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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-05434-01

Fecha
16 de enero de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-05434-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Modificar la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, la cual que así: Negar el amparo de los derechos fundamentales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y de la CRA en cuanto a los cargos de desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución Política; y declarar la improcedencia de la solicitud de tutela en lo que al defecto procedimental se refiere, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2024-05434-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

16 de enero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05434-01
Demandante: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Contribución especial fijada por la CRA / Defectos
sustantivo y procedimental, y violación directa de la Constitución
Política
Decisión: Modifica la decisión del a quo, en el sentido de negar el amparo
de los derechos fundamentales en cuanto a los cargos de
desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución Política; y declarar la improcedencia de la solicitud de
tutela en lo que al defecto procedimental se refiere

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala la impugnación interpuesta por la Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio; y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico1 en
contra de la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2024 por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo
de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud2

Los demandantes promovieron solicitud de tutela con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
los cuales consideraron vulnerados con ocasión de la providencia proferida el 1.° de
agosto de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en el proceso nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado
25000233700020210015601.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

1 De ahora en adelante CRA.
2 Ver índice 2 de Samai.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05434-01
Demandante: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y otro

i) La CRA expidió la Resolución 930 del 10 de septiembre de 2020, en la que ordenó
fijar la tarifa de la contribución especial a los prestadores de los servicios públicos de
acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia 2020, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, modificado por el 18 de la Ley 1955 de 2019;
en virtud de ello, mediante Resolución UAE-CRA 526 del 17 de septiembre de 2020,
liquidó la contribución especial a cargo de Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P.
Decisión recurrida en reposición, y en subsidio en apelación, los cuales se resolvieron
desfavorablemente a través de las resoluciones UAE-CRA 841 del 5 de noviembre
de 2020 y UAE-CRA 919 del 20 siguiente, respectivamente.

ii) Emvarias S.A. E.S.P. presentó demanda en uso del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del ente ministerial y la CRA, con el fin de
cuestionar la legalidad de los actos administrativos referidos, con fundamento en que
se inaplicara por inconstitucional la modificación introducida por el artículo 18 de la
Ley 1955 de 2019, así como la Resolución 930 de 2020; y consecuencialmente, se
determinara que no estaba obligada al pago de la referida contribución especial y por
ello se ordenara el reintegro de la suma cancelada por ese concepto.

iii) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B con
mediante sentencia del 25 de enero de 2024 accedió a las pretensiones propuestas,
al considerar que no se cumplió con el procedimiento previo a la fijación de la
liquidación de la contribución especial.

iv) El ministerio y la CRA interpusieron recurso de apelación en contra de la anterior
decisión, con fundamento en que no era necesaria la expedición de un acto previo,
en tanto era claro que la liquidación de la contribución especial se realizó con base
en la fórmula prevista en el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, aplicable para el
período 2020; y porque de mantenerse la decisión de exonerar a la entidad de ese
pago, se afectaría la sostenibilidad financiera de la CRA y se desconocería el artículo
85 de la Ley 142 de 19943, debido a que el vicio endilgado respecto de los actos
cuestionados no comporta la suficiente fuerza para anularlos.

vi) El Consejo de Estado, Sección Cuarta con sentencia del 1.° de agosto de 2024
confirmó la decisión del a quo, al considerar que, si bien no era necesaria la
expedición del acto previo a la liquidación de la contribución especial, no se podía
desconocer que los actos demandados eran contrarios a derecho en tanto se violó el
principio de irretroactividad con la fijación de ese tributo, que fue uno de los cargos
de la demanda4.

vii) Sus derechos fundamentales fueron vulnerados por la corporación judicial
demandada al incurrir en:

3 Modificado por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019.
4 Uno de los magistrados que conformaron la Sala de decisión salvó su voto por considerar que el

tributo discutido no se impuso de forma retroactiva, dado que, entre otras cosas, si bien la tasa
establecida era anual, su causación no depende de la suma de hechos económicos surtidos dentro
de un período determinado, ya que el hecho generador está atado a la prestación de los servicios de
inspección, control y vigilancia del año a financiar.
2

