Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00131-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00131-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00131-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
19 de marzo de 2026
Radicado: 11001-03-25-000-2021-00131-00 (0794-2021)
Demandante: José Elbert Veloza Rincón
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00131-00 (0794-2021)
Demandante: José Elberth Veloza Rincón
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil, Agencia para la Reincorporación
y la Normalización
Tema: Criterios para la provisión de empleos de carrera administrativa mediante
encargo
Decisión: Niega pretensiones
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
1. Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso
promovido por el señor José Elberth Veloza Rincón contra la Comisión Nacional de
Servicio Civil (CNSC) y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
I. ANTECEDENTES
2.1. La demanda1
2.1.1. Pretensiones
2. El señor José Elberth Veloza Rincón, en nombre propio y en ejercicio del medio
de control de nulidad consagrado en el artículo 137 del CPACA,2 solicitó declarar la
nulidad de los siguientes actos: i) literales c), g) e i) del Criterio Unificado «provisión
de empleos públicos mediante encargo y comisión para desempeñar empleos de libre
nombramiento y remoción o de período» del 13 de agosto de 2019, expedido por la
CNSC; y ii) numerales 1, 2 y 5 del «instructivo para la provisión transitoria de empleos
de carrera administrativa» del 3 de octubre de 2019, suscrito por la ARN.
2.1.2. Normas violadas y concepto de la violación.
3. El demandante sostuvo que los actos acusados vulneran los artículos 29 y 125
de la Constitución Política; 3 y 44 del CPACA; y 24 de la Ley 909 de 2004.
1 Folio 64 y siguientes del expediente.
2 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.
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4. Al desarrollar el concepto de violación, los actores plantearon los siguientes
cargos:3
i) Los actos acusados establecieron unos criterios de desempate cuando existe
pluralidad de servidores que cumplen requisitos para desempeñar, bajo las figuras
de encargo y comisión, un empleo de libre nombramiento y remoción o de periodo;
sin embargo, la CNSC carecía de competencia para fijar tales lineamientos, pues
estos no fueron establecidos por el legislador, es decir, que la autoridad se
extralimitó en sus funciones.
ii) La CNSC también excedió sus atribuciones legales, en tanto les concedió a las
entidades públicas la potestad de crear otros criterios y organizar a su arbitrio los
ya establecidos, pese a que no tiene la competencia para crear o modificar
procedimientos para acceder a los empleos públicos, ni de delegar la facultad
nominadora en entidades públicas para que creen otros criterios.
iii) Los criterios de desempate desconocen los artículos 150 (numeral 1) de la
Constitución Política y 24 de la Ley 909 de 2004, así como los principios del mérito,
igualdad, eficacia, buena fe y debido proceso. Al respecto, la Corte Constitucional
ha precisado que el acceso y ascenso a los empleos oficiales debe atender a las
cualidades, talentos y capacidades de los ciudadanos.
iv) La CNSC implementó los criterios de desempate sin motivación alguna o
explicación sobre la necesidad de su adopción.
v) La ARN quebrantó el artículo 44 del CPACA, pues ejerció de manera
desproporcionada su facultad de administrar el talento humano, por cuanto suprimió
4 de los criterios fijados por la CNSC y varió el orden de los demás.
vi) La ARN dejó de lado la experiencia y la educación para hacer los desempates
y, en su lugar, privilegió que «el aspirante pertenezca a la misma dependencia
teniendo en cuenta primero la pertenencia al mismo Grupo Interno de Trabajo,
posteriormente a la misma área funcional y luego a la misma Subdirección /
Dirección, es decir, de lo particular a lo general haciendo absolutamente cerrados
los procesos de encargo y dando al traste con la finalidad que es permitir la
promoción de todos los servidores de carrera, no sólo los del grupo de trabajo».
vii) Los literales y numerales demandados implementaron 3 criterios de desempate
que son subjetivos, no se relacionan con las normas superiores reguladoras del
encargo y resultan ajenos al concepto del mérito, en tanto se refieren a que el
servidor pertenezca a la misma dependencia del empleo a proveer, que tenga más
3 La Sala únicamente tendrá en cuenta los razonamientos que aluden a la ilegalidad de los actos acusados, pues
el actor esgrimió otros razonamientos que atañen a decisiones administrativas distintas a las enjuiciadas en el sub
lite.
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antigüedad o cuente con mejor suerte. Por el contrario, la experiencia, la formación
académica y las competencias requeridas para el desempeño de un empleo son los
únicos criterios objetivos que deben tenerse en cuenta al momento de hacer los
desempates.
viii) Exigir que el empleado pertenezca a la misma dependencia del cargo a proveer
limita las posibilidades de acceso dentro de un sistema de provisión abierto.
ix) En el marco del criterio de antigüedad puede ocurrir que un servidor demuestre
más años al servicio de la entidad, pero que no se haya preocupado por adquirir la
idoneidad para el desempeño del empleo (educación y experiencia) respecto de otro
que podría ser más nuevo, pero contar con mayor experiencia para la labor que se
va a realizar o incluso tener estudios especializados en la materia.
