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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-05991-00

Fecha
23 de octubre de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-05991-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Concejo Municipal de Cúcuta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 11 Radicación: 11001-03-15-000-2025-05991-00 Accionante: Nohora Elizabeth Pinto Sánchez TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-05991-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

23 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-05991-00
Accionante: NOHORA ELIZABETH PINTO SÁNCHEZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN QUINTA
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Se declara
improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con el requisito
general de legitimación en la causa por activa.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la parte accionante contra la
providencia de 17 de julio de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Nohora Elizabeth Pinto Sánchez solicitó, en nombre propio, el amparo
a su derecho fundamental al debido proceso, cuya vulneración le atribuyó a la
providencia de 17 de julio de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado dentro del medio de control de nulidad electoral con radicado número
54001-23-33-000-2024-00004-00/01 y acumulado número 54001-23-33-000-2024-
00017-00.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Señaló que el 29 de octubre de 2023, en el municipio de San José de Cúcuta,
se eligió concejal al señor Víctor Guillermo Caicedo Pinzón.

2.2. Afirmó que los señores Sergio Andrés Jaimes Rueda y Yorley Lisset Rincón
Velandia, individualmente, presentaron demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad electoral contra el acto de elección contenido en el Formulario E-26 CON
de 16 de noviembre de 2023, a través de la cual se declaró la elección del señor

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05991-00
Accionante: Nohora Elizabeth Pinto Sánchez

Víctor Guillermo Caicedo Pinzón como concejal de San José de Cúcuta, Norte de
Santander, por el período 2024-2027.

2.3. Indicó que el 23 de enero de 2024, presentó solicitud de coadyuvancia a favor
de la demanda de nulidad electoral presentada por el señor Sergio Andrés Jaimes
Rueda y mediante auto de 22 de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander resolvió tenerla como coadyuvante.

2.4. Manifestó que el 3 de mayo de 2024, el Tribunal acumuló la demanda radicada
con el número 54001-23-33-000-2024-00017-00 [demandante: Yorley Lisset
Rincón Velandia] al medio de control de nulidad electoral número 54001-23-33-000-
2024-00004-00/01 [demandante: Sergio Andrés Jaimes Rueda].

2.5. Informóque el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante
sentencia de primera instancia de 24 de octubre de 2024, declaró la nulidad de la
elección del señor Víctor Guillermo Caicedo Pinzón, como concejal del Municipio
de San José de Cúcuta, periodo 2024-2027 contenida en el formulario E-26 CON
del 16 de noviembre de 2023.

2.6. Refirió que la parte demandada presentó recurso de apelación contra la anterior
decisión y mediante providencia de 17 de julio de 2025, la Sección Quinta del
Consejo de Estado revocó la sentencia de primera instancia.

2.7. Manifestó que la providencia proferida por la autoridad judicial accionada vulneró
su derecho fundamental indicado supra, por incurrir en los defectos sustantivo y
fáctico, en desconocimiento del precedente y en la causal de violación directa de la
Constitución.

2.8. Respecto al defecto sustantivo señaló “[…] La Sección Quinta aplicó de manera
indebida las normas que regulan la prohibición de la doble militancia (art. 107 de la
Constitución y Ley 1475 de 2011), desconociendo la interpretación consolidada de
la Corte Constitucional y del propio Consejo de Estado sobre la materia, lo cual
condujo a una indebida revocatoria de la nulidad electoral […]”.

2.9. En cuanto al desconocimiento del precedente indicó que se “[…] prescindió sin
fundamento de reglas jurisprudenciales reiteradas y aplicables al caso,
quebrantando la seguridad jurídica y debilitando el control institucional de la doble
militancia […]”.

2.10. Sobre el defecto fáctico manifestó que “[…] La Sección Quinta omitió la
valoración adecuada de las pruebas recaudadas en primera instancia, las cuales
acreditaban plenamente la doble militancia del señor Víctor Guillermo Caicedo
Pinzón. La negativa de decretar pruebas adicionales en segunda instancia agravó
esta situación, impidiendo esclarecer los hechos relevantes […]”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05991-00
Accionante: Nohora Elizabeth Pinto Sánchez

2.11. Indicó respecto de la violación directa de la Constitución que “[…] al desconocer
los artículos 40 y 107 de la Carta Política, la decisión controvertida vulnera
directamente los principios de democracia participativa, igualdad electoral y
prevalencia de los intereses de la colectividad sobre el interés particular […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO. Que se dé trámite a la presente acción de tutela contra la
providencia judicial emitida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en
fecha 17 de julio de 2024 (sic), dentro del expediente radicado 54-001-23-33-
000-2024-00004-01 (Acum 00017-00), mediante la cual se revocó la decisión
de nulidad electoral adoptada en primera instancia.