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05434-01
Demandante: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y otro

• Desconocimiento del precedente contenido en los pronunciamientos de la Corte
Constitucional sobre la inexequibilidad del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, en los
que dispuso expresamente que la norma tendría efectos hasta el 1.° de enero de
2021, y que existían situaciones jurídicas consolidadas para los casos en los que se
liquidó la contribución especial durante la vigencia de 2020, tal como ocurría en el
presente caso. Lo anterior, en la medida en que se concluyó erróneamente que no
era posible liquidar este tributo con base en la norma mencionada, ya que ello
implicaba una vulneración del principio de irretroactividad consagrado en la
Constitución Política.

• Defecto procedimental absoluto, pues se decidieron cuestiones ajenas al recurso
de apelación, sin analizar los argumentos presentados por los demandados.

• Violación directa de la Constitución Política, en tanto se transgredieron los derechos
al debido proceso y acceso a la administración de justicia al ordenar la devolución de
los recursos que la CRA debía recaudar, conforme a la normativa vigente para su
funcionamiento, lo cual no solo desconoció el precedente constitucional, sino que
además un "caos financiero" en la entidad, ya que, al establecer que el contribuyente
no debía pagar la contribución correspondiente a la vigencia de 2020, se produjo un
grave desfinanciamiento para la CRA.

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitaron:

«[…] PRIMERO. - Se sirva TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA e IGUALDAD en concordancia con los
principios de la Seguridad Jurídica y al de legalidad del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio y la CRA involucradas en el cumplimiento de la sentencia, los cuales están
siendo vulnerados por el H. Consejo de Estado, Sección cuarta, por las razones
planteadas en esta acción constitucional.

SEGUNDO.- Como consecuencia del amparo de los derechos fundamentales, se servirá,
disponer que el H. Consejo de Estado SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA, deje sin efectos el fallo de fecha 1º de agosto del 2024 que desató
el recurso de apelación presentado por la CRA contra la sentencia del 25 de enero del
2024 dictada por el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca SECCIÓN
CUARTA SUBSECCIÓN “B dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho instaurado por las Empresas Varias de Medellín SA ESP EMVARIAS SA ESP
cuyo radicado es 25000-23-37-000-2021-00156-00 (28610).

TERCERO. - Como consecuencia del amparo, se ordene al Consejo de Estado SALA DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA, fallar nuevamente el
recurso de apelación instaurado por la CRA contra la sentencia de primera instancia
número 003 del 25 de enero del 2024, conforme los supuestos fácticos y normativos
expuestos y que aplican para determinar la legalidad de los actos administrativos objeto
de control. […]» (sic)

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05434-01
Demandante: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y otro

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. El Consejo de Estado, Sección Cuarta5 solicitó que se declarara
improcedente la tutela por falta de relevancia o, en su lugar, se negaran las
pretensiones de la demanda, en la medida en que los cargos relacionados con los
efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 18 de la Ley 1955 de
2019, la situación jurídica consolidada, la afectación a la sostenibilidad financiera y la
desfinanciación que generaría para la entidad asumir los costos de funcionamiento,
son una reiteración de lo expuesto en el recurso de apelación en contra de la
sentencia de primera instancia.

En cuanto al defecto procedimental, señaló que es un cargo que no cumple con el
requisito de subsidiariedad porque cualquier argumento relacionado con el
desconocimiento del principio de congruencia se debe cuestionar a través del recurso
extraordinario de revisión.

1.2.2. Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P.6 solicitó que se nieguen las
pretensiones de amparo, en la medida en que la decisión adoptada por el Consejo
de Estado, Sección Cuarta se ajusta a derecho, la cual se fundamentó en el
precedentes jurisprudenciales claros y análogos al caso en concreto; y porque la
parte actora reiteró los argumentos con los que expuestos en el proceso ordinario.