2.2. Contestación de la demanda
5. La CNSC señaló que el acto acusado fue proferido conforme a la Constitución
y la Ley y solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda por las siguientes
razones:
i) La CNSC es la entidad responsable de la administración de la carrera
administrativa y el órgano garante del sistema de mérito en el empleo público, y en
virtud de ello profirió el Criterio Unificado 13082019 del 13 de agosto de 2019,
referente a la «Provisión de empleos públicos mediante encargo y comisión para
desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de periodo». Lo anterior,
conforme a lo señalado por los artículos 125 y 130 de la Constitución Política, 11 y
12 de la Ley 909 de 2004 y 17 del Decreto 1278 de 2002.
ii) Se propone la excepción de «inexistencia de una acusación clara, cierta,
concreta y verificable que le permita al decisor judicial realizar un juicio abstracto de
legalidad».
6. La ARN se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes
argumentos:
i) A través del Instructivo para la Provisión Transitoria de Empleos de Carrera
Administrativa de octubre de 2019, la entidad dio aplicación a lo dispuesto en la Ley
909 de 2004 con relación a la provisión de vacantes a través de la figura del encargo
y suplió los vacíos que presenta la ley en cuanto al desempate atendiendo a lo
establecidos por la CNSC en su criterio unificado, de los cuales tomó 5 y los
desarrolló con mayor nivel de especificidad.
ii) La CNSC a través de su criterio unificado asumió la labor de regulación con
base en la competencia que le fue asignada por la Constitución Política, a saber:
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«ser responsable de la administración y vigilancia de la carrera administrativa».
Además, facultó a las entidades a que en aquellos eventos en los que sigan
existiendo funcionarios en situación de empate actúe bajo nos parámetros objetivos
y previamente establecidos con fundamento en el mérito, pudiendo aplicar entre
otros y en el orden que estime pertinente, dichos criterios.
iii) La ARN ejerció dicha habilitación y expidió el Instructivo para la Provisión
Transitoria de Empleos de Carrera Administrativa en las que tomó como referencia
el criterio unificado expedido por la CNSC y apeló de una manera objetiva al mérito
como factor de desempate.
II. TRÁMITE EN ÚNICA INSTANCIA
2.1. Admisión, medida cautelar y sentencia anticipada
7. A través de auto del 8 de septiembre de 2023,4 el magistrado conductor del
proceso admitió la demanda.
8. Mediante auto del 28 de marzo de 2025,5 se negó la medida cautelar de
suspensión provisional del acto acusado solicitada por la parte demandante.
9. En auto del 20 de junio de 20256, el despacho evidenció la posibilidad de emitir
sentencia anticipada dentro del sub lite, en los términos del artículo 182A del CPACA,
adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021.
10. En consecuencia, se dispuso: a) negar la excepción de «inexistencia de una
acusación clara, cierta, concreta y verificable que le permita al decisor judicial realizar
un juicio abstracto de legalidad»; b) prescindir de la audiencia inicial prevista en el
artículo 180 ibidem; c) resolver sobre las pruebas aportadas y solicitadas; d) fijar el
litigio; e) correr traslado a las partes y al Ministerio Público para presentar alegatos de
conclusión y concepto, respectivamente.
2.2. Alegatos de conclusión
11. La parte demandante guardó silencio.
12. Las entidades demandadas reiteraron los argumentos expuestos en las
contestaciones de la demanda.
2.3. Ministerio Público
13. El agente del Ministerio Público no rindió concepto.
4 índice 6 de Samai
5 índice 35 de Samai
6 índice 40 de Samai.
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14. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes
III. CONSIDERACIONES
3.1. Problema jurídico
15. Corresponde a la Sala determinar de los literales c), g) e i) del «Criterio unificado
provisión de empleos públicos mediante encargo y comisión para desempeñar
empleos de libre nombramiento y remoción o de periodo de 13 de agosto de 2019»,
expedido por la CNSC, y los «criterios de desempate» establecidos en el Instructivo
para la provisión transitoria de empleos de carrera administrativa, suscrito por la ARN,
están viciados de nulidad por desconocer los artículos 29 y 125 de la Constitución
Política; 3 y 44 del CPACA y 24 de la Ley 909 de 2004, en los términos alegados por
el demandante.
3.2. Contenido del acto demandado
16. Es preciso aclarar que no se transcribirá integralmente los actos enjuiciados en
razón a su extensión. En consecuencia, únicamente se citarán los apartes relevantes
al sub lite, cuyo tenor es el siguiente:
CRITERIO UNIFICADO
PROVISIÓN DE EMPLEOS PÚBLICOS MEDIANTE ENCARGO Y COMISIÓN PARA
DESEMPEÑAR EMPLEOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN DE PERIODO
[…]
Criterios de desempate para Ia provisión de un empleo de carrera mediante encargo
cuando existe pluralidad de servidores de carrera que cumplen requisitos.
