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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05338-01

Fecha
23 de enero de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05338-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia del 31 de octubre de 2024 que profirió la Sección Primera del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta providencia. En su lugar, quedará así: PRIMERO: NEGAR la acción de tutela interpuesta por Efrén Ramírez Casas en contra del Tribunal Administrativo de Huila, por las razones consignadas en esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-15-000-2024-05338-01 Accionante: Efrén Ramírez Casas Accionado: Tribunal Administrativo del Huila La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05338-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

23 de enero de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05338-01
Accionante: Efrén Ramírez Casas
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05338-01
Accionante: Efrén Ramírez Casas
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: reconocimiento de la pensión de jubilación
con el régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Subtema 3: defectos material o
sustantivo, decisión sin motivación y violación directa de la Constitución.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de impugnación interpuesto por el señor Efrén Ramírez Casas en contra de la
sentencia del 31 de octubre de 2024, proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Efrén Ramírez Casas interpuso una solicitud de amparo de sus derechos
fundamentales a la vida digna, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia
y a la seguridad social, que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del
Huila, con ocasión de la providencia que esta autoridad profirió el 12 de marzo de 2024,
dentro del expediente identificado con el radicado núm. 41001-33-33-003-2018-00150-
01, a través de la cual revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones de la parte actora frente al reconocimiento y pago de su pensión de
jubilación.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y demás elementos aportados por las partes en el
trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

2. Efrén Ramírez Casas presentó una demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho para lograr la nulidad de las resoluciones n.°
GNR 294207 del 6 de octubre de 2016 y n.° VPB 869 del 6 de enero de 2017, que le
1

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Accionante: Efrén Ramírez Casas
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila

negaron el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación conforme lo establece la
Ley 33 de 1985.

3. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, mediante
sentencia del 30 de septiembre de 2021, accedió a las pretensiones de la demanda y
ordenó el reconocimiento y pago de una pensión de vejez.

4. El Tribunal Administrativo del Huila, a través de providencia del 12 de marzo de
2024, revocó el fallo de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda al
considerar que el actor no era beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de
1993.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

5. La parte actora solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:

«PRIMERO. - Que se AMPAREN mis derechos fundamentales a la VIDA EN
CONDICIONES DIGNAS, IGUALDAD, FAVORABILIDAD, DERECHO SUSTANCIAL
SOBRE EL FORMAL, SEGURIDAD SOCIAL, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA en concordancia con los postulados de la BUENA FE y CONFIANZA
LEGÍTIMA y todos los demás que se logren demostrar dentro de este trámite
constitucional, contemplados en los Arts. 2, 13, 29, 42, 45 y 229 de la Constitución
Política, los cuales considero han sido vulnerados por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL HUILA, como consecuencia de la decisión adoptada en la
sentencia de segunda instancia de fecha 12 de marzo de 2024, que resolvió revocar la
sentencia favorable de primera instancia, proferida por el Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia de fecha 12 de
agosto de 2024, emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL [sic] dentro del
radicado No. 41.001.33.33.003.2018.00150-01, y como consecuencia de ello,
ORDENAR a dicha Corporación, emitir nuevamente su fallo de segunda instancia y de
fondo, conforme a los precedentes jurisprudenciales y las pruebas que obran dentro
del trámite ordinario y que viabilizan la procedencia de reconocer la pensión de
jubilación deprecada con fundamento en los presupuestos expuestos por mi apoderado
en el trámite y teniendo como fundamento imprescindible los actos administrativos
contenidos en la resoluciones Nos. GNR 294207 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2016 y en
la No. VPB 869 DEL 06 DE ENERO DE 2017, proferidas por LA ADMINISTRADORA
COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-. [sic]»1

6. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó que el Tribunal
Administrativo del Huila incurrió en los defectos material o sustantivo, decisión sin
motivación y violación directa de la Constitución, ya que al negar el reconocimiento
pensional se desconoció que contaba con 20 años de servicio, los cuales habían sido
reconocidos por la entidad demandada. Asimismo, indicó que es beneficiario del
régimen de transición y tiene 55 años, es decir, la edad para hacerse acreedor de la
pensión de jubilación.

7. Por otra parte, el accionante resaltó que existen diversos pronunciamientos
jurisprudenciales que van en contravía de lo dispuesto por el tribunal accionado, ya
que consideró que se debe hacer un estudio pormenorizado de las resoluciones objeto
de demanda, así como la anulación de los actos administrativos en primera instancia.

