Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01891-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Fáctico y desconocimiento del precedente: se configuran en este caso
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01891-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-01891-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
5 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01891-00
Accionante: JEFFERSON JAVIER BERMÚDEZ ROPERO Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES - Procede estudio
de fondo porque se acreditó el cumplimiento de los requisitos generales / DEFECTO
FÁCTICO Y DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – Se configuran en este caso,
porque la autoridad judicial no aplicó las sentencias de unificación establecidas para casos
de indemnización de perjuicios morales, materiales por lucro cesante y daño a la salud en
caso de lesiones y no valoró correctamente el acta de junta médica laboral para determinar
su acreditación.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por los ciudadanos Jefferson Javier Bermúdez Ropero, Marbelly Eliana Ropero
Castro, Yovany Bermúdez Méndez y Wilder Giovanni Bermúdez Ropero, actuando
por conducto de apoderada, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 333
de 20211.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 31 de marzo de 2025 la parte accionante presentó acción de tutela en
contra de la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia.
Hechos relevantes
2. El señor Jefferson Javier Bermúdez Ropero prestó su servicio militar
obligatorio en el Ejército Nacional, siendo asignado al Batallón de Ingenieros núm.
30 “CR. José Alberto Salazar Aranza”, ubicado en el municipio de Tibú, Norte de
Santander.
3. El 6 de febrero de 2015 mientras se encontraba en las instalaciones del
Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento núm. 30, ubicado en el
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Que ingresó para fallo el 21 de abril de 2025.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01891-00
Accionante: Jefferson Javier Bermúdez Ropero y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
municipio de Salazar de las Palmas, Norte de Santander, sufrió una caída que le
generó una lesión en la rodilla derecha.
4. Por medio de Acta núm. 91055 del 1° de noviembre de 2016, la Junta Médica
Laboral determinó que, por lo hechos ocurridos, había sufrido una pérdida de la
capacidad laboral del 20.5%, como consecuencia “de una gonalgia izquierda,
producto de un “trauma rodilla izquierda tipo contuso que produce meniscopatía
medial rodilla derecha, por lo cual ameritó artroscopia”.
5. Dado que las lesiones tuvieron lugar “en el servicio, por causa y razón del
mismo”, los accionantes presentaron demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional con el fin que se le declarara administrativamente responsable por los
perjuicios causados.
6. Al proceso se le asignó el número de radicación 11001-33-36-036-2017-
00096-00 y su conocimiento correspondió al Juzgado Treinta Seis Administrativo
de Bogotá que, por medio de sentencia del 30 de junio de 2022, declaró la
responsabilidad de la entidad demandada y la condenó en abstracto al pago de
perjuicios materiales, morales y de daño a la salud.
7. Contra dicha decisión ambas partes interpusieron apelación, recurso que fue
resuelto por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que, a través de providencia del 30 de septiembre de 2024, revocó
lo fallado en primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
8. Por considerar que la decisión en comento incurría en un desconocimiento
del precedente y un defecto fáctico, la parte demandante presentó acción de tutela
contra providencia judicial en contra de la Subsección A de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
9. El expediente de tutela fue radicado con el número 1001-03-15-000-2024-
06337-00 y su estudio fue asignado a la Sección Cuarta del Consejo de Estado que,
mediante sentencia del 12 de diciembre de 2024, negó el amparo solicitado.
10. La decisión fue impugnada y correspondió a la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado que, por medio de providencia del 14 de febrero de
2025, revocó la primera instancia y, en su lugar, (i) concedió la protección de los
derechos fundamentales invocados, (ii) dejó sin efectos la sentencia del 30 de
septiembre de 2024 y (ii) ordenó a la Subsección A de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictar fallo de reemplazo.
11. En cumplimiento de la orden constitucional, la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió nueva sentencia el 13
de marzo de 2025, en la cual resolvió lo siguiente:
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01891-00
Accionante: Jefferson Javier Bermúdez Ropero y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
“[…] SEGUNDO: En consecuencia, MODIFICAR la sentencia del 30 de junio
de 2022, proferida por el Juzgado Treinta y seis Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá D.C., la cual quedará así:
PRIMERO: DECLARAR la responsabilidad patrimonial de la entidad
demandada Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional por los perjuicios de los cuales fue objeto la parte actora con
ocasión de las lesiones que sufrió JEFFERSON JAVIER BERMÚDEZ
ROPERO, mientras prestó el servicio militar obligatorio, conforme a la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional a pagar las siguientes sumas por los
conceptos que se indican a continuación:
̶ Perjuicio Moral
̶ 27.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de
los señores Jefferson Javier Bermúdez Ropero (víctima
directa), Yovany Bermúdez Méndez y Mabelly Eliana Ropero
Castro (padres).
