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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00584-00

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00584-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Declarar probada la excepción de cosa juzgada con efectos erga omnes. Segundo. Estarse a lo resuelto en la sentencia proferida el 26 de febrero de 2026 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A dentro del proceso radicado: 11001-03-25-000-2019-00116-00 (0540-2019). Tercero. Sin condena en costas. Cuarto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI y archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00584-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00584-00 (4619-2019)
Demandante: Rosa Inés Marengo Parodi
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial

Temas: Improcedencia de efectuar control de legalidad respecto del
Memorando DEAJ15-232 del 13 de marzo de 2015. Cosa
juzgada con efectos erga omnes. Estarse a lo resuelto en
sentencia de nulidad.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Como ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de impedimento para
conocer del presente asunto,1 se procede a dictar sentencia de única instancia
dentro del proceso de nulidad promovido por la señora Rosa Inés Marengo Parodi,
quien actúa a través de apoderado, contra la Nación – Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.

ANTECEDENTES

1. La señora Rosa Inés Marengo Parodi instauró demanda2 con acumulación de
pretensiones en ejercicio de los medios de control de nulidad y nulidad y
restablecimiento del derecho consagrados en los artículos 137 y 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

2. El 2 de mayo de 20233, el conjuez sustanciador en su momento escindió la
demanda, por lo que ordenó remitir copia de esta a los juzgados administrativos de
Valledupar para que conozcan de las pretensiones de carácter particular, y a la vez

1 Actualmente los miembros de la subsección no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos

relacionados con el reconocimiento de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, objeto del presente
proceso. De otro lado, mediante proveídos del 9 de abril del año en curso entre otros procesos dentro de los
radicados 0276-2023, 2102-2021, 2526-2025,2694-2023, 6334-2018; la sala declaró infundado el impedimento
manifestado por el consejero Luis Eduardo Mesa Nieves por la causal de pleito pendiente, tras considerar frente
al proceso en curso que «si bien existe coincidencia entre las partes, no integran el mismo extremo procesal en
uno y otro proceso; no coincide el medio de control bajo el cual se tramitan ni la causa y objeto que se examina
en ellos».
2 Folios 2 a 51.
3 Folios 170 a 174.

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00584-00 (4619-2019)

admitió en única instancia el medio de control de nulidad simple que tiene la
siguiente:
PRETENSIÓN

3. Que se declare la nulidad del Memorando DEAJ15-232 del 13 de marzo de
2015, expedido por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, dirigido a los
directores seccionales del país, con el fin de precisar los «Efectos sentencia
declaratoria de nulidad del Consejo de Estado 29 de abril de 2014 sobre apartes de
decretos salariales prima especial» (sic).

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

4. Que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial expidió el referido
memorando para conocimiento de los directores seccionales, con el cual les dio
instrucciones en orden de que, con base en las motivaciones expuestas en dicha
circular de servicio, negaran las reclamaciones de los funcionarios judiciales para la
reliquidación salarial y prestacional con el 100% de la remuneración mensual, sin
descontar el 30% concedido en su momento a título de prima especial contenida en
el monto de la asignación básica.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

5. Consideró vulnerados: los artículos 13, 25, 53, 58, 122 a 131 y 150, numerales
11 y 19 de la Constitución Política; 1, 2 y 15 de la Ley 4.ª de 1992; 1.740 y 1.742
del Código Civil; 85 y 136, numeral 7 del Decreto 01 de 1984; 135, 137 y 138 del
CPACA; la Convención Americana de los Derechos Humanos, y el Protocolo de San
Salvador.

6. Expresó que la motivación del memorando demandado contiene una falsedad
de orden jurídico porque da una calificación equivocada a las consecuencias de la
sentencia del Consejo del Estado, pues el reconocimiento de los derechos laborares
reclamados inicialmente a la administración y luego judicialmente, parte de la
existencia de una decisión jurisdiccional de carácter constitutivo y no de condena,
por lo que no es dable exigir que cada administrado deba tener un título ejecutivo
individual para consolidar la situación jurídica.

