Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-01056-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-01056-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-01056-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
27 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero de Estado: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado : 25000-23-42-000-2021-01056-01
N° Interno : 5395-2023
Demandante : Héctor Eduardo Martínez Martínez
Demandado Nación-Ministerio Educación Nacional-Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-
Fiduprevisora y Departamento de Cundinamarca
Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de
2011
Tema : Sanción moratoria por pago tardío de cesantías;
Artículo 57 de la Ley 1955 del 2019
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el ente demandado
contra la sentencia del 31 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (Subsección B) que accedió a las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda.
1.1. Pretensiones.
El señor Héctor Eduardo Martínez Martínez, por intermedio de apoderado
judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
para solicitar la nulidad del acto ficto surgido de la no contestación de la
petición del 2 de octubre del 2020 configurado el 2 de enero de 2021, mediante
el cual las entidades demandadas negaron el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria.
A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene al
demandado a: (i) reconocer y pagar la sanción moratoria prevista en el artículo
2 de la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006, consistente en
la cancelación de un día de salario por cada día de retardo, contados desde
los 70 días hábiles después de haber radicado la solicitud de cesantías hasta
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Nº Interno: 5395-2023
Demandante: Héctor Eduardo Martínez Martínez
Demandado: Nación- Ministerio de Educación
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
cuando se hizo efectivo el pago; (ii) el valor de la sanción se ajuste tomando
como base el índice de precios al consumidor desde la fecha en que se efectuó
el pago hasta el momento de la ejecutoria de la sentencia; (iii) reconocer y
pagar los intereses moratorios causados sobre la sanción moratoria contados
a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia y por el tiempo siguiente
hasta que se efectué el pago de la sanción; (iv) se condene en costas
Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
El 27 de mayo de 2019, radicó solicitud de cesantías definitivas ante el
Ministerio de Educación- Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Petición que fue resuelta mediante Resolución No. 1671 del 27 de noviembre
de 2019.
Manifiesta que las cesantías fueron puestas a disposición el 21 de septiembre
del 2020 por fuera de los plazos establecidos en la Ley 1071 del 2006.
Finalmente, el 2 de octubre del 2020, radicó reclamación de reconocimiento y
pago de su sanción moratoria por pago extemporáneo de sus cesantías,
configurándose silencio administrativo negativo el 2 de enero del 2021
1.2. Normas violadas y concepto de violación.
Artículo 5 y 15 de la Ley 91 de 1989; Ley 244 de 1995 artículo 1 subrogado
por el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006
El demandante manifiesta que, de conformidad con los términos fijados en la
Ley, la entidad demandada incumplió. Por lo tanto, tiene derecho al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria en aplicación del amplio
precedente jurisprudencial proferido por el Consejo de Estado.
2. Contestación de la demanda.
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Nº Interno: 5395-2023
Demandante: Héctor Eduardo Martínez Martínez
Demandado: Nación- Ministerio de Educación
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso la excepción de
inexistencia de la obligación, inaplicabilidad de la Ley 1955 del 2019 e
indexación. Además, de la aplicación de los Decretos 1272 de 2018 y Decreto
491 de 2020.
Esgrime que la Secretaría de Educación solo actúa en el trámite y expedición del
acto administrativo de reconocimiento o negación de las solicitudes de los
docentes previa aprobación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y el pago es competencia exclusiva del Fondo quien tiene el deber de
cumplir con los plazos establecidos en la Ley.
Controvierte la aplicación del artículo 57 de la Ley 1955 del 2019, pues solo se
configura responsabilidad en cabeza de la entidad territorial en el pago de la
sanción por mora ante el incumplimiento de los términos previstos para la
expedición del acto administrativo que reconoce y liquida las cesantías. Por su
parte, precisa que esa normatividad tiene un carácter general y abstracto en la
medida que no se menciona concreta y específicamente cuales son los plazos y
términos con los que cuenta la entidad para proferir el acto.
Justifica que la mora se causó desde el 10 de septiembre de 2019, fecha anterior
al 31 de diciembre del año 2019, así pues, el pago por el retardo correspondería
al Fomag, al encontrarse encuadrado dentro de los supuestos del artículo 52 de
la Ley 1955.
Pone de presente que, la entidad territorial solamente puede hacerse
responsable del valor de la sanción moratoria por el tiempo excedido de los 15
días con que contaba para expedir el acto administrativo.
Resalta que debido a la pandemia del Covid el Gobierno Nacional se vio en la
necesidad de expedir el Decreto 491 de 2020, por medio del cual, suspendió
los términos administrativos para las entidades territoriales entre el 17 de mayo
y el 1 de septiembre de 2020, motivo por el cual, no se pueden contabilizar
dicho periodo.
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Nº Interno: 5395-2023
Demandante: Héctor Eduardo Martínez Martínez
Demandado: Nación- Ministerio de Educación
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Sustenta no es factible la indexación de la sanción por mora, debido a que la
sentencia de unificación del Consejo de Estado del 18 de julio de 2018, no
avaló la procedencia de dicho pago al resultar una doble sanción.
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
Se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en el artículo 57
de la Ley 1955, donde se le asigna la responsabilidad al ente territorial para
asumir el pago de la sanción moratoria causada a partir del 1 de enero de
2020.
Responsabiliza a los entes territoriales por la falta de cumplimiento de los
términos para proyectar las resoluciones de reconocimiento de prestaciones a
los docentes afiliados al Fomag, e insiste que el Decreto 1272 de 2018,
determinó ajustar los términos de respuesta a los quince días previstos en la
Ley 1071, para que se envíe a la Fiduciaria el proyecto de resolución
Centra su defensa exponiendo que la sanción moratoria derivada del pago
extemporáneo parcial o definitiva causadas hasta el 31 de diciembre de 2019
serán con cargo al FOMAG, según lo dispuesto en la Ley del Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022.
En tratándose de la indexación de la sanción moratoria, acudió a la sentencia de
unificación del Consejo de Estado, donde se determinó su no procedencia, al
entenderse la sanción moratoria como la consecuencia del no pago a tiempo,
por lo tanto, no podría castigarse doblemente a la entidad para hacer más
gravosa su situación.
