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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-03150-00

Fecha
10 de julio de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-03150-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: RECONOCER a los señores Marino Sánchez y Daniela Sofía Zúñiga Candelario como coadyuvantes de la parte accionante. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Consejo Nacional Electoral, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 11 Radicación: 11001-03-15-000-2025-03150-00 Accionante: Asociación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-03150-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

10 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-03150-00
Accionante: ASOCIACIÓN DE MUJERES AFROCOLOMBIANAS
DESPLAZADAS EN RESISTENCIA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN QUINTA
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se declara
improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con el requisito
general de legitimación en la causa por activa.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la parte accionante contra la
providencia de 20 de marzo de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La Asociación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia - La
Comadre solicitó, a través de apoderado judicial, el amparo a sus derechos
fundamentales a la “[…] DEMOCRACIA, AL PLURALISMO, A LA IGUALDAD Y AL
DEBIDO PROCESO […] A ELEGIR Y SER ELEGIDOS […]”, cuya vulneración le
atribuyó a la providencia de 20 de marzo de 2025 proferida dentro del medio de
control de nulidad con radicado número 11001-03-28-000-2024-00126-00.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Refirió que la ciudadana Ximena Echavarría Cardona presentó la demanda de
nulidad núm. 11001-03-28-000-2024-00126-00, con el fin de declarar la nulidad de
la Resolución 16439 de 13 de diciembre de 20231, en la cual el Consejo Nacional
Electoral reconoció personería jurídica al movimiento político Soy Porque Somos.

1 De acuerdo con el número corregido mediante Resolución 00069 de 10 de enero de 2024 del CNE.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Accionante: Asociación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas
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2.2. Indicó que el 7 de octubre de 2024 presentó solicitud de coadyuvancia a favor la
parte demandada y mediante auto de 14 de enero de 2025 se resolvió tenerla como
coadyuvante.

2.3. Informó que la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de
única instancia de 20 de marzo de 2025, declaró la nulidad de la Resolución núm.
16439 de 2023.

2.4. Manifestó que la providencia proferida por la autoridad judicial accionada vulneró
sus derechos fundamentales indicados supra, por incurrir en un defecto sustantivo,
falta de motivación y violación directa de la Constitución. En cuanto a estos defectos,
manifestó:

“[…] i) El defecto sustantivo, al desconocer la aplicación de normas y jurisprudencia
constitucional relevante para el caso (vías excepcionales del artículo 108 y reglas de la
SU-257 de 2021).

ii) El defecto por falta de motivación, al omitir el análisis contextual y diferencial de los
argumentos presentados por La Comadre.

iii) La violación directa de la Constitución, al adoptar una decisión judicial que
suprime de manera regresiva y desproporcionada un canal legítimo de representación
política étnica, contrario a los principios del Acuerdo de Paz y del bloque de
constitucionalidad […]”. [Negrilla original del texto]

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. DECLARAR Y REVOCAR la sentencia del Consejo de Estado en su
sección quinta proferida el 20 de marzo de 2025, por el magistrado Luis Alberto
Álvarez Parra, la cual vulneró los derechos fundamentales al debido proceso,
a la participación política efectiva, a la igualdad material y a la no discriminación
de las mujeres negras organizadas en el colectivo La Comadre.

2. ORDENAR al Consejo de Estado rehacer la decisión anulando los efectos
de la sentencia mencionada, con estricto respeto por el derecho a la
participación efectiva y garantizando la valoración de fondo de la coadyuvancia
presentada por La Comadre, bajo perspectiva de género, enfoque diferencial
étnico y enfoque interseccional.

3. SERVIRSE el Consejo de Estado en su sección quinta considerar cuestiones
de justicia étnica y político-racial como de orden supraconstitucional,
convencional y evaluado a través del prisma de los Acuerdos de Paz
especialmente en sus capítulos sobre las negritudes. […]”.

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IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 29 de mayo de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vincularon en calidad
de terceros con interés directo en el resultado del proceso a los señores Ximena
Echavarría Cardona, Daniela Sofía Zúñiga Candelario, Luz Marina Becerra
Panesso y Marino Sánchez, al Consejo Nacional Electoral y al movimiento político
Soy Porque Somos.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegaron los siguientes informes:

5.1. El Consejo Nacional Electoral solicitó la desvinculación en la presente acción
constitucional en la medida que, “[…] el CNE no profirió la Sentencia sino la Sección
Quinta del Consejo de Estado […]” y, además, “[…] no se presenta por esta entidad
ninguna vulneración, amenaza o menoscabo a los derechos fundamentales que
alude la parte accionante […]”.

