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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05428-01

Fecha
2 de mayo de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05428-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de febrero de 2025, proferida por la Sala de Conjueces de la Sección Quinta del Consejo de Estado, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05428-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

2 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dos (2) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2024-05428-01
Accionante: MIGUEL IGNACIO MARTÍNEZ OLANO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se confirma el fallo
impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no
cumplir con el requisito general de legitimación en la causa por activa.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia de 28 de febrero de 2025, proferida por la Sala de Conjueces de la
Sección Quinta del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Miguel Ignacio Martínez Olano solicitó la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, al debido
proceso y la defensa cuya vulneración le atribuyó a la decisión de 3 de octubre de
2024, proferida en audiencia inicial por el Tribunal Administrativo del Magdalena,
dentro del medio de control de nulidad electoral con radicado número 47001-23-33-
000-2023-00265-00.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Refirió
que los señores Tito Moisés Bolaño Meza, Humberto Enrique Arias
Henao, Alfonso Antonio Núñez Macías y Jorge Luis Agudelo Apreza presentaron
las demandas de nulidad electoral identificadas con los radicados núms. 47001-23-
33-000-2023-00265-00, 47001-23-33-000-2023-00297-00, 47001-23-33-000-2024-
00021-00 y 47001-23-33-000-2024-00023-00, para que se declarara la nulidad de
la elección del señor Carlos Alberto Pinedo Cuello como alcalde del Distrito
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05428-01
Accionante: Miguel Ignacio Martínez Olano

2.2. Indicó que el 27 de septiembre de 2024 presentó solicitud de coadyuvancia y
que el Tribunal Administrativo del Magdalena en la audiencia inicial celebrada el 3
de octubre de 2024, aceptó dicha solicitud.

2.3. Manifestó
que en la audiencia inicial solicitó al magistrado sustanciador del
proceso decretar una prueba de oficio, petición que le fue negada.

2.4. Adujoque no se le concedió el uso de la palabra en dicha diligencia y
posteriormente fue retirado de la misma.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] Conceder la protección a mis derechos fundamentales y declarar la
nulidad de la elección de la alcaldía de Santa Marta por violación del plazo
razonable y repetir las mismas por las inconsistencias presentadas que
afectaron la voluntad del electorado.

Subsidiariamente le solicito declarar la nulidad de la audiencia inicial de fecha
03 de octubre de 2024 para darme la oportunidad de intervenir en la misma por
quince minutos […]”.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. La Sala de conjueces de la Sección Quinta del Consejo de Estado, a través de
auto de 6 de noviembre de 2024, declaró fundado el impedimento manifestado por
el conjuez Humberto Antonio Sierra Porto y los Consejeros de Estado doctores
Gloria María Gómez Montoya, Omar Joaquín Barreto Suárez, Luis Alberto Álvarez
Parra y Pedro Pablo Vanegas Gil.

5. Mediante auto de 26 de noviembre de 2024 la conjuez a cargo de la sustanciación
del proceso de la Sala de Conjueces de la Sección Quinta del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela. Asimismo, ordenó vincular en calidad de terceros con
interés directo en el resultado del proceso a los señores Tito Moisés Bolaño Meza,
Humberto Enrique Arias Henao, Alfonso Antonio Núñez Macías, Jorge Luis Agudelo
Apreza, Carlos Alberto Pinedo Cuello, Harold Ramit Noguera Mendoza, Davinson
Pedrozo Guerra, Efraín Valencia Castillo, Donaldo Antonio Duica Granados, Jesús
María Enríquez, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional
Electoral.

V. INTERVENCIONES

6. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegaron los siguientes informes:

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Accionante: Miguel Ignacio Martínez Olano

6.1. El Tribunal Administrativo del Magdalena refirió que el señor Miguel Ignacio
Martínez Olano no atendió las directrices y decisiones adoptadas en la audiencia
inicial y que “[…] su actuar trastocaba el curso normal de la audiencia e impedía su
continuación, siendo necesario implementar los poderes correccionales […]”.