Existirá un empate. cuando varios servidores de carrera cumplan Ia totalidad de los
requisitos exigidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 para ser encargados, caso en el
cual Ia administración deberá actuar bajo unos parámetros objetivos y previamente
establecidos con fundamento en el mérito, pudiendo aplicar entre otros y en el orden que
estime pertinente, los siguientes criterios.
c) Pertenecer a Ia misma dependencia en Ia que se encuentra el empleo objeto de
provisión.
g) El servidor con derechos de carrera más antiguo de Ia entidad.
i) De no ser posible el desempate, se decidirá a Ia suerte por media de balotas, en
presencia de pluralidad de servidores de Ia entidad, entre ellos control interno.
INSTRUCTIVO PARA LA PROVISIÓN TRANSITORIA DE EMPLEOS DE
CARRERA ADMINISTRATIVA
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f. Criterios de desempate
Si en el mismo grado salarial descendiente, de acuerdo con lo anotado anteriormente, hay
dos o más postulados que cumplen requisitos para el empleo a proveer mediante encargo,
se aplicarán los siguientes criterios objetivos de desempate, en su orden:
• Desempeñar un cargo en la misma dependencia del cargo a proveer: Tendrán prioridad
de obtener el encargo los funcionarios que pertenezcan a la misma dependencia en el que
se encuentra el empleo a encargar. Teniendo en cuenta primero la pertenencia al mismo
Grupo Interno de Trabajo, posteriormente a la misma área funcional y luego a la misma
Subdirección / Dirección.
• Quien tenga mayor tiempo de antigüedad como servidor en carrera administrativa al
interior de la Entidad.
• Quien posea más estudios formales relacionados con las funciones a desempeñar,
adicionales al requisito mínimo del cargo de acuerdo con los puntajes establecidos en la
siguiente tabla […]
• El empleado que acredite mayor experiencia relacionada de acuerdo con la exigida
para el empleo a proveer. Contar con mayor tiempo de experiencia profesional relacionada
(cargos de nivel asesor y profesional) o laboral (cargos de nivel técnico y asistencial): Se
asignará un puntaje por cada año adicional a la experiencia requerida para el cargo, de
acuerdo con el Manual de Funciones y de Competencial Laborales vigente, como se indica
a continuación: […]
• Sorteo: De no ser posible el desempate con los anteriores criterios, se decidirá
mediante sorteo público a través de balotas donde se debe contar con la participación del
Asesor de Talento Humano, un profesional de Talento Humano y un representante de la
Oficina de Control Interno de Gestión de la ARN.
3.3. Alcance del «Criterio Unificado provisión de empleos públicos mediante
encargo y comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y
remoción de periodo»
17. Como cuestión preliminar, la Sala debe examinar si el «Criterio Unificado
provisión de empleos públicos mediante encargo y comisión para desempeñar
empleos de libre nombramiento y remoción de periodo» contiene un procedimiento
para la provisión de los empleos de carrera administrativa mediante encargo o si por
el contrario se trata de orientaciones dirigidas a las entidades que hacen parte del
sistema general de carrera administrativa.
18. Para la Sala, del análisis del contenido del «Criterio Unificado» se advierte que
no está redactado en términos imperativos, sin embargo, no se limitó a reproducir, en
estricto sentido, el contenido de las normas que regulan la figura del encargo en el
sistema general de carrea administrativa, sino que adoptó unos lineamientos a través
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de los cuales orientó la actuación de las entidades a las que se les aplica este régimen
de carrera frente a estos aspectos.
19. En tal sentido, esta Corporación ha precisado que las circulares, memorandos
o instrucciones internas no son susceptibles de control judicial cuando se limitan a
reproducir normas o a impartir simples orientaciones sin contenido decisorio.7 No
obstante, son pasibles de ser enjuiciadas cuando materialmente contengan
disposiciones con efecto vinculante para sus destinatarios o cuando «tengan una clara
incidencia en el comportamiento, derechos o deberes de las personas y, en general,
incidan o repercutan en el mundo del derecho»,8 caso en el cual corresponde a la
autoridad judicial examinar si la Administración se ajustó al ordenamiento superior.
20. Bajo dicho entendido, la Sala estima que el «Criterio Unificado» introdujo una
directriz con incidencia jurídica en la que se instruyó a las entidades que hacen parte
del régimen general de carrera, a establecer criterios objetivos para la decisión de los
empates entre empleados que cumplan los requisitos para ocupar cargos de carrera
mediante la figura del encargo, lo que la hace susceptible de control judicial.
3.4. Marco normativo y jurisprudencial
3.4.1. Competencias de la CNSC
21. Con el fin de asegurar la implementación y velar por el adecuado
funcionamiento de la carrera administrativa, la Constitución Política previó la existencia
de una Comisión Nacional del Servicio Civil, como una autoridad encargada de la
administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, con excepción
de aquellas de carácter especial.
