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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05370-00

Acción de tutela contra providencias judiciales: procede estudio

Fecha
7 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05370-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de los accionantes Giovany Sánchez Hernández, Edirley Hernández Ariza, Esneider Sánchez Hernández, Sarith Briyid Sánchez Hernández, Rosalba Ariza Murillo, Jazmid Sánchez Hernández y Yirleidy Sánchez Hernández, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones que anteceden 10 Sentencia del 20 de noviembre de 2023, consejera ponente María Adriana Marín, expediente 11001-03-15-000-2023-06236-00. 14 Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05370-00 Accionante: Giovany Sánchez Hernández Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro Referencia: Acción de tutela (primera instancia) SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 9 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y ORDENAR que, en el término de treinta (30) días, contado a partir de la notificación de la presente providencia, profiera una decisión de reemplazo en los términos plasmados en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. CUARTO: De no ser impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-05370-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

7 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05370-00

Accionante: GIOVANY SÁNCHEZ HERNÁNDEZ Y OTROS

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
-SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN A Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES - Procede estudio
de fondo porque se acreditó el cumplimiento de los requisitos generales / DEFECTO
SUSTANTIVO Y FÁCTICO – Se configuran en este caso, porque la autoridad
judicial no aplicó las sentencias de unificación establecidas para casos de
indemnización de perjuicios morales y daño a la salud en caso de lesiones y no
valoró correctamente el acta de junta médica laboral para determinar su
acreditación.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela formulada
por Giovany Sánchez Hernández y otros, de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 333 de 2021.

I. A N T E C E D E N T E S
La demanda

1. El 4 de octubre de 2024, Giovany Sánchez Hernández, Edirley Hernández Ariza,
Esneider Sánchez Hernández, Sarith Briyid Sánchez Hernández, Rosalba Ariza
Murillo, Jazmid Sánchez Hernández y Yirleidy Sánchez Hernández presentaron
acción de tutela contra el Juzgado 31 Administrativo de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, con el fin de que
se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.

Hechos relevantes

2. Giovany Sánchez Hernández prestó el servicio militar obligatorio en el Ejército
Nacional y en desarrollo de esa actividad, en septiembre de 2017, adquirió la
enfermedad Leishmanisis cutánea, motivo por el cual presentó demanda de
1

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05370-00
Accionante: Giovany Sánchez Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

reparación directa, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado 31 Administrativo
de Bogotá.

3. La mencionada autoridad judicial adelantó en primera instancia el proceso y
mediante sentencia del 20 de junio de 2023 accedió parcialmente a las
pretensiones, en el sentido de declarar la responsabilidad patrimonial de la Nación
– Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y condenar a la entidad únicamente al
pago de los perjuicios morales causados a los demandantes.

4. La sentencia de primera instancia fue objeto de apelación por ambas partes y su
conocimiento correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, que mediante providencia del 9 de mayo de 2024 modificó
el fallo de primer grado, en el sentido de disminuir la condena impuesta por el
juzgado a quo.

Pretensiones

5. La parte demandante solicitó lo siguiente:

“1. Dejar sin efecto la sentencia de segunda instancia de fecha 9 de mayo
de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección- Tercera, subsección A.

2. Ordenar que se expida una nueva sentencia en la que se tome como
base lo establecido por la sentencia de unificación del 28 de agosto de
2014. Y que se le conceda a la víctima directa 20 SMLMV, por concepto
de perjuicios morales,20 SMLMV a la madre del lesionado y 10 SMLMV
para cada uno de sus hermanos y 10 SMLMV para su abuela. Se ordene
el reconocimiento de 20 SMLMV, por concepto del perjuicio a la salud.
Se ordene el reconocimiento del perjuicio material en la modalidad de
lucro cesante, dado que existe un medio de prueba dictado por la entidad
demandada en el que se reconoce la afectación de la capacidad
psicofísica de la víctima, y la califica como acaecida en el servicio, por
causa y razón del mismo, es prueba del daño padecido por el conscripto
y da cuenta del carácter cierto del mismo, por cuanto determina
porcentaje de mengua de la capacidad laboral. Y que la exigencia de
prueba directa sobre la vinculación laboral previo al reclutamiento es
desproporcionada en razón de las particularidades en que se da la
vinculación al servicio militar obligatorio, pues, en casi todos los eventos,
el reclutamiento es concomitante con el inicio de la vida productiva -
mayoría de edad”.