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A
El demandado se opuso a las pretensiones de la demanda. Indicando que realizó
el pago de las cesantías el 12 de septiembre del 2019 y 21 de junio del 2022, por
valor de $44.498.479 y $13.717.925, dentro del término señalado en el parágrafo
5 de la Ley 1071 de 2006, sin causarse sanción moratoria.
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Nº Interno: 5395-2023
Demandante: Héctor Eduardo Martínez Martínez
Demandado: Nación- Ministerio de Educación
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Afirma que ante la inexistencia de la obligación y de la mora no es posible
condenarlo al reconocimiento de las pretensiones pues se configuraría un
enriquecimiento sin causa y detrimento patrimonial.
Arguye que su responsabilidad se limita a girar los recursos correspondientes al
valor aprobado en el acto administrativo. En consecuencia, el pago de la sanción
recae en el ente territorial al tenor de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1955
de 2019
3. La sentencia de primera instancia.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Subsección B), mediante
sentencia proferida el 31 de marzo de 2023, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda (sin condena en costas)1.
Consideró que, de conformidad con lo previsto en las Leyes 244 de 1995 y
1071 de 2006 a los docentes se les debe reconocer y cancelar el auxilio de
cesantías dentro de los plazos establecidos. No hacerlo conlleva al pago de la
sanción moratoria.
Determinó que el plazo de los 15 días hábiles con lo que contaba la Secretaría
de Educación del Departamento de Cundinamarca para expedir el acto
administrativo de reconocimiento vencían el 18 de junio de 2019, pero la
Resolución No. 001671 solo fue proferida hasta el 27 de septiembre de ese
año. Por lo tanto, había lugar aplicar las reglas jurisprudenciales fijadas en la
sentencia de unificación relativas a la expedición del acto administrativo por
fuera de la ley.
Indicó que se causó un periodo de mora desde el 10 de septiembre de 2019
hasta el 20 de septiembre de 2020, día anterior a aquel en se puso a
disposición para pago de las cesantías definitivas del señor Héctor Eduardo
Martínez, y debía reconocerse 375 días por concepto de sanción moratoria por
el pago tardío de sus cesantías.
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Archivo No. 12 Sentencia 1eraintancia- página 1
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Nº Interno: 5395-2023
Demandante: Héctor Eduardo Martínez Martínez
Demandado: Nación- Ministerio de Educación
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Argumentó que, aunque la Ley 1955 del 2019 estableció en el artículo 57 que
las entidades territoriales eran las responsables del pago de la sanción por
mora en el pago de las cesantías, la norma no era aplicable al caso concreto
pues no estaba vigente y las actuaciones administrativas iniciaron antes de
finalizar el 2019. Por lo tanto, le correspondía asumir el pago de la sanción al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Frente a la indexación, determinó que no había lugar atención a los criterios
jurisprudenciales de unificación, ordenando actualizar el valor total con el IPC
Por último, no había lugar a imponer costas procesales al no reunirse los
presupuestos exigidos en el artículo 188 de la Ley 1437 del 2011 en
concordancia con el artículo 354 del Código General del Proceso.
4. El recurso de apelación.
La parte demandada Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio solicitó se revoque los numerales condenatorios de la sentencia
recurrida, indicando que la sanción moratoria debe ser asumida por el
Departamento de Cundinamarca- Secretaría de Educación sin lugar a
indexación ni condena en costas.
Expone que de conformidad con la Ley 1071 de 2006 en armonía con el
artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 el Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio a través de la Fiduprevisora se adoptó una política interna respecto
al pago de la sanción moratoria derivado del reconocimiento tardío de las
cesantías parciales o definitivas de los docentes con corte al 31 de diciembre
de 2019. En consecuencia, la ley prohíbe el pago de indemnizaciones
económicas por vía judicial o administrativa con cargo a los recursos del fondo
posterior a esa fecha.
Manifestó que el FOMAG a través de la Fidruprevisora pagó al demandante la
sanción moratoria correspondiente a 113 días de retardo por vía administrativa
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Nº Interno: 5395-2023
Demandante: Héctor Eduardo Martínez Martínez
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Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
el 21 de junio de 2022. Por lo tanto, no tiene obligaciones pendientes por dicho
concepto.
Resaltando que la parte actora indujo en error al juez al no informar ni acreditar
el dinero recibido, generado una decisión que afecta derechos fundamentales.
Señala la existencia de un enriquecimiento sin causa al declarar a favor del
demandante el pago de 119 días inexistentes de mora lo cual no corresponde
a la realidad fáctica.
Relata que la Gobernación de Cundinamarca tiene legitimación exclusiva en
la causa por pasiva para asumir la condena derivada de la sanción moratoria
generadas desde el 1 de enero del 2020. Teniendo en cuenta que con
anterioridad a la vigencia de la Ley 1955 de 2019 en todos los casos el Fondo
de Prestaciones Sociales del Magisterio era el llamado a responder por el pago
de las sanciones moratorias así la mora haya sido causa por la entidad
territorial. Pero a partir de dicha normatividad se reguló la eficiencia en la
administración de los recursos públicos del FOMAG imponiendo la
responsabilidad a la secretaria de Educación de los entes territoriales por la
mora en el pago de las cesantías en todos aquellos casos que se generen en
vigencia de la Ley 1955 del 2019. Además, debe adoptar los trámites
respectivos en torno a expedir las certificaciones, subir a la plataforma los
proyectos de acto administrativo, suscribir los actos administrativos de
reconocimiento y remitir a la sociedad fiduciaria copia de los actos
administrativos con la constancia de ejecutoria donde deben cumplirse los
términos fijados en la Ley 1071 de 2006
Así las cosas, existe un cobro de lo no debido pues todas las penalidades que
se causen en el año 2020 son competencia de la Secretaría de educación de
la Gobernación de Cundinamarca por mandato de la normatividad. No
obstante, en el caso concreto, existe una moratoria mixta por cuanto una parte
del periodo de mora se causó hasta el 31 de diciembre de 2019 asunto que
fue asumido y pagado por el FOMAG con corte a la referida fecha. Y el otro
periodo de mora se causó desde el 1 de enero de 2020 prolongándose hasta
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Nº Interno: 5395-2023
Demandante: Héctor Eduardo Martínez Martínez
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el día anterior al pago de la prestación, es decir, 20 de septiembre de 2020
cuya responsabilidad sería del ente territorial por mandato expreso del artículo
57 de la Ley 1955 de 2019.
