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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00753-00

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00753-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Declarar probada, de oficio, la excepción de cosa juzgada frente al artículo 1 del Decreto 1668 de 2016 en lo que respecta a la modificación realizada al inciso segundo del artículo 2.2.1.6.2.4 del Decreto 1072 de 2015, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. En consecuencia, estarse a lo resuelto en la sentencia del 29 de abril de 2026, proferida por el Consejo de Estado, dentro del proceso 11001-03-24-000-2017-00170-00 (5088-2018). Segundo. Negar las demás pretensiones de la demanda, por las razones expresadas en las consideraciones de esta sentencia. Tercero. Sin condena en costas en esta instancia. Cuarto. Reconocer a la abogada Claudia Rocío Castro Ordóñez, quien se identifica con cédula de ciudadanía 36066405 y Tarjeta Profesional 122734, 11 como apoderada del Ministerio de Minas y Energía. Quinto. Reconocer al abogado Eleázar Falla López, quien se identifica con cédula de ciudadanía 6024015 y Tarjeta Profesional 99271, 12 como apoderado del Ministerio del Trabajo. Igualmente, se acepta la posterior renuncia presentada por el referido mandatario. Sexto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2017-00753-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

22 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad
Radicación: 11001032500020170075300 (3935-2017)
Demandante: Jesús Emiro Bohórquez Vidueñas
Demandados: Nación – Ministerio del Trabajo y otro

Temas: Acciones afirmativas – Mano de obra local

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________

1. Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad promovido por el señor Jesús Emiro Bohórquez Vidueñas contra la Nación
– Ministerios del Trabajo y de Minas y Energía.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

2. En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137
del CPACA, 1 el señor Jesús Emiro Bohórquez Vidueñas, actuando en nombre
propio, interpuso demanda en orden a que se anulen los artículos 2.2.1.6.2.4 y
2.2.1.6.2.5 del Decreto 1668 de 2016, expedido por el Gobierno nacional, «por el
cual se modifica la sección 2 del capítulo 6 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del
Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, referente
a la contratación de mano de obra local en municipios donde se desarrollen
proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, y el artículo 2.2.6.1.2.26.
del mismo decreto».

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

3. El demandante sostuvo que el acto acusado quebrantó los artículos 1, 13, 25
y 53 de la Constitución Política.

4. Al desarrollar el concepto de violación, el actor planteó los siguientes cargos:

1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-Ley 1437 de 2011.

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Radicado: 11001032500020170075300 (3935-2017)
Demandante: Jesús Emiro Bohórquez Vidueñas

i) El decreto parcialmente demandado reglamentó la contratación laboral para
suplir los cargos vacantes correspondientes a mano de obra no calificada con las
personas residentes en el área de influencia de los proyectos de exploración de
hidrocarburos, lo cual desconoce el principio de solidaridad y que el Estado
colombiano es una república unitaria, por ende, no pueden concentrarse los
beneficios o derechos sociales y laborales en una sola área del territorio.

ii) El decreto enjuiciado quebranta el derecho al trabajo y promueve una
situación de desigualdad por razón del origen de las personas o su lugar de
residencia. En efecto, privilegia una pequeña cantidad de personas concentradas
en determinada área y deja de lado a los restantes ciudadanos del país.

iii) El Gobierno nacional desconoció las garantías fundamentales del derecho al
trabajo, pues no brindó igualdad de oportunidades para desempeñarse en el
sector de hidrocarburos, lo cual también menoscaba la posibilidad de acceder a
una remuneración mínima, vital y móvil o afiliarse a una caja de compensación
familiar y al sistema seguridad social en salud y pensiones, entre otros beneficios
laborales que deben cobijar a todos los habitantes del territorio nacional.