22. Para desarrollar el mandato del artículo 125 de la Constitución, el legislador
expidió la Ley 909 de 2004,9 con el fin de regular el sistema de empleo público, la
carrera administrativa y la gerencia pública. De esta manera, el literal a) del numeral 1
del artículo 3 de la citada ley, al referirse al campo de aplicación de la normativa,
estableció, entre otros, que «las disposiciones contenidas en la presente ley serán
aplicables en su integridad a los siguientes servidores públicos: a) a quienes
desempeñan empleos pertenecientes a la carrera administrativa en las entidades de
la Rama Ejecutiva del nivel Nacional y de sus entes descentralizados»
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 12 de
septiembre de 2024, rad. núm. 11001032500020130165400 (4252-2013). C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Auto del 30 de
octubre de 2025, rad. núm. 11001032500020250019600 (1555-2025). C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves
9 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se
dictan otras disposiciones” Dicha disposición fue modificada por
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23. La mencionada Ley 909 de 2004, en sus artículos 11 y 12 estableció las
funciones de la CNSC, en su rol de administración y vigilancia. Sobre las funciones
de administración de la carrera administrativa, el artículo 11 dispuso:
Artículo 11. Funciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil Relacionadas Con
La Responsabilidad de la Administración de la Carrera Administrativa. En ejercicio de
las atribuciones relacionadas con la responsabilidad de la administración de la carrera
administrativa, la Comisión Nacional del Servicio Civil ejercerá las siguientes funciones:
[…]
h) Expedir circulares instructivas para la correcta aplicación de las normas que regulan la
carrera administrativa;
[…]
24. Sobre la función de administrar de la CNSC, la Corte Constitucional ha señalado
lo siguiente:10
4.2. La administración de las carreras de los servidores públicos
La Constitución Política, por tanto, establece que la Comisión Nacional del Servicio civil
es responsable de ‘la administración y la vigilancia de las carreras de los servidores
públicos’, salvadas las excepciones previstas por la misma carta (art. 130, CP).
4.2.1. Resalta la Sala que la Constitución establece las expresiones ‘la administración’ y
‘la vigilancia’ de forma escueta. Esto es, no se desarrolla cuál es su contenido. No se
determina qué se ha de entender por cada uno de estos conceptos de forma detallada y
precisa. En otras palabras, se trata de conceptos jurídicos indeterminados; nociones
contempladas por la Carta de forma amplia y general, sin mayores delimitaciones y
precisiones. Tal técnica constitucional conlleva un respeto hacia la deliberación
democrática, permitiendo que sea ésta la que precise el alcance de lo que implica la
administración y la vigilancia de los sistemas de carrera administrativa.
4.2.2. Por supuesto, el que se trate de conceptos jurídicos indeterminados y no de
nociones jurídicas delimitadas de forma clara y precisa, no quiere decir que pueda el
legislador prescindir de algunos contenidos básicos y estructurales de sentido y
significación que tienen ambas nociones. No puede dejarse de poner en cabeza de la
Comisión Nacional del Servicio Civil funciones que clara y evidentemente se requiere
tener asignadas para poder ‘administrar’ o ‘vigilar’ un sistema de carrera administrativa.
Si bien existen ‘zonas de penumbra’ en que el alcance del significado de la expresión
‘administración’ de los sistemas de carrera pueden ser precisadas o delimitadas con
autoridad por parte del legislador respecto a qué implica administrar o vigilar un sistema
de carrera administrativa, existe un núcleo duro de significado, unos contenidos mínimos
que no pueden ser desconocidos.
4.2.3. Según el uso corriente de la expresión ‘administrar’, se hace referencia a ordenar,
disponer u organizar. Teniendo en cuenta el uso habitual de las expresiones en derecho,
concretamente, puede señalarse que administrar implica, ‘gobernar’, ‘regir’, ‘cuidar’,
‘manejar’. De forma específica, suele entenderse que la administración de un asunto
público, suele implicar algunos aspectos básicos. A saber, la autoridad, sin la cual, nada
se puede ordenar, exigir ni imponer; la responsabilidad, para que no se trate de un poder
arbitrario; la independencia, que le permite, además de ejecutar, disponer y organizar.
10 Sentencia C-471 de 2013.
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La generalidad y neutralidad de las reglas y principios que la rigen; la permanencia, por
la naturaleza de sus fines y la capacidad de acción, basada en los medios de los que
disponen aquellas personas que, por sus méritos, han sido designadas para ejercer la
administración pública. En tal sentido, estos conceptos constituyen unos de los criterios
básicos para establecer los contenidos básicos y nucleares de la ‘administración de las
carreras administrativas’.” (Resaltado fuera de texto)
25. De acuerdo con lo anterior, la CNSC está facultada para «expedir circulares
instructivas para la correcta aplicación de las normas que regula la carrera
administrativa»,11 lo cual tiene aplicación en todas las entidades públicas que se
encuentran sometidas al régimen de carrera administrado por la referida entidad.
