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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05338-00

Fecha
31 de octubre de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05338-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05338-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

31 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2024-05338-00
Accionante: EFRÉN RAMÍREZ CASAS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL- Se declara
improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con el requisito
general de procedencia de inmediatez.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Efrén Ramírez Casas
contra el Tribunal Administrativo del Huila.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Efrén Ramírez Casas solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales a la vida digna, a la igualdad, al acceso a la administración de
justicia y a la seguridad social en conexidad con los principios de favorabilidad,
buena fe, confianza legítima y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal,
cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 12 de marzo de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo del Huila, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el número de radicación 41001-33-33-003-2018-
00150-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05338-00
Accionante: Efrén Ramírez Casas

2.1. Informó que a 31 de diciembre de 2014, esto es cuando finalizó el régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 23 de diciembre de 19931, tenía 55
años de edad y contaba con 20 años de servicios al Estado, cumpliendo con los
requisitos del artículo 1º de la Ley 33 de 29 de enero de 19852, como fue
acreditado por la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, a
través de acto administrativo.

2.2. Señaló que, por lo anterior, el 28 de junio de 2016 le solicitó a
COLPENSIONES el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a su favor,
en los términos de la Ley 33 de 1985, es decir, “[…] calculando el IBL con la
inclusión de la totalidad de los factores devengados en el último año de servicios
(17 de febrero de 1999 hasta el 16 de febrero de 2000) y aplicando una tasa de
reemplazo del 75% de la prestación […]”.

2.3. Explicó que, mediante Resolución núm. GNR 294207 de 6 de octubre de 2016,
COLPENSIONES negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación,
argumentando que “[…] a 31 de diciembre de 2014, no configure [sic] mi derecho
pensional, como quiera que no contaba con la edad mínima exigida por la norma
aplicada en transición, aunado a que en ese momento no logre [sic] acreditar las
semanas mínimas necesarias para que la prestación sea reconocida bajo los
parámetros de la ley 797 de 2003 […]”.

2.4. Relató que el 26 de octubre de 2016 presentó recurso de apelación contra el
anterior acto administrativo, el cual fue confirmado mediante Resolución núm.
VPB 869 de 6 de enero de 2017.

2.5. Indicó que presentó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado núm. 41001-33-33-003-2018-00150-00/01, para que se declarara la
nulidad de los actos administrativos proferidos por COLPENSIONES y se
ordenara la liquidación de la pensión de jubilación.

2.6. Señalóque el conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Neiva, autoridad judicial, que a través de sentencia
de 30 de septiembre de 2021, declaró “[…] la nulidad de la Resolución No. GNR
294207 del 6 de octubre del 2016 “Por medio del cual se niega el reconocimiento
y pago de una pensión de VEJEZ” y la Resolución No. VPB 869 del 6 de enero
del 2017 “Por medio de la cual se resuelve un trámite de prestaciones
económicas en el régimen de prima media con prestación definida (vejez –
recurso de apelación)”, proferidos por Colpensiones […]”, y ordenó se procediera
al reconocimiento y pago de la pensión de vejez y el pago retroactivo de las
mesadas causadas a partir del 31 de diciembre del 2014.

1
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.
2
“Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el
Sector Público.”

3

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05338-00
Accionante: Efrén Ramírez Casas

2.7. Manifestó que COLPENSIONES apeló la anterior decisión, y el Tribunal
Administrativo del Huila revocó, mediante sentencia de 12 de marzo de 2024, el
fallo de primera instancia al considerar que para “[…] la época en que se expidió la
resolución GNR 294207 del 6 de octubre de 2016, el demandante no satisfacía
dichos requisitos, porque solo tenía 56 años y acumulaba 1057.57 semanas.
Situación que no cambió en el momento en que se resolvió adversamente el recurso
de apelación propuesto por el demandante (resolución VPB 869 del 6 de enero de
2017) […]”.

2.8. Sostuvo que el Tribunal accionado estudió “[…] aspectos que no fueron materia
de debate desde la primera instancia y que, bajo los principios de buena fe y
confianza legítima, ya habían sido decididos en vía gubernativa por
COLPENSIONES, acabando de un solo tajo con el principio de jurisdicción rogada y
el principio de favorabilidad que debe regir toda actuación judicial y beneficiando de
esta manera a la entidad demandada […]”. [Negrilla y subrayado original del texto].

