Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05416-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05416-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05416-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
21 de marzo de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05416-01
Demandante: María Selmar Zuluaga García
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05416-01
Demandante: MARÍA SELMAR ZULUAGA GARCÍA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Procedencia
excepcional / DEFECTO PROCEDIMENTAL – Se configura en este caso porque la
autoridad judicial accionada se inhibió de resolver de fondo el asunto respecto de todas las
entidades que integraban la parte demandada.
La Sala decide la impugnación instaurada por la señora María Selmar Zuluaga
García contra el fallo de primera instancia, proferido el 28 de noviembre de 2024,
por la Sección Quinta de esta Corporación, a través del cual declaró improcedente
la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda
1. El 7 de octubre de 2024, la señora María Selmar Zuluaga García, por medio de
apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Quindío, Sala Tercera de Decisión, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y de acceso a la
administración de justicia, así como por desconocimiento de los principios de
prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, non reformatio in pejus y seguridad
jurídica. Formuló las siguientes pretensiones (transcripción textual):
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO – SALA
QUINTA DE DECISIÓN en la sentencia proferida el día 29 de agosto de 2024,
en el expediente rad. No. 63001-3333-003-2021-00066-01, transgredió los
derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
PREVALENCIA DE LO SUSTANCIAL SOBRE LO FORMAL, TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA, NO REFORMATIO IN PEJUS Y SEGURIDAD
JURÍDICA del accionante, por considerar que las razones de la decisión no se
ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional
y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo
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que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales por parte del
accionado.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO DEJAR SIN EFECTOS la providencia
judicial referida en el numeral anterior y, en su lugar, PROFERIR nueva
decisión haciendo un estudio de fondo sobre la controversia sobre el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías de la señora María Selmar Zuluaga García de conformidad con la
normatividad las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.
3. Las pretensiones formuladas por la parte demandante se sustentan en los
siguientes hechos jurídicamente relevantes:
4. La señora María Selmar Zuluaga García instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional -
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de que se dejara
sin efectos la decisión que le negó el reconocimiento de la sanción moratoria por el
pago tardío de las cesantías y se ordenara efectuar el pago de esos dineros. Al
proceso le correspondió el radicado 63001-33-33-003-2021-00066-00.
5. El Juzgado Tercero Administrativo de Armenia, en auto de 23 de julio de 2021,
admitió la demanda y ordenó vincular oficiosamente, como demandado, al
Departamento del Quindío, ente territorial en el que prestaba sus servicios la
accionante en la época de los hechos.
6. El 28 de junio de 2023, el a quo profirió sentencia de primera instancia, a través
de la cual accedió, parcialmente, a las súplicas de la demanda. Consideró que la
sanción moratoria le resultaba atribuible al Departamento del Quindío porque no
envió del acto administrativo que reconoció la prestación, al momento de su
ejecutoria, sino con 54 días de retardo, lo que llevó al pago tardío de dicha
obligación.
7. Contra esa decisión, la parte accionante interpuso recurso de apelación, en el
que discutió el plazo de la mora y, por ende, el monto de la indemnización
reconocida, pues, en su criterio, este correspondía a 187 días, y no a 54 días.
8. La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, en sentencia
de 29 de agosto de 2024, revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, declaró
probada, de oficio, la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del
Departamento del Quindío, bajo el siguiente razonamiento (se transcribe):
En este caso, se observa que la demanda se dirigió únicamente en contra de
la Nación- Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio FOMAG, no obstante, mediante el auto admisorio de la
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demanda del 23 de julio de 2021 se ordenó vincular de manera oficiosa al
Departamento del Quindío (…).
Al respecto, este Tribunal ha considerado que en estos asuntos la
responsabilidad de las entidades territoriales, el FOMAG y La Fiduciaria la
Previsora S.A es individual y divisible, constituyéndose un litis consorte
facultativo entre éstos, por lo que, si no se demanda al causante de la mora
habrá que negarse las pretensiones, sin que sea necesario realizar ninguna
vinculación o pronunciamiento adicional al respecto. Así pues, en este caso,
como se expone, no era viable realizar la vinculación oficiosa del ente territorial
al cual pertenecía el docente.