̶ 13.6 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del
señor Wilder Giovanny Bermúdez Ropero, en su calidad de
hermano del afectado.
̶ Daño a la salud
̶ 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del
señor Jefferson Javier Bermúdez Ropero (víctima directa).
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. […]”.
Pretensiones
12. Fueron elevadas en el escrito las siguientes (trascripción literal):
“1. Solicito respetuosamente que se amparen los derechos fundamentales
al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad de
JEFFERSON JAVIER BERMÚDEZ ROPERO, MARBELLY ELIANA
ROPERO CASTRO, YOVANY BERMÚDEZ MÉNDEZ y WILDER
GIOVANNI BERMÚDEZ ROPERO.
2. Como consecuencia de lo anterior, que se declare sin validez ni efectos
jurídicos la providencia del 13 de marzo del 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”,
proceso con radicado 11001-33-36-036-2017-00096-01, en lo relacionado
con la liquidación de perjuicios morales, materiales y de daño a la salud.
3. En desarrollo de lo anterior, que se ordene proferir una nueva
providencia en la que se liquiden perjuicios morales, de daño a la salud y
materiales (lucro cesante), de conformidad con la afecciones físicas e
incapacidad demostradas objetivamente con las pruebas aportadas en el
proceso; y respetando los lineamientos establecidos en el precedente
judicial del Consejo de Estado sobre estos asuntos”.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01891-00
Accionante: Jefferson Javier Bermúdez Ropero y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Fundamentos de la demanda de tutela
13. La parte accionante sostiene que la Subsección A de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con la expedición de la sentencia del 13
de marzo de 2025, incurrió en un defecto fáctico y procedimental por exceso
ritual manifiesto, por cuanto justificó la liquidación de los perjuicios de daño a la
salud en una suma inferior a lo establecido por el Consejo de Estado, afirmando
que la gravedad e intensidad del perjuicio, conforme a la valoración de la Junta
Médica Laboral, se ubica en el menor rango (1 a 10 SMLMV), dado que consideró
que las características de la lesión sufrida por el señor Jefferson Javier Bermúdez
Ropero no significaba una “anormalidad mayor”.
14. En ese sentido, aduce que no se realizó un estudio completo e integral del
Acta de Junta Médica Laboral núm. 91055 del 1° de noviembre de 2016, en la que
se concluyó que la lesión le genera una “incapacidad permanente parcial”, por una
“disminución de la capacidad laboral del veinte punto cinco por ciento (20.5%)”. Lo
anterior, de conformidad con el numeral 1-191 del artículo 47 del Decreto 094 de
1989, esto es, “lesiones o afecciones que produzcan alteración de la función de una
rodilla”.
15. Adicional a ello, manifiesta la configuración de un desconocimiento del
precedente fijado por la Sección Tercera del Consejo de Estado, el cual: (i)
reconoce perjuicios morales de manera objetiva a la víctima directa y su familia,
con fundamento en la disminución de la capacidad laboral dictaminada; (ii)
reconoce perjuicios de daño a la salud de manera objetiva a la víctima directa, con
fundamento en la disminución de la capacidad laboral dictaminada; y (iii) reconoce
perjuicios materiales por lucro cesante a conscriptos que adquirieron una
disminución de la capacidad laboral, aun cuando no se demuestre que realizaba
alguna actividad productiva antes de prestar el servicio militar obligatorio o que
hubiere perdido alguna oportunidad laboral.
16. Frente al reconocimiento de perjuicios morales, expone que la Sala Plena de
la Sección Tercera del Consejo de Estado destacó una tabla de reparación del daño
moral en caso de lesiones a favor de la víctima directa, sus familiares y terceros
afectados, clasificándolos, según su cercanía, en cinco niveles, y tasando en seis
rangos, según el porcentaje de incapacidad, el monto en salarios mínimos
mensuales legales vigentes que le corresponde a cada uno.
17. Afirma que, pese a ello, el Tribunal accionado concluyó que la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2014 “no constituye una norma absoluta” y, por lo
tanto, su obligatoriedad se restringe a asignar un tope máximo en función del
porcentaje dictaminado. Situación que llevó a que la liquidación de los perjuicios
morales fuese en una suma muy inferior a lo que en derecho corresponde.