3.4.2. La figura del encargo
26. La figura del encargo ha sido definida como: i) un instrumento de movilidad
laboral de los empleados que se encuentran en servicio o activo; ii) una situación
administrativa; iii) una forma de provisión transitoria de un empleo; y iv) un derecho
preferencial de promoción o ascenso temporal de los servidores de carrera
administrativa.12
27. Según el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 648 de 2017, los empleos de carrera
vacantes de forma definitiva deben proveerse en el siguiente orden:
i) Con la persona que al momento de su retiro ostentaba derechos de carrera y
cuyo reintegro haya sido ordenado por autoridad judicial;
ii) Por traslado del empleado con derechos de carrera que demuestre su condición
de desplazado por razones de violencia en los términos de la Ley 387 de 1997, una
vez impartida la orden por la Comisión Nacional del Servicio Civil;
iii) Con la persona de carrera administrativa a la cual se le haya suprimido el cargo
y que hubiere optado por el derecho preferencial a ser reincorporado a empleos
iguales o equivalentes, conforme con las reglas establecidas en el presente Decreto
y de acuerdo con lo ordenado por la Comisión Nacional del Servicio Civil y;
iv) Con la persona que al momento en que deba producirse el nombramiento ocupe
el primer puesto en lista de elegibles para el empleo ofertado que fue objeto de
convocatoria para la respectiva entidad.
28. En caso de que las vacancias definitivas no pueden suplirse a través de los
anteriores mecanismos extraordinarios y ordinarios de provisión, la administración
11 Artículo 11 de la Ley 909 de 2004.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 16 de marzo de 2023, radicado 11001-03-
25-000-01546 (5053-2018).
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puede proveerlas transitoriamente mediante encargo o excepcionalmente y de forma
residual, mediante nombramiento provisional, mientras se surte el proceso de
selección correspondiente.
29. El artículo 24 de la Ley 909 de 2004 establece que los empleados de carrera
administrativa tienen el derecho preferencial a ser encargados siempre que acrediten
los requisitos para su ejercicio, posean las aptitudes y habilidades para su desempeño,
no tengan sanción disciplinaria en el último año, ostenten calificación sobresaliente en
su última evaluación del desempeño laboral y ocupen en titularidad el empleo
inmediatamente inferior de aquel que será provisto.
3.5. El caso concreto - Análisis de los cargos de nulidad
30. A continuación, se estudiarán en forma agrupada los cargos de nulidad
expuestos por el accionante con miras a resolver integralmente el debate.
3.5.1. Competencia de la CNSC para establecer criterios de desempate cuando
varios servidores de carrera cumplan los requisitos para ser encargados de un
empleo
31. La parte demandante estimó que la CNSC extralimitó en el ejercicio de
funciones al crear los criterios de desempate para la provisión de empleos públicos
mediante encargo, pues no tiene la competencia para crear o modificar procedimientos
para acceder a los empleos públicos, ni de delegar la facultad nominadora en
entidades públicas para que creen otros criterios y mucho menos para que éstas les
otorguen el orden que estimen conveniente.
32. La Sala advierte que el «Criterio unificado provisión de empleos públicos
mediante encargo y comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y
remoción o de periodo de 13 de agosto de 2019» responde 17 interrogantes en los
que informa y fija un procedimiento para la provisión de empleos de carrera
administrativa en vacancia a través de las modalidades de encargo y provisionalidad
teniendo en cuenta lo previsto en las Leyes 909 de 2005 y 1960 de 2019 y el Decreto
1083 de 2015.
33. Aunque la entidad estableció 9 criterios de desempate para la provisión de
empleos de carrera administrativa mediante encargo cuando varios empleados de
carrera cumplan con los requisitos previstos para ello, lo cierto es que las leyes y
decretos antes mencionados no regularon la situación de empate.
34. Como se indicó en parágrafos anteriores, el literal h) del artículo 11 de la Ley
909 de 2004 facultó a la CNSC para expedir circulares instructivas para la correcta
aplicación de las normas que regulan la carrera administrativa, por lo que en el marco
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de sus competencias podía expedir lineamientos relacionados con la provisión de
empleos de carrera mediante la figura del encargo.
35. Contrario a lo señalado por el demandante, el criterio unificado demandado no
se trata de un reglamento, pues no impone a la administración la obligación de aplicar
dichos criterios, sino que explica a la autoridad nominadora que puede aplicar dichos
criterios y en el orden que estime pertinente, así como fijar otros criterios. Al respecto
se transcribirá el aparte pertinente del acto acusado:
Existirá un empate cuando varios servidores de carrera cumplan Ia totalidad de los
requisitos exigidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 para ser encargados, caso
en el cual Ia administración deberá actuar bajo unos parámetros objetivos y
previamente establecidos con fundamento en el mérito, pudiendo aplicar entre otros y
en el orden que estime pertinente, los siguientes criterios.
36. En ese sentido, la Sala estima que dichos criterios constituyen un intento válido
de la CNSC de instruir a las entidades sometidas al sistema de carrera administrativa
para que, en ejercicio de su función nominadora, materialicen el derecho preferencial
del encargo del que gozan los empleados de carrera y los principios que rigen el
sistema general de carrera administrativa y el empleo público.
37. Por otra parte, el demandante señaló que la CNSC no tenía la competencia para
delegar la facultad nominadora en entidades públicas para que creen otros criterios
para proveer empleos mediante encargo y mucho menos para otorgar el orden que
estimen conveniente.
38. Al respecto, se observa que la propia Ley 909 de 200413 encomendó al
nominador entre otras funciones, la de proveer las vacantes definitivas mediante
encargo o nombramiento provisional. Al respecto, dispuso:
Artículo 24. Encargo. Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos
de carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados
en estos, si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades
para su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su
última evaluación del desempeño es sobresaliente.
