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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-24-000-2017-00170-00

Fecha
29 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-24-000-2017-00170-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. DECLARAR NO PROBADA la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por el Ministerio de Minas y Energía. SEGUNDO. DECLARAR LA NULIDAD del inciso segundo del artículo 3 del Decreto 2089 de 2014. TERCERO. DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL del artículo 1 del Decreto 1668 de 2016 en lo que respecta a la modificación realizada al numeral 4 del artículo 2.2.1.6.2.3 y al inciso segundo del artículo 2.2.1.6.2.4 del Decreto 1072 de 2015 CUARTO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda. QUINTO. NO CONDENAR en costas en el presente proceso. SEXTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y ARCHIVAR el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-24-000-2017-00170-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

29 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-24-000-2017-00170-00 (5088-2018)
Demandante: Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos – ACIPET
Demandados: Nación – Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social y
Ministerio de Minas y Energía

Temas: Extralimitación de la facultad reglamentaria del Gobierno
nacional. Legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de
Minas y Energía.
Decisión: Declara no probada excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva. Accede a las pretensiones de la demanda al
declarar la nulidad del inciso segundo del artículo 3 del Decreto
2089 de 2014, del numeral 4 del artículo 2.2.1.6.2.3 y del inciso
segundo del artículo 2.2.1.6.2.4 del Decreto 1072 de 2015,
modificado por el Decreto 1668 de 2016.

La Sala decide la demanda de nulidad interpuesta contra el artículo 3, inciso
segundo, del Decreto 2089 de 20141, así como de los artículos 2.2.1.6.2.3, numeral
4, y 2.2.1.6.2.4, inciso 2, del Decreto 1072 de 20152, modificados por el Decreto
1668 de 20163.

I. ANTECEDENTES

Demandada

1. La Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (en adelante,
ACIPET) solicitó la nulidad de las siguientes disposiciones:

Decreto 2089 de 2014 Artículo 3. Priorización de recurso humano local. […]

1 «Por el cual se adoptan medidas especiales para garantizar la vinculación de mano de obra local

a proyectos de exploración y producción de hidrocarburos».
2 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo».
3 «Por el cual se modifica la sección 2 del capítulo 6 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto

1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, referente a la contratación de mano
de obra local en municipios donde se desarrollen proyectos de exploración y producción de
hidrocarburos, y el artículo 2.2.6.1.2.26. del mismo decreto».

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Demandante: Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos –
ACIPET

De igual forma, y cuando existiere mano de obra calificada, como mínimo el treinta
por ciento (30 %) de esta deberá ser residente del municipio en que se encuentre el
proyecto.
[…].

Decreto 1072 de 2015. Artículo 2.2.1.6.2.3. Definiciones. Para efectos de
interpretar y aplicar la presente sección se establecen las siguientes definiciones: […]

4. Mano de obra local: solo se considerará como mano de obra local, sin importar el
tipo de vacante al que aspire, la persona que acredite su residencia con el certificado
expedido por la alcaldía municipal, de conformidad con lo previsto en el numeral 6.º
del literal f) del artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la
Ley 1551 de 2012.

Decreto 1072 de 2015. Artículo 2.2.1.6.2.4. Priorización en la contratación de
mano de obra local. […]

De otra parte, si la hubiere, por lo menos el treinta por ciento (30 %) de la mano de
obra calificada contratada para prestar sus servicios en proyectos de exploración y
producción de hidrocarburos será residente en el área de influencia del proyecto de
exploración y producción de hidrocarburos.

2. La parte actora, como pretensiones principales, solicitó declarar (i) la nulidad
de las disposiciones antes transcritas y (ii) declarar la pérdida de ejecutoriedad de
las normas, procedimientos y actuaciones administrativas del orden territorial que
reprodujeran o incorporaran tales disposiciones o que exigieran requisitos de
residencia distintos de los previstos en el artículo 91 de la Ley 136 de 1994,
modificado por la Ley 1551 de 2012. De manera subsidiaria, pidió excluir a la
profesión de ingeniero de petróleos del ámbito de aplicación de las disposiciones
acusadas.

3. La ACIPET afirmó que el Gobierno nacional extralimitó su potestad
reglamentaria, prevista en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política,
al extender a la mano de obra calificada una regulación que, en su criterio, el
legislador previó exclusivamente para la mano de obra no calificada.