18. De igual modo, sobre el daño a la salud, señala que en la sentencia del 13
de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que, a
pesar de la comprobación de una disminución de la capacidad laboral del 20.5%,
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01891-00
Accionante: Jefferson Javier Bermúdez Ropero y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
la liquidación debía realizarse en el primer rango de la tabla de reparación
establecida por el Consejo de Estado, esto es, un porcentaje “igual o superior al 1%
e inferior al 10/%”, argumentos que distan de la realidad fáctica y desconocen
ampliamente el precedente judicial, puesto que el señor Jefferson Javier Bermúdez
Ropero percibió verdaderas afectaciones a su integridad psicofísica, que le generan
limitaciones en su capacidad laboral.
19. Finalmente, en cuanto al reconocimiento de perjuicios materiales por lucro
cesante a conscriptos, sostiene que el Tribunal no tuvo en cuenta que (i) quienes
prestan el servicio militar obligatorio se encuentran en una relación de sujeción con
el Estado, por lo que no podrían encontrarse en una relación de trabajo; (ii) se
entiende que solamente a partir del retiro del servicio, inician su vida productiva; y,
por lo tanto, (iii) para la liquidación del lucro cesante se debe presumir que la víctima
devengaría, por lo menos, un salario mínimo mensual vigente al momento de
ocurrencia de los hechos, valor que se debe tomar como base para la liquidación a
la fecha de la decisión. De este modo, (iv) el precedente en materia de
reconocimiento del lucro cesante para soldados conscriptos, solamente exige la
comprobación de una merma en capacidad laboral, sin que sea posible exigir la
prueba del ejercicio de una actividad productiva durante o antes de la prestación
del servicio militar obligatorio.
Trámite en primera instancia
20. Por medio de auto del 2 de abril de 2025, el despacho sustanciador admitió
la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la Subsección A de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca como accionado.
Asimismo, vinculó a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional como
tercero con interés en las resultas del proceso.
21. De igual modo, ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el presente
asunto.
Intervenciones
22. El Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
adjuntó el link para consultar el expediente contentivo del proceso de reparación
directa radicado núm. 11001-33-36-036-2017-00096-00.
23. Las demás partes guardaron silencio.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
24. Le corresponde a la Sala determinar si la solicitud de amparo cumple con los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. De acreditarse, se abordará el estudio de fondo con el fin de establecer
si la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01891-00
Accionante: Jefferson Javier Bermúdez Ropero y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Cundinamarca, con la expedición de la sentencia del 13 de marzo de 2025, incurrió
en alguna causal específica de procedibilidad y, en consecuencia, en la vulneración
de los derechos fundamentales alegados por la parte accionante.
Análisis del caso
Cuestión previa
25. Previo a abordar el caso concreto, considera la Sala necesario pronunciarse
en cuanto a la existencia o no de la cosa juzgada constitucional respecto de la
sentencia del 14 de febrero de 2025, a través de la cual la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió:
“PRIMERO: REVÓCASE la sentencia del 12 de diciembre de 2024
mediante la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó el amparo
y, en su lugar, AMPÁRANSE los derechos fundamentales invocados por
los accionantes.
SEGUNDO: DÉJASE SIN EFECTOS la sentencia del 30 de septiembre de
2024 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en el proceso de reparación directa con
radicado 11001-33-36-036-2017-00096-01.
TERCERO: ORDÉNASE a la Subsección A de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que dicte, dentro de los diez (10)
días siguientes contados a partir de la notificación de la presente
providencia, un fallo que se ajuste a lo dispuesto en la parte motiva aquí
expuesta. […]”.
26. En dicho asunto, si bien el juez constitucional también estudió la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia de los ciudadanos Jefferson Javier Bermúdez Ropero,
Yovany Bermúdez Méndez, Marbelly Eliana Ropero Castro y Wilder Giovanni
Bermúdez Ropero, existen elementos que hacen diferente uno y otro proceso,
como pasa a verse a continuación:
27. En el proceso de conocimiento de la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado se discutió principalmente la aplicación de la figura del daño
especial a la lesión sufrida por el señor Jefferson Javier Bermúdez Ropero, mientras
desempeñaba el servicio militar obligatorio en Norte de Santander, y la
responsabilidad del Ejército Nacional en el daño antijurídico sufrido por la víctima.
28. Al respecto, en los fundamentos de dicha acción de tutela, la parte
demandante expuso en su demanda:
“[…] el señor Bermúdez Ropero, en cumplimiento de órdenes dadas por sus
superiores, durante el desarrollo de la materia marcha se cayó. De otro lado,
en el interrogatorio de parte expuso que durante y con ocasión del
cumplimiento de órdenes del servicio, debido a la poca visibilidad e
inestabilidad del terreno, sufrió una caída, por lo que se lesionó la rodilla
derecha. […]
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01891-00
Accionante: Jefferson Javier Bermúdez Ropero y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
4.5.- El Consejo de Estado ha establecido que los soldados conscriptos se
encuentran bajo una relación de especial sujeción, por lo que el Estado debe
hacerse responsable por los daños sufridos durante el cumplimiento de una
relación, y que cuando una persona ingresa al servicio militar obligatorio en
buenas condiciones de salud debe dejar el servicio en condiciones
similares”.