7. Planteó que no es un argumento justificado la ausencia de recursos para el pago
de este tipo de condenas, pues antes de proferir los actos de reconocimiento de los
derechos laborales y las reliquidaciones correspondientes, no es posible que exista
partida presupuestal alguna en la medida en que, quien elabora el presupuesto no
conoce la existencia de semejantes obligaciones. Los mecanismos de reforma o de
asignación de partidas permiten que, una vez dictado el acto jurídico que reconoce

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00584-00 (4619-2019)

la obligación con efectos dinerarios, el Ministerio de Hacienda traslade los recursos
necesarios para cubrirla.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA4

8. La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial manifestó que el Memorando DEAJ15-232 del 15 de marzo de 2015
comparte orientaciones respecto de los efectos del fallo dentro del medio de nulidad
simple proferido por el Consejo de Estado el 29 de abril de 2014 y ejecutoriado el
22 de julio del mismo año, en los que se efectúa un análisis del alcance de sus
efectos, comunicando la respuesta que al efecto y en cuanto a temas
presupuestales rindió el Ministerio de Hacienda y Crédito Público donde señala que
la sentencia de nulidad no es un título constitutivo de gasto, y en razón a que la
entidad que maneja recursos públicos debe dar cumplimiento a las disposiciones
presupuestales, no era viable acceder a las peticiones de pago.

9. Aclaró que con el acto acusado no se ordenó que las peticiones respecto la
prima especial del 30% debían ser resueltas por las direcciones seccionales, sino
que esta es una competencia que les fija la Ley 270 de 1992. Manifestó que la
disposición que no permitía el pago de este tipo de obligaciones en su momento era
una norma de carácter presupuestal contenida en el artículo 71 del Estatuto
Orgánico del Presupuesto y no el memorando que solo contiene unas orientaciones
al respecto. Propuso las excepciones de ausencia de transgresión normativa y
legalidad del acto demandado.

TRÁMITE DE ÚNICA INSTANCIA

10. El 2 de mayo de 20235 se escindió la demanda de nulidad con acumulación de
pretensiones de nulidad y restablecimiento, por lo que se admitió la primera y se
remitió esta última al juez competente. El 16 de marzo de 20266 se avocó
conocimiento del asunto y se evidenció la posibilidad de emitir sentencia anticipada
en los términos del artículo 182A del CPACA, por lo que se decretaron las pruebas,
se fijó el correspondiente litigio, y se corrió traslado para alegar de conclusión.

11. La parte demandante7 solicitó que se declare estarse a lo resuelto en la
sentencia del 26 de febrero de 2026 que ya anuló el Memorando DEAJ15-232 de
2015 objeto del presente litigio.

12. La parte demandada8 reiteró los argumentos de su contestación.

4 Índice 26 de SAMAI.
5 Folios 170 a 174.
6 Índice 42 de SAMAI.
7 Índice 46 de SAMAI.
8 Índice 48 de SAMAI.

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00584-00 (4619-2019)

13. El Ministerio Público9 en su concepto solicitó que se declare probada la
excepción de cosa juzgada y se esté a lo resuelto en la sentencia del 26 de febrero
de 2026 proferida dentro del proceso 2019-00116-00 (0540-2019). Argumentó que
la mencionada providencia emanada del Consejo de Estado declaró la nulidad del
Memorando DEAJ15-232 del 13 de marzo de 2015, por lo que esa decisión adquirió
firmeza y ejecutoria el día 12 de marzo del 2026, con lo que se establece el carácter
definitivo e inmutable de la misma. Adicionalmente, aseguró que tanto en el proceso
anterior como en el presente se han invocado precedentes jurisprudenciales que
consolidan una línea en torno a la naturaleza de la prima especial del artículo 14 de
la Ley 4 de 1992. Que, por esa razón, una vez verificados los presupuestos de
identidad de objeto y de causa, así como la existencia de una decisión ejecutoriada
que resolvió de fondo el litigio, se concluye que se materializa la aludida excepción.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

14. El problema que resolverá la Subsección es determinar si se configuró el
fenómeno de cosa juzgada por haberse proferido una sentencia ejecutoriada con
anterioridad a este proceso y por lo tanto si procede estarse a lo resuelto en ella.

Sobre el fenómeno jurídico de cosa juzgada

15. La mencionada figura procesal de contenido sustancial corresponde a una
excepción que doctrinariamente se ha entendido como mixta, por cuanto en su
calidad de medio de defensa no solo ataca el fondo del litigio en lo relacionado con
la inviabilidad de las pretensiones, o del derecho reclamado cuando su procedencia
ya ha sido analizada y juzgada, sino que también controvierte el proceso en sí
mismo desde el punto de vista formal en lo que tiene que ver con la habilitación del
juez para conocer y emitir un pronunciamiento de mérito frente a un conflicto
previamente resuelto.10

16. Al respecto, el artículo 189 de la misma normativa dispone que: «La sentencia
que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa
juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga
omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada […]». Esto ratifica que, al
anular un acto administrativo, esta decisión tendrá efectos generales, es decir será
oponible a todos y en consecuencia no podrá efectuar un nuevo pronunciamiento
del acto que judicialmente fue retirado del ordenamiento jurídico.