4. Explicó que el numeral 6 del literal f) del artículo 91 de la Ley 136 de 1994,
modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, habilitó a los alcaldes para
expedir certificaciones de residencia únicamente a quienes aspiraran a labores
como mano de obra no calificada en el área de influencia de proyectos de
exploración y explotación petrolera y minera. No obstante, indicó que el inciso
segundo del artículo 3 del Decreto 2089 de 2014 y el inciso segundo del artículo
2.2.1.6.2.4 del Decreto 1072 de 2015, modificado por el Decreto 1668 de 2016,
extendieron esa medida a la mano de obra calificada, dentro de la cual quedó
comprendida la profesión de ingeniero de petróleos.

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5. Añadió que esa misma extralimitación se reflejó en el numeral 4 del artículo
2.2.1.6.2.3 del Decreto 1072 de 2015, modificado por el Decreto 1668 de 2016, al
definir como mano de obra local, sin importar el tipo de vacante al que se aspirara,
a quien acreditara su residencia mediante certificación expedida por la alcaldía
municipal, con apoyo en una disposición legal que, a su juicio, solo regulaba la
mano de obra no calificada.

6. Sostuvo además que las disposiciones acusadas vulneraron el inciso 1 del
artículo 26 de la Constitución Política, al introducir por vía reglamentaria una
exigencia adicional para que los ingenieros de petróleos pudieran acceder al
empleo en el sector, consistente en acreditar residencia en el área de influencia del
proyecto, lo que en esencia constituye un título de idoneidad de reserva legal.

7. Adicionalmente, señaló que los decretos demandados desconocieron la Ley
20 de 1984, al expedirse sin consultar a ACIPET como Cuerpo Técnico Consultivo
del Gobierno Nacional en materias laborales relacionadas con la ingeniería de
petróleos, ni al Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos, pese a que dicha
ley les otorgó expresamente esas funciones.

8. También aseguró que se configuró el cargo de falsa motivación por cuanto
los considerandos sexto y séptimo del Decreto 2089 de 2014, y el considerando
tercero del Decreto 1668 de 2016, se apoyaron en una interpretación errónea del
numeral 6 del literal f) del artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por la Ley
1551 de 2012, al presentar como fundamento de las medidas de priorización y
certificación de residencia una disposición que no autorizaba su extensión a la
mano de obra calificada.

9. Finalmente, mencionó que el Gobierno nacional omitió solicitar concepto
previo a ACIPET, por su condición de cuerpo técnico consultivo en asuntos
relacionados con la ingeniería de petróleos, así como observar el deber de
publicidad previsto en el artículo 8 del CPACA; y tampoco requirió el concepto de
la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC), pese a la eventual
incidencia de la regulación en la libre competencia.

Contestaciones de la demanda

10. El Ministerio de Minas y Energía se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda argumentando, en primer lugar, que el medio de
control de simple nulidad era improcedente, pues lo que realmente pretendía la
demandante era obtener el cumplimiento de ciertas normas por parte de los entes
territoriales, específicamente, que no se incluyera a la mano de obra calificada en
los parámetros de contratación y certificación de residencia. Por tal razón, esa
pretensión correspondía a una acción de cumplimiento y no a una nulidad simple.

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11. Igualmente, alegó que carecía de legitimación en la causa por pasiva, dado
que las normas demandadas fueron expedidas por el Ministerio del Trabajo y de la
Seguridad Social mediante el Decreto Único del Sector Trabajo (Decreto 1072 de
2015), y que su entidad solo tenía competencia para acatarlas. Con apoyo en
jurisprudencia del Consejo de Estado, señaló que quien no participa en la
producción del acto administrativo demandado no puede ser llamado a responder .

12. Por último, agregó que la demanda carecía de objeto debido a que las
normas demandadas fueron derogadas en su integridad por el artículo 3.1.1. del
Decreto 1072 de 2015.

13. El Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social solicitó negar las
pretensiones de la demanda. En sustento, indicó que el presidente de la República
ejerció legítimamente la potestad reglamentaria prevista en el numeral 11 del
artículo 189 de la Constitución Política. Precisó que el grado de reglamentación que
le corresponde al ejecutivo es inversamente proporcional al nivel de detalle con que
el legislador haya desarrollado la ley, por lo que existía un margen regulatorio que
fue ejercido dentro de los límites constitucionales.