[…]
Parágrafo 2. Previo a proveer vacantes definitivas mediante encargo o nombramiento
provisional, el nominador o en quien este haya delegado, informará la existencia de la
vacante a la Comisión Nacional del Servido Civil a través del medio que esta indique.
39. De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que la facultad nominadora de las
entidades para garantizar el derecho al reconocimiento preferencial de encargo no
deviene del «Criterio unificado provisión de empleos públicos mediante encargo y
comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de periodo
13
Modificada por el artículo 1 de la Ley 1960 de 2019
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de 13 de agosto de 2019», sino de la propia Ley 909 de 2004, que la encomendó al
nominador.
40. Así, corresponde al nominador de la entidad, como administrador del recurso
humano y en ejercicio de su autonomía, determinar los criterios de desempate ante la
pluralidad de funcionarios que cumplan con los requisitos para proveer el empleo
mediante encargo, ya que como se ha señalado, dicha situación no se encuentra
prevista en la Ley.
41. En ese sentido, no se observa ninguna irregularidad que demuestre el
desconocimiento del ordenamiento superior, en los términos alegados por la parte
actora.
3.5.2. Falta de motivación
42. El demandante señaló que la CNSC implementó los criterios de desempate sin
motivación alguna o explicación sobre la necesidad de su adopción.
43. Al respecto, esta Corporación ha señalado la falta de motivación, es la omisión
de motivar el acto administrativo imputable a la autoridad que lo profiere, lo cual
constituye un vicio de procedimiento, y, por ende, una causal de nulidad por expedición
irregular del acto.14
44. Sobre la motivación de los actos administrativos generales se ha señalado que,
«en razón a su naturaleza y alcance, por regla general es suficiente tener como
motivación en ellos la indicación de sus fundamentos legales y de su objeto, salvo que
exista una disposición en la ley que ordene una motivación diferente».15
45. Ahora bien, el acto acusado indica que a través de este se imparten
lineamientos a las entidades del sistema general de carrera administrativa a los que
se les aplica la Ley 909 de 2004 en materia de encargo, con el fin de que se ajusten a
lo previsto en las Leyes 909 de 2004 y los Decretos 1083 de 2015, 648 de 2017 y la
Ley 1960 de 2019.
46. De acuerdo con las anteriores disposiciones, y teniendo en cuenta distintos
pronunciamientos del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional en relación con
la figura del encargo, la CNSC resolvió los siguientes interrogantes: ¿Qué es el
encargo? ¿Cómo se proveen los empleos de carrera en vacancia definitiva? ¿Cuáles
son los presupuestos para que proceda el derecho preferencial de encargo de un
servidor de carrera? ¿Cómo proceder a la provisión de una vacante mediante encargo
14
Consejo de Estado- Sección Segunda. Subsección “A” Sentencia de 5 de julio de 2018. Rad
110010325000201000064 00 (0685-2010).
15
ibidem
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cuando existe pluralidad de servidores de carrera que cumplen los requisitos? ¿Cómo
se proveen las vacancias temporales en empleos de carrera? ¿Puede un servidor de
carrera administrativa, solicitar al nominador ser encargado en un empleo que se
encuentra vacante en forma definitiva? ¿El derecho a encargo es susceptible de ser
exigido por vía de reclamación laboral administrativa? ¿Un empleado de carrera puede
ser encargado en un empleo de libre nombramiento y remoción?
47. Bajo las anteriores consideraciones, la Sala estima que el «Criterio unificado
provisión de empleos públicos mediante encargo y comisión para desempeñar
empleos de libre nombramiento y remoción o de periodo de 13 de agosto de 2019»,
se encuentra debidamente motivado, pues expone los fundamentos legales que lo
sustentan, su objeto y ámbito de aplicación.
48. Aunque el demandado no explicó la razón de ser del orden previsto para los
criterios de desempate, de la lectura sistemática del acto acusado se infiere que no
están llamadas a ser aplicadas en estricto orden y; por el contrario, fueron previstos
como pautas orientadoras para las entidades, quienes además están llamadas a
complementarlas conforme a su facultad nominadora y de acuerdo con la normativa
señalada en materia de encargo.
49. En ese sentido el cargo de expedición irregular por falta de motivación no tiene
vocación de prosperidad.
3.5.3. Desconocimiento de los principios del mérito, igualdad, eficacia y debido
proceso
50. La parte demandante señaló que los criterios establecidos en los actos
acusados desconocen los artículos 24 de la Ley 909 de 2004 y 125 de la Constitución
Política, pues algunos de ellos no guardan relación con el encargo ni con el mérito, ya
que no toman en consideración las cualidades, talentos y capacidades del aspirante y
niegan el acceso a un cargo.
51. Así mismo, estimó que dichos criterios no tienen en cuenta la idoneidad para el
desempeño del empleo, pues desconocen aspectos que concretan el mérito, tales
como las calidades académicas, la experiencia y las competencias para el desempeño
del cargo.
