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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07052-01

Fecha
17 de marzo de 2022
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07052-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 10 de diciembre de 2021, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, pero por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. 10 Expediente número 13001-23-31-000-2006-00503-01. 13 Radicación: 11001-03-15-000-2021-07052-01 Accionante: Olaff Enrique Cotes Fernández Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-07052-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

17 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2021-07052-01
Accionante: OLAFF ENRIQUE COTES FERNÁNDEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
– CONFIRMA FALLO IMPUGNADO. ACCIÓN DE TUTELA
NO CUMPLE REQUISITO DE LEGITIMACIÓN EN LA
CAUSA POR ACTIVA

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el señor Olaff Enrique Cotes
Fernández en contra de la sentencia de 10 de diciembre de 2021, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la acción de tutela.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El ciudadano Olaff Enrique Cotes Fernández solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales «al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia», cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 14 de mayo de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, dentro del medio de
control de nulidad electoral con número de radicado 47-001-2333-000-2019-
00723-00.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por la parte accionante, los hechos y razones que
motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Refirió que el señor Luis Emilio Correa Guerrero aspiró al cargo de elección
popular de alcalde del municipio de Aracataca Magdalena en el período 2016 –
2019, y que en esa oportunidad su candidatura fue avalada por el Movimiento
Alternativo Indígena y Social – MAIS, tal como consta en la certificación de 27
de febrero de 2020 suscrita por al representante legal de dicha organización
política.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-07052-01
Accionante: Olaff Enrique Cotes Fernández

2.2. Señaló que por haber recibido el aval del Movimiento Alternativo Indígena y
Social – MAIS el señor Luis Emilio Correa Guerrero era afiliado o militante de
dicho movimiento político, conforme a lo señalado en el artículo 10° de los
Estatutos de este.

2.3. Afirmó que el 19 de julio de 2019 el señor Luis Emilio Correa Guerrero recibió
el aval del partido Centro Democrático con el propósito de aspirar al cargo de
alcalde del municipio Aracataca para el periodo 2020 – 2023; y que a través del
formulario E-8 se declaró la elección del referido funcionario al citado cargo de
elección popular.

2.4. Indicó que el señor Luis Emilio Correa Guerrero incurrió en doble militancia
porque fue avalado por el partido Centro Democrático al cargo de alcalde del
municipio de Aracataca para el período 2020 – 2023, sin haber renunciado
previamente al Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS.

2.5. Conbase en lo anterior, mencionó que el señor Manuel Guillermo Polo
Florido promovió el medio de control de nulidad electoral número 47-001-2333-
000-2019-00723-00 con el objeto de que se declarara la nulidad del acto de
elección del señor Correa Guerrero; proceso en el que actuó en calidad de
coadyuvante del extremo demandante.

2.6. Afirmó
que, a través de la sentencia de 14 de mayo de 2021, el Tribunal
Administrativo del Magdalena negó las pretensiones de la demanda.

2.7. Manifestó que la decisión tutelada incurrió en un defecto fáctico «por indebida
valoración probatoria al darle mayor importancia al testimonio del secretario
Departamental del MAIS que a las pruebas documentales obrantes el
expediente».

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante planteó las siguientes pretensiones:

[…] 1. Interpongo acción de tutela contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL MAGDALENA, por considerar que esta autoridad judicial vulneró
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, al incurrir en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria al
darle mayor importancia a los testimonios que a las pruebas documentales
obrantes el expediente y en consecuencia, se revoque o se deje sin efectos la
providencia judicial proferida el 14 de mayo de 2021 dentro del medio de
control Acción Pública de nulidad electoral radicada en el Tribunal
Administrativo del Magdalena, seguida por MANUEL GUILLERMO POLO
FLORIDO contra LUIS EMILIO CORREA GUERRERO con radicación 47-001-
2333-000-2019-00723-00.