29. Argumentos frente a los cuales la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, en la sentencia del 14 de febrero de 2025, se pronunció
indicando:
12.5.- La Sala evidencia que el análisis realizado por la autoridad judicial
accionada es aplicable a los casos de soldados profesionales, en los cuales
la persona ingresa al servicio y asume los riesgos inherentes que implica el
desempeño de la carrera militar, caso en el cual, en caso de producirse un
daño, debe demostrarse que el Ejército Nacional incurrió en una falla en el
servicio.
12.6.- El análisis realizado por la autoridad judicial accionada resulta
inadecuado, pues en el caso de los conscriptos, en virtud del artículo 90 de
la Constitución Política, estos deben ser reparados sin necesidad de
demostrar una conducta irregular de las autoridades públicas. Esto, en tanto
la prestación del servicio militar es impuesta, y los conscriptos se encuentran
sometidos a una carga superior a la que deben soportar, por lo que el Estado
debe responder por los daños causados únicamente si se encuentra
probado que el daño fue sufrido en desarrollo del servicio, como es el caso
del accionante.
12.7.- Contrario a lo indicado en la providencia de primera instancia, esta
subsección ha sostenido que el Estado responde por los daños que los
conscriptos sufran en el ejercicio de la actividad militar, en tanto se trata de
personas sometidas a su custodia y cuidado que no ingresaron de forma
voluntaria a la institución, sino en cumplimiento de un deber constitucional.
Así, si un conscripto sufre un daño, este resulta imputable a la demandad
porque se estima que el Estado tiene una obligación de resultado, por lo que
opera el régimen objetivo de responsabilidad y, en consecuencia, le
corresponde a la entidad acreditar una circunstancia extraña que lo exonere
de responsabilidad.
12.8.- De conformidad con lo expuesto, pese a que el tribunal accionado
afirmó que el Ejército Nacional demostró la configuración de una causa
extraña, lo cierto es que en el proceso ordinario se acreditó que la lesión se
produjo”.
30. Contrario a ello, en el caso de la referencia se debate si en el fallo de
reemplazo del 13 de marzo de 2025 la Subsección A de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca aplicó lo dispuesto en la sentencia del
unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2014, en lo relacionado con
los parámetros fijados para indemnizar el daño a la salud, daño material por lucro
cesante y daño moral, y los porcentajes correspondientes de acuerdo con la
gravedad o la levedad de la lesión.
31. Aclarado lo anterior, se continuará con el estudio de la acción de tutela en
comento.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01891-00
Accionante: Jefferson Javier Bermúdez Ropero y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Requisitos generales de procedibilidad
32. En el presente asunto se encuentra demostrado que (i) el accionante no
cuenta con otros medios de defensa judicial para discutir lo aquí expuesto, (ii) la
acción se presentó dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la última
de las providencias enjuiciadas, (iii) no se está invocando una irregularidad
procesal, (iv) se identificaron claramente los hechos generadores de la vulneración
y los derechos transgredidos y (v) no se trata de una sentencia de tutela.
33. Asimismo, la Sala encuentra que (vi) se cumple con el requisito de relevancia
constitucional dado que los cargos están suficientemente argumentados, teniendo
en cuenta que la parte accionante explicó las razones por las cuales considera que
la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia.
34. Adicionalmente, se advierte que también se fundamentaron las causales
específicas de procedibilidad alegadas, por cuanto se expuso con claridad cuáles
fueron las irregularidades probatorias en las que se incurrió en el curso del medio
de control de reparación directa, esto es, la presunta falta de valoración del Acta de
Junta Médica Laboral núm. 91055 del 1° de noviembre de 2016; así como el
desconocimiento del precedente fijado por el Consejo de Estado en la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2014.
35. Además, no es un asunto de mera legalidad o de discrepancia interpretativa,
sino de un evento de naturaleza excepcional que habilita la intervención del juez
constitucional porque, como ha resuelto en casos similares esta Subsección2, se
está frente a una duda sobre la potencial afectación de derechos constitucionales
que desbordaría el juicio de los jueces naturales.
36. De esta manera, y al tenor de lo reiterado por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-215 de 2022, en este caso, lejos de pretenderse que la tutela se erija
en una instancia adicional al proceso de reparación directa o un medio para resolver
desacuerdos de aspectos meramente legales o económicos, se trata de un asunto
que tiene “la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental” y se justifica en la medida de
una posible “afectación desproporcionada a derechos fundamentales”,
concretamente, en el acceso a la administración de justicia de una víctima de una
grave violación de derechos humanos.