Fundamentos de la demanda de tutela

6. En criterio de la parte demandante, la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca desconoció la pérdida de capacidad laboral de la
víctima directa (10%) y sus implicaciones para el reconocimiento y pago de los

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05370-00
Accionante: Giovany Sánchez Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

daños materiales, morales y a la salud. En este sentido, sostuvo que la sentencia
incurrió en defecto sustantivo por error en la interpretación de las normas relativas
al pago de perjuicios, y defecto fáctico por indebida valoración probatoria del acta
de junta médica laboral.

7. Según se indicó en la demanda, la pérdida de capacidad laboral que afrontó
Giovany Sánchez Hernández resultaba suficiente para aplicar la sentencia de
unificación proferida por esta Corporación el 28 de agosto de 2014 y, por tanto,
acceder a los perjuicios materiales a título de lucro cesante, los perjuicios morales
en el tope establecido jurisprudencialmente para la víctima directa y sus familiares,
así como el daño a la salud, derivado de las lesiones padecidas.

Trámite en primera instancia

8. Mediante auto del 10 de octubre de 20241, el despacho sustanciador admitió la
tutela de la referencia, ordenó notificar a los accionados y dispuso la vinculación del
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, por tener interés en el resultado del
proceso.

Intervenciones

9. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
A, a través de la magistrada ponente de la sentencia censurada, afirmó que no se
puede acudir a la tutela con el fin de agotar una instancia adicional para debatir
aspectos probatorios o sustanciales.

10. Respecto de los defectos atribuidos a la sentencia, sostuvo que la tesis
mayoritaria de la Sala propone que los perjuicios morales y de daño a la salud no
se presumen cuando se trata de lesiones leves; sin embargo, la magistrada indicó
que salvó el voto en lo atinente a la indemnización de perjuicios, pero que por
razones de economía y celeridad profirió la decisión, en aplicación de la postura
predominante en la Subsección2.

11. El Juzgado 31 Administrativo de Bogotá remitió el expediente de reparación
directa 11001333603120210023700 y no se pronunció respecto de los hechos que
originaron la demanda de tutela.

12. El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional guardó silencio.

1 Índice 4 de Samai.
2 Índice 10 de Samai.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05370-00
Accionante: Giovany Sánchez Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Acción de tutela contra providencias judiciales

13. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo
de 31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales3.

14. Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena
de la Corporación adoptó los las reglas fijadas por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de esta acción contra
providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional
para la protección de derechos fundamentales, como lo señala el artículo 86
superior y, por ende, se consideró que el amparo frente a decisiones judiciales no
puede ser ajeno a esas características4.

15. Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos
generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados, son5:

16. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional,
dado que el juez no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir
a otras jurisdicciones.

• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.

• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora.

• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos afectados y que hubiere alegado tal
situación en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.

3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 31 de julio de 2012,
exp. 2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 23 de
febrero de 2017, exp. 2016-03336-00 (AC), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, entre muchas otras
providencias.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05370-00
Accionante: Giovany Sánchez Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

• Que no se trate de sentencias de tutela.

17. A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de esta Corporación, son los siguientes:

• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.

• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

• La violación directa de la Constitución Política.

18. Así las cosas, la Corporación ha determinado que le corresponde al juez de
tutela verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal
manera que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura,
por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser
alegados por el interesado6.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016-00134-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 7 de diciembre de 2016, exp.
2016-02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp.
2016-02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, entre otras.
5

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05370-00
Accionante: Giovany Sánchez Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

Caso concreto

19. En el presente asunto, previo a examinar los argumentos de la demanda, la Sala
advierte que sí se cumplen los requisitos para analizar la controversia, en la medida
en que el asunto reviste relevancia constitucional, se cumple con el requisito de
inmediatez, la carga argumentativa de la demanda permite establecer que se alegó
una violación de derechos fundamentales, concretada en una providencia que
incurrió en defecto sustantivo y fáctico, frente a la cual se interpusieron los recursos
procedentes, sin que se cuente con otro mecanismo procesal idóneo para
controvertirla.

20. Del análisis del expediente y la actuación hasta aquí adelantada resulta
razonable concluir que la controversia gira entorno al estudio que efectuó el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A respecto de la
indemnización de perjuicios con ocasión de las lesiones que sufrió Giovany
Sánchez Hernández cuando prestaba el servicio militar.