6.2. Solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela en razón a que actúo de
forma diligente, profiriendo las decisiones que en derecho correspondían y sin
transgredir los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad y
acceso a la administración de justicia del accionante.

6.3. ElConsejo Nacional Electoral solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

7. Mediante fallo de tutela de 28 de febrero de 2025, la Sala de Conjueces de la
Sección Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por
no cumplir los requisitos subsidiariedad, relevancia constitucional y “[…] efecto
decisivo de la irregularidad procesal […]”; y negó la solicitud de desvinculación
presentada por el Consejo Nacional Electoral.

8. Frente al incumplimiento del requisito general de subsidiariedad, advirtió que
“[…] el juez natural del proceso de nulidad acaba de dictar el fallo de primer grado,
es este el mecanismo judicial existente para controvertir la decisión y de esa forma
salvaguardar los derechos que el actor estime comprometidos. Y a su vez, en virtud
de la naturaleza residual de la acción de amparo constitucional, no le compete al
juez de tutela adoptar una decisión paralela a la que corresponde adoptar al juez
natural […]”.

9. Señaló que “[…] el presente proceso tampoco logra superar el requisito de
demostrar que existe una irregularidad procesal que tenga un efecto decisivo.
Así, el actor no ha evidenciado y esta Sala tampoco lo ha podido advertir, que
abstenerse de decretar su testimonio tiene una transcendencia importante que
hubiese podido variar el curso y la decisión del proceso electoral […]” [negrilla
original del texto].

10. Respecto del requisito de relevancia constitucional concluyó que “[…] La parte
actora se limitó a exponer que en el trámite no se le brindó la oportunidad de ser
escuchado ni de renunciar a su calidad de coadyuvante con el fin de intervenir en
calidad de testigo. A su vez, simplemente puso de presente que su testimonio es
fundamental para resolver el problema jurídico del trámite de nulidad electoral y
manifestó que la autoridad demandada actuó arbitrariamente al ordenar su retiro
de la audiencia del 3 de octubre de 2024 […]”.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05428-01
Accionante: Miguel Ignacio Martínez Olano

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

11. Laparte accionante impugnó el fallo de primera instancia, con base en los
siguientes argumentos:

“[…] Sostiene el juez de primera instancia que no se cumplió el deber de
exponer mínimamente las razones por las cuales el Juez debe intervenir,
desconociendo que claramente se dijo en los hechos que no me dieron la
oportunidad de participar en el proceso como coadyuvante negándome el uso
de la palabra y evitando que expusiera mis argumentos, pues si el Magistrado
consideraba que no era procedente mi planteamiento debió dejarme
exponerlos y no retirarme de la audiencia a la fuerza, impidiendo inclusive que
ejerciera mis recursos frente a esta decisión.

Por ello, es falso que no hayamos advertido algún yerro en las decisiones, pues
reconocida mi condición de coadyuvante, acudimos al Juez para que me
garantizara mi derecho a participar en la audiencia y no a ordenarle al
Magistrado acceder a mis solicitudes.

El Juez reconoce que no se me brindo la oportunidad de ser escuchado y contra
estas decisiones no me dejaron ejercer los recursos o no proceden, lo que hace
procedente la acción de tutela.

Por lo anterior, IMPUGNO el fallo de primera instancia y se tengan como
fundamento de esta impugnación los hechos y las pretensiones de la demanda
tutelar, revocando el fallo y accediendo a mis pretensiones de declarar la
nulidad de todo lo actuado y ordenarle al Tribunal accionado permitir mi
intervención en la audiencia […]”.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

12. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20245.

VIII.2. Problemas jurídicos

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
5
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05428-01
Accionante: Miguel Ignacio Martínez Olano

13. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado6, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:

b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

14. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

15. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

16. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

17. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

18. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial8, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental

6
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
8
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.

6

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Accionante: Miguel Ignacio Martínez Olano

absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.

19. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en dichos
parámetros.

20. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

21. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

22. El señor Miguel Ignacio Martínez Olano solicitó la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, al debido
proceso y la defensa cuya vulneración le atribuyó a la decisión de 3 de octubre de
2024, proferida en audiencia inicial por el Tribunal Administrativo del Magdalena,
dentro del medio de control de nulidad electoral con radicado número 47001-23-33-
000-2023-00265-00.

23. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento del requisito de
legitimación en la causa por activa.

9
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
10
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05428-01
Accionante: Miguel Ignacio Martínez Olano

VIII.4.1. De la falta de legitimación en la causa por activa en el caso sub
examine

24. Sobre el particular, sea lo primero en indicar que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, toda persona tiene a su
disposición la acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales amenazados o
vulnerados por cualquier autoridad pública o por los particulares encargados de la
prestación de un servicio público.

25. Precisamente, el artículo 10° del Decreto Ley 2591 1991, que se refiere a la
legitimidad e interés para el ejercicio de la acción, prevé:

“[…] LEGITIMIDAD E INTERES. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de su
representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales […]”.

26. Bajo ese entendido, la Corte Constitucional ha señalado que el presupuesto de
legitimación en la causa se encuentra satisfecho en los siguientes eventos: i) cuando
la acción de tutela es promovida directamente por el afectado; ii) cuando es promovida
por el afectado a través de apoderado judicial; iii) si el mecanismo de amparo es
interpuesto por el representante legal del afectado; iv) cuando se actúa en calidad de
agente oficio del afectado, siempre que se acredite la imposibilidad del agenciado de
actuar por sí mismo, y v) cuando la acción de amparo es promovida por el Defensor
del Pueblo o los personeros municipales.

27. También ha precisado la Corte Constitucional el alcance del concepto de
legitimación en la causa por activa en los siguientes términos:

“[…] La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. Es una calidad subjetiva de las
partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por
tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el
juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse
inhibido para fallar el caso de fondo.

La legitimación por activa es requisito de procedibilidad. Esta exigencia significa
que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho
fundamental propio del demandante y no de otra persona. Adicionalmente, la
legitimación en la causa como requisito de procedibilidad exige la presencia de
un nexo de causalidad entre la vulneración de los derechos del demandante, y

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05428-01
Accionante: Miguel Ignacio Martínez Olano

la acción u omisión de la autoridad o el particular demandado, vínculo sin el
cual la tutela se torna improcedente […]”11. [Subrayado fuera del texto]

28. El señor Miguel Ignacio Martínez Olano solicitó la protección de sus derechos
fundamentales, cuya vulneración le atribuyó a la decisión de 3 de octubre de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, a través de la cual se negó
su solicitud de decretar la prueba de oficio, consistente en ser escuchado en
testimonio e igualmente se le negó la solicitud del uso de la palabra como
coadyuvante, durante el trámite de la audiencia inicial adelantada dentro del medio
de control de nulidad electoral con radicado número 47001-23-33-000-2023-00265-
00.

29. En ese sentido solicitó declarar la nulidad de la audiencia inicial de 3 de octubre
de 2024 “[…] para darme la oportunidad de intervenir en la misma por quince
minutos […]”.

30. Al respecto, se precisa que el accionante no es parte en el proceso de nulidad
electoral núm. 47001-23-33-000-2023-00265-00, sino coadyuvante.

31. En ese sentido, se considera que el actor no tiene la legitimación en la causa por
activa para solicitar la nulidad del proceso nulidad electoral, de conformidad con la
jurisprudencia de esta Sección.

32. En efecto, esta Sala de Decisión en la sentencia de tutela de 17 de marzo de
202212 precisó que la legitimación de los coadyuvantes de un proceso ordinario “[…]
se encuentra restringida a apoyar a una de las partes […]”:

“[…] 27. Sobre la figura de la coadyuvancia, la Corte Constitucional, citando al
profesor Francesco Carnelutti señaló que esta «ofrece una disociación entre
tener un interés alterno y ser el titular del mismo, es decir entraña una
legitimación secundaria, en vez de una legitimación principal. Así, la
acción de otro puede tener interés para el coadyuvante en la medida que su
desarrollo le resulte útil sin necesidad de ostentar la titularidad del derecho
a definir; se trata entonces de un sujeto que refuerza las pretensiones de
una de las partes y actúa a favor del interés ajeno con el fin de que el
resultado irradie también a su favor sin que por esto se convierta en el
titular de la causa procesal o material».