5.2. La Sección Quinta del Consejo de Estado solicitó declarar improcedente la
acción de tutela por falta de relevancia y subsidiariedad, en la medida en que “[…]
Las pretensiones planteadas y la fundamentación que se hace a lo largo del escrito
de amparo, pretenden que una segunda instancia, otorgue convalidación al acto
administrativo proferido por el CNE y que fue anulado por la Sala Electoral, lo que
demuestra, no un reparo constitucional, sino el descontento con la decisión
adoptada […] Al juez de tutela no le corresponde pronunciarse sobre aspectos que
debieron ser propuestos ante el juez ordinario, con el fin de garantizar el derecho
de defensa y de contradicción de la contraparte […]”.

5.3. Los señores Marino Sánchez y Daniela Sofía Zúñiga Candelario manifestaron
que “[…] estamos de acuerdo con lo argüido por el accionante, razón por la cual
nos adherimos a las peticiones […]”.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333

2
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.

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de 6 de abril de 20214, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20246.

VI.2. Cuestiones previas

VI. 2.1. Solicitud de desvinculación

7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por el Consejo Nacional Electoral.

8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20067, señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en
la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,
el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].

9. Teniendo en cuenta que el Consejo Nacional Electoral fue parte demandada
dentro del medio de control de nulidad objeto de la presente acción de tutela, le
asiste interés jurídico para ser vinculado.

10. Por lo anterior, se denegará su solicitud de desvinculación, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

VI.2.2. Solicitud de coadyuvancia

11. Los señores Marino Sánchez y Daniela Sofía Zúñiga Candelario manifestaron
que “[…] estamos de acuerdo con lo argüido por el accionante, razón por la cual
nos adherimos a las peticiones […]”.

4
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

5

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12. Sobre el particular, resulta oportuno destacar que el inciso 2º del artículo 13 del
Decreto núm. 2591 de 1991, señala que “[…] [q]uien tuviere un interés legítimo en el
resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la
persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”.

13. La Corte Constitucional ha señalado que: “[…] la coadyuvancia surge en los
procesos de tutela, como la participación de un tercero con interés en el resultado del
proceso que manifiesta compartir reclamaciones y argumentos expuestos por el
demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste pueda realizar planteamientos
distintos o reclamaciones propias que difieran de las hechas por el demandante, pues
de suceder esto se estaría realmente ante una nueva tutela, lo que desvirtuaría
entonces la naturaleza jurídica de la coadyuvancia […]”8.

14. Envirtud de lo anterior, la Sala considera que se encuentran acreditados los
presupuestos para reconocer a los señores Marino Sánchez y Daniela Sofía Zúñiga
Candelario como coadyuvantes de la parte accionante.

VI.3. Problemas jurídicos

15. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.

16. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

17. LaSala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20129, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias

8 Corte Constitucional. Sala Cuarta de Revisión. Exp. T- 2.491.025. Sentencia T-1062, M.P. Gabriel Eduardo

Mendoza Martelo; 16 de diciembre de 2010.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

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judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

18. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

19. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

20. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial10, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución11.

21. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”12 que encaje en dichos
parámetros.

10
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
11
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
12
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

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22. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

23. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VI.5. El caso concreto

24. La Asociación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia - La
Comadre solicitó, a través de apoderado judicial, el amparo a sus derechos
fundamentales a la “[…] DEMOCRACIA, AL PLURALISMO, A LA IGUALDAD Y AL
DEBIDO PROCESO […] A ELEGIR Y SER ELEGIDOS […]”, cuya vulneración le
atribuyó a la providencia de 20 de marzo de 2025 proferida dentro del medio de
control de nulidad con radicado número 11001-03-28-000-2024-00126-00.

25. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento del requisito de
legitimación en la causa por activa.