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Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 1° de marzo de 2024. Rad.
11001-03-15-000-2023-07457-00. Consejera Ponente: María Adriana Marín.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01891-00
Accionante: Jefferson Javier Bermúdez Ropero y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Análisis de los defectos alegados
i. Del defecto fáctico
37. La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por medio de sentencia del 13 de marzo de 2025, declaró la
responsabilidad patrimonial del Ejército Nacional por los perjuicios de los cuales fue
objeto la parte accionante con ocasión de las lesiones que sufrió el señor Jefferson
Javier Bermúdez Ropero mientras prestaba su servicio militar obligatorio.
38. Para efectos de liquidar el daño moral, la autoridad judicial accionada planteó
lo siguiente:
“49. En la demanda se solicitó una indemnización por daño a la salud por
40 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del lesionado. Se
sustentó en la sentencia de unificación del 14 de septiembre de 2011 y “en
ejercicio del arbitrio iudici, para lo cual se tendrá en cuenta la gravedad y
naturaleza de la lesión padecida”.
50. Sobre la lesión, únicamente obra el acta de la junta médica que refiere
lo siguiente:
IV. CONCEPTOS DE LOS ESPECIALISTAS
(AFECCIÓN POR EVALUAR – DIAGNÓSTICO – ETIOLOGÍA –
TRATAMIENTOS VERIFICADOS – ESTADO ACTUAL – PRONÓSTICO –
FIRMA MÉDICO)
Fecha: 10/06/2016 Servicio: ORTOPEDIA
FECHA DE INICIO: EN 002/2015 CAIDA DE SU ALTURA TRAUMA EN
RODILLA DERECHA CON POSTERIOR INESTABILIDAD. SIGNOS Y
SINTOMAS: TRAUMA RODILLA DERECHA CON POSTERIOR EDEMA.
DOLOR COJERA LEVE, REQUIRIO TRATAMIENTO
RECONSTRUCCION LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR, JUNIO/16.
ETIOLOGIA: TRAUMATICA. ESTADO ACTUAL: BUEN ESTADO
GENERAL HIPOTROFIA DERECHA LEVE DESGARRE ARTICULAR
RODILLA DERECHA, MANEJO QUIRURGICO, FLEXION LIMITE 90°
FUERZA 4/5. DIAGNOSTICO: POSTOPERATORIO RECONTRUCCION
LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR RODILLA DERECHA.
PRONOSTICO: EXPECTANTE.
(…)
VI. CONCLUISONES
A- DIAGNÓSTICO POSITIVO DE LAS LESIONES O AFECCIONES:
1) EN EL SERVICIO SUFRIO TRAUMA RODILLA IZQUIERDA TIPO
CONTUSO QUE PRODUCE MENISCOPATIA MEDIAL RODILLA
DERECHA POR LO CUAL AMERITO ARTROSCOPIA, VALORADO POR
ORTOPEDIA QUE DEJA COMO SEUCELA A) GONALGIA IZQUIERDA.
FIN DE LA TRANSCRIPCION.
51. La sala considera que la gravedad e intensidad del perjuicio – conforme
a la única prueba aportada sobre ese aspecto – se ubica en el primer rango
definido en la sentencia de unificación (1 a 10 smlmv) porque con
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01891-00
Accionante: Jefferson Javier Bermúdez Ropero y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
fundamento en la valoración del organismo médico laboral se considera
que las características de la lesión por gonalgia, en los términos descritos
no significa anormalidad mayor de la estructura o función psicológica,
fisiológica o anatómica”.
39. De acuerdo con dicha valoración ordenó una indemnización por valor de 10
SMLMV por concepto de daño a la salud, al considerar que, aunque la afección
configuró una alteración a la salud y el desempeño de actividades cotidianas del
lesionado, no se demostró perjuicio de mayor magnitud.
40. Frente a esto, la parte accionante sostiene que la Subsección A de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no realizó un estudio
completo e integral del Acta de Junta Médica Laboral núm. 91055 del 1° de
noviembre de 2016, en la que se concluyó que la lesión le genera una “incapacidad
permanente parcial”, por una “disminución de la capacidad laboral del veinte punto
cinco por ciento (20.5%)”. Lo anterior, de conformidad con el numeral 1-191 del
artículo 47 del Decreto 094 de 1989, esto es, “lesiones o afecciones que produzcan
alteración de la función de una rodilla”.