14. Manifestó que los Decretos 2089 de 2014 y 1668 de 2016 reglamentaron
las Leyes 1636 de 2013 y 136 de 1994, esta última modificada por la Ley 1551 de
2012, con el fin de hacer operativa la priorización de la contratación de mano de
obra residente en las zonas donde se desarrollan proyectos de exploración y
producción de hidrocarburos. Sostuvo que la reglamentación era necesaria por las
condiciones sociales y económicas especiales de esos territorios, la naturaleza de
la industria y la necesidad de prevenir procesos migratorios que afectaran la
estabilidad social y económica.

15. También aclaró que las disposiciones demandadas no tenían incidencia
sobre la libre competencia económica en los mercados, pues los decretos acusados
reglamentaron las Leyes 1636 de 2013 y 1551 de 2012, cuyo objeto era la
protección al cesante y la modernización del funcionamiento de los municipios,
materias que no guardaban relación con la libre competencia en los términos del
artículo 7 de la Ley 1340 de 2009.

16. En esa misma línea, añadió que los ministerios ni los departamentos
administrativos, por regla general, están obligados a solicitar un concepto previo y/o
aval de la SIC para expedir su regulación, pues ejercen competencias
constitucionales y legales propias.

17. Frente al cargo de incumplimiento del deber de publicidad, señaló que
como parte del procedimiento de expedición de los actos administrativos
demandados existió publicación de los respectivos proyectos de decreto en la
página web del Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social, tanto del Decreto
2089 de 2014 como del Decreto 1668 de 2016, con lo cual el demandante no

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lograba desvirtuar la presunción de legalidad de que estaban revestidos los actos
acusados, pues estos fueron el resultado del cumplimiento del procedimiento
legalmente establecido.

18. Propuso como excepciones la inexistencia de violación de la Constitución
Política, al considerar que los decretos acusados constituían un desarrollo válido
de las disposiciones adoptadas por el legislador, reglamentadas por el ejecutivo en
ejercicio de una atribución constitucional propia; y la innominada, con fundamento
en el artículo 187 del CPACA.

Decisión de las excepciones previas

19. En providencia del 7 de octubre de 2021, se declaró no probada la
excepción de «improcedencia de la acción - Habérsele dado a la demanda el trámite
de un proceso diferente al que corresponde», propuesta por el Ministerio de Minas
y Energía y se difirió la resolución de la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva, alegada también por esa cartera, para el momento de dictar
sentencia.

Trámite de sentencia anticipada

20. Mediante auto del 31 de marzo de 2022 se dispuso el trámite de sentencia
anticipada, en los términos del artículo 182A del CPACA, al advertirse la
concurrencia de las causales previstas en los literales a), b) y c) del numeral 1 de
esa disposición. En consecuencia, se resolvió sobre el decreto de pruebas y se fijó
el litigio. Posteriormente, en providencia del 27 de julio de 2023, se corrió traslado
a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto.

Alegatos de conclusión

21. El Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social y el Ministerio de
Minas y Energía reiteraron los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda y solicitaron negar las pretensiones, al considerar que ninguna de las
causales de nulidad invocadas por la parte demandante se encontraba acreditada
y que, en consecuencia, debía mantenerse la presunción de legalidad de los actos
acusados.

22. La parte actora presentó alegatos de conclusión reiterando que el
Gobierno nacional se extralimitó en su potestad reglamentaria al expedir los
Decretos 2089 de 2014 y 1668 de 2016, por cuanto la Ley 1551 de 2012 únicamente
habilitó la certificación de residencia para mano de obra no calificada, sin que
ninguna interpretación gramatical, lógica o teleológica de dicha norma permitiera
extender sus efectos a la mano de obra calificada, como lo hicieron las
disposiciones demandadas.

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23. Asimismo, insistió en que las normas acusadas fueron expedidas con
infracción al artículo 26 de la Constitución Política, al imponer mediante potestad
reglamentaria un criterio de priorización del 30% para la mano de obra calificada
con base en la residencia, materia que por su naturaleza constituye un título de
idoneidad de reserva legal.