Finalmente, refiere que no procede la condena en costas en segunda instancia
al no hallarse criterios objetivos valorativos que demuestren su causación.
5. Alegatos de conclusión
En auto del 10 de abril de 2024, el despacho sustanciador admitió el recurso
de apelación interpuestos por la parte demandada y, en virtud del numeral 5
del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se les corrió traslado para alegar.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 2, el
juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.
2. Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto la Sala deberá resolver:
• ¿Al tenor de lo regulado en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 a cuál
de las entidades demandadas le corresponde el pago de la sanción
moratoria?
2
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia»
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Nº Interno: 5395-2023
Demandante: Héctor Eduardo Martínez Martínez
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Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
• ¿Es procedente que el pago pueda ser asumido de forma conjunta
dependiendo del año en que se causó?
Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la sanción moratoria;
2.2 Administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio 2.3 Hechos probados; 2.4. Caso concreto y 2.5
Condena en costas
2.1 Marco normativo y jurisprudencial sobre la sanción moratoria
La Ley 244 del 29 de diciembre de 1995 «por medio de la cual se fijan términos
para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen
sanciones y se dictan otras disposiciones» señala el procedimiento para la
liquidación y pago de las cesantías definitivas de todos los servidores públicos,
y en el parágrafo del artículo 2 regula la sanción moratoria causada por el
incumplimiento de la entidad pública empleadora consistente en un día de
salario por cada día de retardo hasta el pago efectivo de las mismas3. Esta ley
fue adicionada y modificada por la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, con el
objeto de «reglamentar el reconocimiento de cesantías definitivas o parciales
a los trabajadores y servidores del Estado, así como su oportuna cancelación»
(art. 1). Igualmente, estipuló el término para la expedición de la resolución que
reconoce las cesantías y la procedencia de la sanción moratoria, en los
artículos 4 y 5 así:
«Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las
cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la
entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el
reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la
resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos
determinados en la ley.
Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está
incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez
3
“Parágrafo. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá
y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en
este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago
se produjo por culpa imputable a éste”.
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Nº Interno: 5395-2023
Demandante: Héctor Eduardo Martínez Martínez
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(10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole
expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la
solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso
primero de este artículo.
Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un
plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la
cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación
de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para
cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para
el Fondo Nacional de Ahorro.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas
o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada
reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un
día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el
pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no
cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin
embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se
demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a
este.»
Ahora bien, con el fin de establecer el momento a partir del cual se hace
exigible la sanción por mora, la Sentencia de Unificación del 18 de julio de
2018 estudió las distintas hipótesis que pueden presentarse en cuanto a la
forma y oportunidad del acto de reconocimiento de la prestación (acto ficto o
expreso oportuno o extemporáneo), la notificación, interposición de recursos y
términos de ejecutoria de dicha actuación, y determinó las siguientes reglas
jurisprudenciales4:
«SEGUNDO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda
del Consejo de Estado para señalar en cuanto a la exigibilidad de
la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, las
siguientes reglas:
i) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas
y parciales se expida por fuera del término de ley, o cuando no se
profiere; la sanción moratoria corre 70 días hábiles después de
radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a:
i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del
acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.
4
La Sección Segunda consideró que “en el evento en que la administración no resuelva la solicitud de la prestación
social –cesantías parciales o definitivas- o lo haga de manera tardía, el término para el cómputo de la sanción
moratoria iniciará a partir de la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días hábiles
para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L. 1071/2006), 10 del término de ejecutoria de la
decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 2011) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso
Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 51], y 45 días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución”.
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Nº Interno: 5395-2023
Demandante: Héctor Eduardo Martínez Martínez
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ii) Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce
la cesantía debe ser notificado al interesado en las condiciones
previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación, iniciará
el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue
notificado, para determinar cuando corre la ejecutoria, deberá
considerarse el término dispuesto en la ley5 para que la entidad
intentará notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al
peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que
compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar
el enteramiento por este medio. Por su parte, cuando el peticionario
renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto
adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno
de estos casos, los términos de notificación correrán en contra del
empleador como computables para sanción moratoria.
iii) Cuando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después
que se notifique el acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto,
los 45 días para el pago de la cesantía, correrán pasados 15 días
de interpuesto. »
Por último, la citada sentencia de unificación también sentó jurisprudencia en
cuanto al salario de liquidación de la sanción moratoria y la imposibilidad de
indexar esa base (sin perjuicio de la actualización de la respectiva condena):
«TERCERO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda
del Consejo de Estado para señalar que, en tratándose de
cesantías definitivas, el salario base para calcular la sanción
moratoria será la asignación básica vigente en la fecha en que se
produjo el retiro del servicio del servidor público; a diferencia de
las cesantías parciales, donde se deberá tener en cuenta para
el mismo efecto la asignación básica vigente al momento de la
causación de la mora sin que varíe por la prolongación en el
tiempo. (subrayado fuera de texto)
CUARTO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del
Consejo de Estado para señalar que es improcedente la indexación
de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías. Lo
anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA.»
2.2. Administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.
Mediante la Ley 1955 del 2019 se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022, determinado lo siguiente:
5
Artículo 69 CPACA.
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Nº Interno: 5395-2023
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Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
«ARTÍCULO 57. EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO. Las cesantías definitivas y
parciales de los docentes de que trata la Ley 91 de 1989 serán
reconocidas y liquidadas por la Secretaría de Educación de la
entidad territorial y pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.
Las pensiones que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo,
mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de
quien administre el Fondo, el cual debe ser elaborado por el
Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada
correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El
acto administrativo de reconocimiento de la pensión se hará
mediante resolución que llevará la firma del Secretario de
Educación de la entidad territorial.
Para el pago de las prestaciones económicas y los servicios de
salud, el Fondo deberá aplicar el principio de unidad de caja con el
fin de lograr mayor eficiencia en la administración y pago de las
obligaciones definidas por la ley, con excepción de los recursos
provenientes del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades
Territoriales (FONPET). En todo caso, el Fondo debe priorizar el
pago de los servicios de salud y de las mesadas pensionales de los
maestros.
