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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02261-01

Fecha
1 de septiembre de 2025
Consejero ponente
María Adriana Marín

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02261-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Confirmar la sentencia del 29 de mayo de 2025, proferida por la Sección Primera de esta Corporación, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-02261-01

Consejero ponente: María Adriana Marín

1 de septiembre de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02261-01
Demandante: Blanca Eugenia Díaz Castañeda

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., primero (1º) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02261-01
Demandante: BLANCA EUGENIA DÍAZ CASTAÑEDA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se reúnen los requisitos generales de procedencia / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – Se pretende utilizar la tutela como instancia adicional del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho; además, la controversia tiene una naturaleza
estrictamente legal y económica.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
proferida el 29 de mayo de 2025 por la Sección Primera del Consejo de Estado,
mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo, por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela

1. El 21 de abril de 20251, la señora Blanca Eugenia Díaz Castañeda, mediante
apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Risaralda, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la
sentencia proferida el 24 de octubre de 2024, mediante la cual se revocó la

1 Se advierte que, el 21 de julio de 2025, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente,

para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02261-01
Demandante: Blanca Eugenia Díaz Castañeda

providencia del 24 de noviembre de 2023, emitida por el Juzgado Quinto
Administrativo de Pereira, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 66001-33-33-005-2022-00223-01 (transcripción textual):

Déjese sin efectos y valor la sentencia del 24 de octubre de 2024, dictada
por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, Sala Segunda
de Decisión, Magistrado Ponente Juan Carlos Hincapié Mejía, dentro de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la señora
BLANCA EUGENIA DÍAZ CASTAÑEDA contra la NACION – MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO, radicado con el No. 66001-33-33-005-2022
00223-01 (J-0274-2024).

Se profiera una nueva decisión en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por la señora BLANCA EUGENIA
DÍAZ CASTAÑEDA en contra del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO, radicado con el No. 66001-33-33-005-2022
00223-01 (J-0274-2024), en la que tenga en cuenta las consideraciones
hechas en la presente acción de tutela.

2. La señora Blanca Eugenia Díaz Castañeda manifestó que, el 25 de febrero
de 2020, solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio2, por ser «docente oficial de la gobernación de
Risaralda».

3. Mediante Resolución 0105 del 27 de febrero de 2020, la Secretaría de
Educación del departamento de Risaralda, en representación del Fomag, le
reconoció a la demandante una suma equivalente de $165.586.673, por concepto
de cesantías definitivas, la cual fue aclarada en la Resolución 0344 del 11 de agosto
de 2020.

4. Las cesantías reconocidas por la referida resolución fueron canceladas el 5
de noviembre siguiente.

5. Dado el plazo transcurrido entre la fecha de la solicitud del reconocimiento y
el pago efectivo de la misma, la actora consideró que se incurrió en mora, razón por
la cual, el 16 de marzo de 2022, solicitó ante el Fomag el reconocimiento de la
sanción moratoria por pago tardío, petición que no fue contestada.

2 En adelante, Fomag.

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Demandante: Blanca Eugenia Díaz Castañeda

6. La señora Díaz Castañeda ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el anterior acto administrativo ficto o presunto
negativo configurado el 16 de junio de 2022, proceso del cual conoció en primera
instancia el Juzgado Quinto Administrativo de Pereira, que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda.

7. Apelada la decisión por el Ministerio de Educación Nacional y el Fomag, en
sentencia del 24 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo de Risaralda la
revocó y, en su lugar, negó las súplicas de la demanda.

8. En criterio de la señora Díaz Castañeda, la autoridad judicial accionada
incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente,
porque se alejó de las reglas previstas en la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-
012-2018 del 18 de julio de 2018 (rad. 73001-23-33-000-2014-00580-01) y en el
artículo 324 de la Ley 2294 de 20233.

9. Resaltó que, a pesar de que allí se estableció que la responsabilidad de los
pagos retrasados era atribuible únicamente al Fomag y que, por ende, no era
necesaria la vinculación de los «entes territoriales», el Tribunal accionado lo pasó
por alto, sin ningún rigor probatorio, pues no analizó la «fecha de radicación de la
solicitud de las cesantías y la exigibilidad de la sanción moratoria, amén de analizar

3 ARTICULO 324. Modifíquese el parágrafo transitorio del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, el cual

quedará así:

ARTÍCULO 57. EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.

(...)