2.9. Agregó que “[…] [a]ctualmente me encuentro desprotegida [sic], toda vez que
tuve que emigrar de mi País por cuestiones de seguridad y económicas y como
ustedes sabrán, vivir como inmigrante en un país ajeno, es muy difícil y más aún,
cuando no se tiene un sustento básico para suplir las necesidades básicas y se es
persona de la tercera edad como ocurre en mi caso ad portas de cumplir 65 años
[…]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO. - Que se AMPAREN mis derechos fundamentales a la VIDA
EN CONDICIONES DIGNAS, IGUALDAD, FAVORABILIDAD, DERECHO
SUSTANCIAL SOBRE EL FORMAL16, SEGURIDAD SOCIAL, ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA en concordancia con los postulados de
la BUENA FE y CONFIANZA LEGÍTIMA y todos los demás que se logren
demostrar dentro de este trámite constitucional, contemplados en los Arts. 2,
13, 29, 42, 45 y 229 de la Constitución Política, los cuales considero han sido
vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA, como
consecuencia de la decisión adoptada en la sentencia de segunda instancia
de fecha 12 de marzo de 2024, que resolvió revocar la sentencia favorable de
primera instancia, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Neiva.

SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia de
fecha 12 de agosto de 2024, emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL [sic] dentro del radicado No. 41.001.33.33.003.2018.00150-01, y como
consecuencia de ello, ORDENAR a dicha Corporación, emitir nuevamente su
fallo de segunda instancia y de fondo, conforme a los precedentes
jurisprudenciales y las pruebas que obran dentro del trámite ordinario y que
viabilizan la procedencia de reconocer la pensión de jubilación deprecada con

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05338-00
Accionante: Efrén Ramírez Casas

fundamento en los presupuestos expuestos por mi apoderado en el trámite y
teniendo como fundamento imprescindible los actos administrativos
contenidos en la resoluciones Nos. GNR 294207 DEL 06 DE OCTUBRE DE
2016 y en la No. VPB 869 DEL 06 DE ENERO DE 2017, proferidas por LA
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-.
[sic] […]”. [Negrilla, subrayado y mayúscula original del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 10 de octubre de 2024, el Despacho a cargo de la
sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se
vincularon en calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso a
la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES y al Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Neiva.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las
vinculadas, se allegaron los siguientes informes:

5.1. El Tribunal Administrativo del Huila señaló, a través del magistrado ponente
de la decisión objeto de la acción de amparo, que no se vulneraron los derechos
fundamentales del accionante, “[…] porque la controversia se contraía a
establecer si el demandante tenía derecho al reconocimiento pensional, con
fundamento en la Ley 33 de 1985. Amén de que al tenor de los dispuesto en el
artículo 328 del CGP, se debía establecer si era beneficiario del régimen de
transición, porque aspecto estaba planteado en la alzada formulada por
Colpensiones […]”, por lo que solicitó negar el amparo solicitado.

5.2. LaJuez Tercero Administrativo del Circuito de Neiva manifestó que se
remitía a las consideraciones expuestas en la providencia de 30 de septiembre de
2021, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento con radicado
núm. 41001-33-33-003-2018-00150-00/01.

5.3. La Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES señaló, a
través de la directora de acciones constitucionales, que no transgredió ningún
derecho fundamental del señor Efrén Ramírez Casas, en razón a que la petición de
reconocimiento de pensión se resolvió en su momento de acuerdo con lo acreditado
por el accionante, y que en este momento no cursa ninguna petición o trámite
pendiente de resolver.

5.4. Por
lo que solicitó que se negaran las pretensiones propuestas frente a esa
entidad.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05338-00
Accionante: Efrén Ramírez Casas

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19913, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20154, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20215, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20196.

VI.2. Problemas jurídicos

7. Teniendo en cuenta la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer lo
siguiente:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, de ser
así, se deberá determinar:

b) Si la providencia de 12 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el número de radicación 41001-33-33-
003-2018-00150-00/01 vulneró los derechos fundamentales invocados por
el accionante.

8. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo
posteriormente a (ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos
alegados, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias
adjetivas.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

9. LaSala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el

3
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
4
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
5
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6
Reglamento Interno del Consejo de Estado.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05338-00
Accionante: Efrén Ramírez Casas

estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

10. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la
sentencia SU-627 de 2015.

12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial8, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.

13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en
dichos parámetros.

8
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
9
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una
situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
10
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio
González Cuervo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05338-00
Accionante: Efrén Ramírez Casas

14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

15. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.

VI.4. El caso concreto

16. El señor Efrén Ramírez Casas solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
a la vida digna, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la
seguridad social en conexidad con los principios de favorabilidad, buena fe,
confianza legítima y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, cuya
vulneración le atribuyó a la providencia de 12 de marzo de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el número de radicación 41001-33-33-003-2018-
00150-00/01.

17. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito de inmediatez.

VI.4.1. De incumplimiento del requisito general de procedencia de la
inmediatez

18. En cuanto al requisito general de inmediatez, se debe señalar que la acción de
tutela no tiene un plazo específico para su interposición. Sin embargo, la Corte
Constitucional ha dicho, refiriéndose a este requisito, que la acción de tutela debe
ser interpuesta: “[…] en un término razonable y proporcionado a partir del hecho
que originó la vulneración11. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de
tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de solución de conflictos
[…]”12.