SEGUNDO. Se declare que la mencionada providencia vulneró el derecho
fundamental al debido proceso, al incurrir en los defectos constitucionales
reconocidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en particular en la
Sentencia C-634 de 2011:

Defecto sustantivo: por una aplicación contraevidente y descontextualizada
de las normas y de la jurisprudencia en torno a la permanencia de los Grupos
Significativos de Ciudadanos (GSC) y la prohibición de la doble militancia.

Desconocimiento del precedente: al apartarse sin una justificación razonable
de la línea jurisprudencial reiterada por la Corte Constitucional y por la propia
Sección Quinta en casos análogos.

Violación directa de la Constitución: al desconocer principios y disposiciones
superiores, especialmente lo previsto en el artículo 107 de la Carta Política.

TERCERO. Dejar sin efectos la providencia de segunda instancia dictada el 17
de julio de 2024 (sic) por la Sección Quinta del Consejo de Estado y, en su
lugar, ordenar el restablecimiento de los efectos de la sentencia del 24 de
octubre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
que declaró la nulidad de la elección del concejal demandado.

CUARTO. Disponer las medidas necesarias para garantizar la protección
integral del derecho fundamental vulnerado, recordando que, según la doctrina
sentada en la Sentencia C-634 de 2011, la acción de tutela se erige como
mecanismo excepcional y eficaz para enmendar decisiones judiciales que, por
incurrir en defectos protuberantes, comprometen la supremacía de la
Constitución y afectan derechos fundamentales. […]”.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 29 de septiembre de 2025, el Despacho a cargo de la
sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se
vincularon en calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso a
los señores Sergio Andrés Jaimes Rueda, Yoley Lisset Rincón Velandia, Víctor
Guillermo Caicedo Pinzón y Jhosep Antony González Bernal, al Consejo Nacional
Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al partido político Alianza

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05991-00
Accionante: Nohora Elizabeth Pinto Sánchez

Verde, al Concejo Municipal de Cúcuta y al Tribunal Administrativo de Norte de
Santander.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegaron los siguientes informes:

5.1. La Sección Quinta del Consejo de Estado, solicitó declarar improcedente la
acción de tutela, como quiera “[…] el único objetivo de esta acción es discutir la
postura de la sala en torno a la permanencia en el tiempo de los grupos
significativos de ciudadanos solo porque fue adversa a las expectativas de la parte
a la que coadyuvó la tutelante dentro del proceso ordinario […]”.

5.2. El Consejo Nacional Electoral solicitó su desvinculación de la acción de tutela
por falta de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que “[…] no tuvo
participación directa ni indirecta en la configuración de los hechos materia de la
presente acción, ni ostenta competencia alguna respecto de las decisiones
judiciales adoptadas por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander o la
Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad electoral
identificado con radicado 54-001-23-33-000-2024-00004-01 (acumulado 00017-00)
[…]”.

5.3. La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó su desvinculación en la
medida que “[…] no ha vulnerado derechos fundamentales al accionante […]”.

5.4. ElConcejo Municipal de Cúcuta solicitó su desvinculación por falta de
legitimación por pasiva, toda vez que “[…] El accionante (sic) dirige sus
pretensiones hacia la sección Quinta del consejo de Estado, por tanto, no somos el
sujeto procesal llamado para responder portas pretensiones de la presente acción
constitucional […].

5.5. El señor Víctor Guillermo Caicedo Pinzón indicó que “[…] lo que pretende la
accionante es que el Juez Constitucional actúe como un juez de instancia de la
decisión adoptada por la Sección Quinta, que revise el análisis probatorio y la
interpretación normativa contenida en la sentencia del 17 de julio de 2025, y esta
posibilidad sin duda desborda la naturaleza excepcional de la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales […]”.