VI.5.1. De la falta de legitimación en la causa por activa en el caso sub examine

26. Sobre el particular, sea lo primero en indicar que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, toda persona tiene a su
disposición la acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales amenazados o
vulnerados por cualquier autoridad pública o por los particulares encargados de la
prestación de un servicio público.

27. Precisamente, el artículo 10° del Decreto Ley 2591 1991, que se refiere a la
legitimidad e interés para el ejercicio de la acción, prevé:

“[…] LEGITIMIDAD E INTERES. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de su
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales […]”.

28. Bajo ese entendido, la Corte Constitucional ha señalado que el presupuesto de
legitimación en la causa se encuentra satisfecho en los siguientes eventos: i) cuando
la acción de tutela es promovida directamente por el afectado; ii) cuando es promovida

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por el afectado a través de apoderado judicial; iii) si el mecanismo de amparo es
interpuesto por el representante legal del afectado; iv) cuando se actúa en calidad de
agente oficio del afectado, siempre que se acredite la imposibilidad del agenciado de
actuar por sí mismo, y v) cuando la acción de amparo es promovida por el Defensor
del Pueblo o los personeros municipales.

29. También ha precisado la Corte Constitucional el alcance del concepto de
legitimación en la causa por activa en los siguientes términos:

“[…] La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. Es una calidad subjetiva de las
partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por
tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el
juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse
inhibido para fallar el caso de fondo.

La legitimación por activa es requisito de procedibilidad. Esta exigencia significa
que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho
fundamental propio del demandante y no de otra persona. Adicionalmente, la
legitimación en la causa como requisito de procedibilidad exige la presencia de
un nexo de causalidad entre la vulneración de los derechos del demandante, y
la acción u omisión de la autoridad o el particular demandado, vínculo sin el
cual la tutela se torna improcedente […]”13. [Subrayado fuera del texto]

30. En la acción de tutela, la Asociación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas
en Resistencia - La Comadre14 solicitó revocar “[…] la sentencia del Consejo de
Estado en su sección quinta proferida el 20 de marzo de 2025 […] la cual vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso, a la participación política efectiva,
a la igualdad material y a la no discriminación de las mujeres negras organizadas
en el colectivo La Comadre […]”.

31. Al respecto, se precisa que la parte accionante no es parte en el proceso de
nulidad núm. 11001-03-28-000-2024-00126-00. Además, en la providencia 14 de
enero de 2025 sólo se reconoció a la señora Luz Marina Becerra Panesso como
coadyuvante de la parte demandada en el medio de control, pero no a la Asociación
de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia - La Comadre porque no
se aportó el documento que acreditara la existencia y representación legal de esa
entidad.

32. Al respecto, se indicó en la decisión mencionada:

“[…] En este caso, mediante memorial radicado el 7 de octubre de 2024, la
señora Luz Marina Becerra Panesso, invocando la calidad de representante
legal de la «Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en
Resistencia – La Comadre», solicitó que se le reconociera como tercero

13
Corte Constitucional. Sentencia T – 568 de 2012. M.P.: Mauricio González Cuervo
14Se aclara que la señora Luz Marina Becerra Panesso ostenta la calidad de representante legal de la
COORDINACIÓN DE MUJERES AFROCOLOMBIANAS DESPLAZADAS EN RESISTENCIA – LA COMADRE.

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interesado en el proceso, a favor de los intereses y derechos del partido Soy
Porque Somos.

[…]

En tales condiciones, se tendrá como tercero interviniente a la mencionada
ciudadana, en nombre propio, pues no anexó soportes de la existencia ni la
representación legal de la organización «La Comadre». Adicionalmente, se
ordenará por Secretaría correr traslado para alegar por diez días,
exclusivamente a la coadyuvante, teniendo en cuenta que esta actuación ya se
ha surtido y agotado respecto de las partes y demás sujetos procesales. […]”.

33. En ese sentido, se considera que la accionante no tiene la legitimación en la
causa por activa para controvertir la sentencia de 20 de marzo de 2025, proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con la jurisprudencia
de esta Sección.

34. Esta Sección ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que, en principio, sólo
los sujetos procesales se encuentran legitimados para controvertir, a través de la
acción de tutela, las decisiones o actuaciones que se realizan en el curso de un
proceso judicial15.