1
Se transcribe, incluso, con errores del texto.

2

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Accionado: Tribunal Administrativo del Huila

2.3. Trámite procesal

8. La tutela correspondió a la Sección Primera del Consejo de Estado que, a través
del despacho ponente, profirió auto el 10 de octubre de 2024 en el que la admitió,
vinculó a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones y ordenó las
notificaciones de rigor.

2.4. Intervenciones

9. El Tribunal Administrativo del Huila 2 solicitó que se niegue el amparo
constitucional, ya que no vulneró los derechos de la parte accionante, pues en la
providencia del 12 de marzo de 2024 indicó claramente que el demandante al momento
de entrar en vigor la Ley 100 de 1993 solo tenía 34 años y 14.5 años de servicio, es
decir, que no era beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100
de «1996» [sic].

10. La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones3 pidió que se
nieguen las pretensiones porque la acción constitucional no cumple con los requisitos
generales de procedibilidad. Además, consideró que no se configuró ningún vicio,
defecto o vulneración de derechos fundamentales.

2.5. Sentencia de primera instancia

11. La Sección Primera del Consejo de Estado profirió fallo de primera instancia, el 31
de octubre de 20244, en el que negó por improcedente la acción de tutela interpuesta
por desconocimiento del requisito de inmediatez. Esto en la medida que la sentencia
controvertida se notificó el 21 de marzo de 2024, pero el actor ejerció la acción
constitucional el 3 de octubre de 2024, es decir, más de 6 meses después.

2.6. Impugnación

12. El señor Efrén Ramírez Casas presentó impugnación en contra de la sentencia del
31 de octubre de 20245, indicó que se encuentra dentro del término, como quiera que
el auto de obedecer y cumplir lo dispuesto por el superior se expidió el 18 de abril de
2024. En igual sentido, refirió que se encuentra fuera del país, y citó jurisprudencia
sobre la tardanza en la interposición de acciones de tutela cuando se presentan
contingencias derivadas del COVID-19.

2 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05338-00, índice 12, 3660C5BF49BB77F5 452A08861D5860E2
9BD8DF95579CBB81 C36935C03019DF27.
3
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05338-00, índice 13, 1D698167C081BC60 1649315CB75A7D02
2B15D26C84D5E88F FBB1098F48ADFFF7 .
4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-00716-00, índice 15, ACD1422486795B38 6F583452FB40D512
4D6E6F92F912F30C A498BC76C321394B .
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-00716-00, índice 19, 4E7F4F2588ADB755 209B9109333EC4AF
F7CBE2780649981A 5110764B22B251FF.

3

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III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

13. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación contra de la sentencia del 31 de octubre de 2024,
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.

3.2. Legitimación en la causa

14. La legitimación en la causa por activa del señor Efrén Ramírez Casas se
encuentra acreditada, por cuanto fue la parte demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que fue expedida la sentencia que, a su juicio,
desconoció su derecho fundamental.

15.También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Huila, porque fue la autoridad judicial que expidió la providencia
dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho que se
cuestiona mediante la acción constitucional.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

16. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 6 y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional, bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de
evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo
constitucional7.

17.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

(i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial;
(iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
(iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental;
(v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
(vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente

n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
7 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.

4

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18. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso de
amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales8 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.

19. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial, se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución9.

3.4 Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

20. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional10
ha sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa y con claridad en torno a las razones por las cuales el
asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que
ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

21. Así pues, la Corte Constitucional11 ha fijado unos criterios que deben ser acatados
con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en
concreto, los cuales son:

(i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico»12, lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental»13;
(ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente
un carácter legal, lo que ocurre, por ejemplo, cuando se discute la forma de
interpretar o aplicar una norma, o en los eventos en que la controversia versa
sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los
particulares, más no para el interés general, y
(iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa, mínima,
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

22. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que, de encontrarse configurados los defectos material o
sustantivo, decisión sin motivación y violación directa de la Constitución expuestos en
el escrito de tutela, prosperaría la pretensión de amparo de ordenar al tribunal

8 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
9 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

5

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accionado que emita una nueva sentencia en la que decida si el demandante tiene
derecho al reconocimiento y pago de su pensión de jubilación.

23. Respecto de los cargos de la tutela, el accionante no tiene otros mecanismos
ordinarios y/o extraordinarios para proteger sus derechos fundamentales, pues
agotó las instancias respectivas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho en el que se profirió la decisión objeto de tutela.

24. El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, porque la providencia
proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, objeto
de reparo, es del 12 de marzo de 2024, la cual quedó ejecutoriada el 2 de abril de 2024
y la acción de tutela se presentó el 3 de octubre del mismo año14, esto es, dentro del
plazo de seis (6) meses que establecieron la jurisprudencia constitucional15 y del
Consejo de Estado16 como razonable.