2. Como consecuencia de ello se ordene TUTELAR los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del
accionante.

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Accionante: Olaff Enrique Cotes Fernández

3. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA, proferir
una nueva decisión teniendo en cuenta las pruebas escritas que obran en el
expediente y la normatividad señalada para el caso de aceptación de la
renuncia a la militancia de un partido o movimiento político […].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. El magistrado de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
y a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 20 de octubre de
2021, admitió la presente acción de tutela promovida en contra de la sentencia de
14 de mayo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena.
Asimismo, ordenó la vinculación como terceros con interés directo en las resultas
del proceso «a Manuel Guillermo Polo Florido y a Luis Emilio Correa Guerrero».
También solicitó remitir el expediente contentivo del medio de control.

V. INTERVENCIONES

5. Efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a las vinculadas,
se produjeron las siguientes intervenciones:

5.1. El Tribunal Administrativo del Magdalena, a través del magistrado ponente
de la decisión aquí censurada, rindió informe en los siguientes términos:

[…] Delineado lo anterior, se torna menester precisar que se evidencia que el
señor OLAFF ENRIQUE COTES FERNÁNDEZ carece de legitimación en la
causa por activa para promover la acción de tutela en procura de que se
revoque o se deje sin efectos la providencia judicial proferida en la calenda del
14 de mayo de 2021 dentro del medio de control de nulidad electoral con
radicación 47-001-2333-000-2019-00723-00, toda vez que en la misma funge
como demandante el señor MANUEL GUILLERMO POLO FLORIDO, y las
actuaciones del señor COTES FERNÁNDEZ se circunscribieron a avalar,
apoyar y/o respaldar los argumentos de la parte demandante en su condición
de coadyuvante; sin que se predique que pueda existir una vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso o al acceso de la administración de
justicia, pues se itera el mismo no tiene la calidad de demandante en el
proceso en el cual fue proferida la decisión que pretende controvertir.

Al respecto, huelga acotar que si bien el señor OLAFF ENRIQUE COTES
FERNÁNDEZ coadyuvó la demanda de nulidad electoral promovida contra el
acto de elección del Alcalde del Municipio de Aracataca – LUIS EMILIO
CORREA GUERRERO, dicha actuación no lo faculta para impetrar el amparo
de los derechos fundamentales de quien sería el eventual perjudicado directo
por la decisión adoptada, pues se itera que sus actuaciones siempre
estuvieron circunscritas a los actos procesales permitidos a la parte que
ayudó, en cuanto no estuvieran en oposición con sus actuaciones y no
implicaran disposición del derecho en litigio; de manera que resulta ilógico que
pretenda el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso de la administración de justicia, sin haber promovido la demanda y
cuando sus actuaciones siempre estuvieron limitadas a la voluntad del
demandante […].

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Accionante: Olaff Enrique Cotes Fernández

5.2. Aunado a lo anterior, también sostuvo que la acción de tutela tampoco cumplía
con el requisito de relevancia constitucional, ya que este mecanismo de amparo
estaba siendo utilizado como una tercera instancia.

5.3. El señor Luis Emilio Correa Guerrero, a través de apoderado judicial, rindió
informe en el que solicitó que se declarara la improcedencia de la presente acción
de amparo porque: (i) el accionante carecía de legitimación en la causa por activa,
y (ii) la acción de tutela no satisfacía el requisito de relevancia constitucional.

VI. FALLO IMPUGNADO

6. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 10 de diciembre de 2021, declaró improcedente la solicitud de
amparo por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. Al respecto
señaló:

[…] 4.2.- En relación con las denuncias incoadas en contra del Tribunal
Administrativo del Magdalena, ab initio, esta Sala estima que estas no
satisfacen el requisito de relevancia constitucional, puesto que se advierten
como un medio dirigido a revivir el análisis jurídico efectuado en la
providencia proferida el 14 de mayo de 2021 por la autoridad judicial
accionada dentro del proceso de nulidad electoral No. 47001-2333-000-2019-
00723-00, para forzar una revisión de las conclusiones allí vertidas, conforme
pasa a explicarse.