1.2.3. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios7 coadyuvó la
solicitud de amparo, para lo cual refirió que no solo se afectan los derechos de la
parte demandante, sino también lo de la ciudadanía que se beneficia con las
gestiones de la CRA.

Argumentó que se configura un defecto fáctico, en tanto la sentencia cuestionada no
guarda relación con lo debatido por la CRA en el recurso de apelación ni con la fijación
del litigio, además de que se extralimitó al exonerar del pago de la contribución
especial a la empresa demandante.

Asimismo, reiteró lo relacionado con los efectos de los fallos de constitucionalidad del
artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, en concordancia con el precedente del Consejo
de Estado contenido en el proceso 25.441, según los cuales dicha disposición debe
aplicarse por completo para la liquidación de la contribución especial en vigencia
2020, con los hechos generadores reportados a 31 de diciembre de 2019, lo cual no
desconoce el principio de irretroactividad de la ley tributaria.

Finalmente, sostuvo que los actos demandados (liquidaciones de la contribución
especial para la vigencia 2020) en el proceso no decayeron con la expedición de las
sentencias C-464 y C-484 de 2020, en la medida en que la Corte Constitucional fijó
la inexequibilidad a partir del año 2021.

5 Ver índice 9 de Samai.
6 Ver índice 12 de Samai.
7 Ver índice 14 de Samai.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05434-01
Demandante: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y otro

1.2.4. La Comisión de Regulación de Energía y Gas8 manifestó que la providencia
que se cuestiona desatendió reglas fundamentales frente a la aplicación del
precedente constitucional y sus efectos, en tanto que, entre otros aspectos, en la
sentencia C-484 de 2020 se reconoció que los tributos causados en el año 2020
correspondían a situaciones jurídicas consolidadas, lo cual validaba el entendimiento
de la CRA al liquidar la contribución especial con la norma antes referenciada.

1.3 Sentencia de primera instancia9

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A en sentencia del 7 de
noviembre de 2024 declaró la improcedencia de la solicitud de tutela, al considerar
que no se logró superar el requisito de la relevancia constitucional, en tanto la
verdadera intención de los demandantes es convertirla en una instancia adicional,
pues, pretendió reabrir una controversia que ya había sido resuelta por el juez natural.

1.4. Escrito de impugnación10

La CRA impugnó la decisión del a quo, para lo cual insistió en los argumentos
expuestos en el escrito de tutela y la relevancia del reclamo constitucional planteado.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) procedencia de la
tutela contra providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v) análisis
de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 200011 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201912, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.

8 Ver índice 11 de Samai.
9 Ver índice 31 y 40 de Samai. Uno de los consejeros que conformó la sala de decisión aclaró su voto

en el sentido de estar conforme con declarar la improcedencia del amparo pero manifestó su
inconformidad respecto a reconocer a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la
Comisión de Regulación de Energía y Gas como coadyuvantes, debido a que la Sala no funge como
juez de instancia y no analiza la aplicación de ese artículo, sino la presunta vulneración de derechos
fundamentales, aunado a que la sentencia de tutela tiene efectos inter partes.
10 Ver índice 39 de SAMAI.
11 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
12 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

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2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado13 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.14 Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.» [Resalta la Sala].

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario
estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y
analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde
verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente»
como se indica en aquella decisión.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo15 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional16 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante
constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
15 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
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A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos17, el juez
deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial,
a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales
que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de la solicitud de
amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos
específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal
trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales18.