Los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio solo podrán destinarse para garantizar el pago de
las prestaciones económicas, sociales y asistenciales a sus
afiliados docentes, pensionados y beneficiarios. No podrá
decretarse el pago de indemnizaciones económicas por vía
judicial o administrativa con cargo a los recursos del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
PARÁGRAFO. La entidad territorial será responsable del pago
de la sanción por mora en el pago de las cesantías en aquellos
eventos en los que el pago extemporáneo se genere como
consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para
la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por
parte de la Secretaría de Educación territorial al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En estos
eventos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio será responsable únicamente del pago de las
cesantías.(subrayado fuera de texto)
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para efectos de financiar el pago
de las sanciones por mora a cargo Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio causadas a diciembre de
2019, facúltese al Ministerio de Hacienda y Crédito Público
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Nº Interno: 5395-2023
Demandante: Héctor Eduardo Martínez Martínez
Demandado: Nación- Ministerio de Educación
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
para emitir Títulos de Tesorería que serán administrados por
una o varias sociedades fiduciarias públicas; así mismo, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público definirá la operación,
las reglas de negociación y pago de los mismos. El Consejo
Directivo del FOMAG efectuará la adición presupuestal de los
recursos de los que trata el presente parágrafo.
La emisión de bonos o títulos no implica operación
presupuestal alguna y solo debe presupuestarse para efectos
de su redención. »
De conformidad con la nueva directriz en torno a la eficiencia de la
administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del magisterio, se imputa a las entidades territoriales asumir el pago de las
sanciones moratorias ante el incumplimiento de los plazos previstos para la
radiación y entrega de las solicitudes al Fondo. Buscado con ello imprimir
mayor celeridad ante dichas peticiones en aras de garantizar los derechos de
los docentes.
2.3 Hechos probados.
i) La secretaria de Educación de Cundinamarca remitió el 30 de julio del 2019
el oficio NC-S-02-122-222680-19 a la directora de prestaciones económicas
de Fiduprevisora, informándole la remisión de los expedientes para estudio y
aprobación, donde se detalla el envió de los documentos del demandante.6
ii) Hoja de revisión realizada por el Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio el 9 de septiembre del 2020 en donde aprueban el pago de las
cesantías definitivas. En el documento se solicitó la modificación del proyecto
de resolución expedido por la secretaría de Cundinamarca en punto al
periodo a liquidar. Además, especifican que los documentos se recibieron el
30 de julio del 2019 y la fecha de estudio es del 9 de septiembre del 2020 7.
iii) Resolución No.001671 del 27 de noviembre del 2019, por medio del cual la
Secretaría de Educación de Cundinamarca se reconoció y se ordenó el
6
Carpeta: cuaderno principal, carpeta 25 recibe memoriales_presentacio_contest, Anexos Hector 8 julio 22 pag 47-
52
7
Carpeta: cuaderno principal, carpeta 25 recibe memoriales_presentacio_contest, Anexos Hector 8 julio 22 pag 62-
65
14
Nº Interno: 5395-2023
Demandante: Héctor Eduardo Martínez Martínez
Demandado: Nación- Ministerio de Educación
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
iv) pago de las cesantías definitivas de señor Héctor Eduardo Martínez
Martínez.8. La notificación se realizó el 10 de diciembre del 2019
renunciando a términos.
v) Solicitud de reconocimiento y pago de sanción moratoria radicada ante la
gobernación de Cundinamarca el 2 de octubre del 2020.9
vi) Desprendible de pago emitido por el banco BBVA en donde se relaciona el
valor cancelado al demandante por $44.498.479 el día 21 de septiembre de
202010.
vii) Certificado pago de cesantías emitido por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio- Fiduprevisora, en donde manifiesta
que el FOMAG programó el pago de las cesantías definitiva al señor Héctor
Eduardo Martínez identificado con CC No. 79.162.090 el 12 de septiembre
del 2020 por valor de $44.498.47911
viii) Certificado pago de cesantías emitido por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio- Fiduprevisora, en donde manifiesta
que el FOMAG programó el pago de las cesantías definitiva al señor Héctor
Eduardo Martínez identificado con CC No. 79.162.090 el 21 de junio del
2022 por valor de $13.717.925.12
ix) Certificado expedido por el Ministerio de Educación Nacional, mediante el
cual enuncia que no tiene competencia para allegar el expediente
administrativo que contiene los antecedentes de la actuación objeto del
proceso. Información que reposa en los archivos de la Secretarías de
8
Carpeta: Juz, archivo 02 demanda, p 24-27
9
Carpeta: Juz, archivo 02 demanda, p 24
10
Carpeta: Juz, archivo 02 demanda, p 29
11
Carpeta: cuaderno principal, archivo 24 recibe memoriales_presentacio_contest, certificado Héctor Martínez 1
12
Carpeta: cuaderno principal, carpeta 24 recibe memoriales_presentacio_contest, certificado Héctor Martínez 2
15
Nº Interno: 5395-2023
Demandante: Héctor Eduardo Martínez Martínez
Demandado: Nación- Ministerio de Educación
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Educación de la entidad territorial a la que pertenece o ha pertenecido el
solicitante. Por otra parte, citó y explicó el trámite para el reconocimiento de
prestaciones a cargo del Fondo Nacional de prestaciones Sociales del
Magisterio el cual está regulado en el capítulo II del Decreto 2831 del 16 de
agosto de 200513
2.4. Caso concreto.
De acuerdo con el devenir fáctico de la actuación, se tiene acreditado que el
actor mediante derecho de petición radicado No. 2019-CES-755750 del 27 de
mayo del 2019 solicitó el pago de sus cesantías definitivas. Por lo tanto, el acto
administrativo debió expedirse en el término de 15 días exigido en el artículo
4 de la Ley 1071 de 2006, esto es, el 18 de junio de 2019, de modo, que la
Resolución No.001671 de 27 de noviembre de 2019 fue extemporánea.