1.2. Contestación de las demandas

5. Los Ministerios del Trabajo y de Minas y Energía se opusieron a las
pretensiones de la demanda con argumentos similares, los cuales se resumen, a
continuación:

i) Las actividades referentes a los hidrocarburos merecen un tratamiento
diferencial debido a su impacto en los territorios que en se desarrollan, los cuales
pueden ser positivos, pero vienen acompañados del incremento de la
conflictividad debido a la multiplicidad de actores y necesidades que se
encuentran en estas zonas.

ii) El acto acusado estuvo precedido de estudios en los cuales se evidenciaron
conflictos asociados a la explotación y producción de hidrocarburos, a saber: a)
intermediación laboral ilegal acompañada de vías de hecho como bloqueos al
espacio público y manifestaciones; b) alta demanda de la comunidad para
acceder a las vacantes; c) migración de ciudadanos a las áreas de influencia de
los proyectos, pues los salarios del sector de hidrocarburos son más altos, lo cual
genera una sobreoferta, aumenta las tasas de desempleo local y la conflictividad
social.

iii) La priorización de la mano de obra local buscó «disminuir la resistencia de
las comunidades, para que la Industria realizara sus actividades de exploración
y producción de Hidrocarburos y mitigar el desempleo y facilitar la inserción de la
población al mercado laboral de la región, así mismo devolver a las comunidades

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Demandante: Jesús Emiro Bohórquez Vidueñas

beneficios por las afectaciones por dichas actividades».

iv) La referida medida se erige en una acción afirmativa consecuente con el
derecho a la igualdad material, en los términos desarrollados por la Corte
Constitucional, bajo el entendido de que pueden hacerse diferenciaciones
razonables antes situaciones que ameriten dicho tratamiento.

v) El Ministerio de Minas y Energía propuso la excepción de inepta demanda.

II. TRÁMITE EN ÚNICA INSTANCIA

2.1. Admisión, acumulación procesal, medidas cautelares y sentencia
anticipada

6. Por auto del 14 de septiembre de 2020, se admitió la demanda.

7. Mediante auto del 26 de octubre de 2023, el despacho ponente evidenció la
posibilidad de emitir sentencia anticipada dentro del sub lite, en los términos del
artículo 182A del CPACA. En consecuencia, se dispuso: a) negar la excepción de
inepta demanda; b) prescindir de las audiencias inicial y de pruebas, previstas en
los artículos 180 y 181 del CPACA; c) resolver sobre las pruebas aportadas y
solicitadas; d) fijar el litigio; e) correr traslado a las partes y al Ministerio Público para
presentar alegatos de conclusión y concepto, respectivamente.

2.2. Alegatos de conclusión

8. El Ministerio de Minas y Energía reiteró los argumentos expuestos en la
contestación de la demanda.

2.3. Ministerio Público

9. El agente del Ministerio Público no rindió concepto

10. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

3.1. Problema jurídico

11. Le corresponde a la Sala determinar si el Decreto 1668 de 2016, parcialmente
demandado, quebrantó el ordenamiento superior, conforme a los cargos de nulidad
expuestos por el accionante.

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3.2. Texto del acto demandado

DECRETO 1668 DE 2016
(octubre 21)
[…]
Artículo 1°. Modificación de la Sección 2 del Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 2
del Libro 2 del Decreto número 1072 de 2015. La Sección 2 del Capítulo 6 del Título
1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1072 de 2015, quedará así:
[…]
Artículo 2.2.1.6.2.4. Priorización en la contratación de mano de obra local. La
totalidad de la mano de obra no calificada contratada para prestar sus servicios en
proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, en principio, será residente
en el área de influencia del proyecto de exploración y producción de hidrocarburos.

De otra parte, si la hubiere, por lo menos el treinta por ciento (30%) de la mano de
obra calificada contratada para prestar sus servicios en proyectos de exploración y
producción de hidrocarburos, será residente en el área de influencia del proyecto de
exploración y producción de hidrocarburos.

Parágrafo 1. En los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos que
inicien con posterioridad a la entrada en vigencia de las presentes medidas, cada uno
de los empleadores a que se refiere el artículo 2.2.1.6.2.2 del presente decreto,
calculará las vacantes que debe proveer con mano de obra local tomando como base
el número de personas que estima vincular al proyecto y con las contrataciones
laborales que realice cumplirá con lo previsto en el presente artículo.

Cuando el proyecto se encuentre en ejecución a la entrada en vigencia de las
presentes medidas, los empleadores calcularán las vacantes que deben proveer con
mano de obra local tomando como base el número de personas vinculadas al
proyecto y con cada nueva contratación laboral cumplirán progresivamente con lo
previsto en el presente artículo.