Caso concreto

9 Índice 47 de SAMAI.
10 Esta noción ha sido planteada por esta misma Subsección en sentencias del 30 de enero de 2025 (3968-

2021), del 27 de febrero de 2025 (1174-2018), del 29 de mayo de 2025 (0875-2024), y del 13 de noviembre de
2025 (1925-2025).

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00584-00 (4619-2019)

17. En el presente caso se advierte que esta subsección a través de sentencia
ejecutoriada del 26 de febrero de 2026, emitida dentro del proceso de nulidad simple
con radicado 11001-03-25-000-2019-00116-00 (0540-2019), declaró la nulidad de
la misma circular de servicio que es objeto de demandada en la actuación de la
referencia. Expresamente indicó:

«[…] 23. Así las cosas, del análisis de su contenido se advierte que, aunque el
memorando no se encuentra redactado en términos imperativos, su contenido
no se limitó a informar las gestiones adelantadas ni a transcribir un concepto
técnico, sino que adoptó una posición institucional frente a las solicitudes de
reliquidación, a partir de la cual orientó la actuación de los directores
seccionales de administración judicial. […]

46. En efecto, para la Sala es evidente que se incurre en un desconocimiento
del carácter erga omnes de las sentencias de nulidad proferidas por el Consejo
de Estado cuando la Administración, una vez ejecutoriada la providencia,
profiere una decisión como la cuestionada en la que se evidencia la adopción
de un parámetro de actuación administrativa abiertamente contrario a la regla
jurisprudencial fijada por esta Corporación en el marco del control objetivo de
legalidad. […]

51. De este modo, aunque la sentencia del 29 de abril de 2014 no constituyera
un título individual de pago, ello no habilitaba a la Administración para
sustraerse de sus efectos ni para rehusar su aplicación al resolver las solicitudes
de reliquidación presentadas por los servidores judiciales. Las sentencias de
nulidad obligan a que la Administración adecue su comportamiento a las reglas
y estándares allí establecidos, por lo que no puede seguir aplicando las
disposiciones declaradas ilegales o negándose a reconocer derechos en
contravía de lo dispuesto por esta Corporación. […]

53. Sin abordar aspectos ajenos a los juicios de simple nulidad como el que
ocupa la atención de la Sala, lo cierto es que la Administración no puede impartir
órdenes tendientes a desatender las reglas jurisprudenciales fijadas por el
Tribunal Supremo de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo so
pretexto de carecer de las apropiaciones presupuestales, más aún cuando
estas apuntan a que las autoridades reconduzcan sus actuaciones por la senda
de la juridicidad. […] FALLA: Primero. DECLARAR la nulidad del Memorando
DEAJ15-232 del 13 de marzo de 2015 expedido por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.» (Negrillas del texto original).

18. Pues bien, con base en el referido contexto, la Sala encuentra configurada la
excepción de cosa juzgada porque en el proceso analizado con número interno
0540-2019 se abordaron iguales pretensiones y se examinaron idénticos hechos y
fundamentos jurídicos a los que son materia de discusión en el presente litigio.

19. En consecuencia, dado que mediante la referida sentencia del 26 de febrero de
2026 se anuló exactamente la misma circular de servicio objeto de la actual
demanda, se concluye que, ante los efectos erga omnes de dicha decisión según el
artículo 189 del CPACA, que impide volver a efectuar un examen de legalidad sobre
tal manifestación de la administración que ya fue retirada del ordenamiento, se
ordenará estarse a lo resuelto en el fallo en mención.

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00584-00 (4619-2019)

Condena en costas

20. En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se
ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA11.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Declarar probada la excepción de cosa juzgada con efectos erga omnes.

Segundo. Estarse a lo resuelto en la sentencia proferida el 26 de febrero de 2026
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A dentro del proceso
radicado: 11001-03-25-000-2019-00116-00 (0540-2019).

Tercero. Sin condena en costas.

Cuarto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las
anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI y archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

11 «Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil».

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