4.3.- El accionante, en esencia, afincó sus reproches en que el señor Luis
Emilio Correa Guerrero sí incurrió en doble militancia debido a que: (i) en los
archivos del MAIS, al momento de interponer la demanda de nulidad electoral,
no obraba constancia de que hubiera presentado renuncia al movimiento; (ii)
el documento con fecha del 17 de octubre de 2017, a través del que se
presentó la renuncia es falso o adulterado, y por tanto, no podía ser tenido en
cuenta por el juez de instancia; (iii) el Secretario Departamental del
Magdalena del MAIS carecía de competencia para recibir y tramitar la
renuncia que data del 17 de octubre de 2017, por lo que el procedimiento
realizado por el movimiento político para la desafiliación de Correa Guerrero
violó lo establecido en los Estatutos y en la Resolución No. 1839 de 2013
expedida por el Consejo Nacional Electoral; y (iv) se presentaron
irregularidades al momento de registrar la información de desafiliación, pues
aquello se dio hasta el 18 de noviembre de 2019 a pesar de que la renuncia
supuestamente data del 17 de octubre de 2017.
(…)
4.5.- De conformidad con lo anterior, es evidente que el Tribunal
Administrativo del Magdalena consideró que Luis Emilio Correa Guerrero no
había incurrido en doble militancia, pues luego de resolver las tachas a los
documentos y a los testimonios presentados, en ejercicio de su autonomía
judicial y sana crítica, concluyó que la renuncia contenida en el escrito del 17
de octubre de 2017 era válida a pesar de que por un error administrativo al
interior del MAIS no fue registrada sino hasta el 18 de noviembre de 2019,
situación que no podía ser endilgada al alcalde electo. Lo anterior, por cuanto
tal documento contenía una manifestación expresa del militante de
desafiliarse y fue recibida por un miembro administrativo del MAIS,
cumpliendo así la normativa pertinente para que se entendiera configurada la
desafiliación, según lo previsto en los estatutos del Movimiento y en la

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Accionante: Olaff Enrique Cotes Fernández

normativa emitida por el Consejo Nacional Electoral sobre el asunto. Así,
arribó a la conclusión de que Correa Guerrero sí renunció al MAIS en el año
2017, razón por la que el aval posteriormente otorgado por el Partido Centro
Democrático para ser elegido como alcalde del municipio de Aracataca por el
periodo 2020-2023 no lo hacía incurrir en la doble militancia alegada,
desvirtuando así la causal de anulación invocada.

4.6.- En ese mismo sentido, se torna evidente que Cotes Fernández pretende
utilizar la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, pues
busca reabrir un debate zanjado en sede ordinaria. Como se vio, los
argumentos que se pretenden esgrimir a través de la solicitud de amparo
fueron evaluados y desestimados dentro del proceso ordinario […].

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

7. La parte accionante, presentó impugnación en contra de la sentencia de primera
instancia de 10 de diciembre de 2021, al considerar que la acción de tutela sí
cumplía con los requisitos generales de procedencia.

8. En ese sentido, expuso, en síntesis, lo siguiente:

[…] Al efectuar un análisis del caso concreto, es posible verificar que se
satisfacen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencial judiciales, porque:

i) El asunto es de relevancia constitucional, ya que se discute el
desconocimiento de los derechos constitucionales fundamentales al debido
proceso, elegir y ser elegido y acceso a la administración de justicia y al
ejercicio de cargos públicos;

ii) La sentencia controvertida no es susceptible de otro medio de defensa
judicial, pues fue proferida en única instancia por el Tribunal Administrativo del
Magdalena

iii) Se identificaron los hechos que originaron el presunto quebranto de las
garantías constitucionales;

iv) El requisito de inmediatez se satisface, pues el periodo transcurrido entre el
fallo objeto de censura y la solicitud de amparo se realizó dentro de un término
prudencial, y

v) La providencia controvertida no fue dictada dentro del trámite de una acción
de tutela.

Entonces, satisfechas los presupuestos para la procedibilidad de la acción de
tutela, se requiere que el juez Constitucional efectúe un estudio de fondo a la
solicitud de amparo constitucional invocada.

No debe desconocerse que la decisión judicial cuestionada adolece de un
defecto fáctico que surge al carecer del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustentó.

