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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00923-00

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00923-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Declarar probada la excepción de cosa juzgada respecto de las pretensiones de nulidad de las siguientes disposiciones: i) artículos 6 y 16 del Decreto 53 de 1993; ii) artículos 7 y 18 de los Decretos 108 de 1994 y 50 de 1998; iii) artículos 7 y 17 de los Decretos 49 de 1995, 108 de 1996, 52 de 1997, 38 de 1999; iv) artículos 8 y 17 de los Decretos 2743 de 2000 y 2729 de 2001; v) artículos 7 y 16 del Decreto 685 de 2002; vi) artículo 15 de los Decretos 3549 de 2003, 4180 de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007, 665 de 2008, 1047 de 2011, 875 de 2012, 1035 de 2013, 205 de 2014; vii) artículo 16 de los Decretos 730 de 2009, 1395 de 2010, 1087 de 2015 y 219 de 2016; viii) artículo 17 del Decreto 989 de 2017, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. En consecuencia, estarse a lo resuelto en la sentencia del 21 de septiembre de 2022, proferida por el Consejo de Estado, dentro del proceso11001-03-25-000-2018- 01101-00 (3974-2018). Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. Reconocer a la abogada Jessica Alejandra Poveda Rodríguez, quien se identifica con cédula de ciudadanía 107566433414 y Tarjeta Profesional 259322, como apoderada del Departamento Administrativo de la Función Pública. Cuarto. Reconocer al abogado Ferney Baquero Figueredo, quien se identifica con cédula de ciudadanía 1734507815 y Tarjeta Profesional 89728, como apoderado del Ministerio de Justicia y del Derecho. Quinto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2017-00923-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

5 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad
Radicación: 11001032500020170092300 (4875-2017)
Demandante: Sonia Barragán Lozano
Demandado: Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros

Temas: Prima Especial - Cosa juzgada

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________

1. Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad promovido por la señora Sonia Barragán Lozano contra la Nación -
Ministerios de Hacienda y Crédito Público, Justicia y Derecho, Departamento
Administrativo de la Función Pública (DAFP) y Fiscalía General de la Nación (FGN).

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

2. En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137
del CPACA,1 la señora Sonia Barragán Lozano solicitó que se anulen las siguientes
disposiciones, 2 proferidas por el Gobierno nacional, que anualmente fijaron el
régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la FGN: i) artículos 6
y 16 del Decreto 53 de 1993; ii) artículos 7 y 18 de los Decretos 108 de 1994 y 50
de 1998; iii) artículos 7 y 17 de los Decretos 49 de 1995, 108 de 1996, 52 de 1997,
38 de 1999; iv) artículos 8 y 17 de los Decretos 2743 de 2000 y 2729 de 2001; v)
artículos 7 y 16 del Decreto 685 de 2002; vi) artículo 15 de los Decretos 3549 de
2003, 4180 de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007, 665 de 2008, 1047
de 2011, 875 de 2012, 1035 de 2013, 205 de 2014; vii) artículo 16 de los Decretos
730 de 2009, 1395 de 2010, 1087 de 2015 y 219 de 2016; viii) artículo 17 del Decreto
989 de 2017.

1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
2 La demandante también elevó pretensiones tendientes a la anulación de actos particulares y el
restablecimiento del derecho, pero la demanda fue escindida con el fin de que los juzgados administrativos
conocieran de las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho.

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www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001032500020170092300 (4875-2017)
Demandante: Sonia Barragán Lozano

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

3. La demandante sostuvo que los actos acusados quebrantaron el preámbulo
y los artículos 2, 4, 6, 9, 13, 48, 53, 89, 93, 95, 122, 123, 150, 189, 209, 228 y 253
de la Constitución Política; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 14
del Convenio 95 de la OIT; 11, 13, 21, 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo;
4 del Protocolo de San Salvador; 1 a 4, 10 y 14 de la Ley 4 de 1992; 7 y 152 de la
Ley 270 de 1996.

4. Al desarrollar el concepto de violación, la parte actora planteó los siguientes
cargos:

i) El Gobierno nacional carece de competencia para disminuir la asignación
salarial de los servidores de la FGN. De ahí que no estaba facultado para
modificar o suprimir la prima especial previamente creada por el legislador; por el
contrario, dicho factor debía representar un incremento salarial.

ii) Las disposiciones enjuiciadas desconocieron el concepto de salario, la
naturaleza de las primas y vulneraron los derechos laborales, así como los
principios de progresividad y no regresividad, igualdad y favorabilidad.

iii) En concreto, los actos demandados restaron a la remuneración mensual el
30% de los efectos salariales para calcular las prestaciones sociales, es decir,
que entre los años 1992 y 2003 «se pagó prima especial con una disminución de
la asignación salarial mensual en un treinta por ciento (30%), no solo afectando
el ingreso mensual, sino todo lo prestacional que de ello depende».

iv) Los actos acusados transgredieron el ordenamiento superior, pues, al incluir
la prima especial en el salario básico, este último se redujo al 70%.

v) A partir del 2003, el Decreto 3549 de 2003 suprimió por completo el pago de
la prima especial.