21. Desde esta perspectiva, lo primero que debe señalar la Sala es que el Juzgado
31 Administrativo de Bogotá accedió parcialmente a las pretensiones formuladas en
el proceso de reparación directa, en los siguientes términos:

“PRIMERO: DECLARAR judicialmente responsable a la Nación —Ministerio de
Defensa Nacional —Ejército Nacional, por los daños ocasionados a GIOVANY
SANCHEZ HERNANDEZ (directamente lesionado), por lo expuesto en la parte
considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: CONDENAR a la Nación —Ministerio de Defensa Nacional —
Ejército Nacional, a pagar por concepto de perjuicios morales las siguientes
sumas de dinero en salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento
de ejecutoria del presente fallo: GIOVANY SANCHEZ HERNANDEZ (víctima
directa) 20 SMLMV EDIRLEY HERNANDEZ ARIZA (madre del lesionado) 20
SMLMV ESNEIDER SANCHEZ HERNANDEZ (hermano del lesionado) 10
SMLMV SARITH BRIYID SANCHEZ HERNANDEZ (hermana del lesionado) 10
SMLMV JAZMID SANCHEZ HERNANDEZ (hermana del lesionado) 10 SMLMV
YIRLEIDY SANCHEZ HERNANDEZ (hermana del lesionado) 10 SMLMV
YULITZA SANCHEZ HERNANDEZ (hermana del lesionado) 10 SMLMV
ROSALBA ARIZA MURILLO (abuela materna del lesionado) 10 SMLMV.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, con base en las
consideraciones precedentes.

CUARTO: Se condena en agencias en derecho a favor de la parte actora la
suma de UN SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE (1 S.M.M.L.V.)

Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05370-00
Accionante: Giovany Sánchez Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

los cuales deberá pagar la parte demandada una vez quede ejecutoriada la
presente sentencia.

QUINTO: Denegar las demás pretensiones de la demanda (…)”.

22. La sentencia de primera instancia fue apelada por la parte demandante, con el
fin de que se accediera a la totalidad de las pretensiones (daño material y daño a la
salud), y por el Ejército Nacional, para que se redujera la condena impuesta, en el
sentido de fijar 10 SMLMV por concepto de daño moral.

23. El tribunal accionado conoció en segunda instancia la controversia y modificó la
sentencia apelada, de la siguiente manera:

“PRIMERO. MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia proferida el 20 de
junio de 2023, por el Juzgado Treinta y Uno (31) Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá D.C., el cual quedará así:

Segundo: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional, a pagar por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas de
dinero en salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de
ejecutoría del presente fallo: GIOVANY SÁNCHEZ HERNÁNDEZ (víctima
directa) – 10 smlmv”.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de primera instancia”.

24. Como se puede observar, en la providencia proferida por el tribunal se revocó
el reconocimiento del perjuicio moral a favor de los familiares de la víctima directa y
se redujo a 10 SMLMV la indemnización para el afectado, para lo cual se expuso el
siguiente razonamiento:

“A su vez, la postura mayoritaria de esta Subsección ha sostenido que para la
tasación de la indemnización del perjuicio moral debe verificarse la gravedad o
levedad de la lesión causada a la víctima, pues “si bien, el nivel de cercanía de
los padres y hermanos de la víctima directa, es un indicio de la causación del
perjuicio, en casos de levedad de la lesión, la presunción del daño moral no se
alcanza a configurar” (Resaltado original).

(…) En esa medida, la Sala encuentra que, respecto de la víctima directa, se
vislumbra una afectación moral, toda vez que el señor Giovany Sánchez
Hernández fue quien padeció el daño antijurídico y quien tuvo que soportar las
secuelas derivadas de la leishmaniasis cutánea, consistentes en una cicatriz
atrófica en pierna derecha sin limitación funcional.

Ahora, frente a la tasación del perjuicio moral a favor de la víctima directa,
resulta pertinente traer a colación una decisión de la Sala, en donde se analizó
una circunstancia comparable con el caso que nos ocupa y se subrayó que “la
reparación de la lesión dependerá de las circunstancias fácticas probadas, en
donde se podrá, siempre que se maneje dentro de los parámetros establecidos
por la sentencia de unificación de 2014, reconocer hasta 20 SMLMV,

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05370-00
Accionante: Giovany Sánchez Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

subsumiendo en los rangos, la gravedad de la lesión en igual o superior al 10%
e inferior al 20%.