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que
incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate
que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

De acuerdo con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir si: ¿El Consejo de
Estado, Sección Cuarta vulneró los derechos fundamentales de la parte actora con
ocasión de la providencia del 1.° de agosto de 2024, que confirmó la decisión de
declarar la nulidad de las resoluciones que fijaron la tarifa de la contribución especial
a los prestadores de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para la
vigencia 2020, con la que incurrió, presuntamente, en desconocimiento del
precedente, defecto procedimental y violación directa de la Constitución Política?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva

En relación con el requisito de relevancia constitucional, contrario a lo señalado por
el a quo, se entiende superado, toda vez que los defectos alegados puede llevar
consigo una violación de derechos fundamentales, los cuales constituyen bienes
jurídicos constitucionalmente amparados.

Sin embargo, en cuanto al defecto procedimental absoluto alegado, en el sentido de
que la autoridad judicial demandada se pronunció sobre cuestiones ajenas al recurso
de apelación, y dejó de analizar argumentos presentados por los demandados, esta
Sala de decisión debe precisar que cualquier argumento relacionado con la
congruencia interna o externa de la providencia que se le endilga al fallo cuestionado,
deben ser analizado a través del recurso extraordinario de revisión, por lo que el juez
de amparo constitucional no puede pronunciarse al respecto, razón por la cual se
concluye que carece del requisito de subsidiariedad.

Aclarado lo anterior, se encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la
solicitud de tutela en cuanto a los cargos de desconocimiento del precedente y la
violación directa de la Constitución Política y, en consecuencia, sin encontrar causal
de nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del

17 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
18 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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asunto planteado.

2.4.2. Violación directa de la Constitución Política

Se fundamenta en lo preceptuado en el artículo 4.° de la Constitución Política, según
el cual «[l]a Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales»,
disposición que obliga a todos los connacionales a procurar el cumplimiento y la
supremacía de la carta fundamental como génesis del marco jurídico colombiano. Al
respecto, la Corte Constitucional, a través de la sentencia SU-024 de 2018, sintetizó
el desarrollo jurisprudencial que se le ha dado a este concepto como causal
específica de procedencia del recurso de amparo para cuestionar providencias
judiciales, de la siguiente manera:

«[…] Todas las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales conllevan en sí mismas un quebrantamiento de la Carta
Fundamental; sin embargo, esta Corte estableció una causal denominada violación directa
de la Constitución, originada en la obligación que le asiste a todas las autoridades
judiciales de velar por el cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4° de la
Carta Política, según el cual “la Constitución es norma de normas”. De manera que en
caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán
las disposiciones constitucionales.

En un principio, esta causal se concibió como un defecto sustantivo. Posteriormente, en
la Sentencia T-949 de 2003 se determinó como una causal específica de procedibilidad
de la acción de tutela de carácter independiente y autónomo, interpretación que se
consolidó en la Sentencia C-590 de 2005 ya citada, en la que la este Tribunal incluyó la
violación directa de la Constitución como un defecto autónomo que justifica la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, dado que “(…) la violación directa de la
Constitución opera en dos circunstancias: uno (i), cuando se deja de aplicar una
disposición ius fundamental a un caso concreto, dos (ii), al aplicar la ley al margen de los
dictados de la Constitución”. […]»

En el entendido que la Constitución Política es la norma suprema, sus postulados
deben ser aplicados de manera directa y prevalente por las distintas autoridades
públicas y particulares, razón por la cual en aquellos eventos en que se profiera una
decisión judicial en contrario puede ser cuestionada a través de la solicitud de tutela.
Así pues, la Corte Constitucional, mediante Sentencia T-024 de 2023, precisó
aquellos eventos en los que se configura tal vía de hecho:

«[…] La jurisprudencia de este tribunal ha señalado que este defecto se configura en los
siguientes eventos : (a) cuando en la solución del caso se deja de interpretar y aplicar una
disposición legal de conformidad con el precedente constitucional; (b) en el evento de que
se presente una violación evidente a un derecho fundamental de aplicación inmediata; (c)
cuando los jueces, con sus fallos, vulneran derechos fundamentales, al no tener en cuenta
el principio de interpretación conforme; y (d) en aquellos casos en que el juez aplica, le
otorga valor o prioriza la exigibilidad de una norma incompatible con la Constitución,
debiendo, en su lugar, darle preferencia a los mandatos superiores, a través del uso de la
excepción de inconstitucionalidad. […]»

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2.4.3. Desconocimiento del precedente judicial

En este punto, se recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la
Constitución Política permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar
los precedentes relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad y
un medio para promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la
estabilidad, la predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la
interpretación de las normas jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad
ordena un manejo adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de
las decisiones judiciales, presupuesto esencial del Estado Social de Derecho.