Aunado a lo anterior, se evidencia que frente al Departamento del Quindío se
configura una falta de legitimación en la causa material por pasiva, pues no
existe un acto administrativo particular que haya sido proferido por ella del cual
pueda derivarse un control para establecer la lesión al derecho subjetivo de la
parte demandante, lo cual lleva a inferir que no tuvo una participación en los
hechos o actos que dieron lugar a la demanda, toda vez que la reclamación
administrativa que adelantó la parte demandante se dirigió a la Nación -
Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales Magisterio
FOMAG, confiriéndose poder exclusivamente para adelantar actuación
administrativa ante dicho ente.
9. La accionante estima que la sentencia de segunda instancia, proferida el 29 de
agosto de 2024, vulneró sus derechos fundamentales, por cuanto:
(…) optó por inhibirse de estudiar de fondo la controversia, declarando
la falta de legitimación en la causa por pasiva del Departamento del
Quindío, a pesar de que la irregularidad relativa a la indebida integración
del contradictorio se subsanó mediante la vinculación del ente territorial
en la primera instancia, lo que resultó en una denegación de justicia, ya
que se concluyó que existía falta de legitimación por pasiva sin valorar
adecuadamente la gestión realizada en el proceso para asegurar la
participación de todas las partes interesadas, privilegiándose así el
debate procesal sobre la justicia material al utilizarse un argumento de
índole procedimental para evitar un pronunciamiento sobre la legalidad
en concreto.
10. Agregó que, aunque en el recurso de apelación que interpuso contra el fallo de
primera instancia reprochó el cómputo incorrecto de la sanción moratoria, el ad
quem desvió su análisis hacia la vinculación del Departamento del Quindío, lo que
agravó su situación jurídica, pues el recurso se resolvió en desmedro de lo decidido
en primera instancia, «sin atender los puntos de controversia planteados por la
apelante única». Con ello, en su concepto, se vulneró el principio de non reformatio
in pejus establecido en el artículo 31 de la Constitución Política y, de contera, se
incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
Trámite impartido e intervenciones
11. Mediante auto de 17 de octubre de 2024 se admitió la solicitud de amparo, se
ordenó notificar la decisión a la autoridad judicial demandada y, como terceros con
interés, al Ministerio de Educación Nacional, al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y al Juzgado Tercero Administrativo de Armenia. Además,
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se ordenó publicar copia de la demanda en la página web de esta Corporación, con
fines de difusión, se tuvieron como prueba los documentos aportados con la
demanda y se dispuso el envío del expediente del proceso ordinario, en formato
digital.
12. Más adelante, en proveído de 1º de noviembre de 2024, se vinculó al
Departamento del Quindío, como tercero con interés en el proceso.
13. El Ministerio de Educación Nacional señaló que lo pretendido por la
accionante es «revivir por la vía de la acción de tutela un debate jurídico que fue
zanjado en la jurisdicción correspondiente y que el juez constitucional en un
procedimiento excepcional, preferente y sumario, pretendiendo con sus argumentos
que el despacho actúe como una tercera instancia ante su descontento con la
decisión adoptada». Agregó que la controversia que se suscitó en el proceso
ordinario está pendiente de ser resuelta por el Consejo de Estado, mediante fallo de
unificación, toda vez que subsisten dos posturas sobre la aplicación de la Ley 50 de
1990 (sic) a los docentes. Por lo anterior, solicitó declarar improcedente la acción
de tutela, por falta de relevancia constitucional.
14. La Fiduprevisora S.A., en calidad de «vocera y administradora» del Patrimonio
Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, señaló que
la tutela no mencionó ninguna vulneración de derechos fundamentales por parte de
esa entidad; por tanto, solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo y
desvincularla del proceso, por falta de legitimación en la causa por pasiva.
15. El Tribunal Administrativo del Quindío guardó silencio.
Sentencia impugnada
16. La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia de 28 de noviembre de
2024, declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional.
17. Señaló que el asunto en discusión revela una disparidad de criterios que no
puede ser abordada en la acción de tutela; además, a su modo de ver, los reparos
elevados contra la sentencia cuestionada «no exponen con suficiencia razones de
peso que justifiquen la intromisión del juez constitucional. Máxime cuando no se
evidencia prima facie vulneración de los derechos fundamentales por parte de la
autoridad judicial accionada».