Así mismo, la sentencia judicial viola de forma directa de la Constitución, los
cuales han sido previstos como defectos cuya configuración permite la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-07052-01
Accionante: Olaff Enrique Cotes Fernández

(…)
En tal sentido, la decisión judicial cuestionada se encuentra viciada al estar
fundada en un material probatorio erróneo y falso, al desestimar las
argumentaciones fácticas y jurídicas expuestas por la parte demandante,
máxime cuando dentro de las pruebas allegadas militaba una certificación que
no fue desvirtuada, en lugar de ello, se aportó un documento falso, el cual el
Fallador le dio validez, sin aplicar las reglas de la experiencia, sano juicio y
jurisprudencia, para determinar entre otras cosas, que el Secretario del
Magdalena del Partido, actuó de forma irregular, y amén de ello, el partido no
acreditó ni siquiera sumariamente que hubiere adelantados actuaciones
administrativas, disciplinarias y penales por la actuación ilegal e irregular que
ocasionó.

Ante las manifiestas irregularidades en la expedición de la presunta renuncia
presentada por el candidato electo, y ante la falta de soporte probatorio y
jurídico de las irregularidades presentadas dentro del partido, el operador
judicial debió hacer una ponderación probatoria y fáctica para determinar que
si se incurrió en una doble militancia, y con ello debió imponer las sanciones a
que había lugar […].

9. Con base en lo anterior, solicitó que se revocara la sentencia del a quo y, en su
lugar, se acceda a las pretensiones de la acción de tutela de la referencia.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

10. Esta Sala de Decisión es competente para conocer la impugnación presentada
por la parte actora en contra de la sentencia de 10 de diciembre de 2021, proferida
por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, en virtud de lo
previsto en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19911, en
concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 20172 y,
en armonía, con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20183, respecto de la
distribución de negocios al interior de las secciones del Consejo de Estado.

VIII.2. Problemas jurídicos

11. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado o revocado4, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

1
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
2
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”
4
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-07052-01
Accionante: Olaff Enrique Cotes Fernández

b) Si ello es así, determinar si la sentencia de 14 de mayo de 2021, proferida
por el Tribunal Administrativo del Magdalena vulneró los derechos
constitucionales fundamentales invocados por la accionante, al negar las
pretensiones de la demanda en el interior del medio de control de nulidad
electoral con número de radicado 41001-23-33-000-2019-00522-00,
incurriendo en su supuesto defecto fáctico.

12. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo
posteriormente a (ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos
alegados, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias
adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

13. En sentencia de 31 de julio de 20125, la Sala Plena del Consejo de Estado
cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de
tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos
fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y
su propia jurisprudencia.

14. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación
clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi)
que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas
en la sentencia SU-627 de 2015.

16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al
juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial6, la sentencia C-590
de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico,
procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución7.

5
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
6
Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
7
«Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2021-07052-01
Accionante: Olaff Enrique Cotes Fernández

17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión8” que se encaje en
dichos parámetros.

18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

19. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

20. El ciudadano Olaff Enrique Cotes Fernández solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales «al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia», cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 14 de mayo de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, dentro del medio de
control de nulidad electoral con número de radicado 47-001-2333-000-2019-
00723-00.

VIII.4.1. De la falta de legitimación en la causa por activa

21. Eneste acápite, la Sala estima pertinente determinar si el ciudadano Olaff
Enrique Cotes Fernández se encuentra legitimado en la causa por activa para
promover a nombre propio el mecanismo de amparo de la referencia y cuestionar
el auto de 12 de abril de 2021, proferido por el Tribunal Administrativo del

Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una
situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales,
o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta
Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a
las normas establecidas en la Constitución Política»
8
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2021-07052-01
Accionante: Olaff Enrique Cotes Fernández

Cauca dentro del medio de control de nulidad electoral con radicado número
19001-23-33-004-2021-00121-00.

22. Sea lo primero en indicar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86
de la Constitución Política de 1991, toda persona tiene a su disposición la acción
de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales amenazados o vulnerados
por cualquier autoridad pública o por los particulares encargados de la prestación
de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés
colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación
o indefensión.

23. Precisamente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991,
que se refiere a la legitimidad e interés para el ejercicio de la acción, prevé:

[…] La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por
cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de su representante.
Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales […].