41. Ahora bien, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se
advierte que el Tribunal accionado se fundamentó en lo dispuesto por el Consejo
de Estado en la sentencia del 28 de agosto de 2014, según la cual el juez debe
tener en cuenta las secuelas de las lesiones que alteren el comportamiento y
desempeño de la persona en su entorno social y cultural, para aplicar así un factor
de corrección hasta el monto máximo de 100 salarios mínimos legales, como regla
general, y hasta 400 salarios como excepción.
42. En ese sentido, consideró que el criterio para la tasación de este perjuicio
debe fundarse en las consecuencias de la lesión, que deben estar debidamente
acreditadas en el plenario, y en la gravedad en las condiciones físicas y de salud
de la víctima. Por ello, consideró que, aunque existiese un acta de calificación de
pérdida de la capacidad laboral, dicho documento no podía entenderse como “tarifa
legal para acreditar este perjuicio”.
43. No obstante lo anterior, el Consejo de Estado en la misma sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2014, estableció los siguientes parámetros acordes
con la gravedad o levedad de la lesión:
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01891-00
Accionante: Jefferson Javier Bermúdez Ropero y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
44. Según esta tabla y lo definido por esta corporación, “no es posible
desagregar o subdividir el daño a la salud o perjuicio fisiológico en diversas
expresiones corporales o relacionales pues este tipo o clase de perjuicio es posible
tasarlo o evaluarlo, de forma más o menos objetiva, con base en el porcentaje de
invalidez decretado por el médico legista”3.
45. Así las cosas, según el Acta de Junta Médica Laboral núm. 91055 del 1° de
noviembre de 2016, el señor Jefferson Javier Bermúdez Ropero tuvo un porcentaje
de pérdida de capacidad laboral del 20,5% y las secuelas están debidamente
acreditadas por los médicos tratantes, como lo es la gonalgia, es decir, “una
meniscopatía que genera dolor en la flexión de la rodilla” y un “trauma rodilla
izquierda tipo contuso que produce meniscopatía medial rodilla derecha, por lo cual
ameritó artroscopia”, por lo que se trata de una lesión física que compromete la
salud de la víctima.
46. Frente a esto, si bien no existe una tarifa legal al momento de valorar el daño
a la salud, el dictamen médico laboral sí constituye un factor objetivo para calcular
el porcentaje a indemnizar. Más aún si se tiene en cuenta que el rango definido por
el Tribunal accionado no tiene fundamento médico alguno, sino que, por el
contrario, se trata de una interpretación judicial que concluye, sin mayor sustento,
que “la lesión por gonalgia no constituye una anormalidad significativa de la
estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica”.
47. Al respecto, en cuanto al valor probatorio de las actas proferidas por juntas
médico laborales, esta corporación ha señalado que existen dos supuestos para
reconocer el daño a la salud: i) el objetivo, que es el porcentaje de pérdida de la
capacidad laboral por sí mismo y ii) el subjetivo, que si exige un tema probatorio,
pero en aras de aumentar dicha indemnización ante la gravedad del daño, no
resultando concomitante4.
48. Sobre este punto, esta corporación ha sostenido:
“[…] por ende, no era exigible a la parte activa del proceso ordinario,
demostrar, además del componente objetivo -porcentaje de la pérdida de
capacidad- uno subjetivo, como lo fuera acreditar la forma en que se vio
afectado el demandante en el desenvolvimiento de su ámbito social, familiar
o recreativo; esto es, las consecuencias del perjuicio; pues, esto último es
necesario solo en el evento de que se persiga incrementar el monto
establecido con la valoración objetiva del perjuicio. Ello debido a que la
sentencia de unificación del 14 de septiembre de 2011, determinó que
el daño a la salud es reparable cuando se encuentra alterada la salud
del reclamante, con el efecto de resarcirlo, por lo que objetivamente
dicho daño se acredita con el porcentaje de invalidez; lo cual debe ser
resarcido por el operador judicial. Además de lo anterior, las referidas
sentencias de unificación no supeditaron el reconocimiento del daño a la
salud a la comprobación de sus efectos, como lo sería demostrar la forma
3
Consejo de Estado – Sección Tercera. Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014.
4
Consejo de Estado, Sentencia de 5 de junio de 2024, Radicado No.11001-03-15-000-2023-07515-
01. C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
11
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01891-00
Accionante: Jefferson Javier Bermúdez Ropero y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
en que se vio afectado el demandante en el desenvolvimiento de su ámbito
social, familiar o recreativo”5.
