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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2021-00300-01

Fecha
25 de enero de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2021-00300-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia proferida el 20 de mayo de 2022 por el Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Segundo: Sin condena en costas. Tercero: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el aplicativo “SAMAI”.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2021-00300-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

25 de enero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 17001-23-33-000-2021-00300-01 (4284-2022)
Demandante: Gloria Inés Carmona Galvis
Demandada: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – departamento de Caldas
Tema: Sanción moratoria cesantías parciales. Leyes 244 de 1995 y
1071 de 2006.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 20 de mayo de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Caldas, que accedió parcialmente a las pretensiones.

ANTECEDENTES

La señora Gloria Inés Carmona Galvis en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de
2011, formuló, las siguientes:

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PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de los actos presuntos negativos configurados con
ocasión de las peticiones presentadas el 2 de diciembre de 2020 y el 7 de abril de
2021, en cuanto negaron el reconocimiento y pago de la sanción por mora.
Que a título de restablecimiento del derecho, se condene a la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al
Departamento de Caldas a reconocer y pagar la sanción moratoria prevista en las
Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, equivalente a un día de salario por cada día de
retardo desde la radicación de la solicitud de las cesantías o a partir del día siguiente
de la ejecutoria por renuncia a los términos de notificación del acto administrativo
de reconocimiento, siempre y cuando ocurra antes del día hábil 70 hasta que se
hizo efectivo el pago de la prestación, que se dé cumplimiento al fallo en los términos
del artículo 192 del CPACA y se condene en costas.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el 6 de marzo de 2018 solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías
parciales a que tenía derecho por laborar como docente en los servicios educativos
estatales en el departamento de Caldas.

Que por medio de la Resolución 4343-6 del 18 de julio de 2019, le fue reconocida
la prestación, la cual fue pagada el 24 de noviembre de 2020.

Que la ley fijó un plazo de 70 días hábiles para el respectivo desembolso, el cual
venció el 21 de junio de 2018, por lo que transcurrieron 872 días de mora.

Que las solicitudes para obtener el reconocimiento y pago de la sanción moratoria
fueron resueltas de forma negativa.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

Mediante auto del 9 de diciembre de 2021 fue admitida la demanda y notificada a
los demandados. El Ministerio de Educación Nacional propuso las excepciones de
culpa exclusiva de un tercero en aplicación de la Ley 1955 de 2019, pago de la

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obligación deprecada, legalidad de los actos, ausencia del deber de pagar
sanciones por parte de la entidad fiduciaria del año 2020 en adelante,
improcedencia de la indexación o actualización monetaria de la sanción moratoria,
improcedencia de la condena en costas, sostenibilidad financiera y la genérica o
innominada.

Expresó que quien debe asumir la penalidad solicitada es la entidad territorial, por
cuanto incumplió con los términos para expedir el acto administrativo de las
cesantías definitivas solicitadas, pues el FOMAG realizó el pago de la prestación y
con ello cumplió su deber, por lo que, en caso de una eventual condena, es dicho
ente el llamado a responder, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la
Ley 1955 de 2019.

Advirtió que la entidad reconoció vía administrativa la sanción moratoria y efectuó
el desembolso por los días de tardanza causados hasta el 31 de diciembre de 2019,
en atención a la referida ley. Razón por la cual, deben negarse las pretensiones en
relación con el FOMAG.

El departamento de Caldas, no ejerció su derecho de contradicción.

El 7 de abril de 2022 el Tribunal se abstuvo de citar a audiencia inicial y en su lugar,
decretó pruebas y anunció su pronunciamiento por medio de sentencia anticipada.
En igual providencia, se fijó el litigio y se corrió traslado para alegar de conclusión a
las partes y al Ministerio Público.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 20 de mayo de 2022
accedió parcialmente a las súplicas de la demanda. Señaló que la parte demandada
incurrió en mora tanto en el reconocimiento como en el pago del auxilio de cesantías
reclamado por la señora Gloria Inés Carmona Galvis, dado que los 70 días de que
trata la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006, se cumplieron el 21
de junio de 2018; no obstante, la resolución fue expedida el 18 de julio de 2019 y el
desembolso se realizó el 21 de noviembre de 2020.