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para efectos de financiar el pago de las sanciones por mora a cargo
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio causadas a diciembre de 2022, facúltese
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para emitir Títulos de Tesorería que serán administrados
por una o varias sociedades fiduciarias públicas; así mismo, el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público definirá la operación, las reglas de negociación y pago de los mismos. El Consejo Directivo
del FOMAG efectuará la adición presupuestal de los recursos de los que trata el presente parágrafo.

La emisión de bonos o títulos no implica operación presupuestal alguna y solo debe presupuestarse
para efectos de su redención.

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Demandante: Blanca Eugenia Díaz Castañeda

si hubo o no demora en la expedición del acto administrativo» y, por ende,
equivocadamente aplicó las disposiciones fijadas en la Ley 1955 de 2019

B. Trámite impartido e intervenciones

10. Mediante auto del 25 de abril de 2025, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela y se ordenó notificar a los magistrados que integran el Tribunal
Administrativo de Risaralda, como parte demandada. Como terceros con interés,
se vinculó al Juzgado Quinto Administrativo de Pereira, al ministro de Educación
Nacional, y al representante legal —o quien haga sus veces— de la Fiduprevisora
S.A., en calidad de administradora del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (Fomag).

11. El Tribunal accionado pidió que se declarara improcedente la solicitud de
amparo, porque la accionante pretende convertir este valioso mecanismo
constitucional en una tercera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 66001-33-33-005-2022-00223-00.

12. El Ministerio de Educación Nacional solicitó que se desvinculara del
presente proceso.

13. Pese a ser debidamente notificados, los demás sujetos procesales no
presentaron informe alguno.

14. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tampoco intervino
en esta oportunidad.

C. Fallo impugnado

15. En sentencia del 29 de mayo de 2025, la Sección Primera del Consejo de
Estado denegó la referida solicitud de desvinculación y declaró improcedente la
presente solicitud de amparo, por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, bajo el argumento de que la parte accionante pretende reabrir una
controversia que ya fue zanjada por el juez natural. Que, de hecho, esta
Corporación ha fallado múltiples asuntos relacionados con el reconocimiento y pago
de la sanción moratoria ocasionada por el retardo en la consignación de las

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cesantías, en los que ha decidido que no se cumple con el requisito general de
relevancia constitucional, porque la discusión versa en un asunto meramente
económico. Para ello, entre otras citó la sentencia del 15 de julio de 2021, dictada
por la Sección Primera del Consejo de Estado (rad. 11001-03-15-000-2021-01425-
01).

D. Impugnación

16. La parte accionante reiteró los fundamentos de la solicitud de amparo, al
considerar que la tutela no pretende reabrir el proceso ordinario, sino que busca
advertir que el Tribunal desconoció las reglas previstas en la sentencia de
unificación del 18 de julio de 2018 y en múltiples fallos dictados por esta
Corporación, entre ellos, citó la sentencia del 25 de enero de 2024, dictada por la
Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación (rad. 17001-23-33-000-
2021-00300-01).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

E. Competencia

17. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto
2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019
(Reglamento Interno del Consejo de Estado).

F. Problema Jurídico

18. Lo primero que la Sala deberá examinar es si está acreditado o no el
cumplimiento del requisito de relevancia constitucional. Solo en el evento de que se
reúna esta exigencia y todos los demás requisitos generales, se analizará si la
autoridad judicial accionada incurrió en los defectos endilgados y, por ende, vulneró
los derechos fundamentales invocados por la señora Blanca Eugenia Díaz
Castañeda.

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Demandante: Blanca Eugenia Díaz Castañeda

E. Análisis de la Sala

Incumplimiento del requisito general de relevancia constitucional en el caso
concreto

19. De entrada, tal como lo advirtió el a quo, la Sala observa que la presente
solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, por las siguientes razones:

20. Se pretende convertir este valioso mecanismo de protección de los derechos
fundamentales en una instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho.

21. En efecto, mediante providencia del 24 de noviembre de 2023, el Juzgado
Quinto Administrativo de Pereira accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, por las siguientes razones:

22. En primer lugar, adujo que, el 25 de febrero de 2020, la señora Díaz
Castañeda solicitó el reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas, la cual fue
otorgada a través de la Resolución 0105 del 27 de febrero de 2020, notificada el 1°
de junio del mismo año, es decir, «que se notificó por fuera del término».