49. En atención a lo expuesto, de acuerdo con el parámetro jurisprudencial
establecido por el Consejo de Estado, la indemnización por daño a la salud debió
ser otorgada en 40 SMLMV, conforme con los baremos fijados para la tasación de
la indemnización por daño a la salud, porque no es dable que se le exija a la víctima
la acreditación de circunstancias adicionales a la lesión y la consecuente pérdida
de capacidad laboral determinada por autoridad competente.
ii. Del desconocimiento del precedente
50. Por otro lado, la parte accionante sostiene que en el presente asunto se
configura un desconocimiento del precedente fijado por la Sección Tercera del
Consejo de Estado, el cual: (i) reconoce perjuicios morales de manera objetiva a la
víctima directa y su familia, con fundamento en la disminución de la capacidad
laboral dictaminada; y (ii) reconoce perjuicios materiales por lucro cesante a
conscriptos que adquirieron una disminución de la capacidad laboral, aun cuando
no se demuestre que realizaba alguna actividad productiva antes de prestar el
servicio militar obligatorio o que hubiere perdido alguna oportunidad laboral.
51. En la decisión enjuiciada, el Tribunal accionado, en la misma línea con la
tasación del daño a la salud, redujo el daño moral y negó el daño material por lucro
cesante, con fundamento en que los baremos establecidos en la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2014 debían aplicarse de forma proporcional
atendiendo a la gravedad o levedad de la lesión acreditada a partir de la pérdida de
capacidad laboral de la víctima directa.
52. Consideró que la prueba de la disminución de la capacidad laboral, aunque
relevante, no cumplía por sí sola con la carga de acreditar el lucro cesante, pues
hacía falta demostrar que la pérdida de la capacidad laboral afectó la capacidad
productiva para realizar actividades de orden general y común de cualquier
persona.
53. Al respecto, resulta pertinente hacer alusión al criterio unificado por la Sala
Plena de la Sección Tercera de esta corporación en la sentencia del 28 de agosto
de 20148, respecto de la indemnización de perjuicios morales en caso de lesiones,
en virtud del cual se dispuso lo siguiente:
“Para el efecto se fija como referente en la liquidación del perjuicio moral,
en los eventos de lesiones, la valoración de la gravedad o levedad de la
lesión reportada por la víctima. Su manejo se ha dividido en seis (6) rangos:
(…) Deberá verificarse la gravedad o levedad de la lesión causada a la
víctima directa, la que determinará el monto indemnizatorio en salarios
mínimos. Para las víctimas indirectas se asignará un porcentaje de
acuerdo con el nivel de relación en que éstas se hallen respecto del
lesionado, conforme al cuadro. La gravedad o levedad de la lesión y los
5
Ibídem.
12
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01891-00
Accionante: Jefferson Javier Bermúdez Ropero y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
correspondientes niveles se determinarán y motivarán de conformidad con
lo probado en el proceso. Nivel No. 1. Comprende la relación afectiva,
propia de las relaciones conyugales y paterno- filiales o, en general, de los
miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad,
cónyuges o compañeros permanentes). Tendrán derecho al
reconocimiento de 100 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual
o superior al 50%; a 80 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la
lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 60 SMLMV cuando
la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 40
SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al
30%; a 20 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior
al 10% e inferior al 20% y, por último, a 10 SMLMV en los eventos en que
la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%”. Nivel
No. 2. Donde se ubica la relación afectiva, propia del segundo grado de
consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). obtendrán el 50% del
valor adjudicado al lesionado o víctima directa, de acuerdo con el
porcentaje de gravedad de la lesión, como se describe: tendrán derecho al
reconocimiento de 50 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o
superior al 50%; a 40 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la
lesión sea igual o superior al 40% e 8 inferior al 50%; a 30 SMLMV cuando
la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 20
SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al
30%; a 10 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al
10% e inferior al 20% y, por último, a 5 SMLMV en los eventos en que la
gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.”.
54. En atención a lo citado, la Sala observa que la proporción propuesta en la
decisión cuestionada se aparta sin justificación de la regla establecida en la
sentencia de unificación y no atiende a criterios jurídicos ni probatorios, sino que
evidencia una posición estrictamente aritmética, que dista del derecho a la
reparación integral en casos de responsabilidad del Estado por lesiones.
55. Adicional a ello, al resolver asuntos similares6, esta Subsección ha sostenido
que la determinación del perjuicio material, en la modalidad de lucro cesante está
directamente ligada a las características de la lesión, sus secuelas y las eventuales
limitaciones que se puedan presentar, de cara al desarrollo de las actividades
cotidianas de la persona que resultó afectada.