Parágrafo 2. Para efectos de calcular los porcentajes de contratación de mano de
obra se incluirán las vacantes de los cargos a que se refiere el parágrafo 3° del artículo
2.2.6.1.2.12 del presente decreto.

Artículo 2.2.1.6.2.5. Proceso de priorización de mano de obra local. El proceso
de priorización de contratación de mano de obra local se realizará a través de los
prestadores autorizados del Servicio Público de Empleo que tengan autorizada la
prestación presencial en el municipio donde se desarrolle el proyecto.

La oferta de vacantes se realizará en el siguiente orden de priorización:

1. En el municipio o municipios que correspondan al área de influencia del proyecto.

2. En los municipios que limiten con aquel o aquellos que conforman el área de
influencia del proyecto.

3. En los demás municipios del departamento o departamentos donde se encuentre
el área de influencia del proyecto.

4. En el ámbito nacional.

Para poder avanzar del primer nivel de priorización, será necesario que los
prestadores encargados de la gestión de las vacantes certifiquen la ausencia de

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oferentes inscritos que cumplan el perfil requerido. Para tal efecto, se observarán las
estandarizaciones ocupacionales adoptadas por el Ministerio del Trabajo.

Parágrafo. Para efectos del presente artículo el empleador registrará sus vacantes
por lo menos con las agencias públicas de gestión y colocación de empleo y las
constituidas por Cajas de Compensación Familiar que tengan competencia en el
municipio donde se desarrolle el proyecto, sin perjuicio de su facultad de acudir a los
demás prestadores autorizados en el territorio.

3.3. El caso concreto. Análisis de los cargos de nulidad

3.3.1. Cosa Juzgada

12. El demandante solicitó la anulación de los artículos 2.2.1.6.2.4 y 2.2.1.6.2.5
del Decreto 1668 de 2016; sin embargo, dicha solicitud en estricto rigor corresponde
al artículo 1 ibidem, el cual modificó los referidos artículos del Decreto 1072 de 2015.

13. Una vez aclarado lo anterior, la Sala advierte, de oficio, que en el sub lite se
configura la excepción de cosa juzgada respecto del artículo 1 del Decreto 1668 de
2016 en lo que respecta a la modificación realizada al inciso segundo del artículo
2.2.1.6.2.4 del Decreto 1072 de 2015.

14. En efecto, el artículo 189 del CPACA dispone que la sentencia que declare
la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada
erga omnes, es decir, que será oponible a todos y no podrá realizarse un nuevo
pronunciamiento del acto que judicialmente fue retirado del ordenamiento jurídico.2

15. Ahora bien, mediante sentencia del 29 de abril de 2026, esta Subsección
anuló el referido aparte, por las siguientes razones:3

En esas condiciones, la disposición acusada no se limitó a precisar los términos
necesarios para la ejecución de la ley, sino que extendió su alcance a supuestos no
contemplados por el legislador, al convertir una habilitación prevista para acreditar
la residencia de quienes aspiraran a realizar labores de mano de obra no calificada
en una regla general aplicable a cualquier tipo función.

En igual sentido, el inciso segundo del artículo 3 del Decreto 2089 de 2014 y el inciso
segundo del artículo 2.2.1.6.2.4 del Decreto 1072 de 2015, modificado por el
Decreto 1668 de 2016, dispusieron que, cuando existiere mano de obra calificada,
como mínimo el treinta por ciento (30 %) de esta debía ser residente del municipio
o del área de influencia del proyecto.

Mediante esas disposiciones se introdujo una medida de priorización en favor de la
mano de obra calificada que carece de respaldo en la norma habilitante y, por ende,
constituye una extralimitación de la facultad reglamentaria.

2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 31 de julio de 2025, radicado 11001-03-

25-000-2017-00937-00 (4889-2017).
3 Radicado 11001-03-24-000-2017-00170-00 (5088-2018).