1.2. Contestación de la demanda

5. El Ministerio de Justicia y del Derecho expresó que se encuentra configurada
la excepción de cosa juzgada en razón a que las normas demandadas fueron
anuladas por el Consejo de Estado en sentencias del 2002,3 2004,4 2005;5 20076 y
2022.7

3 Radicado 11001-03-25-000-1999-0031-00 (197-99).
4 Radicados 1100103250002001004301 (71201) y 1100103250002002017801 (353102).
5 Radicado 11001032500019971702101 (17021).
6 Radicado 11001032500020030011301 (47803).
7 Radicado 11001032500020180110100.

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Radicado: 11001032500020170092300 (4875-2017)
Demandante: Sonia Barragán Lozano

6. La FGN y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sostuvieron que se
presentó la excepción de cosa juzgada respecto de los decretos demandados que
fueron expedidos entre 1993 y 2002, pero que aquella figura no se extendía a las
normas expedidas con posterioridad, ya que el Gobierno nacional acató los
postulados de la Ley 4 de 1992.

7. El DAFP se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con
razonamientos análogos a los antes descritos y agregó:

i) Se evidencia caducidad del medio de control, ya que la actora no solo busca
la protección del ordenamiento superior, sino que persigue un interés subjetivo,
por ende, la demanda debió interponerse dentro de los 4 meses siguientes a la
publicación de los decretos demandados.

ii) En este caso se impartió un trámite inadecuado de la demanda, ya que «las
pretensiones de nulidad de los decretos salariales demandados se encamina al
restablecimiento automático de los derechos laborales de la accionante y no a la
protección del orden jurídico en abstracto, lo cual debió forzar el trámite de todas
las pretensiones bajo la misma cuerda y a través de la acción de nulidad y
restablecimiento».

iii) Se configura la cosa juzgada respecto a la declaratoria de nulidad del artículo
6 del Decreto 53 de 1993; el artículo 7 de los Decretos 108 de 1994, 49 de 1995,
108 de 1996, 52 de 1997, 50 de 1998, 38 de 1999 y 685 de 2002; y el artículo 8
de los Decretos 2743 de 2000 y 2729 de 2001.

II. TRÁMITE EN ÚNICA INSTANCIA

2.1. Impedimentos, admisión, remisión de los conjueces y sentencia
anticipada

8. Por autos del 14 de octubre de 2021 y 29 de abril de 2022, se aceptó el
impedimento manifestado por los magistrados integrantes de las Subsecciones A y
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado para conocer del asunto y se
ordenó el sorteo de conjueces para continuar su trámite.

9. Mediante auto del 28 de septiembre de 2022, se dispuso: i) escindir la
demanda para que las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho
fueran conocidas por los Juzgados Administrativos de Cali; y ii) admitir la demanda
de simple nulidad contra los decretos expedidos por el Gobierno nacional. Esta
decisión fue corregida y confirmada en sede de reposición, a través de auto del 6
de agosto de 2024.

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Radicado: 11001032500020170092300 (4875-2017)
Demandante: Sonia Barragán Lozano

10. Mediante auto del 31 de marzo de 2025, la conjuez Clara Elisa Cifuentes
Ortiz remitió el proceso de la referencia a este despacho, en aplicación del artículo
116 del CPACA, ya que se reconformó la Sala de la Sección Segunda. Además,
porque dicha sala ha negado «el impedimento manifestado por Magistrados de
Tribunales Administrativos en asuntos como el que ocupa este proceso, o con
inescindible relación con el mismo, lo cual permite inferir que se impone estudiar el
fenómeno de desplazamiento de los conjueces».

11. Por auto del 10 de octubre de 2025, el despacho ponente evidenció la
posibilidad de emitir sentencia anticipada dentro del sub lite, en los términos del
artículo 182A del CPACA. En consecuencia, se dispuso: a) avocar conocimiento del
asunto; b) negar la solicitud de acumulación de procesos solicitada por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público; c) negar las excepciones de trámite inadecuado de
la demanda y caducidad; d) diferir, para el momento de dictar la sentencia
correspondiente, la resolución de la excepción de cosa juzgada; e) prescindir de las
audiencias inicial y de pruebas, previstas en los artículos 180 y 181 del CPACA; f)
resolver sobre las pruebas aportadas y solicitadas; g) fijar el litigio; h) correr traslado
a las partes y al Ministerio Público para presentar alegatos de conclusión y
concepto, respectivamente.

2.2. Alegatos de conclusión

12. El DAFP y el Ministerio de Justicia y del Derecho expresaron que se presenta
el fenómeno de la cosa juzgada, ya que las disposiciones demandadas fueron
anuladas por el Consejo de Estado, mediante sentencia del 21 de septiembre de
2022.8

2.3. Ministerio Público

13. El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

14. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

3.1. Presentación del caso - Problema jurídico

15. Conforme se anunció en el auto que dispuso el trámite de sentencia
anticipada, la Sala verificará si en el presente caso se configuró la excepción de
cosa juzgada.