56. En un pronunciamiento reciente, la Sala sostuvo lo siguiente:
“Nótese que el Acta de Junta Médica señala que el paciente presenta buen
estado general, pero de ninguna manera desconoce que existe una
afectación física del paciente, como lo omite el Tribunal. En efecto, la
calificación advierte de la existencia de una «deformidad en dorso del pie
derecho al marchar en punta de pies», que mejora con la marcha normal, y
en sus conclusiones, agrega que la fractura «deja como secuela A. callo
óseo doloroso, 2 y 3 metatarsiano pie derecho».
Por tanto, carece de veracidad el aserto de que únicamente se acreditó —
aspecto no menos relevante— el porcentaje de disminución de la capacidad;
todo lo contrario, esa declaración está antecedida del análisis de una
deformidad y una secuela de dolor con ciertos movimientos del pie.
6
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 7 de noviembre de 2024.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05370-00.
13
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01891-00
Accionante: Jefferson Javier Bermúdez Ropero y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Circunstancia que, en virtud de esa prueba técnica y de las reglas de la
experiencia, permitían concluir, sin ambages, la afectación de la salud y de
actividades cotidianas por tratarse, precisamente, de una extremidad que
está en constante uso y con la que se ejecutan diferentes movimientos en
actividades cotidianas como correr, bailar o alguna otra actividad similar que
nada tiene que ver con la vida militar.
En igual sentido, la autoridad accionada restó mérito a esa prueba para
estimar el lucro cesante, y aunque no existe un criterio unificado sobre la
suficiencia probatoria del acta para su reconocimiento, la sentencia dejó de
lado que el Acta de Junta Médica Laboral realizada conforme a parámetros
de la actividad militar, no sólo se refirió a la disminución de la capacidad
laboral del demandante, sino que también abordó las limitaciones físicas y
secuelas del señor Ortega Correa, las cuales, según las reglas de la
experiencia, sí pueden incidir en la existencia de una pérdida de la
capacidad laboral para actividades ordinarias, con independencia de su
porcentaje.
Al descartar la condena del daño a la salud y del lucro cesante, a pesar del
contenido del Acta de Junta Médica Laboral, que estableció una pérdida de
capacidad laboral del 10.5% y la existencia de secuelas, el Tribunal incurrió
en el defecto fáctico alegado, pues estaba obligado a hacer un examen del
contenido y las razones de la calificación, las secuelas y su relación con el
principio de reparación integral.
(…) En este caso, la Sala encuentra que la valoración de las pruebas por el
Tribunal se hizo de manera fragmentada, tanto así que valoró el Acta de
Junta Médica y fue el parámetro para fijar el monto de los perjuicios morales;
en cambio, de manera contradictoria le restó valor para efectos del daño a
la salud”7.
57. Acorde con lo citado, en el presente asunto sí se configura un daño material
por lucro cesante no sólo porque la reducción de la fuerza laboral del señor
Jefferson Javier Bermúdez Ropero que se encuentra certificada es suficiente para
acreditar que verá limitadas sus posibilidades de generar ingresos derivados de una
actividad económica o laboral, sino también porque la afección permanente la
adquirió a los 18 años de edad mientras desempeñaba el servicio militar obligatorio,
por lo que, previo a ello, no tenía experiencia que pudiese acreditar, pues apenas
iba a empezar su vida profesional o laboral.
58. Por lo anterior, la Sala amparará los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia y, como consecuencia, dejará sin
efectos la sentencia dictada el 13 de marzo de 2025 por la Subsección A de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que profiera
una nueva providencia de reemplazo en la que valore el material probatorio obrante
en el expediente de reparación directa, particularmente el acta de junta médica
laboral practicada al señor Jefferson Javier Bermúdez Ropero y estudie lo
concerniente a la indemnización de perjuicios morales, materiales por lucro cesante
y daño a la salud, en los términos de las sentencias de unificación proferidas por la
7
Sentencia del 20 de noviembre de 2023, consejera ponente María Adriana Marín, expediente
11001-03-15-000-2023-06236-00.
14
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01891-00
Accionante: Jefferson Javier Bermúdez Ropero y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado sobre la materia y adopte
la decisión a que haya lugar.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. R E S U E L V E
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a
la administración de justicia de los ciudadanos Jefferson Javier Bermúdez Ropero,
Marbelly Eliana Ropero Castro, Yovany Bermúdez Méndez y Wilder Giovanni
Bermúdez Ropero, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones que
anteceden.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia dictada el 13 de marzo de 2025,
por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. En su lugar:
TERCERO: ORDENAR a la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la
notificación de esta providencia, profiera sentencia de reemplazo en la cual realice
una nueva valoración probatoria conforme con las consideraciones expuestas en la
parte motiva de la presente decisión.
CUARTO: NOTIFICAR esta providencia a los interesados por el medio más
expedito.
QUINTO: De no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento de voto
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
15
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