5.6. El señor Sergio Andrés Jaimes señaló que “[…] la interpretación efectuada por
el Consejo de Estado no solo carece de base normativa expresa, sino que
contradice abiertamente la finalidad constitucional del régimen de doble militancia,
el cual —conforme a la Sentencia C-490 de 2011— se estructura como un
mecanismo para preservar la coherencia programática de las agrupaciones
políticas y garantizar la lealtad institucional de los elegidos frente al mandato
ciudadano […]”.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05991-00
Accionante: Nohora Elizabeth Pinto Sánchez

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20246.

VI.2. Cuestión previa

7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por el Consejo Nacional Electoral, la
Registraduría Nacional del Estado Civil y el Concejo Municipal de Cúcuta.

8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20067, señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en
la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,
el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].

9. Teniendo en cuenta que el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional
del Estado Civil y el Concejo Municipal de Cúcuta fueron notificados del proceso
ordinario objeto de debate de conformidad con los numerales 2 y 5 del artículo 277

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05991-00
Accionante: Nohora Elizabeth Pinto Sánchez

de la Ley 1437 de 2011, la Sala considera que les asiste el interés jurídico para ser
vinculados a esta acción constitucional.

10. Por lo anterior, se denegarán las solicitudes de desvinculación elevadas por el
Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Concejo
Municipal de Cúcuta, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia.

VI.3. Problemas jurídicos

11. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.

12. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

13. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

14. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05991-00
Accionante: Nohora Elizabeth Pinto Sánchez

hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.

17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.

18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

19. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VI.5. El caso concreto

20. La señora Nohora Elizabeth Pinto Sánchez solicitó, en nombre propio, el amparo
a su derecho fundamental al debido proceso, cuya vulneración le atribuyó a la

9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05991-00
Accionante: Nohora Elizabeth Pinto Sánchez

providencia de 17 de julio de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado dentro del medio de control de nulidad electoral con radicado número
54001-23-33-000-2024-00004-00/01 y acumulado número 54001-23-33-000-2024-
00017-00.

21. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento del requisito de
legitimación en la causa por activa.

VI.5.1. De la falta de legitimación en la causa por activa en el caso sub examine

22. Sobre el particular, sea lo primero en indicar que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, toda persona tiene a su
disposición la acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales amenazados o
vulnerados por cualquier autoridad pública o por los particulares encargados de la
prestación de un servicio público.

23. Precisamente, el artículo 10° del Decreto Ley 2591 1991, que se refiere a la
legitimidad e interés para el ejercicio de la acción, prevé:

“[…] LEGITIMIDAD E INTERES. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de su
representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales […]”.

24. Bajo ese entendido, la Corte Constitucional ha señalado que el presupuesto de
legitimación en la causa se encuentra satisfecho en los siguientes eventos: i) cuando
la acción de tutela es promovida directamente por el afectado; ii) cuando es promovida
por el afectado a través de apoderado judicial; iii) si el mecanismo de amparo es
interpuesto por el representante legal del afectado; iv) cuando se actúa en calidad de
agente oficio del afectado, siempre que se acredite la imposibilidad del agenciado de
actuar por sí mismo, y v) cuando la acción de amparo es promovida por el Defensor
del Pueblo o los personeros municipales.

25. También ha precisado la Corte Constitucional el alcance del concepto de
legitimación en la causa por activa en los siguientes términos:

“[…] La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. Es una calidad subjetiva de las
partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por
tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el

9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05991-00
Accionante: Nohora Elizabeth Pinto Sánchez

juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse
inhibido para fallar el caso de fondo.

La legitimación por activa es requisito de procedibilidad. Esta exigencia significa
que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho
fundamental propio del demandante y no de otra persona. Adicionalmente, la
legitimación en la causa como requisito de procedibilidad exige la presencia de
un nexo de causalidad entre la vulneración de los derechos del demandante, y
la acción u omisión de la autoridad o el particular demandado, vínculo sin el
cual la tutela se torna improcedente […]”12. [Subrayado fuera del texto]

26. En la acción de tutela, la accionante solicitó “[…] Dejar sin efectos la providencia
de segunda instancia dictada el 17 de julio de 2024 por la Sección Quinta del
Consejo de Estado y, en su lugar, ordenar el restablecimiento de los efectos de la
sentencia del 24 de octubre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, que declaró la nulidad de la elección del concejal demandado
[…]”.