23. Indicó que el pago de las cesantías ocurrió el 5 de noviembre de 2020, esto
es, después de los 45 días hábiles establecidos en la norma contada a partir de que
dicho acto administrativo haya quedado en firme, por lo que el Fomag incurrió en
mora en el pago de las cesantías definitivas a favor de la señora Díaz Castañeda,
pues se le debía reconocer y pagar la sanción moratoria fijada en el artículo 5 de la
Ley 1071 de 20064, entre el 10 de junio de 2020 y el 4 de noviembre de 2020.
Concluyó que:

[E]n relación con la pretensión de actualización de las sumas adeudadas,
señaló que se dará aplicación a lo dispuesto en la sentencia de unificación.
En tal sentido, dispuso el reajuste de la condena en los términos del artículo
187 de la Ley 1437 de 2011, a partir del día siguiente en que cesó la

4 Artículo 5. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y

cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la
liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación
social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

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causación de la sanción moratoria, esto es, el 6 de noviembre de 2020, hasta
la fecha de ejecutoria de la sentencia.

24. Los argumentos de la alzada presentados por el Fomag fueron analizados y
resueltos en sentencia del 24 de octubre de 2024, en la que el Tribunal
Administrativo del Risaralda revocó la decisión apelada y, en su lugar, negó las
súplicas de la demanda. Para tal efecto, se ocupó de analizar el marco general
normativo y jurisprudencial de la sanción moratoria y lo probado en el referido
proceso ordinario, en especial, las fechas de la solicitud de la cesantía y del acto
administrativo de reconocimiento y pago de la cesantía, la cual le permitió concluir
lo siguiente:

25. En primer lugar, el Tribunal indicó que la parte accionante solicitó las
cesantías, el 25 de febrero de 2020, por lo que la Secretaría de Educación del
departamento de Risaralda, inicialmente, profirió la Resolución 0105 del 27 de
febrero de 2020; sin embargo, luego, se expidió la Resolución 0344 del 11 de
agosto de 2020, mediante la cual se aclaró el primer acto administrativo de
reconocimiento y pago de la cesantía, debido a un error en la liquidación realizada.

26. Precisó que, conforme a su propio precedente, ha sostenido que «no basta
con que el ente territorial expida un primer acto en término y con ello se argumente
el cumplimiento de la norma, sino que esta emisión debe ser realizada de manera
correcta y debe ser notificada a tiempo», razón por la cual la responsabilidad por la
mora en el reconocimiento y pago de las cesantías no podía ser atribuida al Fomag.

27. En ese sentido, explicó que fue el ente territorial el que incurrió en mora,
pues se retrasó en proferir el acto administrativo definitivo que liquidó las referidas
cesantías. Agregó que se demostró que la solicitud en mención fue presentada el
25 de febrero de 2020, mientras que la Resolución 0344 del 11 de agosto de 2020
—acto administrativo que consideró definitivo— se profirió por fuera del plazo de
15 días previsto en el artículo 4 de la Ley 1071 de 20065.

28. Explicó que la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio
de 2018, la Sección Segunda del Consejo de Estado fijó las siguientes reglas:

5 Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la
solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la
entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías,
deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley .

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[…] la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla jurisprudencial
concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva la
solicitud de la prestación social –cesantías parciales o definitivas- o lo haga
de manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará
a partir de la radicación de la petición correspondiente, de manera que se
contarán 15 días hábiles para la expedición del acto administrativo de
reconocimiento (Art. 4 L. 1071/200618), 10 del término de ejecutoria de la
decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 201119) [5 días si la petición se
presentó en vigencia del Código Contencioso Administrativo – Decreto 01
de 1984, artículo 5120], y 45 días hábiles a partir del día en que quedó en
firme la resolución. Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días hábiles
discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata
el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.

29. A partir del anterior análisis, determinó:

[D]e acuerdo con la fecha en que se radicó la solicitud de retiro de cesantías
parciales, la sanción moratoria se causó a partir del 10 de junio de 2020;
esto es, al día siguiente del vencimiento de los 70 días hábiles con los que
contaba la administración para el reconocimiento y pago de la prestación
aludida y hasta el 04 de noviembre de 2020, día anterior en que se hizo
efectivo el pago de la suma reconocida conforme a lo dispuesto por el
parágrafo del artículo 5 de la Ley 1071 de 200627, toda vez que el pago por
el valor total reconocido tuvo lugar el 05 de noviembre de 2020, tal como se
registró en la consignación del banco BBVA como soporte de pago de
cesantías, quedando demostrado un período de sanción moratoria de 148
días.

