Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05332-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05332-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05332-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
21 de febrero de 2025
Radicado: 11001-0315-000-2024-05332-01
Demandante: Jorge Mario Arias Dávila
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-0315-000-2024-05332-01
Demandante: JORGE MARIO ARIAS DÁVILA
Demandado: TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA Y
OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA – No se cumple el requisito de subsidiariedad,
porque en el marco de la Ley 1437 de 2011 el accionante contaba con el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar los actos que concedieron la licencia no
remunerada y que considera fueron expedidos con violación de sus derechos fundamentales /
PERJUICIO IRREMEDIABLE – El actor no acredita estar en presencia de alguna situación que
afecte sus garantías fundamentales y amerite la intervención inmediata del juez de tutela.
La Sala1 decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 25
de octubre de 2024, proferida por la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de
Estado.
I. A N T E C E D E N T E S
Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela
1. El 3 de octubre de 2024, el señor Jorge Mario Arias Dávila interpuso acción de tutela
contra el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira y el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Pereira, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la
igualdad, al trabajo y al debido proceso, con ocasión de la expedición de la Resolución
016 de 2024 y el Acta 078 de 2024, mediante las cuales las mencionadas autoridades,
respectivamente, le negaron la prórroga de la licencia no remunerada para ocupar un
cargo vacante transitoriamente en la Rama Judicial. Formuló las siguientes pretensiones:
Primera: Tutelar los derechos al trabajo, debido proceso e igualdad que fueron
vulnerados en el presente caso.
1 Se advierte que el 14 de enero de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
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Segundo: que no se me ordene el reintegro al cargo durante el disfrute de la
licencia para ocupar otro cargo en la Rama Judicial y se me permita el disfrute de
una nueva licencia hasta por dos años, los cuales inicial su contabilización, a partir
del 16 de julio de 2024 hasta el 15 de julio de 2025
2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
3. El señor Jorge Mario Arias Dávila ostenta el cargo de secretario del Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de Pereira, en propiedad.
4. No obstante, desde el 15 de julio de 2014 le fue concedida licencia no remunerada
para desempeñar transitoriamente un cargo vacante en la Rama Judicial, la cual se
prorrogó cada dos años. La última licencia se autorizó mediante la Resolución 004 de 13
de julio de 2022, con efectos hasta el 16 de julio de 2024.
5. El 24 de junio de 2024 el servidor solicitó la prórroga de su licencia por dos años más,
con el propósito de continuar desempeñando el cargo de fiscal especializado de la
Fiscalía General de la Nación. En subsidio, pidió que se le otorgara una nueva licencia a
partir del 16 de julio de 2014, sin disponer el reintegro al cargo que ostenta en propiedad.
6. La titular del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira otorgó una nueva
licencia, pero dispuso que el empleado debería reintegrarse al empleo el 15 de julio de
2024, de conformidad con lo señalado en el artículo 142 de la Ley 270 de 1996, en
concordancia con la Circular CSJRIC24-9 de 30 de enero de 2024, expedida por el
Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda.
7. Inconforme con la decisión, el señor Arias Dávila interpuso recurso de reposición y en
subsidio apelación, que fueron desatados desfavorablemente mediante las Resoluciones
017 de 12 de julio de 2024 y el Acta 078 del 17 de septiembre siguiente, expedidas por
el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira y el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pereira, respectivamente.
8. A su juicio, al proferir esos actos administrativos, las autoridades accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo y al debido proceso,
dado que condicionaron el disfrute de la licencia no remunerada al reintegro al cargo del
que es titular, requisito que constituye una mera formalidad administrativa carente de
fundamento legal.
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9. Afirmó que, conforme a la jurisprudencia de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, los Consejos Seccionales de la Judicatura no son competentes para
reglamentar e interpretar la ley, de modo que la Circular CSJRIC24-9 de 2024 del
Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda no podía servir de sustento para negar
la solicitud de prórroga de la licencia.
10. Además, señaló que dicha circular se declaró nula por el Consejo de Estado en
sentencia del 12 de septiembre de 20242, por ser contraria al principio de favorabilidad.
Trámite impartido e intervenciones
11. Mediante auto del 8 de octubre de 2024, el despacho sustanciador del proceso en
primera instancia admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Pereira y al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, en
calidad de demandados.
12. En la misma oportunidad negó la medida provisional solicitada, por considerar que la
solicitud no se motivó con suficiencia.
13. La titular del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira solicitó que se
niegue el amparo solicitado, dado que la Resolución 016 de 3 de julio de 2024 se profirió
con fundamento en lo preceptuado en el artículo 142 de la Ley 270 de 1996 y la Circular
CSJRIC24-9 fue expedida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda y, por
ende, se encuentra ajustada a derecho.