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Impugnación
18. En la impugnación, la parte actora manifestó que en la demanda sí se
expusieron de manera clara y fundamentada las razones de hecho y de derecho
que justifican la intervención del juez de tutela por la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso. Precisó que la vinculación al litigio ordinario del
Departamento del Quindío resultaba indispensable para la adopción de una decisión
de fondo; además, la aplicación del rigorismo formal que cuestionó dicha vinculación
realizada en primera instancia fue excesiva y desconoció que esa actuación
garantizaba la efectividad del recurso judicial y la justicia material.
19. Puso de presente la sentencia SU-081 de 2024 de la Corte Constitucional, que
analizó una providencia mediante la cual se declaró la falta de legitimación en la
causa por pasiva por no haberse convocado a la entidad correcta. Allí, según afirmó,
se accedió al amparo constitucional, luego de concluir que la decisión adoptada
privilegió aspectos formales por encima de la garantía de justicia material e impuso
a las víctimas una carga desproporcionada para acceder a la administración de
justicia.
20. Agregó que en el caso concreto se cuestiona un rigorismo procesal y un exceso
de formalidad, lo que habilita el estudio por parte del juez constitucional, por cuanto
«la actuación del Tribunal Administrativo del Quindío trascendió la esfera de lo
puramente procesal y afectó el ámbito constitucional al desconocer que la finalidad
de los procedimientos y las formas procesales debe ser la materialización de la
justicia y la verdad material, y no la constitución de una barrera infranqueable que
impida alcanzar ese fin último», según lo dispuesto por el artículo 103 del CPACA,
que prevé como finalidad del proceso «la efectividad de los derechos reconocidos
en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden público».
21. Indicó que el artículo 207 del CPACA contempló el control de legalidad del
proceso en cada una de sus etapas para asegurar la corrección de los vicios
procesales y asegurar una adecuada administración de justicia. En el mismo
sentido, expuso que el artículo 180, numeral 5, del mismo ordenamiento procesal
previno al juzgador para tomar las medidas de saneamiento necesarias con el fin
de evitar sentencias inhibitorias, razón que llevó al juez de primera instancia a
vincular al Departamento del Quindío, en aplicación de la figura del litisconsorcio
necesario, por su interés directo en las resultas del proceso; por ende, la
irregularidad que se presentó con la indebida integración del contradictorio quedó
debidamente subsanada.
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22. Añadió que la sentencia cuestionada no tuvo en cuenta la jurisprudencia del
Consejo de Estado que ha establecido una clara distinción entre el litisconsorcio
facultativo y el necesario, y ha señalado que «el juez tiene la potestad de vincular
de manera oficiosa únicamente en el caso del litisconsorcio necesario, el cual se
configura cuando existe una relación inescindible e indiscutible entre las partes,
como ocurre entre la entidad territorial y el FOMAG, dado que ambas entidades
participan de manera conjunta en el procedimiento administrativo relacionado con
la elaboración, reconocimiento y pago de las cesantías del personal docente,
conforme a lo dispuesto en los artículos 2.4.4.2.3.2.1 y 2.4.4.2.3.2.2 del Decreto
1278 de 2018». De acuerdo con lo anterior, adujo que era procedente la vinculación
realizada por el juez de primera instancia, lo cual se hizo en cumplimiento del deber
establecido en el artículo 42, numeral 5, del CGP, que le exigía «adoptar las
medidas autorizadas en este código para sanear los vicios de procedimiento o
precaverlos, integrar el litisconsorcio necesario e interpretar la demanda de manera
que permita decidir el fondo del asunto».