52. Finalmente estimó que los literales c) y g) vulneran los principios de igualdad y
de eficacia y debido proceso, pues no le dan el mismo trato a los servidores de distintas
dependencias e impiden la movilidad en la entidad ya que imponen barreras para
acceder al encargo.
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53. Al respecto, el artículo 125 de la Constitución 16 contempla el principio del mérito
como un criterio rector del acceso a la función pública que busca privilegiar a quienes,
en virtud de las aptitudes y competencias que tengan respecto del contenido funcional
de un determinado empleo, se han ganado el derecho a desempeñarlo. Por su parte,
la consagración legal del principio en comento se encuentra en la Ley 909 de 2004,
cuyo artículo 2, señala que el mérito, las calidades personales y la capacidad
profesional son elementos sustantivos de los procesos de selección del personal que
integran la función pública.17
54. El mérito asegura primordialmente el derecho a la igualdad de trato y de
oportunidades, sobre la base de criterios objetivos de modo que cualquier persona que
cumpla con los requisitos constitucionales y legales puede concursar en igualdad de
condiciones para acceder a determinado cargo. Así, se proscriben juicios subjetivos,
religiosos, ideológicos, raciales, de género o políticos en la selección. Se ha subrayado
que la igualdad en el sistema de carrera se relaciona con la equivalencia proporcional,
en este sentido, existe una adecuación entre el empleado y el cargo, teniendo en
cuenta los principios de eficiencia y eficacia, y con base en «la estimación de las
condiciones del candidato y el merecimiento de éste».18
55. Ahora bien, el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 648 de 2017 establece el orden en
el que deben proveerse los empleos de carrera vacantes de forma definitiva. En caso
de que dichas vacancias no puedan suplirse a través de los anteriores mecanismos
ordinarios y extraordinarios de provisión, la administración puede proveerlas
transitoriamente mediante encargo o, excepcionalmente y de forma residual, mediante
nombramiento provisional, hasta que se surta el proceso de selección correspondiente.
56. A su vez, el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 prevé que los empleados que
pertenezcan a la carrera administrativa detentarán el derecho preferencial a ser
encargados siempre que acrediten los requisitos para su ejercicio, posean las
aptitudes y habilidades para su desempeño, no tengan sanción disciplinaria en el
último año, ostenten calificación sobresaliente en su última evaluación del desempeño
laboral y ocupen en titularidad el empleo inmediatamente inferior de aquel que será
provisto. A pesar de lo anterior, la normativa expuesta no regula cómo debe proceder
la administración en situaciones de empate.
16 CP, art. 125: «Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección
popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.
Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán
nombrados por concurso público. El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.
El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario
y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley. En ningún caso la filiación política de los ciudadanos
podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción […]»
17 Corte Constitucional C-195 de 1994.
18
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección “A”. Sentencia de 8 de abril de 2021. Rad 11001-03-25-000-
2015-00963-00(3920-15).
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57. Ahora bien, revisado el acto acusado se advierte en los numerales 2 y 3 se
precisó cómo deben proveerse los empleos de carrera en vacancia definitiva y cuáles
eran los supuestos para que proceda el derecho preferencial del encargo de un
servidor de carrera, lo que se acompasa con las disposiciones contenidas en los
artículos 2.2.5.3.2 del Decreto 648 de 2017 y 24 de la Ley 909 de 2004.
58. Por su parte, en el artículo 4, se indicaron los criterios a los que la administración
podía acudir en los casos los que varios servidores de carrera cumplieran con los
requisitos para proveer el empleo mediante encargo, situación que como se ha
señalado, no se encuentra prevista en las normas señaladas.
59. Lo anterior demuestra que en el caso objeto de estudio no se desconoció el
principio del mérito pues, los criterios de desempate son aplicados únicamente luego
de que los funcionarios acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en el
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, esto es, cuando: i) pertenecen al sistema de carrera
administrativa; ii) demuestran los requisitos para el ejercicio del empleo al que aspiran;
iii) poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño; iv) no han sido sancionados
disciplinariamente en el último año; v) su última evaluación del desempeño fue
sobresaliente; y vi) ocupan el cargo inmediatamente inferior de la planta de personal,
lo que garantiza la idoneidad de quien desempeñe el cargo bajo la figura del encargo
y guarda concordancia con las reglas fijadas en el sistema general de carrera
administrativa.
60. Para la Sala, los criterios establecidos en los actos acusados permiten que el
nominador, entre diversas opciones válidas, elija la que más convenga a los intereses
de la entidad, mediante razones previas, objetivas y verificables que materialicen el
derecho preferencial del encargo.
61. Por ello, aunque el demandante estime que dichos criterios vulneran los
principios de igualdad, eficacia y debido proceso, lo cierto es que los mismos permiten
que se efectivicen tales principios al través de presupuestos que garantizan la
transparencia y la objetividad en las decisiones de la administración.
62. Bajo dicho entendido, el criterio de pertenencia a la misma dependencia permite
que el cargo sea desempeñado por quien, además, conoce los procesos que se surten
al interior de tales dependencias, lo que garantiza la eficiencia y la eficacia en el
ejercicio de la función pública.