14. Precisó que el Consejo de Estado declaró la nulidad de la Circular PSAC13-14 de
2013 proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, y que, en todo caso, esa decisión
fue posterior a la expedición de los actos administrativos reprochados.
15. El presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira solicitó que se
declare la improcedencia de la acción, por incumplimiento del requisito de subsidiariedad,
toda vez que el accionante tiene a su alcance el medio de control de simple nulidad o
nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir la legalidad de los actos
administrativos que cuestiona a través de la tutela de la referencia.
2 Consejo de Estado, Sección Segunda, M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; Radicación:
11001032500020130165400 (4252- 2013) - 11001-03-25-000-2013-01645-00(4223-2013) acumulado.
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16. La presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda solicitó que no
se acceda al amparo pretendido, habida consideración de que no se advierte vulneración
alguna, sumado a que el accionante no acredita encontrarse en situación de
vulnerabilidad ni se avizora la configuración de un perjuicio irremediable que habilite la
protección de sus derechos por esta vía constitucional.
17. En todo caso, solicitó que, de accederse a lo pretendido, se le desvincule por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
Fallo impugnado
18. En sentencia del 25 de octubre de 2024, la Sección Tercera, Subsección B, del
Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción por incumplimiento del requisito
de subsidiariedad.
19. Afirmó que el señor Jorge Mario Arias Dávila no agotó todos los medios judiciales a
su alcance para la protección de sus derechos fundamentales ni demostró la presencia
de un perjuicio irremediable que torne procedente el amparo. En efecto, sostuvo que el
actor puede ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y
solicitar como medida cautelar la suspensión de los actos que estima ilegales, en los
términos del artículo 229 del CPACA.
20. También señaló que mediante la acción de amparo el señor Arias Dávila pretende
controvertir la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales las autoridades
nominadoras negaron su solicitud de prorrogar la licencia no remunerada; y que sea el
juez de tutela quien ordene conceder la prórroga en los términos que él pretende, lo que
es evidentemente contrario a la naturaleza residual de la tutela, que impide que se utilice
dicho mecanismo para desplazar los medios judiciales que resulten idóneos y eficaces.
Impugnación
21. Inconforme con la decisión, la parte actora presentó impugnación. Insistió en que el
perjuicio irremediable que echó de menos el a quo, consiste en que la decisión adoptada
por las autoridades accionadas le impide seguir ejerciendo el cargo de fiscal delegado
ante los jueces penales del circuito especializado, dado que le impone reintegrarse al
empleo de secretario en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito, respecto del cual
ostenta los derechos de carrera.
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22. Manifestó que si renuncia al cargo de fiscal para reintegrarse al empleo de secretario
y así conservar los derechos de carrera, es muy difícil que después pueda retornar a la
Fiscalía, en donde tiene un salario muy superior.
23. Adujo que ostenta la condición de prepensionado, por cuanto le faltan «menos de 24
meses» para acceder a la pensión de vejez.
24. Finalmente, solicitó que se conceda el amparo como mecanismo transitorio, para
evitar un perjuicio irremediable, toda vez que, de lo contrario, la nominadora lo declarará
insubsistente y/o con abandono del cargo, lo que significaría la pérdida de sus derechos
de carrera.
II. CONSIDERACIONES
Problema jurídico
25. Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia del 25 de octubre de 2024, proferida por la Sección Tercera, Subsección B,
del Consejo de Estado. Para tal efecto, teniendo en cuenta lo expuesto en los
antecedentes, la Sala examinará si se vulneraron los derechos fundamentales del señor
Jorge Mario Arias Dávila, con ocasión de los actos administrativos expedidos por el
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira y el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pereira, mediante los cuales se concedió una licencia no remunerada para
desempeñar un cargo vacante en la Rama Judicial, condicionada al reintegro al cargo de
carrera.
26. Concretamente, se examinará si los cargos alegados satisfacen el requisito general
de subsidiariedad, por ser éste el aspecto objeto de discrepancia, según los argumentos
expuestos en la alzada.
Análisis de la Sala
27. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela «solo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable». En
concordancia, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 estableció como causal de
improcedencia de este mecanismo, la existencia de otros recursos o medios de defensa
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judicial, sin perjuicio de la posibilidad de acudir a la tutela como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
28. La Corte Constitucional ha sostenido de manera general la improcedencia de la
acción de tutela contra actos administrativos, al señalar que «no procede para
controvertir la validez ni la legalidad de los actos administrativos, en razón a que, la
naturaleza residual y subsidiaria de este mecanismo constitucional impone al ciudadano
la carga razonable de acudir previamente, a través de los respectivos medios de control,
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el fin de solucionar los conflictos
con la Administración y proteger los derechos de las personas»3.