La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa
adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones
que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes
desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe
ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. El
adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso
de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo si
existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan modificarlo.

Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de cosas
actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.

En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando los
precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su
concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello reporta
mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad que se
derivara de la desobediencia al precedente.

2.4.4. Sobre el caso concreto

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y la CRA acudieron al juez de tutela con
el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se
dejara sin efectos la sentencia proferida el 1.° de agosto de 2024 por el Consejo de
Estado, Sección Cuarta que confirmó el pronunciamiento que declaró la nulidad de
las resoluciones que fijaron la tarifa de la contribución especial a los prestadores de

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Demandante: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y otro

servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia 2020, en tanto
se violó el principio de irretroactividad con la fijación de ese tributo.

Lo anterior, según se insistió en el escrito de impugnación, al considerar que la
referida decisión judicial incurrió en defecto sustantivo y violación directa de la
Constitución Política. De un lado, al desconocer los pronunciamientos de la Corte
Constitucional sobre la inexequibilidad del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, en los
que dispuso expresamente que la norma tendría efectos hasta el 1.° de enero de
2021, y que existían situaciones jurídicas consolidadas para los casos en los que se
liquidó la contribución especial durante la vigencia de 2020; y de otro, se
transgredieron los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia
al ordenar la devolución de los recursos que la CRA debía recaudar, conforme a la
normativa vigente para su funcionamiento, lo cual desconoció el precedente
constitucional aplicable.

Al descender a la situación particular planteada por la parte demandante, sea lo
primero advertir que, de la lectura del expediente contentivo del radicado
250002337000202100156, se evidencia que del contenido de la decisión acusada es
posible avizorar una motivación suficiente y coherente que justifica su sentido, así:

«[…] La demandante sostuvo que los actos acusados son nulos porque liquidan el tributo
por la vigencia 2020 con base en la información financiera correspondiente al año 2019,
lo que a su juicio desconoce el principio de irretroactividad de la ley tributaria. Para
resolver, la Sala reiterará lo expuesto en los fallos del 16 de marzo de 2023, exp. 25531,
C.P. Milton Chaves García; y del 2 de mayo de 2024, exp. 28345, C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto, los cuales guardan similitud fáctica y jurídica con el asunto bajo examen.

En la primera de dichas providencias, la Sala sostuvo que «La base gravable de la
contribución es el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, que en
este caso es anual, y conforme al artículo 338 de la Constitución Política, el artículo 18 de
la Ley 1955 de 2019, que entró a regir el 25 de mayo de 2019, debía aplicarse en el
periodo fiscal siguiente (año 2020)» (negrilla del original).

En la segunda, la Sala concluyó que «la resolución acusada tomó como base, hechos
económicos ocurridos durante el periodo de entrada en vigor de la ley (2019), por lo cual,
dicho acto se anuló, por vulnerar el principio de irretroactividad tributaria».

Habiendo hecho las anteriores precisiones, la providencia del 2 de mayo de 2024, exp.
28345, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, consideró lo siguiente:

«En el caso concreto, la SSPD liquidó la contribución especial a cargo de la
demandante por el año 2020, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley
1955 de 2019, con la información del año gravable anterior (2019), y no con fundamento
en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, como correspondía. Así las cosas, siguiendo
el precedente de la Sala en casos análogos, en vista de que la SSPD liquidó la
contribución cuestionada (2020) con base en información (hechos) del mismo año en
el cual se expidió la citada Ley 1955 (2019), se vulneró el principio de irretroactividad
tributaria.