Visto lo anterior, siguiendo el criterio hermenéutico de la Sala, se tiene que el
término de exigibilidad de la sanción moratoria en el sub lite empezó a correr
desde el 10 de septiembre de 2019, como se muestra en el siguiente cuadro:
Reclamación para el pago de las cesantías 27 de mayo de 2019
definitivas
Vencimiento del término para el 18 de junio de 2019
reconocimiento - 15 días (Art. 4 L.
1071/2006
Vencimiento del término de 4 de julio de 2019
ejecutoria – 10 días (Arts. 76 y 87
CPACA)
Vencimiento del término para el pago - 45 días 9 de septiembre de 2019
(Art. 5 Ley 1071 de 2006)
Así las cosas, se corrobora que las cesantías fueron puestas a disposición por
la Fiduprevisora el 12 de septiembre de 2020 de forma extemporánea; Por lo
tanto, no le asiste razón al A quo en cuanto a las fechas para contabilizar la
sanción moratoria del pago de las cesantías, desde el 10 de septiembre de
13
Carpeta: cuaderno principal, carpeta 19 archivo-certificación expediente administrativo
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Nº Interno: 5395-2023
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2019 hasta el 20 de septiembre de 2020. Teniendo en cuenta, que la sanción
moratoria es una penalidad ante la omisión en el reconocimiento de las
prestaciones social. En consecuencia, al cumplir con esa obligación de hacer
se empieza a computar los días de mora sin que se pueda tener como
referencia la fecha en que el demandante retiró el dinero del banco.
Debe decirse que este criterio, el de la contabilización de la mora hasta el
momento en que se ponen los dineros a disposición del reclamante, es
sostenido por esta Subsección en providencia del veinticinco (25) de enero de
dos mil veinticuatro (2024), Consejero de Estado: Jorge Edison Portocarrero
Banguera, Radicado: 47001-23-33-000-2020-00124-01, N° Interno: 5223-
2022.
Por lo anterior, se causó un período de mora desde el 10 de septiembre de
2019 (día siguiente al vencimiento del término para pagar las cesantías
definitivas) hasta el 11 de septiembre de 2020 (un día antes de que FOMAG
pusiera a disposición el pago de las cesantías) generándose un retardo de 367
días.
Como la reclamación de la sanción moratoria se presentó el 2 de octubre de
2020, para esa fecha no había operado la prescripción de esta, conforme con
el criterio establecido en la Sentencia de Unificación del 2 de noviembre de
2023.
Despejado el punto en torno al reconocimiento de la sanción moratoria, se
procede a analizar a cargo de quien está el pago de la penalidad, pues
conforme a los fundamentos del recurso de alzada, el FOMAG solo es
responsable de aquellas causadas hasta el 31 de diciembre de 2019 y las que
se generen con posterioridad a esa fecha deben ser asumidas por el ente
territorial como lo prevé el artículo 57 de la Ley 1955 del 2019.
Para empezar, el artículo 56 de la Ley 962 del 2005 reguló el procedimiento
para reconocer las prestaciones, incluyendo el pago de cesantía, el cual
estaba a cargo de la entidad territorial y la Fiduprevisora, de la siguiente forma:
17
Nº Interno: 5395-2023
Demandante: Héctor Eduardo Martínez Martínez
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Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
“ARTÍCULO 56. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES EN MATERIA
DEL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.
Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado
Fondo, mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte
de quien administre el Fondo, el cual debe ser elaborado por el
Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada
correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto
administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que
llevará la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial.”
Empero, el citado artículo, fue derogado por el artículo 336 de la Ley 1955 del
2019. Regulando en el precepto 57 todo lo relacionado con la eficiencia en la
administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio.
En efecto, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 el legislador previo en
el artículo 57 que las cesantías definitivas y parciales serán reconocidas por la
Secretaría de Educación de la entidad territorial y el pago le corresponde al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a través de la
Fiduciaria. A su vez, precisó que el pago de la sanción por mora recae en la
entidad territorial en aquellos eventos en que las cesantías se hayan
cancelado de forma extemporánea ante el incumplimiento de los plazos
previstos para la radicación o entrega de la solicitud por parte de la Secretaría
al FOMAG. Sin embargo, esa responsabilidad en el pago de la sanción solo
empezaría a operar para las que se causaran a partir del 1 de enero del 2020,
pues lo que se genere en fechas anteriores sería competencia de la
Fiduprevisora como administradora del Fondo, como lo previó el parágrafo
transitorio del citado precepto:
“PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para efectos de financiar el pago de
las sanciones por mora a cargo Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio causadas a diciembre de 2019, facúltese al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para emitir Títulos de
Tesorería que serán administrados por una o varias sociedades
fiduciarias públicas; así mismo, el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público definirá la operación, las reglas de negociación y pago de los
mismos. El Consejo Directivo del FOMAG efectuará la adición
presupuestal de los recursos de los que trata el presente parágrafo.
La emisión de bonos o títulos no implica operación presupuestal alguna
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Nº Interno: 5395-2023
Demandante: Héctor Eduardo Martínez Martínez
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y solo debe presupuestarse para efectos de su redención.
El aludido parágrafo transitorio estuvo vigente desde el 25 de mayo del 2019.
No obstante, fue modificado por el artículo 324 de la Ley 2294 del 2023 «por
el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2022- 2026 «Colombia potencia
mundial de la vida» y en donde se dispuso que el FOMAG asumiría el pago de
las sanciones causadas a diciembre de 2022 con cargo a títulos de Tesorería
que para tal efecto emitiría el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La
citada Ley entró en vigencia a partir del 19 de mayo del 2023
Ahora bien, en el artículo 2 del Decreto 2831 de 200514 se establece el trámite
para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, precisándose las
competencias ante quien se debe radicar la solicitud, la revisión de los
documentos, elaboración y proyección del acto administrativo y la remisión de
este por parte de los entes territoriales al Fondo para su aprobación. Además,
de los términos que tiene cada entidad para esas gestiones que son de su
resorte.