23. En su criterio:
(…) la decisión del Tribunal Administrativo del Quindío vulneró claramente la
normativa aplicable al caso, afectando derechos fundamentales como el debido
proceso, el acceso a la administración de justicia, la prevalencia de lo sustancial
sobre lo formal y la tutela judicial efectiva, por cuanto el Departamento del
Quindío – Secretaría de Educación, en el ejercicio de las competencias que le
otorga la ley, participó en el trámite administrativo del reconocimiento y pago
de las cesantías del docente, acción que, junto con la del FOMAG, originó la
demanda de nulidad y restablecimiento de derecho para obtener el pago de la
sanción moratoria precisamente por el injustificado retraso en el desembolso
del auxilio económico. Así, la vinculación oficiosa del ente territorial realizada
por el juez de primera instancia no solo era procedente, sino esencial, ya que
el Departamento del Quindío, como litisconsorte necesario del FOMAG, debía
ser parte del proceso para evitar la imposibilidad de emitir una decisión de
fondo, garantizando con ello el derecho a una tutela judicial efectiva y el
correcto desarrollo del proceso judicial.
24. Por último, hizo mención a las sentencias SU-041 de 2022 y SU-081 de 2024,
en las que la Corte Constitucional se pronunció respecto de la configuración del
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, consideraciones que, según el
accionante, resultan aplicables al presente asunto.
Remisión del asunto
25. En proveído de 24 de febrero de 2025, el consejero de Estado1 al que le
correspondió el conocimiento del asunto ordenó remitir el expediente al despacho
1
Magistrado José Roberto Sáchica Méndez.
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de la magistrada que sigue en turno, por cuanto el proyecto de sentencia que
presentó ante la Sala fue derrotado en sesión de 21 de febrero de 2025.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Problema jurídico
26. Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar
el fallo proferido el 28 de noviembre de 2024, por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, por medio del cual se declaró improcedente la acción de tutela instaurada
por la señora María Selmar Zuluaga García contra el Tribunal Administrativo del
Quindío.
Análisis de la Sala2
El requisito de relevancia constitucional
27. Esta Subsección ha sido consistente en estimar que el cumplimiento del
requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar los derechos
fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia.
Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima
y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional
a las establecidas por el legislador.
28. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente3 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni
en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional no es el idóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en
juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada
especialidad.
29. Al revisar las premisas expuestas por la parte demandante, a diferencia de lo
expuesto por el a quo, la Sala concluye que la solicitud de amparo posee relevancia
constitucional, por cuanto reúne la carga argumentativa mínima exigida para
2
La Sala advierte que la solicitud de amparo fue presentada en un término razonable, dado que
transcurrieron menos de seis meses desde que se notificó la providencia cuestionada.
3 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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considerar una posible vulneración de derechos de raigambre constitucional, como
el debido proceso o el acceso a la administración de justicia.
30. Adicionalmente, el reproche elevado apunta a la aplicación rigorista y excesiva
de formalidades procesales, en desmedro de la garantía sustancial de la justicia
material, lo que, en criterio de la accionante, conllevó la adopción de una decisión
injusta y violatoria de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia. Esta discusión, valga mencionar, no fue abordada en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
31. En ese entendido, no se aprecia que la intención de la demandante sea utilizar
esta acción constitucional como una tercera instancia, pues sus esfuerzos se
encaminaron a demostrar la configuración del defecto procedimental que le enrostra
a la decisión judicial cuestionada, yerro que, valga mencionar, en sentir de la
impugnante, se tradujo en una restricción desproporcionada a sus derechos
fundamentales.
Caso concreto y solución del problema jurídico
32. La Sala accederá al amparo solicitado por la señora María Selmar Zuluaga
García, por las razones que a continuación se exponen.
33. En el proceso de nulidad y restablecimiento que instauró la accionante contra la
Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, en el que perseguía el reconocimiento de la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías durante su vinculación como docente
del ente territorial departamental, se admitió la demanda mediante auto de 23 de
julio de 2021. En esa misma decisión, de manera oficiosa, se vinculó al
Departamento del Quindío, en aplicación de lo previsto en el artículo 57 de la Ley
1955 de 2019, por su interés directo en las resultas del proceso; se explicó, al
respecto, que los efectos derivados de la prosperidad de las pretensiones de la
demanda podrían extenderse a la Secretaría de Educación Departamental del
Quindío.