24. Agregó que el Decreto 1668 de 2016 fue expedido con violación al deber
de información al público previsto en el artículo 8, numeral 8, del CPACA, al no
haberse dado a conocer previamente el proyecto de regulación. En igual sentido,
señaló que las normas demandadas desconocieron la Ley 20 de 1984, al omitir la
consulta a ACIPET como Cuerpo Técnico Consultivo del Gobierno Nacional en
materias laborales relacionadas con la ingeniería de petróleos, así como al Consejo
Profesional de Ingeniería de Petróleos.

25. Finalmente, sostuvo que la expedición de los decretos acusados incumplió
el deber de obtener concepto previo de la Superintendencia de Industria y Comercio
sobre su incidencia en la libre competencia, conforme al Decreto 2897 de 2010, sin
que en los considerandos de dichos actos se dejara constancia de razón alguna
que justificara la excepción a dicho deber.

26. El Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó negar las
pretensiones de la demanda. En síntesis, sostuvo que las disposiciones acusadas
se ajustaban al ordenamiento jurídico por cuanto: (i) no se configuró extralimitación
de la potestad reglamentaria, pues la certificación de residencia para mano de obra
local en proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos encontraba
respaldo en la Ley 1551 de 2012; (ii) no se acreditó falsa motivación ni vulneración
del artículo 26 de la Constitución o del artículo 8, numeral 8 del CPACA, toda vez
que los actos acusados contaron con sustentación fáctica y jurídica ajustada a la
realidad y las diferencias en los procedimientos municipales de certificación
obedecieron al ejercicio autónomo de las competencias territoriales; y (iii) no era
exigible el concepto previo de la SIC, por cuanto la regulación cuestionada versaba
sobre asuntos laborales y no sobre libre competencia en los mercados.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

27. De conformidad con lo previsto en el artículo 149 del CPACA, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer en
única instancia de la nulidad de los actos administrativos expedidos por las
autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado
que cumplan funciones administrativas en el mismo orden.

Problemas jurídicos

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28. La Sala deberá resolver, en primer lugar, si el Ministerio de Minas y Energía
carece de legitimación en la causa por pasiva, pues, según lo alegó, los actos
administrativos demandados fueron expedidos por el Ministerio del Trabajo y de la
Seguridad Social y, por ende, no le son imputables.

29. Seguidamente, corresponde determinar si el Gobierno nacional en las
disposiciones normativas demandadas extralimitó su potestad reglamentaria al
extender a la mano de obra calificada una medida que el numeral 6 del literal f) del
artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de
2012, previó únicamente para la mano de obra no calificada.

30. A continuación, la Sala determinará si las disposiciones acusadas
incurrieron en el vicio de falsa motivación, por cuanto los considerandos sexto y
séptimo del Decreto 2089 de 2014 y el considerando tercero del Decreto 1668 de
2016 se apoyaron en una interpretación errónea del numeral 6 del literal f) del
artículo 91 de la Ley 136 de 1994 al presentar dicha disposición como fundamento
normativo suficiente para extender la certificación de residencia y la priorización en
la contratación a la mano de obra calificada.

31. Asimismo, se deberá examinar si las disposiciones acusadas fueron
expedidas con infracción de normas superiores, concretamente del artículo 26 de
la Constitución Política y de la Ley 20 de 1984, al introducir por vía reglamentaria
una exigencia de residencia que, en esencia, opera como un título de idoneidad de
reserva legal y al omitir consultar a ACIPET y al Consejo Profesional de Ingeniería
de Petróleos, pese al reconocimiento y a las funciones que esa ley les atribuyó en
materias relacionadas con dicha profesión.

32. A su vez, se estudiará si la expedición de los decretos acusados
desconoció el deber de publicidad previsto en el artículo 8, numeral 8 del CPACA,
al no haberse publicado previamente el proyecto de regulación para recibir
opiniones y sugerencias de la ciudadanía.

33. La Sala también determinará si era exigible el concepto previo de la SIC
sobre la incidencia de la regulación en la libre competencia económica, de
conformidad con el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 y el Decreto 2897 de 2010.