En ese contexto, se tiene que en el Acta de Junta Médico Laboral No. 124858
del 11 de agosto de 2022 se le dictaminó a la víctima directa un porcentaje de
pérdida de capacidad laboral equivalente al 10%, luego, para determinar la
suma a indemnizar por el concepto de perjuicio moral, la Sala mayoritaria tendrá
en cuenta la aplicación de una regla de tres, en donde se tiene que si un 19.99%
de incapacidad equivale a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes,
entonces el 10% de incapacidad equivale a 10 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala mayoritaria modificará la indemnización
decretada en primera instancia por concepto de perjuicio moral, para reconocer
a la víctima directa del daño – Giovany Sánchez Hernández – una
indemnización equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

Por otra parte, respecto a las víctimas indirectas, que en el caso concreto se
refiere a: i) Edirley Hernández Ariza en calidad de madre, ii) Esneider Sánchez
Hernández, Sarith Briyid Sánchez Hernández, Jazmid Sánchez Hernández,
Yirleidy Sánchez Hernández, Yulitza Sánchez Hérnandez, quienes concurrieron
en calidad de hermanos de la víctima directa y iii) Rosalba Ariza Murillo en
calidad de abuela del señor Giovany Sánchez Hernández, la Sala mayoritaria
revocará la indemnización concedida en primera instancia, bajo el entendido de
que ante la levedad de la lesión y secuela padecida por el señor Giovany
Sánchez Hernández, no se configuró presunción de afección moral en razón del
parentesco.

En esa medida, pese a la cercanía derivada del parentesco entre los
demandantes y la víctima directa, lo cierto es que en el caso concreto el daño
moral no se alcanza a configurar respecto de aquellos, puesto que no se
evidencia afectación alguna derivada de la lesión padecida por el señor Giovany
Sánchez Hernández (…)”.

25. En lo que atañe al daño a la salud, se confirmó la negativa de su reconocimiento,
por no haberse acreditado las secuelas o limitaciones funcionales derivadas de la
cicatriz generada en la pierna de la víctima como consecuencia de la leishmaniasis,
para lo cual se expuso lo siguiente:

“Pues bien, conforme los lineamientos establecidos por la Sala mayoritaria, en
este caso se advierte que, mediante Acta de Junta Médico Laboral No. 124858
del 11 de agosto de 2022, la Dirección de Sanidad del Ejército de las Fuerzas
Militares de Colombia le diagnosticó al señor Giovany Sánchez Hernández
“leishmaniasis cutánea”, que le aparejó como secuela dos cicatrices atróficas
en pierna derecha sin limitación funcional, circunstancia que en principio podría
conllevar a colegir la configuración de la variable de afectación física por defecto
en sus tejidos; sin embargo, la parte demandante no aportó ni solicitó el medio
probatorio adecuado y cualificado que demuestre que las cicatrices dejadas
como secuela le implican una limitación funcional y/o le impidan la movilización
de su pierna, o establezcan una afectación a los tejidos, por lo tanto, no puede
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05370-00
Accionante: Giovany Sánchez Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

tenerse por demostrada, la afectación física, por el defecto en sus tejidos. En
esa medida, no es posible concluir una alteración a la salud o a las condiciones
de vida normal del aquí demandante.

Así las cosas, pese a que la ponente no comparte la posición mayoritaria y
dejará formulado su salvamento de voto en documento anexo, por razones de
economía y celeridad procesal, en la presente providencia se confirmará la
negativa de reconocer indemnización alguna por concepto de daño a la salud”.

26. Ahora bien, en lo que concierne al perjuicio material en la modalidad de lucro
cesante, la decisión negativa a las pretensiones derivó del hecho de no haberse
acreditado la actividad económica de la víctima antes de prestar el servicio militar
obligatorio, en consideración a que ese tipo de perjuicios no se presumen, por lo
que se exige una mínima carga probatoria para que se acceda a ese tipo de
peticiones7.

27. Precisado lo anterior, la Sala observa que el motivo de reproche de los
accionantes con la sentencia que puso fin al proceso de reparación directa tiene
que ver con la interpretación equívoca de la sentencia de unificación proferida por
esta Corporación el 28 de agosto de 2014, respecto de la indemnización de los
perjuicios morales y daño a la salud derivados de lesiones y con el rigor probatorio
para el reconocimiento de lucro cesante cuando se presenta una pérdida de
capacidad laboral determinada por la junta médica laboral en los casos que
involucran a personas que prestan el servicio militar.