28. En ese contexto, se advierte que el artículo 71 del CGP concibe que la
legitimación del coadyuvante es de carácter secundaria y restringida en los
siguientes términos: (i) solo podrá efectuar los actos procesales que también
son permitidos a la parte que ayuda, siempre y cuando no estén en oposición
con los de esta, y (ii) solo podrá efectuar los actos procesales que no impliquen
la disposición del derecho en litigio.

29. En razón a lo anterior, es claro que la intervención del coadyuvante dentro
del proceso se encuentra restringida a apoyar a una de las partes, sin que
pueda oponerse al interés de esta o disponer el derecho en litigio.

11
Corte Constitucional. Sentencia T – 568 de 2012. M.P.: Mauricio González Cuervo
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 17 de marzo de 2022, Exp.
núm. 11001-03-15-000-2021-07052-01, M.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05428-01
Accionante: Miguel Ignacio Martínez Olano

30. Con fundamento en las anteriores premisas, la Sala considera que el señor
Olaff Enrique Cotes Fernández, en esta oportunidad, no se encuentra
legitimado en la causa por activa para promover la acción de tutela de la
referencia, porque si bien es cierto ostentó la calidad de coadyuvante dentro
del medio de control de nulidad electoral número 19001-23-33-004-2021-
00121-00, la realidad es que los actos procesales que puede emprender, dada
su condición de coadyuvante, se encuentran limitados a coadyuvar a una de
las partes, sin que pueda desplazarla o sustituirla en el ejercicio de otras
acciones judiciales.

31. Significa lo anterior que, aunque el actor se encuentra facultado para apoyar
a la parte que coadyuva, no puede reemplazar o sustituir a la parte principal en
el ejercicio de cualquier medio de defensa.

32. Bajo este entendido, se resalta que a través de la presente acción de tutela
se pretende la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia, los cuales se estiman vulnerados con
ocasión del fallo judicial que negó las pretensiones de la demanda.

33. En este contexto, se aprecia que de existir la vulneración de los derechos
fundamentales aludidos -la cual eventualmente tendría origen en la expedición de un
fallo contrario a los intereses del demandante- corresponde únicamente al afectado
directo de dicha vulneración -esto es la parte- el ejercicio del medio de defensa
constitucional para lograr el restablecimiento de sus garantías constitucionales.
[…]” [Negrilla original del texto].

33. De lo transcrito se puede concluir que el accionante carece de legitimación en la
causa por activa por cuanto no es titular del derecho de los actos procesales que
implican la disposición del litigio del medio de control de nulidad electoral núm.
47001-23-33-000-2023-00265-00, dado que su calidad de coadyuvante se
encuentra limitada y no le es posible desplazar o sustituir el ejercicio del derecho
de la parte a la cual coadyuva.

34. En conclusión, el accionante no se encuentra legitimado para solicitar a través
de la acción de tutela la nulidad del proceso núm. 47001-23-33-000-2023-00265-
00 en razón a que en dicho proceso tiene la calidad de coadyuvante.

35. Respecto de la petición consistente en “[…] declarar la nulidad de la elección de
la alcaldía de Santa Marta por violación del plazo razonable y repetir las mismas
por las inconsistencias presentadas […]”, la Sala advierte que dicha pretensión es
el objeto del proceso de nulidad electoral núm. 47001-23-33-000-2023-00265-00,
el cual se encuentra en trámite, por lo que tampoco se cumpliría el requisito general
de subsidiariedad.

36. Portanto, se confirmará el fallo de primera instancia que declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo, pero por las razones aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

10

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05428-01
Accionante: Miguel Ignacio Martínez Olano

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de febrero de 2025, proferida por la
Sala de Conjueces de la Sección Quinta del Consejo de Estado, pero por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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