34. Finalmente, la Sala deberá establecer si hay lugar a declarar la pérdida de
ejecutoriedad de las normas, procedimientos y actuaciones administrativas del
orden territorial que reprodujeran o incorporaran las disposiciones acusadas, o que
exigieran requisitos de residencia distintos de los previstos en el artículo 91 de la
Ley 136 de 1994, modificado por la Ley 1551 de 2012; y, de manera subsidiaria, si
se debe excluir a la profesión de ingeniero de petróleos del ámbito de aplicación de
dichas disposiciones.

Análisis de los problemas jurídicos

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35. La Sala declarará no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por el Ministerio de Minas y Energía, al determinar su
participación en la expedición de los actos administrativos demandados y su
consecuente interés en las resultas del proceso.

36. Por otra parte, declarará la nulidad del inciso segundo del artículo 3 del
Decreto 2089 de 2014, del numeral 4 del artículo 2.2.1.6.2.3 y del inciso segundo
del artículo 2.2.1.6.2.4 del Decreto 1072 de 2015, modificado por el Decreto 1668
de 2016, porque el Gobierno nacional extralimitó la potestad reglamentaria al
extender a la mano de obra calificada una medida de priorización que el legislador
previó exclusivamente para la mano de obra no calificada y al disponer además que
la certificación de residencia operaba sin importar el tipo de vacante al que se
aspirara.

Legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Minas y Energía

37. El Ministerio de Minas y Energía propuso la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, con fundamento en que las disposiciones
acusadas fueron expedidas por la cartera de Trabajo y de la Seguridad Social.

38. En el medio de control de nulidad simple la legitimación en la causa por
pasiva recae sobre la autoridad o autoridades que expidieron el acto
administrativo cuya nulidad se pretende, en la medida en que esta acción tiene
carácter objetivo y persigue exclusivamente la preservación del principio de
legalidad.

39. En el caso concreto, tanto el Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social
como el Ministerio de Minas y Energía suscribieron los Decretos 2089 de 2014 y
1668 de 2016, que contienen las disposiciones acusadas. Lo anterior, por cuanto
la materia regulada tiene relación directa con las funciones de ambas carteras.

40. En esa medida, en los términos del artículo 115 de la Constitución Política
de 1991, el Gobierno nacional, en lo que concierne a la expedición de los actos
acusados, fue conformado por los dos ministerios y por ende ambas se
encuentran llamadas a responder por su juridicidad.

41. En consecuencia, se declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada por el Ministerio de Minas y Energía.

Extralimitación de la potestad reglamentaria

42. El numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política prevé que el
presidente de la República ejerce «la potestad reglamentaria, mediante la
expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida
ejecución de las leyes». Esta facultad, de carácter permanente y exclusivo, tiene
por objeto desarrollar y hacer operativas las disposiciones legales, esto es, que el

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carácter general, impersonal y abstracto de la ley pueda ser concretizado en reglas
y parámetros que permitan su adecuada ejecución.

43. En ese sentido, la potestad reglamentaria no habilita al Ejecutivo para crear,
modificar o derogar el contenido material de la ley, sino que se encuentra
estrictamente subordinada a esta, de modo que su ejercicio debe limitarse a
precisar los aspectos necesarios para su aplicación, sin desbordar el marco
normativo fijado por el legislador.

44. En esa línea, el Consejo de Estado ha precisado que el grado de amplitud
o detalle con que el legislador haya regulado un asunto determina el margen de
actuación del ejecutivo. Por ende, «ante menos cantidad de materia regulada en la
ley, existe un mayor campo de acción para el ejercicio de la potestad reglamentaria,
y viceversa. De hecho, el alcance de la potestad reglamentaria depende de la
valoración política que el Legislador haga de la materia que desarrolla pues puede
regular íntegramente una materia sin dejar margen alguna a la reglamentación, o
abstenerse de reglar algunos aspectos, que el Presidente la reglamente para su
debida aplicación»4.

45. De lo anterior se desprende que cuando el ejecutivo traspasa esos límites
e introduce regulación que el legislador no previó o que contradice lo que este
dispuso, incurre en una extralimitación de la potestad reglamentaria que vicia de
nulidad el acto expedido.