28. Con el fin de dirimir la controversia, es menester aludir al acta de junta médica
laboral practicada a Giovany Sánchez Hernández, con el propósito de establecer la
naturaleza y el alcance de las lesiones que padeció durante la prestación del
servicio militar, así como su implicación en el reconocimiento de los perjuicios
materiales e inmateriales, de cara a la eventual configuración de los defectos fáctico
y sustantivo, alegados en la demanda de tutela. Sobre el particular, el documento
en mención determinó lo siguiente (se transcribe de forma literal):

“(…) IV. CONCEPTOS DE LOS ESPECIALISTAS (AFECCIÓN POR EVALUAR
– DIAGNÓSTICO – ETIOLOGÍA- TRATAMIENTOS VERIFICADOS – ESTADO
ACTUAL – PRONÓSTICO – FIRMA MÉDICO) Fecha: 26/05/2022 Servicio:
MEDICINA FAMILIAR FECHA DE INICIO LEISHMANIASIS CUTÁNEA HACE
AÑO Y MEDIO EN 1/3 DISTAL PIERNA DERECHA SIGNOS Y SÍNTOMAS
ULCERA A 1/3 DISTAL PIERNA DERECHA Y MALEOLO IPSILATRAL
ETIOLOGÍA ENFERMEDAD ESTADO ACTUAL ASINTOMATICO.

7 Sobre el particular se expuso lo siguiente: “Sobre este aspecto, esta Sala ha considerado que el
perjuicio material, tanto en sus modalidades de lucro cesante como de daño emergente, debe estar
debidamente acreditado para que se torne procedente su indemnización en sede judicial. Al
respecto, se ha pronunciado la Sala mayoritaria de esta Subsección, indicando que para el
reconocimiento indemnizatorio por lucro cesante no opera presunción alguna, razón por la cual se
requiere prueba de la actividad económica realizada por el demandante antes del periodo de
conscripción. En igual sentido, la posición mayoritaria ha sostenido que al extremo activo del litigio
le asiste la carga procesal probatoria del perjuicio material, por lo cual, tampoco hay lugar al arbitrio
judicial como mecanismo para fijar la reparación pecuniaria”.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05370-00
Accionante: Giovany Sánchez Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

DIAGNÓSTICO LEISHMANIASIS CUTÁNEA YA TRATADA PRONÓSTICO
BUENO.

NOTA: EL PACIENTE TIENE PLENO CONOCIMIENTO DE LOS CONCEPTOS
EMITIDOS POR LOS ESPECIALISTAS

V. SITUACIÓN ACTUAL

A. ANAMNESIS SLR RETIRADO. ACUDE PARA DEFINIR SU APTITUD
PSICOFÍSICA Y UNA PROBABLE DISMINUCIÓN DE SU CAPACIDAD
LABORAL EN UN PROCESO DE APTITUD PSICOFÍSICA PARA SU RETIRO.
NO REFIERE MOLESTAS. NO MANIFIESTA ALTERACIONES A
CONSIDERAR EN ESTA JUNTA Y CONFORME CON LOS CONCEPTOS
ESPECIALIZADOS Y LA INFORMACIÓN APORTADA. SIML 69 FOLIOS. NO
JUNTA ANTERIOR, NO TM. NO TUTELA. NO IAL PARA ESTA JUNTA
MÉDICA.

B. EXAMEN FÍSICO BUEN ESTADO GENERAL CONSIENTE ORIENTADO
MARCHA NORMAL. ADECUADA COMUNICACIÓN CON EL
INTERLOCUTOR. BAJO PESO APARENTE. PA 120/80 FCC 80. CABEZA
CUELLA NORMAL PINRLA. CARDIOPULMONAR NORMAL. RUIDOS
CARDIACOS RITMICOS NO SOPLOS. EXPANSIÓN TORÁXICA NORMAL.
VENTILACIÓN PULMONAR NORMAL. ABDOMEN BLANDO SIN DOLORL.
NO MASAS. NO HERNIAS. OSTEO MUSCULAR. NO HAY SIGNOS
INFLAMATORIOS EN SU ECONOMÍA ARTICULAR EL TROFISMO Y LA
SENSIBILIDAD Y LA FUERZA SON NORMALES. LOS ARCOS DE
MOVIMIENTO ESTÁN COMPLETOS SIN DOLOR NI LIMITACIÓN
FUNCIONAL. PIEL DOS CICATRICES ATRÓFICAS EN EL TOBILLO
EXTERNO DE PIERNA DERECHA SIN LIMITACIÓN FUNCIONAL DE 3X3
CM(2). GENITAL NO SE EXPLORÓ. RESTO DE EXAMEN FISICO NORMAL.