Adicionalmente, el Decreto 1272 del 201815 modificó el procedimiento para el
reconocimiento de cesantías por parte de las Entidades Territoriales
certificadas en educación. En efecto, la Fiduprevisora en la contestación de la
demanda señaló que se ajustaron los términos para resolver las solicitudes
relacionadas con las prestaciones sociales del magisterio, la atención a las
mismas está sujeta al turno de radicación, así como a la disponibilidad
presupuestal para realizar el pago. Puntualizando que, bajo ninguna
circunstancia, los términos señalados en el artículo 2.4.4.2.3.2.25
«Elaboración del acto administrativo que resuelve las solicitudes de
reconocimiento de cesantías.» podrán ser atendidos como una ampliación del
plazo señalado en el artículo 4 de la ley 1071 de 2006.
14
por el cual se reglamentan el inciso 2° del artículo 3° y el numeral 6 del artículo 7° de la Ley 91 de 1989, y el artículo
56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.
15
Por el cual se modifica el Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación-, se reglamenta el
reconocimiento y pago de Prestaciones Económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y se dictan otras disposiciones. Articulo 2.4.4.2.3.2.23 y 2.4.4.2.3.2.25.
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Nº Interno: 5395-2023
Demandante: Héctor Eduardo Martínez Martínez
Demandado: Nación- Ministerio de Educación
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Bajo esta exposición normativa, se destaca que el legislador fijó unos términos
perentorios para resolver las solicitudes de cesantías parciales o definitivas,
procedimiento que estará a cargo de las secretarias de educación de la entidad
territorial donde pertenezca o haya pertenecido el solicitante y del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales. Ambas entidades, tienen a su cargo una
serie de trámites que deben ejecutarse en unos plazos determinados ya sea
dos o cinco días, pero la decisión de fondo debe resolverse dentro de los 15
días siguientes a la fecha de radicación.
En consecuencia, y para determinar a quien le corresponde el pago de la
sanción moratoria al tenor de la nueva normatividad, es necesario verificar el
trámite surtido por cada uno de los sujetos procesales, en aras de evidenciar
las fechas de solicitud y las acciones realizadas. Por ende, se constata del
material probatoria allegado al proceso y apreciado por esta Sala, lo siguiente:
a) El día veintisiete (27) de mayo de dos mil diecinueve (2019) el señor
HÉCTOR EDUARDO MARTÍNEZ solicitó ante la Secretaría de
Educación del Departamento de Cundinamarca el reconocimiento y
pago de las cesantías definitivas. El termino para dar respuesta es 15
días hábiles después de la radicación completa de los documentos, con
lo cual debió expedirse el respectivo acto administrativo reconociendo
o no, el 18 de junio de 2019.
No obstante, en la contestación realizada por el Departamento de
Cundinamarca y en la Hoja de Revisión emitida por el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio se constata que el ente
territorial remitió los documentos y el proyecto de acto administrativo al
Fondo el 30 de julio de 2019. Por lo tanto, el ente territorial incumplió
el plazo de los cinco días previsto en el Decreto 1278 del 2018, pues
remitió el proyecto cuando ya habían transcurrido más de 15 días.
b) El 7 de septiembre del 2019 el Fondo de Prestaciones Sociales revisó
los documentos y finalmente día 2 de octubre de 2019 expidió hoja de
revisión por medio de la cual aprobó el proyecto de Acto Administrativo.
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Nº Interno: 5395-2023
Demandante: Héctor Eduardo Martínez Martínez
Demandado: Nación- Ministerio de Educación
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
c) La Resolución No.001671 de 27 de noviembre de 2019 se notificó
personalmente al demandante el 10 de diciembre del 2019 renunciando
a términos.
d) Se desconoce en qué fecha el ente territorial le remitió el acto
administrativo y la notificación de este a la Fiduprevisora para que
procediera dentro de los 45 días con el pago respectivo. Sin embargo,
para esta etapa ya se habían incumplido los plazos perentorios fijados
en la Ley.
Así las cosas, cuando se radicó la solicitud de reconocimiento y pago de
cesantías definitivas- 27 de mayo del 2019- estaba vigente la Ley 1955 del
2019 la cual empezó a regir el 25 de mayo del 2019. Por ende, cobija las que
se causen con posterioridad a esa data.
En este sentido, la Sala cita como referencia el concepto emitido por la Sala
de Consulta y Servicio Civil, con ponencia de la Consejera Ana María Charry
Gaitán16 donde se abordó una situación fáctica que comparte ingredientes
normativos y análogos similares a los pretendidos en esta demanda:
“[…]
Según el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, la vigencia de las normas
procesales se rige por el principio del «efecto general inmediato»; salvo
algunos casos excepcionales en los cuales se hubiere iniciado una
actuación o trámite, los cuales, en principio, se siguen rigiendo por las
disposiciones anteriores.
Puntualmente, en relación con las normas procesales, atinentes a la
competencia, la Sala ha explicado lo siguiente:
[L]a noción de “competencia” en materia administrativa no tiene la
misma rigidez que la competencia judicial y, a menudo, no es tan
estática como esta. Así, si bien es posible afirmar que las normas
aplicables a un determinado recurso administrativo son, en principio, las
existentes al momento de su interposición, es necesario revisar, en todo
caso, las normas de competencia de la respectiva autoridad y la forma
en que pudieron verse afectadas por razón de reformas o cambios
orgánicos o funcionales posteriores [énfasis añadido].
16
Número único: 11001-03-06-000-2022-00213-00, Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas
providencia del 28 de julio del 2023
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Nº Interno: 5395-2023
Demandante: Héctor Eduardo Martínez Martínez
Demandado: Nación- Ministerio de Educación
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
En esa medida, la Sala ha indicado que «una lectura sistemática del
ordenamiento jurídico permite comprender que cuando una función, en
ejercicio de la cual se ha emitido determinada decisión administrativa,
pasa a otra autoridad, esta última es, en principio, la competente para
pronunciarse sobre cualquier recurso o petición que ataña ese acto,
salvo que, de manera expresa, se establezcan reglas especiales de
transición, que conduzcan a un resultado diferente»
Y más adelante dice:
“En criterio de la Secretaría de Educación, esta autoridad no es la
competente para resolver la petición, por no ser la causante del
supuesto retraso en el pago de las cesantías.