46. En ese marco, para determinar si el Gobierno nacional se extralimitó en el
ejercicio de su potestad reglamentaria, es necesario establecer el contenido y
alcance de la norma habilitante, esto es, el numeral 6 del literal f) del artículo 91 de
la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012. Al
respecto, se estima necesario poner de presente que esta disposición normativa
hace parte de la ley que regula el régimen municipal y en concreto es la que
establece las funciones de los alcaldes municipales.

47. El artículo de la ley en cuestión regula dos asuntos. El primero de ellos,
constituye una habilitación a los alcaldes para expedir certificaciones de residencia
a quienes aspiren a acceder a labores en el área de influencia de proyectos de
exploración y explotación petrolera y minera. La segunda parte de la disposición fija
una directriz o política pública de priorización en favor de la mano de obra no
calificada residente en los municipios. Al respecto se tiene:

Ley 136 de 1994. Artículo 91: Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la
Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por
el Presidente de la República o gobernador respectivo. Además de las funciones
anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes:

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 11 de

junio de 2020, radicado: 11001-03-24-000-2004-00343-01.

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[…]

Numeral 6, literal F: Expedir la certificación para acreditar residencia a aquellas
personas que residen en el territorio del área de influencia de los proyectos de
exploración y explotación petrolera y minera en general, y que aspiren acceder a
labores como mano de obra no calificada. Los alcaldes expedirán dichos certificados
con base en los registros electorales o del Sisbén, así como en los registros de
afiliados de las Juntas de Acción Comunal.

En caso de que no se encuentre mano de obra no calificada en el área de influencia,
se podrá contratar mano de obra de los territorios municipales vecinos.

Las Juntas de Acción Comunal, por conducto de sus afiliados, podrán constituir
veedurías para verificar que la mano de obra no calificada pertenezca al área de
influencia.

48. Desde una perspectiva gramatical, el primer inciso de la disposición en cita
faculta al alcalde para expedir certificaciones de residencia a quienes aspiren a
acceder a labores «como mano de obra no calificada». En ese contexto, el término
«como» empleado por el legislador pareciera tener un carácter enunciativo, no
restrictivo, de manera que la habilitación para certificar residencia no se limitaría
exclusivamente a la mano de obra no calificada, sino que podría extenderse a otros
tipos de mano de obra.

49. Sin embargo, esa conclusión sería aislada por cuanto pierde de vista la
proposición jurídica completa. En efecto, la segunda parte de esa disposición
establece una directriz o política pública de alcance más preciso, esto es, la
protección del empleo local no formal. Lo anterior se colige porque la norma señala
que en caso de que no se encuentre mano de obra no calificada en el área de
influencia, se podrá contratar mano de obra de los territorios municipales vecinos.

50. Esta previsión, al interpretarse de forma sistemática con el inciso siguiente,
que faculta a las juntas de acción comunal para verificar que la mano de obra no
calificada pertenezca al área de influencia, evidencia que la política pública de
priorización diseñada por el legislador buscaba promover el empleo local de mano
de obra de esa naturaleza.

51. En este sentido, la función del alcalde de expedir el certificado de residencia
tiene como finalidad la materialización de la política pública en favor de la mano de
obra no calificada en el área de influencia de los proyectos de exploración y
explotación petrolera y minera.

52. A partir de ese entendimiento, la Sala encuentra, en primer lugar, que el
numeral 4 del artículo 2.2.1.6.2.3 del Decreto 1072 de 2015 desbordó el alcance de
la norma reglamentada al definir como mano de obra local, sin importar el tipo de
vacante al que se aspire o función que se desempeñe, a quien acredite su
residencia en el municipio.

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53. Como se explicó el certificado de residencia fue establecido únicamente
para plasmar y volver operativa la política pública en favor de la mano de obra loca
no calificada.

54. En esas condiciones, la disposición acusada no se limitó a precisar los
términos necesarios para la ejecución de la ley, sino que extendió su alcance a
supuestos no contemplados por el legislador, al convertir una habilitación prevista
para acreditar la residencia de quienes aspiraran a realizar labores de mano de
obra no calificada en una regla general aplicable a cualquier tipo función.

55. En igual sentido, el inciso segundo del artículo 3 del Decreto 2089 de 2014
y el inciso segundo del artículo 2.2.1.6.2.4 del Decreto 1072 de 2015, modificado
por el Decreto 1668 de 2016, dispusieron que, cuando existiere mano de obra
calificada, como mínimo el treinta por ciento (30 %) de esta debía ser residente del
municipio o del área de influencia del proyecto.