30. De otra parte, frente a la responsabilidad de las entidades territoriales y del
Fomag en el pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías,
sostuvo que era atribuible al departamento de Risaralda, pues el acto administrativo
se expidió, notificó y remitió cuando el plazo para hacerlo ya estaba vencido,
situación que «sin lugar a dudas incidió en la causación de la mora aquí
determinada, configura incumplimiento material de las obligaciones que al ente
territorial le eran exigibles».

31. Sobre este punto, aclaró lo siguiente:

Así las cosas, a juicio de esta Sala de Decisión no puede tenerse como
período de mora a cargo del FOMAG la tardanza en el pago del acto
administrativo, toda vez que conforme a la Ley 1955 de 2019 anteriormente
analizada, la responsabilidad en el pago de la sanción moratoria nace por el
incumplimiento de los plazos legales en el trámite de reconocimiento y pago
de las cesantías de los docentes, por lo que no puede pasarse por alto que
en el trámite de las cesantías la responsabilidad de la entidad territorial es

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expedir y notificar el acto administrativo dentro de los 15 días hábiles, y
además, una vez ejecutoriado el acto administrativo, lo debe remitir de
manera inmediata al Fondo para el pago. De tal suerte que, esta situación
no sucedió en el sub examine, pues quedó demostrado que el ente territorial
tardó 121 días hábiles para proferir y notificar el acto, lo que permite inferir
que no hubo inmediatez en su actuar.

Se aclara que no puede reducirse los 45 días que tiene el FOMAG para
pagar las cesantías, cuando el incumplimiento del plazo para la expedición
del acto administrativo fue causado por la entidad territorial, debiendo ésta
asumir el pago de la sanción moratoria por el lapso que tiene el FOMAG
para el pago después de la expedición y ejecutoria del acto administrativo
(45 días); en consecuencia, contrario a lo analizado por el juez de primera
instancia que determinó que la sanción moratoria se encuentra a cargo del
FOMAG, la Sala la Decisión considera que para el caso en concreto, esta
recae sobre el Departamento de Risaralda, teniendo la obligación en el pago
de la sanción moratoria causada a la parte demandante.

32. El Tribunal Administrativo de Risaralda, una vez revisado cada reparo del
recurso de apelación, y conforme a las pruebas obrantes en el expediente ordinario,
concluyó razonablemente que los elementos de convicción allegados acreditaban
que, aunque se presentó una tardanza en el reconocimiento y pago de las cesantías
a la docente Blanca Eugenia Díaz Castañeda, lo cierto es que tal retraso era
atribuible al departamento de Risaralda, Secretaría de Educación, y no al Fomag,
que no debía asumir la falta de diligencia del ente territorial.

33. Con respecto a esa conclusión, conviene precisar que la controversia
principal no se centró en la existencia de un litisconsorcio necesario o facultativo,
como en otros casos que ha analizado la Sala, sino en determinar si se le podía
atribuir al Fomag la mora por la falta de pago oportuno de las cesantías.

34. En efecto, la situación descrita es distinta a la que esta Subsección estudió
en la sentencia del 21 de marzo de 2025, dentro del proceso de tutela con radicado
11001-03-15-000-2024-05416-01, pues en aquella oportunidad la autoridad judicial
accionada se abstuvo de adoptar una decisión de fondo, por considerar que el
departamento del Quindío carecía de legitimación en la causa por pasiva, a pesar
de que en primera instancia el juez había vinculado oficiosamente a dicho ente
territorial, por considerar que existía un litisconsorcio necesario entre este y el
Fomag. Tal decisión fue reprochada por esta Sala por las siguientes razones:

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41. Si bien no se desconoce el deber que tenía el juzgador de analizar los
presupuestos procesales de procedibilidad del medio de control, entre ellos
el de la legitimación en la causa, no resultaba admisible que en el fallo de
cierre del proceso ordinario se hubiera dejado sin efectos la decisión que
adoptó el Juzgado Tercero Administrativo de Armenia, en auto de 23 de julio
de 2021, mediante la cual vinculó al proceso al Departamento del Quindío,
pues ello no sólo sorprendió a los sujetos implicados, sino que, al estar
contenido en la sentencia de segunda instancia ese examen sobre la
naturaleza del litisconsorcio —facultativo o necesario—, impide que sea
controvertido, a pesar del gran impacto que supone una decisión de tal
calado para la garantía de justicia material.