Así pues, comoquiera que en el sub examine la actora reclama la vulneración al
principio de irretroactividad tributaria, que no existe cosa juzgada sobre este punto y
que los actos
acusados se sustentaron en la referida resolución para liquidar la contribución, la Sala
inaplicará por inconstitucional el artículo 2. º de la Resolución SSPD 20201000033335
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Demandante: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y otro

del 20 de agosto de 2020, por ser contrario al inciso final del artículo 338 y al artículo
363 de la Carta, este último que proscribe la aplicación retroactiva de las leyes
tributarias y, en consecuencia, declarará la nulidad de los actos administrativos que
liquidaron la contribución a la actora por el año 2020. Al proceder el cargo de nulidad,
la Sala se releva de estudiar los demás cargos de apelación» (subraya la Sala).

Vale la pena aclarar que en los antecedentes traídos a colación la Sala se refirió a la
Resolución Nro. 241 de 2020 y a la Resolución Nro. 20201000033335 del mismo año,
actos proferidos por la CREG y la SSPD, respectivamente, para fijar la tarifa de la
contribución especial del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 para la vigencia 2020.

Entonces, si bien en dichos antecedentes no se analizó directamente la contribución
especial que se debe pagar a la CRA, los mismos son aplicables al presente caso, por
tratarse de normas que reglamentan el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019. […]» [sic].

A juicio de esta Sala, la autoridad judicial demandada realizó una valoración
probatoria acorde con los contornos particulares del asunto, la normatividad y
jurisprudencia aplicables, de tal manera, se observa que, con sustentó en
pronunciamientos emitidos previamente respecto al debate planteado, consideró que
se vulneró el principio de irretroactividad de la ley al aplicar lo dispuesto en el artículo
18 de la Ley 1955 de 2019 para liquidar la contribución especial en el año 2020 por
los servicios de inspección, vigilancia y control desplegados en el 2019.

De tal manera, tampoco se desconocieron los precedentes aplicables al caso
concreto, en la medida en que se acudió a pronunciamientos emitidos con antelación
en asuntos de contornos similares, en los que se efectuó un estudio amplio y
suficiente al respecto, tales como los fallos del 16 de marzo de 2023, exp. 25531,
C.P. Milton Chaves García; del 2 de mayo de 2024, exp. 28345, y del 2 de mayo de
2024, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

Es así, que la Sala observa un estudio de la controversia planteada bajo el prisma de
la normatividad aplicable, motivada de manera suficiente, frente a la cual no le es
posible al juez de tutela invadir competencias decisionales ajenas, máxime, si se
evidencia que la parte demandante pretende, en sede de tutela, reiterar los cargos y
pretensiones expuestos en el proceso contencioso-administrativo.

Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica del
juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.

Así las cosas, esta Sala observa que la decisión acusada no incurrió en
desconocimiento del precedente ni violación directa de la Constitución Política,
debido a que fue proferida de conformidad con las normas que regulan la materia y
aquella se apoyó en el material probatorio aportado al proceso ordinario, el cual
permitió concluir que en el caso sub examine no había lugar a acceder a las súplicas
de la demanda.

En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
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Demandante: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y otro

en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera,
este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.

En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la parte
demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala modificará la decisión del a
quo, en el sentido de negar el amparo de los derechos fundamentales de la parte
demandante en cuanto a los cargos de desconocimiento del precedente y la violación
directa de la Constitución Política, y declarar la improcedencia de la solicitud de tutela
en lo que al defecto procedimental se refiere.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Modificar la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2024 por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A, la cual que así:

Negar el amparo de los derechos fundamentales del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, y de la CRA en cuanto a los cargos de desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución Política; y declarar la
improcedencia de la solicitud de tutela en lo que al defecto procedimental se
refiere, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Ausente con permiso

JAV/LXRR

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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