11
Ver entre otras, Sentencia T-315 de 2005.
12
Sentencia C-590 de 2005, T-743 de 2008, T-343 de 2012.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05338-00
Accionante: Efrén Ramírez Casas

19. Al respecto, la jurisprudencia constitucional13, ha señalado lo siguiente:

“[…] En el caso específico de tutelas contra providencias judiciales, el
requisito de inmediatez adquiere una connotación aún más precisa y
exigente, pues el carácter excepcional de esta figura obedece
precisamente a la necesidad que existe de conciliar la protección de
derechos fundamentales con los principios constitucionales de
seguridad jurídica y autonomía judicial, que podrían comprometerse si
la tutela contra providencias judiciales se convierte en práctica
generalizada. De ahí que la jurisprudencia de la Corte Constitucional
haya sido particularmente reiterativa en considerar que el principio de
inmediatez es particularmente importante cuando se trata de examinar la
procedencia de tutelas contra providencias judiciales. En la citada
sentencia C-590 de 2005, se afirmó que “de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos” […]”14. [Negrilla fuera del texto y cursiva original del texto].

20. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, fijó una regla
jurisprudencial según la cual el plazo considerado como razonable era de seis (6)
meses, contados a partir de la notificación de la decisión judicial objeto de tutela.
Ello con sustento en el siguiente raciocinio:

“[…] Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se
ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la
realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza
material, que la hace definitiva e inmutable.

Anotase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que
las diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes
sobre este aspecto. Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un
plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de
la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra
providencias judiciales se ejerce oportunamente.

Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza
del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de
los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la
tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas
logren certeza y estabilidad. La regla general del plazo de seis meses se
acoge, además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado
como razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se
trata de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional
[…]”15. [Negrilla fuera del texto].

13
Corte Constitucional, Sentencia T-739 de 2010.
14
Ibidem.
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente 11001-
03-15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05338-00
Accionante: Efrén Ramírez Casas

21. La jurisprudencia constitucional16 ha establecido excepciones a la aplicación
del requisito de inmediatez, las cuales deberán demostrarse y justificarse por el
accionante en cada caso particular17, así:

“[…] La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida
transcurrido un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración,
siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes,
por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de
edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el
núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii)
exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la
vulneración de los derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre
que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho
que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la
situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos,
continúa y es actual […]”18.

22. Precisadolo anterior, la Sala pone de presente que, para determinar si la
presente acción de tutela satisface el requisito general de procedibilidad de
inmediatez, se debe tener en cuenta la fecha de notificación de la providencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, esto es, el 19 de marzo de
2024. Ello en razón a que la jurisprudencia de esta Sección ha sido pacífica en
sostener que el plazo razonable se contabiliza a partir de la fecha en que se
notifique la providencia acusada por vía de tutela, y no en el término de
ejecutoria.

23. Con fundamento en lo expuesto, la Sala estima pertinente poner de relieve
que: (i) el fallo que motivó la interposición de la presente acción de tutela fue
notificado por correo electrónico enviado el 19 de marzo de 202419, por lo que
debe entenderse que dicha notificación se surtió al finalizar el día 21 de ese
mismo mes y año20, y (ii) que la presente solicitud de amparo se radicó a través
de la plataforma habilitada en la página web de la Rama Judicial “Recepción de
Tutelas y Hábeas Corpus en Línea”, el día 3 de octubre de 202421.

24. Así las cosas, y comoquiera que la solicitud de amparo fue radicada el 3 de
octubre de 2024, para la Sala es claro que la misma se ejerció por fuera de los 6
meses, término fijado tanto por esta Corporación como por la Corte
Constitucional.

16
Sentencia T-584 de 2011.
17
Sentencia T-695 de 2017 de la Corte Constitucional. Cfr. Sentencia de Unificación proferida por la Sala Plena del
Consejo de Estado el 5 de agosto de 2014. Exp. 2012-02201-01 (IJ).
18
Sentencia T-246 de 2015, Corte Constitucional.
19
Índice 00015 de SAMAI, envió de notificación, radicado núm. 41001-33-33-003-2018-00150-01.
20
En aplicación de los artículos 203 y 205 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011.
21
Índice 00001 de SAMAI, acta individual de reparto, radicado núm. 11001-03-15-000-2024-05338-00.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05338-00
Accionante: Efrén Ramírez Casas

25. En ese orden de ideas, y en atención a que, tampoco se observa otra causal
adicional que justifique la demora en la interposición de la presente acción
constitucional, la Sala considera que no se satisface el requisito general de
procedibilidad atinente a la inmediatez, resaltándose que no se cumplen los
presupuestos para acceder a la aplicación de la sentencia SU-354 de 2017 de la
Corte Constitucional.

26. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de amparo al no cumplir el requisito general de procedencia de
inmediatez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

11

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05338-00
Accionante: Efrén Ramírez Casas

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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