27. Al respecto, se precisa que la parte accionante no es parte en el proceso de
nulidad electoral núm. 54001-23-33-000-2024-00004-00/01 y acumulado número
54001-23-33-000-2024-00017-00, sino coadyuvante.

28. En efecto, esta Sala de Decisión en la sentencia de tutela de 17 de marzo de
202213 precisó que la legitimación de los coadyuvantes de un proceso ordinario “[…]
se encuentra restringida a apoyar a una de las partes […]”:

“[…] 27. Sobre la figura de la coadyuvancia, la Corte Constitucional, citando al
profesor Francesco Carnelutti señaló que esta «ofrece una disociación entre
tener un interés alterno y ser el titular del mismo, es decir entraña una
legitimación secundaria, en vez de una legitimación principal. Así, la
acción de otro puede tener interés para el coadyuvante en la medida que su
desarrollo le resulte útil sin necesidad de ostentar la titularidad del derecho
a definir; se trata entonces de un sujeto que refuerza las pretensiones de
una de las partes y actúa a favor del interés ajeno con el fin de que el
resultado irradie también a su favor sin que por esto se convierta en el
titular de la causa procesal o material».

28. En ese contexto, se advierte que el artículo 71 del CGP concibe que la
legitimación del coadyuvante es de carácter secundaria y restringida en los
siguientes términos: (i) solo podrá efectuar los actos procesales que también
son permitidos a la parte que ayuda, siempre y cuando no estén en oposición
con los de esta, y (ii) solo podrá efectuar los actos procesales que no impliquen
la disposición del derecho en litigio.

29. En razón a lo anterior, es claro que la intervención del coadyuvante dentro
del proceso se encuentra restringida a apoyar a una de las partes, sin que
pueda oponerse al interés de esta o disponer el derecho en litigio.

30. Con fundamento en las anteriores premisas, la Sala considera que el señor
Olaff Enrique Cotes Fernández, en esta oportunidad, no se encuentra
legitimado en la causa por activa para promover la acción de tutela de la
12
Corte Constitucional. Sentencia T – 568 de 2012. M.P.: Mauricio González Cuervo
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 17 de marzo de 2022, Exp.
núm. 11001-03-15-000-2021-07052-01, M.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05991-00
Accionante: Nohora Elizabeth Pinto Sánchez

referencia, porque si bien es cierto ostentó la calidad de coadyuvante dentro
del medio de control de nulidad electoral número 19001-23-33-004-2021-
00121-00, la realidad es que los actos procesales que puede emprender, dada
su condición de coadyuvante, se encuentran limitados a coadyuvar a una de
las partes, sin que pueda desplazarla o sustituirla en el ejercicio de otras
acciones judiciales.

31. Significa lo anterior que, aunque el actor se encuentra facultado para apoyar
a la parte que coadyuva, no puede reemplazar o sustituir a la parte principal en
el ejercicio de cualquier medio de defensa.

32. Bajo este entendido, se resalta que a través de la presente acción de tutela
se pretende la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia, los cuales se estiman vulnerados con
ocasión del fallo judicial que negó las pretensiones de la demanda.

33. En este contexto, se aprecia que de existir la vulneración de los derechos
fundamentales aludidos -la cual eventualmente tendría origen en la expedición de un
fallo contrario a los intereses del demandante- corresponde únicamente al afectado
directo de dicha vulneración -esto es la parte- el ejercicio del medio de defensa
constitucional para lograr el restablecimiento de sus garantías constitucionales.
[…]” [Negrilla original del texto].

29. De lo transcrito se puede concluir que la accionante carece de legitimación en la
causa por activa por cuanto no es titular del derecho a definir en relación con el
medio de control de nulidad electoral con radicado número 54001-23-33-000-2024-
00004-00/01 y acumulado número 54001-23-33-000-2024-00017-00, dado que su
calidad de coadyuvante se encuentra limitada y no le es posible desplazar o sustituir
el ejercicio del derecho de la parte a la cual coadyuva.

30. En conclusión, la accionante no se encuentra legitimada para solicitar dejar sin
efectos la sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado dentro del medio de control mencionado supra.

31. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará improcedente esta acción
de tutela debido a la falta de legitimación en la causa por activa de la accionante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Consejo
Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Concejo Municipal
de Cúcuta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05991-00
Accionante: Nohora Elizabeth Pinto Sánchez

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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