24. Atendiendo lo dispuesto en tal norma, se entiende que el titular de los derechos
fundamentales que se estiman amenazados o vulnerados puede ejercer la acción
de tutela: i) por sí mismo o actuando mediante apoderado judicial, o ii) a través de
agente oficioso, quien deberá manifestar que actúa como tal y acreditar las
razones por las cuales el titular de los derechos fundamentales que se estiman
amenazados o conculcados no puede ejercer por sí mismo su propia defensa.
Veamos:

25. En el sub examine, se observa que tanto el Tribunal Administrativo del
Magdalena como el señor Luis Emilio Correa Guerrero señalaron que el actor
carecía de legitimación en la causa por activa debido a que (i) no fue parte
procesal dentro del proceso nulidad electoral, sino que únicamente intervino como
coadyuvante del demandante, y (ii) porque el accionante no podía actuar en
calidad de agente oficioso del señor Manuel Guillermo Polo Florido,
demandante dentro del medio de control de nulidad electoral.

26. Al respecto, resulta oportuno señalar que el artículo 71 del Código General del
Proceso prevé la figura de la coadyuvancia en los siguientes términos:

[…] Quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial a la
cual no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda
afectarse si dicha parte es vencida, podrá intervenir en el proceso como

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Accionante: Olaff Enrique Cotes Fernández

coadyuvante de ella, mientras no se haya dictado sentencia de única o de
segunda instancia.

El coadyuvante tomará el proceso en el estado en que se encuentre en el
momento de su intervención y podrá efectuar los actos procesales
permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no estén en oposición con
los de esta y no impliquen disposición del derecho en litigio.

La coadyuvancia solo es procedente en los procesos declarativos. La solicitud
de intervención deberá contener los hechos y los fundamentos de derecho en
que se apoya y a ella se acompañarán las pruebas pertinentes.

Si el juez estima procedente la intervención, la aceptará de plano y
considerará las peticiones que hubiere formulado el interviniente […].

27. Sobre la figura de la coadyuvancia, la Corte Constitucional, citando al profesor
Francesco Carnelutti señaló que esta «ofrece una disociación entre tener un
interés alterno y ser el titular del mismo, es decir entraña una legitimación
secundaria, en vez de una legitimación principal. Así, la acción de otro puede
tener interés para el coadyuvante en la medida que su desarrollo le resulte útil sin
necesidad de ostentar la titularidad del derecho a definir; se trata entonces
de un sujeto que refuerza las pretensiones de una de las partes y actúa a
favor del interés ajeno con el fin de que el resultado irradie también a su
favor sin que por esto se convierta en el titular de la causa procesal o
material»9.

28. En ese contexto, se advierte que el artículo 71 del CGP concibe que la
legitimación del coadyuvante es de carácter secundaria y restringida en los
siguientes términos: (i) solo podrá efectuar los actos procesales que también son
permitidos a la parte que ayuda, siempre y cuando no estén en oposición con los
de esta, y (ii) solo podrá efectuar los actos procesales que no impliquen la
disposición del derecho en litigio.

29. En razón a lo anterior, es claro que la intervención del coadyuvante dentro del
proceso se encuentra restringida a apoyar a una de las partes, sin que pueda
oponerse al interés de esta o disponer el derecho en litigio.

30. Con fundamento en las anteriores premisas, la Sala considera que el señor
Olaff Enrique Cotes Fernández, en esta oportunidad, no se encuentra legitimado
en la causa por activa para promover la acción de tutela de la referencia, porque si
bien es cierto ostentó la calidad de coadyuvante dentro del medio de control de
nulidad electoral número 19001-23-33-004-2021-00121-00, la realidad es que los
actos procesales que puede emprender, dada su condición de coadyuvante, se
encuentran limitados a coadyuvar a una de las partes, sin que pueda desplazarla o
sustituirla en el ejercicio de otras acciones judiciales.

9
Corte Constitucional. Sentencia SU – 173 de 2015. M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2021-07052-01
Accionante: Olaff Enrique Cotes Fernández

31. Significa lo anterior que, aunque el actor se encuentra facultado para apoyar a
la parte que coadyuva, no puede reemplazar o sustituir a la parte principal en el
ejercicio de cualquier medio de defensa.