34. Aunque el auto admisorio se notificó a los demandados, en debida forma, a
través de mensaje de datos enviado el 26 de julio de 2021 a sus buzones de correo
electrónico, el Departamento del Quindío no contestó la demanda ni presentó
ningún memorial dirigido a defender sus intereses en ese litigio. La Sala constata;
sin embargo, que tuvo conocimiento del proceso, en tanto dio cumplimiento al
requerimiento que se le hizo en autos de 31 de octubre de 2022 y de 6 y 22 de
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febrero de 2023, para que aportara los antecedentes administrativos relacionados
con la petición del pago de cesantías y sanción moratoria de la accionante.
35. La sentencia de primera instancia, proferida el 28 de junio de 2023, por el
Juzgado Tercero Administrativo de Armenia, accedió a las pretensiones de la
demanda y condenó al Departamento del Quindío a reconocer, liquidar y pagar a la
demandante una sanción moratoria en la suma de $2.967.678, a partir del siguiente
razonamiento:
El parágrafo del artículo 57 de la ley 1955 del 2019 “Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022 Pacto por Colombia – Pacto por la Equidad” estableció:
“PARAGRAFO. La entidad territorial será responsable del pago de la sanción
por mora en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago
extemporáneo se genere por consecuencia del incumplimiento de los plazos
previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por
parte de la Secretaria de Educación Territorial al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable únicamente del pago de
las cesantías.”
En tal sentido, la responsabilidad de la entidad territorial inicia con la radicación
de la petición y termina a la ejecutoria del acto administrativo con la
consiguiente obligación de remitir inmediatamente a la Fiduprevisora, para el
pago correspondiente y para esta última la responsabilidad de acatar los
términos legales, inicia con la ejecutoria y la remisión del acto de
reconocimiento, hasta el pago, de tal manera que las demoras en cada uno de
estos eventos, comprometen la responsabilidad en la causación de la sanción
moratoria.
Con base en los documentos aportados, se evidencia que la entidad territorial
expidió el acto administrativo dentro del término legal (15 días), (5 de diciembre
de 2019) notificado personalmente el 12 de diciembre de 2019, día que coincide
con su ejecutoria, dado que la docente renunció a términos. El 03 de marzo de
2020 remitió el acto administrativo de reconocimiento a la Fiduprevisora para
el pago correspondiente, tal como lo menciona en el escrito de Contestación
de la parte demandante (FOMAG).
En tal efecto, la fecha de remisión del acto de reconocimiento, determina el
plazo legal de los 45 días con los cuales cuanta el FOMAG para realizar el pago
de manera oportuna que esta medida venció el 11 de mayo de 2020, el pago
se realizó el 27 de abril de 2020, es decir dentro del término con el que cuenta
la entidad nacional para realizar el pago, en consecuencia la sanción moratoria
resulta atribuible a la entidad territorial pues no realizó el envió de la resolución
al momento de la ejecutoria sino por fuera de término, por esta razón se
causaron 54 días de mora, hasta el pago realizado el 27 de abril del mismo año
y como consecuencia de este incumplimiento, la sanción moratoria resulta
atribuible únicamente a la entidad territorial Departamento del Quindío –
Secretaria de Educación.
36. Contra esa decisión, únicamente la parte actora interpuso recurso de apelación,
con el fin de que se tuviera en cuenta un plazo mayor para la liquidación de la
sanción moratoria.
37. De lo expuesto hasta aquí se tiene que: (i) la vinculación del Departamento del
Quindío y la consecuente condena en su contra se fundó en lo dispuesto en el
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parágrafo del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022), que estableció la responsabilidad del ente territorial en el pago de la sanción
moratoria, por el incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega
de la solicitud de pago de cesantías al FOMAG; (ii) ninguna de las partes controvirtió
la orden del a quo que, de manera oficiosa, integró al litigio al Departamento del
Quindío; (iii) el Departamento del Quindío no se opuso a su vinculación al proceso
ni a la sentencia de primera instancia que lo condenó a pagar una sanción moratoria;
y (iv) contra el fallo de primera instancia sólo la parte accionante interpuso recurso
de apelación.