VI. CONCLUSIONES A-DIAGNÓSTICO POSITIVO DE LAS LESIONES O
AFECCIONES:

1) LEISHMANIASIS CUTÁNEA VALORADO POR MEDICINA FAMILIAR DEJA
COMO SECUELA A) CICATRICES ATROFICAS EN PIERNA DERECHA SIN
LIMITACIÓN FUNCIONAL. FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN.

B- Clasificación de las lesiones o afecciones y calificación de capacidad
psicofísica para el servicio INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL APTO
C- Evaluación de la disminución de la capacidad laboral LE PRODUCE UNA
DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD LABORAL DEL DIEZ POR CIENTO (10%)
D-Imputabilidad del servicio AFECCIÓN-1. SE CONSIDERA ENFERMEDAD
PROFESIONAL. LITERAL (B)(EP)
E- Fijación de los correspondientes índices DE ACUERDO AL ARTÍCULO 47,
DECRETO 0094 DEL 11 DE ENERO DE 1989, LE CORRESPONDE POR: 1A)
NUMERAL 10-004 LITERAL (A) ÍNDICE DOS (2). (…)”.

NOTA: SE PUEDE DESEMPEÑAR EN LA VIDA CIVIL DE ACUERDO A SU
PERFIL OCUPACIONAL”.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05370-00
Accionante: Giovany Sánchez Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

29. Establecida la calificación de la disminución de la capacidad laboral de la víctima
directa, resulta pertinente hacer alusión al criterio unificado por la Sala Plena de la
Sección Tercera de esta corporación en la sentencia del 28 de agosto de 2014 8,
respecto de la indemnización de perjuicios morales en caso de lesiones, en virtud
del cual se dispuso lo siguiente:

Para el efecto se fija como referente en la liquidación del perjuicio moral, en los
eventos de lesiones, la valoración de la gravedad o levedad de la lesión
reportada por la víctima. Su manejo se ha dividido en seis (6) rangos: (…)
Deberá verificarse la gravedad o levedad de la lesión causada a la víctima
directa, la que determinará el monto indemnizatorio en salarios mínimos. Para
las víctimas indirectas se asignará un porcentaje de acuerdo con el nivel de
relación en que éstas se hallen respecto del lesionado, conforme al cuadro. La
gravedad o levedad de la lesión y los correspondientes niveles se determinarán
y motivarán de conformidad con lo probado en el proceso. Nivel No. 1.
Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno-
filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado
de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes). Tendrán derecho
al reconocimiento de 100 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o
superior al 50%; a 80 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión
sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 60 SMLMV cuando la gravedad
de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 40 SMLMV si la
gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 20 SMLMV
cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al
20% y, por último, a 10 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión
sea igual o superior a 1% e inferior al 10%”. Nivel No. 2. Donde se ubica la
relación afectiva, propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos,
hermanos y nietos). obtendrán el 50% del valor adjudicado al lesionado o
víctima directa, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se
describe: tendrán derecho al reconocimiento de 50 SMLMV cuando la gravedad
de la lesión sea igual o superior al 50%; a 40 SMLMV en los eventos en que la
gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e 8 inferior al 50%; a 30
SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior
al 40%; a 20 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e
inferior al 30%; a 10 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o
superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 5 SMLMV en los eventos en
que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%. (se
destaca).

30. Así las cosas, la Sala observa que la proporción propuesta en la sentencia
cuestionada se apartó sin justificación de la regla establecida en la sentencia de
unificación y no atiende a criterios jurídicos ni probatorios, sino que evidencia una
posición estrictamente aritmética, que dista del derecho a la reparación integral en
casos de responsabilidad del Estado por lesiones.

31. Dicho de otra manera, como la sentencia del tribunal accionado desconoció una
pauta jurisprudencial sin exponer un argumento suficiente para proceder en tal

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, consejera ponente Olga Mélida Valle de De la Hoz,
expediente 50001-23-15-000-1999-00326-01(31172).
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05370-00
Accionante: Giovany Sánchez Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

sentido, se impone concluir que constituye una vía de hecho, como consecuencia
de un defecto sustantivo, motivo por el cual se dejará sin efectos, para que la
autoridad judicial profiera una providencia que se ajuste a la regla fijada por la Sala
Plena de la Sección Tercera de esta Corporación.