35. Aunque la representante legal de la Asociación de Mujeres Afrocolombianas
Desplazadas en Resistencia - La Comadre fue reconocida como coadyuvante
dentro del medio de control objeto de tutela, esta Sala de Decisión en la sentencia
de tutela de 17 de marzo de 202216 precisó que la legitimación de los coadyuvantes
de un proceso ordinario “[…] se encuentra restringida a apoyar a una de las partes
[…]”:

“[…] 27. Sobre la figura de la coadyuvancia, la Corte Constitucional, citando al
profesor Francesco Carnelutti señaló que esta «ofrece una disociación entre
tener un interés alterno y ser el titular del mismo, es decir entraña una
legitimación secundaria, en vez de una legitimación principal. Así, la
acción de otro puede tener interés para el coadyuvante en la medida que su
desarrollo le resulte útil sin necesidad de ostentar la titularidad del derecho
a definir; se trata entonces de un sujeto que refuerza las pretensiones de
una de las partes y actúa a favor del interés ajeno con el fin de que el
resultado irradie también a su favor sin que por esto se convierta en el
titular de la causa procesal o material».

28. En ese contexto, se advierte que el artículo 71 del CGP concibe que la
legitimación del coadyuvante es de carácter secundaria y restringida en los
siguientes términos: (i) solo podrá efectuar los actos procesales que también
son permitidos a la parte que ayuda, siempre y cuando no estén en oposición
con los de esta, y (ii) solo podrá efectuar los actos procesales que no impliquen
la disposición del derecho en litigio.

15Consejo de Estado. Sección Primera. Rad. 110010315000-2023-04321-00, C.P. Nubia Margoth Peña
Garzón; 7 de septiembre de 2023; Consejo de Estado. Sección Primera. Rad. 110010315000-2023-05226-00,
C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; 2 de noviembre de 2023.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 17 de marzo de 2022, Exp.
núm. 11001-03-15-000-2021-07052-01, M.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03150-00
Accionante: Asociación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas
en Resistencia

29. En razón a lo anterior, es claro que la intervención del coadyuvante dentro
del proceso se encuentra restringida a apoyar a una de las partes, sin que
pueda oponerse al interés de esta o disponer el derecho en litigio.

30. Con fundamento en las anteriores premisas, la Sala considera que el señor
Olaff Enrique Cotes Fernández, en esta oportunidad, no se encuentra
legitimado en la causa por activa para promover la acción de tutela de la
referencia, porque si bien es cierto ostentó la calidad de coadyuvante dentro
del medio de control de nulidad electoral número 19001-23-33-004-2021-
00121-00, la realidad es que los actos procesales que puede emprender, dada
su condición de coadyuvante, se encuentran limitados a coadyuvar a una de
las partes, sin que pueda desplazarla o sustituirla en el ejercicio de otras
acciones judiciales.

31. Significa lo anterior que, aunque el actor se encuentra facultado para apoyar
a la parte que coadyuva, no puede reemplazar o sustituir a la parte principal en
el ejercicio de cualquier medio de defensa.

32. Bajo este entendido, se resalta que a través de la presente acción de tutela
se pretende la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia, los cuales se estiman vulnerados con
ocasión del fallo judicial que negó las pretensiones de la demanda.
33. En este contexto, se aprecia que de existir la vulneración de los derechos
fundamentales aludidos -la cual eventualmente tendría origen en la expedición de un
fallo contrario a los intereses del demandante- corresponde únicamente al afectado
directo de dicha vulneración -esto es la parte- el ejercicio del medio de defensa
constitucional para lograr el restablecimiento de sus garantías constitucionales.
[…]” [Negrilla original del texto].

36. De lo transcrito se puede concluir que la parte accionante carece de legitimación
en la causa por activa por cuanto no es titular del derecho de los actos procesales
que implican la disposición del litigio del medio de control de nulidad núm. 11001-
03-28-000-2024-00126-00, dado que no es parte.

37. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará improcedente esta acción
de tutela debido a la falta de legitimación en la causa por activa de la accionante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: RECONOCER a los señores Marino Sánchez y Daniela Sofía Zúñiga
Candelario como coadyuvantes de la parte accionante.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Consejo
Nacional Electoral, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03150-00
Accionante: Asociación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas
en Resistencia

TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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