38. El Tribunal Administrativo del Quindío, en la sentencia de segunda instancia, se
ocupó de analizar el presupuesto procesal de la legitimación en la causa material
por pasiva, respecto del Departamento del Quindío y estableció que, en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, «estará legitimado en la causa
material por pasiva quien haya expedido el acto administrativo que dio origen a la
lesión antes mencionada». En esa medida, como el ente territorial no expidió un
acto administrativo particular, se concluyó que dicha entidad «no tuvo una
participación en los hechos o actos que dieron lugar a la demanda, toda vez que la
reclamación administrativa que adelantó la parte demandante se dirigió a la Nación-
Ministerio de Educación Nacional- Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio
FOMAG, confiriéndose poder exclusivamente para adelantar actuación
administrativa ante dicho ente».
39. En adición a lo anterior, sostuvo la autoridad judicial accionada que entre el
FOMAG y la Fiduciaria La Previsora S.A. existía un litisconsorcio facultativo, que no
necesario; por ende, «no era viable realizar la vinculación oficiosa del ente territorial
al cual pertenecía el docente».
40. La Sala estima que las consideraciones del Tribunal Administrativo del Quindío
son inválidas pues, aunque, aparentemente, se circunscribieron al presupuesto
procesal de la legitimación en la causa, en realidad llevaron a que la autoridad
judicial se inhibiera de proferir una decisión de fondo frente a todos los sujetos
procesales que integraban la parte pasiva en el proceso, con lo cual, de paso, se
dejaron de analizar los argumentos expuestos por la única impugnante en el recurso
de apelación que presentó contra la sentencia de primera instancia.
41. Si bien no se desconoce el deber que tenía el juzgador de analizar los
presupuestos procesales de procedibilidad del medio de control, entre ellos el de la
legitimación en la causa, no resultaba admisible que en el fallo de cierre del proceso
ordinario se hubiera dejado sin efectos la decisión que adoptó el Juzgado Tercero
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05416-01
Demandante: María Selmar Zuluaga García
Administrativo de Armenia, en auto de 23 de julio de 2021, mediante la cual vinculó
al proceso al Departamento del Quindío, pues ello no sólo sorprendió a los sujetos
implicados, sino que, al estar contenido en la sentencia de segunda instancia ese
examen sobre la naturaleza del litisconsorcio —facultativo o necesario—, impide
que sea controvertido, a pesar del gran impacto que supone una decisión de tal
calado para la garantía de justicia material.
42. En el curso del proceso ordinario, la providencia que ordenó vincular de oficio al
Departamento del Quindío para que integrara el extremo pasivo era susceptible del
recurso de reposición, conforme a lo dispuesto en los artículos 242 y 243A del
CPACA. Pese a ello, las partes optaron por guardar silencio y acatar la decisión del
a quo, lo que, con mayor razón, obligaba al ad quem a adoptar una decisión de
fondo de cara a las pretensiones de la demanda, toda vez que, en virtud de lo
dispuesto en los artículos 207 del CPACA, los posibles vicios o irregularidades en
el proceso se entendían convalidados. Sobre el particular, recientemente esta
Subsección señaló que:
54. No debe olvidarse que el artículo 207 de la Ley 1437 de 2011, establece el
principio de convalidación de acuerdo con el cual, las autoridades judiciales
deben realizar el control de legalidad en cada etapa del proceso para sanear
los vicios que acarren nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes. De tal suerte que la
ausencia de debate de los sujetos procesales respecto a la vinculación de la
entidad litisconsorte efectuada por el juzgado y que la vinculada actuara en el
proceso sin manifestar inconformidad alguna frente dicho proceder, conminaba
a la autoridad judicial accionada adoptar una decisión de fondo de cara a las
pretensiones de la demanda4.
43. Y es que por la trascendencia que representaba para el asunto la definición
sobre la existencia o no del citado litisconsorcio necesario, resultaba indispensable
garantizar la defensa y contradicción de las partes, quienes incluso podían acudir a
la acción de tutela, para asegurar la debida integración del contradictorio y el
correcto desarrollo del proceso. Cabe mencionar, en este punto, que la
interpretación del Tribunal Administrativo del Quindío acerca de la responsabilidad
separada de las entidades públicas que están a cargo del reconocimiento y pago de
la sanción moratoria no es pacífica; de hecho, al interior de esta Corporación5 se
llegó a otra conclusión cuando se analizó un caso de contornos similares, en el que
se afirmó que el ente territorial y la Fiduprevisora S.A. sí tenían la condición de
litisconsortes necesarios, de ahí la facultad del juez para integrar al proceso, de
oficio, a una de esas entidades.