32. Bajo este entendido, se resalta que a través de la presente acción de tutela se
pretende la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, los cuales se estiman vulnerados con
ocasión del fallo judicial que negó las pretensiones de la demanda.

33. En este contexto, se aprecia que de existir la vulneración de los derechos
fundamentales aludidos -la cual eventualmente tendría origen en la expedición de un fallo
contrario a los intereses del demandante- corresponde únicamente al afectado directo de
dicha vulneración -esto es la parte- el ejercicio del medio de defensa constitucional
para lograr el restablecimiento de sus garantías constitucionales.

34. Ahora bien, aunque el coadyuvante haya apoyado las pretensiones de la
demanda en el proceso de nulidad, lo cierto es que su rol y su participación dentro
del proceso se encuentra supeditado y limitado por el de la parte que apoyó, lo
que quiere decir que es esta última a quien le corresponde acudir al juez de tutela,
para solicitar la protección de los derechos fundamentales que estima vulnerados
con ocasión de la decisión que negó las pretensiones de la demanda.

35. Por último, la Sala estima pertinente traer a colación el siguiente aparte del auto
de 5 de febrero de 2020, en el que se estudió la figura de la coadyuvancia y las
restricciones del coadyuvante para interponer recursos autónomamente en contra
de la sentencia:

[…] [E]sta Corporación ha precisado que la intervención de los coadyuvantes
y, particularmente, en tratándose de las acciones públicas, como la que se
instauró en el evento sub examine, está limitada a la actividad del actor y
supeditada a los argumentos que éste exprese en su libelo.

Así, en auto de 13 de mayo de 2010, (Expediente N° 2008-00101, Consejero
Ponente, Doctor Marco Antonio Velilla Moreno), expresó, frente a una
solicitud de adición de una demanda por parte de un coadyuvante, que por
ser éste un adherente accidental del proceso, no se encontraba legitimado
para exceder los límites fijados en la demanda inicial por el demandante.

Igualmente, en sentencia de 7 de octubre de 2010 (Expediente N° 2007-
00010, Consejero Ponente, Doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta), se
sostuvo que el coadyuvante no puede ir más allá de los argumentos de la
parte que coadyuva.

De la misma manera, la Sección Tercera de esta Corporación en sentencia de
13 de agosto de 2008 (Expediente AP-2004-00888. Consejera ponente,
Doctora Ruth Stella Correa Palacio), expuso que las facultades del
coadyuvante están concebidas para contribuir a la demanda. Es un
interviniente secundario o parte accesoria, por lo que su actuación se
circunscribe a reforzar los argumentos de la demanda, no pudiendo
reformularla, dado que no puede actuar autónomamente.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2021-07052-01
Accionante: Olaff Enrique Cotes Fernández

Las anteriores precisiones, que la Sala Prohíja en esta oportunidad,
conducen a la conclusión de que, si el coadyuvante no es autónomo de
la parte a la que adhiere, no pudiendo por esta razón modificar las
pretensiones ni proponer nuevos cargos, pues para ello podría
perfectamente instaurar su propia demanda, tampoco puede APELAR SI
LA PARTE PRINCIPAL A LA CUAL ADHIERE O DE LA CUAL DEPENDE,
no lo hace […]10.

36. Así las cosas, y como quiera que la parte demandante no promovió la acción de
tutela en contra de la sentencia de 12 de abril de 2021, la Sala considera que el
señor Olaff Enrique Cotes Fernández no se encuentra legitimado en la causa
para promover la citada acción constitucional.

37. Por último, valga aclarar que el coadyuvante eventualmente sí tendría
legitimación en la causa por activa para promover la acción de tutela, siempre y
cuando la parte que apoyó en el interior del proceso judicial, previamente, haya
hecho ejercicio de este mecanismo constitucional.

38. Portanto, se confirmará el fallo de primera instancia que declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo, pero por las razones aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 10 de diciembre de 2021, proferida por
la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, pero por las
razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de
1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con
el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.

10
Expediente número 13001-23-31-000-2006-00503-01.

13

Radicación: 11001-03-15-000-2021-07052-01
Accionante: Olaff Enrique Cotes Fernández

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

(15)

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