42. En el curso del proceso ordinario, la providencia que ordenó vincular de
oficio al Departamento del Quindío para que integrara el extremo pasivo era
susceptible del recurso de reposición, conforme a lo dispuesto en los
artículos 242 y 243A del CPACA. Pese a ello, las partes optaron por guardar
silencio y acatar la decisión del a quo, lo que, con mayor razón, obligaba al
ad quem a adoptar una decisión de fondo de cara a las pretensiones de la
demanda, toda vez que, en virtud de lo dispuesto en los artículos (sic) 207
del CPACA, los posibles vicios o irregularidades en el proceso se entendían
convalidados.(…)

44. Pese a lo anterior, en el presente caso, el Tribunal optó por declarar
probada, en la sentencia, la falta de legitimación en la causa material por
pasiva del Departamento del Quindío y consideró que no era necesario
efectuar ningún otro análisis, aun cuando la controversia también giraba en
torno a la posible responsabilidad de la Nación - Ministerio de Educación
Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, entidad
que fue debidamente vinculada al proceso y frente a la cual también se trabó
la litis.

45. El hecho de que se hubiera estimado que el Departamento del Quindío
no era la entidad llamada a responder por la imputación que se elevó en la
demanda, no eximía a la autoridad judicial accionada de efectuar un
pronunciamiento frente a la otra entidad demandada, ni llevaba
necesariamente a negar, de forma automática, las pretensiones que se
elevaron en su contra.

46. Ahora, la excusa a la que aludió el Tribunal para inhibirse de resolver
sobre la responsabilidad del otro ente encartado, según la cual no era
necesario efectuar análisis adicional porque el recurso de apelación que
interpuso la parte actora discutió únicamente los días de mora sobre los que
se liquidó la condena, tampoco es de recibo, si se tiene en cuenta que hasta
antes del fallo cuestionado las partes tenían la plena confianza de que las
autoridades vinculadas eran parte legítima del proceso y, adicionalmente, el
interés jurídico del extremo accionante para impugnar la sentencia de
primera instancia estaba dada por el sentido de esa decisión, en lo que le

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resultó desfavorable; luego, no podía esperarse que se refiriera a las demás
entidades demandadas, como parece suponer la accionada.

35. En el sub lite, si bien el Tribunal accionado aludió en un acápite posterior a
aspectos como el litisconsorcio necesario o facultativo, no puede perderse de vista
que lo hizo tras señalar que era la parte actora la que elegía a quién demandar y
que, en ese caso, la señora Díaz Castañeda instauró la demanda únicamente
contra el Fomag, por lo que «no era procedente vincular a la entidad territorial»,
punto que, a juicio de la Sala, resultaba irrelevante, si se tiene en cuenta que ello
nunca ocurrió, pues, a diferencia de lo que se examinó en el proceso de tutela 2024-
05416-01, aquí en el juez a quo (Juzgado Quinto Administrativo de Pereira) no
vinculó de oficio al ente territorial (departamento de Risaralda).

36. Con todo, se reitera: la discusión principal no giró en torno a la conformación
de un litisconsorcio, ya sea necesario o facultativo, por lo que aquí no se podrá
exigir la inclusión de otros sujetos procesales, máxime cuando las partes del
referido proceso ordinario no presentaron ningún tipo de solicitud en ese sentido, ni
lo cuestionaron con vehemencia en sede de tutela, dado que el debate se limitó a
establecer si al Fomag se le podía endilgar la tardanza en el pago de las cesantías.
Es esta diferencia sustancial la que justifica un análisis y una decisión distintos a
los del caso referido (proceso de tutela con radicado 2024-05416-01).

37. Para la Sala, la señora Blanca Eugenia Díaz Castañeda no revela ni
demuestra que las conclusiones de la autoridad judicial accionada sean
abiertamente antagónicas, contrastadas objetivamente con los elementos de
prueba, sino que hace una interpretación propia para enarbolar una teoría y una
conclusión diferentes a las del fallo atacado, pero sin acreditar que la decisión se
adoptó con total desconocimiento de las pruebas arrimadas y de las normas
citadas.