32. Respecto del daño a la salud, se advierte que también se desconoció la regla
fijada en la misma fecha -28 de agosto de 2014- por la Sala Plena de la Sección
Tercera frente a este tema, que reiteró la postura de unificación del 14 de
septiembre de 2011, en la que se precisó que existen dos supuestos para reconocer
el daño a la salud, i) el objetivo, que es el porcentaje de pérdida de la capacidad
laboral, y ii) el subjetivo, que sí propende por una carga probatoria, pero únicamente
a efectos de incrementar la indemnización en casos de máxima gravedad del daño9.

33. Desde esta perspectiva, resulta cuestionable que el tribunal demandado exigiera
a las víctimas la acreditación de circunstancias adicionales a la lesión y la
consecuente pérdida de capacidad laboral, determinada por autoridad competente,
máxime si se tiene en cuenta que no pretendían una indemnización adicional,
motivo por el cual esa situación desproporcionada también impone ordenar que se
profiera una sentencia de remplazo que tenga en cuenta la jurisprudencia sobre la
materia, apartándose de criterios que no fueron previstos en sede de unificación.

34. Finalmente, en lo que concierne a la indemnización por los perjuicios materiales
en la modalidad de lucro cesante, la Sala comparte el argumento expuesto por el
tribunal accionado, en el sentido de afirmar que no existe sentencia de unificación
sobre la materia, motivo por el cual resulta válido afirmar que no hubo un defecto
sustantivo por desconocer el régimen jurídico aplicable; sin embargo, es necesario
examinar la valoración probatoria efectuada al respecto, con el fin de determinar si
se incurrió en defecto fáctico o no.

35. El acta de junta médica laboral practicada a Giovany Sánchez Hernández da
cuenta de una lesión cutánea en su pierna derecha, que dio lugar a una pérdida de
capacidad laboral calificada como del 10%, pero que no generó una limitación

9 Al respecto se puede consultar la sentencia proferida el 5 de junio de 2024 por la Subsección B de
la Sección Segunda de esta Corporación (expediente 11001-03-15-000-2023-07515-01, consejero
ponente Juan Enrique Bedoya Escobar (E). En esa providencia se afirmó que: “(…) por ende, no era
exigible a la parte activa del proceso ordinario, demostrar, además del componente objetivo -
porcentaje de la pérdida de capacidad- uno subjetivo, como lo fuera acreditar la forma en que se vio
afectado el demandante en el desenvolvimiento de su ámbito social, familiar o recreativo; esto es,
las consecuencias del perjuicio; pues, esto último es necesario solo en el evento de que se persiga
incrementar el monto establecido con la valoración objetiva del perjuicio. Ello debido a que la
sentencia de unificación del 14 de septiembre de 2011, determinó que el daño a la salud es
reparable cuando se encuentra alterada la salud del reclamante, con el efecto de resarcirlo,
por lo que objetivamente dicho daño se acredita con el porcentaje de invalidez; lo cual debe
ser resarcido por el operador judicial. Además de lo anterior, las referidas sentencias de unificación
no supeditaron el reconocimiento del daño a la salud a la comprobación de sus efectos, como lo
sería demostrar la forma en que se vio afectado el demandante en el desenvolvimiento de su ámbito
social, familiar o recreativo”.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05370-00
Accionante: Giovany Sánchez Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

funcional. Además, se dejó como nota en ese documento que “se puede
desempeñar en la vida civil, de acuerdo con su perfil ocupacional”.

36. Lo que se acaba de indicar resulta de suma importancia, en la medida en que la
determinación del perjuicio material, en la modalidad de lucro cesante está
directamente ligada a las características de la lesión, sus secuelas y las eventuales
limitaciones que se puedan presentar, de cara al desarrollo de las actividades
cotidianas de la persona que resultó afectada.

37. En un pronunciamiento reciente, la Sala sostuvo lo siguiente:

Nótese que el Acta de Junta Médica señala que el paciente presenta buen
estado general, pero de ninguna manera desconoce que existe una afectación
física del paciente, como lo omite el Tribunal. En efecto, la calificación advierte
de la existencia de una «deformidad en dorso del pie derecho al marchar en
punta de pies», que mejora con la marcha normal, y en sus conclusiones,
agrega que la fractura «deja como secuela A. callo óseo doloroso, 2 y 3
metatarsiano pie derecho».