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En efecto, el Gobierno nacional al extender la priorización del empleo local a la mano
de obra calificada, desbordó su facultad reglamentaria, pues la ley solo estableció
esta política pública en favor de la mano de obra no calificada. Es decir, si la ley
creó una política en favor de un grupo determinado de trabajadores, el decreto
reglamentario no puede extender esa política a otro grupo o segmento de la
población.

Por consiguiente, la Sala declarará la nulidad del inciso segundo del artículo 3 del
Decreto 2089 de 2014, del numeral 4 del artículo 2.2.1.6.2.3 y del inciso segundo
del artículo 2.2.1.6.2.4 del Decreto 1072 de 2015, modificado por el Decreto 1668
de 2016, por cuanto el Gobierno nacional extralimitó la potestad reglamentaria al
extender a la mano de obra calificada una medida de priorización que el legislador
previó exclusivamente para la mano de obra no calificada y al disponer además que
la certificación de residencia operaba sin importar el tipo de vacante al que se
aspirara.

16. En este orden de ideas, la Sala se estará a lo resuelto en la anterior
providencia, que extrajo del ordenamiento el artículo 1 del Decreto 1668 de 2016 en
lo que respecta a la modificación realizada al inciso segundo del artículo 2.2.1.6.2.4
del Decreto 1072 de 2015.

3.3.2. Medidas afirmativas en el ámbito laboral

17. En síntesis, el demandante reprochó que el Decreto 1668 de 2016 vulneró la
organización del Estado colombiano como república unitaria, así como el principio
de solidaridad y los derechos a la igualdad y el trabajo con todas sus garantías, ya
que privilegió la contratación laboral de las personas residentes en el área de
influencia de los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos

18. Teniendo en cuenta que esta Subsección declaró la nulidad de las medidas
tendientes a privilegiar la mano de obra calificada de las zonas en las que se
ejecuten dichos proyectos, la Sala se detendrá en el análisis de esa medida para la
mano de obra no calificada que está regulada en los apartes acusados y no fueron
anulados previamente.

19. Ahora bien, el Decreto 1668 de 2016 reglamentó, entre otras disposiciones,
el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de
2012, cuyo tenor es el siguiente:

Artículo 91. Funciones. Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la
Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por
el Presidente de la República o gobernador respectivo.

Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes:

f) Con relación con la Prosperidad Integral de su región:
[…]
6. Expedir la certificación para acreditar residencia a aquellas personas que residen
en el territorio del área de influencia de los proyectos de exploración y explotación

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petrolera y minera en general, y que aspiren acceder a labores como mano de obra
no calificada. Los alcaldes expedirán dichos certificados con base en los registros
electorales o del Sisbén, así como en los registros de afiliados de las Juntas de Acción
Comunal.

En caso de que no se encuentre mano de obra no calificada en el área de influencia,
se podrá contratar mano de obra de los territorios municipales vecinos.

Las Juntas de Acción Comunal, por conducto de sus afiliados, podrán constituir
veedurías para verificar que la mano de obra no calificada pertenezca al área de
influencia.

20. Por su parte, el artículo 1 del Decreto 1668 de 2016, modificó los artículos
2.2.1.6.2.4 y 2.2.1.6.2.5 del Decreto 1072 de 2015 con miras a que la totalidad de
la mano de obra no calificada contratada para prestar sus servicios en proyectos de
exploración y producción de hidrocarburos, en principio, fuera residente en el área
de influencia del proyecto de exploración y producción de hidrocarburos.

21. Dicha determinación resulta consecuente con el mandato de la Ley 1551 de
2012, antes citada, pues expresamente estableció una medida afirmativa tendiente
a privilegiar la contratación laboral de las personas residentes en el área de
influencia de dichos proyectos para ocupar las vacantes que requirieran mano de
obra no calificada.

22. A su vez esta Subsección tuvo oportunidad de estudiar dicho criterio de
focalización y concluyó:4

[…] la focalización es un instrumento que permite que ciertas medidas que se
concibieron para beneficiar a grupos específicos, lleguen efectivamente a estas
personas. De esa manera «[…] se garantiza que el gasto social se asigne a los grupos
de población más pobre y vulnerable»5.

