 de los Decretos 730 de 2009,
1395 de 2010, 1087 de 2015 y 219 de 2016; viii) artículo 17 del Decreto 989 de
2017, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. En
consecuencia, estarse a lo resuelto en la sentencia del 21 de septiembre de 2022,
proferida por el Consejo de Estado, dentro del proceso11001-03-25-000-2018-
01101-00 (3974-2018).

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Reconocer como apoderados a los abogados que se enlistan a
continuación:

Apoderado (a) Entidad que representa Cédula Tarjeta
Profesional
Gina Paola Forero Fiscalía General de la Nación 10101695619 227215
Contreras
Jessica Alejandra Poveda Departamento Administrativo de la 107566433410 259322
Rodríguez Función Pública
Ferney Baquero Ministerio de Justicia y del 1734507811 89728
Figueredo Derecho

Cuarto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las
anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley y el art. 186 del CPACA.

9 Certificado de Vigencia 1646224.
10 Certificado de Vigencia 1646330.
11 Certificado de Vigencia 1640953.

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