Frente al extremo final de la mora precisado por la demandante, indicó que no es
posible considerar la fecha en que fue cobrado el dinero, por cuanto correspondía
a la beneficiaria demostrar la gestión diligente del retiro de las cesantías, así como

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de la consulta sobre el momento en que estuvo a disposición para el pago, carga
que no fue cumplida.

Que la responsabilidad respecto a la sanción moratoria pretendida es del FOMAG,
puesto que la entidad territorial remitió oportunamente la información para el estudio
de las cesantías y fue dicha entidad la que no actuó con eficiencia. Advirtió que no
es aplicable la Ley 1955 de 2019, por cuanto la petición de las cesantías es anterior
a la vigencia de dicha norma. Declaró no probadas las excepciones.

Declaró probada parcialmente la excepción de pago de la obligación, y expresó que
para efectos de liquidación de la penalidad, deberá tenerse en cuenta el desembolso
realizado el 14 de febrero de 2022 por la suma de $39.069.224.

Que no procede la indexación de la penalidad, pero advirtió que es viable actualizar
el valor total que se cause de aquella sanción desde que cesa la mora hasta la fecha
de ejecutoria de la sentencia, en los términos del artículo 187 del CPACA.

Que no ocurrió el fenómeno de la prescripción, en tanto que la mora se generó el
22 de junio de 2018, la demandante interrumpió dicho término con la reclamación
presentada el 2 de diciembre de 2020 y el medio de control se interpuso el 25 de
noviembre de 2021.

Condenó al FOMAG a pagar la sanción moratoria pretendida, desde el 22 de junio
de 2018 hasta el 20 de noviembre de 2020, la cual debe liquidarse con la asignación
básica devengada al momento de la causación de la penalidad, junio de 2018,
teniendo en cuenta además el pago realizado el 14 de febrero de 2022.

RECURSO DE APELACIÓN

La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio apeló la sentencia y alegó inexistencia de la obligación,
expresando que en virtud de lo contemplado en el artículo 57 de la Ley 1955 de
2019 el FOMAG se encuentra autorizado a pagar de sus propios recursos las
respectivas indemnizaciones en aquellos eventos en que se demuestre que al
docente no le fueron pagadas sus cesantías.

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Que la entidad canceló en un total de $39.069.224 los 557 días de mora causados
del 6 de marzo de 2018 al 31 de diciembre de 2019, fecha hasta la cual tenía
responsabilidad. Pues conforme a lo dispuesto en la norma citada, los dineros del
Fondo no pueden tener una destinación diferente que al pago de las prestaciones
económicas reconocidas por la secretaría de educación territorial correspondiente.
Por ello, no está a su cargo asumir la sanción generada con posterioridad al 1.° de
enero de 2020.

Que quien debe responder es la entidad territorial, dado que no expidió en tiempo
la resolución de reconocimiento, necesaria para efectuar el pago de las cesantías,
máxime cuando el acto administrativo se profirió con posterioridad al año 2019.

Que lo contemplado en el inciso final del artículo 187 del CPCA no es aplicable en
tanto que implica la indexación de la sanción moratoria, de las que se predica
incompatibilidad, pues esta genera una situación más gravosa para la
administración. Que, según lo manifestado por las Altas Cortes, la sentencia debe
limitarse a condenar al pago de la penalidad sin lugar a indexación alguna.

Que no procede la condena en costas en tanto que los argumentos de defensa
fueron eminentemente jurídicos y además, no se acreditó alguna actuación de la
entidad que desvirtúe la presunción de buena fe.

Solicitó se revoque la sentencia por inexistencia de la obligación y desvincular del
proceso al FOMAG.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Mediante auto del 23 de agosto de 2022 se admitió el recurso y por no haber
pruebas que decretar, no se hizo necesario otorgar el término de traslado para
alegar de conformidad con lo establecido en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

Se resolverá previas las siguientes,

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CONSIDERACIONES

El problema jurídico se resume en determinar qué entidad debe asumir el pago total
de la sanción moratoria producto del reconocimiento y la consignación tardía de las
cesantías parciales de la señora Gloria Inés Carmona Galvis.