Los programas que desarrollan políticas públicas en el sector trabajo no son ajenos a
la implementación de aquel instrumento. En efecto, según se indicó, entre los
propósitos del Sistema de Gestión del Empleo se encuentra el de focalizar
medidas que promuevan la empleabilidad, de manera que se contribuya al
mejoramiento de la calidad de vida y a la disminución de la vulnerabilidad.

Uno de los sectores en que se ha utilizado esta herramienta es el de hidrocarburos.
Sobre el particular, el artículo 91 (literal f. numeral 6) de la Ley 136 de 1994 6 ,
modificado por el 29 de la Ley 1551 de 2012, dispuso que, en los proyectos de
exploración y explotación petrolera y minera, la mano de obra no calificada debía
contratarse con personas residentes en el territorio o área de influencia en que se
desarrollen y, solo cuando no se encuentre allí, es posible acudir a contrataciones en
territorios municipales vecinos. Para tales efectos, la norma prevé que una de las
funciones que deben ejercer los alcaldes para promover la prosperidad integral de su
región consiste en expedir la certificación que acredite la residencia con tales fines.

4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de noviembre de 2021, radicado 11001-03-25-000-

2019-00763-00 (5728-19).
5 Artículo 94 de la Ley 715 de 2001, modificado por el artículo 24 de la Ley 1176 de 2007.
6 «Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios».

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[…]
Estas son reglas generales que pueden exceptuarse en los casos en que sea
imposible cumplir los porcentajes exigidos porque la oferta laboral (i) no satisface los
perfiles requeridos por el empleador o (ii) no es suficiente para cubrir la
demanda de personal. En esos eventos, el empleador tiene la posibilidad de acudir,
como primera medida, a la mano de obra en municipios aledaños y, subsidiariamente,
a la oferta del ámbito nacional para cubrir las vacantes que hagan falta7.
[…]
Como puede observarse, el Decreto 2089 de 2014 adoptó un instrumento de
focalización geográfica en materia de empleabilidad, por medio del cual se garantiza
la protección del cesante, al tiempo que se propende por que los beneficios
generados con las actividades de exploración y producción de hidrocarburos
impacten de manera efectiva a las comunidades de los territorios en que se
desarrollan, según las tres hipótesis definidas en él. Lo anterior, favorece el control
del fenómeno migratorio en materia laboral y permite la reducción de la pobreza,
promoviendo la prosperidad de las regiones que se dedican a explotar estos
recursos no renovables. [Resalta la Sala].

23. En la anterior providencia, se enfatizó en la importancia de las medidas de
focalización para lograr mayor equidad en la distribución de los recursos y el acceso
a las oportunidades, bienes y servicios. Además, se concluyó que dicha herramienta
era transversal a múltiples políticas públicas, incluyendo las que atañen a asuntos
laborales.

24. Bajo esta línea de intelección, se concluye que la Ley 1551 de 2012
estableció una medida afirmativa para la contratación de la mano de obra local no
calificada en las zonas en que se desarrollen proyectos de exploración y explotación
de hidrocarburos y ese mandato fue replicado por el Decreto 1668 de 2016,
demandado parcialmente.

25. En tal sentido, esta Subsección, en la sentencia que anuló el artículo 1 del
Decreto 1668 de 2016 en lo que respecta a la modificación realizada al inciso
segundo del artículo 2.2.1.6.2.4 del Decreto 1072 de 2015, aclaró que el Gobierno
nacional excedió la facultad reglamentaria, ya que la Ley 1551 de 2012 reguló
exclusivamente la mano de obra no calificada por lo que no podía extenderse a la
calificada. Textualmente, se explicó: 8

El artículo de la ley en cuestión regula dos asuntos [artículo 29 de la Ley 1551 de
2012]. El primero de ellos, constituye una habilitación a los alcaldes para expedir
certificaciones de residencia a quienes aspiren a acceder a labores en el área de
influencia de proyectos de exploración y explotación petrolera y minera. La segunda
parte de la disposición fija una directriz o política pública de priorización en favor de
la mano de obra no calificada residente en los municipios. […]

[…] En efecto, la segunda parte de esa disposición establece una directriz o política
pública de alcance más preciso, esto es, la protección del empleo local no
formal. Lo anterior se colige porque la norma señala que en caso de que no se
encuentre mano de obra no calificada en el área de influencia, se podrá contratar

7 Artículo 3, parágrafo 2, del Decreto 2089 de 2014.
8 Radicado 11001-03-24-000-2017-00170-00 (5088-2018).

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mano de obra de los territorios municipales vecinos.