25. En primera instancia, el juez constitucional consideró que el escrito de tutela que
presentó el señor Ramírez Casas no superó el requisito de inmediatez, por cuanto tuvo
en cuenta la fecha de notificación de la providencia de segunda instancia, esto es, el
19 de marzo de 2024, para contar el término de 6 meses.

26. La Sala no comparte el anterior criterio, en la medida en que el término debe
contarse a partir de la ejecutoria de la providencia cuestionada, hecho que para el caso
en concreto ocurrió el día 2 de abril de 2024. Es por eso que el término empezó a
correr a partir del día siguiente, por lo cual el accionante en principio tenía hasta el día
3 de octubre de 202417 para presentar acción de tutela, día en el que acudió a la
jurisdicción.

27. Por los motivos expuestos, esta Subsección tendrá por superado el requisito de
inmediatez y continuará con el estudio de los demás requisitos de procedibilidad y, si
a ello hay lugar, emitirá una decisión de fondo.

28. La parte actora, en el escrito de tutela, expuso de forma clara y concreta los
hechos y argumentos por los cuales consideró vulnerados sus derechos
fundamentales y estos no exponen una irregularidad procedimental. Finalmente, la
providencia reprochada no se emitió dentro de un trámite de tutela.

29. Según lo expuesto, esta Sala constitucional encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad y continúa con el estudio de las causales específicas en
los términos que planteó la parte actora.

14 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05338-00, índice 03, certificado núm. 7ECA4363D8308914
A4092FBA5141311A F0A8611A10647ADE 36E2E774923F4D27.
15 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente

n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
17 Conforme lo establece el artículo 302 del CGP, las providencias notificadas fuera de audiencia quedan

ejecutoriadas tres días después de notificadas; el artículo 118 de esa misma normativa establece que el conteo de
los términos fuera de audiencia es a partir del día siguiente. El horario judicial se extiende hasta las 5:00 p.m.
conforme lo establece el Acuerdo núm. PSAA07-4034 de 2007, la providencia realmente quedó ejecutoriada al
finalizar ese día, por lo cual no puede contarse desde el 2 de abril de 2024, pues solo hasta el día 3 de ese mismo
mes y año quedó en firme.

6

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3.5. Problema jurídico

30. La Sala debe decidir si revoca o modifica el fallo de primera instancia del 31 de
octubre de 2024, que declaró improcedente el amparo. Para ello, deberá establecer si
la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Huila incurrió en los defectos
material o sustantivo, decisión sin motivación y violación directa de la Constitución con
la sentencia del 12 de marzo de 2024, que revocó la providencia proferida por el
Juzgado Tercero Administrativo de Neiva el 30 de septiembre de 2021 y, en su lugar,
negó el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación.

31. Para el efecto, se estudiarán las generalidades del defecto material o sustantivo,
decisión sin motivación y violación directa de la Constitución y el caso concreto.

3.5.1. Defecto sustantivo

32. Conforme con la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una
norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, fue
declarada inexequible, derogada o subrogada o porque su contenido no guarda
relación de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha
aplicado.

33. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que la
acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable interpretación de
una norma legal o reglamentaria, ya que los jueces son autónomos para escoger entre
diversas interpretaciones de una disposición legal la que consideren más acorde con
el ordenamiento jurídico en atención a lo dispuesto en el artículo 230 de la Constitución
Política.

34. La Corte Constitucional, en sentencia T-284 de 2006, se pronunció sobre la
limitación del principio de la autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las
normas, en los siguientes términos:

«[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los
jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar
su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar el
ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones de
la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los contenidos,
postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación […]».

35. En este sentido, la Corte ha precisado que la interpretación que hace el juez de
las normas que aplica a un caso concreto encuentra límite en el carácter normativo de
la Constitución (artículo 4º de la CP), en la obligación de dar eficacia a los derechos
fundamentales (artículo 2º superior), en la primacía de los derechos humanos (artículo
5º de la Constitución), el principio de legalidad contenido en el derecho fundamental al
debido proceso (artículo 29 de la CP) y en la garantía al acceso a la administración de
justicia (artículo 228 superior).
7

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3.5.2 Decisión sin motivación

36. Según lo expuesto por la Corte Constitucional, la decisión sin motivación consiste
en:

«el incumplimiento de los servidores judiciales del deber de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, pues precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. Este tipo de falencia se
distingue del defecto fáctico, en cu[a]nto no se estructura a partir de la
disconformidad entre la motivación de la sentencia y su parte resolutiva, sino en
la ausencia de razonamientos que sustenten lo decidido»18.