Sobre las cesantías en el sector docente

El numeral 3.° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso sobre las cesantías y la
aplicación del régimen prestacional para los docentes, así:

«[…] 3. Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989,
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por
fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado
en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último
año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés
anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año,
liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de
aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia
Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero
durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas
hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes
para los empleados públicos del orden nacional […]».

La referida normativa en los artículo 4.° y 5.° prevé que el pago de las prestaciones
sociales de los docentes afiliados está a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio. Veamos:

«[…] ARTÍCULO 4. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
atenderá las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que
se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, siempre

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con observancia del artículo 2, y de los que se vinculen con posterioridad a ella.
Serán automáticamente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados
a la fecha de la promulgación de la presente Ley, quienes quedan eximidos de
requisito económico de afiliación. Los requisitos formales que se exijan a éstos, para
mejor administración del Fondo, no podrán imponer renuncias a riesgos ya asumidos
por las entidades antecesoras, las cuales reconocerán su respectivo valor en los
convenios interadministrativos. El personal que se vincule en adelante, deberá
cumplir todos los requisitos de afiliación de naturaleza formal o normativa y
económica.

ARTÍCULO 5. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, tendrá
los siguientes objetivos:

1. Efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado. […]».

En lo relativo al reconocimiento del derecho, el artículo 9.° dispuso que dicha labor
sería adelantada por las secretarías de educación de los entes territoriales por virtud
de la delegación.

«[…] ARTÍCULO 9. Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, serán reconocidas por la Nación a través del
Ministerio de Educación Nacional, función que delegará de tal manera que se realice
en las entidades territoriales […]».

De la aplicación de la sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de
2006.

Esta Corporación mediante sentencia del 18 de julio de 2018 1 unificó jurisprudencia
sobre la aplicación de la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006 a los
maestros del sector oficial, las cuales regulan la sanción moratoria por la
cancelación extemporánea del auxilio de cesantías definitivas o parciales. En ella
se especificó la naturaleza del empleo docente, a saber:

«[…] Los docentes integran la categoría de servidores públicos prevista en el artículo
123 de la Constitución Política, pues aunque el estatuto de profesionalización los
defina como empleados oficiales, lo cierto es que en ellos concurren todos los

1 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 18 de julio de 2018.

Expediente: 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15).

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requisitos que de carácter restrictivo encierra el concepto de empleado público en
atención a la naturaleza del servicio prestado, la regulación de la función docente y
su ubicación dentro de la estructura orgánica de la Rama Ejecutiva del Estado y la
implementación de la carrera docente para la inserción, permanencia, ascenso y
retiro del servicio; razón por la cual, se encuadran dentro del concepto de empleados
públicos, establecido en la norma superior y desarrollado a través de la ley. Por lo
anterior, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido que a los docentes les son
aplicables las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, que contemplan la sanción por
mora en el reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas de los
servidores públicos; siendo consonante esta posición, con la adoptada por la Corte
Constitucional […]».

En lo relativo a los términos para el reconocimiento y pago de la prestación, la
aludida norma dispuso:

«Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el
reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente,
si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de
la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de
cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del
servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido
para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra
el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa
imputable a este». (Subrayas propias).

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En ese sentido, y una vez presentada la solicitud de cesantías, la administración
cuenta con 15 días para expedir el acto administrativo de reconocimiento. Sin
embargo, de encontrar incompleta la petición deberá manifestarlo así al interesado
dentro de los 10 días siguientes a su radicación, indicando los requisitos de que
adolece, para que una vez los allegue, pueda emitir el acto que reconozca la
prestación en el término inicialmente señalado.

En firme el acto de reconocimiento, el empleador tiene 45 días para hacer el
desembolso, por lo que la inobservancia de los plazos mencionados conllevará a
que se cause la penalidad económica equivalente a un día de salario por cada día
de retardo hasta que se haga efectivo el pago, sanción que deberá asumir con sus
propios recursos.