Esta previsión, al interpretarse de forma sistemática con el inciso siguiente, que
faculta a las juntas de acción comunal para verificar que la mano de obra no calificada
pertenezca al área de influencia, evidencia que la política pública de priorización
diseñada por el legislador buscaba promover el empleo local de mano de obra
de esa naturaleza.

En este sentido, la función del alcalde de expedir el certificado de residencia tiene
como finalidad la materialización de la política pública en favor de la mano de obra no
calificada en el área de influencia de los proyectos de exploración y explotación
petrolera y minera.
[…]
Como se explicó el certificado de residencia fue establecido únicamente para
plasmar y volver operativa la política pública en favor de la mano de obra local
no calificada. [Resalta la Sala].

26. Así las cosas, la Ley 1551 de 2012 estableció una política pública en materia
de empleo, específicamente adoptó acciones afirmativas para la población
residente en las áreas de influencia de los proyectos de exploración y explotación
de hidrocarburos. Esta determinación promueve el derecho fundamental a la
igualdad material, 9 pues se trata de «instrumentos diferenciales diseñados para
asegurar la satisfacción de bienes y servicios en una sociedad caracterizada por la
escasez».10

27. Entonces, como el artículo 1 del Decreto 1668 de 2016, parcialmente
demandado, se limitó a reiterar dicho criterio de focalización para la mano de obra
no calificada, deben negarse las pretensiones de la demanda encaminadas a que
se declarara la nulidad de tal medida.

28. Por último, no se harán análisis adicionales frente a los demás apartes del
artículo 1 del Decreto 1668 de 2016, que modificó los artículos 2.2.1.6.2.5 y
2.2.1.6.2.5 del Decreto 1072 de 2015, porque los argumentos del actor se centraron
exclusivamente en la medida de priorización de la mano de obra local no calificada,
la cual se encuentra ajustada a derecho, por las razones antes expuestas.

3.4. Condena en costas

4. En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que
se ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.

5. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre

9 El concepto de igualdad material se ha desarrollado en clave de «la consagración de medidas que, primero reconocen la

diferencia, y posteriormente buscan equiparar, compensar, remediar o corregir situaciones para que la igualdad entre las
personas sea real (artículo 13 de la Carta)». Sentencia C-932 de 2007.
10 Corte Constitucional, T-500 de 2002. M.P. Dr. Eduardo Montealegre Lynett.

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Radicado: 11001032500020170075300 (3935-2017)
Demandante: Jesús Emiro Bohórquez Vidueñas

de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero. Declarar probada, de oficio, la excepción de cosa juzgada frente al
artículo 1 del Decreto 1668 de 2016 en lo que respecta a la modificación realizada
al inciso segundo del artículo 2.2.1.6.2.4 del Decreto 1072 de 2015, en atención a
lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. En consecuencia, estarse a lo
resuelto en la sentencia del 29 de abril de 2026, proferida por el Consejo de Estado,
dentro del proceso 11001-03-24-000-2017-00170-00 (5088-2018).

Segundo. Negar las demás pretensiones de la demanda, por las razones
expresadas en las consideraciones de esta sentencia.

Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto. Reconocer a la abogada Claudia Rocío Castro Ordóñez, quien se identifica
con cédula de ciudadanía 36066405 y Tarjeta Profesional 122734, 11 como
apoderada del Ministerio de Minas y Energía.

Quinto. Reconocer al abogado Eleázar Falla López, quien se identifica con cédula
de ciudadanía 6024015 y Tarjeta Profesional 99271, 12 como apoderado del
Ministerio del Trabajo. Igualmente, se acepta la posterior renuncia presentada por
el referido mandatario.

Sexto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las
anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la
gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

11 Certificado de vigencia 556888.
12 Certificado de Vigencia 556866.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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