Por tanto, carece de veracidad el aserto de que únicamente se acreditó —
aspecto no menos relevante— el porcentaje de disminución de la capacidad;
todo lo contrario, esa declaración está antecedida del análisis de una
deformidad y una secuela de dolor con ciertos movimientos del pie.
Circunstancia que, en virtud de esa prueba técnica y de las reglas de la
experiencia, permitían concluir, sin ambages, la afectación de la salud y de
actividades cotidianas por tratarse, precisamente, de una extremidad que está
en constante uso y con la que se ejecutan diferentes movimientos en
actividades cotidianas como correr, bailar o alguna otra actividad similar que
nada tiene que ver con la vida militar.

En igual sentido, la autoridad accionada restó mérito a esa prueba para estimar
el lucro cesante, y aunque no existe un criterio unificado sobre la suficiencia
probatoria del acta para su reconocimiento, la sentencia dejó de lado que el
Acta de Junta Médica Laboral realizada conforme a parámetros de la actividad
militar, no sólo se refirió a la disminución de la capacidad laboral del
demandante, sino que también abordó las limitaciones físicas y secuelas del
señor Ortega Correa, las cuales, según las reglas de la experiencia, sí pueden
incidir en la existencia de una pérdida de la capacidad laboral para actividades
ordinarias, con independencia de su porcentaje.

Al descartar la condena del daño a la salud y del lucro cesante, a pesar del
contenido del Acta de Junta Médica Laboral, que estableció una pérdida de
capacidad laboral del 10.5% y la existencia de secuelas, el Tribunal incurrió en
el defecto fáctico alegado, pues estaba obligado a hacer un examen del
contenido y las razones de la calificación, las secuelas y su relación con el
principio de reparación integral.

(…) En este caso, la Sala encuentra que la valoración de las pruebas por el
Tribunal se hizo de manera fragmentada, tanto así que valoró el Acta de Junta
Médica y fue el parámetro para fijar el monto de los perjuicios morales; en
cambio, de manera contradictoria le restó valor para efectos del daño a la salud
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05370-00
Accionante: Giovany Sánchez Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

y del lucro cesante, a pesar de la explicación de la existencia de una deformidad
y de las secuelas que produjo (…)”10.

38. La Sala estima pertinente la transcripción precedente para señalar que en ese
caso, a diferencia de lo que ocurre en el actual, se demostró una lesión que generó
limitaciones funcionales permanentes, lo que puso en evidencia la valoración
probatoria parcial y arbitraria del juez ordinario; sin embargo, las condiciones de la
víctima en este evento son diferentes, dado que si bien se demostró una lesión en
la piel, ello no dio lugar a una perturbación funcional, por lo que resulta razonable la
valoración efectuada, y la conclusión según la cual no se contó con elementos para
concluir que había lugar al reconocimiento de indemnización, a título de lucro
cesante.

39. En este orden de ideas, los argumentos relacionados con la negativa de esa
pretensión configuran más un motivo de disenso con el fallo censurado que una
verdadera configuración de un defecto fáctico, de ahí que el amparo solicitado frente
a este preciso tema no esté llamado a prosperar.

40. Por lo anterior, la Sala amparará los derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia y, como consecuencia, dejará sin efectos
la sentencia dictada el 9 de mayo de 2024, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, para que, en el término de treinta
(30) días, contado a partir de la notificación del presente fallo, profiera una
providencia de reemplazo en la que valore el material probatorio obrante en el
expediente de reparación directa, particularmente el acta de junta médica laboral
practicada a Giovany Sánchez Hernández y estudie lo concerniente a la
indemnización de perjuicios morales y daño a la salud, en los términos de las
sentencias de unificación proferidas por la Sala Plena de la Sección Tercera del
Consejo de Estado sobre la materia y adopte la decisión a que haya lugar.

41. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia de los accionantes Giovany Sánchez Hernández,
Edirley Hernández Ariza, Esneider Sánchez Hernández, Sarith Briyid Sánchez
Hernández, Rosalba Ariza Murillo, Jazmid Sánchez Hernández y Yirleidy Sánchez
Hernández, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones que anteceden

10 Sentencia del 20 de noviembre de 2023, consejera ponente María Adriana Marín, expediente

11001-03-15-000-2023-06236-00.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05370-00
Accionante: Giovany Sánchez Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 9 de mayo de 2024
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y
ORDENAR que, en el término de treinta (30) días, contado a partir de la notificación
de la presente providencia, profiera una decisión de reemplazo en los términos
plasmados en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

CUARTO: De no ser impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento de voto

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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