38. De hecho, se observa que realmente discrepa de la forma como la referida
autoridad judicial abordó el caso bajo estudio, pues, en su criterio, las pruebas
obrantes en el proceso ordinario acreditaban que la mora en el pago de las
respectivas cesantías era atribuible al Fomag, sumado a que la Secretaría de
Educación Departamental de Risaralda expidió el acto administrativo que reconoció
la prestación, el cual «se emitió y remitió en tiempo», inconformidad que, como se
vio, fue abordada y zanjada en la sentencia de segunda instancia.

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Demandante: Blanca Eugenia Díaz Castañeda

39. Ahora, tanto en la impugnación como en el escrito de tutela, la señora Díaz
Castañeda insistió en que la Ley 1955 de 2019 no estaba vigente para la fecha que
radicó la solicitud del pago y el reconocimiento de la cesantía y, además, se alejó
de las reglas fijadas (i) en la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012-2018 del 18
de julio de 2018 y (ii) en las múltiples sentencias proferidas por el Consejo de
Estado sobre el asunto objeto de debate. Entre otras6, citó la sentencia 25 de enero
de 2024, dictada por la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación
(rad. 17001-23-33-000-2021-00300-01).

40. En ese sentido, se tiene que la autoridad judicial aplicó el parágrafo del
artículo 57 de la Ley 1955 de 20197 al caso objeto de tutela, porque la petición de
reconocimiento y pago de las cesantías se radicó el 25 de febrero de 2020 —fecha
que no fue puesta en duda en el proceso ordinario ni en sede de tutela—, esto es,
con posterioridad a la entrada en vigor de la referida ley —publicada en el Diario
Oficial 50.964 del 25 de mayo de 2019—8, por lo que el reproche de la señora Díaz
Castañeda no tiene fundamento alguno para desvirtuar el fallo cuestionado.

41. Ahora, el Tribunal accionado no desconoció la postura fijada por la Sección
Segunda de esta Corporación en las sentencias del 25 de enero de 2024, del 27 de
junio de 2024 y del 29 de enero de 2024, pues, aunque es cierto que en todas ellas
se reconoció que el artículo 56 de la Ley 962 de 2005 fue derogado por el artículo
336 de la Ley 1955 de 2019, también lo es que esta última disposición no cobija a
las solicitudes de reconocimiento de las cesantías que fueron radicadas con
antelación a su vigencia —25 de mayo de 2019—, como ocurrió en los casos
resueltos en aquellas providencias, circunstancia distinta a la de la señora Díaz
Castañeda, quien, se insiste, radicó la referida petición el 25 de febrero de 2020.
Por ejemplo, la sentencia del 29 de febrero de 2024 —que supuestamente fue
desconocida por el Tribunal accionado—resolvió el asunto de la siguiente manera:

6 También las sentencias del 27 de junio de 2024, dictada por la Subsección B de la Sección
Segunda de esta Corporación (rad. 25000-23-42-000-2021-01056-01), y del 29 de febrero de 2024,
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación (rad. 25000-23-42-000-
2021-00802-01).
7 PARÁGRAFO. La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora en el pago

de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como
consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud
de pago de cesantías por parte de la Secretaria de Educación territorial al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio será responsable únicamente del pago de las cesantías.
8 ARTÍCULO 336. VIGENCIAS Y DEROGATORIAS. La presente Ley rige a partir de su publicación

y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

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Acogiendo lo anterior y como quiera que en el que el expediente se
encuentra acreditado que la petición para el reconocimiento de las
cesantías se adelantó el (9 de abril de 2019); que los 70 días de que trata
la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006 se cumplieron así:
15 días para expedir la resolución (3 de mayo de 2019); 10 días de ejecutoria
del acto (17 de mayo de 2019), por cuanto la petición se presentó en vigencia
del CPACA; y 45 días para efectuar el pago (24 julio de 2019) y, que dicha
prestación fue cancelada el 15 de enero de 2021, se generó una sanción
que debe ser asumida por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y no por el departamento de Cundinamarca.

Ello es así, pues si bien es cierto que la administración departamental
incumplió el término (15 días) para expedir el acto administrativo de
reconocimiento (24 de noviembre de 2020), también es cierto -se repite- que
la Ley 1955 de 2019 no estaba vigente para la fecha en que se presentó
la solicitud de cesantías, por lo que las dilaciones y/o incumplimientos en
el trámite impartido por la entidad territorial no son determinantes para
decidir sobre quien recaía el pago de esta sanción; obligación que, como
viene dicho, se predica del Fondo, aún, cuando las entidades territoriales,
colaboran en la gestión para el reconocimiento de tal auxilio, toda vez que
dicha labor es adelantada por virtud de la delegación conforme lo prevé el
artículo 9 de la referida normativa.