4
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de febrero de 2025, rad.
11001-03-15-000-2024-05486-01, M.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
5
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 5 de noviembre de 2024, rad.
11001-03-15-000-2024-05486-00, M.P. Fredy Ibarra Martínez.
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Demandante: María Selmar Zuluaga García
44. Pese a lo anterior, en el presente caso, el Tribunal optó por declarar probada,
en la sentencia, la falta de legitimación en la causa material por pasiva del
Departamento del Quindío y consideró que no era necesario efectuar ningún otro
análisis, aun cuando la controversia también giraba en torno a la posible
responsabilidad de la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, entidad que fue debidamente vinculada al
proceso y frente a la cual también se trabó la litis.
45. El hecho de que se hubiera estimado que el Departamento del Quindío no era
la entidad llamada a responder por la imputación que se elevó en la demanda, no
eximía a la autoridad judicial accionada de efectuar un pronunciamiento frente a la
otra entidad demandada, ni llevaba necesariamente a negar, de forma automática,
las pretensiones que se elevaron en su contra.
46. Ahora, la excusa a la que aludió el Tribunal para inhibirse de resolver sobre la
responsabilidad del otro ente encartado, según la cual no era necesario efectuar
análisis adicional porque el recurso de apelación que interpuso la parte actora
discutió únicamente los días de mora sobre los que se liquidó la condena, tampoco
es de recibo, si se tiene en cuenta que hasta antes del fallo cuestionado las partes
tenían la plena confianza de que las autoridades vinculadas eran parte legítima del
proceso y, adicionalmente, el interés jurídico del extremo accionante para impugnar
la sentencia de primera instancia estaba dada por el sentido de esa decisión, en lo
que le resultó desfavorable; luego, no podía esperarse que se refiriera a las demás
entidades demandadas, como parece suponer la accionada.
47. A partir de lo expuesto, la Sala constata que la providencia demandada vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia de la señora María Selmar Zuluaga García, toda vez que se encuentra
incursa en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto6, en tanto dejó de
resolver la contienda frente a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, so pretexto de estar observando
un presupuesto procesal, con lo cual, en últimas, sacrificó el derecho de la
accionante a obtener una resolución integral del fondo del litigio.
6
La Corte Constitucional ha entendido que se configura el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto cuando «el juez renuncia a conocer un caso de fondo y a proteger un derecho sustancial
como resultado de una aplicación irreflexiva de las normas procedimentales», en un claro
desconocimiento de lo dispuesto en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política, que prevén la
garantía del derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, y el principio de
prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales. Al respecto, se pueden consultar
las sentencias SU-041 de 2022, SU-143 de 2020, T-249 de 2018, SU-355 de 2017 y T-234 de 2017,
entre muchas otras.
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48. Por consiguiente, la Sala amparará los derechos fundamentales invocados por
la parte actora. Como consecuencia, se revocará el fallo de primera instancia y se
dejará sin efectos la sentencia de 29 de agosto de 2024, proferida por la Sala
Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 63001-33-33-003-2021-00066-
01, para que, en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de
esta sentencia, profiera una nueva providencia, en la que tenga en cuenta todos
los aspectos señalados en esta decisión, con el fin de asegurar la efectividad de los
derechos de la accionante.
49. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Revocar la sentencia impugnada, proferida el 28 de noviembre de 2024,
por la Sección Quinta de esta Corporación.
SEGUNDO. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia invocados por la señora María Selmar Zuluaga
García. Como consecuencia, (i) se deja sin efectos la sentencia de 29 de agosto de
2024, proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del
Quindío, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
63001-33-33-003-2021-00066-01, y (ii) se ordena a dicha autoridad judicial que, en
el término de diez (10) días, contado a partir de la notificación de la presente
providencia, profiera la correspondiente decisión de reemplazo, en los términos
expuestos en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito y eficaz.
CUARTO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento de voto
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