Caso concreto

Se encuentra probado que la señora Gloria Inés Carmina Galvis radicó solicitud el
6 de marzo de 2018, tendiente a obtener el pago de las cesantías parciales con
destino a compra de vivienda2 y que mediante Resolución 4343-6 del 18 de julio de
20193 la Secretaría de Educación del departamento de Caldas reconoció y ordenó
el desembolso de la prestación.

Según certificación emitida por la Fiduprevisora, 4 se evidencia que el valor de
$50.000.000 fue puesto a disposición de la demandante el 21 de noviembre de 2020
y; de otra parte, que el 14 de febrero de 2022 fue consignado el valor de $39.069.224
a través del Banco BBVA. 5

El Tribunal Administrativo de Caldas encontró probada la tardanza en el
reconocimiento y pago del auxilio, por lo que ordenó al FOMAG cancelar la sanción
moratoria solicitada desde el 22 de junio de 2018 hasta el 20 de noviembre de 2020
teniendo en cuenta el pago efectuado el 14 de febrero de 2022 por concepto de
sanción moratoria.

2 Conforme se infiere de la resolución que reconoció el derecho.
3 SAMAI. Archivo (ED_17001233300020210030(.zip) NroActua 2)pdf.02DemandaAnexos.Páginas 29 y 30 del

expediente digital.
4
SAMAI. Archivo (ED_17001233300020210030(.zip) NroActua 2)pdf.08Pruebas.Página 1 del expediente
digital.
5
SAMAI. Archivo (ED_17001233300020210030(.zip) NroActua 2)pdf.08Pruebas.Página 2 del expediente
digital.

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El Fondo manifestó que con fundamento en lo preceptuado en el parágrafo del
artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, la responsabilidad para asumir la penalidad es
del departamento de Caldas, en tanto que fue este quien excedió el plazo para el
reconocimiento de las cesantías, cuyo acto administrativo expidió en vigencia de la
referida norma.

Argumentos que no comparte la Sala, puesto que la fecha de la resolución del
reconocimiento (18 de julio de 2019) no puede ser determinante para efectos de
analizar la aplicación de la ley invocada como lo pretende el demandado, pues la
tardanza en el pronunciamiento sobre la situación jurídica del docente no puede ser
excusa para endilgar responsabilidad a una entidad que en su momento no tenía a
cargo el pago de la prestación.

Sobre el particular, resulta necesario precisar que, este estudio debe realizarse
teniendo en cuenta el momento a partir del cual se causó la mora, en concordancia
con lo dispuesto en la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006, que
dispuso unos términos para el reconocimiento y consignación de las cesantías
parciales o definitivas, cuya inobservancia genera una penalidad a cargo de la
entidad obligada, la cual se origina pasados 65 días (CCA) o 70 días hábiles
(CPACA) siguientes a la radicación de la solicitud.

Al respecto, y en consideración a la fecha de la solicitud (6 de marzo de 2018) se
tiene que los 70 días de que trata la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de
2006 se cumplieron así: 15 días para expedir la resolución (28 de marzo de 2018);
10 días de ejecutoria del acto (13 de abril de 2018), por cuanto la petición se
presentó en vigencia del CPACA; y 45 días para efectuar el pago (21 de junio de
2018).

Contrario a lo señalado por el Fondo, si bien la administración departamental
incumplió el término (15 días) para expedir el acto administrativo de reconocimiento
(18 de julio de 2019), también es cierto que la Ley 1955 de 2019 no estaba vigente
para la fecha en que se causó la penalidad (21 de junio de 2018), razón por la cual
resulta inaplicable.

En atención a las normas en cita (Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006) sin que haya
lugar a analizar la tardanza en los trámites de una u otra entidad estatal, la autoridad

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responsable del pago total de la sanción moratoria es el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, pues como se explicó la mora se presentó
con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley 1955 de 2019 (25 de mayo
de 2019).

En un asunto similar, 6 la Corporación sostuvo que a quien le corresponde cancelar
la penalidad es al FOMAG, dado que es quien tiene la titularidad de la obligación
del pago de la prestación; pues las secretarías de educación territoriales,
únicamente colaboran en el trámite de reconocimiento, en virtud de la delegación.