En contraste, la Fiduprevisora S.A. indicó que, en virtud de lo
señalado en el parágrafo transitorio del artículo 57 de la Ley 1955
de 2019, dicha entidad solo está a cargo de las sanciones por
mora causadas hasta el 31 de diciembre de 2019. Las posteriores
a esa fecha le corresponde asumirlas a las entidades territoriales,
o a la fiduciaria, o a ambas entidades, en el caso de concurrir en
ellas el incumplimiento de los plazos para reconocer y pagar la
prestación reclamada.
Para identificar la competencia de responder de fondo la petición
de reconocimiento y pago de la sanción por mora, debe
considerarse lo siguiente:
• En vigencia del artículo 56 de la Ley 962 de 2005 y del Decreto
1075 de 2015, modificado por el Decreto 1272 de 2018, el pago
de la sanción por mora se reconocía con cargo a los recursos del
Fomag.
Debido a ello, el trámite impartido a las solicitudes de
reconocimiento y pago de la sanción por mora consistía en la
radicación de la petición ante las Secretaría de Educación, las
cuales, a su vez, remitían las peticiones ante la Fiduprevisora S.A.
En caso de que fuera procedente el pago, internamente la
Fiduprevisora S.A. remitía el asunto al área de pagos de la
Dirección de Prestaciones Económicas del fondo. En caso de que
no, devolvía el expediente a la respectiva secretaría de
educación, para emitir el acto administrativo y notificar al docente.
Ver comunicados núm. 11 de 201848 y 2 de 201949.
En esa medida, la secretaría de educación solo debía emitir un
acto administrativo, por instrucción de la Fiduprevisora S.A.,
informando la decisión asumida en torno al pago. El pago no se
realizaba con cargo a los recursos de la entidad territorial.
• En vigencia del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019: cuando la
entidad territorial genera la mora en el pago de las cesantías, es
responsable del pago de la sanción.
«En este evento el Fomag será responsable únicamente del pago
de las cesantías».
Atendiendo el parágrafo transitorio de la misma norma, se dispuso
en su momento, que la Fiduprevisora S.A., como administradora
del FOMAG asumiría el pago de las sanciones por mora causadas
a diciembre de 2019, con cargo a títulos de Tesorería que para tal
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Nº Interno: 5395-2023
Demandante: Héctor Eduardo Martínez Martínez
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Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
efecto emitiría el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Sin embargo, el citado parágrafo transitorio fue modificado por el
artículo 324 de la Ley 2294 de 2023, «por el cual se expide el plan
nacional de desarrollo 2022- 2026 «Colombia potencia mundial de
la vida», al disponer que, para efectos de financiar el pago de las
sanciones por mora a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio causadas a diciembre de 2022, se
facultaba al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para emitir
Títulos de Tesorería para tal efecto.
De esta manera, se confirma que la entidad encargada de pagar
las sanciones por mora en las prestaciones económicas a cargo
del Fomag sería de competencia de la Fiduprevisora. S.A.
Definida la fuente de los recursos para el pago de la citada
sanción moratoria, debe determinarse que, en la medida en que
de la presente actuación se presentó mora por parte de las dos
autoridades aquí involucradas, Secretaría de Educación municipal
de Pasto y Fiduprevisora S.A., resulta necesario determinar, a
partir de los hechos aquí expuestos, el trámite surtido por la
petición de reconocimiento de cesantías parciales que fuera
radicada en su momento por la señora Torres Santacruz,
indicándose de manera detallada los tiempos en que cada etapa
se agotó por cada una de las autoridades involucradas.”
Por consiguiente, y ante las modificaciones sustanciales en relación con la
competencia para el reconocimiento y pago de las cesantías y la sanción
moratoria. La Sala concluye que la entidad territorial es responsable del
«pago» de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, al incumplir
los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de
cesantías por parte de la Secretaría de Educación territorial al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Así las cosas, como el periodo de mora se causó desde el 10 de septiembre
de 2019 hasta el 11 de septiembre de 2020. El interregno del 10 de septiembre
del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2019 está a cargo del Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio. No obstante, y conforme al material
probatorio allegado la entidad pagó la penalidad por vía administrativa 21 de
junio del 2022.
Por el contrario, el lapso del 1 de enero hasta el 11 de septiembre del 2020
está a cargo de la secretaria de Educación del Departamento de
Cundinamarca.
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Nº Interno: 5395-2023
Demandante: Héctor Eduardo Martínez Martínez
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En virtud de lo anterior, la entidad demandada debe realizar la liquidación de
la sanción moratoria teniendo en cuenta el salario base correspondiente al año
2019, momento de la causación de la mora.
En lo que concierne a la indexación se precisa que si bien la normativa no
contempla la actualización para el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha aceptado que en
economías inestables como la nuestra el mecanismo de la indexación de las
obligaciones dinerarias se convierte en un factor de equidad y de justicia, que
permite el pago del valor real de las acreencias, pues cualquier reconocimiento
sin tener en cuenta el aumento de valor del dinero resulta inequitativo y hace
que la prestación se liquide con montos empobrecidos.
En efecto, en sentencia de 15 de noviembre de 1995, esta sección, expediente
7760, con ponencia del doctor Joaquín Barreto Ruiz, consideró que la
indexación no solo tiene un sustento legal en materia contencioso-
administrativa, sino que es un acto de elemental equidad, cuyo soporte
constitucional se encuentra en el artículo 230, en armonía con aquellos
conceptos de la Constitución que le asignan a las autoridades la función de
asegurar el cumplimiento de los fines sociales del Estado, el respeto a la
dignidad humana y al trabajo, dentro de la vigencia de un orden justo, por lo
que no disponer el ajuste sería no solo un agravio a la integridad patrimonial
de quien ha resultado triunfante en el ejercicio de la acción judicial, sino
también un enriquecimiento sin causa de quien en su negativa de reconocer
oportunamente sus obligaciones, resulta haciendo a la postre una erogación
menor a la que debía efectuar si hubiese cancelado en tiempo su obligación.