29. En este caso, el señor Jorge Mario Arias Dávila cuestiona los actos administrativos
mediante los cuales se concedió la licencia no remunerada para ocupar un cargo vacante
en la Rama Judicial y se condicionó su disfrute al reintegro del servidor al empleo de
carrera, a saber: i) Resoluciones 0164 y 017 de 20245 proferidas por el Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de Pereira; y ii) Acta 078 del 17 de septiembre 2024, expedida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, notificada el 20 de septiembre siguiente.
30. La Sala comparte la tesis acogida por el fallador de primera instancia, porque, sin
duda, la acción se torna en improcedente, dado que no satisface el requisito de
subsidiariedad6.
31. En efecto, el actor disponía de otro mecanismo judicial para reclamar la protección
de los derechos fundamentales invocados, este es, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en cuyo trámite, valga la pena recordar, se prevén
mecanismos como las medidas cautelares, que permiten que el juez adopte las
decisiones pertinentes para que, por ejemplo, se suspendan transitoriamente los efectos
de los actos administrativos enjuiciados, constituyéndose así en un medio de defensa
ágil y efectivo, en cuanto permite proteger y garantizar, de manera provisional, el objeto
del proceso y la efectividad de la sentencia.
3 Sobre el particular, pueden revisarse las sentencias T-002 de 2019, SU-077 de 2018 y SU-617 de 2013.
4 Resolvió solicitud inicial.
5 Resolvió el recurso de reposición contra la Resolución 016 de 2024.
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En palabras de la Corte Constitucional, «La acción de tutela solo procede ante la ausencia de otro
mecanismo de defensa judicial en el ordenamiento jurídico que permita la resolución de
las pretensiones. En ese sentido, el carácter residual tiene como objeto preservar el reparto de
competencias atribuidas a las autoridades judiciales por la Constitución y la ley, con fundamento en los
principios de autonomía e independencia judicial». Sentencia T-003 de 13 de enero de 2023, M.P.
Jorge Enrique Ibáñez Najar.
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32. Revisado el expediente, la Sala no encuentra acreditado que el accionante hubiera
ejercido el respectivo medio de control; además, luego de realizar la búsqueda en el
sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial, no se halló información al respecto.
Así las cosas, no existe mérito para examinar el carácter irremediable del perjuicio
invocado.
33. Recuérdese que, la procedencia de la tutela como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable, opera siempre y cuando el solicitante tenga habilitado el medio
judicial ordinario. Precisamente, se acepta un amparo temporal, mientras que el afectado
promueve ese mecanismo principal y obtiene la protección de sus garantías
fundamentales por parte del juez natural.
34. En todo caso, no sobra insistir en que el perjuicio irremediable es un riesgo cierto y
real de daños provenientes de la amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo
que de llegar a producirse no tendría ninguna forma de reparación auténtica, esto es,
diferente a la mera indemnización del perjuicio. De ahí que, la eventual afectación
económica por la posible disminución del ingreso mensual del actor (ocasionado por el
reintegro al cargo de carrera), no tiene la entidad suficiente para catalogarse como un
perjuicio irremediable derivado de los actos administrativos censurados, que, de todas
formas, gozan de presunción de legalidad.
35. Finalmente, frente a la condición de prepensionado invocada por el actor en el escrito
de impugnación, basta indicar que éste no aportó medio de prueba alguno que dé cuenta
de tal calidad, pues no se conoce con certeza su edad ni las semanas cotizadas hasta el
momento, siendo este último elemento esencial para determinar si es o no
prepensionado, según lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-003 de
20187. Ahora, aunque en la impugnación afirmó que le faltan «menos de 24 meses» para
acceder a la pensión, lo cierto es que ni siquiera precisó si con la expresión 24 meses se
estaba refiriendo a la edad o a tiempo de cotización.
7 (…) Para la Sala Plena, con fines de unificación jurisprudencial, cuando el único requisito faltante
para acceder a la pensión de vejez es el de edad, dado que se acredita el cumplimiento del número
mínimo de semanas de cotización, no hay lugar a considerar que la persona es beneficiaria del
fuero de estabilidad laboral reforzada de prepensionable, dado que el requisito faltante de edad
puede ser cumplido de manera posterior, con o sin vinculación laboral vigente. En estos casos, no
se frustra el acceso a la pensión de vejez. Para fundamentar esta segunda regla de unificación
jurisprudencial se hace referencia a la jurisprudencia constitucional que ha desarrollado la figura y
a su finalidad específica, en aras de determinar por qué, en el supuesto de unificación, no se frustra
el acceso a la pensión de vejez.
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36. Bajo las anteriores consideraciones, la Sala confirmará la sentencia de primera
instancia, que declaró improcedente el amparo solicitado por el señor Jorge Mario Arias
Dávila.
37. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Confirmar la sentencia del 25 de octubre de 2024, proferida por la Sección
Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, de conformidad con lo razonado en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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