« […] encuentra la Sala que el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019 hace referencia
a las vigencias y derogatorias indicando que dicha normatividad rige a partir de su
publicación, esto es, con posterioridad al 25 de mayo de 2019. En ese orden de ideas,
si bien el artículo 56 de la Ley 962 de 2005 fue derogado por el artículo 336 de la Ley
1955 de 2019 y ésta última reguló lo relacionado en el artículo 57, dicha disposición
no rige el asunto objeto de estudio, toda vez que, la petición de reconocimiento de
cesantías se radicó el 20 de febrero de 2012 y la petición tendiente a obtener el
reconocimiento de la sanción moratoria por parte de la accionante se instauró en
fecha 9 de febrero de 2017, es decir, con anterioridad a la expedición de la Ley 1955
de 2019.

[…]

Así las cosas, teniendo en cuenta que la Ley 962 de 2005 previó que las prestaciones
sociales pagaderas a los docentes oficiales serían reconocidas y canceladas por el
Fondo del Magisterio, cuyo trámite está comprendido por la aprobación del proyecto
de resolución por parte de quien lo administre, el cual deberá ser elaborado por la
Secretaría de Educación de la entidad territorial certificada correspondiente, a la que
se encuentre vinculado el docente, es claro que la legitimación en la causa por pasiva
en asuntos como el debatido recae únicamente en el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio7. […]».

Precisado lo anterior, esta Sala considera que el pago total de la sanción moratoria
corresponde al Fondo, sin embargo, tal y como lo manifestó el Tribunal, para efectos
de la liquidación debe tenerse en cuenta el desembolso del 14 de febrero de 2022
por el valor de 39,069,224.

6 Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 28

de enero de 2021. Radicado: 76001-23-33-000-2017-01297-01 (2688-2020) Demandante: Gladys Méndez
Vinasco.
7 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. C.P.: William Hernández Gómez. Fecha: 26 de agosto

de 2019. Rad.: 68001-23-33-000-2016-00406-01(1728-18).

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El FOMAG señaló además, que el ajuste de que trata el artículo 187 del CPACA no
es aplicable en tanto que implica la indexación de la sanción moratoria, y que la
condena debe limitarse al pago de la penalidad. Sobre el particular la Subsección 8
ha manifestado:

[…] en razón a que la indemnización moratoria constituye una penalidad ante el
incumplimiento de los plazos previstos en la ley para el reconocimiento y pago de
las cesantías, en consecuencia, no está sujeta a una indexación monetaria.

[…]

Por lo tanto, a) mientras se causa la sanción moratoria día a día esta no podrá
indexarse. b) cuando termina su causación se consolida un valor total, ese
valor total sí es objeto de ajuste de valor, desde la fecha en que cesa la mora
hasta la ejecutoria de la sentencia […] y c) una vez queda ejecutoriada la condena
no procede indexación sino que se generan los intereses […] (Negrita fuera de
texto).

Contrario a lo señalado por el demandado, el Tribunal atendió a la regla
jurisprudencial dispuesta en la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, pues
fue claro en manifestar que no era procedente la indexación de la sanción moratoria
en el tiempo de su causación; sin embargo, la suma total generada si debe ajustarse
una vez cesa la tardanza, esto es, entre el 21 de noviembre de 2020 y la fecha en
la que queda ejecutoriada la sentencia, en los términos en que lo ordenó el juez.

Finalmente, y respecto al último punto de la apelación, la Sala no emitirá
pronunciamiento, dado que el Tribunal se abstuvo de condenar en costas.

Por las razones expuestas, se confirmará la sentencia de primera instancia que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

De la condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art.188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso
que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las

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Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Expediente:
68001-23-33-000-2016-00406-01 (1728-2018) Demandante: Aurora del Carmen Rojas Álvarez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00300-01 (4284-2022)

partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe, no obstante,
dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2° del art.188 de la Ley
1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio enunciado, se observa de los fundamentos
del recurso de apelación que no se presenta una carencia de fundamentación legal
que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, la parte demandada en sus
escritos manifestó argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, en
consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia proferida el 20 de mayo de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Caldas, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

Segundo: Sin condena en costas.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes en el aplicativo “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

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Radicado: 17001-23-33-000-2021-00300-01 (4284-2022)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

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