Tal actualización resulta procedente no solo por vía judicial, sino que también
se puede pagar en sede administrativa, comoquiera que es un beneficio legal
que garantiza los principios de equidad y justicia, en virtud de los cuales se
conserva la capacidad adquisitiva. Así lo ha estimado esta Corporación, en los
siguientes términos: “Como lo ha sostenido la Sala, el ajuste de valor obedece
al hecho notorio de la constante y permanente devaluación de la moneda de
nuestro país, que disminuye en forma continua el poder adquisitivo del ingreso,
por lo que disponer la indexación, en casos como el presente, es una decisión
24
Nº Interno: 5395-2023
Demandante: Héctor Eduardo Martínez Martínez
Demandado: Nación- Ministerio de Educación
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ajustada a la ley y un acto de equidad, cuya aplicación por parte del juez
encuentra sustento en nuestro máximo ordenamiento jurídico, como
expresamente lo consagra el artículo 230 de la Carta.
No hay duda entonces que tiene aplicación el principio “pro operario” a que
alude el artículo 230 Superior, que consagra la equidad como un criterio del que
se auxilia el sentenciador para fundar su decisión.
Actualizar el pago de las sumas que la administración debía a la parte actora y
que canceló tiempo después de su causación, es la única forma de impedir que
la demandante se vea obligada a percibir un ingreso devaluado, de manera que
represente el valor real al momento de su pago efectivo; por ello, se debe
reconocer que las sumas no canceladas en tiempo sufrieron los rigores del
deterioro inflacionario. Lo contrario implica desconocer no solo el hecho
palmario de la inflación, sino desoír claros principios de equidad. Esta
Corporación ha venido decantando estos criterios, variando la jurisprudencia
que otrora existía.
[…]
No se trata de meros conceptos retóricos, sino de conceptos normativos con
plenitud de efectos jurídicos, cuyo instrumento de eficacia es el juez. En esa
medida, al invocar las razones de equidad y de justicia como sustento, lo que
se hace es dar aplicación al modelo constitucional garantista en el que la validez
ya no es un dogma asociado a la mera existencia formal de la ley, sino una
cualidad contingente de la misma, ligada a la coherencia de sus significados
con la Constitución. Ello por sí habría legitimado la decisión de la
administración de actualizar los pagos extemporáneos que efectuó. Como no
ocurrió así, procede a esta Sala ordenarlo mediante este proveído [se
subraya].”
Por su parte, el artículo 187 del CPACA estableció el ajuste de valor de las
condenas proferidas por esta jurisdicción, indexación que no debe ser
desconocida, en virtud del principio pro homine.
A su turno, en el tema específico de la sanción moratoria, en sentencia de
unificación CE-SUJ-SII-012-2018, esta Corporación sostuvo:
25
Nº Interno: 5395-2023
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190. Por ello, en juicio de la Sala para justificar la
indexación de la sanción por mora en el pago de las cesantías,
no es viable acudir al contenido del último inciso del artículo 187
del CPACA, según el cual, «Las condenas al pago o devolución
de una cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando como
base el índice de precios al consumidor», pues en estricto
sentido, la sentencia no reivindica ningún derecho ni obligación
insatisfecha, erigiéndose como generadora de un beneficio
económico para el demandante cuya única causa fue la demora
en el pago de una prestación.
191. En suma, la naturaleza sancionadora, el cuantioso cómputo
sistemático y prolongado en el tiempo sin que implique
periodicidad, y la previsión intrínseca del ajuste del salario base
con el IPC, indican con toda certeza que la sanción moratoria no
puede indexarse a valor presente, razón por la cual, la Sección
Segunda del Consejo de Estado sentará jurisprudencia en tal
sentido. Sin embargo, ello no implica el ajuste a valor de la
condena eventual, en los términos descritos en el artículo 187
del CPACA.
En consecuencia, se advierte que si bien es cierto no procede la indexación
del capital base de liquidación, esto es, el reajuste de la asignación básica con
la cual debe ser calculada la sanción, no lo es menos que se trata de asuntos
distintos y ello no es óbice para dar aplicación al artículo 187 (inciso final) del
CPACA, en el sentido de actualizar las sumas líquidas de dinero que
correspondan a la condena irrogada como lo determinó el a quo.
2.5. Condena en costas.
Sobre la condena en costas, es importante destacar que no procede de
manera automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo 365
del Código General del Proceso, «[…] solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación
[…]». Siendo así, teniendo en cuenta que en el trámite no se observa que se
hayan causado, ni de las partes un actuar temerario, esta Sala no condenará
en costas a la parte vencida.
III. DECISIÓN
En atención a lo anterior, la Sala modificará el ordinal segundo de la parte
decisoria, en el sentido en que el período objeto de sanción moratoria
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Demandante: Héctor Eduardo Martínez Martínez
Demandado: Nación- Ministerio de Educación
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
corresponde al comprendido entre 10 de septiembre de 2019 hasta el 11 de
septiembre de 2020, el cual deberá ser asumido por las entidades demandas.,
en lo demás se confirmará la sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (Subsección B) que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley.
RESUELVE:
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal segundo de la parte resolutiva del fallo de
primera instancia el cual quedará así:
“…
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento
del derecho, la SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA Y FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO, deberá reconocer y pagar al señor Héctor Eduardo Martínez
Martínez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.162.090, la sanción
moratoria establecida en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, consistente
en un (1) día de salario por cada día de mora en el pago efectivo de las
cesantías definitivas, que fueron reconocidas mediante la Resolución No.
001671 del 27 de septiembre de 2019.
La sanción moratoria, deberá cancelarse a favor al señor Héctor Eduardo
Martínez Martínez, durante el periodo comprendido entre 10 de septiembre del
2019 hasta el 11 de septiembre del 2020, para un total de 367 días. El
interregno del 10 de septiembre al 31 diciembre del 2019 está a cargo del
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. No obstante, ya se encuentra
pagada de acuerdo con lo citado en la parte considerativa de la sentencia.
Por otro lado, el periodo del 1 de enero hasta el 11 de septiembre del 2020
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Nº Interno: 5395-2023
Demandante: Héctor Eduardo Martínez Martínez
Demandado: Nación- Ministerio de Educación
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
para un total de 254 días, está a cargo de la Secretaria de
Educación del Departamento de Cundinamarca, por concepto de sanción
moratoria. Para su liquidación, deberá tenerse en cuenta la asignación básica
que devengaba el servidor al momento del retiro, de conformidad con lo
señalado en la parte motiva de este proveído.”
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 31 de marzo de 2023,
por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Subsección
B) accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, conforme a la parte
motiva.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la
plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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