63. Por su parte, el criterio de antigüedad conduce a que el cargo se desempeñe
por aquel que por mayor tiempo se ha desempeñado en la entidad, y por tanto cuentan
conocimientos y habilidades que pueden resultar relevantes para el ejercicio del cargo.
64. Si bien el actor plantea que una persona tenga mayor antigüedad, puede tener
menos calidades para desempeñar un cargo lo cierto es que se trata de una situación
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hipotética que no resulta suficiente para concluir por que dicho criterio es arbitrario o
contrario a los principios que rigen la carrera administrativa.
65. Finalmente, aunque el último de los criterios prevé que en caso de que persista
empate puede decidirse a través de la realización de un sorteo, la Sala estima que
tampoco resulta arbitrario, pues es la última opción a la que acuden las entidades luego
de haber agotado otros criterios que propenden por la designación del empleado mejor
capacitado para ejercer un cargo.
66. Al respecto, En un caso con supuestos similar al del presente asunto, la
Corporación se pronunció sobre la legalidad de un memorial proferido por la DIAN en
el que estableció unos criterios de desempate para la provisión de empleos de carrera
a través del mecanismo del encargo y señaló lo siguiente:
En esa medida, el criterio discrecionalidad brinda la posibilidad al nominador a que
acuda, en caso de que persista el empate, a otras pautas de desigualar que pueden
estar dadas por las necesidades del servicio e, incluso, alienadas [sic] con las
señaladas en precedencia por la Comisión Nacional del Servicio Civil, las cuales
permiten acudir como último recurso a la suerte, con tal de que se efectivice el derecho
del servidor de carrera a ser promovido mediante la figura del encargo.
[…]
En ese orden, los criterios que se implementaron a través de los preceptos
demandados lejos de exceder las materias objeto de reserva de ley y la norma rectora
(artículo 24 de la Ley 909 de 2004), son un intento válido de la administración de
desarrollar un procedimiento que efectivice esta última.19
67. De acuerdo con las consideraciones expuestas, la Sala concluye que los
criterios de desempate para la provisión de empleos mediante encargo previstos en
los actos acusados resultan razonables y proporcionales en relación con las normas
que regulan la carrera administrativa, por lo cual este argumento de nulidad tampoco
este llamado a prosperar.
3.5.4. Los criterios de desempate no son adecuados a los fines de la norma.
68. Finalmente, el actor indicó que la ARN es una entidad que se rige por la Ley
909 de 2004 y tiene como autoridad rectora de los encargos a la CNSC por lo que no
estaba facultada para escoger los criterios de desempate en materia de encargos.
69. Estimó que la facultad que tiene el director de la entidad que le permite expedir
el instructivo demandado debió ser adecuada a los fines que la norma autoriza, es
decir, garantizar el principio del mérito y el acceso al empleo público.
70. Ahora bien, como se ha venido señalando la Ley 909 de 2004 no prevé cómo
debe resolverse el empate entre los empleados de carrera para la provisión de un
19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección “A” Sentencia de 16
de marzo de 2023. Radicación: 11001-03-25-000-2018-01546-00 (5053-2018) Mp: Gabriel Valbuena Hernandez.
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empleo mediante encargo; sin embargo, dicha situación no exonera al nominador del
deber tomar dicha decisión, por lo que, en dicho caso, deberá ejercer una potestad
discrecional.
71. El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
establece que «en la medida en que el contenido de una decisión de carácter general
o particular sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza,
y proporcional a los hechos que le sirven de causa».
72. Como ha reiterado la Sala, los criterios de desempate se aplican una vez que el
nominador acredite que los funcionarios cumplan los requisitos previstos en el artículo
24 de la Ley 909 de 2004 para desempeñar el encargo, lo que garantiza que éstos
tengan las aptitudes y competencias para el desarrollo del servicio y en ese sentido,
se acompasa con las normas que regulan el encargo en el sistema general de carrera.
73. A su vez, dichos criterios llenan un vacío normativo existente en relación con la
provisión de empleos de carrera a través de encargo cuando se presenten un empate
entre varios funcionarios y dotan a la administración de criterios previos para decidir,
que permiten que actué con transparencia y objetividad, por lo que resulta una medida
razonable, coherente y sistemática de la normativa que rige e integra el sistema de
carrera administrativa.
74. Bajo las anteriores consideraciones la Sala negará las pretensiones de la
demanda, pues no logró desvirtuarse la legalidad del acto acusado.
3.6. De la condena en costas
75. En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que
se ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero. Negar las pretensiones de nulidad de la demanda formulada en contra de
los literales c), g) e i) del «Criterio unificado provisión de empleos públicos mediante
encargo y comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de
periodo de 13 de agosto de 2019», suscrito por la Comisión Nacional del Servicio
Civil», y los «criterios de desempate» establecidos en el Instructivo para la provisión
transitoria de empleos de carrera administrativa de octubre de 2019», expedido por la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-25-000-2021-00131-00 (0794-2021)
Demandante: José Elbert Veloza Rincón
Agencia para la Reincorporación y la Normalización, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la sentencia.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las
anotaciones correspondientes y archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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