56. Mediante esas disposiciones se introdujo una medida de priorización en
favor de la mano de obra calificada que carece de respaldo en la norma habilitante
y, por ende, constituye una extralimitación de la facultad reglamentaria.

57. En efecto, el Gobierno nacional al extender la priorización del empleo local
a la mano de obra calificada, desbordó su facultad reglamentaria, pues la ley solo
estableció esta política pública en favor de la mano de obra no calificada. Es decir,
si la ley creó una política en favor de un grupo determinado de trabajadores, el
decreto reglamentario no puede extender esa política a otro grupo o segmento de
la población.

58. Por consiguiente, la Sala declarará la nulidad del inciso segundo del artículo
3 del Decreto 2089 de 2014, del numeral 4 del artículo 2.2.1.6.2.3 y del inciso
segundo del artículo 2.2.1.6.2.4 del Decreto 1072 de 2015, modificado por el
Decreto 1668 de 2016, por cuanto el Gobierno nacional extralimitó la potestad
reglamentaria al extender a la mano de obra calificada una medida de priorización
que el legislador previó exclusivamente para la mano de obra no calificada y al
disponer además que la certificación de residencia operaba sin importar el tipo de
vacante al que se aspirara.

59. Por otra parte, la asociación actora solicitó declarar la pérdida de
ejecutoriedad de las normas, procedimientos y actuaciones administrativas del
orden territorial que reprodujeran o incorporaran las disposiciones acusadas, o que
exigieran requisitos de residencia distintos de los previstos en el artículo 91 de la
Ley 136 de 1994, modificado por la Ley 1551 de 2012.

60. Al respecto, la Sala advierte que la pérdida de ejecutoriedad de los actos
administrativos es una consecuencia que opera por ministerio de la ley, en los
términos del artículo 91 del CPACA, disposición conforme a la cual los actos

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administrativos pierden fuerza ejecutoria, entre otros eventos, cuando desaparecen
sus fundamentos de hecho o de derecho.

61. En ese sentido, se trata de un efecto automático que no requiere
declaración judicial, sino que se produce directamente por mandato del
ordenamiento jurídico.

62. Comoquiera que se declarará la nulidad de las disposiciones demandadas,
la Sala se relevará del estudio de los demás cargos formulados.

Condena en costas

63. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma no
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la demanda
carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de interés
público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos.

64. En este contexto, el artículo 188 del CPACA establece que, por regla
general, no habrá condena en costas cuando el asunto objeto de litigio sea de
interés público; y que, excepcionalmente, procederá la imposición de costas en este
escenario cuando la demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal.
La norma hace referencia a las pretensiones cuyo interés trasciende la esfera de lo
particular al abordar asuntos de provecho general o común que pueden ser
promovidos por cualquier persona y no persiguen el reconocimiento de derechos
subjetivos en favor de un sujeto determinado.

65. En el caso concreto, se tiene que la demanda fue incoada en ejercicio del
medio de control de nulidad, el cual trasciende de la esfera particular a la general
al abordar asuntos de interés común que pueden ser promovidos por cualquier
persona y no persigue el reconocimiento de derecho subjetivo alguno.
Adicionalmente, no se advierte que la demanda haya carecido manifiestamente de
fundamento legal, toda vez que se plantearon cuestionamientos jurídicos contra las
disposiciones demandadas que llevaron a la decretoria de nulidad de varios de los
artículos cuestionados. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas
en el presente proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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III. RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR NO PROBADA la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva formulada por el Ministerio de Minas y Energía.

SEGUNDO. DECLARAR LA NULIDAD del inciso segundo del artículo 3 del Decreto
2089 de 2014.

TERCERO. DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL del artículo 1 del Decreto 1668
de 2016 en lo que respecta a la modificación realizada al numeral 4 del artículo
2.2.1.6.2.3 y al inciso segundo del artículo 2.2.1.6.2.4 del Decreto 1072 de 2015

CUARTO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO. NO CONDENAR en costas en el presente proceso.

SEXTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y ARCHIVAR el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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