37. Esto quiere decir, que este defecto no cuestiona los fundamentos y razones del
juez ordinario, sino la absoluta falta de ellos en la decisión atacada.

38. En igual sentido, este defecto resalta que el juez en su decisión no tuvo en cuenta
los hechos expuestos y la jurisprudencia aplicable al caso, pues no los expresó19; lo
anterior convierte una providencia judicial en un mero acto sometido a la voluntad del
juez, lo que es completamente arbitrario20.

3.5.3 Violación directa de la Constitución

39. De acuerdo con la Corte Constitucional, el defecto bajo estudio tiene fundamento
en la fuerza vinculante prevista en el artículo 4 superior, según el cual la Carta Política
es norma de normas en todo el ordenamiento jurídico interno y, ante cualquier
«incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales». Dicha causal específica de procedencia ocurre
cuando el juez en su providencia «omite, contradice o le da un alcance insuficiente a
las reglas, principios y valores consagrados en el texto superior»21.

40. En un principio, el defecto de violación directa de la Constitución fue concebido
como un defecto sustantivo; sin embargo, en la sentencia T-949 de 2003 fue
comprendido como una causal autónoma de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, criterio ratificado con la sentencia C-590 de 200522. Ahora bien,
el alto tribunal constitucional ha indicado que esta causal se configura en los siguientes
eventos:

i) En la solución del caso se deja de interpretar y aplicar una disposición
legal de conformidad con el precedente constitucional;
ii) se trata de la violación evidente a un derecho fundamental de aplicación
inmediata;
iii) los jueces, con sus fallos, vulneran derechos fundamentales porque no
tienen en cuenta el principio de interpretación conforme con la
Constitución; y

18
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009, posición reiterada en sentencia T-502 de 2024.
19
Corte Constitucional, sentencia SU-424 de 2012, posición reiterada en sentencia T-502 de 2024.
20
Corte Constitucional, sentencia T-709 de 2010, posición reiterada en sentencia T-502 de 2024.
21
Corte Constitucional, sentencia T-587 de 2017.
22 Corte Constitucional, sentencia SU-027 de 2021.

8

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iv) si el juez encuentra, deduce o se le interpela sobre una norma
incompatible con la Constitución, y no aplica las disposiciones
constitucionales con preferencia a las legales23.

41. En conclusión, el defecto autónomo de violación directa de la Constitución supone
el desconocimiento por parte de los jueces del mandato contenido en el artículo 4
superior que antepone, de manera preferente, la aplicación de los postulados de la
Constitución Política, sus reglas, principios y valores.

3.5.4. Caso concreto

42. En el asunto bajo estudio, los reparos de inconformidad del tutelante se reducen a
que, en su concepto, la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, al
momento de proferir la sentencia, no tuvo en cuenta que los actos demandados habían
dispuesto que era beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993. Además, indicó que el juez de segunda instancia vulneró el
principio de justicia rogada, ya que estudió aspectos que no se consideraron en la
primera instancia.

Frente al defecto material o sustantivo

43. La Sala de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila revocó la decisión de
primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones del actor sobre el
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación. En particular, expuso lo siguiente:

a.- Contrario a lo señalado por el a quo, el demandante no es beneficiario del régimen
de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1996, porque en el momento
en que entró en vigencia dicho sistema (1º de abril de 1994), solo tenía 34 años (nació
el 31 de diciembre de 1959) y acumulaba 14.5 años de servicio
[…]
Así las cosas, su régimen pensional está regulado por la Ley 100 de 1993, modificada
por la Ley 797 de 2003
[…]
c.- En la época en que se expidió la resolución GNR 294207 del 6 de octubre de 2016,
el demandante no satisfacía dichos requisitos, porque solo tenía 56 años y acumulaba
1057.57 semanas. Situación que no cambió en el momento en que se resolvió
adversamente el recurso de apelación propuesto por el demandante (resolución VPB
869 del 6 de enero de 2017).
d.- En ese orden de ideas, no tiene derecho a acceder a la pensión de jubilación, en
los términos consagrados en la Ley 33 de 1985; amén de que en desarrollo del proceso
no se acreditó que reúna los requisitos para obtener el reconocimiento de dicha
prestación en armonía con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
modificada por la Ley 797 de 200324.

44. Consecuente con lo hasta aquí expuesto, la Sala puede afirmar sin reparo alguno
que la autoridad judicial accionada no incurrió en un defecto sustantivo, en razón de
que las normas en las que se soportó el juicio de legalidad de los actos demandados
son las que regulan el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de la parte
actora, ya que, como quedó demostrado, no cumplió con los requisitos para acceder a

23 Corte Constitucional, sentencia SU-098 de 2018.
24
Se transcribe, incluso con errores del texto.

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Accionante: Efrén Ramírez Casas
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila

la pensión en los términos de la Ley 33 de 1985; además, se encuentran vigentes y
con revisión de constitucionalidad.