8 Radicado 11001032500020180110100 (3974-2018).

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Radicado: 11001032500020170092300 (4875-2017)
Demandante: Sonia Barragán Lozano

16. Al respecto, el artículo 189 del CPACA dispone que la sentencia que declare
la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada
erga omnes, es decir, que será oponible a todos y no podrá realizarse un nuevo
pronunciamiento del acto que judicialmente fue retirado del ordenamiento jurídico.9

17. Ahora bien, el Consejo de Estado, mediante sentencia del 21 de septiembre
de 2022,10 anuló las disposiciones que son objeto de demandada en el presente
proceso, con fundamento en los siguientes razonamientos:

i) A partir de la expedición de la Ley 476 de 1998 los servidores de la Fiscalía
General de la Nación que se acogieron al régimen salarial consagrado en el
Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen
derecho a la prima especial de servicios como un incremento de la asignación
básica, no como parte de esta, sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

ii) Las disposiciones demandadas violaron las normas superiores en que
debían fundarse, en tanto que la prima especial debe constituir un incremento de
la asignación y no ser imputada como parte de esta. «Y, en el mismo sentido, la
base para liquidar las prestaciones sociales no puede ser el salario básico
reducido en un 30%, sino el 100% del salario básico».11

iii) Los decretos demandados desconocieron el ordenamiento superior y que la
dignidad de la persona es el objetivo esencial del Estado social de derecho, en
particular la dignidad del funcionario público a quien debe respetarse su trabajo,
el salario y la liquidación razonable de sus prestaciones sociales, «evitando
integración de rubros para reconocer y pagar un salario o unas prestaciones
sociales inferiores»,12 pues ello desconocería los principios de favorabilidad del
empleado y progresividad salarial.

iv) El hecho de desaparecer del mundo jurídico los decretos enjuiciados no
implica que se extinga la prima especial allí contenida; por el contrario, «sigue
vigente, pero en los términos establecidos de esta sentencia».13

18. Así las cosas, la Sala declarará probada la excepción de cosa juzgada,
conforme lo expuesto previamente, sin que sea procedente analizar de fondo los
cargos de nulidad propuestos en la demanda.

9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 31 de julio de 2025, radicado 11001-03-

25-000-2017-00937-00 (4889-2017).
10 Radicado 11001-03-25-000-2018-01101 00 (3974-2018).
11
Consejo de Estado, sentencia del 21 de septiembre de 2022, radicado 11001-03-25-000-2018-01101-00
(3974-2018).
12 Consejo de Estado, sentencia del 21 de septiembre de 2022, radicado 11001-03-25-000-2018-01101-00

(3974-2018).
13 Consejo de Estado, sentencia del 21 de septiembre de 2022, radicado 11001-03-25-000-2018-01101-00

(3974-2018).

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Radicado: 11001032500020170092300 (4875-2017)
Demandante: Sonia Barragán Lozano

3.2. Condena en costas

19. En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que
se ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.

20. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero. Declarar probada la excepción de cosa juzgada respecto de las
pretensiones de nulidad de las siguientes disposiciones: i) artículos 6 y 16 del
Decreto 53 de 1993; ii) artículos 7 y 18 de los Decretos 108 de 1994 y 50 de 1998;
iii) artículos 7 y 17 de los Decretos 49 de 1995, 108 de 1996, 52 de 1997, 38 de
1999; iv) artículos 8 y 17 de los Decretos 2743 de 2000 y 2729 de 2001; v) artículos
7 y 16 del Decreto 685 de 2002; vi) artículo 15 de los Decretos 3549 de 2003, 4180
de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007, 665 de 2008, 1047 de 2011, 875
de 2012, 1035 de 2013, 205 de 2014; vii) artículo 16 de los Decretos 730 de 2009,
1395 de 2010, 1087 de 2015 y 219 de 2016; viii) artículo 17 del Decreto 989 de
2017, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. En
consecuencia, estarse a lo resuelto en la sentencia del 21 de septiembre de 2022,
proferida por el Consejo de Estado, dentro del proceso11001-03-25-000-2018-
01101-00 (3974-2018).

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Reconocer a la abogada Jessica Alejandra Poveda Rodríguez, quien se
identifica con cédula de ciudadanía 107566433414 y Tarjeta Profesional 259322,
como apoderada del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Cuarto. Reconocer al abogado Ferney Baquero Figueredo, quien se identifica con
cédula de ciudadanía 1734507815 y Tarjeta Profesional 89728, como apoderado del
Ministerio de Justicia y del Derecho.

Quinto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las
anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

14 Certificado de Vigencia 1640937.
15 Certificado de Vigencia 1640953.

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Radicado: 11001032500020170092300 (4875-2017)
Demandante: Sonia Barragán Lozano

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley y el art. 186 del CPACA.

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