42. Además, no es cierto que el Tribunal hubiera pasado por alto la sentencia de
unificación del 18 de julio de 2018, pues, de hecho, le dedicó el acápite denominado
«período de mora por el pago tardío de las cesantías», con el objeto de exponer las
reglas allí fijadas y aplicarlas al caso objeto de tutela, análisis razonable que no fue
desvirtuado por la parte accionante, de acuerdo con la sentencia T-482 de 20119.

9 Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por desconocimiento del

precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas:

a. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y exponer
las razones por las que estima que se desconoció.

b. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría dejado
de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya decidido.

c. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de aplicar.
d. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias entre
el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para apartarse del precedente
judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos
sean similares, tampoco habrá desconocimiento del precedente si el juez identifica el criterio
jurisprudencial supuestamente ignorado y expone las razones para apartarse (principios de
transparencia y razón suficiente).

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Por lo anterior, resulta razonable que la autoridad judicial accionada resolviera el
caso a la luz del artículo 57 de la citada Ley 1955 de 201910.

43. En otras palabras, se insiste, la autoridad judicial adoptó su decisión de
acuerdo con el acervo probatorio obrante en el expediente ordinario, pues, como se
vio, luego del análisis normativo, jurisprudencial y, por supuesto, probatorio, se
concluyó que el Fomag no era el responsable de la sanción moratoria por el pago
tardío de las cesantías de los docentes con ocasión de la Ley 1955 de 2019.

44. Finalmente, se advierte que las pretensiones de la presente solicitud de
amparo, en el fondo, giran en torno a un asunto de carácter legal y económico, dado
que se busca el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío
de sus cesantías, por lo que no da lugar a la intervención del juez de tutela, de
acuerdo con la sentencia de unificación SU-573 de 201911 y con múltiples
pronunciamientos de esta Corporación12.

e. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de la
decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que el juez hace de
las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso concreto 9.

f. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del derecho
al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.
10 «(…) La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora en el pago de las

cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como consecuencia del
incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de
cesantías por parte de la Secretaría de Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
será responsable únicamente del pago de las cesantías (…)».
11 «[L]a sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías no es un derecho

fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional. La
jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de las cesantías, como
una prestación patronal de rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona que se queda
temporalmente sin trabajo”. Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación,
la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del
derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En consecuencia, cualquier pago
adicional que no corresponda a la finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el
empleador que no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados, es un
reconocimiento de fuente legal con carácter netamente patrimonial, que no amerita la intervención
del juez de tutela. Además, según se deriva de los antecedentes de los casos acumulados, no es
prima facie admisible considerar que la falta de reconocimiento de aquella pretensión económica
pueda comprometer su mínimo vital, en la medida en que los tres accionantes mantienen vigente
su vínculo laboral con el Departamento del Atlántico».
12 Entre otras, se resalta la sentencia del 18 de marzo de 2022, dictada por esta Subsección.

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45. A juicio de la Sala, esos argumentos son razonables y no merecen reproche
alguno desde el punto de vista constitucional. El hecho de que la parte actora no los
comparta, no habilita al juez de tutela para volver a estudiar un asunto que ya fue
decidido razonablemente por el Tribunal Administrativo de Risaralda.

46. La tutela no puede convertirse en el único y el preferido medio de la parte
que pierde el pleito u obtiene una decisión contraria a sus intereses. Las diferencias
con el juez, respecto de la forma en que decide el conflicto jurídico, son cuestiones
propias del proceso ordinario, que es el escenario ideal para zanjarlas. Pretender
que la acción de tutela se convierta en la instancia adicional de todos los procesos
judiciales no solo le resta vigor a la acción, sino que termina por desconocer los
principios de autonomía judicial y del juez natural13.

47. Por todo lo anterior, esta Subsección confirmará la sentencia impugnada.

48. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 29 de mayo de 2025, proferida por la
Sección Primera de esta Corporación, de conformidad con lo razonado en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 25 de

febrero de 2016, expediente No. 2016-03419-00.

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integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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