45. De manera que la interpretación que realizó la autoridad accionada de esas
normas no fue irrazonable, arbitraria ni caprichosa, en la medida en que, después de
contrastar la norma con la historia laboral del actor, encontró que este no cumplió con
los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición.

46. En este punto, es importante aclarar que el tribunal accionado no vulneró o
transgredió el principio de justicia rogada, pues la apelación interpuesta por
Colpensiones pretendía que se revocara el fallo de primera instancia al considerar que
el accionante no era beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 100 de
1993 y, por ende, no le era aplicable la Ley 33 de 1985. Dentro de sus argumentos,
explicó que no cumplía con los requisitos para acceder a este, lo cual en efecto se
resolvió en la providencia atacada.

Frente a la decisión sin motivación

47. En lo que respecta a este defecto, la parte actora argumentó que no se tuvieron
en cuenta las resoluciones que negaron el reconocimiento de dicho derecho, ni
tampoco se tuvo en consideración lo debatido en el juicio ordinario. Afirmó que la
decisión no tenía motivación jurídica ni jurisprudencial.

48. No obstante, al revisar la providencia controvertida, se observa claramente que en
el apartado de consideraciones se hizo un recuento del régimen de transición
establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, los requisitos exigidos para
pertenecer a este, así como las normas posteriores que establecieron un límite
temporal, como lo es el Acto Legislativo 01 de 2005.

49. De igual forma, se analizaron las pruebas aportadas al proceso y, en el caso
concreto, se comparó lo establecido en la norma con lo probado y se llegó a la
conclusión de que el señor Ramírez Casas tenía 34 años en el momento en que entró
en vigor la normativa en mención. Asimismo, de acuerdo con lo aportado en la historia
laboral, prueba que no fue controvertida en esta acción, se llegó a la conclusión de
que solo contaba con 14 años de servicio, por lo cual su supuesto de hecho no es el
requerido para ser beneficiario del régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de
1993 y, por ende, no puede acceder al amparo de la Ley 33 de 1985.

50. El ad quem afirmó que, al no ser el demandante beneficiario de la transición, le era
aplicable lo regulado en la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 797 de 2003, de la
cual también citó los requisitos para obtener el reconocimiento pensional. Una vez
más, estudió dicha normativa para el actor y llegó a la conclusión de que aún no cumple
con lo dispuesto en esta, pues no cuenta con la edad ni las semanas de cotización.

51. En ese orden, se concluye que la decisión fue debidamente motivada, pues dio
cuenta de los hechos relevantes y argumentos jurídicos que la llevaron a revocar la
sentencia de primera instancia.

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Frente a la violación directa de la Constitución

52. El actor argumentó que la providencia atacada es opuesta a la jurisprudencia que
le es favorable, y contraria a los derechos fundamentales de «equidad, justicia social,
favorabilidad, seguridad social e igualdad». En punto a estas afirmaciones, la
Subsección no encuentra que puedan constituir el defecto aducido dado que no se
identifica cuál es la jurisprudencia constitucional desatendida, tampoco explica si es
vinculante, ni dice por qué es aplicable para su caso en concreto.

53. En este punto es importante advertir que cuando se alega la configuración del
defecto en cita, la parte actora tiene la carga argumentativa de demostrar cuál es el
precedente judicial que se dejó de aplicar o interpretar. De la misma forma, debe
demostrar la violación evidente de los derechos fundamentales. No obstante, en el
caso en discusión, el accionante se limitó a enunciar los derechos que consideró
vulnerados sin explicar por qué la providencia atacada era contraria a estos. Lo único
que argumentó fue la falta de valoración de los actos administrativos demandados,
aspecto que no puede constituir el fundamento de este defecto, pero que en todo caso
fue estudiado al analizar el defecto sustantivo.

IV. CONCLUSIÓN

54. Por las razones expuestas, esta Sala modificará la sentencia del 31 de octubre de
2024, proferida en primera instancia por la Sección Primera del Consejo de Estado,
que declaró improcedente las pretensiones de amparo, para, en su lugar, negar la
solicitud de tutela.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia del 31 de octubre de 2024
que profirió la Sección Primera del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en
esta providencia. En su lugar, quedará así:

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela interpuesta por Efrén Ramírez Casas en
contra del Tribunal Administrativo de Huila, por las razones consignadas en esta
sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

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Accionante: Efrén Ramírez Casas
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

AC/SEJV

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